El sector de las librerías advirtió que está en peligro de supervivencia por la iniciativa del Gobierno de desregular el precio de los libros, lo que favorecería a los grandes comercios y la compra/venta virtual.

La gestión de Javier Milei impulsa la derogación de la ley 25.542, que regula el precio uniforme de venta de los libros en Argentina, lo que lógicamente encendió la alarma en todo el sector editorial.

Según trascendió, libreros, editores y cámaras del libro comenzaron una ronda de contactos con legisladores para intentar frenar la iniciativa impulsada por el ministro de Desregulación y Transformación del Estado, Federico Sturzenegger.

La norma establece un precio uniforme para los libros durante un período determinado desde su lanzamiento, para impedir que las grandes cadenas comerciales utilicen fuertes descuentos como estrategia para atraer clientes y desplazar a las librerías independientes. Para los libreros, derogar esta norma pondría en un punto “terminal” al sector.

Entre las voces que salieron a cuestionar la iniciativa estuvieron la diputada del Frente de Izquierda Myriam Bregman y el legislador de la Coalición Cívica Maximiliano Ferraro, quienes coincidieron en que la medida favorecería la “concentración” del mercado editorial.

Cecilia Di Gioia, dueña de Kokoro Libros, planteó a elDiarioAR que el Gobierno “busca derogar una ley de protección en la que todos los integrantes de la cadena del libro acuerdan cuidar desde su sanción”.

“Me imagino lo jodido que debe ser para las pequeñas librerías de todo el país, porque la derogación de esta ley también las afecta; hay un montón de librerías de pueblo que son orgullo de amor al laburo y resistencia”, lamentó.

Cecilia además advirtió que “esto recién empieza” y que se iniciaron contactos con diputados de la oposición, buscando consensuar una estrategia de resistencia.

Desde Vinilo Editora, se ponderó que “la diversidad de editoriales, librerías y títulos que existe en Argentina, es única en el mundo, es nuestro orgullo y marca de identidad cultural; esta ley protege a la actividad librera y permite esta producción variada y de calidad”.

“Quieren derogar una ley que al Estado no le cuesta nada. La ley de defensa de la actividad librera es apreciada por toda la cadena de valor del libro (porque) permite competir en igualdad de condiciones a todas las librerías, ya que el precio de venta lo pone el editor y es el mismo para todos”, fundamentó la editorial desde su cuenta de Instagram. En el texto, se señala que la normativa en vigencia “permite que los locales de barrio y las grandes superficies compitan en igualdad de condiciones” en tanto que “sin esta ley, va a prevalecer la venta por Mercado Libre, guiada por el algoritmo”.

El posteo concluyó afirmando que “es falso que el libro esté caro, nadie se hace rico vendiendo libros, (ya que) el margen de ganancia es mínimo. El libro no es caro, el poder adquisitivo del lector es cada vez menor”, en relación a la situación económica general.

Alejandro Dujovne, director del Centro de Estudios y Políticas Públicas del Libro (EIDAES-SCCyT) de la Universidad Nacional de San Martín, señaló a elDiarioAR que “en estos días hay una pregunta que se repite en todas las conversaciones del mundo del libro: ¿por qué el Gobierno está tan interesado en derogar esta ley? ¿Por qué la obstinación?”.

Dujovne, investigador de CONICET, expresó que “resulta difícil saber si es parte de su cruzada ideológica, o si detrás de la avanzada se esconden intereses de actores externos al ecosistema editorial, o si se trata de las dos cosas a la vez”.

“Creo, sin embargo, que hay otra pregunta más útil, y es la que el gobierno debería hacerse: por qué el sector en su conjunto, editoriales y librerías, autores y distribuidores, grandes y chicos, la defiende. La respuesta es sencilla: porque no hay regulación más sistémica que esta”, indicó.

“No hay otra norma que, tocando un solo punto –el modo en que se fija el precio de los libros–, tenga un efecto tan virtuoso sobre todos los eslabones de la cadena”, ponderó Dujovne.

“Mientras en otros países de la región pelean desde hace años por conseguir una ley como la nuestra, acá la tenemos. Ahora nos toca defenderla”, concluyó.

José “Perico” Pérez, librero, editor y titular de la librería Homo Sapiens de Rosario, recordó que “esa ley logró aprobarse casi por unanimidad el 27 de noviembre de 2001 y todos los sectores la acompañaron porque entendieron que protegía un bien cultural y no un privilegio para las librerías”.

“Cuando llegó Carrefour, empezó a vender los llamados ‘libros de punta’, los títulos más vendidos de las grandes editoriales, con descuentos del 40 o 50 por ciento. No les importaba perder dinero porque el objetivo era atraer clientes para venderles otros productos. Para una librería independiente era imposible competir en esas condiciones”, recordó.

Sobre ello, alertó que “esos títulos son los que permiten hacer caja y sostener económicamente una librería. Si esos libros se venden por debajo de su precio en grandes cadenas, las librerías dejan de ser viables”.

“Se instala la idea de que el libro será más barato, pero esa es una trampa para el lector. Lo que termina desapareciendo es la bibliodiversidad: dejan de circular muchos autores y autoras porque sólo permanecen los títulos de mayor volumen de venta”, sostuvo.

También remarcó que las librerías cumplen una función cultural que no puede reemplazarse únicamente por plataformas de venta por internet: “Cada librería organiza presentaciones de libros, charlas, actividades culturales y genera un vínculo con los lectores. Existe lo que llamamos la autoridad del librero, que recomienda obras más allá de los grandes éxitos editoriales y acerca autores que de otra manera muchas personas nunca conocerían”.

Pérez incluso apuntó que la norma que se pretende derogar “no requiere subsidios ni gasto público, es simplemente una regulación que viene funcionando desde hace más de veinte años. No tiene sentido modificar algo que funciona”.

Finalmente indicó que representantes del sector ya mantuvieron reuniones con diputados y senadores nacionales de distintos bloques. “La recepción fue muy buena. Sabemos que, si finalmente ingresa un proyecto, deberá pasar por el Congreso y queremos llegar preparados a ese debate”, señaló.

Pérez advirtió que la iniciativa llegaría en uno de los momentos más delicados para toda la cadena editorial. “Hoy la situación es compleja para librerías, editoriales, autores y distribuidoras. Una medida de este tipo sería casi terminal para muchísimas librerías del país”, sostuvo.

Bregman fustigó que el Gobierno “vuelve con su obsesión” de avanzar contra la cultura, y recordó que una medida similar ya había sido impulsada en el DNU 70/23 en la Ley Bases original, aunque finalmente no prosperó.

“Esto pondrá en peligro la continuidad de cientos de librerías en todo el país por la eliminación del precio único del libro”, afirmó la diputada, y adelantó que desde la izquierda convocarán a autores, editoriales y libreros para impulsar acciones contra la propuesta oficial.

Ferraro también rechazó la iniciativa y cuestionó duramente a Sturzenegger. “No tiene idea, y tampoco le interesa comprender, lo que representa el libro para la Argentina”, sostuvo el diputado nacional.

“El objetivo es claro: beneficiar a unos pocos, concentrar el mercado y debilitar la diversidad editorial que caracteriza a la Argentina”, sostuvo, al tiempo que advirtió sobre el riesgo de avanzar hacia un modelo dominado por grandes cadenas comerciales y supermercados en detrimento de las librerías de cercanía.

Por su parte, Tamara Cefaratti, de Vuelvo al Sur, acercó a elDiarioAR un comunicado consensuado por el sector, que proclama, respecto de esta derogación, que “ninguno de los actores relevantes de la cadena –autores, editores, distribuidores, libreros, promotores de la lectura– lo ha solicitado, ni ahora ni antes. No hay un mercado cautivo esperando ser liberado”.

“El Estado no fija el precio de ningún libro. Lo fija el editor o el importador, en ejercicio de su autonomía, y la ley solo garantiza que ese precio se respete de manera uniforme en toda la cadena minorista. No es un precio administrado ni una planificación cultural: es una regla que impide que el libro se use como ”producto gancho“ para capturar el mercado. Es, además, la regla que rige en Francia, Alemania, España, Italia, Portugal, Japón y Corea del Sur”, aseveró.

CC/MG