En 1968, Philip K. Dick publicó ¿Sueñan los androides con ovejas eléctricas?, la novela que años más tarde inspiró la película Blade Runner. En ese mundo devastado, los androides trabajan, obedecen y producen mientras son tratados como seres descartables. La pregunta que recorre la historia obliga a pensar quién decide qué vidas importan, quién puede tener futuro y quién está condenado a cumplir una función hasta quedar fuera de servicio.

Más de medio siglo después, esa pregunta se mete de lleno en el mundo del trabajo. Miles de jóvenes recorren las ciudades en bicicleta o moto, pendientes de una pantalla que asigna pedidos, calcula tiempos, mide rendimientos y puede bloquearlos sin explicaciones. Las empresas les dicen que son “socios”, “colaboradores” o “emprendedores”. La plataforma fija las reglas, organiza las tareas, controla el desempeño y determina cuánto cobran. Hay relación de dependencia, aunque las aplicaciones la oculten detrás de una ficción tecnológica.

Según el artículo Algoritmos, trabajo precario y poder, de Sofía Scasserra y Leandro Giri, las plataformas presentan “el trabajo como independiente, la subordinación como autonomía y la explotación como oportunidad”. La patronal parece haber desaparecido, pero sigue ahí. Ahora tiene la forma de un algoritmo opaco que sabe todo sobre el trabajador mientras éste desconoce los criterios que organizan su jornada.

Ahí aparece la trampa política de la derecha. Muchos pibes vieron a sus padres dejar la vida en trabajos mal pagos, viajar durante horas y llegar agotados a fin de mes para estar cada vez peor. Javier Milei toma ese rechazo legítimo y lo dirige contra los convenios, los sindicatos y los derechos laborales. Presenta la registración y la organización colectiva como obstáculos, mientras preserva intacto el poder de las empresas.

Quienes recién empiezan a trabajar ingresan a un mercado atravesado por la informalidad, los salarios bajos y la inestabilidad. Según el informe Jóvenes vulnerables en la Argentina 2026, elaborado por la UBA, casi la mitad de los jóvenes de entre 18 y 29 años se encuentra en una situación de vulnerabilidad. Entre quienes trabajan, apenas el 15,3% tiene un empleo registrado, mientras que el 46,1% trabaja en negro.

Esa falta de estabilidad también atraviesa la vida cotidiana. El mismo informe señala que más del 70% manifiesta sufrir nervios o ansiedad con frecuencia y más de la mitad atraviesa situaciones de tristeza, desgano o depresión. La dificultad para conseguir un trabajo estable, sostener ingresos y proyectar a largo plazo forma parte de una experiencia generacional cada vez más extendida.

Esos números hablan de una generación que literalmente hace lo que puede, acepta el trabajo que aparece y organiza su vida alrededor de ingresos que nunca están garantizados. Vacaciones, aguinaldo, licencias, obra social y aportes jubilatorios quedan fuera del alcance. El pluriempleo, las jornadas de 12 horas (o más) y el trabajo durante los fines de semana pasan a formar parte de la rutina.

A esa realidad se suma un discurso que responsabiliza a cada trabajador por su propia situación. La falta de empleo se atribuye a una supuesta falta de capacitación. Los salarios bajos, a la falta de esfuerzo. La frustración social queda convertida en culpa individual, mientras las empresas imponen condiciones cada vez más duras y trasladan todos los riesgos hacia abajo.

Silvina Merenson y Pablo Semán describen este proceso como un “acortamiento de los plazos de las previsiones”. Sus investigaciones muestran cómo la incertidumbre reduce los márgenes para proyectar a largo plazo y obliga a tomar decisiones con tiempos cortos y altos costos potenciales. La vivienda, los estudios y hasta decisiones cotidianas quedan atravesados por esa inestabilidad.

El futuro se achica. Conseguir un trabajo o mejorar el que ya tienen aparece como el principal objetivo para los próximos cinco años, seguido por la posibilidad de acceder a una casa propia. Formar una familia queda mucho más atrás. Esos datos chocan con discursos como el de la vicejefa de Gobierno porteño, Clara Muzzio, que vinculó la caída de la natalidad con la ESI, el aborto y las políticas de género. El informe de la UBA muestra otra dimensión del problema, las condiciones materiales que restringen la posibilidad misma de proyectar a largo plazo.

El movimiento obrero tiene que mirar de frente esa realidad. Durante generaciones, la lucha estuvo ligada a la idea de que los hijos pudieran vivir mejor, estudiar, descansar, tener una vivienda y elegir su propio camino. Hoy, hasta esas aspiraciones elementales aparecen presentadas como privilegios imposibles.

Sobre este escenario, el gobierno nacional impulsó una reforma laboral. La informalidad entre asalariados alcanzó el 37,7% en el segundo trimestre de 2025, según el Indec. Milei promete que una mayor “flexibilidad” generará empleo. En los hechos, la reforma facilita despidos, debilita convenios, reduce indemnizaciones y amplía el poder de las empresas.

El objetivo es extender al conjunto del mercado laboral las condiciones que ya padecen millones de trabajadores de plataformas, monotributistas forzados y empleados en negro. La precariedad aparece presentada como modernización y la pérdida de derechos como libertad individual.

Los derechos laborales fueron conquistados con organización, huelgas y movilizaciones. La tarea actual exige defenderlos y ampliarlos hacia quienes quedaron afuera. Hay que organizar a los trabajadores informales, a quienes facturan para encubrir una relación de dependencia y a quienes reciben órdenes a través de una app.

Ese desafío también obliga a transformar a los sindicatos. Muchos jóvenes los observan con desconfianza porque encuentran dirigentes alejados de sus problemas y estructuras que no llegan hasta sus lugares de trabajo. Recuperar ese vínculo requiere presencia, escucha y participación real. Los repartidores y trabajadores de plataformas necesitan espacios propios para organizarse y decidir.

El Frente de Izquierda Unidad presentó un proyecto de ley alternativo a la reforma laboral de Milei. La iniciativa declara la Emergencia Laboral Nacional, prohíbe los despidos sin justa causa, plantea el pase a planta de trabajadores precarizados y establece una jornada máxima de seis horas diarias o treinta semanales sin reducción salarial. También crea un Programa de Primer Empleo Joven sin Precarización para trabajadores de 18 a 25 años, con plena registración, igual salario por igual trabajo y todos los derechos laborales y sindicales. A esto suma un plan nacional de obras públicas, urbanización y construcción de 500 mil viviendas que, según el proyecto, generaría más de dos millones de puestos de trabajo.

Scasserra y Giri sostienen que los algoritmos “no solo implementan decisiones patronales, son decisiones patronales”. La organización sindical también tiene que intervenir sobre ese terreno. Hay que exigir transparencia algorítmica, acceso a los datos y negociación sobre los criterios que asignan pedidos, determinan ingresos o bloquean cuentas.

La pelea contra la reforma laboral tiene que frenar la destrucción de los derechos existentes y, al mismo tiempo, recuperar una idea elemental. El trabajo debe permitir vivir, construir proyectos, compartir tiempo con los demás y pensar en el futuro.

En Blade Runner, los androides descubren que fueron fabricados con una vida útil limitada. A los jóvenes de hoy les ofrecen un horizonte parecido, hecho de adaptación permanente, competencia y resignación. La tarea del movimiento obrero es romper ese destino, organizar a quienes el capital quiere aislados y volver a abrir una perspectiva de futuro.