Pocas cosas expresan tan nítidamente a un Gobierno como su vocación por cuidar (o no) a quienes están sufriendo o tienen una enfermedad. Un gobierno insensible de la realidad de su gente nunca puede ser un buen gobierno más que para el –cada vez más chico– círculo de poder que lo sostiene.

Para muestra sobra un botón dice el dicho y para dar cuenta del rumbo de Milei no hace falta más que mirar sus últimas definiciones en materia sanitaria: cierre del histórico programa Remediar, vaciamiento del PAMI y finalmente anunciaron una modificación en la ley de salud mental que entre cosas pretende legitimar el ajuste que vienen haciendo en el sector. 

El cierre del Programa Remediar

El Remediar fue, desde sus inicios en el año 2002, mucho más que un programa de medicamentos gratuitos. Fue una política pública que venía a garantizar el acceso al 85% de los fármacos que una población puede requerir para tratar sus enfermedades pero también vino a potenciar el rol del sistema público ahí en cada rincón del país. 

El programa llega a 8 mil centros de salud en todo el país y mediante estos a 19 millones de personas que tienen cobertura pública exclusiva, con un botiquín que contiene por ejemplo antibióticos como la amoxicilina, tratamientos para el hipertensión como enalapril o la metformina para la diabetes entre las 74 formulaciones que llegó a contener el programa. 

Hay que decirlo claro: el retiro de este programa va a generar enfermedades y muertes evitables, como no puede ser de otra manera en un programa que garantiza el acceso de los medicamentos necesarios para niños y niñas, embarazadas, personas con enfermedades agudas y crónicas, adultos mayores. 

La contracara es contundente si observamos la realidad de esta política durante los Gobiernos de Nestor y Cristina Kirchner. En los cuales los botiquines pasaron de contener de tener 22 a 54 medicamentos en el 2011. En el año 2013 se llegaron a distribuir 176.000 botiquines con un total de 44 millones de tratamientos. 

Ajustar sobre los jubilados y el PAMI: la cobardía más grande de todas

La jubilación mínima quedó en $380.000 y un bono (congelado desde el 24´) de $70.000, sobre este ajuste el presidente Javier Milei y el ministro de Salud, Mario Lugones, avanzan contra uno de los derechos principales a atender en esta población: su salud. 

Más de 8.500 médicos/as y 3.200 odontólogos/as de cabecera de la obra social más grande de latinoamérica (con más de 5 millones de afiliados) se encuentran en paro para reclamar una recomposición salarial, ya que esos profesionales están cobrando 2100 pesos la consulta (menos que dos alfajores).

La crisis en el sistema de prestaciones de PAMI fue antecedida por un vaciamiento salarial y también en insumos: recordemos que venimos del achique en los medicamentos gratuitos del PAMI, que al aumentar los requisitos lograron dejar afuera a miles de jubilados. 

La entrega de medicamentos es una doble apuesta: asegurar el acceso y la continuidad de los tratamientos pero también cada vez que el Estado interviene como un “gran jugador” con estos programas de compras actúa regulando el mercado. Romper PAMI y Remediar, va a generar aumento de precios en medicamentos. 

El problema es la ley de presupuesto, no la ley de salud mental

Estamos atravesando una profunda crisis de salud mental: 1 de cada 3 argentinos presenta padecimientos relacionados con ansiedad, depresión, insomnio, consumos problemáticos. Cada 2 horas una persona define quitarse la vida, lo cual implica que la tasa de suicidio es mas alta que la tasa de homicidios en la Argentina. 

En este contexto Miei llevó la inversión en salud mental a la más baja en muchos años destinando apenas el 1.45% del presupuesto en salud. Este es uno de los puntos centrales del debate para dejar atrás las hipocresías: Sin inversión las leyes son papel pintado.

La ley aprobada en el año 2010 no hace ni más ni menos que seguir lo que los principales sistemas de salud del mundo están haciendo: 

El factor común es que esto no solo es ajuste es transferencia de recursos. Están quitando dinero para los jubilados, para garantizar medicamentos y para cuidar la salud mental, y la están llevando toda a sostener un modelo de endeudamiento y bicicleta financiera donde algunos pocos están ganando mientras la mayoría nos quedamos con la “ñata contra el vidrio”. 

Decimos que la salud es un pilar de la democracia porque la salud pública y sus trabajadores son un gran símbolo de una tradición Argentina por el cuidado y los derechos conquistados. En cada pueblo de este país hay una trabajador de la salud que no solo está cuidando a una persona, cuida una forma de ser en democracia donde nadie se queda afuera. 

El topo que vino a destruir el Estado desde adentro encuentra en la salud de la población uno de sus capítulos más crueles, anticientíficos y mercantilistas. El propio gobierno nacional está acelerando la destrucción del sistema de salud argentino. La pregunta es: ¿la salud como pilar de la democracia o cartera de negocios?

El desarrollo de la seguridad social y la salud pública fueron pilares en los Estados de Bienestar y las democracias que permitieron en los últimos cien años un crecimiento sustancial de la expectativa y la calidad de vida en nuestros países. El proyecto anarcocapitalista busca terminar con el Estado por interpretarlo un escollo en sus negocios, y para ello necesita también erradicar las nociones de ciudadanía y derechos.

Para la ejecución del plan de vaciamiento del sistema público y ruptura de su lógica solidaria dispusieron en el Ministerio de Salud a Mario Iván Lugones, un médico sin experiencia en la gestión pública que desarrolló su carrera en el sanatorio privado Güemes. Y por otro lado, en la Superintendencia de Servicios de Salud, el organismo que debería controlar a las prepagas y obras sociales, definieron a un ex gerente de OSDE, Gabriel Gonzalo Oriolo. Son los lobos cuidando a las ovejas, ya es un cliché de los gobiernos de corporaciones utilizar la administración pública para facilitar negocios.

Recortes y despidos: una política de ajuste letal

En las últimas semanas el gobierno de Milei despidió a 1.400 trabajadores del sector salud, impactando de lleno en el funcionamiento de instituciones como el Hospital de Salud Mental Laura Bonaparte, en un país donde 1 de cada 4 argentinos padece alguna problemática de salud mental, como ansiedad o consumos problemáticos. La Dirección de VIH sufrió una poda del 40% de sus empleados, afectando a una población donde el 65% de las personas viviendo con VIH dependen del sistema público para acceder a su medicación. También se ha puesto en riesgo el control de enfermedades infecciosas como el sarampión, ya que el 30% de la Dirección de Vacunas fue despedido.

La política de medicamentos: la salud como privilegio

El ajuste en salud tiene otra faceta brutal en el acceso a medicamentos. PAMI recortó la cobertura del 100% de una lista de fármacos esenciales, dejando a millones de jubilados en una situación crítica. El programa Remediar, que distribuía medicamentos básicos como analgésicos, antibióticos y anticonceptivos en los centros de salud del país, también sufrió recortes. A esto se suma la desregulación de los precios de los medicamento, por ejemplo el ibuprofeno durante el año pasado aumentó un 456%, el enalapril para la hipertensión un 233% o la levotiroxina para el hipotiroidismo un 283% mientras que la jubilación mínima aumentó un 124%. El resultado es, para sorpresa de nadie, menos derechos pero con negocios asegurados para las farmacéuticas, ya que los aumentos de precios les permitieron aun con caída del consumo tener un margen de ganancias mayor por cada comprimido vendido durante el 2024.

Obras sociales: la ruptura del sistema solidario

El Gobierno profundiza el “descreme” del sistema, una estrategia ya vista en los '90, al permitir que los afiliados de mayores recursos (jóvenes y sanos) transfieran sus aportes a prepagas, debilitando así el financiamiento de las obras sociales. Hoy el 40% de la población utiliza exclusivamente el sistema público, un 50% depende de obras sociales (sindicales, provinciales o PAMI) y solo el 10% accede a una empresa de medicina privada como OSDE o Swiss Medical. Estos últimos que representan el sector más concentrado de la medicina privada son los únicos beneficiados con las actuales políticas, dejando al resto del sistema de salud cada vez más precarizado.

La reciente decisión de Milei de retirar a Argentina de la OMS es el broche de oro de una política sanitaria que rechaza la evidencia científica y se alinea con posturas conspirativas. Al igual que Trump en Estados Unidos, Milei adopta una agenda negacionista que pone en riesgo la salud pública, desmantelando mecanismos de cooperación internacional esenciales en la prevención y el tratamiento de enfermedades.

El ajuste como transferencia de ingresos

Lo que llamamos recortes en realidad son transferencias de ingresos. El dinero que se ahorra en medicamentos, profesionales y hospitales se usa para bajar impuestos a los bienes personales, habilitar un blanqueo de capitales con beneficios desmedidos, reducir impuestos a los autos de lujo y disminuir retenciones a los sectores más concentrados del agro. Mientras los más pobres y enfermos quedan desamparados, el capital financiero especulativo goza de condiciones inmejorables para el carry trade.

Quedan tres años de este gobierno y la pregunta que sobrevuela es qué límites podremos trazar los trabajadores de la salud y los usuarios ante tanta deshumanización. Seamos claros: los principales afectados son los jubilados, los pobres y los enfermos. La defensa del derecho a la salud es una batalla que la ciudadanía puede y debe dar, porque en ello se juega nada menos que la vida misma.

La crisis nos obliga a reflexionar: ¿vamos a dejar que nuestras enfermedades sean la materia prima del negocio de unas pocas empresas de medicina y farmacéuticas o vamos a poner en el centro a las personas y el cuidado de la vida?. Los sistemas de salud pueden y deben mejorarse, pero nada se arregla destruyéndolos. Un sistema nacional integrado de salud, más justo, federal y solidario, no solo es posible: es urgente.