Las leyes de acceso a los derechos sexuales y reproductivos son de aplicación nacional. Sin embargo, la actual situación ha profundizado las diferencias en el territorio. El ajuste de recursos no solo desmantela políticas esenciales, sino que también pone en riesgo derechos que considerábamos adquiridos. En particular, el derecho a elegir el método anticonceptivo que mejor se adapte a las necesidades de cada persona, un derecho que el Estado había garantizado hasta ahora. 

En la provincia de Formosa, el gobierno provincial ha suplido parcialmente esas faltas pero no se sabe hasta cuándo podrá continuar haciéndolo. La situación sigue siendo incierta, y el futuro de las políticas públicas que aseguran los derechos sexuales y reproductivos depende de la capacidad de las provincias para asumir responsabilidades que corresponden al Estado nacional. 

“En un contexto de ajuste brutal y un Estado en retirada, el acceso a derechos sexuales y reproductivos depende cada vez más de tu código postal”, escribieron las periodistas Celeste Abrevaya y Maria Paz Tibiletti en LatFem. Las diferencias avanzan. 

Desinversión en salud sexual y reproductiva 

En un informe publicado por la Asociación Civil por la Igualdad y la Justicia (ACIJ) en octubre de 2024 se alertaba sobre la desinversión en salud sexual y reproductiva y se hacía un análisis de la ejecución hasta entonces del presupuesto nacional 2024 del Programa de “Desarrollo de la Salud Sexual y la Procreación Responsable”: presentaba una disminución del 64% en términos reales en comparación con el año 2023, y del 72% con respecto de 2021, que fue el año de mayor inversión en la política. 

Cabe aclarar que este programa se compone de dos actividades, una que lleva el mismo nombre y otra especialmente vinculada con el Plan ENIA de prevención del embarazo adolescente no intencional, desfinanciado a pesar de los éxitos que había mostrado desde su implementación. 

Al analizar el proyecto de Presupuesto 2025 (todavía pendiente en el Congreso) en este eje, se observa un leve aumento de 3,34% en el total del Programa en comparación con el presupuesto vigente 2024. Sin embargo, esto todavía representa una caída del 62,02% respecto del ejecutado en 2023, antes de la asunción de la actual gestión. 

En lo que refiere a las metas físicas de este Programa, para el año 2025 se proyecta una reducción del 46% en la Adquisición de Métodos Anticonceptivos de Corta y Larga Duración con relación a 2023, pasando de 79.490 métodos adquiridos a solo 43.000, al mismo tiempo que se reduce en un 59% la Distribución de Medicamentos para la Interrupción Voluntaria del Embarazo, pasando de 171.061 en 2023 a 70.000 en 2025. Un recorte significativo: menos medicamentos para abortos pero también menos métodos para prevenir embarazos, que por ahora es suplido por Formosa.

La información publicada por el Ministerio de Economía sobre la ejecución de metas físicas mostraba en marzo 2024 que no se había distribuido ningún medicamento para la Interrupción Voluntaria del Embarazo y había desvíos considerables en la Distribución de Preservativos (-80,8%) y de Métodos Anticonceptivos de Larga Duración para Adolescentes. “La explicación de estos desvíos se basó en demoras en el circuito administrativo durante los meses de enero y febrero. Sin embargo, al mes de septiembre seguían habiendo faltantes en las provincias”, explican desde ACIJ.

Asimismo, en cuanto a lo que se viene, señalan: “el Proyecto de Presupuesto 2025 presentado por el Ejecutivo refleja una caída significativa en las partidas destinadas a la reducción de las brechas de género y la prevención de la violencia de género, así como un retroceso en la transparencia presupuestaria”.

La desfinanciación de los derechos y el incumplimiento de la ley

Con la aplicación de esta  política de recorte, el Gobierno Nacional ha dejado de garantizar el financiamiento necesario para cubrir en la práctica los derechos sexuales y reproductivos, particularmente para la provisión de anticonceptivos y el acceso al aborto legal, como lo explica ACIJ. Esto es particularmente alarmante porque la Ley 25.673 de Salud Sexual y Procreación Responsable y la Ley 27.610 de Interrupción Voluntaria del Embarazo (IVE/ILE) siguen vigentes, pero el Estado no está cumpliendo con su obligación de poner a disposición los recursos necesarios para su implementación. Esta falta de compromiso con las políticas públicas no solo pone en peligro el acceso a derechos fundamentales, sino que también socava los avances logrados a lo largo de años de lucha.

Formosa y la respuesta provincial ante la crisis

En Formosa la situación es compleja, pero la provincia ha hecho esfuerzos por seguir garantizando el acceso a los métodos anticonceptivos y otros insumos de salud reproductiva. Desde la sanción de la Ley Nacional de Salud Sexual y Reproductiva en 2002, la provincia ha acompañado las políticas públicas nacionales. El compromiso del gobierno provincial es crucial para suplir la falta de recursos enviados desde la Nación, especialmente en momentos en que el desabastecimiento de insumos es más grave.

Mónica Tibiletti, jefa del Programa Provincial de Salud Sexual y Reproductiva del Ministerio de Desarrollo Humano de Formosa, destacó que uno de los pilares fundamentales del programa es garantizar la disponibilidad de insumos adecuados para la población. Sin estos insumos, la implementación de políticas públicas efectivas es imposible. En particular, la disponibilidad de métodos anticonceptivos debe adaptarse a las diversas necesidades de las personas, considerando su contexto y etapa de vida. La capacidad de elegir el método anticonceptivo adecuado es un derecho fundamental que ha sido históricamente garantizado en la provincia.

Sin embargo, los recortes de Nación particularmente durante el 2024 han tenido un impacto directo en la disponibilidad de estos insumos donde la provincia ha tenido que abastecer comprando anticonceptivos y otros insumos por su cuenta. La reducción en la provisión de insumos ha sido tan drástica que se ha tenido que asumir el costo total de 124.297 productos, como anticonceptivos orales, inyecciones, implantes y otros tratamientos hormonales, además de garantizar los insumos necesarios para la interrupción legal del embarazo, como el misoprostol; asimismo en lo que va de este  2025 ya están en proceso de adquisición unos 40.300 más.

Según Tibiletti, el abastecimiento de anticonceptivos ha disminuido más del 70% en comparación con años anteriores, aunque la provincia sigue comprando insumos para sostener el programa de salud sexual y reproductiva y garantizar la cobertura del servicio, la situación es cada vez más difícil.

La participación de las organizaciones sociales y el feminismo

El trabajo de las organizaciones sociales ha sido clave en este proceso de defensa de los derechos reproductivos. Beatriz Galeano, referente formoseña del Movimiento Libres del Sur y de Mujeres de la Matria Latinoamericana –Mumalá-, destaca la importancia de las luchas feministas en la conquista de derechos fundamentales, como la salud sexual y reproductiva. Galeano insiste: “Los derechos no nos fueron regalados, son el resultado de luchas históricas”.  Y  alerta que “hoy estamos viviendo un retroceso alarmante”.

Además, señala que, aunque Argentina ha logrado avances significativos en cuanto a los derechos de las mujeres y la diversidad, la actual gestión nacional está desfinanciando programas cruciales como la prevención de la violencia de género, la atención a víctimas de trata y la implementación de la Ley de IVE. Esta desfinanciación está afectando especialmente a los sectores más empobrecidos, como las adolescentes, que ahora enfrentan mayores obstáculos para acceder a los servicios de salud que la ley les garantiza. “A pesar de los logros obtenidos a lo largo de los años, estamos viviendo un retroceso con la actual gestión, esto crea un caldo de cultivo para más vulnerabilidad”, dice con preocupación.

El futuro de los derechos reproductivos, en riesgo

La falta de recursos y el ajuste económico del gobierno nacional están poniendo en riesgo los derechos sexuales y reproductivos de las mujeres y las personas gestantes. Si bien la provincia de Formosa viene haciendo un esfuerzo significativo por suplir las carencias del gobierno nacional, la situación es cada vez más insostenible. Según contó Tibiletti a la falta de insumos se le suma escasa comunicación entre el gobierno nacional y provincial lo cual dificulta aún más el acceso a servicios fundamentales.

A medida que los recortes y la precarización de los recursos se profundizan, se agudizan las dificultades para garantizar los derechos de salud de las mujeres y las niñas. 

Es esencial que el Estado nacional se responsabilice para garantizar el acceso a los derechos que las mujeres y las diversidades han conquistado tras décadas de lucha. No se puede  permitir que los avances obtenidos se vean revertidos por decisiones políticas que desprecian conquistas históricas. 

La lucha por la restitución de lo adquirido continúa siendo fundamental. Las organizaciones feministas y la sociedad civil siguen siendo claves para la defensa de un futuro donde los derechos reproductivos sean siempre respetados y garantizados para todos.

DF / MA