Cada cuatro años el Mundial de Fútbol y la Selección Argentina detienen el tiempo. Los argentinos organizamos horarios alrededor de los partidos, discutimos resultados con amigos, analizamos rivales y volvemos a sentir esa mezcla de ansiedad, ilusión y pertenencia que sólo genera el fútbol. Durante algunas semanas, millones de personas en todo el mundo compartimos una misma conversación.

Sin embargo, alcanza con sentarse unos minutos frente a una pantalla para advertir que algo cambió. Antes de que empiece el partido aparecen publicidades de apuestas, durante la transmisión, incluso las pausas de hidratación parecen en pausas para recordarnos que todavía no apostamos. Al terminar el partido, lo mismo, cuotas especiales, apuestas en vivo y bonos de bienvenida. En las redes sociales, influencers y streamers promocionan plataformas de juego. En los estadios, los carteles publicitarios acompañan cada jugada.

La sensación es difícil de ignorar, ni los jugadores, ni la pelota parecen ser los únicos protagonistas.

Durante décadas las apuestas ocuparon un lugar marginal alrededor del fútbol. Existía el Prode, existían las quinielas deportivas y algunos juegos asociados a los resultados. Pero el partido seguía siendo el centro de la escena. La apuesta era algo accesorio. El fútbol era el espectáculo. Hoy ocurre algo distinto.

Los juegos de apuestas dejaron de acompañar al fútbol para convertirse en la pieza central del negocio. Ya no se apuesta solamente a quién gana o pierde. Se apuesta quién convierte el primer gol, cuántos córners habrá, cuántas tarjetas mostrará el árbitro o qué jugador será reemplazado primero. Cada acción del partido se transforma en una oportunidad para apostar. La industria logró algo mucho más ambicioso que sumar jugadores. Logró transformar al hincha en apostador y convertir cada minuto en una posibilidad de monetización.

Y nada de esto ocurrió por casualidad. Detrás de este fenómeno existe una industria global que mueve miles de millones de dólares y que atraviesa un proceso de expansión acelerada. En 2020 el mercado mundial de apuestas online estaba valuado en más de 65.000 millones de dólares. Para 2027 se espera que prácticamente duplique su tamaño a más de 127.000 millones. Mientras distintos países europeos avanzaron con regulaciones cada vez más estrictas, América Latina se convirtió en uno de los principales territorios de expansión del sector.

Argentina no quedó al margen de esa tendencia. Sólo durante 2023, las diez plataformas que más publicitaron apuestas online invirtieron más de 7.200 millones de pesos en publicidad, sin contabilizar lo destinado a redes sociales o buscadores. La expansión del negocio empieza a producir escenas difíciles de imaginar hace apenas algunos años. Ver una recreación de Diego Maradona mediante inteligencia artificial invitándonos a apostar muestra hasta dónde está dispuesta a llegar una industria que necesita captar nuevos usuarios de manera permanente.

Pero el problema no termina en la saturación publicitaria. El problema empieza ahí. Detrás de cada publicidad, de cada sponsor en una camiseta y de cada promoción que aparece en nuestras pantallas hay una realidad mucho menos visible: el crecimiento explosivo de las apuestas entre adolescentes y jóvenes.

Las historias comienzan a repetirse en escuelas, clubes, familias y consultorios. Padres que descubren que sus hijos apostaron dinero destinado a otra cosa. Docentes que observan cómo las apuestas forman parte de las conversaciones cotidianas entre alumnos. Jóvenes que empiezan apostando pequeñas sumas y terminan acumulando deudas que no pueden afrontar.

La ludopatía dejó de ser un problema asociado a casinos o bingos. Hoy entra por el celular, un dispositivo muy accesible y a mano de los más jóvenes.

Los datos acompañan esa preocupación. Según UNICEF, ocho de cada diez adolescentes ya están expuestos al ecosistema de apuestas online. El 65% de los jóvenes afirma conocer a alguien con problemas vinculados al juego. Uno de cada cuatro adolescentes que apostó alguna vez reconoce haberse endeudado o haber utilizado dinero destinado a otros fines. Y mientras a un adulto puede llevarle años desarrollar una adicción, en los adolescentes ese proceso puede producirse en apenas dos años.

Detrás de cada estadística hay historias concretas. Familias que descubren el problema cuando ya es demasiado tarde. Chicos que empiezan apostando por curiosidad, por presión del grupo o porque un influencer les recomendó una aplicación. Jóvenes que encuentran en las apuestas una falsa promesa de dinero fácil en un contexto económico difícil.

Por eso el debate sobre la ludopatía no puede reducirse únicamente al juego ilegal. 

Por supuesto que las plataformas clandestinas deben ser perseguidas y sancionadas. Pero sería un error creer que allí termina el problema. La enorme mayoría de los usuarios ni siquiera distingue claramente entre sitios legales e ilegales y el mecanismo principal para incorporar nuevos apostadores es la publicidad, si dejamos que siga funcionando sin restricciones estaremos atacando las consecuencias sin abordar las causas.

Hace décadas entendimos que la publicidad del tabaco no era una herramienta informativa. Era un mecanismo para normalizar, expandir y consolidar un consumo potencialmente adictivo. Por eso decidimos limitarla. Con las apuestas online ocurre algo parecido. Si sabemos que la principal puerta de entrada al fenómeno es la publicidad, ¿por qué seguimos discutiendo la ludopatía sin discutir seriamente la publicidad?

Mientras tanto, la industria continúa expandiendo su presencia en cada pantalla, en cada transmisión deportiva y en cada espacio de consumo cultural de los más jóvenes. Las publicidades no buscan simplemente informar sobre una plataforma. Buscan asociar las apuestas al éxito, la diversión, la pertenencia y el deporte. Buscan naturalizar una conducta que puede transformarse en un consumo problemático y captar, cada día, nuevos jugadores.

Hace más de un año la Cámara de Diputados aprobó una media sanción construida a partir del trabajo de especialistas, organizaciones de la sociedad civil, familias afectadas y distintos bloques políticos en el marco de la Comisión de Prevención de Adicciones presidida por Mónica Frade. Entre otras medidas, esa ley prohíbe la publicidad, promoción y patrocinio de apuestas online; establece mecanismos de verificación biométrica de identidad; crea herramientas de autoexclusión y fortalece la protección de menores. La discusión sigue pendiente en el Senado.

Por eso resulta difícil comprender que el proyecto enviado por el Gobierno para prevenir la ludopatía elimine justamente las restricciones a la publicidad de apuestas, la promoción mediante influencers y el patrocinio deportivo, tres de los principales mecanismos utilizados por la industria para captar nuevos apostadores.

El Mundial terminará en unas semanas. Las transmisiones especiales desaparecerán. La conversación pública se moverá hacia otros temas. Pero el problema seguirá ahí. Porque la verdadera pregunta ya no es si la ludopatía constituye un problema de salud pública. La evidencia hace tiempo respondió esa pregunta. La discusión es si estamos dispuestos a poner límites a una industria que obtiene ganancias cuando cada vez más jóvenes apuestan.

Si no actuamos ahora, cuando el problema ya es evidente, en pocos años no solo nos preguntaremos por qué tardamos tanto: vamos a tener que hacernos cargo de las graves consecuencias de haber mirado para otro lado.

MF/JFRD

La reforma de la Ley de Glaciares no sólo reabrió un debate ambiental de alta sensibilidad: también inauguró, de forma inevitable, un ciclo de judicialización que expone debilidades estructurales en su validez constitucional y en su legitimidad democrática. Lejos de aportar previsibilidad, la norma se proyecta como fuente de conflictividad institucional, en tanto compromete el régimen de presupuestos mínimos ambientales, vulnera estándares de participación pública y se aparta de obligaciones internacionales asumidas por el Estado argentino.

No se trata de una hipótesis especulativa. La judicialización ya ha comenzado a materializarse. La demanda promovida por la provincia de La Pampa –en defensa de los recursos hídricos compartidos– y la acción colectiva impulsada por organizaciones de la sociedad civil, que reúne cerca de un millón de adhesiones (convirtiéndose en la más importante de la historia), constituyen manifestaciones tempranas de un proceso que probablemente se profundice en los próximos meses. Ambas iniciativas, desde perspectivas distintas pero convergentes, cuestionan la constitucionalidad de la reforma y anticipan un escenario de litigiosidad compleja, con potencial intervención de la Corte Suprema.

El núcleo del problema reside en la alteración del artículo 41 de la Constitución Nacional. La reforma no eliminó formalmente el régimen de protección de glaciares, pero lo vacía de contenido al desarticular su carácter de presupuesto mínimo. El artículo 41 establece una arquitectura precisa, en cuanto a que corresponde a la Nación fijar estándares ambientales mínimos, mientras que las provincias pueden complementarlos sin reducirlos. Esta lógica –que estructura el federalismo ambiental argentino– es trastocada por una norma que, bajo la apariencia de flexibilidad, está habilitando la fragmentación del estándar protector.

La reforma sustituye un piso uniforme de protección por una multiplicidad de criterios potencialmente divergentes. Lo hace al delegar en las jurisdicciones locales la definición de los ambientes protegidos, condicionar la tutela a verificaciones administrativas y desvirtuar el carácter técnico-científico del Inventario Nacional de Glaciares, permitiendo remover del registro áreas previamente identificadas. El resultado no es un federalismo de concertación, sino un esquema de descentralización que habilita la reducción del nivel de protección ambiental.

Esta mutación normativa no es neutra desde el punto de vista constitucional. La Corte Suprema ha señalado que los presupuestos mínimos establecidos en el artículo 41 de la Constitución Nacional configuran un piso uniforme de protección ambiental que las provincias pueden complementar pero no alterar, y que ninguna interpretación resulta constitucionalmente admisible si vacía de contenido ese esquema. En esa línea, la jurisprudencia ha afirmado que el dominio originario de los recursos naturales por parte de las provincias no resulta incompatible con la potestad nacional de establecer límites ambientales generales. La reforma, sin embargo, invierte esta relación y debilita el núcleo operativo de la ley sancionada en 2010.

Esta cuestión adquiere particular relevancia a la luz del artículo 124 de la Constitución Nacional, que reconoce a las provincias el dominio originario de los recursos naturales existentes en su territorio. Esa cláusula, sin embargo, no puede ser interpretada en términos absolutos ni como una habilitación para adoptar decisiones que proyecten efectos negativos sobre otras jurisdicciones. En el caso de los sistemas glaciares y periglaciares, cuya dinámica excede los límites provinciales y alimenta cuencas interjurisdiccionales, el ejercicio de ese dominio debe armonizarse necesariamente con el régimen de presupuestos mínimos del artículo 41 y con los principios de cooperación y equidad federal. Admitir lo contrario implicaría convalidar que provincias ubicadas en zonas de nacientes puedan, en los hechos, comprometer la disponibilidad y calidad del agua de aquellas que dependen de esos sistemas hídricos, desnaturalizando así el carácter colectivo y compartido de un recurso estratégico.

A ello se suma un segundo eje de cuestionamiento: la vulneración de los estándares de participación pública. La audiencia pública convocada (con una participación masiva –más de 100.000 inscriptos– que evidencia el alto interés social comprometido) no logró garantizar condiciones efectivas de intervención. Limitaciones materiales, reglas cambiantes y criterios poco transparentes de selección de expositores afectaron el carácter sustantivo de la participación. En el derecho ambiental contemporáneo, la participación pública constituye un requisito de validez de las decisiones que pueden afectar el ambiente. Así lo establece la Ley General del Ambiente y, con mayor énfasis, el Acuerdo de Escazú, que obliga a los Estados a garantizar mecanismos abiertos, inclusivos y efectivos en procesos de toma de decisiones ambientales.

La reforma de la Ley de Glaciares se aparta de estos estándares en un contexto particularmente sensible: el de una norma que implica, objetivamente, una regresión en el nivel de tutela ambiental (violando el principio precautorio, el principio de no regresión y las obligaciones asumidas por el Estado argentino en el marco del Acuerdo de Escazú). En tales casos, la exigencia de participación debe intensificarse. En esta situación, la ausencia de un proceso deliberativo robusto debilita la legitimidad política de la ley y refuerza los argumentos para su impugnación judicial.

Desde esta perspectiva, la invocación del Acuerdo de Escazú adquiere centralidad. Este instrumento, con jerarquía supralegal en el ordenamiento argentino, impone obligaciones concretas en materia de acceso a la información, participación pública y acceso a la justicia en asuntos ambientales. La reforma cuestionada aparece difícilmente compatible con estas exigencias, tanto por las deficiencias del procedimiento como por sus efectos sustantivos.

En la misma línea, la reforma también resulta difícilmente compatible con los compromisos asumidos por la Argentina en el marco del acuerdo entre el Mercosur y la Unión Europea, que establece que las partes no deben debilitar sus niveles de protección ambiental con el objeto de promover el comercio o la inversión. Introducir una flexibilización regresiva en un régimen de presupuestos mínimos ambientales expone al país a cuestionamientos en el plano internacional.

En este contexto, las acciones judiciales en curso no deben interpretarse como episodios aislados, sino como la manifestación de un problema estructural. Cuando una norma se sanciona con déficits de legitimidad, con fundamentos técnicos insuficientes y en tensión con el marco constitucional e internacional vigente, la judicialización se vuelve una consecuencia altamente esperable.

Paradójicamente, ello afecta uno de los objetivos que la propia reforma dice perseguir: la previsibilidad. Lejos de generar certezas, una ley expuesta a cuestionamientos constitucionales abre un escenario de incertidumbre regulatoria, con posibles medidas cautelares, suspensión de proyectos y redefiniciones judiciales del marco normativo. La experiencia comparada es clara en este punto: la seguridad jurídica no se construye debilitando estándares ambientales, sino consolidándolos sobre bases legítimas y estables.

En este punto, conviene despejar un supuesto implícito en el argumento oficial: que el régimen vigente constituía un obstáculo para el desarrollo de la actividad minera. La evidencia disponible muestra lo contrario. La minería en la Argentina ha experimentado un crecimiento sostenido en los últimos años bajo la vigencia de la Ley de Glaciares, lo que indica que el marco normativo existente no sólo no impedía el desarrollo de la actividad, sino que lo hacía posible dentro de reglas claras y conocidas. 

La judicialización abre, en definitiva, un conjunto de interrogantes que la justicia deberá resolver. ¿Puede el Congreso reformular los presupuestos mínimos hasta el punto de volverlos dependientes de decisiones administrativas locales? ¿Es compatible con el artículo 41 una norma que habilita, en los hechos, la fragmentación del estándar de protección ambiental? ¿Dónde se traza el límite del dominio originario del artículo 124 cuando están en juego recursos hídricos interjurisdiccionales? ¿Puede una reforma regresiva en materia ambiental sostenerse frente a las obligaciones asumidas por el Estado argentino en el marco del Acuerdo de Escazú y del Acuerdo Mercosur-Unión Europea?

De la respuesta a estas preguntas no depende sólo la validez de una ley, sino la dirección que asumirá el desarrollo en la Argentina: el futuro de las economías regionales, la reafirmación del modelo ambiental constitucional y el lugar que ocupará la cuestión ambiental como eje estructurante de ese desarrollo.

MG