Mientras usted lee esto, una mujer puede estar abortando. En el hospital público del pueblo o en el de la ciudad, en la casa propia o en la de una amiga, sola o junto a su madre, su hermana o su vecina. Pese a los ataques del presidente Javier Milei y su gobierno, a partir de la sanción de la Ley 27.610 de Interrupción Voluntaria y Legal del Embarazo las mujeres y personas con capacidad de gestar pueden hacerlo de manera voluntaria hasta la semana 14 de gestación, inclusive, y luego de ese plazo, en caso de que el embarazo sea producto de una violación o si corre riesgo su salud integral.

El aborto dejó de ser clandestino en nuestro país y se convirtió en un derecho ganado. Ni las miles de mujeres, adolescentes y niñas que salieron a las calles con sus pañuelos verdes y el glitter en sus rostros, con la vitalidad de un movimiento que se convirtió en marea e instaló la agenda del aborto en los medios, en las aulas, en los pasillos y mesas familiares; ni las médicas, que desde el Fallo FAL dictado en 2012 vienen abriendo paso desde adentro de los hospitales y centros de salud para que el aborto se garantice en el sistema público como bien dice la ley, dejarán que se pierda.

Porque el aborto existe y persiste. Frente al abandono del gobierno, las redes feministas, activistas y médicas amigables se organizan en cada rincón del país para sostener y cuidar el derecho a abortar.

Abortar con ley y con Milei

“Uno de los mayores miedos que tienen quienes se comunican con nosotras es el miedo a no poder resolver”, cuenta Sol Cañumil, de la colectiva de Socorristas en Red que acompaña en el sur de Chubut y Santa Cruz. Socorristas en Red es una articulación de colectivas de distintos rincones del país que acompañan y brindan información a quienes necesitan abortar para que lo hagan de manera segura y cuidada. Desde el 2014 mantienen su tarea, lo hicieron durante la pandemia, después de la sanción de la Ley 27.610 y ahora, con Milei en el gobierno.

“Nos hemos encontrado con muchas personas que creen que la Ley ya no está vigente”, señala Sol. En la conversación con quienes acompañan, las socorristas se ocupan de desmitificar y de informar que la Ley 27.610 sigue en pie y las usuarias pueden exigir que se cumpla a pesar del contexto adverso. “Tenemos una ley que está vigente pero que comienza a tener más obstáculos para su garantía”, dice la activista. El acompañamiento socorrista ayuda a sortear todo eso que se presenta: brindan información y seguimiento a las personas que se ponen en contacto.

Juliana Montoya es integrante de La Revuelta y Socorristas en Red del Gran Buenos Aires, donde acompañan y brindan información para un aborto seguro. “Las políticas públicas son bien diferentes de un municipio a otro. Hay alguno, como en San Miguel, donde ha habido situaciones donde se les brinda información falsa sobre el acceso al derecho al aborto o han buscado convencer a las personas para que no aborten. Después hay otros donde se garantizan con mayor accesibilidad”, relata. Esta disparidad en el acceso, causa que algunas personas deban trasladarse hacia otros municipios para poder resolver, pero “hay algunos municipios que empiezan a no recibir usuarias porque escasean los insumos”, advierte.

Desde Neuquén, Nadia Mamani, activista de La Revuelta y Socorristas en Red, cuenta que la capital y alrededores de esa ciudad el acceso a la IVE/ILE se está garantizando en el sistema de salud formal, aunque “depende de los equipos de los centros de salud y del respaldo que tengan por parte de las direcciones de los hospitales”. Un caso paradigmático en esa provincia es el Hospital Heller, que supo estar a la vanguardia de la garantía del aborto legal y hoy registra obstáculos y dilaciones. “Notamos que hay demoras entre las consultas que hacen las personas hasta la entrega de la medicación. La disponibilidad de turnos es de 10 personas cada día que hay atención, además de los estudios de laboratorio y ecografía. Hasta que logran hacerse los estudios pasan algunas semanas”, grafica Nadia. “Esto genera angustia, preocupaciones o que tengan que pedir permiso en los trabajos y eso no siempre es posible”. La ley establece claramente que el plazo entre el pedido y la concreción debe ser de 10 días. El incumplimiento es un problema también porque los tiempos son sensibles teniendo en cuenta que el plazo para la interrupción voluntaria es la semana 14.

El rol del Estado

A propósito del 28 de mayo, Día Mundial de Acción por la Salud de las Mujeres, Amnistía Internacional publicó un informe donde visibilizan los obstáculos que enfrentan las mujeres y personas gestantes de todo el país para acceder a la IVE/ILE en tiempos de Milei.

El estudio describe la coyuntura global de ataques contra la llamada “ideología de género” y en ese contexto ubica a la Argentina de Milei: “Amparado en esta retórica, ha impulsado procesos de desmantelamiento progresivos de la política pública destinada a garantizar la igualdad de género y la salud sexual y reproductiva mediante la eliminación de programas estratégicos y la drástica disminución de recursos”, aseguran. Y alertan: “no solo se busca limitar el derecho de las mujeres y personas con capacidad de gestar para decidir libremente sobre sus cuerpos y proyectos de vida, sino que se vacía de contenido el rol del Estado como rector de la política sanitaria”.

Es que, desde que el líder libertario asumió la presidencia, el Ministerio de Salud de la Nación suspendió el envío a las provincias de insumos claves para la salud sexual, reproductiva y no reproductiva, tales como la medicación para el aborto o métodos anticonceptivos. “La falta de planificación de este traspaso de responsabilidades y la poca flexibilidad del mercado de insumos para negociar precios han complicado aún más la situación. Esto se refleja en las diferencias de precios en compras de insumos a nivel provincial”, subrayan en el último informe del Proyecto Mirar, publicado en diciembre de 2024.

Dentro de esas medidas se encuentra el desmantelamiento del Plan ENIA, el programa que había logrado reducir significativamente el embarazo en niñas y adolescentes. Valeria Isla, coordinadora de Proyectos de Red de Acceso al Aborto Seguro (REDAAS) y ex Directora Nacional de Salud Sexual y Reproductiva, es contundente al respecto: “con el desfinanciamiento del Plan ENIA, sin sus equipos de trabajo territoriales y sin insumos disponibles, se va a generar una brecha de desigualdad entre las provincias en materia de prevención de embarazos no intencionales. El impacto sobre la vida de las adolescentes será importante”.

En comparación con 2023, desde Amnistía Internacional registraron un aumento del 275% en las denuncias por obstáculos en el acceso al aborto. Entre las más frecuentes se encuentran que “no hay medicamentos”, que “es imposible comunicarse con el 0800 y, si atienden, no dan información adecuada sobre dónde y cómo acceder”, “Consejerías” en hospitales públicos que buscan convencer a las mujeres de no abortar, maltratos y demoras. La línea 0800 a la que se refiere es la de Salud que el ministerio creó en 2010 y que ha sido una vía de reclamo en materia de derechos sexuales y reproductivos incluso antes de la sanción de la IVE. Hoy señalan su baja capacidad operativa.

“Me sentí aliviada”: la experiencia de abortar acompañadas

Frente a este escenario, el acompañamiento socorrista encarna la consigna de que la salida es colectiva. En los “talleres”, esos encuentros donde las socorristas se reúnen con quienes necesitan acceder a una interrupción de un embarazo no deseado para conversar y brindarles información, las personas encuentran alojo, alguien que las mira a los ojos para que el miedo se disperse: el aborto se va a resolver.

El dispositivo de acompañamiento socorrista tiene cuatro momentos: la llamada telefónica, el taller, el acompañamiento y el seguimiento post aborto.

“A veces lo que está necesitando la persona que estamos acompañando es que la escuchemos, poder verbalizar todo eso que le está pasando que no puede contárselo a cualquiera, porque corre el riesgo de ser juzgada. Poder expresarse, poder llorar, abrazarnos. Poder insistir juntas frente a una negativa”, dice Sol desde Comodoro Rivadavia.

Nuria tiene 37 años y vive en Viedma, provincia de Río Negro. Supo que estaba embarazada porque empezó a sentirse mal, cansada, con sueño y una pesadez inusual. Se hizo un test y dio positivo. “No era lo que quería, no estoy en el momento indicado para volver a ser mamá, la cosa está muy difícil”, asegura. “Necesito mi cuerpo”, dice la mujer. Es madre de dos adolescentes y sostiene varios trabajos para llevar el día a día.

“Muchas veces no se puede destinar tiempo a realizar varias consultas en el sistema de salud, pedir los días si requiere varias visitas.Y hoy existe un enorme temor a perder el trabajo, sea este formal o informal. Lo económico es una carga más para quienes están intentando resolver su interrupción”, explica Sol.

Los días están más exigidos, las jornadas laborales son más largas, las tareas de cuidado llevan más tiempo. “Lo que hacemos es ayudar a pensar estrategias de cómo acomodar la vida para poder resolverla. Ya sea proponiendo ideas o contando experiencias que le han servido a otras mujeres”, dice Juliana.

“Antes de la ley los temores eran por el riesgo en la salud. Ahora, las preocupaciones tienen que ver con las formas de acceder, de cuánto les va a llevar, aventurarse a pedir un turno o a comunicar la decisión a una persona que tal vez no está a favor de la ley, el temor a esa mirada negativa, al seño fruncido”, cuenta Nadia. Por eso, durante el encuentro presencial se conversa sobre todas esas preguntas. “Las personas se quedan mucho más tranquilas, notás la diferencia en cómo una persona venía con mucha preocupación y cómo sale de esa reunión”.

Cuando llamó a socorristas, Nuria dice que se sintió “aliviada”. Quien la atendió fue Bárbara, integrante de la colectiva de Socorristas en Red de Viedma. “Salgo del trabajo y te llamo”, le escribió y a los pocos días coordinaron para encontrarse en el taller.

“Sentí dolores pero no fue traumático, no lo siento pesado en mi cabeza. Me sentí tranquila y cuidada”, cuenta Nuria tiempo después de haber abortado.

Sostener la ley

“Los equipos de salud sostienen la ley y el compromiso de brindar atención de calidad a las personas”, asegura Mariana Romero, Co-directora de la Red de Acceso al Aborto Seguro (REDAAS).

Entre los desafíos que enfrentan las médicas amigables que garantizan en el sistema de salud, Romero menciona la falta de disponibilidad de insumos, las “dificultades y desinformación que enfrentan las mujeres para acceder a los servicios”, las “amenazas a la legitimidad de sus prácticas” y “el debilitamiento del sostén que brindaba un equipo central, en articulación con referentes provinciales”.

Selva Palaveci es ginecóloga y trabaja en el hospital de Maimará, Jujuy, a donde llegan usuarias desde los puntos más lejanos de la provincia para acceder al aborto legal en el sistema público de salud. “Las opciones son pocas, por eso se tienen que trasladar muchas horas, lo que implica tiempo y plata para poder resolver”, relata. “Somos cada vez menos quienes garantizamos”, asegura Palaveci.

Ella es una de las pocas médicas de esa provincia que garantizan Interrupciones Legales del Embarazo (ILE), es decir abortos de segundo trimestre, y alerta que el gobierno dejó de pagarle las guardias pasivas por ese trabajo, que le requiere, entre otras cosas, dejar de atender en su hospital de origen en Maimará para ir a resolver las ILE de otras jurisdicciones. Palaveci sólo trabaja en el sistema público de salud. Por esa razón, en mayo tuvo que suspender esta tarea y aguarda a que la situación salarial se regularice porque, reclama, su labor debe ser retribuida. Mientras tanto, desde Maimará, sigue garantizando abortos en primer trimestre.

Desde Comodoro Rivadavia, en el otro extremo del país, Sol Cañumil, integrante de Socorristas en Red, coincide: “ha habido una gran baja de profesionales y lugares que venían garantizando este derecho”.

“Objetores”

La llamada objeción de conciencia está estipulada por ley y le permite a los médicos negarse a realizar la práctica. Sin embargo, tienen la obligación de brindar la información necesaria para que la persona que lo solicite pueda acceder a su derecho y deber de derivarla de buena a fe para que pueda resolver.

Según el estudio sobre objeción de conciencia en aborto en Argentina “Los malos usos”, se registraron 223 eventos de negación a la práctica de aborto por objeción de conciencia desde la sanción de la ley 27.610 hasta el 2023. De ese total, 87 fueron casos de negación institucional, “ya sea porque todo el personal médico alegó objeción de conciencia (situación permitida sólo en efectores privados) o porque declararon la objeción de conciencia institucional (a pesar de no estar permitido por la ley)”, señalan.

“De mantenerse la desidia del gobierno nacional, y frente al vacío de rectoría del ministerio de salud de la Nación, no es apresurado decir que los malos usos de la objeción de conciencia aumentarán, alentados por el entorno y por la falta de aquellas condiciones que hicieron posible su delimitación”, alerta Agustina Ramón Michel, Co-directora de REDAAS.

Sostenerse en red

“En estos tiempos de hostilidad lo mejor que podemos hacer es sostenernos en comunidad, eso nos da esperanzas”, dice Nadia de La Revuelta de Neuquén. En la era de la instantaneidad, el socorrismo ofrece tiempo. “Y ahí es donde el acompañamiento socorrista renueva su sentido”, dice Sol, “es tiempo que ponemos a disposición de otras personas, rompemos la lógica de la fragmentación y aislamiento”. “A las personas que acompañamos les decimos que somos feministas y desde los feminismos las acompañamos. Son momentos de alianzas, de pactos. Es un momento para mirar la realidad de manera diferente”, añade Juliana desde el Gran Buenos Aires.

Para Mariana Romero, Co-directora de REDAAS, “las redes de profesionales son fundamentales como espacios de sostén, aprendizaje y apoyo”. No solo para compartir información clínica para brindar atención de calidad, sino también como “forma de sortear los obstáculos en la provisión de los servicios y también facilitar el acceso de las personas”. “Trabajar en red significa articular entre los equipos, compartir estrategias, eventualmente derivar y acompañar a las personas usuarias”, asegura.

Así, en tiempos de vaciamiento del Estado, frente a las dilaciones y los obstáculos, los maltratos y la crueldad, las redes de médicas y de activistas siguen tramando ingenierías de escucha y de cuidados para resguardar eso que tanto costó lograr: el derecho al aborto legal.

CV / MA