No estamos hablando de un futuro distópico ni de algún lugar alejado. Hoy en Argentina se utiliza inteligencia artificial para generar deepfakes (videos y voces realistas) que comunican mensajes falsos; campañas de desinformación generadas por máquinas; militantes y activistas manufacturados (agentes) que inclinan la cancha en el debate público; y mensajes microsegmentados diseñados para manipular nuestras opiniones y decisiones. 

La democracia es un sistema político, su salud depende de la libre expresión y elección por parte de sus ciudadanos, quienes, idealmente, debaten las opciones políticas en un espacio público. Este ideal quizás nunca se logró, pero hoy en la era de la IA corre ciertos riesgos de perder todo sentido.

El corazón del problema es que las personas somos animales con una enorme vulnerabilidad frente a la manipulación emocional y los sesgos cognitivos, y la IA se impone como un instrumento muy preciso para explotarlas. En un principio estas tecnologías fueron diseñadas para detectar nuestros gustos, perfilarnos e inducirnos al consumo, y así generar ganancias cuantiosas. Desgraciadamente, hemos visto cómo estas estrategias también han llegado a la política, ofreciendo herramientas poderosas para la creciente polarización de nuestras sociedades, la radicalización política y los ascensos de las políticas de extrema derecha. 

La IA, aunque suele presentarse como un tema técnico, tiene en su trasfondo una disputa de poder: las decisiones sobre cómo diseñar y usarla afectan nuestras formas de convivencia y nuestra capacidad para construir un futuro colectivo. Es decir, cómo funcionan, su alcance y sobre qué operan, tiene que ser necesariamente un debate de la política.

Los deepfakes, como el que vimos de Macri hace unos días, se han convertido en protagonistas de campañas electorales. Conviven con agentes sintéticos con perfiles creíbles debatiendo en redes sociales y compartiendo información falsa; y con envíos masivos de mensajes de manipulación hipersegmentada adaptados a tus sentimientos y emociones. Estas herramientas están claramente desgastando profundamente la confianza pública en los líderes políticos, los partidos políticos y los procesos electorales. ¿Cómo saber cuando un mensaje es real o no? ¿Con quién estoy hablando? 

Por ello, la pregunta ya no es si la inteligencia artificial puede afectar a nuestras democracias, sino si nuestras democracias pueden sobrevivir en tiempos de inteligencia artificial. 

La respuesta es sí. Ninguna crisis es destino. Pero claro, si la tecnología avanza, también debe hacerlo nuestra capacidad política y ciudadana para responder. Para eso, debemos alejarnos tanto del entusiasmo ciego como del pesimismo paralizante. 

El primer paso es clave: impulsar políticas públicas que aborden la complejidad de este fenómeno, regulando el uso de IA en contextos sensibles como las elecciones, la comunicación en plataformas digitales, y la administración de justicia. Esto requiere marcos normativos sólidos, pero también capacidades estatales fortalecidas, transparencia en los sistemas automatizados y espacios de participación ciudadana para co-crear soluciones. La inteligencia artificial no es neutral: refleja y amplifica los valores de quienes la diseñan y de los contextos donde se implementa. Por eso, América Latina y el Sur Global no pueden limitarse a importar tecnologías ni regulaciones foráneas. Necesitamos una gobernanza de la IA situada, democrática y feminista, que ponga en el centro la justicia social y la equidad.

En segundo lugar, se necesitan campañas de concientización masiva que alerten sobre los riesgos de la manipulación digital, promuevan el uso responsable de tecnologías y refuercen los valores democráticos frente a la desinformación. Tal como sucedió en su momento con el uso de las armas nucleares, en este tema también es fundamental el compromiso de las fuerzas políticas en el uso ético de estas tecnologías, y en la promoción de su uso basado en derechos.

Finalmente, pero quizás lo más importante, es educarnos para la ciudadanía digital. No podemos enfrentar la era de la IA con herramientas del siglo pasado. Es imperioso fortalecer el pensamiento crítico de jóvenes, niñas y niños. Esto va más allá de poder identificar un deepfake, tiene que ver con poder entender la manipulación emocional o la construcción de narrativas en un mundo mediado por algoritmos.

El episodio de este fin de semana es más común de lo que se cree y debe ser una alerta para actuar. Si entendemos que el problema no es la tecnología en sí, sino la falta de control democrático sobre su diseño y uso. Si construimos colectivamente una ciudadanía digital crítica, empoderada y activa. Si diseñamos políticas públicas que no corran detrás de la tecnología, sino que la orienten hacia el bien común.

La democracia está siempre en disputa. Se defiende, se reinventa y se construye, y también ahora, en el terreno digital.

MC

Hay que aceptarlo, vivimos en una nueva realidad. Esta es una era en la que las expresiones autoritarias, extremistas o hasta abiertamente antidemocráticos generan más atractivo que las opciones que promueven derechos, inclusión y valores de comunidad. Aquellas, o ganan elecciones directamente como Trump, Meloni, Orban, Milei o Bukele, o quedan muy cerca como en Brasil, España, Alemania, Francia, Colombia o Chile. La clase política tradicional está desorientada, las victorias magras son cortoplacistas, utilizando tácticas como el  “cerco democrático” que se parecen mucho a tapar el sol con la mano. 

Lo que no hay es estrategia para volver atractiva y viable una agenda política basada en derechos de las mayorías. El problema es que necesitamos una nueva teoría de cambio para las democracias. 

Una teoría del cambio es, en esencia, un modelo que explica cómo y por qué una serie de acciones o intervenciones específicas conducirán a los resultados deseados. El de la democracia liberal, se basa en una premisa básica del liberalismo, donde una sociedad civil virtuosa se contrapone a una sociedad política con tendencias corruptas, de concentración del poder. Entonces, para que las sociedades se democraticen, las estrategia ha sido fortalecer a la primera y controlar a la segunda. En las últimas cuatro décadas, con la tercera ola de transiciones democráticas, gobiernos, organismos multilaterales, filantropía y los movimientos sociales han operado con esa teoría de cambio, utilizado un vademecum de medidas organizadas en esas dos dimensiones. La primera se enfoca en las instituciones a través del fortalecimiento de la justicia; el establecimiento de mecanismos de transparencia y rendición de cuentas de los funcionarios; la creación de órganos de control; y reformas electorales y de partido políticos. Otra línea de trabajo ha sido el fortalecimiento de la sociedad civil mediante el incrementando los espacios de participación; el incremento de su voz e influencia en la esfera pública; y la vitalidad de medios de comunicación independientes. 

La convicción ha sido que con estas medidas se podría controlar mejor al poder, mejorar las  políticas públicas y, en el mejor de los casos, llevar nuevas voces y agendas al sistema político. 

Todo esto hoy parece estéril. Vivimos un cambio copernicano en valores, prácticas e intereses de sectores muy poderosos –como los señores tecnofeudales–  y amplios sectores de la ciudadanía los cuales simplemente tienen otras prioridades y actúan impunes en esa dirección. Si a esto le sumamos el costo social y económico de la pandemia que todavía sigue arrastrando peligrosos niveles de inflación y degradación social, dejando el camino allanado a alternativas antisistema. Y la frutilla del postre es la capacidad de construir el hartazgo social y la polarización que elocuentemente explica Giuliano da Empoli en “Los Ingenieros del Caos”, justamente desde las redes sociales, los medios que otrora pensábamos que iban a ser nuestros aliados. 

Se culpa a la clase política, y la clase política se autoinclupa, por la realidad es que este tsunami nos supera a todos. Estamos frente a una revolución. Una revolución que ya no es desde abajo como la bolchevique, ni de arriba como los golpes de Estado, sino desde adentro, de las propias entrañas de nuestros círculos, nuestras redes, nuestras familias y dentro de los gobiernos, paradójicamente, democráticamente electos y populares en su gestión. 

La buena noticia es que tendencias políticas no son destino. Siempre son espacios en disputa. Pero, para reconstruir poder democrático, se  requiere actualizar el paradigma por el cual operan las fuerzas que defienden a sociedades basadas en derechos. Primero, tenemos que hacer un análisis del poder. ¿Quiénes son los poderes que se tienen enfrente? ¿Cuáles son sus intereses? ¿Con qué recursos cuentan? Allí tratar de encontrar las fisuras sobre las cuales actuar. Por otro lado, ¿qué espacios de resistencia existen en el campo democrático? ¿Cuáles son sus capacidades y limitaciones? Luego proponernos objetivos y estrategias de corto y mediano plazo para reconstruir fuerzas democráticas a nivel global, y los movimientos tácticos de resistencia, de mitigación, y la construcción de alianzas y redes de apoyo mutuo. Además, hay que proponerla de manera flexible y adaptable, capaz de recalcular con escenarios cambiante.

Es una tarea enorme y difícilmente alcanzable. Pero, identificando el problema y ordenado las líneas de acción, seguramente ya estaremos andando el camino de la reconstrucción democrática. 

Durante la campaña presidencial del 2023, Asuntos del Sur publicó un estudio en el que evaluó los niveles de autoritarismo de los candidatos a presidente. Ese análisis se basó en el marco teórico elaborado por los investigadores Steven Levitsky y Daniel Ziblatt en su libro Cómo mueren las democracias (Editorial Ariel, 2018) donde se plantea una inquietante paradoja: en la actualidad las democracias no son erosionadas “desde afuera”, sino desde adentro, por liderazgos elegidos democráticamente. En el estudio de Asuntos del Sur, el candidato Milei hizo sonar las alarmas en todas las dimensiones que proponían los autores. 

En este 2024 Asuntos del Sur retomó la indagación para evaluar qué había sucedido en el primer año de gobierno. Si hay algo que no se le puede reprochar a Javier Milei es que no haya sido consecuente con sus promesas. En el estudio Alerta democrática: marcadores críticos de riesgo autoritario en el primer año de gestión de Javier Milei analizamos los discursos, las imágenes de redes sociales y las políticas públicas implementadas en ese periodo. Lo que encontramos es una visión del mundo y de Argentina totalmente consecuente, sin fisuras: la política como un conflicto maniqueo, moralizante y sin matices entre una figura con características mesiánicas y una serie de adversarios supuestamente inmorales y malignos. Sectores sociales enteros son caracterizados por el Presidente como comunistas, socialistas, colectivistas, delincuentes, parásitos, adoctrinadores de la juventud. Este antagonismo maniqueo es funcional para la negación de la legitimidad de sus oponentes políticos, uno de los criterios de riesgo autoritario señalados por Levitsky y Ziblatt. 

Esta visión del mundo se plasma de manera directa en la gestión de gobierno. Por un lado, el discurso antipolítica y antiestatista es el fundamento de una verdadera guerra del estado contra sí mismo: no se trata de mejorar procesos o de alcanzar grados mayores de eficiencia, sino que se trata de achicar el Estado porque todo lo público es malo, comunista, adoctrinador. Sin embargo, no se trata de achicar todo el Estado: algunas áreas, como las del policiamiento interno, se fortalecieron. Se trata de achicar al máximo o eliminar todas las áreas del Estado que ofrecen protecciones de derechos por fuera del mercado: protección frente a la enfermedad, frente a la vejez, frente a la violencia de género, frente a la pobreza. 

Un riesgo que hay que monitorear muy de cerca es que estos discursos y políticas violentas se traduzcan en violencia social no planificada por parte de seguidores contra aquellos señalados como enemigos: científicos, educadores, diversidades sexuales, personas estigmatizadas como pobres o racializadas. Hemos visto ataques a lesbianas, equipos del Conicet y a una persona que simplemente tomaba mate en un lugar supuestamente exclusivo. Son casos aislados, pero es un fenómeno novedoso y preocupante en una cultura política que desde 1983 fue pacífica. 

La erosión de las prácticas políticas es real. Sin embargo no se han propuesto cambios o suspensiones de las reglas constitucionales ni se ha alterado el funcionamiento del Congreso, aunque hay que notar el uso recurrente del DNU. Los riesgos, hasta ahora, son moderados.

La realidad es que la democracia aún funciona. Milei es un líder elegido por voto popular y con una legitimidad vigente. El Congreso funciona, y el Presidente utiliza hábilmente las tácticas de la política para mover su agenda para negociar con gobernadores y líderes de partidos opositores. La Justicia, de parcialidades problemáticas, no muestra un desempeño diferente al de otros períodos presidenciales. Es decir, no estamos hablando de una dictadura, ni de un régimen autoritario. 

Sin embargo, las alarmas mencionadas son preocupantes porque van cocinando a baño maría el capital democrático que tanto ha costado construir en la Argentina. La degradación de la discusión política pacífica, el creciente cuestionamiento de los derechos de sectores de la sociedad, la intolerancia a la disidencia y la protesta social y el desfinanciamiento de derechos adquiridos por parte de la ciudadanía, van erosionando el contrato democrático de nuestra sociedad. 

Que no nos pase como a la rana del laboratorio que cuando se da cuenta que el agua está demasiado caliente, ya es tarde para escapar. Sabemos, con Levitsky y Ziblatt, que los gobiernos que quieren avanzar contra la democracia dependen de la inacción de los partidos, la justicia, y los formadores de opinión para poder hacerlo. Este es el momento de volver a construir coaliciones de fuerzas democráticas, que refrenden pactos de respeto al debate público, a la disidencia y a los principios de derechos ciudadanos. Tenemos que recordar que, si bien puede parecer que la deslegitimación y la violencia discursiva son soportables mientras tienen de blanco a otros, si no son limitadas terminan inevitablemente formando una marea que tapa a todos. Quizás allí, podremos volver a ganar terreno en la batalla cultural en pos de una reconstrucción de un contrato social que impulse la recuperación y la ampliación de la democracia.

MEC/DTC