La bióloga argentina Nadia Boscarol navegó el río Bermejo en kayak en 2017, 2018 y 2024, bajó por el río Paraná desde Formosa hasta Buenos Aires remando durante un mes y recorrió el río Santa Cruz. Esa cercanía con el agua atraviesa también su carrera, que pasó por un laboratorio de neurofarmacología del Consejo Nacional de Investigaciones Científicas y Técnicas (Conicet), el Zoológico de Buenos Aires y casi 20 años en la Secretaría de Ambiente de la Nación, la mayoría trabajando con humedales. Boscarol además es una de las más de 60 activistas y kayakistas que remaron 350 kilómetros por el Delta del Paraná en agosto de 2021 para llevar al Congreso argentino una petición firmada por más de 300 organizaciones exigiendo una Ley Nacional de Humedales.

Formado por sedimentos que arrastra el río Paraná, el Delta se extiende entre las provincias de Santa Fe, Entre Ríos, y Buenos Aires, en el centro-este del país, creando un entramado de islas, lagunas y arroyos que integran uno de los humedales más importantes de Argentina y una ecorregión de 5.6 millones de hectáreas. Además de su biodiversidad, sus humedales ayudan a regular inundaciones, filtrar contaminantes y abastecer de agua a las localidades linderas. La protección de este sistema ha sido objeto de un extenso debate legislativo: desde 2013 se han presentado sucesivos proyectos de Ley de Humedales para su protección, que nunca han llegado a aprobarse. Bajo el gobierno de Javier Milei, la iniciativa no forma parte de la agenda legislativa nacional y ha perdido centralidad en el debate político.

Leer más | Argentina: las ballenas jorobadas regresaron al Canal Beagle en busca de alimento

Boscarol, con 64 años, coordina el programa Corredor Azul de la Fundación Wetlands International y advierte que ese ecosistema. que cubre de 14 000 kilómetros cuadrados, está bajo una presión múltiple y creciente. “Los humedales son como los riñones del planeta”, dijo en conversación con Mongabay Latam. “Nadie les presta atención hasta que empiezan a fallar”.

A esa presión se suman, en los últimos años, el endicamiento (represamiento de un cuerpo de agua) para ganadería y el relleno artificial para la construcción de viviendas privadas que están transformando el humedal. Además, en noviembre de 2024, el gobierno de Javier Milei abrió una licitación internacional para concesionar por 25 años la hidrovía Paraná-Paraguay, el corredor fluvial por donde circula el 80 % de las exportaciones argentinas y cuyo tramo inferior atraviesa el Delta del Paraná. Este primer proceso quedó sin efecto en febrero de 2025, tras denuncias de supuestas irregularidades.

Diez meses después, la Agencia Nacional de Puertos y Navegación (ANPyN) convocó a un nuevo proceso de licitación que culminó el 18 de junio con la adjudicación al consorcio Jan De Nul N.V.. Según el Pliego de Especificaciones Técnicas, la segunda etapa de obras de dragado sobre la hidrovía, profundizará el lecho del río a 40 pies (12.19 metros) en el tramo Timbúes-Paraná de las Palmas. Desde el Canal Emilio Mitre, que atraviesa el Delta del Paraná, la profundidad prevista es de 39 pies (11.89 metros). Todo esto, advierte Boscarol, sin estudios de impacto ambiental actualizados ni información pública sobre cómo se realizaría la modificación del lecho del río. Las Bases y Condiciones del pliego sólo exigen los permisos ambientales si el concesionario decide profundizar aún más, hasta 42 o 44 pies (12.81 y 13.41 metros), en el tramo hacia el Canal Emilio Mitre.

Además, el “Informe de Gestión y Evaluación Ambiental de la Vía Navegable Troncal” sometido a audiencia pública en noviembre de 2025, aclara explícitamente no ser una Evaluación de Impacto Ambiental y se apoya en planes de gestión ambiental que datan de 2007 y 2011 para el dragado a 36 pies.

El 15 de mayo de 2026, la Procuraduría de Investigaciones Administrativas (PIA) presentó un dictamen ante la Fiscalía Federal N°9 en el que advirtió que la licitación avanzó sin Evaluación de Impacto Ambiental y en incumplimiento del Acuerdo de Escazú (tratado regional que garantiza el acceso a la información ambiental y la participación ciudadana, al cual Argentina adhirió en 2021), tras recibir presentaciones de organizaciones ambientales y consorcios portuarios. Con ese dictamen como respaldo, organizaciones presentaron una medida cautelar ante el Juzgado Federal N°7 para suspender el proceso de licitación. Sin embargo, el fiscal Guillermo Marijuan rechazó la cautelar y el proceso siguió su curso.

Boscarol habló con Mongabay Latam sobre los riesgos que enfrenta el Delta del Paraná frente al dragado de la hidrovía Paraná-Paraguay, recién adjudicada por el gobierno argentino.

—¿Qué hace al Delta especial?

—El Delta del Paraná es lo que se llama un humedal fluvial, asociado a un río de llanura que serpentea con muy poca pendiente y que periódicamente se desborda. Cuando eso pasa, el agua queda retenida en lo que se llama el valle de inundación y forma los humedales. Es un sistema vivo y en permanente movimiento. El río Bermejo arrastra desde las montañas de Bolivia una cantidad increíble de sedimentos que llegan al [río] Paraguay y de ahí al Paraná, y eso hace que haya islas que se forman y otras que desaparecen. Yo lo navegué en kayak varias veces y nunca es igual de un año al otro.

Cuando el río desborda, las lagunas que quedan en los humedales funcionan como criaderos naturales, el sábalo (Prochilodus lineatus) desova ahí, las larvas se crían protegidas y al año siguiente vuelven al río como peces adultos. De esas lagunas viven miles de familias de pescadores artesanales en toda la zona de Victoria [en Entre Ríos], Rosario [en Santa Fe] y el Delta de la provincia de Buenos Aires, que salen con su bote, ponen el espinel y venden lo que sacan. Además, el humedal funciona como una esponja que regula las inundaciones y como purificador natural del agua, a través de bacterias y vegetación que filtran contaminantes antes de que lleguen a las plantas potabilizadoras.

—Según un informe del Instituto Nacional del Agua, la bajante extraordinaria del Paraná que comenzó en 2020 generó impactos críticos en el Bajo Delta, incluyendo la inaccesibilidad de cursos de agua y dificultades de abastecimiento en comunidades. Desde el programa Corredor Azul, ¿cuál es su diagnóstico?

—Lo que nosotros seguimos de cerca son los endicamientos. Cada cinco años hacemos un mapeo satelital de cómo avanzan en el Delta y lo que vemos es preocupante. Según nuestra última actualización de 2025, el 14 % de la superficie del Delta ya se encuentra endicada, casi dos millones de hectáreas encerradas por terraplenes. Cuando alguien construye un dique para sembrar soja o para tener ganado todo el año, o rellena un humedal para hacer un barrio privado, esa esponja desaparece, pero el agua no desaparece, va a otro lado, siempre al lugar más bajo, donde vive la gente más vulnerable.

—¿Entonces los endicamientos son la principal causa de la crisis?

—No hay una sola causa y es difícil decir “esto sucede acá por este motivo”. El cambio climático está ahí, pero el sistema también es muy plástico y elástico. Lo que sí podemos decir es que estamos acumulando estresores más rápido de lo que el sistema puede adaptarse, y a eso le sumas que seguimos interviniendo en el sistema. Si yo aumento la profundidad del canal de navegación, el agua se va más rápido y no llega a alimentar a los humedales. Y nosotros necesitamos que esa agua permanezca.

—Con la concesión de la hidrovía ya adjudicada, ¿qué encontró al revisar el pliego definitivo respecto a los estudios de impacto ambiental?

—Lo que encontramos con la hidrovía es que las audiencias públicas y los estudios de impacto ambiental han perdido su sentido originario. El pliego técnico tiene casi 1200 páginas, lo que lo hace muy difícil de analizar. Hubo un pedido de amparo para detener la licitación justamente por la falta de estudios de impacto ambiental y el juez subrogante a cargo lo rechazó en su último día en el cargo. Lo único que el pliego exige en materia ambiental es un estudio técnico, legal y ambiental si en el futuro se quiere profundizar más allá de los 40 pies que se van a dragar ahora, hacia los 42 o 44 pies. Es decir, la concesión no draga directo a esa profundidad mayor, pero queda obligada a estudiar si es viable. Para los 40 pies que arrancan de inmediato, no se exige ningún estudio nuevo.

—¿Existen antecedentes en Argentina de dragados de esta escala?

—En 2023, en el puerto de Diamante una empresa dragadora tiró el sedimento que sacaba del lecho directamente sobre la costa y tapó un río entero [se trata de una obra de dragado portuario provincial, distinta a la licitación nacional de la hidrovía Paraná-Paraguay].

Leer más | Gato andino reaparece en Argentina: alianza entre científicos, comunidades y ganaderos abre una ruta de esperanza

—¿Qué riesgos concretos implican esos dragados para el ecosistema?

—Habrá afectación a la pesca porque si el agua se va más rápido por un canal más profundo no llega a alimentar las lagunas donde se crían los peces. También, aumento de la erosión en las costas, que ya está destruyendo casas y nadie lo considera en ningún estudio; y alteración de toda la hidrología natural del Delta. Yo nunca pude acceder a información pública sobre qué volúmenes se van a extraer ni dónde se van a depositar los sedimentos. Paraguay ya construyó un barco que se llama Don Tocho, diseñado especialmente para navegar con poca profundidad. En Shanghái, que tiene el mayor comercio fluvial del mundo, los barcos entran unos 200 kilómetros (124 millas) y del resto para arriba trabajan con barcazas. Entonces yo me pregunto ¿por qué adaptar el río a los barcos y no los barcos a los ríos?

—¿Qué queda por hacer frente a este escenario?

—Creo que hay que estar alerta y seguir el proceso, porque también estamos viendo qué pasa con otras situaciones de amenaza ambiental y quizás la situación de la hidrovía cambie. Desde las organizaciones, hay que seguir alzando la voz para que se hagan los estudios ambientales antes de avanzar con las profundizacion a 40 pies previstos para el corto plazo.

El artículo original fue publicado por Ana Victoria Domínguez Britos en Mongabay Latam. Puedes leerlo aquí .

Si quieres leer más noticias ambientales en Latinoamérica, puedes revisar nuestra colección de artículos. Y si quieres estar al tanto de las mejores historias de Mongabay Latam, puedes suscribirte al boletín aquí, unirte a nuestro canal de WhatsApp o seguirnos en Facebook, X, Instagram, Tiktok y Youtube.

Claudio Angelo hace una pausa durante la London Climate Action Week, el principal evento sobre políticas climáticas de Europa, en medio de un calor extremo. Hace apenas dos semanas se encontraba en otra ciudad europea: Bonn, Alemania. Allí delegados de todo el mundo se reunieron para sentar las bases de las decisiones que se tomarán en la COP31, la próxima cumbre climática global de las Naciones Unidas.

Angelo regresó con poco entusiasmo de Alemania, donde también fue observador de la sociedad civil. Escribió junto a su colega Stela Herschmann un artículo sobre el escaso avance de los debates entre los países del mundo, los desencuentros entre países desarrollados y en desarrollo sobre quién debe pagar la mitigación y la adaptación al cambio climático y los intentos por bloquear a los científicos en sus conclusiones sobre el calentamiento de la tierra y las medidas urgentes a tomar.

Aún así -dice que no quiere ser optimista- muestra entusiasmo cuando habla del avance de la electrificación en ciertos países y de las energías renovables, que, advierte, se están volviendo cada vez más accesibles incluso en países no tan ricos como el suyo, Brasil. Pero, agrega, el proceso está yendo a un ritmo demasiado lento con respecto al calentamiento de la Tierra. De fondo, el objetivo debe ser limitarlo a muy por debajo de 2 °C, y preferiblemente a 1.5 °C, en comparación con los niveles preindustriales. Para eso, los países deben reducir sus emisiones de gases de efecto invernadero.

En noviembre próximo, Turquía recibirá a los países de la ONU en la ciudad de Antalya para la COP31. Bonn debía implicar avances en las negociaciones en temas de adaptación, mitigación, transición justa y buscar acelerar la transformación de los acuerdos en acciones concretas que beneficien a la población. Angelo explica en esta entrevista con Mongabay Latam que la reunión produjo pocos de esos avances y terminó fracasando, dejando al Acuerdo de París en crisis.

—Escribió que el Acuerdo de París está en crisis y que los países ni siquiera parecen saber qué implica la etapa en la que estamos: la implementación del acuerdo. ¿Cómo deberían avanzar efectivamente los países?

—Lo primero que los países deben comprender es qué significa la implementación. Desde 2022, en la Conferencia del Clima de Sharm el-Sheikh [Egipto, la COP27] se ha dicho que es el momento de la implementación. “Esta es la COP de la implementación”. Después vino Dubái, en 2023. También fue “la COP de la implementación”. Parece que ahora sí hemos llegado al momento de la implementación porque ya se han negociado todos los puntos que debían negociarse dentro del acuerdo. Obviamente, podemos hacer todo lo posible para implementar las decisiones, para implementar el acuerdo. Pero lo cierto es que la implementación, incluso si va bien, será insuficiente. Creo que ese es un punto importante. Es casi como si hablar de implementación fuera una forma de evadir la insuficiencia de la ambición. Es una impresión que tengo escuchando a los países, hablando, escuchando los debates aquí en Londres, en Bonn.

La otra cosa es que esta nueva fase de implementación, incluso con la insuficiencia de la ambición, tiene una belleza, digamos, que es que finalmente te libras de la necesidad de consenso. La implementación es nacional, la decide cada país. Ya no necesitas negociar. Pero los negociadores climáticos lo único que saben hacer es negociar. Por eso me parecieron un poco... desconcertados. Parecían muy confundidos en Bonn.

—¿Por qué?

—Porque siguen trabajando con la vieja lógica y es un poco como si la implementación del Acuerdo de París les estuviera quitando el trabajo. Se vuelven un poco inútiles y se pierden. A mí me parecieron perdidos. El contexto ha cambiado, pero la gente involucrada sigue haciendo las cosas de la misma manera, como si nada hubiera cambiado. Y me temo que la COP31 caerá en el mismo patrón. Pero eso no sería nada grave, ya que no hay muchas decisiones importantes que abordar en la COP 31.

Ahora estamos entrando en la fase de implementación, los resultados negociados perderán importancia cada año que pase y al mundo le importará menos si la COP fracasa o no.

—Los principales desacuerdos, según contó en dicho artículo después de Bonn, giran en torno a quién financiará la implementación del acuerdo, la mitigación del cambio climático, las medidas a tomar para evitar el calentamiento progresivo del planeta. ¿Cuál es el panorama en torno a la financiación de la crisis climática?

—Es muy malo porque tenemos un problema que es, primero, la retirada de Estados Unidos. Se está haciendo más evidente con cada sesión de negociación que la retirada de Estados Unidos tuvo un impacto. La financiación climática es necesaria y nunca pagaron lo que debían. Había una cuestión de cuán importante era Estados Unidos para el comportamiento de otros actores dentro de los países desarrollados. La Unión Europea, principalmente, pero no solo la UE. Entonces sí, sin Estados Unidos y con todo el contexto geopolítico que estamos viendo ahora, con inversiones europeas que necesitan salir de Europa, que necesitan correr déficits públicos para aumentar la inversión en defensa, sí, la perspectiva de financiación pública a los países en desarrollo es muy remota.

De hecho, en Bonn intentaron de nuevo evitar la financiación. Y eso es lo que estancó todo en la adaptación. Esto llevó a que el punto más polémico del orden del día se suspendiera.

—¿Qué implicó suspender la orden del día?

—Cuando las negociaciones fracasan y todo el trabajo se desecha y debe reanudarse en la siguiente sesión. Pero no fue solo eso. En Belém se acordó que habría un programa de trabajo sobre financiación para la aplicación del artículo 9.1, que habla de financiación pública, que es la demanda de los países en desarrollo. Los países desarrollados intentaron reinterpretarlo. Por eso decimos que incluso el pasado es incierto porque intentaron reinterpretar la decisión de Belém. Lo que los países en desarrollo obviamente no aceptaron. Esto llevó a una maniobra del presidente de la COP30 al final de la primera semana para hacer una solicitud a la secretaría para que este tema del financiamiento se incluyera en el orden del día.

Entonces, la financiación no se realizará. Dado el estado actual del mundo, dada la ausencia de Estados Unidos y el retroceso del liderazgo de la Unión Europea, la perspectiva de contar con financiación pública es muy baja. Y esto, evidentemente, es un factor de estrés adicional porque si la financiación no avanza, nada más avanza. Ahora bien, existe este problema en lo que respecta a la implementación de los objetivos del Acuerdo de París, pero al mismo tiempo muchos países están tomando decisiones como electrificar sus redes de transporte. Porque eso les conviene. Les resulta más barato.

Obviamente, tendremos un problema con los países menos desarrollados, con muchos países africanos, donde el costo es muy alto y el costo del capital es muy alto. Estos son países que ya están muy endeudados, así que es difícil. Será difícil para estos países dar este salto sin apoyo, sin respaldo financiero.

—Pero ve una luz en el tema de la electrificación…

—La energía renovable se ha vuelto tan barata que si tomamos, por ejemplo, el caso de Brasil, tenemos un país con costos de capital muy elevados para este tipo de inversión, del orden del 10 % al 12% del valor del proyecto. Si solo se considera el costo del capital, se podría suponer que Brasil es un país que no instalará mucha energía renovable debido a su alto costo.

Pero, en realidad, en Brasil contamos con tanta energía solar en nuestro sistema que necesitamos invertir menos. Brasil tiene un excedente de energía solar. Dado que instalar energías renovables en Brasil se ha vuelto tan económico, el costo del capital deja de ser una barrera. Creo que la disminución del costo de la tecnología, el hecho de que China esté inundando el mundo con paneles solares y otras tecnologías, baterías y autos eléctricos está reduciendo las barreras para algunos países del Sur Global, ya que les resulta económicamente viable y más rentable instalar energías renovables y electrificar su economía.

Vimos, por ejemplo, cómo Etiopía prohibió importar los autos con motor de combustión y lo hizo porque los coches eléctricos son más baratos. Los chinos también, por plazos. Londres acaba de reemplazar toda su flota de autobuses con autobuses eléctricos.

No quiero sonar optimista, porque la realidad es que estamos en plena transformación. Dentro de tres o cuatro años, el mundo superará el umbral de 1.5 °C de calentamiento global y la transición hacia las energías renovables aún está lejos de producirse a la velocidad necesaria. Pero creo que este cambio tecnológico está cambiando de ritmo, está cambiando de velocidad. Por supuesto, esto aún puede sorprendernos. Creo que ese será un tema que se tratará más allá de la COP31.

—Cuando regresó de la Conferencia de Bonn, sostuvo que la reunión fracasó, en parte, debido a las posturas extremas. ¿Podría explicar en qué consistían estas formas de extremismo que observó en Bonn?

—En primer lugar, creo que lo primero que la gente debe entender es que no es una reunión política. Es una reunión técnica. Y los negociadores, los diplomáticos, a nivel técnico, tienen poca autonomía para superar los bloqueos. Así que, la mayoría de las veces, acuden y repiten las posiciones habituales de los países. Hay poca movilización de la opinión pública en torno a Bonn. Así que el coste político de ser extremista, de bloquear, de no avanzar, es bajo porque “en la COP a finales de año, veremos e intentaremos resolverlo”. Así que noté que los países estaban yendo un poco demasiado lejos. Y a juzgar por los discursos, en la sesión plenaria final, también se dieron cuenta de que habían ido demasiado lejos.

Mi impresión es que se agravó muy rápidamente hasta un punto al que nadie quería llegar, porque eso significó dos semanas de trabajo perdidas en la mayoría de las vías de negociación. La financiación ni siquiera llegó a una conversación formal.

—¿Se avanzó en algo?

—Curiosamente, lo que ocurrió en Bonn fueron las conversaciones sobre combustibles fósiles paralelas a la negociación, por ejemplo, los acontecimientos en torno a la presidencia brasileña y las conversaciones en el seno de la sociedad civil fueron interesantes. Todo resultó muy convincente. Existía una genuina voluntad entre muchas personas de debatir sobre combustibles fósiles. Pero todo esto tuvo lugar fuera de las salas de negociación.

—Sabemos que la ciencia es central en las políticas que toman los países contra el cambio climático. ¿Cuál es el panorama para el próximo informe del IPCC, la evaluación científica elaborada por el Grupo Intergubernamental de Expertos sobre el Cambio Climático de las Naciones Unidas ?

—No puedo darle esa respuesta porque el estancamiento sigue siendo evidente. India y China, los países africanos también, dicen que no hay tiempo suficiente para publicar el informe a tiempo. Ante esto, algunos países han tenido que convocar a una red de prensa para decir que necesitamos defender la ciencia. Y la reacción de los países que atacan al IPCC fue muy mala. Llamaron hipócritas a los países que quieren una alineación. Así que fue una forma de intentar desviar el foco de la conversación, en mi opinión.

—¿Cómo actuaron los países latinoamericanos?

—Ya no hay unidad entre los países latinoamericanos. No hay coordinación en algunos temas. Por ejemplo, la transición. América Latina y el Caribe bloquearon todo el debate sobre mitigación y creo que fue innecesario. La causa era justa. La CELAC quiere que los combustibles fósiles se aborden dentro del programa de trabajo de mitigación. Pero la insistencia en que esto sucediera, que fue lo mismo que hizo Colombia al final de la COP30 en Belém, llevó al bloqueo total del debate sobre mitigación. Si este problema no se resuelve a tiempo, nos quedaremos sin un espacio formal para debatir la mitigación dentro de la conferencia, dentro del Acuerdo de París.

—Entonces, ¿América Latina llega debilitada a la COP31?

—No lo creo. Porque el estado general de la negociación en este momento es tan caótico que no hay países fuertes. Todavía hay mucha fuerza dentro del grupo de países en desarrollo, que fueron muy fuertes en Belém.

El artículo original fue publicado por Emilia Delfino en Mongabay Latam. Puedes revisarlo aquí.

Si quieres leer más noticias ambientales en Latinoamérica, puedes revisar nuestra colección de artículos. Y si quieres estar al tanto de las mejores historias de Mongabay Latam, puedes suscribirte al boletín aquí, unirte a nuestro canal de WhatsApp o seguirnos en Facebook, X, Instagram, Tiktok y Youtube.

La naturaleza ha sido su laboratorio, las abuelas sus maestras, las plantas medicinales sus instrumentos y la flora y fauna de su entorno su objeto de estudio. Cuando eran niñas no sabían lo que era vestir una bata blanca o manipular un microscopio, pero observar a las aves, bañarse en el río y escuchar los relatos de sus pueblos las preparó para llegar a la universidad y convertirse en las primeras científicas de su familia y, en muchos casos, de sus comunidades.

“Siempre tuve una pregunta para todo lo que mis abuelos me decían. ¿Por qué el río crece? ¿Por qué el pez respira dentro del agua? ¿Por qué las aves vuelan? Quería encontrar las respuestas y por eso quise ser bióloga”, cuenta Avita Taricuarima, científica del pueblo indígena kukama, de Perú.

Leer más | Yarina Tapuy: la científica kichwa que revela el misterioso mundo de los insectos ecuatorianos

Esa niña que caminaba más de 10 kilómetros diarios a través de la selva amazónica para ir a la escuela jamás imaginó que a sus 32 años ya habría publicado un artículo científico, estaría por graduarse de la carrera de biología y sería parte de la lista de The Explorers Club, que reconoce a los 50 mejores investigadores del planeta.

Yarina Tapuy tampoco habría pensado que a esa misma edad ya habría descrito 14 especies nuevas de insectos ni Alejandra Nohora Quiguantar que llegaría a integrar el Panel Científico por la Amazonía. Si a la pequeña Marisel Mamani le hubiesen dicho que en su adultez viajaría a Suecia para realizar un doctorado, a Paola Moreno-Roman que estudiaría en la Universidad de Stanford o a Rosa Marina Flores Cruz que lograría utilizar la ciencia para luchar contra las amenazas a su pueblo, no lo habrían creído.

Todas ellas son científicas de diferentes pueblos y nacionalidades indígenas de Bolivia, Colombia, Ecuador, México y Perú que, gracias a sus hallazgos, no solo han aportado a la biología, sino que han logrado demostrar que los conocimientos ancestrales pueden ser una parte esencial de la ciencia.

Pero uno de sus principales retos ha sido abrirse paso en un campo históricamente ocupado por los hombres. Según datos de la Unesco, solo una de cada tres científicos en el mundo es mujer. “Partamos de que ya existe una baja representación de mujeres en la investigación científica a nivel mundial, pero cuando uno va a buscar la participación de mujeres indígenas en ciencias, no existe un mapeo de esa situación, no hay cifras”, explica Janeth Bonilla, vicepresidenta de la fundación Kichwa Institute of Sciences, Technology and Humanities (Kisth), la cual apoya y visibiliza el trabajo de las científicas de pueblos y nacionalidades indígenas de Ecuador.

Leer más | Marisel Mamani: la científica aymara que busca reducir el uso de agroquímicos en Bolivia

Lo que explica Bonilla es otro de los desafíos que están enfrentando estas investigadoras: son invisibles en las estadísticas. A esto se suman la falta de recursos económicos, los prejuicios y la discriminación dentro de la academia y la necesidad de visibilizar no solo su trabajo, sino que la ciencia también se construye en los territorios.

En este informe especial, Mongabay Latam presenta las historias de estas seis científicas indígenas de Latinoamérica que buscan que sus investigaciones contribuyan a la conservación y defensa de sus comunidades.

Ciencia desde y para las comunidades

Sus visitas diarias a la chagra en su infancia, sin saberlo, fueron los primeros pasos de Nohora Alejandra Quiguantar en la biología. En su comunidad Mellamués, ubicada en las montañas de Nariño, entre el Pacífico y la Amazonía colombiana, las plantas medicinales de la huerta tenían un rol fundamental. Con ellas, su abuela curaba enfermedades, asistía los partos y protegía su legado ancestral. Y, gracias a esas mismas plantas, Quiguantar obtuvo su título de bióloga.

Su tesis de grado se enfocó en la identificación de 90 especies y sus usos, pero, al inicio, sus resultados fueron invalidados por no apegarse de forma estricta al método científico. Ante eso, implementó una metodología comunitaria para contar la historia de su pueblo a través de las plantas y, a pesar de la resistencia a sus métodos, se graduó como bióloga.

“Mi trabajo de investigación no lo estaba haciendo para la universidad, sino para la gente”, explica a Mongabay Latam sobre este proceso en el que colaboraron las madres, lideresas, parteras, docentes y taitas de su comunidad.

Leer más | Nohora Alejandra Quiguantar: la mujer pasto que convirtió la búsqueda de justicia para su abuela en una carrera científica

Romper esa brecha que existe entre los saberes ancestrales y la ciencia occidental es uno de los objetivos de Quiguantar y sus colegas. Un estudio publicado en Science Direct demuestra que el “enfoque estructurado y sistemático para comprender el mundo natural”, refiriéndose al método científico tradicional, “parece erosionar la sabiduría y legitimidad del conocimiento indígena”.

El artículo, por otro lado, resalta las oportunidades de articular las prácticas científicas con los saberes ancestrales, ya que esto conduce a estrategias de conservación más completas y eficaces, además de reconocer y valorar los aportes que han tenido estos pueblos durante siglos de observación y convivencia con la naturaleza.

Leer más | Rosa Marina Flores Cruz: la científica afrozapoteca que sigue el camino del viento en México

Para Yarina Tapuy, científica kichwa de la provincia de Napo, ubicada en la Amazonía ecuatoriana, los conocimientos que le heredaron sus antepasados y las experiencias que vivió en su comunidad, Capirona, han sido esenciales para estudiar insectos. Por ejemplo, desde que era niña, sabía que la picadura de la hormiga conga era una de las más fuertes o que hay abejas que pican y otras que no tienen aguijón.

“En el caso de los bichos, hay muchas cosas que ya sabía y después la ciencia me sirvió para entender qué hay detrás. Prácticamente es lo mismo, pero con diferente explicación”, dice a Mongabay Latam Tapuy, quien ha descrito 14 especies nuevas de escarabajos.

Pero, más allá de que sus aportes a la ciencia estén publicados en revistas indexadas, su sueño es que la comunidad los pueda usar para su protección. Uno de sus objetivos es crear una fundación en la Amazonía que se enfoque en promover el desarrollo comunitario para fomentar la participación activa de los pueblos indígenas en las investigaciones y que no sean tratados solo como objeto de estudio.

“La ciencia no solo debe recolectar datos, sino compartirlos”, dice Taricuarima, quien coincide con Tapuy en que la información que se extrae debe regresar a los territorios. Un artículo realizado por investigadores de la Universidad Estatal de Colorado muestra que el 87 % de los estudios enfocados en cambio climático han seguido un modelo extractivo. Esto quiere decir que investigadores ajenos a las comunidades han utilizado los conocimientos de los pueblos indígenas sin su participación en la toma de decisiones.

Leer más | Avita Taricuarima: la bióloga kukama de la Amazonía peruana que devuelve el conocimiento científico a su comunidad

Además, los resultados no han sido socializados ni utilizados para beneficiar a los lugares de donde se extrajeron los datos. Este es un aspecto que muchas veces se critica a la ciencia occidental y que estas mujeres buscan cambiar.

Taricuarima, por ejemplo, se ha enfocado en el estudio de los peces, ya que son la principal fuente de alimento de su pueblo, los kukama, conocidos como gente de río. La idea de su primer artículo como coautora, publicado en la revista Zoonotic Parasite, surgió mientras tomaba una sopa de pescado. En las escamas, recuerda, encontró unos gusanos de color blanco y, tras analizarlos en el laboratorio, descubrió que eran dañinos para la salud.

Con la intención de proteger a las comunidades amazónicas, continuó analizando otros parásitos con potencial zoonótico presentes en los peces. “No les digo que dejen de comer, sino que les recomiendo buenas prácticas para alimentarse sin perder riqueza cultural o nuestra identidad”, explica la bióloga.

Ahora, su tesis está enfocada en analizar bacterias de aguas calientes o termófilas para degradar diferentes tipos de microplásticos, lo cuál ayudaría a proteger sus ríos. “Cada logro, lo comparto con mi comunidad. Al ser la primera en todo esto, ellos aprenden de lo que yo aprendo”, dice Taricuarima.

Una herramienta contra las amenazas

Además del contacto con la naturaleza, las amenazas que afectan su territorio también han incentivado a estas mujeres a estudiar ciencias. “La preocupación que tengo por estos peces, porque hay minería ilegal [que contamina las aguas con mercurio] y pesca, es lo que me ha motivado. Quiero proteger mis recursos y rescatar lo que aún tenemos haciendo llegar mi voz a más lugares”, explica la bióloga kukama sobre sus esfuerzos para conservar lo que aún queda para su “gente del río”.

Rosa Marina Flores Cruz conoce de cerca lo que es enfrentar los impactos negativos de actividades que ponen en riesgo a la “gente de las nubes” o Binnizá, que es el nombre con el que el pueblo zapoteco se reconoce.

La historia de la experta afrozapoteca se relaciona con la expansión de la energía eólica en Oaxaca, sobre todo, en el Istmo de Tehuantepec, que entre 2007 y 2012 vivió el crecimiento más acelerado de la energía eólica en México. Allí se ubica su natal Juchitán que, poco a poco, se fue transformando por los aerogeneradores.

“Al final, mi decisión de estudiar Ciencias Ambientales tuvo que ver con todo eso”, dice Flores Cruz. En 2007, salió de su comunidad para cursar esta carrera en Michoacán, en un campus de la Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM) y después una maestría enfocada en conflictos territoriales, capitalismo verde y resistencias comunitarias en la Universidad Autónoma Metropolitana (UAM).

A través de sus investigaciones, Flores Cruz también ha analizado los impactos del terremoto de septiembre de 2017 en el Istmo de Tehuantepec. Su estudio se centra en un proyecto de reconstrucción de cocinas liderado por mujeres, el cual no solo buscó reparar daños físicos, sino reactivar la economía local.

En el caso de Marisel Mamani, su respuesta ha sido contra otra amenaza: el uso desmedido de pesticidas. Según datos del Instituto para el Desarrollo Rural de Sudamérica, la importación y el uso de plaguicidas en Bolivia se incrementó en un 400 % entre 2005 y 2016.

Durante su maestría en Ciencias Biológicas y Biomédicas, esta científica aymara logró demostrar que era posible destruir la pared celular de hongos dañinos para el mango y eliminar las larvas de la mosca de la fruta en el suelo sin uso de pesticidas. Siguiendo su línea de estudio, publicó un artículo sobre la diversidad de Trichoderma en la Amazonía boliviana y su potencial para el control de enfermedades del café sin utilizar químicos.

Para Mamani, más allá de los hallazgos, lo más importante de estas investigaciones ha sido la incorporación de los saberes locales en el proceso. “Ellos me hablan de los rituales y yo los respeto. La ciencia no puede estar separada de la parte ancestral”, dice la científica sobre su trabajo con los productores de café en las Yungas de La Paz, que son quienes aportaron con su conocimiento y, al mismo tiempo, se han beneficiado de sus hallazgos.

Rompiendo estereotipos

“Yo quería ser una Jane Goodall de Perú en la selva amazónica. Era el único ejemplo de científica que tuve por muchísimos años”, dice Paola Moreno-Roman. Esta bióloga quechua se refiere a un problema que también experimentaron sus colegas: la falta de referentes mujeres indígenas en ciencias ambientales que demostraran que este camino era posible.

Con el fin de cambiar esta realidad, Moreno-Roman es parte del proyecto Foldscope, ideado por investigadores de la Universidad de Stanford, que consiste en llevar un microscopio de papel sintético a las comunidades para fomentar el uso de estas herramientas a las cuales ni ella ni otras tantas científicas indígenas tuvieron acceso durante su infancia.

“La educación me ha abierto las puertas y es mi rol contribuir de diferentes formas, no solo con el microscopio, sino también para apoyar a las personas a que puedan usarlo y perseguir los sueños que ellos tengan”, dice la científica que estudió en Yale y en Stanford. Moreno-Roman también usa sus redes sociales, a través del perfil Yachaq Warmi (Mujeres en STEM), para difundir la ciencia y mostrar el trabajo de otras científicas de toda la región.

Por otro lado, Taricuarima espera que su incorporación a la lista The Explorers Club 50, en la que se reconoce a las personas que están aportando a la ciencia, la conservación y la exploración, motive a otras niñas a seguir su ejemplo. “Este no solo es un paso para mí, sino para las que vienen detrás. Para hacerlas sentir que son escuchadas y valoradas y que podemos hacer muchas cosas”, dice.

Quiguantar, Tapuy y Mamani no solo han sido las primeras de sus familias en obtener una licenciatura, sino también de sus comunidades, donde han demostrado que hay otras opciones para las mujeres. “A nosotras justamente nos han enmarcado en unos roles de reproducción y cuidado. Cuando iba a empezar la carrera, los comentarios eran que era una pérdida de tiempo, que ya tenía edad para casarme o mantener un marido”, cuenta Quiguantar.

 Ahora, es parte del Panel Científico por la Amazonía y ha llevado su mensaje de inclusión y conservación a eventos internacionales como las Conferencias de las Naciones Unidas sobre Cambio Climático (COP). También publicó junto a otros investigadores un artículo sobre la necesidad de reconocer el rol de los sabedores tradicionales y proteger sus conocimientos.

Flores Cruz ha roto otro estereotipo: el de la científica de bata blanca. Tras culminar su maestría, decidió tomarse un respiro de la producción de artículos y enfocarse más en el trabajo comunitario y territorial para encontrar otras formas de investigar fuera del espacio académico.

Ahora está estudiando una licenciatura en Comunicación y forma parte del colectivo Red Futuros Indígenas, que agrupa a mujeres indígenas con formación en ciencia, humanidades, psicología y ciencias biológicas para reflexionar sobre metodologías que se impulsen desde los territorios.

El camino recorrido por estas investigadoras demuestra que la ciencia no se limita a las paredes de un laboratorio ni se valida únicamente con una publicación indexada. Al proteger los ríos, conservar la selva y defender sus recursos, están inspirando a las próximas generaciones de niñas indígenas a entender que sus entornos y las enseñanzas de sus abuelas también son parte de la ciencia.

Sus historias están transformando el panorama de la investigación en América Latina, dejando claro que el rigor académico y la identidad cultural no son caminos excluyentes. Como dice Mamani: “Hacer ciencia no es olvidar tus raíces”.

Ilustración de portada: Juan Pablo Dellacha

El artículo original fue publicado por Isabel Alarcón en Mongabay Latam. Puedes revisarlo aquí.

Si quieres leer más noticias ambientales en Latinoamérica, puedes revisar nuestra colección de artículos. Y si quieres estar al tanto de las mejores historias de Mongabay Latam, puedes suscribirte al boletín aquí, unirte a nuestro canal de WhatsApp o seguirnos en Facebook, X, Instagram, Tiktok y Youtube.

En Malargüe, una ciudad argentina a los pies de la Cordillera de Los Andes, los pasos del gato andino (Leopardus jacobita) volvieron a dejar rastros de conservación. Este es uno de los felinos más difíciles de ver y es el más amenazado del continente americano. Por tercer año consecutivo se logró registrar entre las rocas, a través de cámaras trampa, su presencia cerca del área protegida La Payunia. En diálogo con Mongabay Latam expertos destacan los planes de conservación en una zona.

El gato andino es el único en la categoría “En Peligro de Extinción” en el continente americano, según la Unión Internacional para la Conservación de la Naturaleza (UICN). Sus poblaciones se caracterizan por tener baja densidad y estar fragmentadas, dos factores que lo hacen particularmente vulnerable. Hasta hace poco tiempo, era conocido solo en altitudes superiores a los 3600 metros sobre el nivel del mar en Argentina, Bolivia, Chile y Perú.

Su cola es larga, gruesa, cilíndrica y de aspecto felpudo. En esta extremidad, además, cuenta con entre seis y nueve anillos anchos de color que oscila entre café oscuro a negro. Tiene nariz negra, a diferencia del gato del pajonal (Leopardus colocolo), que tiene la nariz rosada. Ambos felinos comparten hábitat. Las estimaciones internacionales indican que quedan menos de 2200 gatos andinos distribuidos en sectores montañosos de Argentina, Bolivia, Chile y Perú.

El gato andino es ligeramente más grande que un gato doméstico. Pesa en promedio cuatro kilogramos y mide alrededor de 60 centímetros de longitud. El hábitat de un macho puede llegar a tener el tamaño de más de 5000 canchas de fútbol. Es una especie con densidades poblacionales muy bajas y comparte espacios con el gato de pajonal.

Leer más: Seis científicas indígenas llevan el conocimiento ancestral a la academia

Según WCS Argentina, en 2005 fue registrado en el noroeste de la Patagonia, a 1800 metros sobre el nivel del mar, y recientemente se lo registró nuevamente a 650 metros sobre el nivel del mar. De acuerdo a la misma organización, luego de realizar estudios genéticos se descubrió que la población patagónica y la del Altiplano están diferenciadas genéticamente por el escaso intercambio desde hace más de 200 000 años, por lo que deben ser consideradas como dos unidades evolutivas separadas.

“Cada hallazgo es una gran noticia y nos confirma que el gato andino continúa en el área y que los esfuerzos de conservación generan resultados concretos. [Malargüe] es una zona donde no lo habíamos registrado antes, pero lo estábamos monitoreando desde hace años a partir del testimonio de un productor que describió con notable precisión un encuentro con un ejemplar”, relató a Mongabay Latam María José Bolgeri, doctora en biología y gerente de manejo regenerativo de WCS Argentina.

“Junto al trabajo científico, el avistaje de pobladores y productores ganaderos de la zona es esencial para completar el conocimiento de la distribución de esta especie y las amenazas que enfrenta”, agregó la experta.

Registros de conservación

En los registros de las cámaras trampa se observa al gato andino moviéndose entre formaciones rocosas, prácticamente camuflado con el paisaje árido y volcánico que caracteriza a esa zona del sur de la provincia de Mendoza, en la frontera con Chile. El área protegida La Payunia es una de las reservas más grandes de Argentina, con más de 665 000 hectáreas.

Ese paisaje natural se caracteriza por la presencia de más de 800 conos volcánicos y coloridas planicies. Allí habitan una diversidad de especies vegetales y animales, como el cóndor andino (Vultur gryphus), el puma (Puma concolor), el zorro colorado (Lycalopex culpaeus), el choique o ñandú petiso (Rhea pennata), la mara o liebre patagónica (Dolichotis patagonum) y especies que solo pueden encontrarse en este lugar, como el lagarto de las rocas (Phymaturus patagonicus) de la Payunia. Además, es el escenario de la mayor migración de guanacos (Lama guanicoe) que existe, un proceso natural amenazado a escala global.

El gato andino enfrenta múltiples riesgos: caza por ganaderos para evitar pérdidas de ganado, atropellamientos en carreteras y caminos, reducción de presas como el chinchillón o vizcacha de montaña (Lagidium viscacia), degradación del hábitat por actividades extractivas e impactos del cambio climático.

WCS Argentina estudia la distribución del gato andino en el norte de la Patagonia desde 2005, encontrando que el 50 % de los registros eran de animales cazados por productores ganaderos con el fin de evitar pérdidas de ganado por parte de estos depredadores silvestres.

“El trabajo sostenido desde hace más de dos décadas permitió a WCS Argentina identificar áreas prioritarias para implementar medidas de conservación para la especie, generando desde entonces el 75 % de los registros confirmados hasta el momento, y la necesidad de sostener y expandir las medidas de coexistencia entre las actividades ganaderas y la fauna nativa”, afirmó Bolgeri.

Los recientes registros en Mendoza y la provincia vecina de Neuquén refuerzan el valor estratégico de la reserva de La Payunia. Desde el ámbito científico y de conservación se remarca que estas imágenes aportan datos valiosos para fortalecer estrategias de protección de la especie y del ecosistema en el que vive. Además, el registro en esta zona argentina refuerza la importancia de las áreas protegidas y del monitoreo sostenido con tecnología, como las cámaras trampa.

“Para cuidar La Payunia y la vida silvestre que la habita, trabajamos en colaboración con los gobiernos locales, comunidades, productores ganaderos, el sector privado, organizaciones de conservación y de investigación. Este es un claro ejemplo de la función clave que cumple un área natural protegida que impacta positivamente más allá de su límite”, explicó Fernando Miñarro, gerente de áreas protegidas terrestres de WCS Argentina.

El experto añadió que el gato andino necesita ser protegido dentro y fuera de un área natural protegida. “Trabajar en la elaboración e implementación de planes de manejo que derraman buenas prácticas productivas hacia el exterior, como la ganadería regenerativa o el turismo de naturaleza, asegura el éxito de la conservación y la coexistencia”, dijo Miñarro.

Según el experto, la ganadería regenerativa es clave para proteger al gato andino. Esta actividad, también llamada sostenible, silvopastoril o rotacional intensiva, consiste en combinar árboles, arbustos y pastos de calidad para mejorar la eficiencia ganadera, mitigar la sequía y aumentar la biodiversidad de la zona.

Miñarro explicó que apuntan a evitar el pastoreo excesivo en áreas de roqueríos (espacio físico caracterizado por una gran acumulación o abundancia de rocas y peñascos) y bofedales para conservar el hábitat de sus presas. Además, dijo que la ganadería regenerativa promueve la coexistencia pacífica al implementar métodos no letales para proteger rebaños, evitando así que los productores cacen al felino.

Además, el turismo de naturaleza es clave para conservar al gato andino porque transforma a esta especie en un activo económico valioso para las comunidades locales. Este tipo de turismo fomenta el orgullo local, desalienta la caza tradicional, promueve la creación de áreas protegidas y permite financiar programas de monitoreo en ecosistemas altoandinos.

Un paisaje espectacular 

Según el Gobierno de Mendoza, La Payunia es uno de los principales atractivos naturales de esa región. En esa zona hay un promedio de 10.6 volcanes cada 100 kilómetros cuadrados y tiene una vida silvestre impresionante, ya que los animales viven en condiciones extremas por la altura y las temperaturas bajas. Ahí está el gato andino, caminando solitario.

En Bolivia y Perú, la Fundación Teko Kavi impulsa la conservación de este felino dentro del proyecto Conservación del Gato Andino. Josef Rechberger, biólogo y director de esa organización, explicó a Mongabay Latam que la supervivencia de esta especie enfrenta serias amenazas, como la minería.

“Aunque no afecta de manera directa al felino, contamina los cuerpos de agua de los cuales depende toda la fauna silvestre. A esto se suman la ganadería extensiva de llamas y alpacas, que altera el equilibrio ecológico, y la presencia de perros y gatos domésticos sin control, que compiten por alimento e incluso transmiten enfermedades”, detalló Rechberger.

En Bolivia, acotó el también especialista en mastozoología, se instalaron 40 cámaras trampas en 2023 en el área protegida de Apolobamba, en el departamento de La Paz. Tras la implementación de ese método se pudo catalogar a dicha reserva como una zona clave para la conservación del gato andino, que en Bolivia tiene una clasificación de “En Peligro crítico”, según el Libro Rojo de Vertebrados.

“Este es un trabajo en equipo. Acá se debe trabajar con el Estado, con las comunidades, con organizaciones, todo para evitar la desaparición de esta especie tan asombrosa”, destacó Rechberger.

Una alianza transnacional por el gato andino

Argentina, Bolivia, Chile y Perú son los únicos países en el mundo habitados por esta especie, y existe un proyecto que promueve su conservación: la Alianza Gato Andino. Esta iniciativa, que reúne a profesionales, la mayoría de ellos biólogos, se creó en 1999 y desde entonces generó información científica de esta especie, además de una serie de campañas de difusión para sensibilizar a la audiencia y resaltar la importancia de su conservación.

Entre los logros de AGA, está el haber conseguido que el gobierno chileno nombre a este animal como embajador del Día de la Fauna Nativa, que se celebra cada 5 de noviembre en Chile. Rocío Palacios, doctora en Biología y directora de AGA, explicó a Mongabay Latam que sus programas tienen una “misión global”, pero con un “enfoque local”.

“Nosotros creamos una serie de intervenciones, que después mostramos a cada comunidad con la que trabajamos y ellos deciden qué implementar para tener más resultados en la conservación del gato andino. No solo se trata de proteger al gato andino, sino también a todo el paisaje donde habita”, resaltó Palacios.

Según la experta, las comunidades locales son actores fundamentales para la conservación del gato andino. Al ser los habitantes directos de su hábitat en las altas montañas, su rol es vital para frenar amenazas como la caza y la minería, promoviendo el cuidado del medioambiente a través de acciones de vigilancia y educación.

Por ejemplo, en las culturas aymara y quechua locales, este felino es considerado un animal sagrado, símbolo de fertilidad y vinculado a los espíritus protectores de las montañas.

El artículo original fue publicado por Ivan Paredes en Mongabay Latam. Puedes revisarlo aquí.

Si quieres leer más noticias ambientales en Latinoamérica, puedes revisar nuestra colección de artículos. Y si quieres estar al tanto de las mejores historias de Mongabay Latam, puedes suscribirte al boletín aquí, unirte a nuestro canal de WhatsApp o seguirnos en Facebook, X, Instagram, Tiktok y Youtube.

Para la mayoría de los pueblos indígenas de la Amazonía boliviana, el bosque es mucho más que un conjunto de árboles. Es la “casa grande” donde conviven la comunidad, los ríos, los animales, los seres espirituales y la memoria de sus antepasados. Para ellos, conservar los bosques es conservar la vida. Sin embargo, los datos analizados por Amazonía Traficada —un proyecto periodístico apoyado por el Pulitzer Center, en alianza con RAI Bolivia, Mongabay Latam y Asuntos Centrales— muestran que ahora esa “casa grande” está bajo asedio.

En apenas dos décadas (2003-2023) se deforestaron más de 186 500 hectáreas de bosque en los 48 territorios indígenas de la cuenca amazónica boliviana, una superficie casi tres veces mayor que la ciudad de Madrid. De esa cantidad, solo el 10% contó con la autorización de la Autoridad de Fiscalización y Control Social de Bosques y Tierras (ABT), el 90 % restante —168 670 hectáreas— ocurrió al margen de la ley.

Para Rivelino Segundo, capitán grande de Isoso —el territorio indígena con la mayor superficie de desmonte ilegal, más de 43 000 hectáreas—, la deforestación que avanza sobre los territorios ancestrales está directamente relacionada con los avasallamientos y la expansión de la frontera agrícola. A su juicio, quienes ocupan ilegalmente estas tierras buscan convertir el bosque en áreas de producción. “No somos nosotros los que desmontamos. Son los avasalladores. [En Isoso], lo hacen para sembrar soja a gran escala. Nosotros, como pueblo guaraní, convivimos con la naturaleza”.

Lee más | Llega el PUMA FEST: I Festival Latinoamericano de Periodismo Ambiental

Este y otros hallazgos son el resultado de un año de investigación en el que la alianza periodística, apoyada por geógrafos, analizó miles de datos filtrados desde la ABT y el Instituto Nacional de Reforma Agraria (INRA), que fueron corroborados, más información proveniente de MapBiomas, el producto satelital mensual de Área Quemada Global de la NASA (MODIS MCD64A1) y la Fundación Amigos de la Naturaleza (FAN). El cruce de toda esta información, combinada con análisis geoespacial e imágenes satelitales, organizada en ocho bases de datos, más una reportería de campo en la que se levantaron al menos 30 entrevistas a líderes indígenas permitió reconstruir, con un nivel de detalle sin precedentes, las transformaciones que han experimentado los 48 territorios indígenas titulados de la cuenca amazónica boliviana en las últimas décadas.

De esa investigación nace VISTA, una plataforma que reúne y pone a disposición pública la información analizada por Amazonía Traficada.

La herramienta permite explorar, uno a uno, los 48 territorios indígenas y conocer qué está ocurriendo en su interior y en sus alrededores en cuanto a deforestación, quemas, expansión de la soja, autorizaciones de desmonte y asentamientos de terceros.

La frontera de lo ilegal

Entre 1986 y 2024, según los registros de GeoFAN, portal geoespacial de datos desarrollado por la FAN, los 48 territorios indígenas titulados de la cuenca amazónica acumularon la pérdida de aproximadamente 257 000 hectáreas de bosque. La cifra equivale al 3.4 % de toda la superficie deforestada en Bolivia durante ese periodo, estimada en 7.6 millones de hectáreas.

Para comprender cuánto de esa transformación ocurrió dentro del marco legal, Amazonía Traficada accedió, a través de una filtración de la ABT, a una base de datos inédita sobre autorizaciones de desmonte emitidas entre 2003 y 2023. Los registros muestran que, durante esas dos décadas, la institución otorgó alrededor de 9 400 resoluciones administrativas con las que autorizó el desmonte de casi 80 000 hectáreas de bosque en 41 territorios indígenas.

Sin embargo, solo una fracción de esa superficie autorizada para desmonte perdió bosque. Al cruzar la información de la filtración de la ABT con datos satelitales de deforestación, la investigación identificó que de las 80 000 hectáreas autorizadas, alrededor de 17 900 hectáreas de bosque fueron efectivamente taladas.

La diferencia entre lo permitido y lo que realmente ocurrió en el territorio revela una realidad más compleja. Que solo se haya desmontado una fracción de la superficie autorizada no significa que la deforestación haya sido menor. Por el contrario, la mayor parte de la pérdida de bosque sucedió fuera de las áreas autorizadas. Entre 2003 y 2023, la pérdida de bosque registrada en áreas sin permiso alcanzó las 168 670 hectáreas.

En otras palabras, por cada hectárea de bosque talado dentro de áreas autorizadas, se desmontaron más de nueve hectáreas fuera de ellas. El 90 % de la pérdida de bosque en los territorios indígenas amazónicos ocurrió al margen de los mecanismos de control estatal.

Amazonía Traficada solicitó información y una entrevista a la Dirección Nacional de la ABT para conocer su evaluación sobre estos hallazgos. Al cierre de esta investigación, la institución informó que el requerimiento continuaba en “revisión y coordinación administrativa interna”, por lo que no emitió una respuesta dentro del plazo previsto.

La presión que enfrentan los territorios indígenas amazónicos forma parte de una tendencia más amplia. El informe del World Resources Institute muestra que Bolivia, en 2025, volvió a ocupar el segundo lugar mundial en pérdida de bosque primario, solo por detrás de Brasil.

La pérdida de bosque en la Amazonía indígena no solo ocurre como resultado de los desmontes. El fuego también ha dejado una huella profunda sobre estos territorios. Datos analizados para esta investigación muestran que, entre 2001 y 2024, las quemas e incendios forestales afectaron 23.8 millones de hectáreas en Bolivia. De esa superficie, 4.1 millones de hectáreas —el 17 % del total nacional— se localizaron dentro de territorios indígenas titulados de la cuenca amazónica boliviana.

¿Cómo se llegó a esta situación?

Para comprenderlo es necesario retroceder varias décadas y revisar la historia de las demandas de los pueblos indígenas amazónicos por el reconocimiento y la defensa de sus territorios ancestrales.

La última década del siglo pasado fue clave en la conquista del reconocimiento de los territorios indígenas. Los años 1990 y 1996 marcaron hitos decisivos de ese proceso. En esos dos años los pueblos indígenas dejaron atrás los bosques, ríos y sabanas que conforman su hogar amazónico para recorrer cientos de kilómetros hasta la sede del Gobierno, en La Paz.

En ambas oportunidades —las primeras, aunque no las únicas— caminaron durante más de 30 días para hacer visible una demanda histórica. No pedían nuevas tierras; exigían que el Estado boliviano reconociera los territorios que ellos habitaban desde antes de la constitución de la República en 1825.

La presión de la marcha de 1996 contribuyó a la aprobación de la Ley INRA, que sentó las bases para el saneamiento y la titulación de los territorios indígenas. Sin embargo, tres décadas después de ese hito histórico, el reconocimiento territorial quedó lejos de completarse. Así lo demuestran investigaciones del Centro de Estudios Jurídicos e Investigación Social (CEJIS) y del Centro de Investigación y Promoción del Campesinado (CIPCA).

Los 48 territorios indígenas de la cuenca amazónica, en conjunto, pidieron el reconocimiento legal de alrededor de 22.7 millones de hectáreas, pero el INRA tituló 11.7 millones de hectáreas, apenas el 52 % de la superficie solicitada. Más de 11 millones de hectáreas quedaron fuera de la titulación.

Mientras gran parte de esta demanda seguía sin resolverse, el Estado continuó adjudicando tierras a terceros en áreas colindantes a los territorios indígenas. Se trataba de privados y comunidades de colonizadores, como se conoce en Bolivia a los campesinos, generalmente de zonas andinas, que migraron al oriente boliviano para dedicarse a la agricultura y expandir la frontera agrícola. El equipo de Amazonía Traficada tuvo acceso, a través de una filtración del INRA, a resoluciones de asentamientos (inicio del proceso de dotación de tierras) emitidas durante una década por esta institución.

El análisis de esa información revela que, entre 2009 y 2019, el INRA adjudicó aproximadamente 318 500 hectáreas para el establecimiento de 236 comunidades en áreas adyacentes a 19 territorios indígenas titulados. Las principales beneficiarias fueron la Confederación Sindical Única de Trabajadores Campesinos de Bolivia (CSUTCB) y la Confederación Sindical de Comunidades Interculturales de Bolivia (CSCIB), afines al partido político que estuvo en el poder entre 2006 y 2025.

De acuerdo con la legislación boliviana, las comunidades beneficiarias de una resolución de asentamiento deben demostrar, en un plazo de dos años, el cumplimiento de la Función Social de la tierra para avanzar hacia la titulación definitiva, es decir, deben ocupar efectivamente el predio, residir en él y desarrollar actividades productivas. Si no lo hacen, pueden exponerse a procesos de reversión o a la pérdida de derechos sobre esas tierras. Consultado sobre la situación actual de estos asentamientos, el INRA no respondió a las reiteradas solicitudes de información realizadas para esta investigación.

Asimismo, se solicitó una entrevista —vía telefónica— con los máximos dirigentes de la CSCIB y de la CSUTCB, Juan Cáceres y Víctor Hugo Roca Leyte, respectivamente. Sin embargo, no fue posible establecer contacto con ninguno de ellos.

Lee más | Elecciones en Colombia: dos modelos ambientales se enfrentan en la segunda vuelta

El tráfico de tierras

Además de la presión que ejercen las comunidades de terceros asentadas —con la autorización del INRA— alrededor de los territorios indígenas titulados, estos pueblos ancestrales se enfrentan al avasallamiento de sus espacios legalmente reconocidos por el Estado, es decir que cuentan con un título de propiedad colectiva.

Amazonía Traficada entrevistó a líderes de 30 de los 48 territorios indígenas titulados de la cuenca amazónica. Veintiocho reportaron haber registrado avasallamientos durante las últimas dos décadas y, en 22 casos, los conflictos continúan sin resolverse.

¿Quiénes están detrás de estas ocupaciones y qué buscan? Según los testimonios recogidos, la mayoría de las presiones sobre el territorio comienzan con la toma ilegal de la tierra. Cuando los ocupantes pertenecen a una organización social (como la CSUTCB o la CSCIB, entre otras)— ejecutan el asentamiento en grupo. Esto sucede en 78 % de los casos reportados en las entrevistas.

Si se les pregunta por qué ocupan estos territorios, la respuesta suele ser la misma, relatan los líderes indígenas consultados. Sin presentar pruebas, aseguran que se trata de tierras fiscales disponibles y que ya han iniciado trámites de dotación ante el INRA. Acto seguido, dividen el área ocupada en parcelas, levantan viviendas precarias y comienzan a desmontar el bosque. Mientras las comunidades indígenas denuncian el avasallamiento y las instituciones estatales tardan meses —e incluso años— en actuar, los árboles siguen cayendo y se activa un mercado ilegal de tierras dentro de los territorios indígenas.

No obstante, los avasallamientos no siempre son impulsados por organizaciones sociales. Cuando los ocupantes son actores privados, el mecanismo suele ser diferente. Quienes ingresan afirman haber comprado los predios y, según los testimonios recogidos, detrás de estas operaciones suele existir una compleja red de intermediarios, traficantes de tierras y otros actores que alimentan el mercado ilegal de tierras indígenas.

En ambos casos, el objetivo final es el mismo: habilitar tierras para actividades agropecuarias a distinta escala.

A las ocupaciones y disputas por la tierra se suma otra presión: la expansión de la soja. Datos de MapBiomas analizados para esta investigación muestran que, entre 2021 y 2024, este cultivo estuvo presente en 15 de los 48 territorios indígenas amazónicos, es decir, en casi un tercio del total.

Los habitantes indígenas de la Amazonía boliviana siguen intentando defender su “casa grande” cada vez más presionada Lo que ocurra en ella tendrá consecuencias más allá de sus fronteras.

* Este reportaje es parte de Amazonía Traficada, un proyecto producido en colaboración con el Centro Pulitzer y en alianza con RAI Bolivia, Mongabay Latam y Asuntos Centrales. Puede leer el artículo original aquí

Colaboración reportería: Cristian Ascencio, Erika Bayá, Yaquelin Fernández, Yolanda Mamani

Análisis de datos: Lizeth Vargas Guzmán

Infografía: José Arias, Lily Soruco

Fotografía y video: Edy Yobany Velasco

El viento del altiplano ruge con una fuerza implacable por las faldas del Tata Poquis, un cerro sagrado que supera los 4500 metros sobre el nivel del mar, en la Región de Antofagasta, en el norte de Chile. En esta cumbre árida donde el oxígeno escasea, nacen las vertientes subterráneas que sostienen la existencia de la comunidad indígena lickanantay de Toconao.

Para ellos, esa agua pura que brota y se encauza de forma natural por los pliegues de la cordillera hasta transformarse en el río Jere es una arteria hídrica vital que no solo los abastece a ellos, sino que hace posible la ganadería de altura y un oasis frutícola único en medio del desierto más seco del mundo.

El 20 marzo de 2026 la Dirección Ejecutiva del Servicio de Evaluación Ambiental (SEA) —el órgano central encargado de administrar el Sistema de Evaluación de Impacto Ambiental (SEIA) — decidió dar luz verde al proyecto “Prospecciones Aida” de Minera Plata Carina SpA. La decisión contradice la postura de la Comisión de Evaluación Ambiental de Antofagasta, que lo había rechazado originalmente en enero de 2025.

Leer más | Desplazamiento forzado en México: miedo a narcos y destrucción impiden el retorno total de comunidades campesinas e indígenas a Chilapa

Con una inversión estimada de 1.1 millones de dólares, el proyecto consiste en la ejecución de ocho sondajes mineros de perforación diamantina para recolectar muestras de roca y evaluar el potencial de minerales de plata de alta ley o alta calidad en la zona. El expediente oficial del proyecto fue ingresado al SEIA en 2023 bajo una Declaración de Impacto Ambiental (DIA), un trámite simplificado donde la propia empresa declara que no generará daños graves. De acuerdo con ese documento, las faenas proyectan una duración de ocho meses y contemplan la apertura de caminos de acceso, un campamento temporal y piscinas de decantación.

La aprobación ambiental del SEA desató una batalla legal que escaló rápidamente hasta el Primer Tribunal Ambiental de Antofagasta, donde la Asociación Indígena de Regantes y Agricultores de Toconao, junto a dos personas de la misma comunidad, presentaron dos reclamaciones en contra de la Dirección Ejecutiva del SEA. Solicitaron dejar sin efecto la resolución que calificó favorablemente al proyecto.

Para la comunidad de Toconao, la preocupación por el proyecto minero tiene que ver con la supervivencia. “Nosotros no frenamos el desarrollo, de hecho, hemos llegado a complejos acuerdos con entidades del Estado de Chile por la explotación del litio en el Salar de Atacama, pero nuestra línea roja de resistencia era que no nos tocaran las cabeceras de cuenca que utilizamos para vivir”, dice Leticia González, ingeniera agrónoma e integrante de la comunidad de Toconao.

Mongabay Latam se comunicó vía correo electrónico con el Servicio de Evaluación Ambiental (SEA) para conocer su versión, pero hasta el cierre de esta nota no recibió respuesta.

La ofensiva legal tuvo un primer triunfo cuando el Tribunal Ambiental de Antofagasta paralizó provisionalmente las faenas en mayo. Sin embargo, el mismo tribunal levantó luego la medida cautelar en una votación dividida. Ante este revés, Toconao interpuso un recurso de reposición para exigir una audiencia pública.

La defensa de las aguas

“Realmente nos parece que hay un desconocimiento grande de las realidades territoriales [por parte] de los organismos que operan desde la capital del país. Ellos no saben cómo se vive y lo que uno elige vivir en estos territorios”, señala González.

Toconao está ubicado a 2400 metros de altitud, pero su existencia depende del sistema hídrico situado a 4500 metros sobre el nivel del mar, en pleno altiplano de la región de Antofagasta. A diferencia de los centros urbanos costeros o de las grandes operaciones mineras del norte chileno, la localidad no posee plantas desaladoras ni pozos de extracción profunda; el suministro proviene del agua que brota de la montaña, transformándose en el río Jere.

Este caudal es el motor de un oasis agrícola en el desierto atacameño, donde la comunidad cultiva variedades de papas, porotos y maíz, además de mantener huertos de olivos, damascos, granadas, membrillos, peras y cítricos que se abastecen exclusivamente de los caudales del río Jere. La eventual alteración de este flujo hídrico afectaría tanto a estos cultivos de subsistencia en la zona media como a la ganadería camélida que las familias practican en las vegas altas, áreas adyacentes al proyecto de exploración.

La microbióloga y experta en salares Cristina Dorador coincide en la fragilidad extrema de este ecosistema y advierte —a través de sus redes sociales— que el Salar de Tara es uno de los pocos que no presenta intervención directa humana, por lo que sus condiciones han permanecido estables en el tiempo. Dorador detalla que en este entorno existen bofedales, ecosistemas donde la tierra se encuentra cubierta de agua dulce de manera permanente o temporal. Hacia el fondo de la cuenca, aquellos bofedales se van salinizando hasta formar la laguna hipersalina y el salar.

Este ecosistema, protegido como Sitio Ramsar y parte de la Reserva Nacional Los Flamencos, es además un área crítica para la nidificación de las tres especies de flamencos que habitan en Chile: el chileno (Phoeniconaias chilensis), el James o parina chica (Phoenicoparrus jamesi) y el andino o parina grande (Phoenicoparrus andinus).

Sin embargo, la ejecución de las plataformas y los ocho sondajes de diamantina —el método de perforación para extraer muestras de roca del subsuelo— se proyecta justamente en las cabeceras de agua de este sistema hidrológico.

Para la comunidad lickanantay, el impacto de estas obras no solo implica la pérdida de caudales, sino también la alteración de un patrimonio medicinal que crece de forma exclusiva en los pisos ecológicos de la puna y el tolar. Especies como la tola, la chachacoma y la chuquicandia —una planta de la familia de las asteráceas utilizada tradicionalmente para afecciones respiratorias— son recolectadas en la zona para ceremonias de pago a la tierra y al agua.

González enfatiza que estas especies dependen estrictamente de las condiciones de presión y suelo de la altura, por lo que su restauración o traslado a laboratorios e invernaderos es inviable si las plataformas mineras intervienen en su hábitat original.

“Es un tesoro patrimonial de la humanidad que tenemos que proteger”, concluye Dorador, sintetizando un diagnóstico donde la memoria comunitaria y la ciencia llegan a la misma conclusión.

Mongabay Latam se comunicó vía correo electrónico con Minera Plata Carina SpA para conocer su postura ante estos impactos señalados por la comunidad, pero hasta el cierre de esta nota no recibió respuesta.

Crónica de una pelea judicial

El conflicto por el proyecto de exploración minera se trasladó a los tribunales, abriendo un proceso legal en el norte de Chile. El pasado 13 de mayo, la comunidad de Toconao obtuvo una primera resolución a su favor cuando el Primer Tribunal Ambiental dictó una medida cautelar y ordenó la paralización del proyecto “Prospecciones Aida”, tras considerar los antecedentes presentados sobre el riesgo hídrico en la cuenca.

Sin embargo, 13 días después la situación jurídica cambió. La Dirección Ejecutiva del Servicio de Evaluación Ambiental (SEA) —organismo público de carácter técnico encargado de unificar los criterios y administrar el sistema de evaluación de impacto ambiental en Chile—, junto a los representantes de Minera Plata Carina SpA, solicitaron la revisión de la medida. El 26 de mayo, el tribunal levantó la paralización que mantenía frenadas las obras, dejando a la empresa habilitada legalmente para iniciar los sondajes de prospección.

La representación legal de la comunidad lickanantay respondió de forma inmediata para revertir la resolución.

Lee más | Yaguara: una jaguar rescatada de incendios es reinsertada en su hábitat por primera vez en Bolivia

El 1° de junio, el abogado de la comunidad, César Bravo, interpuso un recurso de reposición con el objetivo de congelar nuevamente las operaciones de exploración y cuestionó los procedimientos judiciales del dictamen.

“Nos tomó por sorpresa el levantamiento de la medida cautelar, la cual consideramos que fue resuelta entre cuatro paredes”, afirma Bravo.

Para el abogado, una resolución de tal impacto técnico y territorial no puede tomarse a puertas cerradas. “Solicitamos de manera urgente que esto se discuta en una audiencia pública donde se escuche a ambas partes”, exige Bravo. Asimismo, advierte que levantar la medida cautelar pasa por alto el principio preventivo: “La esencia de la normativa ambiental es precisamente prevenir daños y afectaciones, y eso es lo que buscamos resguardar a través de esta medida cautelar”.

Leticia González, que también es coautora de una de las reclamaciones judiciales, detalla la preocupación de las familias al enterarse de la noticia por redes sociales. “Para los comuneros, que las decisiones se tomen en un edificio en la capital de Chile demuestra un desentendimiento total de la geografía humana del norte, donde un error técnico a 4500 metros de altura puede sepultar la supervivencia de un pueblo entero”.

En 2019, Minera Plata Carina SpA —filial de la corporación canadiense Endeavour Silver Corp— planificaba la ejecución del proyecto “Cerro Márquez” en la Región de Arica y Parinacota, en el extremo norte de Chile. Este contemplaba 38 sondajes para buscar minerales de alta ley o alta calidad en un cerro considerado sagrado (Mallku) por las comunidades locales.

En septiembre de 2020, la Corte Suprema acogió un recurso de protección presentado por las comunidades aymaras de Timar, Cobija y Ticnamar, y determinó que, en virtud de los principios preventivo y precautorio, la envergadura de las faenas en tierras de ocupación ancestral implicaba un riesgo para los recursos hídricos y las comunidades afectadas.

Por lo mismo, la Corte Suprema ordenó a la empresa ingresar su proyecto al Sistema de Evaluación de Impacto Ambiental (SEIA), pero tras el fallo, la empresa desistió del proyecto.

Mientras tanto, en las calles del pueblo de Toconao, los carteles de rechazo al proyecto “Prospecciones Aida” siguen colgados, recordando a los visitantes que los habitantes lickanantay están dispuestos a defender el origen de su agua hasta las últimas consecuencias.

El artículo original fue publicado por Ivan Paredes en Mongabay Latam. Puedes revisarlo aquí.

Si quieres leer más noticias ambientales en Latinoamérica, puedes revisar nuestra colección de artículos. Y si quieres estar al tanto de las mejores historias de Mongabay Latam, puedes suscribirte al boletín aquí, unirte a nuestro canal de WhatsApp o seguirnos en Facebook, X, Instagram, Tiktok y Youtube.

La desertificación y la sequía no solo se presentan en las regiones áridas del planeta. Territorios en Latinoamérica ya viven sus impactos, desde el Corredor Seco Centroamericano hasta los bosques húmedos de Amazonía y la región boscosa del Gran Chaco, donde la degradación de los suelos, la sobreexplotación del agua y los efectos de la crisis climática están transformando los ecosistemas y afectando la seguridad alimentaria de millones de personas.

Este Día Mundial de Acción Frente a la Desertificación y la Sequía especialistas consultados por Mongabay Latam explican cómo estos fenómenos, cada vez más intensos en la región, están conectados con los incendios forestales, las pérdidas agrícolas y la transformación de los ecosistemas de los cuales dependen comunidades enteras.

También advierten que la degradación de la tierra se ha convertido en un desafío para enfrentar este fenómeno y construir resiliencia en las zonas con mayor afectación pues representan impactos en la economía, la salud y los medios de vida de las personas.

En un par de meses, los países latinoamericanos también tendrán la oportunidad de abordar estos retos y posibles soluciones en la 17° reunión de la Conferencia de las Partes de la Convención de las Naciones Unidas de Lucha contra la Desertificación (COP17), una cumbre global que este año se realizará en Mongolia.

Leer más | Nuevo reporte confirma los impactos de sequías e inundaciones extremas en América Latina

Cambios en el clima y más incendios

La Amazonía es una de las regiones más vulnerables a la desertificación y a la sequía ante el aumento de las temperaturas y la deforestación, lo que también ha incrementado los incendios.

Ane Alencar, directora científica del Instituto de Investigación de la Amazonía (IPAM), explica que los cambios de uso de suelo para fomentar la agroindustria y la ganadería con la renovación de pastizales ponen a los ecosistemas húmedos en mayor riesgo porque favorecen el incremento de incendios en bosques que no tienen adaptación al fuego.

“En estos años son mucho más frecuentes los incendios porque los bosques están más inflamables. Los grandes árboles se caen, el dosel se abre más, entra más aire caliente, entonces es como un ciclo vicioso. Es un problema de la sequía, puede poner a los bosques en una condición muy vulnerable a los incendios forestales”, explica la especialista a Mongabay Latam.

Alencar advierte que cada vez existen mayores condiciones para que los incendios se propaguen en la Amazonía. Estos factores, explica, son como un triángulo que ayuda a explicar la expansión del fuego.

“En un vértice de este triángulo tenemos las condiciones de clima, en otro vértice tenemos la cantidad y calidad de los materiales combustibles y en otro vértice tenemos las fuentes de ignición. Para que un fuego se propague, debemos tener estas tres condiciones”, detalla.

La especialista señala que en la Amazonía la gran mayoría de los fuegos son iniciados principalmente por actividades humanas, por lo que una forma de romper con el triángulo que potencia los incendios es reducir o controlar las fuentes de combustible.

“Si un bosque está muy seco por causa de las condiciones climáticas, hay más hojas en el suelo, por tanto un material combustible muy bueno [para propagar un incendio], pero si no tuviéramos quién prenda el fuego, este incendio no va a acontecer. Necesitamos las condiciones del clima, qué quemar y quién comienza el fuego”, sostiene.

Estos cambios en el comportamiento del fuego en la Amazonía están siendo documentados. De acuerdo con un informe técnico de la Red Amazónica de Información Socioambiental Georreferenciada (RAISG), entre 2016 y 2021, los incendios en la Amazonía impactaron un promedio de entre 17 y 27 millones de hectáreas, mayor que lo reportado entre 2001 y 2020. Además, el 59 % de los incendios ocurrieron en áreas nuevas, donde no se había registrado el fuego previamente.

De acuerdo con el mismo estudio, Bolivia y Brasil registraron la mayor extensión de los incendios en la Amazonía, donde en 2024 se estimaron cerca de 27 millones de hectáreas afectadas por el fuego. Estos factores, junto con el descenso de las precipitaciones, ponen en riesgo “la resiliencia hídrica y ecológica de la Amazonía”, señala el informe.

Leer más | Ríos voladores: la deforestación en la Amazonía brasileña está impactando en los ecosistemas de Perú y Bolivia | ESTUDIO

Pérdida de la riqueza de los suelos, un daño silencioso

La degradación del suelo y la pérdida de bosque no es exclusiva de la Amazonía. Otro de los ecosistemas más afectados es el Gran Chaco sudamericano, la segunda región boscosa más grande de la región, que se extiende por el norte de Argentina, Paraguay, una porción del sur de Brasil y de Bolivia. Solo en el norte argentino, se perdieron 210 702 hectáreas de bosque durante 2025, una extensión equivalente a diez veces la Ciudad de Buenos Aires, de acuerdo con un informe de la organización Greenpeace. Las causas fueron la deforestación y los incendios.

Para Marlene Quintanilla, consultora en Análisis ambiental y Evaluaciones en Sistemas de Información Geográfica de la firma GEO-NET, lo que conecta a estas regiones de Latinoamérica con la desertificación y las sequías es la pérdida de la materia orgánica que generan los bosques ante la agroindustria.

“Cuando se deforesta se rompe este ciclo de nutrición de los suelos y se ve sobre todo en Argentina y Paraguay. En el caso de Bolivia, Brasil y Perú [que comparte una parte de la Amazonía] ya hay una degradación importante en suelos. Básicamente en los países donde se está intensificando la agroindustria o la producción masiva de productos como soya, sorgo y la ganadería”, comenta la especialista a Mongabay Latam.

Quintanilla destaca también la salinidad del agua como otro impacto silencioso derivado del aumento de la temperatura y del estrés hídrico para cultivos o para la ganadería, los cuales, advierte, no solo generan un cambio químico en las aguas, sino que también rompen las estructuras de los suelos.

“Estamos en una era de cambio climático donde los déficit hídricos de los últimos 20 años son mucho más intensos y esa falta de agua hace que se empiecen a utilizar tecnologías para riego o extracción de agua subterránea. Depende mucho la geología y la química de los suelos que son diferentes en cada región, pero este riego también está provocando problemas de salinización”, señala.

Además de estos procesos de degradación, la especialista advierte que también los incendios están contribuyendo con la compactación del sueño y la pérdida de biomasa.

“Es un impacto que todavía no se visibiliza pero los suelos tienen vida por la microfauna, al impactarse con los incendios también se está viendo una importante compactación. Se genera una permeabilidad y evita un menor almacenaje de agua para las épocas secas”, explica Quintanilla.

La experta advierte que el ciclo del agua se ve afectado de forma subterránea y degrada incluso zonas que no son agrícolas, pero que son impactadas por los incendios. “Al final termina siendo una cadena de impactos que se van interrelacionando queramos o no también con los impactos del cambio climático”, agrega.

Leer más | Argentina: el Chaco perdió 40 % más de bosques en 2025 por los incendios y la deforestación

Menos alimento para las poblaciones

Una de las principales consecuencias de la desertificación, la sequía y la degradación del suelo es la falta de producción de alimentos. Esto se ha reflejado en otros territorios de Latinoamérica, como el Corredor Seco Centroamericano, una franja impactada por sequías recurrentes, erosión del suelo y fenómenos climáticos que abarca desde el sur de México hasta Panamá, pero ocupa principalmente territorios de Guatemala, El Salvador, Honduras y Nicaragua.

De acuerdo con la Organización de las Naciones Unidas para la Alimentación y la Agricultura (FAO), se estima que 10.5 millones de personas viven en esta región de Centroamérica, de las cuales el 50 % vive en condiciones de pobreza y más de dos millones de familias dependen de la agricultura para sobrevivir.

Mario Salgado, oficial de Conocimiento del Riesgo en la Oficina de las Naciones Unidas para la Reducción del Riesgo de Desastres (UNDRR) de las Américas y el Caribe, considera que el Corredor Seco Centroamericano es de las regiones más vulnerables a la desertificación que ya se traduce en la seguridad alimentaria de millones de personas.

“Empieza a reflejarse en pérdidas en el sector agrícola, en inseguridad alimentaria y algo que quizás sí hace una diferencia notoria entre los efectos de sequía y de desertificación es lo que pasa a nivel de migración en el Corredor Seco de Centroamérica, que no solamente es interna, sino que traspasa las fronteras”, sostiene el especialista.

Salgado explica que la región comienza a vivir nuevos impactos en cadena, como los incendios forestales derivados del aumento de las temperaturas y menor precipitación. Éstos representan un riesgo para la salud de poblaciones por lo que considera clave avanzar en sistemas de alerta temprana.

“No solamente es que las alertas existan, sino que se puedan traducir en acciones. Esto implica políticas de una gestión sostenible del suelo, de una diversificación productiva, de ajustar los calendarios de siembra, la utilización de ciertos tipos de semillas que se sabe que son más resistentes a estas condiciones de sequía y de desertificación”, explica el experto a Mongabay Latam.

Esta correlación entre la desertificación y la sequía con los alimentos también ocurre en zonas donde puede haber o no actividades ganaderas y agrícolas a gran escala, de acuerdo con Quintanilla.

“Va impactando a zonas de bosque donde no hay actividad agrícola ni ganadera pero hay mucha vida silvestre y donde hay territorios donde sus medios de vida dependen de los frutos que pueden sacar del bosque, de los ríos. Esto impacta directamente la economía de estas familias que dependen de la producción y de la venta de productos del bosque”, advierte.

Alencar agrega que estos impactos en la seguridad alimentaria de la población ya se viven también en comunidades amazónicas.

“Cuando hay una sequía muy fuerte con altas temperaturas, los ríos bajan mucho y hay un impacto muy importante en la calidad del agua. Por ejemplo, la acidez. Los pescados se mueren porque están calientes, tienen menos agua”, sostiene la directiva del IPAM y añade los impactos en cadena que se generan contra las comunidades.

Sostiene que las sequías en las comunidades amazónicas rurales provocan una baja en el caudal de los ríos, por lo que no se puede acceder a los centros para la compra de alimentos, ya que se movilizan en embarcaciones.

“Es un impacto muy grande por la pérdida de miles de pescados. La población se queda sin esa importante fuente de proteína. No se puede beber agua, no se pueden bañar. Hay una escasez de agua para la salud humana”, afirma.

COP17 un escenario para plantear alternativas y financiarlas

La COP17 buscará soluciones a los desafíos interconectados de la desertificación, la degradación de la tierra y la sequía. Los especialistas consideran que los países latinoamericanos llegan con retos en la prevención y financiamiento para la resiliencia de las comunidades afectadas.

Para el caso de la Amazonía y el Chaco, Quintanilla considera que los países involucrados deben mirar a los bosques como un aliado para lograr la adaptación a la crisis climática.

“Es importante el compromiso de la reducción de la deforestación, me parece que sigue siendo un pilar importante la lucha contra los incendios. Los países de estas dos grandes regiones sostienen una agricultura importante para la humanidad. Hay que mirar los suelos como un área de protección y trabajar mucho más también con la investigación”, considera la experta.

En tanto, Salgado afirma que tanto el Corredor Seco Centroamericano como la Amazonía llegan con suficiente evidencia de que son regiones altamente expuestas y vulnerables a estas condiciones de sequía y de desertificación, por lo que se deben buscar mecanismos de gobernanza, sistemas de alerta y de rendición de cuentas.

“El conocimiento del riesgo puede brindar mucha información. Si los países cuentan con estimaciones robustas de lo que puede llegar a ocurrir, esas cuantificaciones permiten no solamente el diseño de planes más concretos, sino una correcta estimación de los recursos que se necesitan”, afirma.

Salgado advierte que precisamente abordar el financiamiento durante la próxima COP17 será uno de los retos, pues considera que debe haber una conexión con los presupuestos de dónde saldrá el dinero, o de lo contrario, pueden terminar en “listados de buenas intenciones”.

El artículo original fue publicado por Gonzalo Ortuño en Mongabay Latam. Puedes revisarlo aquí.

Si quieres leer más noticias ambientales en Latinoamérica, puedes revisar nuestra colección de artículos. Y si quieres estar al tanto de las mejores historias de Mongabay Latam, puedes suscribirte al boletín aquí, unirte a nuestro canal de WhatsApp o seguirnos en Facebook, X, Instagram, Tiktok y Youtube.

Cada año, el 16 de junio, se conmemora el Día Mundial de las Tortugas Marinas. La fecha llega este año con un panorama que mezcla esperanza y urgencia. Un estudio global publicado por el Grupo de Especialistas en Tortugas Marinas de la Unión Internacional para la Conservación de la Naturaleza (UICN) reveló que décadas de esfuerzos de conservación están dando resultado. Más del 40 % de las poblaciones de tortugas marinas son consideradas actualmente de bajo riesgo y baja amenaza, frente al 23 % registrado en 2011. Sin embargo, el mismo estudio advierte que la pesca incidental sigue siendo la amenaza más urgente para las tortugas marinas en todo el mundo, junto a otros riesgos como el desarrollo costero, la contaminación por plásticos, el cambio climático y la captura directa de tortugas y sus huevos.

En América Latina, tres historias iluminan tanto los avances como los desafíos que enfrentan estas especies en el Pacífico y el Atlántico Sur. En Ecuador, investigadores descubrieron que dos playas de la provincia de Esmeraldas son refugios únicos en el Pacífico Oriental para la resiliencia de las tortugas golfinas (Lepidochelys olivacea) frente al cambio climático.

Lee más | Llega el PUMA FEST: I Festival Latinoamericano de Periodismo Ambiental

En Colombia, las comunidades afrodescendientes del Chocó protagonizan una transformación profunda: de consumir tortugas a protegerlas, mientras la ciencia advierte la necesidad de acompañar esas iniciativas para que sean realmente beneficiosas. Y en Argentina, un equipo de investigadores logró por primera vez rastrear por satélite a machos de tortuga laúd (Dermochelys coriacea) en el Atlántico Sur, develando los movimientos de los individuos más desconocidos de la especie más grande de todas.

Ecuador: el refugio de tortugas macho

En la costa noroccidental de Ecuador, donde el bosque del Chocó llega hasta el mar y una capa permanente de nubes filtra la luz del sol, dos playas guardan un secreto que la comunidad científica tardó décadas en descubrir: casi todas las crías de tortuga golfina que nacen allí son machos.

El hallazgo, publicado en octubre de 2025 en la revista Climatic Change, podría ser una de las noticias más importantes para la conservación de tortugas marinas en el Pacífico Oriental. Y su historia comenzó, casi por casualidad, con una pregunta sobre el cambio climático.

“Necesitábamos un bioindicador para evaluar los efectos del cambio climático en comunidades pesqueras”, recuerda Rubén Vinueza Chérrez, biólogo marino y uno de los autores del estudio. En 2017, trabajando con la cooperación técnica alemana en el proyecto Procambio, propuso a los reptiles —y en particular a las tortugas marinas— como esa ventana para leer el clima. La razón es biológica: el sexo de las tortugas depende de la temperatura de incubación de los huevos. A más calor, más hembras. A más frío, más machos.

Lo que encontraron al instalar los primeros sensores en los nidos de Portete y Galera —en la provincia de Esmeraldas, al norte de Ecuador— fue sorprendente. Las temperaturas promedio de incubación fueron de apenas 27 °C en Portete y 27.3 °C en Galera, muy por debajo de los más de 30 °C que se registran en la mayoría de playas de anidación del mundo. El resultado: entre el 99.9 % y el 99.3 % de las crías nacidas entre 2018 y 2022 fueron machos.

Estos resultados son clave. De hecho, en la gran barrera de coral, en Australia, hasta el 99 % de las tortugas verdes que nacen son hembras, al igual que en el norte de Chipre. En Turquía, la cantidad de tortugas nacidas hembras alcanza el 74 %. Esta tendencia, asegura la investigación, “conlleva una marcada desproporción entre sexos que puede afectar el éxito reproductivo y, por consiguiente, la viabilidad a largo plazo de las poblaciones, así como la reducción del éxito de eclosión”.

“Para la comunidad científica es urgente encontrar estas zonas que podrían ser refugios del cambio climático. Necesitamos definir qué playas están todavía generando machos”, explica Vinueza Chérrez.

La clave está en la geografía. Portete y Galera se encuentran dentro del corredor del Chocó, uno de los ecosistemas más húmedos del planeta. La presencia de bosque, la nubosidad constante y la humedad reducen la entrada de radiación solar, manteniendo las temperaturas locales significativamente más bajas que en otras zonas tropicales de anidación. Además, la temporada de anidación de la golfina —de agosto a noviembre— coincide con los meses más frescos del año en la región.

El estudio proyectó las temperaturas futuras de los nidos bajo tres escenarios del Panel Intergubernamental sobre Cambio Climático. Las conclusiones son alentadoras: incluso en el peor escenario posible —el de desarrollo intensivo en combustibles fósiles—, la probabilidad de que las temperaturas superen los 30.5 °C (el umbral a partir del cual se producen hembras) llegaría al 71 % en Portete y al 68 % en Galera hacia finales de siglo. En otras palabras, aun en ese escenario extremo, una porción relevante de los nidos seguiría produciendo machos.

[iframe width=“100%” height=“400” src=“https://www.youtube.com/embed/97Sta8sVHIc?si=LOOWgIB6ncCwzNIk” title=“YouTube video player” frameborder=“0” allow=“accelerometer; autoplay; clipboard-write; encrypted-media; gyroscope; picture-in-picture; web-share” referrerpolicy=“strict-origin-when-cross-origin” allowfullscreen>

Eclosión de tortugas marinas en playa Portete, Ecuador. Video: Rubén Vinueza Chérrez y Estefanía Sánchez-Flores. 

Sin embargo, el futuro de estas playas no depende solo del clima. Portete, aunque protegida, enfrenta la presión del turismo de un hotel cercano en Mompiche. Galera, más inaccesible, está por ahora más resguardada. Ambas integran el Sistema Nacional de Áreas Protegidas de Ecuador, pero “ser área protegida no garantiza el cien por ciento”, advierte Estefanía Sánchez-Flores, coautora del estudio e investigadora en ingeniería ambiental. La urbanización, los perros sueltos en las playas, las luces artificiales y la pesca incidental siguen siendo amenazas reales. Conservar estos refugios, concluyen los investigadores, requiere no solo proteger el clima, sino también el bosque y la oscuridad de la noche.

Colombia: una tortuga viva vale más que una tortuga muerta

En Nuquí, un municipio del departamento del Chocó colombiano, hay personas que cada noche, entre julio y diciembre, recorren la playa esperando el rastro inconfundible de una tortuga que sube a desovar. Cuando la encuentran, esperan en silencio hasta que termina. Luego recogen los huevos y los trasladan a corrales protegidos donde permanecerán hasta la eclosión. El propósito del traslado es proteger los nidos de las mareas que pueden arrastrar los huevos mar adentro o de los perros que excavan la arena para devorarlos.

“Cuando los huevos eclosionan, las dejamos [a las tortugas] caminar solas hacia donde suena la ola”, cuenta Jorge Enrique Murillo Palacio, integrante del Consejo Comunitario General Los Riscales. “Es muy difícil que una tortuga se devuelva para arriba. Siempre busca la parte de abajo”. Esa caminata importa: la playa queda grabada en el vientre del animal, como un mapa, y cuando la tortuga es adulta regresa al mismo lugar a anidar.

Murillo forma parte del Consejo Comunitario General Los Riscales, autoridad territorial que administra más de 31 469 hectáreas en el municipio de Nuquí y que lleva más de 10 años coordinando la conservación de tortugas marinas en la zona. “Para nosotros es algo muy lindo porque estamos contribuyendo a que esa especie pueda seguir existiendo en el planeta”.

No siempre fue así. Un estudio publicado en 2025 en la revista Ethnoscientia, con trabajo de campo realizado en 2015 por Laura Soto-Cortés y Dennis Castillo-Figueroa en las comunidades de Jurubirá, Panguí y la cabecera de Nuquí, documenta una relación histórica mucho más compleja entre estas comunidades afrodescendientes y las tortugas marinas que llegan al Pacífico colombiano para reproducirse, todas en la lista roja de especies amenazadas de la Unión Internacional para la Conservación de la Naturaleza (UICN): la tortuga carey (Eretmochelys imbricata), en Peligro Crítico; la caná o laúd (Dermochelys coriacea), Vulnerable; la verde (Chelonia mydas), en Peligro; y la tortuga golfina (Lepidochelys olivacea), Vulnerable.

Leer más | La tenacidad del agua: comunidades indígenas, campesinos y afrodescendientes del Darién llevan sus vidas acuáticas al Museo Nacional de Colombia

A partir de entrevistas con pescadores locales, la investigación registró un vínculo multidimensional con las tortugas: alimenticio, medicinal, ornamental, espiritual y ritual. Se consumían huevos y carne y la grasa del animal se usaba para tratar enfermedades respiratorias. El pene del macho, conocido localmente como “el viril” o “la picha”, tenía alta demanda comercial como afrodisíaco, con compradores llegados desde ciudades como Medellín, y podía venderse entre 18 y 36 dólares. Incluso existía una práctica ritual llamada ombligada, en la que partes de la tortuga se ahumaban y raspaban para incorporarlas al cordón umbilical de los recién nacidos. De esa manera se les transfería, supuestamente, cualidades como la resistencia en el agua.

El estudio también documentó que los propios entrevistados percibían una disminución en las poblaciones y la vinculaban directamente a décadas de captura y consumo. “Cuando yo era muchacho, había mucha tortuga. Uno se iba por aquí, por la playa de Boca Chori, encontraba 10 nidadas de huevos y la gente se las traía”, relató uno de los participantes de Jurubirá. Los investigadores concluyen que incorporar estas percepciones y valores culturales locales es indispensable para diseñar estrategias de conservación verdaderamente efectivas y sostenibles en el tiempo.

Hoy, según Murillo, la transformación en Nuquí es real: quien sea encontrado con carne o concha de tortuga puede ser judicializado. Además, “nos dimos de cuenta de que una tortuga viva nos puede generar mucha más plata que terminar con su existencia. Nosotros anteriormente matábamos la tortuga. Pero gracias a Dios desde hace varios años a la tortuga la miramos como una fuente de ingreso, porque hay mucha gente turista que viene acá y de una u otra forma dejan recursos en el territorio”.

Sin embargo, la práctica de reubicar huevos, advierten los investigadores ecuatorianos Rubén Vinueza Chérrez y Estefanía Sánchez-Flores, “es complejo” y debe hacerse considerando diversos factores para evitar daños en las tortugas. De acuerdo con los especialistas, las tortugas seleccionan zonas de playa con perfiles térmicos específicos, y un nido mal reubicado —demasiado superficial o en una zona más expuesta— puede alterar la temperatura de incubación hasta afectar, incluso, el desarrollo neurológico de las crías. La reubicación puede ser necesaria, coinciden los investigadores, pero debe tomarse como última opción y con conocimiento técnico del perfil térmico de cada playa. No basta con que las tortuguitas lleguen al mar. Importa también cómo llegan.

Argentina: los machos invisibles del Atlántico Sur

De las siete especies de tortugas marinas que existen, la laúd (Dermochelys coriacea) es la más grande y una de las más misteriosas. Los adultos pesan entre 200 y 250 kilos —el ejemplar más grande registrado superó los 900 kilos—, pero a pesar de su porte, se sabe muy poco de ellas.

Victoria González, investigadora del Instituto de Investigaciones Marinas y Costeras de la Universidad Nacional de Mar del Plata y el Conicet, explica que la especie pasa la mayor parte de su ciclo de vida en zonas alejadas de la costa, lo que la hace muy difícil de estudiar. Aunque esta dificultad aplica tanto para hembras como para machos, todo lo que la ciencia conocía provenía de las playas de anidación, donde las hembras salen a desovar y los investigadores pueden acercarse. Los machos, que nunca abandonan el océano, permanecían como una incógnita.

Eso empezó a cambiar en aguas cercanas a la costa de la provincia de Buenos Aires, donde un equipo de investigadores logró colocar transmisores satelitales a machos de tortuga laúd. Capturarlos no fue sencillo. La metodología consiste en aproximarse lentamente a los animales con una embarcación y colocar en su camino un aro —similar a uno de básquet, pero mucho mayor— para que entren solos en la red. Una vez retenidos, se los sube a una balsa inflable. “A la cuenta de tres, entre tres o cuatro personas”, cuenta González, quien también es investigadora del Instituto Nacional de Investigación y Desarrollo Pesquero (INIDEP). La colaboración de pescadores artesanales, acostumbrados a trabajar en el mar y a manejar cargas pesadas, fue indispensable.

Los transmisores, fijados en el caparazón, envían datos de geolocalización cada vez que los animales salen a respirar. Los primeros resultados revelaron comportamientos inesperados: los cuatro machos marcados permanecieron durante semanas en aguas de la plataforma continental argentina, alimentándose en el norte de la provincia de Buenos Aires, muy cerca de la costa y no mar adentro como se pensaba. “Quizás lo vienen haciendo hace cientos de años, pero no lo sabíamos”, reflexiona la investigadora.

Uno de ellos hizo luego algo diferente a los demás: se desplazó bordeando la costa bonaerense hacia el Rincón, otro sistema de alta productividad donde hay abundancia de medusas, su alimento principal. Los pescadores artesanales empezaron a reportar presencia de medusas en las redes y al poco tiempo los transmisores confirmaron que los animales los seguían. Hacia finales de mayo, los cuatro iniciaron el desplazamiento hacia el norte. Hoy están en el sur de Brasil.

A partir de este hallazgo se disparan muchas preguntas, dice González. “¿Cuántas hay? ¿Están separadas en grupos? ¿Están todas juntas?”, se preguntan los investigadores.

Se sabe, por estudios genéticos, que las tortugas laúd que llegan a Argentina provienen principalmente de una pequeña población del norte de Brasil, en el estado de Espíritu Santo, y de colonias en la costa occidental de África, en Ghana, Gabón y Congo.

Hace unos 20 años, hembras muertas en playas argentinas con marcas metálicas colocadas para su identificación en las aletas permitieron comprobar por primera vez la migración transatlántica de la especie. El año pasado, el equipo capturó una hembra que llevaba en las aletas una chapa colocada 11 años antes en el Congo.

El seguimiento satelital busca no solo identificar los corredores migratorios una vez que las tortugas llegan a Argentina, sino también identificar zonas de superposición con las actividades pesqueras, uno de los principales factores de mortalidad a nivel global, y con los residuos en el mar. La contaminación por plástico es otra amenaza documentada: en tortugas verdes recuperadas muertas es frecuente encontrar bolsas, fragmentos de plástico duro y tapas de botella en el estómago, cuenta González.

El equipo espera colocar cuatro transmisores más en la próxima temporada, si consiguen financiamiento.

El artículo original fue publicado por Michelle Carrere en Mongabay Latam. Puedes revisarlo aquí.

Si quieres leer más noticias ambientales en Latinoamérica, puedes revisar nuestra colección de artículos. Y si quieres estar al tanto de las mejores historias de Mongabay Latam, puedes suscribirte al boletín aquí, unirte a nuestro canal de WhatsApp o seguirnos en Facebook, X, Instagram, Tiktok y Youtube.

En medio de la crisis que atraviesa Bolivia, el gobierno de Rodrigo Paz firmó un acuerdo con la Federación Nacional de Cooperativas Mineras (Fencomin) que pretende habilitar y ampliar actividades mineras en áreas protegidas y territorios indígenas. El convenio tendrá un impacto negativo sobre los parques nacionales, fuentes de agua y pueblos indígenas, aseguran expertos, legisladores y representantes indígenas.

El acuerdo se firmó el 14 de mayo en plena crisis social, política y económica que atraviesa Bolivia. Son más de 40 días de bloqueos de carreteras, marchas y enfrentamientos que tienen cercada, sobre todo, a la ciudad de La Paz. Varios sectores sociales exigen la renuncia del presidente Paz, quien insiste en el diálogo a pesar de la presión de activar un estado de excepción para terminar con los conflictos.

Uno de los sectores que participó activamente de las manifestaciones y bloqueos en la primera etapa de la crisis fueron los mineros cooperativistas, quienes incluso llegaron a enfrentarse con la Policía Boliviana en La Paz y utilizaron dinamita para intentar ingresar a las calles cercanas al Palacio de Gobierno. Esta organización fue convocada al diálogo y luego de horas de debate cerraron el acuerdo.

Leer más |Llega el PUMA FEST: I Festival Latinoamericano de Periodismo Ambiental

Tras esa reunión se firmó un acta de ocho puntos. El último se titula “Políticas en Medio Ambiente” y es el que dispone que la Autoridad Jurisdiccional Administrativa Minera (Ajam) “restablecerá el Reglamento de Otorgación de Derechos Mineros en Áreas Protegidas de manera pronta”.

Además, establece que el Servicio Nacional de Áreas Protegidas (Sernap) “repondrá el reglamento para la emisión del Certificado de Compatibilidad de Uso de Suelo como instrumento técnico para la otorgación de derechos mineros en áreas protegidas, conforme al artículo 220 de la Ley 535 de Minería”.

El acuerdo también tiene puntos relacionados con representación institucional, concesiones mineras, provisión de explosivos, contratos y participación del sector en decisiones estatales.

En Bolivia ya existen casos de minería ilegal dentro de áreas protegidas. La reserva más afectada es el Parque Nacional Madidi, en el norte del departamento de La Paz, donde existen denuncias de los propios guardaparques sobre actividades mineras en el río Tuichi, un afluente que fue catalogado como sujeto de derechos por el Tribunal Agroambiental.

Este tipo de minería aluvial en áreas protegidas puede provocar contaminación del agua por el uso de mercurio en la amalgamación del oro, lo que afecta a la fauna acuática y la salud de las poblaciones locales. Además, ocasiona la deforestación por el uso de dragas que devastan las riberas de los ríos y arrasan con los bosques.

Otro impacto es la vulneración de los derechos de los pueblos indígenas, ya que las operaciones mineras irrumpen en territorios indígenas dividiendo comunidades y afectando su soberanía alimentaria.

Críticas al acuerdo

Cecilia Requena, diputada de Alianza Unidad, calificó como “nefasta y macabra” la reunión entre el gobierno de Paz y el sector minero cooperativista y consideró que el acuerdo fue firmado bajo la presión que realizan los cooperativistas mineros con cualquier gobierno. La legisladora afirmó a Mongabay Latam que una manera de solucionar el conflicto con este sector fue brindarles “concesiones inaceptables”, refiriéndose a las áreas mineras que buscan tener en áreas protegidas y territorios indígenas.

“El Gobierno no puede sacrificar bienes comunes vitales, como nuestras áreas protegidas, nuestras fuentes de agua. Se debería hacer respetar las resoluciones del Tribunal Agroambiental”, resaltó Requena en diálogo con este medio.

La diputada se refiere a la resolución que emitió a inicios de 2026 el Tribunal Agroambiental, instancia que ordenó prevenir medidas regresivas contra el ambiente y las áreas protegidas de Bolivia. “Nadie detiene el envenenamiento con mercurio de niños y niñas y pueblos indígenas”, dijo Requena. El mercurio es un mineral altamente contaminante y tóxico que se utiliza en la separación del oro de los sedimentos de ríos, el tipo de minería que los cooperativistas buscan realizar en las áreas protegidas de la Amazonía.

Los efectos de la contaminación por mercurio en poblaciones humanas incluyen efectos neurológicos. “Está entre las diez sustancias más peligrosas declaradas por la Organización Mundial de la Salud (OMS)”, explicó a Mongabay Latam Claudia Vega. Vega es coordinadora del Programa de Mercurio del Centro de Innovación Científica Amazónica (CINCIA), una organización enfocada en la investigación e innovación para el desarrollo sostenible del bioma. “Es un problema para la salud pública y de hecho el mercurio es el único elemento que tiene un convenio, el convenio de Minamata, donde alrededor de 128 países se han comprometido a reducir el uso de mercurio para la protección de la salud humana y la salud del ecosistema porque se reconoce su alta toxicidad”, aseguró en una entrevista en 2025.

“Una de las cosas que más preocupa en mercurio es que puede atravesar la barrera hematoencefálica y placentaria. Eso quiere decir que si una mujer embarazada come mercurio [a través del consumo de peces de los ríos contaminados], este puede atravesar la placenta y llegar al cerebro del feto. Puede afectar al niño en edades tempranas y tener impacto para toda su vida. Los niños no pueden pararse, no oyen”, afirmó Vega.

La legisladora Requena acotó que el acuerdo entre Paz y los mineros ignora los impactos ambientales de la minería aurífera, particularmente la contaminación por mercurio y la afectación a ríos, lagos, glaciares y bofedales. “Muy pocos defendemos el medio ambiente”, reprochó Requena.

Mientras, la Coordinadora Nacional de Defensa de los Territorios Indígenas Originarios Campesinos y Áreas Protegidas de Bolivia (Contiocap) demandó a través de un comunicado la anulación inmediata del acuerdo entre el gobierno de Paz y Fencomin, cuestionando que se haya cedido al ingreso de la minería en áreas protegidas bajo presión de los mineros.

“El acuerdo con Fencomin busca monopolizar decisiones sobre la minería para una mayor proliferación de cooperativas mineras y mayor violencia y devastación del ambiente, mientras el Gobierno no tiene ni tendrá control sobre la extracción de minerales como lo venimos advirtiendo desde la aprobación de la Ley del Oro”, cuestionó Ruth Alipaz, representante de Contiocap.

La activista indígena acusó al presidente Paz de desconocer sentencias constitucionales que declaran a los ríos como sujetos de derechos y eliminar el rol de la Asamblea Legislativa Plurinacional al comprometer la aprobación de contratos mineros que “no cumplen con los requisitos y salvaguardas ambientales”.

Alipaz enumeró cinco artículos de la Constitución Política del Estado de Bolivia que se estarían violando con el acuerdo entre cooperativas mineras y el Gobierno y también demandó la suspensión de toda ampliación de zonas mineras sin garantías reales de fiscalización y protección ambiental. “Estamos exigiendo la adopción inmediata de medidas normativas, institucionales y operativas contra la minería ilegal y los delitos relacionados”, dijo Alipaz.

Los defensores de la reserva natural de Tariquía, al sur de Bolivia, también se manifestaron contra el acuerdo, al que consideran que califican que “representa una amenaza para ecosistemas que cuentan con protección legal y para comunidades que habitan estos territorios”.

Félix Choque, miembro del Comité de Defensa de Tariquía, afirmó a Mongabay Latam que se adhieren al pronunciamiento de Contiocap debido a que comparten las observaciones planteadas sobre el impacto que podrían tener las nuevas disposiciones. 

“Las medidas acordadas vulneran los derechos de las poblaciones asentadas dentro de reservas naturales y territorios protegidos. Nosotros también rechazamos este acuerdo porque está vulnerando los derechos de todos los que vivimos dentro de las reservas”, afirmó Choque.

La posición del Gobierno y los mineros

El Ministerio de Minería y Metalurgia envió un comunicado a Mongabay Latam en el que establece que el acuerdo firmado con el sector cooperativo minero no vulnera “los derechos de las naciones y pueblos indígena originario campesinos” y expresó que se mantiene la “plena vigencia y cumplimiento obligatorio la consulta previa, libre e informada, así como la normativa ambiental”.

“La actividad minera se encuentra regulada por una estricta normativa ambiental. El sector minero cuenta con un marco normativo específico que establece controles, procedimientos y obligaciones ambientales para todos los Actores Productivos Mineros [APM]”, dice el comunicado. Entre estas disposiciones, agrega el Ministerio, se encuentra el Reglamento Ambiental para actividades mineras, “cuyo cumplimiento es obligatorio y constituye un requisito indispensable para el desarrollo de cualquier actividad minera en el territorio nacional”.

En diálogo con Mongabay Latam, el presidente de Fencomin, Josué Caricari, defendió el acuerdo firmado con el Gobierno y dijo que su sector busca ingresar a trabajar en zonas que fueron abandonadas por empresas privadas, argumentando que su labor reactiva económicamente estos espacios. Sobre el ingreso a áreas protegidas, afirmó que respetan la normativa ambiental, pero que existen “derechos preconstituidos”, es decir que, para los mineros, prevalece el derecho de quienes tenían áreas mineras en estas zonas antes de la creación de las reservas y parques nacionales, que datan de varias décadas atrás.

“Nosotros vamos a cumplir toda la normativa ambiental y hubo mucha desinformación sobre el acuerdo firmado [con el Gobierno]. Hay derechos preconstituidos en algunas zonas, pero serán pues los Certificados de Compatibilidad de Uso (CCU) los que establezcan o no operaciones mineras [en áreas protegidas]”, detalló Caricari.

En Bolivia, el CCU es un documento emitido por el Servicio Nacional de Áreas Protegidas (SERNAP) para determinar si una actividad minera propuesta es compatible con una zona específica, especialmente en áreas protegidas donde algunas actividades son permitidas. Si bien el CCU no es un permiso minero final, es un paso importante para obtener la licencia ambiental y la autorización para la actividad.

Alerta por violación de normativas ambientales

Rodrigo Herrera, abogado y representante de la Asociación Legal Justicia Ambiental, afirmó a Mongabay Latam que la resolución del Tribunal Agroambiental de 2026 ordenó medidas destinadas a proteger los derechos ambientales (al agua, al aire limpio y los de otros seres vivos), “así como de los derechos de pueblos indígenas, frente a cualquier norma, política o acto de Órgano Ejecutivo que relaje salvaguardas e implique regresión en la protección ambiental”.

“En el acuerdo entre el Gobierno y Fencomin se contraviene el principio de no regresión, el principio precautorio y el ordenamiento jurídico ambiental vigente. Además, lamentamos que entre los puntos del acuerdo se encuentre el restablecimiento del Reglamento de Otorgación de Derechos Mineros en Áreas Protegidas y la liberación de nuevas áreas mineras”, criticó Herrera.

Según el Colegio de Biólogos de La Paz, el acuerdo vulnera normas ambientales, ya que no es posible el desarrollo de actividades mineras u otras extractivas en áreas protegidas después de su creación. “La reposición por parte de la Ajam de un reglamento que es abiertamente contradictorio a la normativa ambiental que aplica a las áreas protegidas resultaría totalmente ineficaz, por ser nulo de pleno derecho”, afirmó la institución en un comunicado.

El artículo original fue publicado por Ivan Paredes en Mongabay Latam. Puedes revisarlo aquí.

Si quieres leer más noticias ambientales en Latinoamérica, puedes revisar nuestra colección de artículos. Y si quieres estar al tanto de las mejores historias de Mongabay Latam, puedes suscribirte al boletín aquí, unirte a nuestro canal de WhatsApp o seguirnos en Facebook, X, Instagram, Tiktok y Youtube.

El gobierno de Javier Milei oficializó una reducción de 3879 millones de pesos (más de 2.7 millones de dólares) al presupuesto de la Administración de Parques Nacionales, afectando la preservación de 46 áreas naturales protegidas. Según los expertos consultados por Mongabay Latam, este recorte agrava especialmente la situación de los costos operativos que se realizan en las áreas protegidas, vinculados al consumo de combustibles y lubricantes, pero también en el pago a guardaparques, quienes, a través de su sindicato, también criticaron la decisión.

El 65.9 % —2557 millones de pesos, unos 1.7 millones de dólares— del recorte afecta directamente al funcionamiento cotidiano de las 46 áreas protegidas. Entre los rubros alcanzados se encuentran la contratación de servicios técnicos y profesionales, el mantenimiento y reparación de maquinaria, vehículos e infraestructura, combustibles y lubricantes, repuestos, limpieza, energía eléctrica y provisión de insumos básicos.

El 34.1 % —1322 millones de pesos, alrededor de un millón de dólares— restante desfinancia los programas de Actividades Centrales, Formación y Capacitación, Infraestructura en Áreas Naturales Protegidas, Planificación, Formulación y Ejecución de Políticas de Conservación en Áreas Naturales Protegidas y el Sistema de Áreas Marinas Protegidas, de acuerdo con un informe de Fundación Ambiente y Recursos Naturales (FARN).

La reducción presupuestaria afecta incluso a algunos de los parques más emblemáticos de Argentina, entre ellos Nahuel Huapi, Los Glaciares -donde se encuentra el glaciar Perito Moreno-, Iguazú -sede de las mundialmente famosas Cataratas del Iguazú-, Lanín y Los Alerces, este último afectado recientemente por incendios forestales en la provincia de Chubut.

Leer más | Colombia anuncia mayor protección para la Sierra Nevada de Santa Marta: la implementación será el reto

El ajuste quedó formalizado mediante un decreto firmado por el jefe de Gabinete, Manuel Adorni, y el ministro de Economía, Luis Caputo. Según las autoridades de ese país, esta reducción, que también se aplicó a otras áreas como ciencia y salud, se da en el marco de la política de recorte del gasto público.

Manuel Jaramillo, director general de la Fundación Vida Silvestre Argentina, explicó a Mongabay Latam que esta reducción de los recursos comprometidos para la conservación de la biodiversidad no es un ahorro y no es una contribución al déficit cero, como dice el gobierno. “Implicará retrocesos en procesos y avances que luego serán más costosos de recuperar. Sin mencionar el debilitamiento en materia de prevención de incendios forestales, que luego se traducirá en enormes gastos que indefectiblemente habrá que afrontar ante la emergencia”, detalló Jaramillo.

El experto resaltó que el monto reducido es más relevante si se considera que el presupuesto nacional para este año se aprobó con una pauta de inflación anual de aproximadamente 10.1 %. Sin embargo, dijo, la inflación ya acumuló 9.4 % de incremento en los primeros tres meses de 2026. “Esto agrava la situación de muchos de los costos operativos de las áreas naturales protegidas”, afirmó Jaramillo.

“¿Qué significa este recorte en territorio?”, se pregunta el especialista. Pone como ejemplos los casos del Parque Nacional Nahuel Huapi, donde el recorte alcanza casi 191 millones de pesos (132 463 dólares). Además, el Parque Nacional Lanín perdió 157 millones de pesos argentinos (180 876 dólares); Los Alerces vio su presupuesto reducido en 70 millones de pesos argentinos (48 541 dólares); y al Parque Nacional Los Glaciares, en Santa Cruz, le quitaron más de 77 millones de pesos (53 400 dólares).

“En la Patagonia argentina, la recurrencia e intensidad de los incendios forestales sobreexige los presupuestos de toda la Administración pública y en particular de la Administración de Parques Nacionales para dar respuesta a la prevención, ataque temprano, combate y restauración post incendios”, remarcó Jaramillo, quien añadió que también “el reciente brote de hantavirus en la región patagónica es una alerta adicional de las necesidades presupuestarias que deberán afrontar los parques nacionales patagónicos para brindar seguridad y protección al ambiente, los visitantes y al propio personal”.

 Reclamo de los guardaparques

El Sindicato de Guardaparques Nacional de la República de Argentina (Sigunara) reclamó que la reducción de presupuesto afecta directamente la capacidad operativa del sistema de áreas protegidas en todo el país, lo que implica menos combustible, menos vehículos, menos equipamiento, menos formación, menos mantenimiento y menos recursos para prevención y respuesta ante incendios, rescates y control territorial.

Leer más | Llega el PUMA FEST: I Festival Latinoamericano de Periodismo Ambiental

“Mientras se recortan funciones esenciales de conservación, el documento oficial intenta disimular la desinversión operativa mediante movimientos contables y fondos inmovilizados”, aseguró Sigunara a través de un comunicado enviado a Mongabay Latam. “Debilitar parques nacionales es debilitar la protección del agua, la biodiversidad, el patrimonio natural y cultural y la soberanía territorial. Sin presupuesto no hay conservación efectiva. Sin trabajadores con condiciones dignas no hay protección real del territorio”, agregaron desde el sindicado.

Este medio envío una solicitud de información a la Subsecretaría de Ambiente de Argentina para conocer su posición sobre la reducción presupuestaria a las áreas protegidas, pero no obtuvo respuesta. Asimismo, Mongabay Latam pidió información al Ministerio de Seguridad, encargada por decisión de Milei del combate a los incendios forestales, pero tampoco hubo respuestas.

Uno de los casos que más preocupación genera es el del Parque Nacional Los Alerces, ubicado en la provincia de Chubut y declarado Patrimonio Mundial por la UNESCO. El área protegida fue una de las más golpeadas por los incendios forestales de este año, donde brigadistas y personal ambiental trabajaron durante semanas para contener el fuego.

Pese a ese antecedente reciente, el parque sufrirá la reducción presupuestaria. Los Alerces es además uno de los principales atractivos naturales de la Patagonia, reconocido por sus bosques milenarios, lagos y cascadas sobre el río Manso, además de su valor ambiental y turístico internacional.

Trabajadores en ese parque advirtieron que el ajuste podría limitar seriamente la capacidad operativa frente a nuevos focos ígneos durante la próxima temporada de incendios, estimada para finales de año.

Claudio Bertonatti, naturalista, museólogo y docente de la Universidad Maimónides, criticó la determinación oficial y sostuvo que las áreas protegidas representan una inversión estratégica y no un mero gasto para el Estado. El experto afirmó que la lógica del Gobierno al recortar el presupuesto de los parques nacionales es “difícil de comprender”.

“Todo indica que nuestros economistas consideran que los parques nacionales son áreas ociosas, cuando en realidad son áreas productivas. Recortar los presupuestos es como mal alimentar a la gallina de los huevos de oro, o pegarle, o no curarla. No es sensato, sencillamente”, afirmó Bertonatti a Mongabay Latam.

El experto contrastó la situación argentina con la de otros países que invierten en sus parques nacionales, los dotan de mejor infraestructura y desarrollan proyectos de investigación, educación pública y conservación. “Estamos yendo un poco a contramano de lo que se debería hacer”, consideró Bertonatti, quien puso énfasis en la necesidad de que la población cuente con funcionarios ambientales formados y experimentados para una gestión eficiente del Estado.

Leer más | Mujeres Tortuga: la iniciativa del pueblo indígena siekopai para recuperar las charapas del río Aguarico

Andrés Napoli, director de la Fundación Ambiente y Recursos Naturales (FARN), afirmó a Mongabay Latam que, aunque en términos cuantitativos la reducción pueda parecer limitada, su impacto resulta significativo cuando se analiza en el marco del deterioro presupuestario acumulado durante los últimos dos años y medio. El experto detalló que, siguiendo los datos publicados en el último Monitor Ambiental del Presupuesto, la Administración de Parques Nacionales (APN) perdió cerca de un tercio de su presupuesto real respecto a 2023, tanto por la falta de actualización de sus fondos como por la decisión política de subejecutar su presupuesto.

“Si se considera la proyección inflacionaria incluida por el propio Gobierno en la Ley de Presupuesto 2026, la Administración de Parques Nacionales registraría este año una caída real del 32.3 % respecto de 2023. Sin embargo, si se toma como referencia la estimación del Relevamiento de Expectativas de Mercado (REM), elaborado por el Banco Central de la República Argentina (BCRA), la pérdida de poder adquisitivo se profundizaría hasta alcanzar el 39.4 %”, destacó Napoli.

El artículo original fue publicado por Ivan Paredes en Mongabay Latam. Puedes revisarlo aquí.

Si quieres leer más noticias ambientales en Latinoamérica, puedes revisar nuestra colección de artículos. Y si quieres estar al tanto de las mejores historias de Mongabay Latam, puedes suscribirte al boletín aquí, unirte a nuestro canal de WhatsApp o seguirnos en Facebook, X, Instagram, Tiktok y Youtube.

Una cría huérfana de elefante marino del sur (Mirounga leonina) logró regresar al océano en las costas de San Clemente del Tuyú, Argentina, luego de completar una compleja rehabilitación que se extendió durante siete meses. El caso es considerado excepcional por los especialistas, ya que la cachorra fue abandonada por su madre apenas horas después de nacer y logró sobrevivir gracias a un intenso trabajo de rescate y recuperación.

El animal fue encontrado el 22 de octubre de 2025 en Villa Gesell, en la costa atlántica. Según los especialistas de la Fundación Mundo Marino, la madre habría huido debido a una posible perturbación humana, dejando sola a la cría en una etapa crítica para su supervivencia. Tras esperar durante toda la noche con la esperanza de que la hembra regresara, guardaparques de la Reserva Faro Querandí consideraron que el reencuentro no ocurriría.

“Las hembras de elefante marino rara vez abandonan a sus crías de forma voluntaria en los primeros días de vida. En esa situación, quedó claro que hubo imprudencia humana”, señala Sergio Rodríguez Heredia, biólogo y responsable del Centro de Rescate y Rehabilitación de la Fundación Mundo Marino.

Cuando fue trasladada al Centro de Rescate y Rehabilitación de la fundación, la pequeña elefante marina presentaba signos de debilidad y deshidratación.

El desafío para los especialistas era enorme. La leche de las hembras de elefante marino posee un contenido graso muy alto, lo que permite que las crías tripliquen su peso en apenas tres semanas. Ante la ausencia de antecedentes similares, un equipo integrado por veterinarios, biólogos, técnicos y nutricionistas desarrolló una fórmula experimental para sustituir la leche materna y ajustó constantemente el tratamiento según la evolución del animal.

Durante las primeras semanas, la prioridad fue estabilizar su estado de salud mediante hidratación, monitoreo permanente y medidas preventivas para evitar infecciones. También se implementaron estrategias para reducir la dependencia hacia los humanos, incluyendo el uso de un peluche como objeto de apego y una rutina de alimentación diseñada para imitar las condiciones naturales.

Con el paso de los meses comenzó otra etapa decisiva: aprender a alimentarse por sí sola. Tras varios intentos, la cachorra aceptó pescado entero y posteriormente consiguió capturar peces vivos, una habilidad indispensable para sobrevivir en libertad.

Una vez alcanzado el peso mínimo establecido por los especialistas, superior a los 100 kilos, llegó el momento más esperado. Aunque nunca había estado en una playa abierta ni había tenido contacto directo con el océano, la joven elefante marina exploró la costa durante varias horas hasta que finalmente ingresó al agua y se alejó mar adentro.

Ahora, un plan de monitoreo permitirá seguir su evolución. La cría fue identificada con una caravana numerada para facilitar futuros avistamientos y verificar que logre alimentarse de manera exitosa en su ambiente natural.

Este artículo se publicó originalmente en Mongabay Latam, puedes leerlo aquí

Mientras los glaciares de los Andes centrales se reducen a un ritmo sin precedentes, en Santiago, la capital chilena, se reactiva un viejo engranaje burocrático. El pasado 14 de abril, el ministro de Economía y Minería de Chile, Daniel Mas, y el secretario de Minería de Argentina, Luis Enrique Lucero, acordaron retomar las sesiones de la Comisión Administradora del Tratado de Integración y Complementación Minera, un pacto que busca abrir proyectos mineros en la alta cordillera para operaciones transnacionales.

En palabras simples, este acuerdo —firmado originalmente en 1997— crea un territorio que borra los límites fronterizos tradicionales. A través de los llamados Protocolos Adicionales Específicos (PAE), el tratado aplica normas especiales para que las empresas exploten yacimientos conjuntos y coordinen su logística, permitiendo que las compañías operen en las altas cumbres como si ambos países fueran uno solo.

Desde el Ministerio de Minería de Chile confirmaron a Mongabay Latam que el gobierno del presidente José Antonio Kast se ha propuesto reactivar la agenda de trabajo de este acuerdo de 1997, para lo cual retomarán formalmente las sesiones de la Comisión Administradora Binacional el próximo 7 de julio en Buenos Aires.

Leer más | Llega el PUMA FEST: I Festival Latinoamericano de Periodismo Ambiental

De acuerdo con la cartera, el tratado busca facilitar sinergias para proyectos fronterizos aprovechando la experiencia e infraestructura chilena, especialmente entre las regiones de Atacama y Valparaíso (norte y centro del país), lo que abre “la posibilidad concreta de avanzar en colaboración estratégica, en transferencia de conocimiento, apoyo logístico y comercio exterior” para impulsar inversiones que generen empleo local.

Para la sociedad civil y la comunidad científica, este reimpulso es una señal de alerta.

Según el geógrafo argentino Marcelo Giraud, los proyectos de minería binacional enfrentan una colisión inevitable con la naturaleza. Debido a que las vetas de mineral se concentran en las cumbres más altas de los Andes —justo en el límite internacional—, las áreas de concesión suelen incluir y superponerse con glaciares descubiertos (masas de hielo blanco expuesto), cubiertos (capas de hielo protegidas por sedimentos) y de escombros (estructuras de roca mezcladas con hielo subterráneo), además del ambiente periglaciar. Al quedar atrapados dentro del polígono de operación industrial, estos cuerpos quedan directamente expuestos a la destrucción.

Intervenir estas zonas, agrega Constanza Espinosa, directora de la Fundación Glaciares Chilenos, impactaría sobre el suministro básico de agua. “Más del 70 % de la población de Chile se abastece con agua proveniente de glaciares ubicados en la cordillera. En un contexto de crisis climática, estos sistemas funcionan como un seguro hídrico natural”, asegura.

“Un tratado suscrito a fines de los 90, y cuya última modificación fue en 2001, no está en concordancia con los cambios que han ocurrido en los últimos 25 años en materia regulatoria, como tampoco en el territorio mismo”, agrega Flavia Liberona, directora ejecutiva de la ONG chilena Fundación Terram.

¿Qué está en juego en las altas cumbres de los Andes tras la reactivación de este tratado binacional?

Tratado minero: el agua de las cuencas en la balanza

Para los investigadores, lo que se arriesga en la alta cordillera no radica en las líneas divisorias de los mapas, sino en la intervención de un ecosistema clave bajo el suelo. Álvaro Ayala, glaciólogo e investigador del Centro de Estudios Avanzados en Zonas Áridas (CEAZA), explica que en el norte de Chile y el área de la provincia de San Juan en Argentina, el valor hídrico fundamental se encuentra en estructuras ocultas, como los glaciares de roca y el ambiente periglaciar. Este último corresponde a las áreas de alta montaña donde el suelo permanece congelado —fenómeno conocido como permafrost— y donde el hielo se esconde mezclado con rocas y tierra.

En estas zonas extremas, el entramado subterráneo funciona como un gigantesco regulador hídrico natural, atrapando el agua de las escasas lluvias y nevadas para liberarla gradualmente. “Toda la lluvia y nieve que se derrite y se acumula ahí va quedando en el suelo, se congela debido al clima frío y después se va liberando poco a poco”, detalla Ayala. En periodos normales, su flujo es menor que el de los ríos superficiales, pero su valor se vuelve absoluto en épocas de escasez de agua.

Al respecto, Giraud, quien es integrante de la Asamblea Popular por el Agua (asamblea de vecinos autoconvocados en la provincia de Mendoza por la defensa de los bienes comunes y especialmente del agua) aporta un dato crítico para dimensionar el riesgo: “Varios equipos de investigadores argentinos y chilenos han demostrado que en las regiones áridas andinas, en contexto de megasequía como la registrada a partir de 2010, las reservas estratégicas que constituyen los glaciares y el ambiente periglaciar pueden aportar más del 50 % del caudal de los ríos, amortiguando el impacto negativo de la escasa precipitación”.

Tanto Ayala como Giraud coinciden en decir que intervenir estos cuerpos de agua destruye la “cuenta de ahorro” que entregan los glaciares.

A esta alerta se suma el diagnóstico técnico sobre los impactos de la minería pesada en las altas cumbres. Espinosa, de la Fundación Glaciares Chilenos, detalla que las amenazas van desde la remoción física del suelo y la construcción de infraestructura —que afectan directamente a glaciares y ambientes periglaciares— hasta la intervención de glaciares rocosos, cuerpos que muchas veces son invisibles o poco conocidos en las evaluaciones.

A esto se suma el uso intensivo y la potencial contaminación química del agua, un factor que golpea severamente la calidad y disponibilidad del recurso. Espinosa enfatiza en el impacto del material particulado en suspensión, que al depositarse sobre el hielo cordillerano acelera su proceso de derretimiento. Para la experta, el escenario de crisis climática actual no resiste estas presiones extractivas adicionales, pues los hielos que ya retroceden pueden acelerar su pérdida de cobertura de forma irreversible.

“El riesgo no es solo ambiental, sino también social”, advierte la investigadora, subrayando que estas afectaciones comprometen de manera directa la seguridad hídrica de las comunidades que dependen de estas fuentes de agua.

Dudas en la protección legal

El diputado argentino Esteban Paulón, del Bloque Unidos, advierte que la reactivación del tratado binacional dinamizará capitales privados bajo marcadas diferencias institucionales: “Hay un marco de asimetría entre los requisitos ambientales. El monitoreo, en el caso de Argentina, va a recaer en los gobiernos provinciales, y en el caso de Chile va a seguir en manos del gobierno nacional”.

Esta descentralización del control se volvió crítica tras la aprobación de la reforma a la Ley de Glaciares en Argentina. Giraud explica que la normativa original protegía de forma homogénea a todos los glaciares basándose en criterios científicos unificados por el Instituto Argentino de Nivología, Glaciología y Ciencias Ambientales (Ianigla), pero los cambios introducidos permiten ahora a las provincias objetar dicha protección alegando que ciertos cuerpos de hielo podrían no ser una “reserva hídrica estratégica”, un concepto que la ley no define.

“Si un gobierno provincial considerara que no son estratégicos, podría ordenar al Ianiglia que los elimine del Inventario Nacional de Glaciares y permitir allí actividades mineras, hasta incluso destruirlos por completo”, advierte Giraud.

Sin embargo, el alcance real de esta desprotección permanece congelado en los tribunales. Giraud aclara que la modificación a la Ley de Glaciares está siendo impugnada ante los tribunales federales de su país por violar el principio de no regresión en materia ambiental y el derecho a la participación ciudadana consagrados en el Acuerdo de Escazú, además de la consulta previa a los pueblos indígenas del Convenio 169 de la OIT. “Si las acciones judiciales no prosperan, constituirá un pésimo precedente para los ecosistemas existentes dentro del polígono del tratado binacional”, enfatiza el geógrafo.

Leer más | La inteligencia artificial se convierte en aliada clave para conservar la biodiversidad de América Latina

La fragmentación burocrática y política que implica la eventual aprobación de la Ley de Glaciares preocupa en el lado chileno. “La reciente aprobación que modificó la Ley de Glaciares podría activar la intención de desarrollar proyectos binacionales utilizando este tratado”, explica Liberona. Sin embargo, advierte que la desprotección es compartida, ya que en Chile no existe una regulación que proteja los glaciares ni los recursos hídricos en alta montaña.

Para la especialista, el tratado genera un escenario donde el control integral de los ecosistemas compartidos se diluye, pues se realizan evaluaciones ambientales por separado y con estándares distintos. “No se tiene una visión integral del impacto que genera el proyecto o de los impactos que se originan en un lado de la frontera cuando la evaluación ocurre en el otro”.

Además, Libarona hace hincapié en que para las comunidades locales esto se traduce en una vulnerabilidad directa, ya que las decisiones e intervenciones físicas en un país impactan la calidad y cantidad de las aguas que fluyen hacia el otro.

¿Vuelve el fantasma de Pascua Lama?

En la frontera de la Región de Atacama, en el norte de Chile, que colinda con la provincia argentina de San Juan, se despliega el proyecto Distrito Vicuña, un gigantesco complejo de proyectos de oro y cobre —que incluye yacimientos como Josemaría, Filo del Sol y Los Helados— controlado por el grupo canadiense Lundin y BHP.

El proyecto asegura en su página web que se emplaza en Chile y en Argentina y, según Giraud, “se encuentra de lleno en el polígono al cual aplica el tratado”. Organizaciones ambientales ya lo catalogan como el “nuevo Pascua Lama”, el emblemático proyecto binacional que terminó clausurado definitivamente por la Justicia chilena tras provocar severos daños ambientales.

Mongabay Latam envió preguntas al equipo de comunicaciones del proyecto, pero hasta la publicación de esta nota la empresa no respondió.

Ayala explica que la excavación remueve y saca a la superficie rocas ricas en metales que naturalmente están escondidas y aisladas bajo el hielo. Al tomar contacto con el oxígeno y el agua, producen drenajes ácidos y procesos geoquímicos que contaminan los ríos, repitiendo el patrón técnico que sepultó a Pascua Lama.

El Distrito Vicuña no se limita a las altas cumbres.

La intención de utilizar a Chile como plataforma logística amenaza directamente a las comunidades de la Región de Atacama con un aumento drástico en el tránsito de camiones de alto tonelaje, uso de maquinaria pesada e infraestructura portuaria para el embarque del mineral extraído en Argentina.

Para Liberona, el impulso gubernamental parece ignorar las lecciones del pasado, arriesgándose a saturar un territorio históricamente golpeado por pasivos mineros: “De materializarse Vicuña, aumentarían las cargas ambientales negativas”, sentencia Liberona.

Frente a este complejo panorama, la comunidad científica insta a un cambio profundo de paradigma que deje atrás la mirada meramente extractivista y empiece a concebir la alta montaña como un ecosistema compartido. Ayala comenta que, si bien la industria puede ver una “lógica en los acuerdos binacionales”, el verdadero desafío de ambos países corre por otra vía.

“Antes de pensar en eso, pongámonos de acuerdo en qué queremos conservar de los Andes visto como unidad”, reflexiona el investigador del CEAZA. Su propuesta apunta a una diplomacia que no solo se siente a firmar tratados de explotación, sino que sea capaz de unificar criterios de protección. “Pensemos qué queremos para la cordillera desde los dos lados, queremos que sea una unidad más integrada”, concluye el científico, abriendo la puerta a que el futuro de las cumbres andinas se defina desde la conservación y no solo desde el mineral.

El artículo original fue publicado por Barinia Montoya en Mongabay Latam. Puedes revisarlo aquí.

Si quieres leer más noticias ambientales en Latinoamérica, puedes revisar nuestra colección de artículos. Y si quieres estar al tanto de las mejores historias de Mongabay Latam, puedes suscribirte al boletín aquí, unirte a nuestro canal de WhatsApp o seguirnos en Facebook, X, Instagram, Tiktok y Youtube.

En las estepas de la provincia de Santa Cruz, alejada del contacto humano y sometida a bajas temperaturas, habita la gallineta chica (Rallus antarcticus), una misteriosa ave que se creyó extinta durante 40 años.

Al estar refugiada en densos humedales de la Patagonia austral, y por su carácter esquivo, resulta casi inaccesible para los científicos y, por eso, en medio de los alejados parajes, el biólogo Ignacio Roesler se preguntó: ¿cómo saber cuántas hay si casi no se dejan ver?

Con ayuda de la inteligencia artificial se viene construyendo la respuesta. Desde hace dos años, un grupo de científicos argentinos de la Fundación Macá Tobiano y el Laboratorio de Sistemas Dinámicos de la Universidad de Buenos Aires estudian los cantos de estas aves para identificar a cada individuo.

[iframe src='https://flo.uri.sh/visualisation/29093532/embed' title='Interactive or visual content' class='flourish-embed-iframe' frameborder='0' scrolling='no' style='width:100%;height:150px;' sandbox='allow-same-origin allow-forms allow-scripts allow-downloads allow-popups allow-popups-to-escape-sandbox allow-top-navigation-by-user-activation'>

Conforme se suman registros sonoros —hechos en campo— se va entrenando el software que distinguirá a los individuos por sus voces. Con ello, los expertos apuntan a conocer la salud de esta enigmática especie que se resiste a la extinción y que hoy está considerada como Vulnerable en la Lista Roja de Especies de la Unión Internacional para la Conservación de la Naturaleza (UICN).

“Como los juncales están tupidos, casi no se la puede ver. Hay que detectarlas casi exclusivamente por el sonido”, cuenta Roesler, director de la Fundación Macá Tobiano.

Se apunta a que el monitoreo masivo de cantos también permita conocer los hábitos, desplazamientos y tiempos de vida de la gallineta chica. A la par, gracias al estudio de la siringe (el órgano vocal de las aves), están construyendo modelos computacionales que recrean los sonidos de la especie y sus posibles variaciones.

Estos trabajos de laboratorio se complementan con las acciones en territorio con ganaderos locales. En la provincia de Santa Cruz se impulsan buenas prácticas de manejo, como cierres y rotación de áreas de pastoreo, para no alterar el hábitat de las gallinetas.

Leer más | Claves para evitar las colisiones de aves con estructuras urbanas, según una red de ciencia participativa | ENTREVISTA

La enigmática ave que revivió en el sur del mundo

A mediados del siglo XX, había disponibles apenas 20 especímenes de gallineta chica en las colecciones de los museos de historia natural.

Las principales colectas se habían hecho en el siglo XIX, en diversos puntos de la Patagonia, sumando casos excepcionales en Santiago de Chile y la provincia de Buenos Aires. Con los años se tornó más difícil hallarla. Los periodos de tiempo entre capturas se fueron ensanchando, hasta que, en 1959, se la registró por última vez en la provincia de Río Negro. O al menos eso se pensó durante cuatro décadas.

En 1992, en el libro Threatened birds of the Americas: The ICBP/IUCN Red Data Book, la UICN planteó la posible extinción de la gallineta chica debido al tiempo transcurrido sin registros.

Sin embargo, al biólogo argentino Juan Mazar Barnett, que trabajaba en Birdlife International, le hizo ruido esta afirmación. Por las similitudes físicas con la gallineta de Virginia (Rallus limicola), ambas de la familia de los rálidos, dedujo que podrían cantar parecido. Así que tomó algunas grabaciones de la especie norteamericana, que hace migraciones a Centro y Sudamérica, y fue a la Patagonia a buscar a la gallineta chica, el ave que se creía extinta.

Después de pruebas y exploraciones, en enero de 1998, en los bañados del Río Chico, Santa Cruz, detectó cantos similares a las grabaciones que usaba como referencia. En esa ocasión identificó cantos de cuatro ejemplares, logrando ver a uno de ellos entre los juncos. El ave presentaba las características de la gallineta chica y no de la gallineta de Virginia: la parte superior de color beige con rayas gruesas negruzcas; la parte inferior plomiza; el vientre y la cloaca negros, las patas rojas.

Junto con su equipo de trabajo consignó los registros en un artículo donde dio detalles de las vocalizaciones encontradas. El biólogo Ignacio “Kini” Roesler acompañó a Mazar Barnett en sus últimos estudios de la especie.

A pesar de estos trabajos preliminares, la bibliografía sobre la especie sigue siendo escasa y aún con los datos aislados de individuos recolectados en los museos, no es suficiente para establecer patrones de alimentación y reproducción de la gallineta chica.

Por eso, tras el redescubrimiento, Roesler recorrió la zona para saber si existían otros lugares donde aún habitaba la especie. A fines de la primera década de 2000, ya instalado en el área patagónica, empezó a mapear la zona cada año.

Encontró que el área de distribución se había reducido en casi un 80 %. El ave originalmente vivía por toda el área patagónica hasta el sur de Buenos Aires, Argentina, y Santiago, en Chile. Actualmente, sólo quedan gallinetas chicas en la parte más austral de la Patagonia, principalmente en la provincia de Santa Cruz, y por el lado chileno en la región de Magallanes.

“La buena noticia fue que no estaba extinta, sin embargo, está en una situación de conservación bastante complicada”, señala Roesler.

El primer factor de la reducción territorial está vinculado al sobrepastoreo. Durante el siglo XX en la zona se instalaron la mayoría de estancias con ganado vacuno y ovino, pues se aprovechaba la productividad forrajera que les traían los juncales, precisamente el ambiente donde vive la gallineta chica.

En simultáneo, se empezaron a dar liberaciones de visón americano (Neovison vison), un depredador acuático que había sido traído para usar su piel en la industria de la moda. “El momento en que se le pierde el rastro a la gallineta coincide con la llegada de esta especie invasora”, anota Roesler. Su deducción no termina ahí. En el barrido territorial que hizo durante años notó que donde había visón no estaba la gallineta.

A estas amenazas, el científico le agrega las variaciones en los niveles de agua de las cuencas que se están dando por el cambio climático, lo cual impacta directamente en los pequeños pantanos donde mora esta ave.

Esta combinación de factores empujó a la gallineta a lugares menos accesibles y recónditos. Por su volumen, apenas 20 centímetros de altura y 60 gramos de peso, resulta difícil de observar entre los humedales donde se refugia. Tímida, apenas sale a alimentarse en las orillas de la vegetación al inicio y final del día.

“Es una especie muy difícil de observar y capturar. Está en lugares remotos. Son ambientes extremos, tanto por lo climático como por lo logístico”, dice Roesler.

En sus recorridos, hubo varios días en los que no pudo ver un ejemplar, así que el científico recurría a su oído. Cuando los binoculares no alcanzan a distinguir a las gallinetas camufladas entre juncos de dos metros, se sabe que están ahí por sus cantos. Pero, ¿cuántas cantan? ¿Es solo una, son dos o son diez? Roesler, de tanto oír sin poder verlas, comprendió que la clave estaba en los cantos.

Desde 2024, a la tarea de Roesler se unieron también el biólogo Juan Krapovickas y el físico Gabriel Mindlin, especialista en el estudio de la vocalización de las aves, que hoy son los encargados de hacer realidad la detección de huellas sonoras. La investigación forma parte de la tesis doctoral de Krapovickas en la Universidad de Buenos Aires (UBA), que cuenta con el apoyo del Consejo Nacional de Investigaciones Científicas y Técnicas (Conicet) y se desarrolla en la Fundación Bariloche.

En una línea similar de trabajo, Mindlin tenía experiencia estudiando poblaciones del cardenal amarillo (Gubernatrix cristata) y recreando cantos perdidos del chingolo (Zonotrichia capensis). La esquiva gallineta chica aparecía como una especie ideal para aplicar esos conocimientos. “Aunque nosotros dijimos: ‘Vayamos un paso más allá, no sólo queremos identificar las poblaciones, queremos identificar a cada uno de los individuos’”, refiere Roesler.

Leer más | Científicos alertan que gobiernos y sector privado usan indebidamente nuevos enfoques para medir el metano

La IA como aliada de conservación

Antes de buscar los grabadores instalados en los valles de la estancia La Angostura, ubicada en la parte central de la provincia de Santa Cruz, Juan Krapovickas mira la cuadrícula que indica las zonas donde hay gallinetas chicas. En esa amplia estepa, de más de 100 hectáreas, la grilla elaborada a inicios de 2025 es la guía para evitar caminar a ciegas.

Cuando Krapovickas llegó al terreno, con un equipo de tres personas, partieron los juncales en celdas de 150 por 150 metros. Luego recorrieron cada cuadrado con un parlante en mano aplicando la técnica del playback, es decir, reproduciendo cantos de gallineta para estimular respuestas. Conforme obtenían devoluciones, iban marcando en la cuadrícula los territorios activos.

En esos puntos señalados es donde colocaron los micrófonos automáticos —diseñados por el Laboratorio de Sistemas Dinámicos de la Universidad de Buenos Aires (UBA)— para registrar los cantos de las gallinetas. Por estas mismas zonas, pasan también con micrófonos parabólicos para reforzar la captura de sonidos.

En la temporada de primavera y verano, cada cinco días rotan los grabadores a otros puntos marcados para cubrir la mayor extensión posible y buscar variabilidad vocal. “Necesitamos muchos cantos de gallinetas para entrenar a las redes neuronales, que son modelos de IA”, señala Krapovickas.

El primer objetivo de su tesis doctoral es lograr el reconocimiento individual a partir del estudio de los cantos. Sin la computadora esto no sería posible. Las gallinetas se comunican a través de llamadas muy cortas, cuyas diferencias son sutiles e imperceptibles para el oído humano.

“De la misma manera que la policía usa tecnología para reconocer la voz de personas en llamadas telefónicas, esa misma tecnología se usa para identificar individuos de aves”, explica el biólogo.

Para reconocer a cada gallineta se analizan los sonogramas, que son representaciones visuales del canto. En las computadoras, cada registro sonoro es convertido en gráficos que muestran la frecuencia, intensidad y tiempo. Al compararlos con otros van apareciendo las sutiles diferencias.

Gabriel Mindlin, quien además es director del Laboratorio de Sistemas Dinámicos de la UBA, encabeza esa búsqueda minuciosa porque no es la primera vez que estudia cantos de aves. Su investigación previa con el cardenal amarillo fue un precedente importante para la actual investigación. “En ese trabajo reportamos que era posible entrenar redes razonablemente pequeñas para que pudieran distinguir individuos”, cuenta.

El físico, quien junto a Roesler codirige la tesis de Krapovickas, destaca que estas técnicas no resultan invasivas para especies amenazadas y esquivas, pues en lugar de montar costosas expediciones grupales en territorios agrestes para hacer capturas y colocar anillos, la identificación por IA “resulta una alternativa tecnológica ideal para monitorear esta especie que vive escondida”, anota Mindlin.

Leer más | Colombia: casi 200 cocodrilos en peligro crítico de extinción están sin alimento por un conflicto administrativo

Física y Biología unidas por la gallineta

En las grabaciones que llegan al laboratorio de la UBA también se cuelan cantos de aves nativas de la zona como la becasina magallánica (Gallinago magellanica) o el varillero ala amarilla (Agelasticus thilius). El primer filtro tecnológico consiste en separar sólo los sonidos que corresponden a la gallineta chica. Mindlin refiere que este proceso se resuelve de forma sencilla, ya que las redes usadas en ornitología están entrenadas para separar automáticamente los cantos por especies.

El siguiente paso es la identificación individual, precisamente lo que vienen construyendo en el laboratorio. Según Mindlin, a diferencia de una compleja identificación manual de cada sonograma, la IA puede clasificar varios ejemplares a través de un monitoreo masivo de datos.

Para ello, un investigador ingresará las marcas que caracterizan el canto de una gallineta y, en base a eso, la red neuronal buscará las características comunes, pero también las diferencias en las grabaciones registradas en campo. “A partir de esta individualización se podrá identificar también el número de ejemplares de gallinetas chicas que hay en dicha zona”, apunta Mindlin.

Conocer cuántos ejemplares contestan a los sonidos proyectados por los científicos no sólo permite estimar un número poblacional, sino que abre la puerta a nueva información. “Es súper poderoso, porque si esas gallinetas que nos contestaron un día en Santa Cruz, las volvemos a grabar en San Martín de los Andes, o en años siguientes, nos estarán hablando de sus historias de vida. Vamos a saber hacia dónde migran, cuántos años viven”, asegura Krapovickas.

Los científicos están enfocados en obtener la información más detallada posible. Mindlin sospechaba que la presencia de frecuencias distintas en el canto bisilábico (“qui-di”) de la gallineta chica se debía a una siringe asimétrica, es decir, las membranas y músculos de un lado del órgano vocal son diferentes a los del otro, como era el caso de la paloma maculosa (Patagioenas maculosa). La única forma de comprobarlo era analizando un ejemplar. ¿Pero cómo encontrarían un cuerpo disponible?

Mientras diseñaban los algoritmos para el estudio de los cantos en 2025, un par de llamadas alteraron las rutinas de trabajo de Mindlin, Roesler y Krapovickas: les informaron que aparecieron dos gallinetas muertas. Una había sido encontrada en la provincia de San Luis —un registro excepcional, ya que se encuentra muy distante del área de distribución— y la otra en un humedal costero de Santa Cruz.

Por el tipo de heridas, se presume que habrían muerto por choques producidos durante sus vuelos nocturnos al confundir las luces de la ciudad con reflejos de agua. Ambos cuerpos fueron enviados al Museo de Ciencias Naturales Bernardino Rivadavia de Buenos Aires.

Al tenerlas enfrente, Juan Krapovickas entendió que era una oportunidad única para comprender el comportamiento vocal: por fin conocerían la anatomía de la siringe.

Con el fotógrafo Gonzalo Pardo registraron el pequeño órgano (que no supera los seis milímetros en estas aves) y las imágenes corroboraron la asimetría de la siringe. Esa particularidad es la que complejiza la estructura de los cantos.

A partir de este hallazgo, que les dio información de la física del sonido, los investigadores trabajan en modelos matemáticos que generen cantos artificiales y a la vez les permitan conocer mejor las variaciones. “Parece ciencia ficción”, dice Roesler, quien desde el campo sigue con detenimiento los avances de sus colegas en los laboratorios.

En 2025 se dedicaron a la recolección de cantos, a generar datos preliminares y algoritmos que permitan entrenar a las redes neuronales. En este año continuarán con el acopio de grabaciones y realizarán las primeras mediciones masivas de vocalizaciones. Con la información resultante buscarán identificar historias de individuos que les permitan presentar los resultados del proyecto en 2027. 

Leer más | La guardería de frailejones “bebés” que busca restaurar los páramos del Parque El Cocuy en Colombia

Hábitat seguro

Cada año, cerca de 1500 turistas tocan las puertas de la estancia La Angostura. La mitad de ellos llegan a ese punto austral con una misión clara: ver a la gallineta chica y al macá tobiano (Podiceps gallardoi), dos especies amenazadas que en Argentina sólo viven en esta región.

En este predio ganadero —a 2400 kilómetros de Buenos Aires—, en 1998, Juan Mazar Barnett redescubrió a la gallineta tras 40 años sin registros. Ese hecho fue un punto de quiebre para la dinámica de la estancia. En los años siguientes se fue tornando habitual ver, entre vacas y ovejas, no sólo a productores y operarios de campo, sino también a biólogos y veterinarios que buscaban y estudiaban especies.

De hecho, el equipo de la Fundación Macá Tobiano recorre los campos para monitorear especies o instalar y retirar parlantes, micrófonos y cámaras trampa. En las últimas dos décadas, a la presencia científica se sumaron las visitas de observadores de aves.

“Generamos con la Fundación un proyecto ganadero sustentable, en cuanto a lo económico y también en cuanto a lo ambiental”, dice José Eceiza, administrador de la estancia. En La Angostura hoy conviven la producción, el ecoturismo y la conservación.

Durante la temporada reproductiva de las gallinetas, entre septiembre y enero, la estancia coloca alambre perimetral para clausurar 100 hectáreas de campo donde habita la especie. Esta medida, coordinada con Ignacio Roesler y su equipo, permite que las aves pongan sus huevos y nazcan los pichones sin riesgos de ser pisoteados o desplazados entre los juncales. Asimismo, al evitar estos disturbios, los monitoreos de cantos no sufren interrupciones.

“Las gallinetas están en nuestros mejores terrenos del campo”, remarca Eceiza. En ese periodo las vacas y ovejas se mueven a otra zona para alimentarse. Pasado el verano, los forrajes en la zona restringida están altos y nuevamente disponibles para alimentar al ganado.

Los turistas suelen hospedarse por tres días para recorrer los circuitos de la gallineta chica y el macá tobiano que les ofrecen los anfitriones. Valentín Soto guía las cabalgatas hacia los humedales y las pequeñas lagunas donde se puede ver a la gallineta y refiere que muchos turistas llegan informados sobre las condiciones de la especie. A los que llegan sin conocimientos se les describe la situación de amenaza y las tareas de conservación. “Trabajamos apoyando a la Fundación Macá Tobiano. Queremos que la apuesta por la conservación sea grande”, apunta.

Sus ojos están entrenados para detectar a esta enigmática ave. Y esa habilidad no es cualquier cosa, pues en la misma estancia hay trabajadores que nunca la han visto. Soto asegura que la clave está en los hábitos: “Es difícil de ver, pero no imposible. Los mejores horarios son bien temprano, alrededor de las 6 AM, o cuando cae la tarde, a las 7 PM. Son los ratos en que salen a tomar agua”.

La irregularidad de los periodos de lluvias y nevadas en la provincia de Santa Cruz se compensa con la generación de canales de riego de agua extraída del río Chico. “Con esto contribuimos al buen estado de los juncales y también se favorecieron nuestros campos, porque tenemos un poco más de agua de lo que habría sin la intervención humana”, señala Eceiza.

Sólo en la estancia La Angostura los visitantes saben que tienen garantizados los cantos de las gallinetas chicas. Las escucharán aunque casi no las puedan ver. Ignacio Roesler espera replicar esta experiencia con otros ganaderos de terrenos donde la gallineta chica haya decidido poner sus nidos. “La idea es extender este interesante trabajo de manejo de la especie que a la vez es compatible con los intereses y necesidades de los ganaderos”.

El artículo original fue publicado por Oscar Bermeo en Mongabay Latam. Puedes revisarlo aquí.

Si quieres leer más noticias ambientales en Latinoamérica, puedes revisar nuestra colección de artículos. Y si quieres estar al tanto de las mejores historias de Mongabay Latam, puedes suscribirte al boletín aquí, unirte a nuestro canal de WhatsApp o seguirnos en Facebook, X, Instagram, Tiktok y Youtube.

En la Patagonia argentina, el Canal Beagle vive más a menudo momentos espectaculares: las ballenas jorobadas (Megaptera novaeangliae) regresaron en los últimos años a este corredor marítimo para realizar un asombroso evento natural. Luego de una serie de políticas de conservación, esta especie marina mostró un incremento poblacional en el sur argentino restableciendo antiguas rutas en sus migraciones y recuperando antiguas áreas de alimentación.

Un estudio colaborativo realizado por el Centro Austral de Investigaciones Científicas (Cadic), dependiente del Consejo Nacional de Investigaciones Científicas y Técnicas (Conicet) de Argentina, junto a las fundaciones WCS Argentina y Compromiso Onashaga, mostró que durante 2025 se identificaron 22 ballenas en la zona del Canal Beagle, de las cuales 17 fueron registradas por primera vez. Desde 2013 hasta el año pasado, el total de ejemplares reconocidos asciende a 208 individuos, un número que confirma un crecimiento sostenido en la zona al menos desde 2018, aseguraron las expertas consultadas.

Leer más | Llega el PUMA FEST: I Festival Latinoamericano de Periodismo Ambiental

Detrás de esas cifras hay historias que sobresalen. Buddha es una ballena jorobada que no se veía desde 2021 y regresó al Canal Beagle, algo que los científicos califican como “altamente positivo”. También está Shima, una ballena que lleva visitando estas aguas patagónicas ocho años consecutivos. Este caso se destaca como la más fiel al canal entre las ballenas jorobadas registradas.

Natalia Dellabianca, bióloga y científica del Laboratorio de Investigaciones en Mamíferos Marinos Australes del Cadic-Conicet e investigadora asociada a WCS Argentina, explicó a Mongabay Latam que desde hace una década existe un proyecto de ciencia ciudadana vinculado a la ballena jorobada y su identificación.

“Todo es gracias a las fotos que nos mandan las tripulaciones que visitan el canal y los mismo turistas. Ahora, lo que está pasando en el canal es que las ballenas están volviendo a antiguas áreas de alimentación”, afirmó Dellabianca.

El Canal Beagle es un sitio de alimentación ideal para las ballenas jorobadas. Esta especie es cosmopolita y frecuente en zonas costeras y de plataforma de todos los océanos. En Sudamérica realiza migraciones desde las áreas de alimentación estivales, en aguas australes templadas y frías, hacia las áreas de reproducción invernales, en mares tropicales y subtropicales. En el Canal Beagle su presencia ha sido reportada desde 1979 y fue incrementándose a partir de la década de 1990, pero fue a partir de 2018 que se notó un crecimiento sostenido.

Uno de los factores que podría explicar el regreso de las ballenas jorobadas está relacionado con la recuperación de las poblaciones de cetáceos en todo el mundo. Tras décadas de prohibición de la caza comercial, diferentes especies comenzaron a recuperarse gradualmente y a recolonizar antiguos sitios de alimentación, como este canal central en la biodiversidad marina del sur del continente.

Un espacio vital para las ballenas

Ese proceso también está repercutiendo en el extremo sur argentino. Los investigadores recuerdan que el Canal Beagle fue históricamente un espacio importante para estos animales. Antes de la era de la caza industrial de ballenas, la región funcionaba como una zona habitual de alimentación para distintas especies.

Leer más | La inteligencia artificial se convierte en aliada clave para conservar la biodiversidad de América Latina

La disponibilidad de alimento también juega un papel determinante en esta dinámica. En las aguas australes, los cetáceos encuentran abundantes recursos que sostienen su presencia durante varios meses del año. “Acá hay comida y por eso los animales están en esta zona. Se alimentan principalmente de langostilla y de sardina fueguina”, indicó Dellabianca.

Actualmente se cuenta con un catálogo de fotoidentificación de los ejemplares que llegan a la zona del Canal Beagle. Es el resultado de un esfuerzo de científicos y más de 500 colaboradores que forman parte del proyecto de ciencia ciudadana Jorobadas del Beagle. La idea de armar este catálogo surgió en 2013, con el objetivo de conocer más sobre los hábitos migratorios de las ballenas jorobadas. Así, se desarrolló un sistema de identificación visual a partir de las marcas únicas que presenta la aleta caudal de cada ejemplar.

El catálogo se actualizó en varias ediciones. Cada uno de los ejemplares registrados recibe un nombre elegido por la persona que aportó el primer registro fotográfico. En esta iniciativa se integran los registros fotográficos y fílmicos obtenidos por ciudadanos del lugar, capitanes de barcos, guías turísticos, fotógrafos y turistas que visitan la zona. Luego se suman los relevamientos sistemáticos que realizan las investigadoras.

Solange Fermepin, gerente de Conservación Costera Marina de WCS Argentina, explicó a Mongabay Latam que la ballena jorobada enfrenta amenazas como la colisión con embarcaciones, la contaminación sonora y los desechos en los océanos, los enmalles en redes pesqueras, la pesca ilegal y los impactos del cambio climático.

La experta detalló que este catálogo de fotoidentificación tiene muchas implicancias. Por una parte -dijo-, aporta información biológica clave sobre las ballenas jorobadas en una zona donde su presencia no era frecuente. Sin embargo, gracias a este proyecto, se registró un aumento constante en el número de esta especie que visitan el Canal Beagle.

La investigadora añadió que las ballenas jorobadas realizan migraciones extensas entre sus zonas de alimentación en aguas frías del sur y sus áreas de reproducción en mares tropicales. En este contexto, dijo que el Canal Beagle se consolida como un sitio fundamental para su alimentación durante el verano.

Leer más | Ecuador: el conflicto por tierras ancestrales que está detrás de la detención del defensor kichwa Kambak Alvarado

Según Dellabianca, los investigadores observaron que el comportamiento de estos animales presenta cierta regularidad en el calendario. “En el caso de la ballena jorobada, que es la que venimos estudiando más regularmente desde 2013, sabemos que a partir de febrero normalmente tenemos una presencia permanente de la especie. Si bien puede haber avistajes desde noviembre hasta agosto en algunos casos, a partir de febrero y hasta junio normalmente tenemos presencia permanente de la especie”, explicó.

Paso a paso para el retorno

Para la comunidad científica de Ushuaia, capital de la provincia argentina de Tierra del Fuego, la más austral del país, este auge representa una oportunidad de estudio que siguen desde hace varios años y esperan continuar.

Este regreso de las ballenas jorobadas también trae desafíos. Con el aumento de esta especie en zonas de tráfico marítimo, las autoridades y científicos remarcan la importancia de respetar protocolos de avistaje: mantener la distancia, no perseguirlas y reducir la velocidad de navegación para evitar colisiones.

“El ingreso creciente de ballenas al Beagle conlleva un aumento en la interacción entre estos animales y las embarcaciones. A esto se suma el incremento del tráfico marítimo dentro del canal asociado al crecimiento turístico, en especial por los viajes hacia la Antártida. Si bien el canal es un corredor natural que conecta el Pacífico y el Atlántico, es angosto y esto intensifica la probabilidad de encuentros entre las embarcaciones y ballenas”, detalló Dellabianca.

Desde el Centro Austral de Investigaciones Científicas (Cadic) resaltaron que “resulta necesario revisar y fortalecer pautas de navegación, como las velocidades de entrada y salida de los buques y las distancias de acercamiento para el avistaje de ballenas, a fin de minimizar el riesgo de colisiones”.

El regreso de las ballenas jorobadas al Canal Beagle trae un mensaje alentador, según Fermipin: cuando se da un paso atrás en la explotación y la caza, la vida silvestre recupera su lugar con fuerza y obliga a contemplar nuevas pautas de convivencia para disfrutar un fenómeno natural que ahora tiene muchos desafíos, entre ellos implementar una política de conservación para que estos cetáceos se queden en el lugar.

El artículo original fue publicado por Ivan Paredes en Mongabay Latam. Puedes revisarlo aquí.

Si quieres leer más noticias ambientales en Latinoamérica, puedes revisar nuestra colección de artículos. Y si quieres estar al tanto de las mejores historias de Mongabay Latam, puedes suscribirte al boletín aquí, unirte a nuestro canal de WhatsApp o seguirnos en Facebook, X, Instagram, Tiktok y Youtube.

La inteligencia artificial (IA) es protagonista constante de debates y polémicas sobre los usos que las personas puedan darle, pero en lo que sí parece haber un consenso es en que llegó para quedarse. El lanzamiento de ChatGPT en noviembre de 2022 fue un punto de inflexión en el tema porque eliminó la necesidad de saber programar y, por primera vez, cualquier persona podía interactuar con la IA simplemente escribiendo en su idioma nativo, como si hablara con otra persona. Su uso se expandió rápidamente y cientos de herramientas de IA empezaron a surgir.

La ecología y la conservación no fueron la excepción. El uso creciente de la tecnología, como las cámaras trampa y la bioacústica, ya ayudaba a los científicos a monitorear bosques, seguir especies, y elaborar programas y proyectos para la protección de la biodiversidad. Sin embargo, el gran volumen de información requería de un intenso trabajo por parte de los investigadores para procesarla.

En otras palabras, se generaba un cuello de botella en el que se obtenían datos en poco tiempo, pero las conclusiones sobre esos datos podían tomar meses e incluso años. Fue precisamente ahí donde la inteligencia artificial empezó a ganarse un espacio.

“El gran paso adelante de la IA no es que identifiquemos aves —los expertos también identifican aves—. Lo interesante con la IA es que nos permite hacer 100 o 1000 veces más procesamiento de datos que antes. Esa es la cosa crítica”, asegura Jörg Müller, profesor de Ecología Animal y Biología Tropical de la Universidad Julius-Maximilians de Würzburg (Alemania) y subdirector del Parque Nacional Bosque Bávaro.

En América Latina ya existen proyectos que han obtenido resultados que hace unos años parecían imposibles de lograr. En Argentina, biólogos y físicos trabajan de la mano para grabar y procesar los cantos de un ave esquiva que se creyó extinta durante 40 años y así conocer más sobre su comportamiento y sus movimientos. En Ecuador, un proyecto científico detecta en tiempo real los sonidos de las motosierras y los disparos para que dos comunidades indígenas kichwa puedan proteger su territorio en la Amazonía. En Colombia, una investigadora se alió con una institución pública para sobrevolar un páramo calcinado y al procesar los videos de dron reconocer cuántos frailejones murieron y cuántos sobrevivieron.

El Instituto Smithsonian trabaja contrarreloj en Panamá para describir la gran variedad de insectos que habita en la isla de Barro Colorado antes de que se extingan, mientras que científicos tratan de identificar por sus manchas a cada jaguar que habita en la Reserva Nacional Tambopata en Perú y un proyecto innovador en Costa Rica clasificó con precisión y devolvió a los océanos más de una tonelada de conchas que los turistas intentaban sacar ilegalmente del país.

Estos son sólo algunos de los casos de éxito que Mongabay Latam presenta en este especial periodístico donde la IA se ha convertido en una aliada para conservar la biodiversidad.

Lee más | La guardería de frailejones “bebés” que busca restaurar los páramos del Parque El Cocuy en Colombia

Procesando datos a gran velocidad

“Instalamos cámaras hace 20 o 25 años, cuando tenían rollo. La tecnología de las cámaras evolucionó, son digitales, las puedes dejar cuatro meses en el campo y ahora instalamos hasta 200 cámaras. Tienes muchas más imágenes que antes y necesitas inteligencia artificial para procesar toda esa cantidad. En un muestreo, fácil te salen 500 000 imágenes”, dice Mathias Tobler, investigador del San Diego Zoo Wildlife Alliance en Tambopata, Perú.

De hecho, un artículo publicado en la revista Biología Futura en 2024 ya mencionaba que la inteligencia artificial, especialmente el deep learning —que utiliza redes neuronales artificiales para imitar el aprendizaje humano, permitiendo que las computadoras procesen datos complejos, reconozcan patrones y realicen tareas de forma autónoma—, ya es muy relevante para la conservación de la biodiversidad porque ayuda a procesar enormes volúmenes de datos que antes eran demasiado lentos de analizar manualmente. Es por esto que la IA está pasando de ser una herramienta experimental a una infraestructura central para monitoreo, predicción y priorización de acciones de conservación.

Con el paso de los años, la IA está pasando, efectivamente, de un rol secundario a uno central en la conservación. Luego de que un voraz incendio consumiera más de 300 hectáreas del páramo de Berlín, en Santander (Colombia), la investigadora Paula Uzcátegui utilizó drones para sobrevolar el área y con el uso de la IA estimó qué tanto afectó el fuego a los frailejones de la zona, una tarea que a escala manual sería supremamente lenta.

“Desde los drones se pueden ver patrones a una escala a la que antes tú no podías ver. Puedes ver patrones a nivel de cientos de hectáreas y también puedes tener datos de miles de individuos [frailejones]”, comenta Uzcátegui. “La mortalidad la determinamos a partir de la información multiespectral del sensor. No teníamos que ir al lugar para saber si los frailejones estaban vivos o muertos, sino que se veía por el sensor”, agrega.

El procesamiento de imágenes de cámaras trampa y satélites para detectar fauna o cambios en la cobertura forestal es uno de los principales desarrollos de la IA en el campo de la conservación, pero no es el único. El artículo menciona también el análisis de bioacústica y textos, por ejemplo para reconocer cantos de aves o extraer observaciones de redes sociales. También hay sistemas híbridos más eficientes, como el active learning —subcampo del aprendizaje automático donde el algoritmo elige inteligentemente qué datos necesita aprender en lugar de procesar grandes cantidades de información de forma pasiva—, que reducen el trabajo de etiquetado y clasificación humana casi por completo en algunos casos.

Aunque la IA está cada vez más presente en los proyectos, aún no se ha desarrollado todo su potencial. Jorge Ahumada es gerente de conservación en WildMon, una ONG dedicada al monitoreo de biodiversidad y conservación de ecosistemas mediante herramientas de IA, y director ejecutivo de Wildlife Insights, una plataforma global basada en la nube que con IA ayuda a gestionar, analizar y compartir fotos y datos de cámaras trampa para la conservación de la fauna. Según dice, el campo de la IA en conservación “está ahora comenzando”.

“El mayor uso lo veo en tratar de desembotellar el procesamiento de la información básica, mientras que los ecólogos se encargan de los análisis más grandes, ya que llevan muchos años enfocados en métodos para trabajar con la biodiversidad. Yo veo que hay un potencial muy grande para automatizar muchas cosas”, asegura Ahumada.

Muchos científicos están convencidos de esto. Gabriel Mindlin, director del Laboratorio de Sistemas Dinámicos de la Universidad de Buenos Aires, asegura que “la inteligencia artificial va a modificar dramáticamente los esfuerzos de conservación porque va a incorporar un montón de herramientas que permitirán procesamientos masivos de datos cuantitativos para su posterior manejo por parte de expertos”.

Lee más | Bosques deforestados en Costa Rica vuelven a «cantar» tras décadas de regeneración

El control sigue siendo humano

“La tecnología CNN [Red Neuronal Convolucional en español] actual es capaz de alcanzar más del 90 % de la precisión humana en la identificación de especies en imágenes de cámaras trampa”, indica el artículo publicado en la revista Biología Futura. Sin embargo, reconoce que para llegar a ese éxito se depende de una gran inversión previa de trabajo humano, pues se deben tener identificadas las especies para que el modelo pueda aprender.

Los expertos enfatizan en que no se trata de reemplazar a los científicos —es más, consideran que es muy poco probable que esto ocurra— sino que puedan dedicarse a asuntos de fondo al ahorrarles tiempo en trabajo repetitivo y hasta operativo. Jorge Ahumada afirma que el valor de un científico radica en responder preguntas mucho más complejas que suceden en los sistemas naturales y la inteligencia artificial aún está muy lejos de eso.

Por ejemplo, una de las preocupaciones de Maxim Larrivée, director del Insectario de Montreal, Canadá, es que los insectos están extinguiéndose a gran velocidad y aún se desconoce el nombre de muchos de ellos. En este momento, dice, existen algoritmos de IA capaces de identificar insectos y nombrarlos, pero sólo pueden hacerlo con las especies que conocen. “Lo que hicimos fue dar vuelta al guión y entrenamos a un algoritmo para reconocer insectos —mariposas nocturnas, en este caso— que nunca había visto. De modo que es capaz de decir: ‘nunca he visto esto, pero se parece mucho a algo que conozco’, y eso ayuda a acotar qué es esta nueva especie y con qué está asociada”.

Para Larrivée, esto es un avance importante porque “todos estos insectos existen allá afuera en el neotrópico y en los trópicos del mundo, pero no tienen nombre porque no tenemos el ‘ancho de banda’ humano para describirlos y catalogarlos”.

Pero no solo se trata de procesamiento y análisis de imágenes, sino también de sonidos. “Con los audios nos ha tomado más tiempo, pero ya empezamos a ver resultados. Tenemos la información, pero siempre hace falta una validación humana. Igual que con las imágenes de cámaras trampa, los audios tienen que pasar por un humano que confirme lo que dice la inteligencia artificial”, comenta David Parra, director de conservación de la Fundación Jocotoco en Ecuador, sobre el trabajo que realizan en la Amazonía para detectar, por sonido, diferentes especies de animales y amenazas como motosierras y disparos.

En Argentina, la IA también permitió que un grupo de científicos conociera más sobre la enigmática gallineta chica (Rallus antarcticus). Como esta ave es muy difícil de observar, sólo a través de sus sonidos pudieron detectar los sitios de la Patagonia donde aún habita.

Pero no se conformaron con esto: “Lo que se hace bastante es identificar especies por su canto, usando redes neuronales. Lo que estamos haciendo es ir un paso más allá y decir: ‘bueno, no sólo queremos identificar qué especie está cantando, sino qué individuo de esa especie está cantando’”.

Estas experiencias de conservación se sustentan en un concepto que aparece cada vez con mayor frecuencia en estudios sobre inteligencia artificial: human in the loop, mediante el cual los expertos participan proporcionando retroalimentación y evaluando las respuestas del sistema durante el entrenamiento del modelo, lo cual es esencial para limitar sesgos y alucinaciones. La IA trabaja a gran escala y reduce esfuerzo, pero el humano conserva el control en las etapas críticas.

“Mi postura definitivamente es: necesitamos a los expertos más que nunca, y todas las nuevas técnicas, desde el metabarcoding [técnica genética que identifica a la vez a todas las especies presentes en una muestra compleja, como agua o tierra] hasta la acústica, necesitan a los expertos urgentemente”, afirma el profesor Jörg Müller.

Yolanda Camacho, bióloga de la Universidad de Costa Rica, asegura que su experiencia utilizando la inteligencia artificial —para clasificar las conchas marinas que se iban a devolver a las playas costarricenses— le permitió comprobar el enorme potencial de esta herramienta para apoyar programas de conservación ambiental. “A mí sola me hubiera tomado mucho tiempo clasificar las conchas, hubiera tenido que pedir hasta seis meses sabáticos para completar la tarea”, dice Camacho, pero agrega que la IA no reemplaza el conocimiento y el trabajo de campo de años de un científico, pues su precisión depende completamente de la calidad de datos con los que se entrena el algoritmo. “Como taxónoma tenía que estar constantemente validando lo que la aplicación estaba mostrando. Si los datos son malos, la respuesta va a ser errónea”.

La premisa para Jorge Ahumada es simple: “no le vamos a creer a la inteligencia artificial todo lo que nos dice. Hay que verificar los datos”. Y esa verificación está en manos de los investigadores.

Lee más | Mujeres kewiña: indígenas quechua restauran bosques andinos para proteger el agua de Bolivia

El impacto ambiental y otros retos de la IA

El boom de la IA en conservación ha traído expectativas pero también preocupaciones. Por ejemplo, la industria de los centros de datos quiere construir nuevas instalaciones en la Latinoamérica a toda velocidad, prometiendo inversión, empleo y crecimiento para los países. Sin embargo, las comunidades vecinas a esos centros han mostrado varias preocupaciones, entre las que destacan menos agua y cortes de energía, como lo mostró el Centro Latinoamericano de Investigación Periodística (CLIP) en una investigación de 2025.

Las empresas tecnológicas que utilizan agua para el funcionamiento y la refrigeración de estos centros de datos podrían necesitar entre 4200 y 6600 millones de metros cúbicos de agua para 2027.

Los expertos consultados para este reportaje reconocen que mitigar y reducir los impactos ambientales es un asunto en el que se debe trabajar, pero también creen que poco a poco la industria tecnológica se enfocará en ser cada vez más sostenible.

Juan Lavista Ferres, director científico de datos de Microsoft, comenta que el principal reto es la transición de la generación eléctrica hacia fuentes de energía renovable para alimentar estos centros de datos, aunque el mercado de energías renovables aún no es lo suficientemente amplio para satisfacer toda la demanda actual.

“Hay muchos algoritmos que requieren un montón de generación eléctrica, por ejemplo, los grandes modelos de lenguaje (LLM por sus siglas en inglés), pero es importante destacar que no todos los algoritmos de inteligencia artificial consumen la misma cantidad de energía porque no están hechos de la misma forma”, destaca Lavista.

Pedro Galindo, científico de datos y líder del departamento de Tecnología Aplicada a la Conservación de la Fundación Jocotoco, señala que los modelos más pequeños, como las redes neuronales convolucionales (CNN), utilizadas para identificar cantos de aves, ranas o mamíferos, son mucho menos exigentes en términos de energía. Sin embargo, reconoce que casi siempre habrá algún tipo de impacto medioambiental.

En el caso de las CNN, dice Galindo, a pesar de su bajo consumo, necesitan paneles solares para su alimentación, los cuales contienen minerales específicos que tienen una vida útil limitada. Además, requieren baterías (de litio o gel) para almacenar la energía, lo que añade un impacto adicional, y los componentes electrónicos de estos dispositivos, como las tierras raras y los semiconductores, también contribuyen a afectar el medioambiente. Si bien considera que siempre hay que buscar el menor impacto posible, se cuestiona: “todo esto también lo tienes en tu teléfono. ¿Por qué no tenerlo a servicio de la conservación?”.

Jorge Ahumada plantea un camino a seguir: “Los que estamos trabajando en conservación debemos hacer mucho más énfasis en la necesidad de regulación ambiental en los países y que las compañías sean responsables en el manejo de la energía”, y añade que actualmente hay tanta inversión en inteligencia artificial, que lograrlo no debería ser un problema.

Lo que para Ahumada sí sigue siendo un problema es la financiación, pues gran parte de ella “todavía está muy orientada a inteligencia artificial en cosas comerciales, un poquito en ciencias aplicadas, pero poco en conservación”. Este es un gran reto porque las organizaciones que trabajan en el área de biodiversidad a menudo carecen de recursos, destaca Lavista.

Los expertos consideran que la IA en conservación debe ser incluyente y participativa, por lo que se debe proyectar su uso no sólo para los científicos sino para las comunidades campesinas y étnicas. Lavista asegura que “no queremos a nivel de sociedad que el uso de la inteligencia artificial amplíe la brecha digital que se generó entre la gente que sabe usar computadoras y la gente que no las sabe usar”.

Evitar esa brecha a su vez generará nuevos retos como un trabajo intensivo en capacitación y educación, pero es un trabajo que vale la pena “porque la inteligencia artificial permite separar la parte técnica y hacerla mucho más fácil para un grupo mucho más grande de personas”, concluye Ahumada.

El artículo original fue publicado por Antonio Paz Cardona en Mongabay Latam. Puedes revisarlo aquí.

Si quieres leer más noticias ambientales en Latinoamérica, puedes revisar nuestra colección de artículos. Y si quieres estar al tanto de las mejores historias de Mongabay Latam, puedes suscribirte al boletín aquí, unirte a nuestro canal de WhatsApp o seguirnos en Facebook, X, Instagram, Tiktok y Youtube.

En el Salar de Uyuni, en Bolivia, no saben cuánta agua tienen bajo sus blancos suelos. Lo único que saben los habitantes de este desierto es que si pierden el agua sus vidas se complican. Es por eso que se oponen a proyectos de extracción de litio sin procesos de consulta ni estudios ambientales. Algo similar ocurre en las comunidades cercanas a salares en Chile y Argentina. Un estudio analizó diez proyectos de empresas chinas que, afirman, presentan riesgos para comunidades indígenas, estudios ambientales “incompletos” y falta de transparencia.

Leer más | Conoce y regístrate en el Puma Fest: primer Festival Latinoamericano de Periodismo Ambiental

El informe, titulado La presencia de China en el sector del litio en América Latina y el Caribe, fue elaborado por el Colectivo sobre Financiamiento e Inversiones Chinas, Derechos Humanos y Ambiente (CICDHA). El documento tuvo el apoyo de Latinoamérica Sustentable (LAS), Fundación Ambiente y Recursos Naturales (FARN, Argentina), Centro de Documentación e Información Bolivia (CEDIB), BRICS Policy Center (BPC, Brasil), el Observatorio Latinoamericano de Conflictos Ambientales (OLCA, Chile) y Cohesión Comunitaria e Innovación Social (CCIS, México).

La investigación analiza la relación entre América Latina y China en torno a este mineral; y las políticas chinas y la presencia de sus empresas en la región. Además, ahonda en los principales proyectos y potenciales riesgos socioambientales en Argentina, Bolivia, Brasil, Chile y México; y en los desafíos ambientales, sociales y de gobernanza que plantea la presencia china en la región.

Marco Gandarillas, investigador senior de Latinoamérica Sustentable (LAS), explicó a Mongabay Latam que de los diez proyectos chinos analizados en la región, nueve presentan una sobrexplotación hídrica y en todos hay estrés hídrico. También afirmó que en ocho hay estudios ambientales “incompletos”, en seis existirían problemas de contaminación, nueve tienen conflictos con poblaciones locales e indígenas y seis carecen de políticas de transparencia.

“En el informe estudiamos diez proyectos a profundidad, cuando hay varios más en los demás eslabones de la cadena del litio. Nueve son del sector extractivo y una en el sector de manufactura, que está en Brasil. La mayoría de estos proyectos están en Argentina y Bolivia, pero en Argentina están más en fase avanzada de exploración y explotación”, detalló Gandarillas.

La consolidación de China en el negocio del litio en América Latina tiene un nuevo escenario desde la llegada de Donald Trump a la Casa Blanca. El presidente de Estados Unidos, quien mantiene una tensa relación con la potencia asiática, ha autorizado los primeros acuerdos de su país con países de la región para la extracción de minerales críticos y tierras raras por parte de empresas estadounidenses y con el fin de desplazar a China del negocio, como viene informando Mongabay Latam.

Las empresas chinas en la región

La mayoría de las empresas chinas que intervienen en la cadena del litio declaran contar con políticas sociales, ambientales, de transparencia y mecanismos de denuncia. Zangge Mining, Zijin Mining, CATL, CMOC, Tianqi Lithium y BYD afirman contar con políticas en todos estos campos, mientras que Tsingshan Holding Group y Xinjiang TBEA Group Co. no reportan medidas equivalentes.

Leer más | Colombia: empresarios antioqueños acumularon tierra baldía en los Llanos Orientales y la vendieron a una colonia menonita

Por ejemplo, en su Informe de Responsabilidad Social Corporativa (2023), la empresa BYD declara haber implementado reglamentos específicos de gestión sobre conservación del agua, procedimientos para la gestión de residuos sólidos y el control y monitoreo de emisiones de ruido y aguas residuales.

Mongabay Latam se contactó con las ocho empresas chinas y solo Ganfeng Lithium, que opera en el norte argentino, respondió los requerimientos de este medio. La minera afirmó que su “gestión ambiental se apoya en la identificación, evaluación y el control de los aspectos e impactos ambientales y sociales con la finalidad de preservar el ambiente y la diversidad cultural, de la mano con la producción de un mineral estratégico para la generación de energía limpia”.

Además, Mongabay Latam se contactó con las embajadas de China en México, Argentina, Chile y Bolivia pero ninguna de las sedes diplomáticas contestó los pedidos de consulta sobre los proyectos de litio que ejecutan las empresas de su país en la región.

Los proyectos bajo estudio

El estudio tomó en cuenta los siguientes proyectos desarrollados por empresas chinas en Argentina: Cauchari-Olaroz, ejecutado por la compañía Ganfeng Lithium; Tres Quebradas, ejecutado por Zijin Mining Group Ltd.; y Mina Agonic, por China National Offshore Oil Corporation (CNOOC).

Sobre el proyecto Cauchari-Olaroz, la minera Ganfeng Lithium informó que lleva “adelante un plan de manejo ambiental integral, implementando medidas apoyadas en el uso eficiente de los recursos naturales, cumpliendo con las normativas regulatorias nacionales, provinciales y municipales y apuntando a la preservación del ambiente en armonía con el desarrollo del proyecto”.

En Bolivia se estudiaron tres proyectos: EDL, en el Salar de Uyuni, desarrollado por Hong Kong CBC; EDL en el Salar de Coipasa, por el mismo consorcio; y Siete Salares, por Qinghai Citic Guonan Science and Technology Development Co Ltd. En los casos de Bolivia estos proyectos no se ejecutaron por la ausencia de una aprobación legislativa.

En Chile se analizó el proyecto Salar de Atacama en la que la minera Tianqi Lithium tiene una importante participación accionaria.

En México se vio el caso de Sonora Lithium, de Ganfeng International.

Mientras que en Brasil se vieron dos proyectos de fabricación de baterías y de vehículos eléctricos: Coronel Murta (ubicado en el Valle del litio) y Complejo de producción de vehículos en Camacari, implementados por la empresa BYD.

Gandarillas resaltó que muchas poblaciones locales no fueron informadas por las empresas responsables de estos proyectos. “En la mayoría se habla de falta de consentimiento de parte de pueblos indígenas y falta de licencia social cuando no hay pueblos indígenas y habitan otras poblaciones, lo que explica la conflictividad creciente con las empresas chinas de litio”, dijo el experto.

El especialista añadió que las empresas chinas aún no han desarrollado un relacionamiento “respetuoso” con las poblaciones locales, ya que más allá de sus políticas sociales y ambientales, su práctica se limita a hacer acuerdos con los Estados y “creen que las autoridades [locales] se encargarán de todo lo demás”. Gandarillas ve como un factor de poca transparencia que en la mayoría de los contratos con las empresas chinas existen cláusulas de confidencialidad.

Lucio Cuenca, director del Observatorio Latinoamericano de Conflictos Ambientales (OLCA) de Chile, explicó a Mongabay Latam que, de acuerdo al informe, las directrices voluntarias que China ha adoptado para sus empresas en el exterior presentan vacíos significativos y su implementación es débil, advirtiendo además que la transición energética del país asiático no busca que la región avance en la cadena de valor, ya que su interés es asegurar materias primas a bajo costo.

“En esta línea de ideas, mientras el mundo avanza hacia autos eléctricos y baterías limpias, los salares latinoamericanos se hunden, el agua escasea y las comunidades que habitan estos territorios por siglos enfrentan conflictos socioambientales”, destacó Cuenca.

Chile: el caso testigo de la región

Chile concentra el 33 % de las reservas mundiales de litio, ubicadas principalmente en el Salar de Atacama. En el informe indica que en 2022 el 72 % de las exportaciones chilenas de litio tuvieron como destino China y la empresa Tianqi Lithium controla el 24 % de la compañía chilena SQM, la principal operadora del salar de Atacama y segunda productora mundial de litio.

En el caso de Chile, Cuenca afirmó que el costo socioambiental es documentado y que existen estudios recientes que confirman que el Salar de Atacama se hunde entre uno y dos centímetros por año como consecuencia del desequilibrio entre el agua extraída y la capacidad de recarga del acuífero.

Por cada tonelada de litio producida –explicó Cuenca- se evaporan entre 1400 y 2000 metros cúbicos de agua en uno de los desiertos más áridos del mundo. Ya en 2024, la Superintendencia del Medio Ambiente en Chile ordenó medidas urgentes por la muerte de ejemplares de golondrina de Mar de Collar, en las piscinas industriales del Salar del Carmen.

Frente a estos hechos, las comunidades indígenas lickanantay denuncian que no contaron con procesos de consulta efectivos, sostiene el estudio. Los intentos de empresas chinas como BYD por obtener contratos de explotación también fueron cuestionados judicialmente por ausencia de consulta previa, llegando incluso a una anulación por parte de la Corte Suprema.

Un modelo que se repite en Argentina y Bolivia

Ese modelo se replica en toda la región. Ganfeng, Zijin, CATL y BYD avanzan sobre humedales altoandinos, sitios Ramsar y territorios indígenas bajo marcos legales que priorizan la atracción de inversión. En Argentina, por ejemplo, la Corte Suprema de Catamarca suspendió autorizaciones en el salar del Hombre Muerto tras denuncias por pérdida de caudales. Sin embargo, en marzo de 2026, el mismo tribunal levantó la medida cautelar que paralizaba la minería de litio en la zona y volvió a habilitarla.

Leer más | Día Mundial de las Abejas: tres iniciativas de mujeres indígenas para proteger a estos polinizadores en Latinoamérica

En Bolivia, estudios identificaron concentraciones de arsénico hasta cinco veces superiores a las naturales en estanques del Salar de Uyuni. Bajo los antecedentes conocidos, en ningún país se evalúan los impactos acumulativos entre proyectos que comparten una misma cuenca. Así, China, que controla el 65 % del litio refinado mundial y fabrica el 80 % de las baterías y partes de baterías para vehículos eléctricos, se consolida en la cima de la cadena de valor mientras la región permanece atrapada como proveedora de materia prima, afirman los autores del informe.

“En este escenario, el análisis transversal del informe identifica patrones comunes: tendencia a la integración vertical de la cadena del litio por parte de los actores chinos, escasa adhesión a estándares ambientales y sociales internacionales, opacidad contractual con los Estados anfitrión, y un consentimiento libre, previo e informado [con las comunidades] ausente o deficiente”, reprochó Cuenca.

En Bolivia los contratos del litio con empresas de China y Rusia están congelados. La Justicia Agroambiental, a pedido de la Defensoría del Pueblo, determinó en 2025 que la Asamblea Legislativa Plurinacional suspenda el tratamiento de los dos acuerdos para la explotación del litio mientras no se cumpla con la evaluación de impacto ambiental y la consulta previa.

Las comunidades indígenas y campesinas que habitan en el Salar de Uyuni aseguran que la extracción del mineral afectará los humedales altoandinos, lo que podría provocar la pérdida de agua y la salinización del agua dulce.

Se calcula que Bolivia tiene 23 millones de toneladas métricas de litio concentradas sólo en los salares de Uyuni y Coipasa, según datos del Gobierno. Sin embargo, no todos los proyectos tuvieron su arranque porque no se concretaron las inversiones privadas. La estatal Yacimientos del Litio Boliviano (YLB) construyó una planta para procesar carbonato de litio en la localidad de Llipi, cerca del salar de Uyuni, y comenzó con la perforación de 178 pozos de agua en esa zona, pero también en los salares de Pastos Grandes y Coipasa, según información oficial.

La planta de Llipi es la única que actualmente produce litio en Bolivia a escala piloto y, también, la que más conflictos está ocasionando. Esa planta tiene inversión china.

En 2024, China concentró el 67.6 % de las exportaciones del litio de Argentina, según la Secretaría de Minería argentina.

Vanina Corral, investigadora de la Fundación Ambiente y Recursos Naturales (FARN) de Argentina, explicó a Mongabay Latam que América Latina enfrenta un “riesgo estructural” debido a que, en la minería del litio, principalmente la industria china, no se respetan los estándares ambientales, sociales y de derechos humanos.

“En Argentina [que concentra más del 17 % de las reservas mundiales de litio], existen numerosos proyectos emplazados sobre sitios protegidos por la convención Ramsar y que los Estudios de Impacto Ambiental no se alinean con los estándares de la Ley General del Ambiente en cuanto a la forma de presentación de información que suele ser parcial y ambigua”, detalló Corral.

La experta puso como ejemplo el proyecto Tres Quebradas, que cuenta con autorización para consumir hasta 11 litros de agua por segundo, lo que equivale a 950 400 litros diarios. Esta extracción impacta negativamente en la disponibilidad del agua del río Abaucán, afirma Corral. Este río es el principal curso hídrico del Bolsón de Fiambalá, al norte de Argentina, conectado a las lagunas altoandinas a través de cuencas subterráneas.

Leer más | De Colombia a Chile: los pueblos olvidados que sostienen la energía a carbón

Según el informe, las comunidades campesinas que integran la Asociación de Campesinos del Abaucán ya enfrentan serias restricciones para sostener prácticas productivas tradicionales como la agricultura y la ganadería de subsistencia. La disminución o deterioro del recurso hídrico compromete su soberanía alimentaria y profundiza la pobreza estructural existente.

El caso mexicano: otro escenario para China

México cuenta con 1.7 millones de toneladas de recursos estimados de litio, lo que lo ubica como el noveno país en reservas del litio a nivel mundial. A diferencia de otras regiones productoras, la mayor parte de estos recursos se encuentra en depósitos de arcilla, un tipo de yacimiento que hasta la fecha no cuenta con antecedentes de explotación comercial viable en ningún país. Tanto en México como en Estados Unidos estos depósitos se encuentran en etapas tempranas de desarrollo.

Actualmente no existe actividad extractiva del litio a escala comercial en México, sin embargo, el estudio afirma que el avance de proyectos orientados a la explotación del litio en arcilla, como el Proyecto Sonora Lithium, ejecutado por la china Ganfeng Lithium a través de su filial Minera Sonora Borax S.A, plantea riesgos sociales y ambientales significativos. Según el informe, desde la fase exploratoria, estas actividades suelen generar impactos como la fragmentación de hábitats, la pérdida de biodiversidad y la alteración de ecosistemas frágiles. A ello se suma una legislación ambiental que carece de normas específicas para regular la minería del litio.

El artículo original fue publicado por Ivan Paredes en Mongabay Latam. Puedes revisarlo aquí.

Si quieres leer más noticias ambientales en Latinoamérica, puedes revisar nuestra colección de artículos. Y si quieres estar al tanto de las mejores historias de Mongabay Latam, puedes suscribirte al boletín aquí, unirte a nuestro canal de WhatsApp o seguirnos en Facebook, X, Instagram, Tiktok y Youtube.

El pasado 9 de abril, la Asamblea Nacional de Venezuela aprobó, por unanimidad, la nueva Ley Orgánica de Minas con la que se reemplazó dos normas relacionadas con el tema: el Decreto de Ley de Minas vigente desde 1999 y el Decreto de Reserva del Estado de las actividades mineras de oro de 2015, que prohibían la inversión extranjera y del sector privado en minerales estratégicos.

La ley surge en medio de una serie de cambios legislativos orientados a facilitar las inversiones del sector privado, luego de que el pasado 3 de enero el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, ordenara una incursión militar en el país sudamericano y la captura del entonces presidente, Nicolás Maduro, y su esposa, Cilia Flores.

“Agradezco a la Asamblea Nacional la aprobación unánime de la Ley Orgánica de Minas, instrumento fundamental para modernizar, regular y potenciar la minería en nuestro país. Esta ley fortalece la seguridad jurídica, atrae inversiones e impulsará la riqueza mineral en aras del desarrollo nacional”, dijo en sus redes sociales la presidenta Delcy Rodríguez tras la aprobación de la norma.

Una semana después, durante la promulgación de la ley, Rodríguez señaló que con esta ley se avanza hacia “una minería productiva, ecológica y al servicio del desarrollo de la Nación”. Al mismo tiempo, anunció la creación de la Superintendencia de la Actividad Minera, institución destinada a lograr una mayor coordinación y efectividad en los procesos de inversión, producción y comercialización de los minerales.

Cuando Estados Unidos incursionó en Venezuela, Trump, dijo: “Lo que necesitamos es acceso total. Acceso total al petróleo y a otras cosas en el país que nos permitan reconstruirlo”, aunque no especificó a qué otras cosas se refería.

Durante su visita a Venezuela en marzo pasado, el secretario del Interior de Estados Unidos, Doug Burgum, junto con la presidenta Rodríguez, anunció que ambos países trabajarán juntos para desarrollar la minería en Venezuela. Durante esta visita se mencionó la importancia de la explotación de oro, minerales críticos y tierras raras.

La nueva ley ha generado polémica y cuestionamiento de expertos en temas ambientales y de derechos humanos debido a que la norma, sostienen, solo tiene declaraciones de principios muy generales en lo relacionado al medioambiente. Los cuestionamientos también se deben a los graves daños ambientales causados en la Amazonía venezolana por la minería ilegal de oro y a la corrupción y el crimen organizado ligados a esta actividad.

Leer más | Venezuela: Delcy Rodríguez propone profundizar el extractivismo y no da señales de una política de protección ambiental

Los cuestionamientos a la ley

“Esta nueva ley de minas institucionaliza el ecocidio y el blanqueo de oro de sangre en Venezuela”, comenta Cristina Burelli, fundadora de SOSOrinoco, una organización civil que documenta los problemas ambientales y de derechos humanos causados por la minería ilegal en la Amazonía, Orinoquia y Guayana venezolanas.

Mongabay Latam contactó con miembros del equipo de Rodríguez para preguntar sobre los cuestionamientos a esta nueva ley, pero hasta el cierre de esta nota no recibimos respuesta.

Burelli señala que hay una discrepancia muy peligrosa entre la narrativa oficial de apertura económica y de reinserción financiera con la realidad que se ve en el terreno. “La realidad es que después del 3 de enero la minería ha aumentado. Hemos visto la entrada de dragas ilegales grandes en el río Caroní y en las cabeceras del río Icabarú, es decir, que no faltan los insumos para las minas ilegales, hay más minería que nunca”.

En ese sentido, Burelli asegura que la nueva ley de minas no busca limpiar la cadena de suministros ni prohibir la minería en las áreas naturales protegidas, “no hay ningún esfuerzo para eliminar la minería ilegal, por el contrario, permite que el flujo de capitales siga financiando estructuras de corrupción de un régimen autoritario que mantiene alianzas con los grupos armados de crimen organizado que están en el terreno”.

Un grupo de 15 organizaciones de la sociedad civil, defensores de derechos humanos y ambientales publicó un pronunciamiento mientras se discutía la ley. En el documento se indica que esta nueva normativa “generará un barniz de legalidad al actual saqueo sistemático de la Amazonía y del Escudo Guayanés, profundizando el grave deterioro ambiental y la violación a los derechos humanos”.

Estas organizaciones también cuestionan el término “desarrollo minero ecológico”, que según la nueva ley se refiere a la “ejecución de las actividades mineras con miras a desarrollar un proyecto minero eficiente y rentable; minimizando el impacto ambiental y de los ecosistemas, con respeto a los derechos humanos, con el objetivo de aprovechar los minerales de manera sostenible y proteger su entorno ambiental”.

Desde las organizaciones civiles señalan en el documento que “la minería de oro es intrínsecamente destructiva” y que este “concepto sólo ha servido para esconder la destrucción de la biodiversidad y las cuencas hidrográficas bajo una falsa promesa de sostenibilidad”.

“Aquí en Venezuela el ministerio de asuntos mineros se llama Ministerio de Desarrollo Minero Ecológico. Eso es un absoluto contrasentido”, comenta Alejandro Álvarez, coordinador general de la organización Clima 21, quien también cuestiona la reciente norma porque considera que “los temas ambientales en la nueva ley son simples declaraciones de principios, pero en ningún caso contiene elementos que permitan indicar que esas declaraciones van a ser de obligatorio cumplimiento”.

Álvarez asegura que la norma contiene términos muy genéricos y difusos sobre las cuestiones ambientales. Pone como ejemplo los estudios de impacto ambiental y sociocultural que se nombran en la ley, “pero no se establecen como condición para la aprobación de las concesiones mineras”.

Burelli también cuestiona el planteamiento de desarrollo minero ecológico, pues asegura que “no hay nada en la ley que obligue a que se realice una minería sustentable, que se elimine el mercurio o se frene la minería en las áreas naturales protegidas”.

El documento firmado por las organizaciones civiles también incluye otros cuestionamientos. Entre ellos que la ley se limita a exigir responsabilidad posterior al daño, sin enfoque preventivo, y no contempla garantías financieras de restauración, cierre de minas ni regulación de residuos. Tampoco prevé el monitoreo ambiental independiente, el acceso público a información ni auditorías externas.

Se menciona también la posible vulneración de las áreas protegidas porque, si bien se excluye a los parques nacionales y monumentos naturales de la entrega de concesiones mineras, “esta exclusión no se extiende a otras figuras de protección como reservas de biosfera, zonas protectoras y reservas forestales”.

Leer más | Venezuela: nuevos acuerdos de gas reavivan advertencias por falta de infraestructura e impacto ambiental de una industria en la mira de EE.UU.

Puntos geográficos de conflictos

Un tema adicional es el que se refiere a los derechos de los pueblos indígenas que viven en las zonas donde se realizará la actividad minera. En este caso, la ley “omite referirse al derecho de estos pueblos a la demarcación de sus territorios y no menciona el consentimiento libre, previo e informado”, señala el documento.

“Consideramos que esta nueva ley vulnera los derechos de los pueblos indígenas. No aborda el tema del derecho a la demarcación territorial ni menciona el consentimiento libre previo e informado que sí está en la Constitución. Por último, hay una militarización del territorio”, comenta Cristina Burelli.

A lo que se refiere Burelli es a la creación del “Resguardo Nacional Minero”, que se incluye en la ley. Según la norma publicada, “el servicio de Resguardo Nacional Minero tendrá el carácter de órgano auxiliar del ministerio con competencia en materia de minas en las funciones y competencias de protección, inspección, vigilancia y control de las actividades mineras que se desarrollen en el territorio nacional”.

Quienes cuestionan la ley consideran que este servicio formaliza el dominio militar sobre las zonas extractivas. “La presencia militar en las minas ha estado históricamente asociada a la violación de derechos humanos, la corrupción y la creación de gobernanzas híbridas”, dice el documento publicado por las organizaciones civiles.

Cristina Burelli agrega que la zona donde existen grandes extensiones de actividad minera ya está militarizada. “Todo el sur de Venezuela está absolutamente controlado por las fuerzas armadas y por la Guardia Nacional. Entonces, la creación del Resguardo Nacional Minero formaliza ese dominio de los militares sobre estas zonas extractivas, porque se trata de una situación que ya existe de facto”.

Los graves problemas en Venezuela como consecuencia de la presencia de la minería ilegal, principalmente en los estados de Bolívar y Amazonas, en el sur del país, han sido expuestos en múltiples oportunidades.

El informe Una mirada a la minería ilegal de oro en el hemisferio occidental, publicado por Financial Accountability and Corporate Transparency (FACT) Coalition, explica que la mayor parte del oro de Venezuela se lava internacionalmente a través de empresas ficticias y cadenas de suministro poco transparentes. En un artículo publicado por Mongabay en octubre de 2025 se precisa que estas operaciones suelen estar controladas por élites militares, grupos guerrilleros y bandas transnacionales que explotan las lagunas y brechas en los sistemas financieros y comerciales de Estados Unidos.

“Es una minería que se hace sin ningún tipo de regulación ni control, bajo el mandato de grupos armados que se imponen utilizando cualquier tipo de acción ilegal y violación a los derechos de las comunidades tanto indígenas como no indígenas”, agrega Alejandro Álvarez. “La minería actual venezolana es muy grave, con serios daños que están ocurriendo bajo los sistemas de gobernanza de la delincuencia organizada y de grupos armados extranjeros”, agrega.

Una serie de reportajes y documentales del proyecto periodístico Amazon Underworld da a conocer que en las zonas mineras del sur de Venezuela, en la frontera con Colombia, no solo se extrae oro de manera ilegal, sino que también los llamados minerales críticos y estratégicos —coltán, bauxita, estaño y otros— y las denominadas tierras raras han despertado el interés de empresarios y grupos armados.

La visita del secretario del Interior de Estados Unidos, Doug Burgum, puso sobre la mesa el interés del país del norte en un mayor acceso a las reservas minerales de Venezuela. En ese momento, la presidenta Rodríguez se comprometió a acelerar el acceso de empresa extranjeras a estos recursos. Lo que siguió fue la aprobación de la nueva ley de minas.

En la nueva ley se establece que los minerales estratégicos poseen un elevado interés económico, con alto atractivo comercial, nacional e internacional; que son imprescindibles para mantener la continuidad operacional de un proceso o industria; así como, fundamentales para el funcionamiento de las cadenas productivas en el desarrollo de la economía nacional, nuevas tecnologías, esenciales para la industria energética, seguridad y defensa, medicina y salud, la industria agroalimentaria, la construcción, transporte automotriz e informática.

La nueva norma establece que cuando se encuentren minerales estratégicos los titulares de los derechos mineros están en la obligación de notificarlo al ministerio con competencia en materia de minas, que evaluará el caso. También especifica que la declaratoria de un mineral como estratégico “no excluye la posibilidad de que el mismo pueda ser objeto de aprovechamiento”.

En momentos en que Estados Unidos y China están en una disputa comercial por los recursos indispensables —como los minerales estratégicos— para continuar con su carrera tecnológica, los territorios con estos minerales terminan colocándose en medio de estas disputas. La reciente reunión entre el presidente de China, Xi Jinping, y Trump, que llegó al país asiático acompañado de un grupo de empresarios de las empresas más grandes de tecnología a nivel global, expone el interés que existe por los recursos que puedan mantener a flote la creciente industria tecnológica.

El artículo original fue publicado por Yvette Sierra en Mongabay Latam. Puedes revisarlo aquí.

Si quieres leer más noticias ambientales en Latinoamérica, puedes revisar nuestra colección de artículos. Y si quieres estar al tanto de las mejores historias de Mongabay Latam, puedes suscribirte al boletín aquí, unirte a nuestro canal de WhatsApp o seguirnos en Facebook, X, Instagram, Tiktok y Youtube.

“En los primeros meses de 2026, se han quemado más de 150 millones de hectáreas a nivel mundial, un 50 % más que el promedio reciente y el doble que en 2024 para este mismo período”, señala Friederike Otto, profesora de ciencias del clima en el Centro de Política Ambiental del Imperial College de Londres y cofundadora de World Weather Attribution, una red de científicos que desde hace 12 años analiza los eventos climáticos extremos.

Las afirmaciones de Otto se sustentan en una serie de datos recogidos por esta institución que advierte que este 2026 el planeta se estaría enfrentando a un año de incendios particularmente severos que se podrían agudizar por la ocurrencia del fenómeno El Niño. Otto también advierte que en “todos estos eventos o casi todos vemos que el cambio climático antropogénico tiene una mayor influencia en la probabilidad de intensidad de eventos climáticos extremos”.

Aunque aún no se ha definido la magnitud que podría tener el fenómeno El Niño este año, lo que advierten los investigadores es que el evento puede “tener un impacto significativo en el riesgo de incendios forestales a finales de año y aumentaría la probabilidad de condiciones de calor y sequía severas en Australia, el noroeste de Estados Unidos y Canadá, y la selva amazónica”.

Los datos recogidos por los investigadores indican también que 2026 será probablemente el segundo año más cálido registrado en la historia e, incluso, podría convertirse en el más caliente. Advierten, además, que las temperaturas de la superficie del mar en todo el mundo se acercan a los niveles más altos jamás registrados, superando incluso en algunos días los récords de 2024.

Mientras, la extensión del hielo marino en el hemisferio norte alcanzó sus niveles más bajos para esta época del año y el hielo del Ártico registró un mínimo histórico por segundo año consecutivo.

La información brindada en una conferencia de prensa virtual alerta sobre los riesgos que enfrenta el mundo ante fenómenos meteorológicos extremos. La Organización Meteorológica Mundial (OMM) ha señalado que el planeta se encuentra en un estado de mayor desequilibrio que en cualquier otro momento de la historia.

Leer más | Incendios más frecuentes y severos ponen en riesgo la recuperación de los bosques de la Patagonia norte argentina

Incendios, cambio climático y El Niño

En lo que va del año, en Argentina y Chile han ocurrido grandes incendios. La información de los científicos indica que el fuego en estos países quemó alrededor de 10 hectáreas cada minuto y que fueron “avivados por el calor extremo y la sequía”. Además, precisan que “el cambio climático aumentó la probabilidad del incendio”.

Lo mismo sucedió en los estados de Nebraska, Florida y Georgia, en Estados Unidos, donde se registraron incendios históricamente grandes en medio de condiciones de una intensa sequía. Los ejemplos se multiplican en diversos países de todos los continentes.

Uno de estos casos en Latinoamérica, recuerda Otto, fueron “los incendios forestales ocurridos en la Amazonía entre 2023 y 2024, que afectaron a 30 millones de personas en Brasil, Perú, Colombia, Venezuela, Ecuador y Bolivia, que provocaron interrupciones de transporte, aislamiento de comunidades y pérdida de incontable vida silvestre”.

En ese momento, los incendios en la Amazonía, agudizados por una intensa sequía que se extendió desde fines de 2022 hasta 2024, generaron niveles récord de calor y zonas quemadas en gran parte de la región, además de las regiones del Pantanal y la Chiquitania de Bolivia, señala el informe Amazonía en Llamas elaborado por el Panel Científico por la Amazonía.

Theodore Keeping, del Centro de Política Ambiental del Imperial College de Londres, se refirió al aumento de un 50 % en la cantidad de hectáreas quemadas por los incendios con relación al promedio anual y precisó que el área quemada actualmente a nivel global es 20 % más que los años anteriores, teniendo como punto de partida 2012, cuando iniciaron los monitoreos. “En muchas partes del mundo la temporada de incendios todavía no empieza, pero el inicio ha sido muy rápido”, comenta.

Keeping también advierte que considerando las proyecciones del fenómeno El Niño se esperan “eventos más severos” y agrega que “el cambio climático influye en la actividad de los incendios forestales y las condiciones secas y calurosas del clima que promueven los megaincendios”.

Además, cita como ejemplos lo que está sucediendo en África, donde este año se quemaron 85 millones de hectáreas, cifra superior al récord anterior de 69 millones de hectáreas. En Asia también las cifras están en aumento: este año se quemaron más de 44 millones de hectáreas, en comparación con los 32 millones de hectáreas reportadas en 2014.

Estados Unidos y Australia también han tenido récords de incendios en comparación con años anteriores. En Australia las condiciones de sequía y calor extremo a inicios de año generaron incendios en Nueva Gales del Sur y Victoria.

“Hay eventos que están aumentando mucho por el cambio climático antropogénico. Las sequías y las olas de calor también se atribuyen en gran medida al cambio climático antropogénico”, agrega Keeping sobre la influencia del aumento de la temperatura en el planeta influenciado en gran parte por la emisión de gases de efecto invernadero, proveniente principalmente de los combustibles fósiles.

En relación al fenómeno El Niño, aunque no se ha confirmado que este año se presente un Niño extremo o “super Niño”, lo que sí asegura es que cualquier nivel que presente “el fenómeno El Niño afectará el riesgo de incendios forestales enormemente” en los meses que siguen. “Podría aumentar la probabilidad de sequías y calor extremo en Australia, en el noroeste de Estados Unidos y Canadá y en la Amazonía”.

“La seriedad de los incendios forestales mayores a un nivel tres —de mayor gravedad— en las regiones ha aumentado mucho por el cambio climático”, comenta Keeping y agrega que en el caso de que El Niño sea muy fuerte, como algunas proyecciones anuncian, los daños por incendios “podrían ser potencialmente los más altos que se han visto en la historia reciente”.

Leer más | Chile y Argentina: el cambio climático alimentó los incendios forestales en la Patagonia | ESTUDIO

Los impactos en la salud

Un tema que también preocupa es cómo los incendios forestales representan una amenaza para la salud humana, no solo por las muertes directas, sino también porque degradan la calidad del aire, ya que el humo proveniente de las quemas está compuesto por una mezcla de elementos peligrosos que contaminan el aire.

“A nivel mundial los incendios son la principal causa del aumento de la mortalidad por contaminación del aire en gran parte de las zonas tropicales. Entre 1984 y 2013, el número total de personas afectadas por incendios forestales ascendió a 5.8 millones a nivel mundial. La mortalidad promedio atribuible a la exposición al humo de incendios forestales fue de 339 000 muertes anuales”, señalan reportes del Grupo Intergubernamental de Expertos sobre el Cambio Climático (IPCC por sus siglas en inglés) y del National Center for Biotechnology Information.

El humo de los incendios también ejerce una enorme presión sobre los sistemas de salud debido al aumento de las visitas a emergencia y los ingresos hospitalarios de personas que buscan atención por problemas respiratorios.

Jemilah Mahmood, directora ejecutiva del Centro Sunway para la Salud Planetaria, señala que “el humo que proviene de los incendios forestales no es una contaminación común y corriente”, sino que las partículas que provienen de este humo son 10 veces más nocivas que la misma cantidad de emisiones de genera el tráfico vehicular. “El calor empeora la calidad del aire y se amplifican las enfermedades respiratorias y cardiovasculares”, agrega Mahmood, cuestionando la falta de políticas para enfrentar el cambio climático.

“En un estudio de Lancet de 2024 se estableció que 1.5 millones de fallecimientos cada año están relacionados con la contaminación atmosférica, pero en los incendios la cifra es cuatro veces mayor de lo que se estimaba y más de 90 % de estas muertes se dan en países de renta baja y media”, agrega la experta.

Mahmood también advierte que se están documentando trastornos cardiovasculares, condiciones neurológicas, fallo renal y daños para la salud mental, como ansiedad, en lugares donde ocurren los incendios. “Hay un costo psicológico al ver cómo el entorno se incendia, nuestros hogares desaparecen, las comunidades colapsan. Esto lleva a problemas clínicos reales que nuestros sistemas de salud no están diseñados para enfrentar”.

La experta en salud también menciona que no se trata de eventos aislados, sino que son síntomas de muchos límites planetarios que se están rebasando al mismo tiempo, como la degradación del suelo, el cambio climático, el colapso de la integridad de la biosfera. “Todo esto se convierte en un círculo vicioso que no estamos logrando romper”, comenta.

“Si la Amazonía continúa incendiándose, los sumideros de carbono se debilitan, el planeta se calienta más, el colapso de los ecosistemas también se vuelve más real. Los sistemas alimentarios también comenzarán a fracasar conforme el territorio fértil desaparezca, las pesquerías disminuyen, los riesgos de desnutrición, problemas del sistema inmunológico, las enfermedades infecciosas, eso aumenta”, agrega Mahmood sobre uno de los ecosistemas clave del planeta.

Mahmood también presenta las consecuencias de los efectos en la salud causados por el aumento de la temperatura planetaria por el cambio climático. “Las olas de calor no reciben tanta atención mediática como los desastres, no se activan fondos de emergencia, pero es un asesino silencioso en los hogares y en los campos abiertos, lo sienten los cuerpos de trabajadores y trabajadoras que no les queda más que estar al intemperie. Piensen en esta cifra: 546 000 personas mueren cada año por causas relacionadas con el calor”, sentencia, aunque advierte que esta cifra podría ser mayor. “Hay una metáfora que siempre utilizo, la del sapo que no se da cuenta de que el agua está hirviendo hasta que es demasiado tarde como para saltar y salir de ella”.

El artículo original fue publicado por Yvette Sierra en Mongabay Latam. Puedes revisarlo aquí.

Si quieres leer más noticias ambientales en Latinoamérica, puedes revisar nuestra colección de artículos. Y si quieres estar al tanto de las mejores historias de Mongabay Latam, puedes suscribirte al boletín aquí, unirte a nuestro canal de WhatsApp o seguirnos en Facebook, X, Instagram, Tiktok y Youtube.

David Attenborough acaba de cumplir 100 años el pasado 8 de mayo. El comunicador y naturalista de nacionalidad británica es hoy la voz y la crónica viva de nuestro planeta. Su trayectoria comenzó en la BBC de los años 50, cuando la televisión apenas descubría su poder. En aquellos primeros días, el objetivo era sencillo pero fascinante: mostrar al público especies y mundos que nunca habrían podido ver por sí mismos, bajo la premisa de que la naturaleza era un reino vasto e inalterable que siempre estaría allí.

Con el paso de las décadas, Attenborough transformó el documental de naturaleza en un arte de la paciencia y el detalle. Gracias a la evolución tecnológica, sus programas dejaron de ser simples avistamientos para convertirse en estudios profundos sobre el comportamiento animal.

El tono de su obra experimentó un cambio fundamental a medida que el consenso científico sobre el cambio climático se volvía irrefutable. Attenborough transitó de la contemplación pura a la advertencia: el conocimiento del mundo natural ya no era solo una cuestión de curiosidad científica, sino un requisito indispensable para la estabilidad de nuestras propias sociedades.

Hoy, la influencia de Attenborough trasciende. A través de sus cien años de vida, ha tendido un puente que une el descubrimiento con la responsabilidad. Esta colección de imágenes celebra no solo al hombre que nos enseñó a contemplar la naturaleza, sino al visionario que hoy exhorta a la humanidad a entender la riqueza del planeta para proteger su futuro.

Dumpling sobrevivió al comercio internacional de fauna silvestre, al encierro en una bodega industrial de Orlando y al colapso de Sloth World, un proyecto turístico que pretendía exhibir perezosos sudamericanos como atracción interactiva en Florida, Estados Unidos. No sobrevivió a las secuelas.

El 5 de mayo de 2026, el perezoso de dos dedos murió bajo cuidados intensivos en el Central Florida Zoo, convirtiéndose en el tercer ejemplar fallecido desde el traslado de los 13 animales sobrevivientes al zoológico. Antes habían muerto Bandit y Habanero, este último sacrificado por veterinarios tras el deterioro irreversible de su salud. Las necropsias determinaron que la causa de muerte de los tres perezosos fue la emaciación, es decir, desnutrición extrema.

Cuando los perezosos llegaron como “donativo” de la empresa al zoológico el pasado 24 de abril, varios presentaban deshidratación, bajo peso y problemas gastrointestinales severos. Algunos apenas reaccionaban. Durante semanas, los animales habían permanecido dentro de una bodega industrial que, según un reportaje del medio estadounidense Inside Climate News, no contaba con agua corriente ni electricidad estable.

Un reporte de la Florida Fish and Wildlife Conservation Commission (FWC) señala, además, fallas constantes en los calefactores que mantenían con vida a los perezosos, especies altamente sensibles al frío.

Estas tres muertes son apenas una parte de un caso mucho mayor. Documentos estatales y reportes veterinarios vinculan más de 50 muertes de perezosos al fallido proyecto Sloth World, que importó ejemplares silvestres desde Perú y Guyana —país del que se sabe que provenía la mayor cantidad de perezosos— con permisos oficiales.

Sloth World cerró definitivamente sus puertas el 24 de abril, se declaró en bancarrota y el caso enfrenta ahora una investigación criminal que expone las consecuencias del comercio y exhibición de fauna silvestre en Estados Unidos.

En este contexto, especialistas en conservación advierten que lo ocurrido en Florida no es un hecho aislado ni excepcional, sino el resultado previsible de un sistema regulatorio fragmentado.

“Básicamente no hay regulaciones. Los perezosos pueden ser sacados de su hábitat natural, enviados a los Estados Unidos y mantenidos en condiciones que no son apropiadas para su supervivencia y eso es completamente legal”, asevera Rebecca Cliffe, fundadora y directora de The Sloth Conservation Foundation (SloCo) en Costa Rica, en entrevista con Mongabay Latam.

Para Cliffe y Sam Trull, cofundadora y directora ejecutiva de The Sloth Institute (TSI), organizaciones dedicadas a la investigación, rehabilitación y conservación de perezosos en Centroamérica, lo ocurrido en Florida no fue un accidente. Ambas organizaciones habían lanzado una campaña para alertar sobre el proyecto desde enero de 2026.

“La mayoría de estos perezosos provenían de Guyana y algunos de Perú. En estos países existe una cuota anual que permite la captura, exportación y venta comercial de perezosos, por lo que es algo totalmente legal”, explica Cliffe. “Por lo que sabemos hasta ahora, las autoridades no estaban al tanto de la altísima tasa de mortalidad de los perezosos que se exportan”.

Mongabay Latam solicitó entrevistas al Servicio Nacional Forestal y de Fauna Silvestre (Serfor) en Perú y a la Comisión de Conservación y Gestión de la Vida Silvestre de Guyana (GWCMC), autoridades responsables de la protección, manejo y uso sostenible de la fauna silvestre en ambos países. Aunque se estableció contacto con Serfor, al cierre de esta edición, el organismo no había respondido.

La GWCMC, por su parte, respondió vía correo electrónico: “Estamos al tanto de las preocupaciones planteadas en relación con el caso Sloth World. Sin embargo, los permisos y licencias emitidos por la GWCMC únicamente facilitan la exportación de perezosos y otras especies silvestres desde Guyana. Nuestra responsabilidad es asegurar que la fauna silvestre que sale del país esté acompañada de los permisos necesarios y sea transportada bajo condiciones aprobadas. No tenemos jurisdicción sobre las condiciones de importación en los países de destino y, por lo tanto, no tenemos control sobre el destino de la fauna silvestre exportada una vez que llega al país de importación”.

 Un comercio legal con escasa supervisión

Para las organizaciones The Sloth Conservation Foundation (SloCo) y The Sloth Institute (TSI), el caso de Sloth World no representa una anomalía aislada, sino el resultado predecible de un sistema de comercio y exhibición de fauna silvestre que opera bajo permisos formales, pero con escasa supervisión real. Ambas organizaciones advierten que el modelo de captura, transporte y cautiverio somete a estos animales a niveles extremos de estrés fisiológico y vulnerabilidad.

“Obtener un permiso de la FWC no es un proceso complicado”, dice Trull. “Es como llenar un formulario en línea y probablemente pagar una tarifa simbólica. Es decir, no tienes que ser un experto ni saber lo que estás haciendo”. Según explica, los permisos emitidos en Estados Unidos autorizan la importación de perezosos sin inspecciones previas de instalaciones ni requisitos estrictos sobre su manejo y cuidado para su bienestar.

“Me pregunto, ¿para qué tener el permiso? Claramente no significa nada, solo que cumpliste con algunos trámites legales sencillos, como presentar tu declaración de impuestos”, argumenta Trull. La especialista señala que los primeros reportes sobre Sloth World llegaron a través de redes sociales, cuando la publicidad del sitio se hizo viral y los seguidores de las organizaciones comenzaron a cuestionar la veracidad y la ética del proyecto.

A partir de allí, ambas organizaciones comenzaron a investigar el caso junto a periodistas. Cuando los primeros documentos salieron a la luz, se enteraron de que las primeras muertes de los perezosos habían ocurrido mucho antes, entre diciembre de 2024 y febrero de 2025.

“Así nos enteramos de que la FWC realizó una inspección en agosto de 2025. Fue entonces cuando se enteraron de que 31 perezosos habían muerto”, cuenta Cliffe. “Pero no hubo ninguna consecuencia, como si hubieran muerto por accidente. Luego les permitieron continuar importando. Pudieron conservar su permiso y su licencia, y todo esto continuó”.

Ambas coinciden en que las fallas no se limitan a Florida. Parte del problema se origina en los países exportadores, donde la captura y exportación de perezosos se realiza bajo cuotas legales. En los casos de Guyana y Perú, gran parte de los ejemplares enviados a Estados Unidos provienen directamente de vida silvestre, con periodos de retención antes de su exportación.

“Cualquiera puede importar la cantidad que quiera de perezosos siempre que tenga un permiso de la FWC y no tiene que informar si mueren o no”, explica Cliffe. “Esa es realmente la raíz del problema: nadie sabía que esto estaba sucediendo y a nadie le importaba”.

Para las especialistas, el resultado es una cadena de estrés biológico difícil de revertir. Los perezosos son capturados en selva, mantenidos en condiciones intermedias de baja calidad, transportados durante días y finalmente alojados en instalaciones no preparadas para su fisiología extremadamente sensible a la temperatura y al estrés

“Incluso con la mejor atención veterinaria posible, muchos de estos animales ya llegan en estado crítico”, señaló Cliffe. “Fueron literalmente arrancados de los árboles”, agrega. Y cuando además se les mantiene en condiciones inadecuadas, las probabilidades de supervivencia caen drásticamente.

Otro de los vacíos regulatorios señalados por las especialistas está en la limitada intervención de las autoridades federales en Estados Unidos. En este caso, el Departamento de Agricultura (USDA, por sus siglas en inglés), encargado de supervisar el bienestar animal en instalaciones que exhiben fauna silvestre, no tuvo participación en la fase inicial del proyecto porque los animales aún no estaban siendo exhibidos públicamente.

Al permanecer bajo estatus de propiedad privada, la empresa no estaba sujeta a los mismos requisitos de licencias ni inspección, lo que redujo significativamente el nivel de supervisión sobre su manejo.

“Los perezosos eran ‘mascotas de propiedad privada’ y ni siquiera necesitaban una licencia del USDA”, explica Trull. “Así que, en realidad, se requirieron regulaciones mínimas para transportar decenas de perezosos y mantenerlos en un almacén en Florida sin electricidad ni agua”.

Cuando el medio Inside Climate News consultó al equipo de prensa de Sloth World, este no respondió a las múltiples solicitudes de comentarios ni a la lista de preguntas sobre el caso. Mongabay Latam también intentó consultarlos, pero no respondieron.

El 13 de mayo de 2026, las organizaciones SloCo y TSI celebraron el anuncio de la Florida Fish and Wildlife Conservation Commission (FWC) sobre la suspensión temporal, por 60 días, de la importación de perezosos al estado de Florida. La medida fue anunciada después de que Rebecca Cliffe y Sam Trull viajaran a Orlando el 6 de mayo, donde sostuvieron durante varios días reuniones con funcionarios, comisionados, legisladores, representantes, autoridades locales y miembros de la FWC para abordar la urgencia de fortalecer la protección de los perezosos en Estados Unidos.

Ante el aumento sostenido del comercio internacional de perezosos, las organizaciones también impulsan cambios en los mecanismos de control internacional. Trull explica que The Sloth Institute obtuvo, mediante solicitudes de acceso a información pública en Estados Unidos, registros de importación que evidenciaron un incremento sostenido del ingreso de estos animales al país entre 2011 y 2021.

Según el análisis de la organización, el 97 % de los ejemplares provenía de Guyana y el 98 % ingresaba a través del aeropuerto de Miami. Esa información fue utilizada para respaldar la inclusión de los perezosos de dos dedos en el Apéndice II de la Convención sobre el Comercio Internacional de Especies Amenazadas (CITES), medida aprobada durante la COP20 celebrada en Uzbekistán en diciembre de 2025.

“El Apéndice II no prohíbe el comercio, pero al menos implica que ahora debe documentarse”, señaló Trull. “Y es importante destacar que esto se aplica únicamente a los perezosos de dos dedos. Todavía existen otras especies de perezosos de tres dedos que no figuran en la lista y es importante que se les incluya en la próxima CITES”.

Ambas organizaciones advierten que el caso de Florida podría repetirse si no hay cambios regulatorios profundos. Aunque actualmente existe una investigación criminal en curso, sostienen que el problema es estructural: mientras el comercio internacional de perezosos siga permitido por permisos de bajo control, la mortalidad continuará.

“Quizás no a la misma escala, porque tal vez nadie quiera que este tipo de cosas atraigan tanta atención, pero ha estado ocurriendo a una escala muy dispersa”, sostiene Trull. “Está sucediendo perezoso por perezoso, lugar por lugar, todos los días. Y seguirá ocurriendo a menos que hagamos cambios en la normativa”.

Bajo cuidado veterinario y con un futuro incierto en cautiverio

Actualmente, los perezosos que sobrevivieron al traslado al Central Florida Zoo permanecen bajo observación veterinaria permanente en áreas de cuarentena especializada. De acuerdo con las actualizaciones que el propio zoológico comparte diariamente en sus redes sociales y en su sitio web, los animales continúan recibiendo atención médica intensiva, monitoreo nutricional y cuidados destinados a estabilizar sus condiciones tras el estrés extremo del traslado y la permanencia previa en instalaciones inadecuadas.

Recostado bajo un rayo de sol, Mr. Ginger —el más pequeño y joven del grupo sobreviviente— aparece con los ojos cerrados en una de las fotografías más recientes difundidas por el zoológico. Junto a las imágenes, la institución informó que el perezoso continúa en estado crítico y bajo cuidados intensivos. “No pudimos resistirnos a compartir algunas fotos adorables. Gracias, Florida Central y alrededores, por todo su apoyo”, publicó el zoológico en sus redes sociales.

El pronóstico de los 10 sobrevivientes a largo plazo es reservado: aunque algunos ejemplares han mostrado signos de estabilización, su estado general refleja las consecuencias de semanas de deterioro físico y exposición a condiciones ambientales adversas.

The Sloth Institute y The Sloth Conservation Foundation reconocieron el trabajo del equipo veterinario que ha asumido el cuidado de los perezosos en el Central Florida Zoo, así como la colaboración con el Plan de Supervivencia de Especies (SSP) de la Asociación de Zoológicos y Acuarios (AZA) para definir la ubicación a largo plazo de los animales en otras instalaciones acreditadas o, en algunos casos, su permanencia en el propio zoológico.

Según el zoológico, los ejemplares requerirán asistencia humana de por vida para tener la oportunidad de prosperar. “Agradecemos enormemente el arduo trabajo realizado para cuidar de los perezosos en cautiverio”, concluye Trull. “Pero, al fin y al cabo, son animales salvajes y nacieron para serlo. Por eso es realmente triste que, en este momento, lo mejor que puedan hacer sea sobrevivir en cautiverio el resto de sus vidas”.

El artículo original fue publicado por Astrid Arellano en Mongabay Latam. Puedes revisarlo aquí.

Si quieres leer más noticias ambientales en Latinoamérica, puedes revisar nuestra colección de artículos. Y si quieres estar al tanto de las mejores historias de Mongabay Latam, puedes suscribirte al boletín aquí, unirte a nuestro canal de WhatsApp o seguirnos en Facebook, X, Instagram, Tiktok y Youtube.