Nenas como cuerpos, el cuerpo como una cosa

Esta última semana los medios se llenaron de reflexiones sobre la figura del femicidio. Algunos justamente preparados y argumentados, otros desde una peligrosa y animosa ignorancia. Pero lo que no deja de sorprenderme es la escasa responsabilidad que se le concede al Estado en esto. Noelia Carolina Romero, una chica de 30 años llamó al 911 y pidió ayuda porque su novio la tenía secuestrada y tenía miedo. Fue el sábado 31 de mayo, en una casa de Temperley. Cuando llegaron los efectivos, el hombre abrió apenas la puerta, dijo que estaba todo bien y volvió a cerrarla. Adentro se escuchaba a Noelia. Los policías se quedaron en la vereda esperando una orden judicial que no necesitaban —un delito en curso no la requiere, se denomina delito en flagrancia— y cuando finalmente entraron, ella ya habia sido asesinada por Tomás Adrián Núñez, su pareja. 

Este caso no podría ser más gráfico de cómo se estructura la violencia sobre las mujeres en nuestro país: No es que el Estado llegó tarde, el Estado estuvo en la puerta y eligió no cruzarla. Y si a eso le sumamos la dimensión de clase, el problema se profundiza. No porque la clase defina a quién protege y a quién abandona —está claro que todo el aparato estatal está muy lejos de entender el problema siquiera para abordarlo—, sino porque define cuán visible se vuelve ese abandono.

Agostina Vega tenía 14 años y vivía en General Mosconi, un barrio obrero de la ciudad de Córdoba. Salió de su casa el sábado 23 de mayo hacia alguien conocido: Claudio Barrelier, ex pareja de su madre, principal sospechoso, un hombre con antecedentes graves por violencia de género al que habían dejado libre. La Alerta Sofía se activó cuatro días después. La familia llevaba una semana pidiendo que la buscaran cuando aparecieron los 250 efectivos, los perros, los drones, las 240 hectáreas rastrilladas. Para entonces ya no buscaban a Agostina. Buscaban lo que quedaba de ella. Cuatro días es lo que tarda la respuesta cuando la chica es de un barrio obrero. 

Pero todavía se puede bajar un escalón más. Mientras el país miraba Córdoba, en Eldorado, Misiones, Dulce María Beatriz Candia llevaba más de diez días desaparecida y casi nadie se había enterado. Tenía 17 años. La encontraron asesinada en una obra abandonada. No hay detenidos, no hubo operativo masivo, no hubo cobertura sostenida. Si en un barrio popular de Córdoba se demoran unos días, en el interior profundo de nuestro país las búsquedas se hacen en silencio y los hallazgos llegan por casualidad.

Y en el fondo, del fondo, está Delicia Mamani Mamani. Estudiante de magisterio que con 25 años sigue desaparecida desde noviembre de 2025. Su familia es migrante boliviana y vive en un cortadero de ladrillos. Cuando su madre, que habla quechua y no domina el español escrito, fue a denunciar que su hija no aparecía, no le tomaron la denuncia. Seis meses después, el caso sigue sin resolución y se sostiene únicamente porque la comunidad educativa de Delicia se niega a dejarlo morir. Si dependiera del Estado, Delicia ya no existiría en ningún registro. Mujer, pobre, migrante, con discapacidad: acumuló todas las marcas que el sistema lee como permiso para no buscar.

La pobreza, el interior, el origen y la lengua no cambian lo que el Estado hace —abandonar—, cambian si ese abandono llega a verse alguna vez. Y se vuelve invisible porque a esos cuerpos ya se los trataba como prescindibles mucho antes de que aparecieran muertos. Nenas como cuerpos, el cuerpo como una cosa: algo que recién entra en el registro del Estado cuando se vuelve prueba, cuando hay que rastrillarlo en un descampado o anotarlo en una causa. Mientras respira, mientras pide ayuda, no cuenta como una vida que valga la pena mirar.

La filósofa italiana Adriana Cavarero llama horrorismo a la violencia que no se conforma con matar, sino que deshace la forma humana del cuerpo hasta convertir a la persona en cosa. Lo que esa violencia produce no se agota en quien muere: les habla a todas las que siguen vivas. Les enseña dónde están paradas. Y el Estado, cuando se queda en la vereda, cuando demora la alerta, cuando no le toma la denuncia a una madre que habla quechua, no contradice ese mensaje. Lo confirma.

Por eso resulta tan obsceno que, en simultáneo, la senadora Carolina Losada impulse un proyecto que propone hasta seis años de prisión para quienes denuncien “falsamente” violencia de género. Sobre más de ocho millones de causas penales analizadas en 17 provincias, apenas el 0,09% correspondió a investigaciones por supuestas falsas denuncias, y ese porcentaje ínfimo refiere en su mayoría a conflictos patrimoniales, no a violencia de género. El dato desarma la premisa entera. Lo que el proyecto hace, con precisión quirúrgica, es convertir la denuncia en riesgo. A las mujeres que ya dudan si pedir ayuda —porque saben que del otro lado puede no haber nadie— se les agrega ahora la amenaza de terminar presas por haberlo intentado.

El 3 de junio se cumplen once años del primer Ni Una Menos. En 2015 algo cambió: el femicidio dejó de ser una rareza para volverse una categoría legal, política, cotidiana. Lo nombramos, lo discutimos, lo contamos. Y sin embargo a Noelia, a Agostina, a Dulce y a Delicia las abandonaron igual. Ese “igual” es lo que hay que mirar de frente: nombrar la violencia no alcanza si el Estado que debería intervenir se queda mirando desde la vereda. Por eso volvemos a marchar, como cada año, para exigirle a ese Estado que escucha del otro lado de la puerta que de una vez buena vez, la cruce.

AK

Se nos hace cuesta arriba tener que defender lo obvio, y todo el tiempo. Defender lo que ya existe y de repente hay que justificar ante quien solo habla el idioma de la rentabilidad. Defender ante la pregunta de cuánto cuesta, como si ese fuera el único número que importa y todo el resto fuera sentimentalismo, cooperativismo, o nostalgia mal administrada. Defender lo que te hizo pensar cómo pensás, lo que hizo posible que alguien sin apellido reconocido ni capital heredado pudiera, de todas formas, producir ideas que tuvieran peso, con sólidos argumentos y con la posibilidad real de interpelar al mundo. 

Es difícil defender entre tanta precariedad y estrés colectivo, y sin embargo hay que hacerlo, porque lo que está en juego cuando se discute el financiamiento de la universidad pública no es un dato presupuestario: es un hecho político. Defendemos quién tiene derecho a saber, a preguntar, a que sus ideas sean tomadas como válidas, porque lo que organiza toda la lógica del ajuste, es que ese derecho debería pertenecer a quienes pueden comprarlo, porque en el fondo lo que no soportan, como diría Matías Rioja, es que cualquiera pueda poder.

Privado, en su origen, no significa exclusivo ni reservado para los que pueden pagarlo, significa despojado, arrancado de los demás: es la sustracción activa de algo que era colectivo. Público, en cambio, significa perteneciente a la gente y no a un grupo ni a quienes se lo ganaron, sino a cualquiera; y cualquiera, etimológicamente, es el elemento indiferenciado de un conjunto, el que llega sin apellido que lo preceda ni capital que lo habilite ni barrio que lo clasifique antes de que abra la boca. 

La universidad pública es el lugar donde ciertos sectores acceden, por primera vez en su historia familiar, a producir conocimiento con estatuto, con el peso institucional suficiente para que lo que uno piensa deje de ser “opinión” o “creencia” y se convierta en argumento, en hipótesis, en categoría analítica que puede interpelar a quienes tienen el poder de cambiar algo. 

Aníbal Quijano llamó colonialidad del saber a la clasificación racial y geográfica de quién es capaz de producir teoría, ciencia y pensamiento universal; y quién sólo puede producir folklore, creencia, tradición local, saberes que no viajan ni abstraen, y que no alcanzan el estatuto de verdad porque vienen de los cuerpos y los territorios que el orden colonial clasificó como inferiores; y que hoy, el orden neoliberal lo re clasifica como ineficientes, poco rentables y subsidiados. Lo que esta noción nos permite ver (a pesar de que el debate presupuestario sistemáticamente lo evita) es que la universidad pública en Argentina fue, históricamente, una de las pocas instituciones donde esa jerarquía se podía fracturar, donde alguien que no venía del “lado correcto” del mapa colonial del conocimiento igual podía producir un argumento con suficiente peso y respaldo institucional.

Esa fractura que la universidad pública hace posible no es sólo epistemológica, no se agota en quién tiene derecho a producir conocimiento “válido”. Lo más urgente y peligroso es la otra posibilidad que puede abrir o cerrar el acceso a la universidad pública, porque determina quién tendrá (o no) derecho a imaginar el futuro, a disputarlo, a proponer que las cosas podrían ser de otra manera, y a hacerlo realidad.

Arjun Appadurai tiene un nombre para esto: capacidad de aspirar, que no es un rasgo psicológico individual sino un bien cultural que se aprende, que se ejercita, que se acumula o se atrofia según las condiciones materiales y simbólicas en que uno vive, y lo que esa noción permite ver es una asimetría que va mucho más allá de quién tiene dinero: los sectores con más recursos acumulan también la posibilidad de proyectarse en el tiempo, de imaginar escenarios que excedan la urgencia inmediata, y de formular preguntas sobre el futuro en lugar de solo administrar el presente.

En cambio, quien no puede imaginar futuros alternativos tampoco puede disputarlos, ya que no tiene los marcos conceptuales para nombrar lo que falta ni para argumentar que las cosas podrían ser de otra manera. La universidad pública fue, durante décadas, el dispositivo a través del cual esa capacidad se redistribuía hacia sectores que solo gracias a ella tuvieron acceso a las herramientas suficientes para leer el mundo de otra manera, para hacer preguntas que el mercado no hace porque sus respuestas no son rentables.

Y si la capacidad de aspirar es un bien cultural que se distribuye de manera desigual, la pregunta que sigue es qué pasa cuando el propio horizonte de lo posible se achica, cuando no es solo que algunos tienen menos herramientas para imaginar el futuro sino que el clima cultural dominante decreta que ciertos futuros directamente no existen, que son ingenuos, ideológicos, o que son un lujo que no nos podemos dar.

Mark Fisher llamó realismo capitalista a esa condición en la que resulta más fácil imaginar el fin del mundo que el fin del capitalismo, y lo que esa descripción captura no es solo un dato sobre la imaginación colectiva, sino sobre el clima ideológico en el que se inscribe cualquier debate sobre lo público, incluido este, porque cuando lo único imaginable es lo que el mercado puede costear, lo que se produce no es solo una decisión presupuestaria sino el achicamiento deliberado del horizonte de lo posible.

Lo que el neoliberalismo hace, y lo que el debate sobre el financiamiento universitario reproduce sin nombrarlo, es naturalizar que hay preguntas que no merecen ser financiadas porque sus respuestas no tienen precio de mercado. Que el valor de enseñar algo se mide sólo por lo que ese algo vale en el mercado de trabajo y no por lo que habilita en términos de comprensión del mundo. Porque quien no puede pagar ese acceso simplemente no estaba destinado a hacerse esas preguntas.

¿Qué pasa cuando en el discurso público (en el “sentido común”) se instala la idea meritocrática que asegura que estudiar no es un derecho, es una posibilidad para quienes pueden pagarlo, y si no, es un gasto que atenta contra el equilibrio fiscal? ¿Qué queda de la política cuando el horizonte de lo posible se achica hasta coincidir sólo con lo que el mercado puede costear y nada más? Nos, me pregunto si sabemos lo que estamos dejando ir cuando dejamos que esta discusión se quede en los números, si entendemos que lo que se está disputando ahora no es solo un presupuesto, sino quiénes van a tener derecho a hacer esas preguntas, a sostenerlas, a convertirlas en algo que el mundo tenga que escuchar.

Defender la universidad pública es, en todo momento, y en todo lugar, defender que cualquiera pueda poder.