Los consultorios que atienden a personas trans y travestis en el país resisten mientras el gobierno nacional desmantela programas de diversidad y recorta fondos en salud pública. Los equipos médicos que aprendieron sobre la marcha, que se formaron escuchando a sus pacientes y acompañando sus procesos, enfrentan ahora demoras en medicamentos, coberturas reducidas y un clima social hostil. Los consultorios y profesionales de todo el país se transformaron en pequeños refugios para la ley de Identidad de Género y sostienen, por pura prepotencia de trabajo y cuidado, el derecho a una identidad vivida sin miedo.

El teléfono de Daniel Lizzi recibe mensajes todos los días, a cualquier hora. El médico le da su número a todas sus pacientes y ellas, sea por un poco de fiebre, dolor de garganta, malestar en la panza, le escriben. Le confían cada parte de su cuerpo. Cada tanto, Lizzi recibe un mensaje especial. “Hace un año me cambió la vida, doctor”, le recuerda alguna y él, que a lo mejor está haciendo mandados, o llevando a su hijo a la escuela, vuelve a tener esa sensación íntima y poderosa de que con su trabajo está haciéndole bien a alguien, que sirve para algo. También lo paran en la calle, en la panadería o lo sorprenden en su consultorio con un regalo. Siempre es la alegría de sus pacientes que lo abrazan y repiten incansablemente: gracias, gracias, gracias. 

Daniel Lizzi vive y trabaja en Rosario, Santa Fe. Es cirujano y urólogo, el primero que hizo la cirugía de cambio de género en su ciudad una vez sancionada la Ley 26.743 de Identidad de Género y Salud Integral. Lizzi trabaja en conjunto con el doctor y cirujano plástico Emanuel Manavella. Juntos conforman la primera unidad trans del interior del país. Ya llevan más de diez años y más de cien cirugías realizadas en el sector público y privado a pacientes travestis/trans que viajan de todo el país para atenderse con ellos. 

Todo gracias a la ley que él repite de memoria: veintiséis siete cuarenta y tres. La Ley de Identidad de Género y Salud Integral no sólo permite cambiar el nombre del documento nacional de identidad. Reconoce que la identidad trasciende el cómo nos llamamos y eso incluye la corporalidad. Así, todo tratamiento médico que implique adecuar el cuerpo al género está incluido en el Programa Médico Obligatorio, lo que garantiza una cobertura de las prácticas en todo el sistema de salud, tanto público como privado, tengas o no obra social o cobertura médica prepaga.

La vida antes

Antes de su sanción en 2012, cualquier operación que fuese segura tenía un costo elevadísimo, especialmente difícil para una población que sobrevivía - y sobrevive - en los márgenes, sin acceso al trabajo formal, a la escuela, a los hospitales. La ley fue una manera de posibilitar el acceso a operaciones que muchas veces se realizaban en la clandestinidad. No se sabe cuántas quedaron en el camino por inyectarse aceite de avión en glúteos o tetas, por ejemplo.

La aplicación de la ley nunca fue lineal ni ejemplar. En algunos lugares costó más que en otros pero es indiscutible que llegó para transformar la vida de miles de personas. El panorama, sin embargo, cambió en los últimos dos años. El discurso del presidente Javier Milei, y su vice, Victoria Villarruel, en contra de la ley no es inocuo. Tampoco el desfinanciamiento a las políticas de salud pública y de diversidad sexual. Y el resultado se siente en los consultorios. 

“Notable y tristemente ha cambiado mucho el panorama. Para mal. Para peor”, dice Daniel Lizzi. “Al día de hoy, en la parte pública no se están realizando estas cirugías. Sólo en el privado”, advierte. No es un cierre anunciado ni oficial. Es, simplemente, la consecuencia del desfinanciamiento en la salud pública en general. El cirujano asegura que tiene una lista de espera de 66 personas para operarse en la salud pública: el cúmulo de prácticamente dos años sin cirugías regulares de este tipo, que continúan apenas por goteo. “Lo más que hicimos fueron cinco chicas en un año. Después, en el último tiempo, fue mermando lenta y progresivamente, a cuatro, a tres. El último año se operó a una sola chica que ganó por insistencia”, enumera el médico. 

Las intervenciones sí se garantizan a quienes tienen obra social. En la parte privada están operando un promedio de ocho personas por año. En los primeros nueve meses de 2025 se hicieron siete cirugías de readecuación. Tienen al menos tres vaginoplastías más programadas para este año. Las toracoplastias, ya sea masculinizantes (sacando las lolas) o feminizantes (poniéndolas), son unas veinte este año. El reniegue burocrático para acceder a las operaciones es, sin embargo, cada vez mayor. Y además, las pacientes travestis/trans que cuentan con cobertura son cada vez menos: si ya es difícil tener cobertura médica para cualquiera, más aún lo es para aquellas que tienen más dificultades para acceder al sistema laboral formal. 

“Todo esto hace que muchas chicas desistan de la cirugía, por lo menos inicialmente. Están muy abrumadas por todo el tramiterío que tienen que hacer”, reconoce Lizzi. “Pero aunque inicialmente el escenario pega mal, es una decisión trascendental en la vida de cada una y al final es más fuerte la decisión que ellas tienen de su cambio corporal para adecuarse a su verdadera identidad que todo esto”, sostiene el cirujano. 

Atención y acompañamiento

“La situación es terrible y las consecuencias van a ser atroces”, dice Patricia Gómez del otro lado del teléfono. Tiene 41 años y nació, vive y trabaja en Santiago del Estero. Es médica graduada de la Universidad Nacional de Tucumán, ginecóloga en la Universidad Nacional de Córdoba y sexóloga clínica de la Sociedad Argentina de Sexualidad Humana. También está al frente del primer Consultorio de Diversidad de la provincia del norte argentino.

Patricia trabaja con un cirujano plástico, una psicóloga y dos acompañantes terapéuticas, que son mujeres trans. El equipo no sólo acompaña cirugías u hormonizaciones, sino que, sobre todo, es una primera entrada al sistema de salud. Sin prejuicios, sin doble moral, sin discriminación. Desde que funciona el consultorio, hace ya ocho años, llevan atendidas a 320 mujeres trans y 180 varones trans. La mayoría son de la capital provincial y alrededores, donde se concentran los servicios especializados. La mayor dificultad para que las personas del interior santiagueño accedan al consultorio de diversidad está en el costo del viaje en colectivo que los lleve a consulta. Algunas lo lograron, haciendo viajes de hasta 400 kilómetros por una atención amigable.

El resultado de esos años de trabajo los destaca con hechos, no con números: “En el 2018, los varones trans sobre todo, venían con intentos de suicidio. Ahora vienen con la familia entera. Entonces, cuando nos pasa eso, cuando vemos a una familia conteniendo a la persona y al chico feliz porque va a empezar su tratamiento, nos emocionamos profundamente. Sobre todo mis compañeras trans, que tienen 41 y 18 años, y piensan en cómo hubiera sido su vida con esta posibilidad y este apoyo”. 

Pero en Santiago del Estero también cambiaron las cosas con la llegada del gobierno libertario. El desfinanciamiento general a las políticas de salud pública y en áreas claves de salud sexual, reproductiva y de diversidad en particular impactó directamente en la atención del consultorio. Los preservativos y descartables para hacer exámenes ginecológicos son pocos. Antes los distribuía Nación, ahora se ocupa la provincia. Y así como llegan, se terminan. Las consecuencias ya se ven. Las mujeres trans pasaban todos los días por el consultorio buscando preservativos. Después, preguntando si habían llegado. Ahora ya ni se acercan. “Imaginate cómo se van a disparar las infecciones de transmisión sexual. Es terrible”, sentencia la ginecóloga.

Pero además, desde octubre no tienen medicación para llevar adelante la hormonización. Las y los trabajadores del Consultorio de Diversidad venían usando el stock remanente de los envíos que había hecho el Ministerio de Salud de la Nación hasta 2023. El gobierno libertario no hizo nuevas licitaciones ni compró nuevos fármacos. Y se empiezan a notar los efectos. Los varones trans vuelven a menstruar, lo que en muchos genera ansiedades y malestar anímico. Las mujeres trans se alejan del sistema de salud y se automedican con anticonceptivos, que es, dice Patricia, lo que no tienen que hacer y contra lo que vienen peleando hace años. Es que estas pastillas contienen tipos y dosis de estrógenos inadecuados para ese fin, que aumentan el riesgo de trombosis y daño hepático. La terapia hormonal de afirmación de género necesita un seguimiento médico específico para garantizar su seguridad y eficacia. 

Cubrir los tratamientos sin cobertura tiene un costo variable. Las mujeres trans oscilan en un gasto de entre 78 y 128 mil pesos por mes, y los varones trans tienen disponibles dos tipos de testosterona inyectable: una cada tres semanas, que está a unos 45 mil pesos, y una cada tres meses, que cuesta 300 mil pesos. “Los pacientes hacen lo que pueden. La mayoría deja los tratamientos”, resume Patricia.

El trato respetuoso 

Silvina Cossi tiene 33 años, es psicóloga y dos veces por semana atiende en el consultorio de la diversidad sexual que funciona en Rawson, uno de los departamentos más poblados de San Juan. Se trata de un espacio amigable donde trabajan ella, una trabajadora social, una enfermera y dos médicas de familia, además del equipo de laboratorio y farmacia. El consultorio funciona a demanda, es decir, sin turno previo, y en horario vespertino en el hospital de la zona. Los pacientes viajan hasta tres horas para atenderse ahí. La mayoría lo hace para garantizarse un trato respetuoso con su identidad y sexualidad. Y porque allí pueden recibir un tratamiento específico como la hormonización.

La atención psicológica no es requisito para acceder a ningún tratamiento. Los pacientes de Silvina son los que tienen el deseo, la demanda o una derivación para psicoterapia. “Me pasa en la práctica que me escriben psicólogas de algún centro de salud preguntándome si me pueden derivar al consultorio de la diversidad a un paciente homosexual, por ejemplo. Y no hay ningún problema, se puede derivar, se puede recibir, pero en realidad se podría atender en cualquier centro de salud”. 

En el consultorio de diversidad de Rawson los tratamientos para hormonizarse sufrieron una interrupción que no duró más de dos meses, por lo que los pacientes no tuvieron modificaciones físicas u hormonales que impacten de lleno en su corporalidad. Esa incertidumbre instalada se siente dentro de la terapia. “Hay un efecto si se corta la medicación, sobre todo sintomatología de ansiedad. Depende de la estructura de base de cada usuario cómo repercute esta espera. No podemos generalizar que todos los pacientes de diversidad van a recibir la interrupción de la hormonización de la misma manera, sí podemos decir que principalmente hay una expectativa ansiosa”.

El gobierno provincial absorbió el presupuesto para estos medicamentos y garantiza también que la atención en el consultorio se siga brindando en cualquier circunstancia: si un paciente va y no tiene su medicación, igual cuenta con un espacio de contención, de escucha y acompañamiento. Nadie se queda solo otra vez.

Una realidad

El 23 de enero de 2025 el presidente Javier Milei se paró frente al mundo en el Foro Económico de Davos. Ahí, criticó al aborto, asoció la homosexualidad con la pedofilia, cuestionó la existencia de los femicidios y aseguró que “están dañando irreversiblemente a niños sanos mediante tratamientos hormonales y mutilaciones”. Los discursos no quedaron ahí, y apenas unas semanas más tarde, el gobierno nacional publicó el Decreto de Necesidad y Urgencia (DNU) 62/2025, que prohíbe que las personas menores de 18 años accedan a tratamientos de hormonización y cirugías de reasignación genital para adecuar su cuerpo a su identidad autopercibida.

El DNU atentó directamente contra el artículo 11 de la Ley de Identidad de Género, que establece el derecho al acceso a tratamientos de salud, como la hormonización, para adecuar el cuerpo a la identidad de género autopercibida. En el caso de menores de edad, la ley vigente requiere del consentimiento informado del representante legal y la aprobación de la autoridad judicial competente, considerando los principios de capacidad progresiva e interés superior del niño.

La modificación pretendía eliminar el derecho de los adolescentes a estos tratamientos de salud. Sin embargo, le llovieron los pedidos de amparo y la Justicia declaró la inconstitucionalidad del DNU. Aunque aún sigue vigente, se encuentra a la espera de que el Congreso trate su derogación. Las y los médicos aprendieron a sortear las trabas que las obras sociales establecieron para el acceso a partir del decreto.En los consultorios, la resistencia se volvió parte de la práctica médica.

“He visto familias muy empoderadas dispuestas a cualquier acción con tal de que se cumpla su derecho”, dice Fabiana Reina. Ella es tocoginecóloga, especializada en ginecología infantojuvenil y en endocrinología ginecológica de San Miguel de Tucumán. La demanda lenta y constante de familias que buscaban un consultorio amigable la llevó a trabajar sobre todo con infancias trans. El área de trabajo de la especialista es tal vez de las más atacadas por los detractores de la ley en general y, ahora, por el gobierno nacional en particular. “Me dijeron en su momento ‘lástima, tremenda profesional dedicarse a eso’”, reconoce la médica.

Desde el 2020, Reina preside la Fundación Transformando Familias. “Que cada vez tengamos más familias en la Fundación me hizo dar cuenta de que las infancias trans son definitivamente una realidad. Y que esa realidad convoca a toda la sociedad, empezando por su estructura fundamental, la familia”, dice.

La Fundación que encabeza la doctora es blanco de ataques por la organización del Primer Congreso Global de Infancias Trans previsto para el 18 de octubre. Las organizaciones de diversidad tucumanas denunciaron hostigamientos, agresiones y la difusión de contenidos falsos sobre el evento, que derivaron en la cancelación del congreso. Tenía más de 500 inscriptos y disertantes de todo el país y el mundo. No pudo garantizarse la seguridad e integridad de las familias que iban a asistir. Sus organizadores, que pocas habían sentido el odio organizado como ahora: aseguran que ese discurso llega direccionado y legitimado por el Gobierno Nacional.

“Nosotros estamos convencidos de que estamos en el camino correcto: alvar a un niño de intentos de suicidio, de autolesiones o de situaciones de agresión, discriminación, bullying, acoso, maltrato físico y todo lo demás por no aceptar o respetar su identidad, nos hace creer que estamos por el camino correcto, por más que deroguen leyes o saquen decretos”.

Fabiana trabaja con protocolos internacionales fijados por la Asociación Profesional Mundial para la Salud Transgénero, que establece los criterios clínicos de atención a las infancias y adolescencias. El uso de medicamentos,, por su parte, es a demanda y hay infancias y adolescencias que no llegan a eso. No todas las identidades trans deciden hormonarse. No es requerimiento ni norma para ser. En la mayoría de los casos, a los niños y niñas trans les alcanza, simplemente, con que los escuchen y reconozcan. “Mencionar el nombre que elige ese niño o niña, respetar la vestimenta que desea usar, el corte de pelo, los juguetes, los dibujos. Eso no tiene necesidad de intervención de ningún sistema judicial ni de salud. Es algo que la familia puede responder perfectamente acompañando”, explica Fabiana.

“Hay infancias y adolescencias que son entidades trans bastante importantes desde lo físico, autoperceptivo y disconfort corporal” . Para esas personas, los tratamientos hormonales, dice la especialista, son necesarios, sobre todo aquellos que ayudan a frenar el desarrollo puberal de los adolescentes. “La gente suele asustarse. Dice que castramos, hacemos daño o invadimos, pero la medicación que se usa es de las más seguras que hay. Y además, es reversible. No estamos experimentando con las infancias. De hecho, sobran ejemplos que muestran lo beneficioso que es recibir bloqueadores hormonales, no solo para la salud mental, sino para la salud física y social de los chicos y chicas.” El objetivo de los tratamientos no está en intervenir, sino en aliviar. 

Si la temática siempre fue difícil, ahora es más. Como en otras provincias, en Tucumán ha habido pausas en la entrega de medicamentos para las hormonizaciones y eso repercutió directamente en la interrupción de varios tratamientos. Las obras sociales y prepagas han reducido coberturas, y el escenario de incertidumbre y discriminación sólo genera más temores. Y, sin embargo, en cada consulta, en cada receta sorteada y en cada nombre respetado, se repite la misma escena que vio Daniel Lizzi en Rosario: alguien que, gracias a la ley y a la dedicación de los equipos de salud, siente que su vida cambia para siempre. Mientras los decretos y discursos intentan frenar los derechos, los cuidados cotidianos avanzan, sosteniendo lo que la ley prometió desde el inicio: que cada identidad pueda ser vivida sin miedo.

LH / MA