David Attenborough acaba de cumplir 100 años el pasado 8 de mayo. El comunicador y naturalista de nacionalidad británica es hoy la voz y la crónica viva de nuestro planeta. Su trayectoria comenzó en la BBC de los años 50, cuando la televisión apenas descubría su poder. En aquellos primeros días, el objetivo era sencillo pero fascinante: mostrar al público especies y mundos que nunca habrían podido ver por sí mismos, bajo la premisa de que la naturaleza era un reino vasto e inalterable que siempre estaría allí.

Con el paso de las décadas, Attenborough transformó el documental de naturaleza en un arte de la paciencia y el detalle. Gracias a la evolución tecnológica, sus programas dejaron de ser simples avistamientos para convertirse en estudios profundos sobre el comportamiento animal.

El tono de su obra experimentó un cambio fundamental a medida que el consenso científico sobre el cambio climático se volvía irrefutable. Attenborough transitó de la contemplación pura a la advertencia: el conocimiento del mundo natural ya no era solo una cuestión de curiosidad científica, sino un requisito indispensable para la estabilidad de nuestras propias sociedades.

Hoy, la influencia de Attenborough trasciende. A través de sus cien años de vida, ha tendido un puente que une el descubrimiento con la responsabilidad. Esta colección de imágenes celebra no solo al hombre que nos enseñó a contemplar la naturaleza, sino al visionario que hoy exhorta a la humanidad a entender la riqueza del planeta para proteger su futuro.

Dumpling sobrevivió al comercio internacional de fauna silvestre, al encierro en una bodega industrial de Orlando y al colapso de Sloth World, un proyecto turístico que pretendía exhibir perezosos sudamericanos como atracción interactiva en Florida, Estados Unidos. No sobrevivió a las secuelas.

El 5 de mayo de 2026, el perezoso de dos dedos murió bajo cuidados intensivos en el Central Florida Zoo, convirtiéndose en el tercer ejemplar fallecido desde el traslado de los 13 animales sobrevivientes al zoológico. Antes habían muerto Bandit y Habanero, este último sacrificado por veterinarios tras el deterioro irreversible de su salud. Las necropsias determinaron que la causa de muerte de los tres perezosos fue la emaciación, es decir, desnutrición extrema.

Cuando los perezosos llegaron como “donativo” de la empresa al zoológico el pasado 24 de abril, varios presentaban deshidratación, bajo peso y problemas gastrointestinales severos. Algunos apenas reaccionaban. Durante semanas, los animales habían permanecido dentro de una bodega industrial que, según un reportaje del medio estadounidense Inside Climate News, no contaba con agua corriente ni electricidad estable.

Un reporte de la Florida Fish and Wildlife Conservation Commission (FWC) señala, además, fallas constantes en los calefactores que mantenían con vida a los perezosos, especies altamente sensibles al frío.

Estas tres muertes son apenas una parte de un caso mucho mayor. Documentos estatales y reportes veterinarios vinculan más de 50 muertes de perezosos al fallido proyecto Sloth World, que importó ejemplares silvestres desde Perú y Guyana —país del que se sabe que provenía la mayor cantidad de perezosos— con permisos oficiales.

Sloth World cerró definitivamente sus puertas el 24 de abril, se declaró en bancarrota y el caso enfrenta ahora una investigación criminal que expone las consecuencias del comercio y exhibición de fauna silvestre en Estados Unidos.

En este contexto, especialistas en conservación advierten que lo ocurrido en Florida no es un hecho aislado ni excepcional, sino el resultado previsible de un sistema regulatorio fragmentado.

“Básicamente no hay regulaciones. Los perezosos pueden ser sacados de su hábitat natural, enviados a los Estados Unidos y mantenidos en condiciones que no son apropiadas para su supervivencia y eso es completamente legal”, asevera Rebecca Cliffe, fundadora y directora de The Sloth Conservation Foundation (SloCo) en Costa Rica, en entrevista con Mongabay Latam.

Para Cliffe y Sam Trull, cofundadora y directora ejecutiva de The Sloth Institute (TSI), organizaciones dedicadas a la investigación, rehabilitación y conservación de perezosos en Centroamérica, lo ocurrido en Florida no fue un accidente. Ambas organizaciones habían lanzado una campaña para alertar sobre el proyecto desde enero de 2026.

“La mayoría de estos perezosos provenían de Guyana y algunos de Perú. En estos países existe una cuota anual que permite la captura, exportación y venta comercial de perezosos, por lo que es algo totalmente legal”, explica Cliffe. “Por lo que sabemos hasta ahora, las autoridades no estaban al tanto de la altísima tasa de mortalidad de los perezosos que se exportan”.

Mongabay Latam solicitó entrevistas al Servicio Nacional Forestal y de Fauna Silvestre (Serfor) en Perú y a la Comisión de Conservación y Gestión de la Vida Silvestre de Guyana (GWCMC), autoridades responsables de la protección, manejo y uso sostenible de la fauna silvestre en ambos países. Aunque se estableció contacto con Serfor, al cierre de esta edición, el organismo no había respondido.

La GWCMC, por su parte, respondió vía correo electrónico: “Estamos al tanto de las preocupaciones planteadas en relación con el caso Sloth World. Sin embargo, los permisos y licencias emitidos por la GWCMC únicamente facilitan la exportación de perezosos y otras especies silvestres desde Guyana. Nuestra responsabilidad es asegurar que la fauna silvestre que sale del país esté acompañada de los permisos necesarios y sea transportada bajo condiciones aprobadas. No tenemos jurisdicción sobre las condiciones de importación en los países de destino y, por lo tanto, no tenemos control sobre el destino de la fauna silvestre exportada una vez que llega al país de importación”.

 Un comercio legal con escasa supervisión

Para las organizaciones The Sloth Conservation Foundation (SloCo) y The Sloth Institute (TSI), el caso de Sloth World no representa una anomalía aislada, sino el resultado predecible de un sistema de comercio y exhibición de fauna silvestre que opera bajo permisos formales, pero con escasa supervisión real. Ambas organizaciones advierten que el modelo de captura, transporte y cautiverio somete a estos animales a niveles extremos de estrés fisiológico y vulnerabilidad.

“Obtener un permiso de la FWC no es un proceso complicado”, dice Trull. “Es como llenar un formulario en línea y probablemente pagar una tarifa simbólica. Es decir, no tienes que ser un experto ni saber lo que estás haciendo”. Según explica, los permisos emitidos en Estados Unidos autorizan la importación de perezosos sin inspecciones previas de instalaciones ni requisitos estrictos sobre su manejo y cuidado para su bienestar.

“Me pregunto, ¿para qué tener el permiso? Claramente no significa nada, solo que cumpliste con algunos trámites legales sencillos, como presentar tu declaración de impuestos”, argumenta Trull. La especialista señala que los primeros reportes sobre Sloth World llegaron a través de redes sociales, cuando la publicidad del sitio se hizo viral y los seguidores de las organizaciones comenzaron a cuestionar la veracidad y la ética del proyecto.

A partir de allí, ambas organizaciones comenzaron a investigar el caso junto a periodistas. Cuando los primeros documentos salieron a la luz, se enteraron de que las primeras muertes de los perezosos habían ocurrido mucho antes, entre diciembre de 2024 y febrero de 2025.

“Así nos enteramos de que la FWC realizó una inspección en agosto de 2025. Fue entonces cuando se enteraron de que 31 perezosos habían muerto”, cuenta Cliffe. “Pero no hubo ninguna consecuencia, como si hubieran muerto por accidente. Luego les permitieron continuar importando. Pudieron conservar su permiso y su licencia, y todo esto continuó”.

Ambas coinciden en que las fallas no se limitan a Florida. Parte del problema se origina en los países exportadores, donde la captura y exportación de perezosos se realiza bajo cuotas legales. En los casos de Guyana y Perú, gran parte de los ejemplares enviados a Estados Unidos provienen directamente de vida silvestre, con periodos de retención antes de su exportación.

“Cualquiera puede importar la cantidad que quiera de perezosos siempre que tenga un permiso de la FWC y no tiene que informar si mueren o no”, explica Cliffe. “Esa es realmente la raíz del problema: nadie sabía que esto estaba sucediendo y a nadie le importaba”.

Para las especialistas, el resultado es una cadena de estrés biológico difícil de revertir. Los perezosos son capturados en selva, mantenidos en condiciones intermedias de baja calidad, transportados durante días y finalmente alojados en instalaciones no preparadas para su fisiología extremadamente sensible a la temperatura y al estrés

“Incluso con la mejor atención veterinaria posible, muchos de estos animales ya llegan en estado crítico”, señaló Cliffe. “Fueron literalmente arrancados de los árboles”, agrega. Y cuando además se les mantiene en condiciones inadecuadas, las probabilidades de supervivencia caen drásticamente.

Otro de los vacíos regulatorios señalados por las especialistas está en la limitada intervención de las autoridades federales en Estados Unidos. En este caso, el Departamento de Agricultura (USDA, por sus siglas en inglés), encargado de supervisar el bienestar animal en instalaciones que exhiben fauna silvestre, no tuvo participación en la fase inicial del proyecto porque los animales aún no estaban siendo exhibidos públicamente.

Al permanecer bajo estatus de propiedad privada, la empresa no estaba sujeta a los mismos requisitos de licencias ni inspección, lo que redujo significativamente el nivel de supervisión sobre su manejo.

“Los perezosos eran ‘mascotas de propiedad privada’ y ni siquiera necesitaban una licencia del USDA”, explica Trull. “Así que, en realidad, se requirieron regulaciones mínimas para transportar decenas de perezosos y mantenerlos en un almacén en Florida sin electricidad ni agua”.

Cuando el medio Inside Climate News consultó al equipo de prensa de Sloth World, este no respondió a las múltiples solicitudes de comentarios ni a la lista de preguntas sobre el caso. Mongabay Latam también intentó consultarlos, pero no respondieron.

El 13 de mayo de 2026, las organizaciones SloCo y TSI celebraron el anuncio de la Florida Fish and Wildlife Conservation Commission (FWC) sobre la suspensión temporal, por 60 días, de la importación de perezosos al estado de Florida. La medida fue anunciada después de que Rebecca Cliffe y Sam Trull viajaran a Orlando el 6 de mayo, donde sostuvieron durante varios días reuniones con funcionarios, comisionados, legisladores, representantes, autoridades locales y miembros de la FWC para abordar la urgencia de fortalecer la protección de los perezosos en Estados Unidos.

Ante el aumento sostenido del comercio internacional de perezosos, las organizaciones también impulsan cambios en los mecanismos de control internacional. Trull explica que The Sloth Institute obtuvo, mediante solicitudes de acceso a información pública en Estados Unidos, registros de importación que evidenciaron un incremento sostenido del ingreso de estos animales al país entre 2011 y 2021.

Según el análisis de la organización, el 97 % de los ejemplares provenía de Guyana y el 98 % ingresaba a través del aeropuerto de Miami. Esa información fue utilizada para respaldar la inclusión de los perezosos de dos dedos en el Apéndice II de la Convención sobre el Comercio Internacional de Especies Amenazadas (CITES), medida aprobada durante la COP20 celebrada en Uzbekistán en diciembre de 2025.

“El Apéndice II no prohíbe el comercio, pero al menos implica que ahora debe documentarse”, señaló Trull. “Y es importante destacar que esto se aplica únicamente a los perezosos de dos dedos. Todavía existen otras especies de perezosos de tres dedos que no figuran en la lista y es importante que se les incluya en la próxima CITES”.

Ambas organizaciones advierten que el caso de Florida podría repetirse si no hay cambios regulatorios profundos. Aunque actualmente existe una investigación criminal en curso, sostienen que el problema es estructural: mientras el comercio internacional de perezosos siga permitido por permisos de bajo control, la mortalidad continuará.

“Quizás no a la misma escala, porque tal vez nadie quiera que este tipo de cosas atraigan tanta atención, pero ha estado ocurriendo a una escala muy dispersa”, sostiene Trull. “Está sucediendo perezoso por perezoso, lugar por lugar, todos los días. Y seguirá ocurriendo a menos que hagamos cambios en la normativa”.

Bajo cuidado veterinario y con un futuro incierto en cautiverio

Actualmente, los perezosos que sobrevivieron al traslado al Central Florida Zoo permanecen bajo observación veterinaria permanente en áreas de cuarentena especializada. De acuerdo con las actualizaciones que el propio zoológico comparte diariamente en sus redes sociales y en su sitio web, los animales continúan recibiendo atención médica intensiva, monitoreo nutricional y cuidados destinados a estabilizar sus condiciones tras el estrés extremo del traslado y la permanencia previa en instalaciones inadecuadas.

Recostado bajo un rayo de sol, Mr. Ginger —el más pequeño y joven del grupo sobreviviente— aparece con los ojos cerrados en una de las fotografías más recientes difundidas por el zoológico. Junto a las imágenes, la institución informó que el perezoso continúa en estado crítico y bajo cuidados intensivos. “No pudimos resistirnos a compartir algunas fotos adorables. Gracias, Florida Central y alrededores, por todo su apoyo”, publicó el zoológico en sus redes sociales.

El pronóstico de los 10 sobrevivientes a largo plazo es reservado: aunque algunos ejemplares han mostrado signos de estabilización, su estado general refleja las consecuencias de semanas de deterioro físico y exposición a condiciones ambientales adversas.

The Sloth Institute y The Sloth Conservation Foundation reconocieron el trabajo del equipo veterinario que ha asumido el cuidado de los perezosos en el Central Florida Zoo, así como la colaboración con el Plan de Supervivencia de Especies (SSP) de la Asociación de Zoológicos y Acuarios (AZA) para definir la ubicación a largo plazo de los animales en otras instalaciones acreditadas o, en algunos casos, su permanencia en el propio zoológico.

Según el zoológico, los ejemplares requerirán asistencia humana de por vida para tener la oportunidad de prosperar. “Agradecemos enormemente el arduo trabajo realizado para cuidar de los perezosos en cautiverio”, concluye Trull. “Pero, al fin y al cabo, son animales salvajes y nacieron para serlo. Por eso es realmente triste que, en este momento, lo mejor que puedan hacer sea sobrevivir en cautiverio el resto de sus vidas”.

El artículo original fue publicado por Astrid Arellano en Mongabay Latam. Puedes revisarlo aquí.

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Desde marzo de 2026, Chile enfrenta un nuevo brote de influenza aviar de alta patogenicidad causado por el virus H5N1. Nueve regiones concentran los focos, detectados especialmente en el centro del país. Más de 700 000 aves domésticas y al menos 739 aves silvestres de ocho especies han muerto por esta agresiva y contagiosa enfermedad, de acuerdo con información oficial. A los especialistas les preocupa, principalmente, el impacto en el cisne coscoroba (Coscoroba coscoroba) y el cisne de cuello negro (Cygnus melanocorypha).

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El hallazgo más grave hasta inicios de mayo ocurrió en el Lago Budi, en La Araucanía, donde se encontraron 128 cisnes de cuello negro muertos. “Si se producen más mortalidades, esto puede impactar en su conservación”, advierte Claudio Azat, director del Instituto One Health de la Universidad Andrés Bello.

También se han registrado mortalidades de cisnes en el Humedal de Río Cruces, en Valdivia, y en el Santuario de la Naturaleza Carlos Anwandter, cercano a esa misma ciudad, en la región de Los Ríos.

El Servicio Agrícola y Ganadero (SAG) decretó emergencia sanitaria nacional por influenza aviar y a medida que ocurren los hallazgos declara zonas bajo control sanitario, de acuerdo con Carlos Orellana, jefe de la División de Protección Pecuaria del SAG.

La situación es distinta al brote que llegó a Chile a finales de 2022, explica Azat. Esa fue la primera vez que el virus, conocido desde 1996, arribó a Sudamérica.

Aves playeras que realizan migraciones de largas distancias desde el hemisferio norte podrían haber participado en el ingreso inicial del virus, de acuerdo con Yanina Poblete, directora del Centro de Modelamiento y Perspectiva One Health de la Universidad de las Américas. Entre estas están el zarapito (Numenius phaeopus) o especies de playeros como el Calidris alba y el Calidris canutus.

Se estima que entre 2022 y 2023, más de 100 000 aves y unos 20 000 mamíferos marinos murieron en el país. Esta vez, el escenario es diferente: varias especies de aves silvestres podrían contar con inmunidad y el brote no se produce durante el fenómeno de El Niño, un factor que causó mayor estrés en las aves marinas por una disminución del alimento en el océano. Sin embargo, modelos climáticos apuntan a la posible llegada de un evento intenso del el niño en 2026, un escenario de mayor riesgo para las aves.

El brote ahora sucede en un contexto de mayor preparación. Desde 2023, el SAG cuenta con un panel de influenza aviar disponible en línea para todo el público. La información se actualiza a diario e incluye datos de las regiones, especies y número de ejemplares afectados. La ciudadanía puede acceder a la información en tiempo real, tomar precauciones y notificar a las autoridades en caso de identificar mortandad de aves domésticas o silvestres.

La cepa y su comportamiento son distintos

Mientras en Chile hubo un silencio epidémico entre finales de 2023 e inicios de 2026, en Brasil, Argentina y Uruguay sí se dieron brotes en aves silvestres, dice Pedro Jiménez, docente de la Universidad Católica de Chile e investigador de la gripe aviar. “El virus se ha estado moviendo silenciosamente entre aves silvestres”, dice. Un cisne coscoroba pudo introducir una nueva cepa a Chile.

No es el mismo virus que llegó por primera vez a Sudamérica, pues, al igual que la influenza estacional humana, este virus muta con facilidad, dice Azat. La cepa que está circulando, hasta ahora es menos letal que la de 2023. No obstante, no deja de ser preocupante, dado que desde el primer registro en marzo se dispersó con rapidez.

El SAG hizo un secuenciamiento del genoma del virus y encontró, de manera preliminar, que se trata de una cepa diferente a la de 2022 y 2023. “Es un reordenamiento de cepas de alta patogenicidad que llegaron de Asia y de baja patogenicidad de origen sudamericano”, detalla Jiménez.

Además, tiene un comportamiento distinto. En 2022 y 2023, el brote fue en diciembre, en pleno verano, mientras que ahora se presentó en otoño. “Creemos que está asociado a ciertos factores climáticos que han propiciado la interacción de los tres segmentos de aves: silvestres, de traspatio y comerciales”, dice Orellana.

En el evento anterior, el caso cero fue en Arica, en la frontera con Perú. Desde el norte de Chile, el virus se diseminó hacia el sur. Ahora, se registraron casos entre Valparaíso y Aysén, con más focos concentrados en el centro del país y uno solo en aves domésticas en Magallanes, en el sur, de acuerdo con información del panel.

Otra particularidad es que en el primer brote, el virus se presentó principalmente en la costa y ahora se está distribuyendo sobre todo en el valle interior.

Mayor impacto en las especies de agua dulce

En este brote hay ocho especies silvestres afectadas, incluyendo las dos especies de cisnes. Las otras seis son el águila mora (Geranoaetus melanoleucus), el caiquén (Chloephaga picta), el ganso asilvestrado, la garza chica (Egretta thula), el piuquén (Oressochen melanopterus) y el quetru (Tachayeres pteneres).

Mientras que en el pasado aves de los ecosistemas marinocosteros registraron más mortalidad, como los pelícanos y los pingüinos de Humboldt, ahora hay mayor impacto en las especies de agua dulce, señala Jiménez.

De hecho, detalla que la primera especie que dio positivo fue el cisne coscoroba, en el humedal del río Yani, en la zona central de Chile. Estos cisnes se mueven entre la costa pacífica y la costa atlántica y así es como pudieron llegar con la nueva cepa al país.

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El cisne de cuello negro, una de las especies más afectadas en el brote actual, está considerado En Peligro de extinción en las regiones de Biobio a Los Lagos, las mismas donde se han registrado ejemplares de esta especie positivos al virus, de acuerdo con el panel del SAG.

Esto preocupa porque se suma a las amenazas que ya sufre la especie, como la reducción o contaminación del hábitat. Jiménez explica que los cisnes de cuello negro tienen dietas restringidas a algas específicas y son sensibles a las perturbaciones que puede haber en los ecosistemas.

El trabajo intersectorial es clave

Para detener la enfermedad, el SAG aplica mecanismos de control del contagio y desde hace poco fortaleció alianzas con la academia para generar información y evidencia científica. También involucró a la Corporación Nacional Forestal (CONAF) porque los guardaparques son los primeros en dar alerta en caso de observar situaciones anómalas o mortalidad de aves.

Una de las claves de la contención de la enfermedad es que el SAG levanta las aves muertas, dice Orellana. Este es un trabajo que exige gran esfuerzo de los equipos técnicos y que ha demandado, incluso, la compra de un bote zodiac para recorrer los lagos.

Esto no sucede en otros países, asegura, donde se permite que los carroñeros cumplan con el ciclo natural, pero que representa un riesgo pues podrían seguir diseminando el virus. “Nuestra directriz técnica ha sido que es importante cortar el ciclo de transmisión y bajar la carga viral”, dice.

La División Pecuaria y la División de Recursos Naturales del SAG coordinan el rescate de especies y la bioseguridad en centros de rescate. El SAG también procesa muestras de pingüinos y mamíferos marinos para el Servicio Nacional de Pesca y Acuicultura (SERNAPESCA), organismo que no cuenta con laboratorio propio para ese análisis.

Los aportes de la academia

Una de las alianzas más importantes es con la academia, con el objetivo de generar información y evidencia científica.

Poblete lidera un proyecto del Fondo Nacional de Desarrollo Científico y Tecnológico de Chile, en el que se está realizando un monitoreo mensual y sistemático de aves en el Santuario de la Naturaleza Carlos Anwandter. También participan investigadores del Laboratorio de Ecología de Aves de la Universidad Austral de Chile y del Laboratorio de Enfermedades Infecciosas de la Pontificia Universidad Católica de Chile.

Se busca detectar aves infectadas sin sintomatología visible antes de que aparezcan mortalidades para contener con mayor rapidez la dispersión del virus, explica Yanina Poblete.

“Nos interesa que el cisne de cuello negro se transforme en una especie centinela para el monitoreo de enfermedades zoonóticas como la influenza aviar”, dice la investigadora. Esta ave es muy sensible al virus y circula por diferentes humedales del país.

El equipo monitorea influenza en cisnes, gaviotas y paseriformes, tanto en el borde de los humedales como en el bosque. Una hipótesis que buscan confirmar es si las aves más generalistas del borde del pajonal pueden ser vectores silenciosos del virus. El proyecto partió del hallazgo de que en 2023, el SAG diagnosticó 240 paseriformes de distintas especies sin vigilancia sistemática y encontró que el 47 % estaba infectado con el virus.

El monitoreo comenzó en noviembre de 2025, pero una interrupción por falta de articulación institucional lo frenó cuando comenzó el brote. Ahora se retoma con una alianza intersectorial que incluye al SAG, la CONAF, el Centro de Humedales Río Cruces y a los investigadores. “Con esta mirada de investigación, no solo de contención y vigilancia, creo que vamos bien encaminados”, concluye Poblete.

El artículo original fue publicado por Ana Cristina Alvarado en Mongabay Latam. Puedes revisarlo aquí.

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Cada año, millones de aves cruzan continentes siguiendo rutas invisibles que conectan ecosistemas y países, ajenas a las fronteras humanas. En ese viaje enfrentan amenazas crecientes: pérdida de hábitat, cambio climático, contaminación e incluso colisiones con edificios que interrumpen su paso por las ciudades. En este contexto, el Día Mundial de las Aves Migratorias funciona como un recordatorio global de que su supervivencia depende de algo más que su resistencia: requiere acción colectiva y cooperación internacional.

En 2026, la conmemoración pone el foco en una idea tan simple como contundente: “Cada ave cuenta: tus observaciones importan”. El lema subraya el papel de la ciudadanía y las comunidades locales en la recolección de datos, hoy indispensable para comprender el estado de las poblaciones de aves, sus rutas migratorias y los factores que inciden en su declive o recuperación.

El llamado es claro: millones de observaciones pueden convertirse en conocimiento para proteger a las aves. Desde conteos en patios y parques hasta monitoreos a gran escala, estos registros —a través de plataformas como eBird e iNaturalist— convierten a las personas en actores de la conservación. Cada dato, por pequeño que parezca, alimenta bases que permiten mapear distribuciones, detectar cambios migratorios y orientar decisiones en política ambiental.

“El lema de este año —que cada registro cuenta— es quizás lo más importante”, señala Nick Bayly, director del programa de Ecología de Migración de SELVA, organización basada en Colombia. “No es necesario ir a un bosque o una reserva natural; se puede contribuir desde el parque del barrio, el jardín o el patio de casa”.

En un contexto donde las ciudades —con factores como la contaminación lumínica— afectan la migración, generar información desde los espacios donde vive la mayoría de las personas resulta clave, añade el especialista. “Incluso registrar dos o tres especies cerca de casa aporta datos valiosos para entender las amenazas que enfrentan las aves y detectar concentraciones inesperadas en entornos urbanos”, sostiene.

En Mongabay Latam conversamos con especialistas en México, Colombia y Costa Rica sobre los proyectos de ciencia ciudadana que están aportando a la conservación de las aves en América Latina.

Colombia: un plan basado en la ciencia ciudadana

Durante mucho tiempo, las aves migratorias que invernan en los Andes tropicales fueron un enigma para la conservación. Se sabía que millones descendían cada temporada Norteamérica hacia los bosques de elevaciones medias de Centro y Sudamérica, pero no estaba claro dónde se concentraban ni qué hábitats eran realmente clave para su supervivencia. Mientras tanto, algunas especies comenzaban a desaparecer silenciosamente.

Entre 2015 y 2016, esa incertidumbre impulsó a científicos y organizaciones a desarrollar un Plan de Inversión para conservar los bosques de elevaciones medias, utilizados por aves migratorias durante su temporada no reproductiva. Liderado por la organización colombiana SELVA junto a la red Partners in Flight, el esfuerzo se centró inicialmente en tres especies que atraviesan algunos de los declives más acelerados entre las aves migratorias terrestres del continente: la reinita de Canadá (Cardellina canadensis), la reinita cerúlea (Setophaga cerulea) y la reinita alidorada (Vermivora chrysoptera), que han perdido entre el 60 % y el 70 % de sus poblaciones.

“Reconocimos que todas estaban utilizando la misma ecorregión cuando migran hacia Centro y Sudamérica”, explica Nick Bayly, de SELVA. Con el tiempo, el enfoque se amplió más allá de las aves hacia el ecosistema completo: bosques andinos que regulan el agua, el clima y la erosión, y que también son refugio para numerosas especies amenazadas.

Con esa visión, el proceso de planeación reunió no solo a especialistas en aves migratorias, sino también a organizaciones locales, comunidades rurales y productores agrícolas vinculados a actividades como el café y el cacao bajo sombra. La idea era mostrar que incluso territorios transformados podían seguir funcionando como hábitat para las aves si conservaban árboles y fragmentos de bosque. “Son sistemas agroforestales que todavía pueden proveer recursos importantes para muchas especies”, explica Bayly.

Pero una de las piezas más importantes para construir el plan no surgió desde laboratorios ni expediciones científicas tradicionales, sino desde miles de observaciones ciudadanas en toda América Latina. Los datos registrados en eBird, la plataforma global de ciencia ciudadana para el monitoreo de aves, permitieron identificar con una precisión inédita dónde se concentran estas especies a lo largo de los Andes tropicales. En la actualidad, el plan une esfuerzos a lo largo de 12 países, desde Canadá, hasta Perú.

“Hace diez años la información era muy general; prácticamente se coloreaba todo el norte de Sudamérica”, recuerda Bayly. Hoy, con millones de registros y herramientas como eBird Status and Trends, es posible conocer elevaciones, abundancias y áreas prioritarias de conservación. Estos datos revelaron, por ejemplo, que Colombia alberga cerca del 50 % de la población global de la reinita de Canadá en temporada no reproductiva. “La ciencia ciudadana nos da una precisión antes imposible”, afirma el especialista.

Los datos de eBird no se quedaron en mapas ni modelos: en Colombia comenzaron a guiar decisiones concretas sobre el territorio. A partir del Plan de Inversión, SELVA cruzó zonas prioritarias para aves migratorias con áreas protegidas, resguardos y coberturas de bosque, identificando sitios clave que permanecían fuera del Sistema Nacional de Áreas Protegidas.

Uno de esos lugares apareció al sur del país: la Zona de Reserva Campesina La Tuna, ubicada en el municipio de Santa Rosa, en el departamento del Cauca. Los modelos construidos con datos de ciencia ciudadana indicaban que allí podía existir un hábitat crítico para especies como la reinita cerúlea, aunque los registros directos en la zona eran todavía escasos. La razón era simple: se trata de un territorio remoto, de difícil acceso y con muy poca presencia histórica de observadores de aves.

“El siguiente paso era verificar en terreno si realmente estaban presentes las especies focales”, explica Nick Bayly. Para hacerlo, investigadores de SELVA trabajaron junto a las comunidades locales, recorriendo los bosques de elevaciones medias que aún permanecen en pie. El esfuerzo implicó largas jornadas para alcanzar las zonas adecuadas, pero las observaciones terminaron confirmando lo que anticipaban los registros ciudadanos en eBird.

“Encontramos poblaciones impresionantes de reinita cerúlea”, recuerda Bayly. En campo observaron bandadas mixtas con hasta cinco o seis individuos a la vez, algo poco común por su declive poblacional. La evidencia confirmó que La Tuna es un hotspot de aves migratorias en los bosques andinos.

A partir de ese trabajo conjunto con las comunidades, el proyecto avanzó hacia acciones concretas de conservación. A finales de 2024 se apoyó la creación oficial de la Zona de Reserva Campesina La Tuna, de 3500 hectáreas. Además, mediante un proceso de zonificación participativa, las comunidades acordaron destinar cerca de 18 000 hectáreas de bosques de elevaciones medias a conservación estricta.

México: conservar a las aves migratorias en la frontera

En la región fronteriza entre México y Estados Unidos, una pequeña ave migratoria ha encontrado un punto clave que le sirve como escala, refugio y sitio de anidación dentro de la larga ruta del Pacífico. La golondrina risquera (Petrochelidon pyrrhonota), una de las especies de golondrina más abundantes del continente, ha llamado la atención de observadores de aves por su presencia constante y su comportamiento reproductivo. En Rancho Bonito, una comunidad ubicada en Ensenada, Baja California, recientemente se registró una concentración masiva con un conteo estimado de 400 individuos.

“Un detalle muy curioso es que Rancho Bonito ofrece todo lo que la golondrina requiere”, explica Carlos Adrián Ceceña, gestor ambiental y coordinador del Programa de Aves Urbanas (PAU) de Ensenada. En el lugar se ha observado a las aves recolectando lodo y barro de una represa cercana y de un pequeño arroyo, materiales clave para la construcción de sus complejos nidos. “Hay indicios de que están anidando ahí y que no se trata solo de un sitio de paso para alimentarse”, añade.

Este hallazgo se enmarca en el BioBlitz de la Frontera, una iniciativa de ciencia ciudadana que busca registrar la mayor cantidad posible de especies —no solo de aves, sino también de flora y fauna en general— dentro de una franja de 15 kilómetros a ambos lados de la frontera. El proyecto es coordinado por la Nueva Generación de Investigadores del Desierto Sonorense (N-Gen), Botanical Community Development Initiatives (BCDI) y el San Diego Natural History Museum, junto con más de 40 organizaciones aliadas.

Desde 2018, ha acumulado más de 143 000 observaciones de más de 6600 especies, gracias a la participación de comunidades que documentan la biodiversidad mediante plataformas como iNaturalist y eBird, donde las personas pueden registrar avistamientos de aves, subir fotografías, identificar especies y compartir la ubicación de sus observaciones. Más allá de los datos, esta iniciativa propone entender la frontera como un territorio de intercambio ecológico y colaboración científica, donde registrar la biodiversidad también es una forma de comprenderla y defenderla.

“El BioBlitz busca recopilar datos para llenar los vacíos de información que hay en muchas áreas”, explica Ceceña. “Por eso es importante que haya más ojos en todos lados; es una invitación a la población en general para que haga aportes a la ciencia. Finalmente, son datos muy valiosos que muchos investigadores pueden utilizar para sus estudios y estrategias de conservación”.

Durante la jornada de observación ciudadana del 25 de abril de 2026 en Rancho Bonito, se documentaron varios grupos de 15 a 25 golondrinas risqueras separados por muy pocos metros. Las aves fueron vistas recolectando lodo y arcilla, construyendo nidos adheridos en viviendas y estructuras cercanas. El sitio combina cañones y formaciones rocosas con cavidades aptas para la nidificación, además de agua permanente que sostiene la cadena de insectos de la que dependen. Este mosaico de pastizales, matorrales, cactáceas y zonas arboladas convierte a Rancho Bonito en un punto de alta diversidad biológica.

Sin embargo, este entorno enfrenta crecientes presiones por el desarrollo urbano y los proyectos de infraestructura en la región. Ceceña advierte que una de las principales amenazas es un proyecto carretero actualmente en debate público y con una consulta ciudadana programada para este mes, que contempla el desmonte de 96 hectáreas, incluidas zonas cercanas a la represa y el riachuelo donde se concentra la actividad de las aves.

Para el gestor ambiental, iniciativas como el BioBlitz de la Frontera permiten que más personas comprendan el valor de estos ecosistemas y sus servicios ambientales. “Si la gente conoce lo que tiene y participa en protegerlo, quizá las leyes también puedan cambiar en el futuro”, concluye. “Por eso es importante que todos nos involucremos y sigamos generando información”.

Costa Rica: ciencia ciudadana para proteger los hábitats

En las montañas húmedas de Costa Rica, la reinita cerúlea (Setophaga cerulea) se ha convertido en un indicador de un ecosistema bajo presión. Cada año recorre miles de kilómetros desde Norteamérica para invernar en bosques de elevación media, hoy fragmentados por la expansión agrícola, la ganadería y la pérdida de cobertura forestal.

La historia del proyecto que hoy busca protegerla comenzó en 2006, con una observación inesperada. Ernesto Carman, fundador de la Asociación Ambiental Cerúlea, realizaba conteos en la Reserva Las Brisas, ubicada en las laderas del volcán Turrialba, cuando encontró algo inusual: 13 reinitas cerúleas alimentándose juntas en una bandada mixta. Hasta entonces, la especie era considerada rara y escasa en Costa Rica. “Llamé a mi mentor y me dijo: ‘Tuviste mucha suerte, seguramente una tormenta en el Caribe las sopló hacia tierra’”, recuerda Carman. Pero el patrón se repitió año tras año. “Cuando ocurrió tres veces seguidas, ya no era accidente”, recuerda.

A partir de ahí, los registros se transformaron en un esfuerzo colectivo. Se organizaron conteos abiertos con participantes de distintas partes del país, recorriendo fincas y caminos para buscar la especie. El salto llegó cuando el proyecto comenzó a colaborar con SELVA y el Corredor Neotropical de Aves Migratorias, así los monitoreos incorporaron metodologías estandarizadas que terminaron confirmando lo que los observadores ya intuían: aquella zona era uno de los sitios más importantes para la reinita cerúlea durante su migración otoñal hacia Sudamérica.

Gran parte de esa evidencia quedó registrada en eBird. Para Carman, la herramienta fue decisiva para darle visibilidad internacional a lo que ocurría en Costa Rica. “Permitió visibilizar todas esas observaciones que estábamos realizando en la zona y que luego otras personas comenzaron a hacer también”, explica. “Si hablamos de ciencia ciudadana, eBird es una plataforma vital”.

Pero mientras los datos crecían, también se hacía evidente el deterioro del paisaje. Aunque la Reserva Las Brisas seguía siendo un refugio clave, gran parte del entorno había sido transformado por monocultivos de banano y piña, ganadería y expansión urbana. “No queríamos quedarnos solo en decir que era un sitio importante”, dice Carman. “Queríamos usar esos datos para mejorar el hábitat”.

Así nació el Corredor Azul, una iniciativa de restauración y trabajo comunitario que hoy abarca cerca de 300 kilómetros cuadrados. El proyecto promueve viveros de especies nativas, restauración ecológica y acuerdos con propietarios para recuperar zonas usadas por la reinita cerúlea y otras especies migratorias. Muchas de las plantas cultivadas provienen de árboles donde las aves fueron observadas alimentándose.

“La reinita cerúlea fue la especie clave, el enganche para atraer atención y recursos”, explica Carman. Pero el objetivo pronto se amplió hacia la protección integral del ecosistema, incluyendo especies residentes amenazadas como el guacamayo verde, anfibios y mamíferos como el tapir y el jaguar.

La participación comunitaria se volvió central en el proceso. A través de actividades de educación ambiental y jornadas de observación de aves, el proyecto comenzó a involucrar a niñas, niños, productores rurales y voluntarios. “La educación ambiental es la herramienta para abrir los ojos”, dice Carman. “Muchas personas creen que para ver especies impresionantes tienen que irse muy lejos y de repente descubren que están en su propio patio”.

Ese trabajo también permitió consolidar una reserva dentro del Corredor Azul. En febrero de 2026, la Asociación Ambiental Cerúlea adquirió 81 hectáreas de bosque en Guayacán de Siquirres, gracias al apoyo de donantes y al financiamiento gestionado por el equipo. Ese primer terreno dio origen a la Reserva Natural Cerúlea, concebida como la base de un proyecto de conservación a largo plazo. Ahora, la organización impulsa una campaña de recaudación de fondos destinados a adquirir una finca vecina de 57 hectáreas para expandir la reserva y proteger un mayor territorio.

Para Carman, una de las mayores fortalezas de la ciencia ciudadana es su capacidad de ampliar el alcance del monitoreo con recursos limitados. “Si fuéramos solo nosotros, necesitaríamos años para cubrir el territorio”, explica. En una región donde la pérdida de hábitat sigue siendo la principal amenaza, estos proyectos apuestan por algo más que datos: construir un sentido de pertenencia.

El artículo original fue publicado por Astrid Arellano en Mongabay Latam. Puedes revisarlo aquí.

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El 13 de enero de 2026, el pescador artesanal Johnny Valencia, de 59 años, acompañó a su hijo Juan Carlos, de 34, a alistar la embarcación Fiorella. El joven capitán zarpó, junto a otros nueve pescadores, desde una caleta en Manabí a hacia una zona de pesca de pulpo, a unas 240 millas de la costa ecuatoriana. Fue la última vez que padre e hijo se vieron. Ocho tripulantes están desaparecidos y solo dos pescadores regresaron a casa.

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“Si es que los carga cualquier guardacosta, que nos los devuelvan. Esa es la desesperación de nosotros, la tristeza, la angustia. Son el sustento de nuestras familias”, dice Valencia padre en conversación con Mongabay Latam.

Este es uno de los tres casos de pescadores ecuatorianos que denuncian haber sido atacados en aguas ecuatorianas por miembros de las Fuerzas Armadas de Estados Unidos. El patrón es similar. Estaban pescando cuando drones y aviones pequeños empezaron a seguirlos, relatan que se encontraban en sus tareas normales de pesca, por lo que no se sintieron aludidos hasta que fueron bombardeados.

“Esta es una grave violación a los derechos humanos”, dice Billy Navarrete, secretario ejecutivo del Comité Permanente por la Defensa de los Derechos Humanos (CDH). Para Navarrete, el caso de la embarcación Fiorella implica la desaparición forzada por fuerzas militares extranjeras en territorio nacional. Mientras tanto, señala que 36 tripulantes de las embarcaciones Don Maca y Negra Francisca Duarte habrían sido víctimas de detención arbitraria y tortura.

Desde entonces, los sobrevivientes enfrentan graves problemas económicos, por la pérdida de sus medios de trabajo, y de salud, pero las instituciones de Gobierno no se han hecho cargo de esos gastos, denuncia la asambleísta de oposición Mónica Palacios, de la bancada Revolución Ciudadana.

“Por el procedimiento y el silencio gubernamental creemos que hay una construcción de falsos positivos”, señala Navarrete. Los ataques suceden en el marco de acuerdos de asistencia militar entre Estados Unidos y Ecuador, ratificados en febrero de 2024 por Daniel Noboa. Los convenios buscan fortalecer la lucha contra el narcotráfico, sin embargo, este tipo de operaciones han generado incredulidad entre defensores de derechos humanos, la oposición y analistas de crimen organizado.

Para Michelle Maffei, experta en crimen organizado, estos casos son un intento de mostrar resultados desde el Pentágono más que un esfuerzo real de atacar a las estructuras criminales, que atemorizan, extorsionan y cooptan a los pescadores, como lo documentó Mongabay Latam en la serie Piratas y narcotraficantes amenazan a pescadores.

Mongabay Latam pidió descargos a la Fiscalía, la Cancillería, la Defensoría del Pueblo, la Autoridad Portuaria de Manta y a la Embajada de Estados Unidos, pero no recibió respuesta hasta la publicación del artículo.

Los entregaron como náufragos

En San Mateo, nadie supo nada de los 16 tripulantes de la embarcación Negra Francisca Duarte después de que en redes sociales circularan videos de la embarcación en llamas. Sus familiares preguntaron en Capitanía, denunciaron en Fiscalía e hicieron marchas, pero no obtuvieron información.

Tras ocho días, la Fuerza Armada de El Salvador anunció en sus redes sociales que estaba trasladando a 16 náufragos ecuatorianos rescatados en alta mar. Regresaron en grupos, a medida que su estado de salud mejoraba. Carmen Espinoza, esposa de uno de los tripulantes, le dijo al CDH que la Cancillería ecuatoriana no gestionó ni pagó los pasajes. Los dueños de la embarcación costearon los vuelos de regreso.

Ya en Ecuador contaron lo sucedido. El 17 de marzo de 2025, a las cinco de la mañana, la guardacostas de Galápagos los abordó en aguas ecuatorianas para una inspección de rutina. Todo estaba en orden, así que los dejaron continuar.

Pocas horas después, los tripulantes vieron que dos drones se acercaban con tubos colgando. “Yo les respondí que no podíamos hacer nada y que siguiéramos el rumbo, pensando que eran solo drones de filmación”, dijo el capitán Hernán Flores al CDH. En ese momento ocurrió el impacto. El sobrino de Hernán, Jordi Flores, quedó atrapado bajo los escombros. Su pierna quedó con el hueso expuesto y su rostro también tenía heridas.

Las llamas se extendieron rápidamente. Tuvieron el tiempo justo para sacar dos lanchas y distribuirse en ellas. Mientras huían, reportaron que un miniavión de observación los seguía.

Encontraron un barco azul y pidieron ayuda, pero se encontraron con hombres armados que les gritaban “manos arriba” con acento anglosajón. Los esposaron con las manos atrás y cubrieron sus cabezas. Los pescadores durmieron en el piso metálico con frío, sin comida y sin explicaciones. Uno de ellos tenía quemaduras y amaneció con la camisa pegada a las ampollas.

Jordi Flores, que fue llevado a un lugar donde le dieron primeros auxilios, contó a los guardacostas estadounidenses que en la mañana ya habían sido inspeccionados por autoridades ecuatorianas. Entonces, relató al CDH, los extranjeros se pelearon entre ellos.

Después, los estadounidenses los entregaron a la Guardacostas salvadoreña en calidad de náufragos. Viajaron por ocho días hasta Puerto Unión, en El Salvador, donde recibieron atención médica, finalmente se comunicaron con sus familiares en Ecuador y emprendieron el regreso.

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Los ataques fueron sin previo aviso

John Palacios y otros 19 pescadores salieron desde San Mateo el 18 de marzo, a bordo de la embarcación Don Maca. Llevaban una semana en el mar cuando notaron que una patrulla los siguió durante toda la noche. A la mañana siguiente, continuaron pescando picudo, albacoras y tollos, según contaron al CDH.

A las cuatro de la tarde, mientras Palacios acomodaba pescado en la bodega, dos detonaciones sacudieron la embarcación. Una destruyó el tanque de combustible y la otra, la zona de comunicaciones. Erick Coello, de 27 años, sufrió daños en uno de sus ojos y perdió casi toda la audición. Otro pescador sufrió daños similares.

Al ver la patrulla acercarse, Palacios salió a cubierta con una camisa blanca, haciendo señas. Los extranjeros les pidieron que subieran de a uno y esposaron y encapucharon a todos los pescadores. Después dispararon dos veces más al barco hasta hundirlo.

Los pescadores pasaron la noche esposados y encapuchados. Los transfirieron a una patrulla salvadoreña y cuando les retiraron las capuchas, vieron que los apuntaban con armas. Navegaron ocho días bajo el sol y la lluvia, durmiendo en cubierta y comiendo una o dos veces al día.

“En vez de atacarnos, ¿por qué no llamaron al barco? Tienen radio y pudieron decir: ‘¿Saben qué? Pasa esto, vamos a revisar el barco’. Pero no, ellos atacaron sin previo aviso”, reclama Palacios.

Jorge Chiriboga, abogado de los pescadores de los barcos Don Maca y Negra Francisca Duarte corroboró los relatos a Mongabay Latam.

“Nos andan siguiendo drones y patrullas”

El 17 de enero, drones y patrullas empezaron a rondar la embarcación Fiorella, capitaneada por Juan Carlos Valencia. “Nos andan siguiendo drones y patrullas”, contó a su padre, Johnny Valencia, vía mensaje satelital. El 20 de enero a las 8:30 de la mañana fue la última vez que hablaron, relata el también pescador a Mongabay Latam.

A la una de la tarde, el dueño de la embarcación notó que el chip de rastreo dejó de mostrar la ubicación de los pescadores y avisó a Valencia padre.

En el mar, dos tripulantes del Fiorella que pescaban en una lancha separada vieron, hacia el oeste, una columna de humo negro, pero creyeron que se trataba de un barco petrolero, así que no se alarmaron. Esa noche, la embarcación tenía que encontrarles en un punto acordado, pero no llegó, contaron al CDH.

Al día siguiente buscaron a sus compañeros, pero solo encontraron el espinel abandonado. Decidieron navegar hacia tierra y llegaron gracias a que dieron con una embarcación que los arrastró, pues no tenían suficiente combustible.

Los familiares de los ocho desaparecidos pidieron ayuda e información en la capitanía de Manta, pero los encargados habrían sugerido que los pescadores estaban involucrados en actos ilícitos y fuera de aguas ecuatorianas, así que tenían que atenerse a las consecuencias, cuenta Valencia.

El experimentado pescador todavía guarda la captura de la última ubicación del Fiorella, como prueba de que su hijo y el resto de los pescadores cumplían con sus actividades de pesca en aguas nacionales.

Al conocer los casos de las embarcaciones Negra Francisca Duarte y Don Maca, los familiares del Fiorella creen que los ocho tripulantes desaparecidos sufrieron el mismo destino. “Son personas sanas, que se ganan la vida. No es para que les hagan una maldad. Le rogamos a Dios todo poderoso que nos los devuelvan”, pide.

El eslabón más débil del narcotráfico

Navarrete, del CDH, señala que no hay que ocultar el largo historial de la penetración de las economías ilícitas en comunidades de pescadores en la costa ecuatoriana. Mongabay Latam lo documentó en el especial Piratas y narcotraficantes amenazan a pescadores.

Maffei, la especialista en crimen organizado, concuerda con Navarrete. Explica que grupos delictivos extorsionan a los pescadores, una población abandonada por el Estado y empobrecida que no puede pagar 1200 dólares al mes, el monto que se les exigiría por parte del crimen organizado para poder pescar. “Es una forma de reclutarlos, no hay trabajo legal que pueda pagar eso”, asegura.

Sin embargo, “no cabe generalizar, no puede ser una conducta institucional”, opina Navarrete. Por otro lado, la asambleísta Palacios, quien está fiscalizando el caso, detalla que los convenios que Ecuador tiene con Estados Unidos establecen que las operaciones deben realizarse en conjunto, no de manera unilateral.

Maffei critica el hecho de que Estados Unidos está ejecutando operaciones costosas en un sector donde la gran mayoría de la droga no circula. “Se mueve vía las grandes navieras”, afirma. Atacar a las embarcaciones conllevaría graves problemas legales y económicos, contrario a lo que sucede al apuntar a un sector de bajos recursos económicos y sin capacidad de respuesta.

A lo anterior agrega que “las instituciones de seguridad de Estados Unidos muchas veces ejecutan sin inteligencia o sin información perfecta”. Un ejemplo de esto es el ataque a la lancha go fast que salió de Venezuela con 11 pasajeros. Explica que una embarcación llena de droga no sale con 11 pasajeros, por motivos de capacidad, y aún así la bombardearon.

¿Se trata de falsos positivos? La especialista en seguridad asegura que sí y que las entidades de control y de inteligencia de ese país estarían buscando mostrar resultados al atacar a los eslabones más débiles del crimen organizado.

Navarrete resalta que los dueños de las embarcaciones han permanecido junto a las familias de los pescadores, quienes se han mantenido reclamando, haciendo plantones y marchas para exigir información tras sus desapariciones. “Eso no ocurre cuando tienes algo que esconder, es significativo”, dice.

Las acciones pendientes del oficialismo

Palacios señala que tras los ataques, la Cancillería debió presentar de manera inmediata una queja a Estados Unidos. En esa misma línea, se debió pedir una versión oficial a El Salvador, el país que recibió a los pescadores en calidad de náufragos.

Este es uno de los puntos más confusos del caso, pues los pescadores de ambas embarcaciones estaban cerca de Galápagos, entonces era más sencillo entregarlos a la Guardacosta ecuatoriana. Mongabay Latam consultó a la diputada salvadoreña de oposición Claudia Ortiz sobre la existencia de algún marco de cooperación con Estados Unidos que permita este tipo de acciones, pero dijo no tener conocimiento al respecto.

El CDH encontró que el avance de las denuncias estaba en pausa en las tres instancias a las que acudieron los familiares de los pescadores: la Capitanía de Manta, la Fiscalía y la Defensoría del Pueblo.

El Comité de Desapariciones Forzadas de las Naciones Unidas pidió al Estado ecuatoriano información sobre el caso y las acciones tomadas, y que se conforme una mesa técnica entre los tres países involucrados. “El principal responsable es el Gobierno ecuatoriano. Tiene que pedir explicaciones, investigar y atender a las familias”, subraya Navarrete.

“Quisiera hacerle un llamado al presidente Daniel Noboa, debería abogar por los derechos de los pescadores artesanales. Están asustados, ellos salieron a ganarse la vida y ahora no tienen ninguna solución en este caso. Los familiares siguen sin ser escuchados”, dice la asambleísta Palacios.

Con estos casos se desempolvaron los recuerdos de Las viudas del mar, unas 20 mujeres que perdieron a sus esposos o hijos tras ataques de Estados Unidos mientras ese país tuvo presencia en una base militar en Manta.

Las bases militares extranjeras se prohibieron en el país en 2008. Noboa intentó darles luz verde nuevamente a través de una Consulta Popular en la que el 60.5 % de los votantes votó en contra. “No vale el voto de nosotros”, reclama Valencia padre, y asegura que ya nadie quiere salir a pescar.

El artículo original fue publicado por Ana Cristina Alvarado en Mongabay Latam. Puedes revisarlo aquí.

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Tiene hocico de zorro, patas palmeadas, una membrana entre los dedos de sus pies parecidos a las de un pato y una cola gruesa. Es el perro de orejas cortas, también como conocido como perro fantasma o perro del Amazonas (Atelocynus microtis). Es uno de los cánidos menos conocidos del mundo y uno de los carnívoros con menos apariciones en Latinoamérica. En Bolivia, un trabajo de más de 20 años reveló 600 registros con cámaras trampa que muestran cómo vive, dónde habita y por qué esta especie depende de bosques intactos para sobrevivir.

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Este trabajo demuestra que el perro fantasma es una especie amazónica y, especialmente, de bosque. En Bolivia se encuentra en los bosques continuos amazónicos del norte del departamento de La Paz, en el departamento de Pando, en el norte y noreste de Beni y en el extremo norte y noreste de Santa Cruz. También se lo encuentra en los bosques preamazónicos de los Andes o bosque de piedemonte, debajo de 750 metros sobre el nivel del mar.

Robert Wallace, biólogo inglés de la Wildlife Conservation Society (WCS) de Bolivia y uno de los autores del estudio, afirmó a Mongabay Latam que realizaron un resumen sistemático de los registros de distribución publicados y no publicados de la especie en Bolivia y entre 2001 y 2024 llevaron a cabo 34 muestreos intensivos con cámaras trampa en las zonas bajas del Gran Paisaje Madidi-Tambopata (noroeste de Bolivia) y el Paisaje Biocultural Llanos de Moxos (norte de Bolivia).

El experto explicó que el perro fantasma tiene su hábitat establecido en los bosques amazónicos y no en las pampas amazónicas. “Nuestros datos demuestran que lo que más busca [esta especie] es bosque en sí porque evita hábitats de transición hacia espacios más abiertos. Es una especie de bosque”, dijo Wallace.

El biólogo agregó que, si se usa tecnología escondida como trampas cámaras, el perro fantasma no es tan difícil de encontrar como se cree, pero –dijo- ver la especie directamente es muy difícil porque este cánido es bastante nervioso, tiene un sentido de olor muy desarrollado y logra evitar encuentros con personas y depredadores naturales.

“El perro fantasma es, sobre todo, diurno, pero también crepuscular, es decir bastante activo alrededor del amanecer y atardecer. Puede ser activo durante la noche, pero la gran mayoría de los eventos de trampas cámaras son de día”, detalló Wallace.

El experto afirmó que el tipo de bosque favorito de esta especie es el bosque de tierra firme, “no tan al lado del río, si no en el bosque maduro, adentro”.

Un trabajo de más de 20 años

El estudio, apoyado por WCS Bolivia, incluyó el fototrampeo, que, cada año, se realizó durante la estación seca.

Esta técnica mostró que el perro fantasma tiene un perfil corporal relativamente bajo, patas cortas, orejas muy pequeñas y redondeadas, una cabeza grande y un pelaje denso y oscuro que varía de gris negruzco a marrón rojizo, con una banda dorsal oscura y una cola larga y muy tupida que a menudo arrastra por el suelo. Además, sus patas están parcialmente palmeadas, es decir que poseen una membrana entre sus dedos que los unen, un rasgo único entre los cánidos amazónicos.

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En total, en todos los muestreos con cámaras trampa se obtuvieron 4635 fotos que representaron 594 eventos independientes de la aparición de perros de orejas cortas.

“Los muestreos con cámaras trampa proporcionaron información significativa sobre el comportamiento y la abundancia relativa del perro de orejas cortas, lo que sugiere que es más abundante de lo que se creía, aunque sigue siendo un carnívoro de tamaño mediano relativamente raro”, destacó Wallace.

Para el experto, es alentador que la abundancia relativa del perro de orejas cortas fuera mayor en áreas protegidas y territorios indígenas que se superponen con áreas protegidas, lo que refuerza –dijo- la importancia de estas unidades de manejo para la conservación de la biodiversidad.

“Estos resultados tienen importantes implicaciones para la conservación, ya que sugieren que se requerirán grandes extensiones de bosque continuo, comparables en tamaño a áreas protegidas más grandes, para mantener poblaciones viables a largo plazo de perros de orejas cortas”, remarcó el experto.

Según la organización ORÉ, en Bolivia se conocen seis especies de cánidos y una de ellas es el perro de orejas cortas, que en zonas bajas de la Amazonía también lo conocen como perro de monte. Esta entidad aclaró que no se debe confundir al perro fantasma con el perrito de monte (Speothos venaticus) ni con el zorro de monte o de patas negras (Cerdocyon thous)“.

ORÉ, que cooperó con un estudio en 2024 junto al Museo de Historia Natural Noel Kempff Mercado, informó a Mongabay Latam que el perro de orejas cortas es la única especie de su género y que es un carnívoro solitario del bosque tropical amazónico. Mide de 70 a 100 centímetros de largo, con una altura de 35 centímetros y una cola peluda de color negro, excepto en la base, lo suficientemente larga (otros 30 centímetros) para tocar el suelo.

Características de la especie

La cabeza del perro fantasma es grande y más parduzca que su espalda grisácea. El hocico presenta una marcada línea negra que va desde la nariz hasta debajo del ojo. Las orejas son pequeñas, pero sobresalen por encima de la coronilla, son redondeadas y de color marrón claro, que contrasta con el color de la cabeza. Pueden pesar entre nueve y 10 kilogramos y las hembras llegan a ser 30 % más grandes que los machos. Se estima que su dieta está compuesta por anfibios, peces y reptiles, pero también comen frutas.

Marco Greminger, veterinario zootecnista y docente de la Universidad Autónoma del Beni José Ballivián, relató a Mongabay Latam que en 2023 un perro fantasma fue capturado con vida en inmediaciones de la universidad donde dicta clases. El experto afirmó que el animal se había refugiado en un conducto de aire que estaba en desuso en el patio.

“Fue increíble el trabajo de capturar vivo a ese perro fantasma. Me llamaron para ayudar y lo hicimos. El perro [de orejas cortas] entró al canil, estaba bien flaquito. Recuerdo que le di 350 gramos de hígado de pollo, que es rico en ácido fólico, patas [de pollo] y rehidratante oral. Se comió las diez piezas que le puse”, dijo Greminger.

Además, el veterinario explicó que el animal tiene un olor fuerte. “Es más fuerte que el del puercoespín y del zorro, es más agrio”, dijo.

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La veterinaria y ecóloga Renata Leite Pitman, investigadora en la Universidad Duke, aseguró en varias publicaciones que los perros de orejas cortas, al que estudia desde hace 14 años, “son muy extraños y difíciles de ver”. A lo largo de su carrera ubicó a cinco en la cuenca de la Amazonía, donde realiza su trabajo de campo y les colocó collares de seguimiento para analizar sus costumbres. “Son muy tímidos, totalmente diferentes de las mascotas”, detalló.

La veterinaria fue contactada por Greminger en 2023, quien le pidió que lo asesore cuando encontró con vida al perro fantasma en el patio de la universidad del Beni. “Le dije qué alimentación le había dado. Coincidimos y coordinamos algunas acciones. Ella me recomendó que le diera papaya, yo le había dado guayaba”, recordó el médico veterinario boliviano.

El artículo original fue publicado por Ivan Paredes en Mongabay Latam. Puedes revisarlo aquí.

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A principios de esta semana, una enorme serpiente rojiza de más de 10 metros bloqueó durante unos minutos —junto a varios paneles solares— el ingreso a uno de los puertos de exportación de carbón más importantes de Colombia, el puerto Drummond. Era parte de una manifestación convocada por una coalición de activistas ambientales de la Flotilla por la Justicia Climática, que llegaron a la ciudad de Santa Marta luego de 13 días de travesía por el Caribe.

Su llegada hasta el puerto, donde se pueden almacenar 1.5 millones de toneladas de carbón y cargar hasta 60 millones de toneladas de carbón al año, no fue casualidad. Desde el pasado 24 de abril, Santa Marta ha sido la sede de la Primera Conferencia Internacional para la Transición más allá de los Combustibles Fósiles, un evento organizado por Colombia y Países Bajos para impulsar soluciones que aceleren una transición energética justa y equitativa, que permita superar la dependencia del petróleo, el carbón y el gas, causantes de más del 75 % de las emisiones mundiales de gases de efecto invernadero.

La ministra de Ambiente (encargada) de Colombia, Irene Vélez, aseguró: “Decidimos desarrollar esta conferencia en Santa Marta porque expresa una de las grandes contradicciones de nuestros tiempos: por un lado, es el macizo montañoso litoral más alto del mundo, elevándose desde el mar Caribe hasta los 5700 metros y creando una isla biogeográfica de altísima diversidad ecosistémica y cultural; por otro, es uno de los principales puertos de exportación de carbón de Colombia y las Américas”. Desde allí, afirmó, se calcula que han salido más de 800 millones de toneladas de carbón hacia el mercado internacional, con un impacto mayor a 1000 millones de toneladas de dióxido de carbono (CO2) equivalente. “Es una compensación imposible. Un balance inviable. La eliminación de los combustibles fósiles resulta inevitable para salvar la vida en el planeta”, insistió Vélez.

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Con esa idea, en los últimos días la ciudad ha acogido encuentros entre más de 1500 participantes, incluidos delegados de cerca de 60 países, parlamentarios, académicos, científicos, campesinos, pueblos indígenas, comunidades afrodescendientes, organizaciones de mujeres, sindicatos, representantes de la sociedad civil y de las empresas. Todos llegaron con un objetivo común: proponer alternativas para trazar una hoja de ruta que permita dejar atrás la dependencia de los combustibles fósiles de forma coordinada y acelerada, y forjar una especie de coalición entre los países dispuestos a avanzar más rápido y a escuchar a distintos sectores sociales para lograrlo.

“El mundo nos ha dicho que la salida no son los combustibles fósiles, sino cuidar los ríos, las montañas, el aire, la flora, la fauna. Cuidar la naturaleza e incluirnos en ella. Invito a que de esta conferencia salga un elemento vinculante que nos facilite a las comunidades y los territorios hacer una transición energética justa, territorial y comunitaria”, aseguró el martes pasado, al inicio de la plenaria del segmento de alto nivel del encuentro, Yuvelis Morales, activista ambiental colombiana que recibió el 20 de abril el Premio Medioambiental Goldman 2026 por su liderazgo para evitar proyectos de fracking en su comunidad.

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Los aportes de pueblos indígenas

Tras la reunión de más de 100 líderes indígenas en el primer Encuentro Mundial de Pueblos Indígenas sobre la Eliminación Gradual de los Combustibles Fósiles, realizado en el marco de la conferencia, surgió una declaración conjunta que recoge la posición de los pueblos indígenas del mundo frente a una transición energética justa.

Ginny Alba, lideresa indígena del pueblo Piratapuyo, en Guainía, Colombia, explica a Mongabay Latam que “hay un conjunto de demandas que hemos venido construyendo de manera conjunta con todos los pueblos indígenas del mundo, primero en reuniones virtuales y luego en el encuentro presencial en Santa Marta. La primera es que no podemos hablar de transición justa si vamos a promover nuevas formas de extractivismo”.

“Nuestros territorios son fundamentales para mantener la vida en el planeta”, agrega Oswaldo Muca, coordinador general de la Organización de los Pueblos Indígenas de la Amazonía Colombiana (OPIAC). “Aquí estamos para precisar que, sin el respeto y la garantía a nuestros derechos inherentes y particulares, como la libre determinación y el consentimiento libre, previo e informado, la transición se basará en extractivismo, impactando todavía más nuestros modos de vida, así como los ecosistemas que hemos protegido por miles de años”, insiste.

Las preocupaciones expresadas por los pueblos indígenas tienen respaldo en distintos estudios científicos, pues sus territorios se han visto ampliamente amenazados por la extracción de gas y petróleo. Un estudio de la Universidad de Barcelona documentó los altos niveles de contaminación por petróleo en comunidades indígenas de la Amazonía, así como la ausencia de monitoreo y sanciones por los daños ambientales.

Además, según un análisis de Earth Insight, 179 millones de hectáreas de bosques tropicales se superponen a bloques de petróleo y gas, aproximadamente el 21 % de los bosques tropicales de alta integridad en la Amazonía, la región del Congo y el sudeste asiático.

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Por eso, entre sus peticiones también está declarar zonas libres de actividades extractivas en sus territorios, proteger los derechos de los Pueblos Indígenas en Aislamiento Voluntario y Contacto Inicial (PIACI) y destinar financiamiento climático directo para la implementación de estrategias, iniciativas, programas y proyectos propios de transición justa, “diseñados y liderados por nosotros, incluso a través de mecanismos financieros propios”, se lee en la declaración.

“Nuestras decisiones deben ser respetadas en todas las políticas, iniciativas y proyectos que se pretendan implementar en nuestros territorios, tierras y aguas o que puedan afectarlos, para no repetir relaciones históricas de subordinación, despojo e imposición”, se afirma en el documento.

“Hemos venido aquí a alzar nuestra voz para decirle al mundo que no queremos que se expanda la frontera petrolera en nuestros territorios de vida. En nuestros territorios no habrá petróleo, habrá vida”, asegura, por su parte, Juan Carlos Ruiz, presidente de la Nacionalidad Sapara del Ecuador, quien denunció junto a líderes de las nacionalidades kichwa, andwa, shiwiar, achuar, waorani y shuar que el Gobierno ecuatoriano ha anunciado dos nuevas licitaciones petroleras en el centro sur de la Amazonía de ese país, superpuestas a territorios indígenas y sin consulta ni consentimiento.

Los pilares de las comunidades afrodescendientes

Meses antes del encuentro en Santa Marta, representantes de las comunidades afrodescendientes a nivel global desarrollaron diálogos virtuales y presenciales para poner en común las experiencias territoriales, consensos, tensiones y soluciones que promueven para avanzar en una transición justa, ordenada y equitativa.

“A nivel global, hay un acuerdo fundamental sobre la necesidad de defender los territorios que habitan las comunidades afrodescendientes y sobre la inclusión de los impactos desproporcionados y específicos del cambio climático en poblaciones racializadas”, explica Sibelys Mejía, directora de litigio y coordinadora de la línea de Territorio, Justicia Ambiental y Paz en Ilex Acción Jurídica, una organización liderada por abogadas afrocolombianas y personas afro LGBT.

Por eso, uno de los puntos que destacan es la convergencia del racismo ambiental, la justicia territorial y la autonomía económica. “La dependencia de los combustibles fósiles no es leída como un dato neutro del desarrollo: es el resultado de siglos de despojo colonial y esclavización que determinaron quiénes vivían cerca de las refinerías, los oleoductos y las zonas de extracción, y quiénes sufrían de manera desproporcionada sus impactos en salud y medioambiente”, se lee en el documento construido a partir de los encuentros.

Como colectivo, han acordado que una transición justa debe reconocer y proteger legalmente los espacios colectivos que habitan los pueblos afrodescendientes, ya sean urbanos o rurales, y fortalecer economías territoriales autónomas. “La ausencia de reconocimiento legal de la propiedad impide que las comunidades tengan poder de negociación, asociación y veto sobre proyectos extractivos”, señalan en el texto.

Además, señalan que la reconversión económica en sus territorios debe ser liderada por los propios consejos comunitarios, con autonomía y recursos directos. “También debe garantizar la protección del gobierno propio para desarrollar comunidades energéticas y crear y distribuir nuestra propia energía limpia”, dijo la vocera para el encuentro durante el segmento de alto nivel.

La contribución de académicos y científicos

Al menos 500 académicos y científicos de todo el mundo se organizaron en 16 mesas paralelas de trabajo para elaborar un informe en el que se presentan distintas acciones y propuestas para que los gobiernos puedan superar la dependencia de combustibles fósiles y transitar a economías bajas en carbono.

“Con voces diversas y plurales de investigadores de diferentes países desarrollamos este espacio complementario y vemos mucho potencial para establecer conexiones más fuertes y apoyar a los gobiernos para dejar atrás los combustibles fósiles”, señaló Andrea Cardoso, profesora de la Universidad del Magdalena, Colombia, y quien estuvo a cargo de la coordinación de la preconferencia científica.

Entre los insumos entregados por los expertos se encuentran algunos diagnósticos y alternativas para la eliminación de subsidios a combustibles fósiles, medidas inmediatas para prevenir futuras emisiones, caminos para establecer estándares y procesos de monitoreo para la transición, así como sugerencias de instrumentos de financiación para reducir los costos de la transformación hacia energías limpias. También proponen reestructurar los marcos jurídicos internacionales para apoyar las transiciones sin que los gobiernos se vean enfrentados a millonarias demandas por parte de las empresas de combustibles fósiles.

“Lo que entregamos es una buena síntesis del trabajo que muchos académicos han estado haciendo en los últimos años. Ya hay unos consensos científicos claros, sobre todo en el diagnóstico del problema y en los riesgos de no hacer la transición. La petición es que nos escuchen”, asegura Paola Yanguas, asesora de políticas en el Programa de Energía del International Institute for Sustainable Development (IISD), quien se ha centrado en investigar la eliminación gradual y controlada de la producción de petróleo y gas, en consonancia con los objetivos del Acuerdo de París, con especial énfasis en los productores de combustibles fósiles.

La comunidad científica también ha establecido que la transición hacia fuentes de energía no fósiles es necesaria y posible y que la actual crisis energética mundial representa una oportunidad para acelerar esta transición.

Además, en el marco del evento se anunció la creación del Panel Científico para la Transición Energética Global, que espera asesorar a las naciones en acciones concretas hacia la transición. Este panel, señaló el Ministerio de Ambiente de Colombia, reunirá a algunos de los mejores científicos del mundo en clima, economía y tecnología, quienes aportarán insumos para la construcción y el fortalecimiento de acciones relevantes, urgentes y concretas, respaldadas por la mejor evidencia disponible para entregar recomendaciones respecto al diseño de políticas públicas orientadas a la salida progresiva de los combustibles fósiles.

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Campesinado, mujeres y otras expresiones de la sociedad civil

Las mujeres y las diversidades, las ONG, los movimientos sociales, las comunidades campesinas y los sindicatos también participaron en encuentros paralelos para plantear sus propuestas a una transición justa.

Diana Salcedo López, representante del sector de mujeres y diversidades, aseguró que una transición justa requiere democratizar la energía, descentralizar su control y reconocerla como un derecho, no una mercancía. En el documento con sus aportes para la transición señalan que este proceso no puede limitarse solo a un cambio tecnológico o energético, sino que se trata de una “transformación estructural que implica reconfigurar las relaciones económicas, políticas, territoriales y culturales que sostienen la dependencia fósil”, entre esas, resignificar la economía del cuidado.

“Nuestro documento —afirmó, por su parte, la vocera de las comunidades campesinas— recoge el pensar de las comunidades invisibilizadas que siembran las semillas, alimentan al mundo y cuidan los territorios”. Entre sus peticiones, señalan que “urge desfosilizar la dependencia de las comunidades campesinas de los derivados del petróleo para el uso de agroquímicos tóxicos”, además de contar con la devolución, el acceso y uso óptimo de la tierra que en diferentes partes del mundo les ha sido quitada por condiciones extractivistas.

En el marco de la conferencia también se reunieron 100 organizaciones sindicales que enfocaron su discusión en la transición y reconversión laboral en un escenario de transición energética. “No habrá transición energética sin los trabajadores como protagonistas. Desde el movimiento sindical reafirmamos que la transición justa debe incluir formación y recualificación laboral”, señaló el vocero de esta delegación durante la plenaria de alto nivel. “La transición energética no puede dejar a los trabajadores como sus víctimas: debe ser gestionada, financiada y cogobernada con plena participación sindical”, se lee en su documento de síntesis.

Los movimientos sociales insistieron en la creación de un instrumento internacional vinculante para regular la producción de combustibles fósiles y la creación de instrumentos financieros que se puedan adaptar a distintos actores y que garanticen la autonomía de los países. “Necesitamos una estructura de financiación que no implique mayor endeudamiento para los países especialmente los del sur global y la inclusión de alternativas para países y territorios altamente dependientes de los combustibles fósiles”, señaló Amarilys Llanos, parte de la Alianza Colombia Libre de Fracking y vocera del sector de movimientos sociales.

Los insumos de estos días de trabajo harán parte de un informe que será entregado a las presidencias de la COP30 y COP31, las conferencias globales sobre cambio climático de la ONU, con el fin de que pueda servir de aporte a una hoja de ruta para impulsar la transición justa y alimente futuras negociaciones internacionales.

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“Queremos estar seguros de que estas conversaciones puedan terminar en pasos concretos durante los próximos años y puedan alimentar el proceso de la COP en el momento apropiado, para acelerar y ayudar a los países a moverse hacia adelante en el camino de reducir la dependencia de combustibles fósiles”, afirmó Stientje Van Veldhoven, ministra de Clima y Crecimiento Verde de Países Bajos.

El artículo original fue publicado por Daniela Quintero en Mongabay Latam. Puedes revisarlo aquí.

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La electrocución es una de las amenazas más recurrentes para muchas especies de aves en todo el mundo y es una de las mayores causas de mortalidad para estos animales. En Argentina, un estudio publicado en la revista Perspectives in Ecology and Conservation reveló que entre 2019 y 2025 en ocho provincias de ese país se encontraron 160 aves –de 18 especies- electrocutadas, de las cuales 150 pertenecían a 12 especies de rapaces. Es por eso que los expertos promueven que se considere la creación de leyes que contemplen infraestructuras seguras para las aves, la creación de protocolos de monitoreo y bases de datos públicas realizadas por personal capacitado en el reconocimiento de las especies afectadas.

Según el estudio argentino, las especies más afectadas por electrocución en líneas eléctricas fueron el águila petirroja (Geranoaetus melanoleucus) -la mayoría juveniles-, el aguilucho común (G. polyosoma), el buitre negro (Coragyps atratus) y el águila del Chaco (Buteogallus coronatus), esta última en peligro de extinción.

Diego Gallego García, uno de los autores del estudio, doctor en Biología por la Universidad Nacional del Comahue y becario postdoctoral del Consejo Nacional de Investigaciones Científicas y Técnicas (Conicet) de Argentina, explicó a Mongabay Latam que para que ocurra una electrocución, un individuo tiene que tocar al mismo tiempo dos cables, o un cable y una estructura conectada a tierra, para que así se cierre el circuito y la corriente pase por el individuo.

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El experto añadió que, en el primero de los casos, algunas aves de gran envergadura al abrir las alas pueden hacer contacto con dos cables energizados; mientras que, en el segundo, cualquier ave posada sobre un poste que esté conectado a la tierra y que sea de un material conductor –puede ser hormigón o metal-, solamente tendría que tocar un cable para electrocutarse.

Electricidad: una enemiga silenciosa para las aves

El estudio realizado por Gallego García y los biólogos Paula Orozco, Beatriz Mirano, Sergi Gómez y José Sarasola tuvo el apoyo del Centro para el Estudio y Conservación de las Aves Rapaces en Argentina (CECARA), el Instituto de las Ciencias de la Tierra y Ambientales de la Pampa (INCITAP), el Consejo Nacional de Investigaciones Científicas y Técnicas (CONICET) y el Departamento de Biodiversidad, Ecología y Evolución de la Facultad de Ciencias Biológicas de la Universidad Complutense de Madrid (UCM).

En la investigación se recopiló información sobre electrocuciones con base en sus propios hallazgos en las áreas de estudio e informes de ciencia ciudadana sobre mortalidades realizados por habitantes locales, observadores de aves, trabajadores rurales, propietarios de tierras y organizaciones no gubernamentales de conservación. Los informes de ciencia ciudadana representaron 63 electrocuciones (39,38 %).

“La electrocución ha sido definida desde hace tiempo como ‘la muerte silenciosa’ de las aves, ya que esta causa de mortalidad habitualmente pasa desapercibida”, resaltó Gallego García, quien afirmó que en cada poste puede haber ocurrido una electrocución, pero normalmente el animal cae al suelo después de electrocutarse.

“No son muchos los casos en los que el ave se electrocuta y queda colgada del poste. Por otro lado, los cuerpos sin vida de las aves que caen electrocutadas pueden ser consumidos y/o removidos por otros animales carroñeros en poco tiempo, quedando escondida la evidencia de su electrocución”, dijo el investigador.

El informe destaca que la electrocución de aves no ocurre de manera sistemática y a la misma velocidad en todas las épocas ni años. Por ejemplo, -dice el texto- se registró la mayor mortalidad en invierno, precisamente en la época en que los juveniles de muchas aves abandonaron los territorios parentales y se encuentran en dispersión.

Lo que hay detrás de las electrocuciones

Hay años especialmente accidentados que suelen coincidir con grandes aglomeraciones de algunas aves por cuestiones ambientales. En la Pampa argentina, en 2016 hubo una gran mortalidad de águilas moras (Geranoaetus melanoleucus) porque se concentraron en lugares donde hubo un afloramiento de roedores. Al juntarse muchos individuos, se aumenta el riesgo de electrocución, detalló Gallego García.

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“El hecho de no ver un animal electrocutado debajo de un poste eléctrico no es sinónimo de que dicho pilar sea inocuo. Muchas veces la amenaza permanece latente, como esperando a que un ave se pose para que se electrocute. Es necesario ejecutar las medidas de mitigación necesarias en aquellos postes potencialmente peligrosos por su diseño, no solamente en aquellos en los que alguna vez se documentó alguna electrocución”, remarcó el experto.

Para Maximiliano Galmes, docente de la Universidad Nacional de la Pampa, la electrocución es un problema generalizado de conservación para las aves rapaces que ha recibido poca atención en América del Sur. El experto aseguró que el águila del Chaco es una de las más afectadas por este tipo de mortalidad en Argentina.

“Se registraron nueve águilas del Chaco electrocutadas durante el período 2012-2019 en un área de 9000 kilómetros cuadrados. Se encontraron estas especies electrocutadas asociadas con cinco tipos de postes de energía eléctrica, pero más de la mitad de las electrocuciones ocurrieron en postes hechos de concreto reforzado con acero y con cables de conexión sobre los brazos transversales”, afirmó Galmes a Mongabay Latam. 

El experto añadió que las futuras acciones de conservación e investigación deberían centrarse en la adaptación de la pequeña fracción de postes que representan los mayores riesgos de electrocución para las águilas del Chaco, y en la evaluación de los efectos demográficos de la mortalidad por electrocución para esta especie y otras aves rapaces en peligro de extinción en Argentina.

El territorio de distribución del águila del Chaco, o también conocida como águila coronada, va desde el sur de Brasil hasta el centro de Argentina. Es un ave rapaz de la que los científicos estiman que apenas sobreviven, en el mejor de los casos, unos 1000 individuos. La Lista Roja de la Unión Internacional para la Conservación de la Naturaleza (UICN) la categoriza como En Peligro, pero en las cifras estimadas de población se deja entrever que ningún dato es del todo seguro en torno a ella. La información disponible establece un rango de entre 250 y 999 individuos que sobreviven, una diferencia suficientemente amplia como para alterar el pronóstico sobre su futuro.

“El problema es que no hay casi nadie investigando sobre esta águila. No sabemos lo que pasa en Brasil, ni en Bolivia, ni en Paraguay, ni en buena parte del norte argentino, que es donde se distribuye”, afirmó Gallego García, quien también forma parte del Centro para el Estudio y la Conservación de las Aves Rapaces en Argentina (Cecara).

En el estudio elaborado por Gallego García se explica que la mejor manera de evitar la electrocución de aves es diseñar, desde el principio, los postes y pilares de los tendidos eléctricos de manera que no haya que implementar ninguna medida de mitigación. Esto incluye pasar los cables por debajo de la cruceta -y no por encima- y construir tanto crucetas como postes con materiales no conductores de la electricidad, lo que significa que no sea de hormigón o de metal.

“Evitar la electrocución de las aves en postes de tendido eléctrico no es un gasto, es una inversión. Cada vez que un ave se electrocuta, es posible que el tendido eléctrico quede dañado, y/o que se corte la luz de una ciudad entera, o que incluso se provoque un incendio a raíz de un ave electrocutada”, dijo Gallego García.

Regulaciones a la norma

Mientras, la organización Aves Argentinas, en un comunicado enviado a este medio, afirmó que en Argentina el Ente Nacional de Regulación de la Energía (ENRE), creado por Ley Nacional 24.065 del año 2001, tiene como fin regular la actividad eléctrica y ejercer de organismo de contralor para el cumplimiento de obligaciones y marcos regulatorios por parte de las empresas del sector.

“Las normativas ambientales y energéticas explícitamente indican que las líneas de distribución de electricidad no deben afectar al medio ambiente, incluyendo a la fauna silvestre. Es necesario y urgente implementar medidas y acciones para revertir esta situación, modificando los diseños en las líneas ya establecidas y diseñando nuevos modelos de líneas de distribución a establecerse de aquí en más en todo el país”, destacó Aves Argentinas.

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Según la organización, los primeros eventos de electrocuciones de aves rapaces en Argentina fueron documentados en el año 2006 en tendidos eléctricos de las provincias de La Pampa y Mendoza. En esta última provincia los incidentes de electrocución fueron observados cerca de la localidad de Luján de Cuyo y afectaron a 19 águilas moras en una extensión reducida de tendido eléctrico.

Sin embargo, dice Aves Argentinas, sólo hasta el 2012 se realizó el primer estudio a escala regional y sistemático que consideró el riesgo de electrocución de aves rapaces en relación a factores ambientales y técnicos de las propias líneas eléctricas, incluyendo entre estos el diseño de tendido y de los apoyos, el material de construcción, el tamaño de las crucetas y la distancia entre conductores, el tipo de ambiente circundante y la abundancia y las características morfológicas de las especies de aves rapaces en el área.

REFERENCIA

Gallego-García, D., Orozco-Valor, P. M., Martínez-Miranzo, B., Gómez-Espí, S., & Sarasola, J. H. (2026). A hundred birds or more: Large-scale assessment of raptor electrocutions across Argentina. Perspectives in Ecology and Conservation.

El artículo original fue publicado por Ivan Paredes en Mongabay Latam. Puedes revisarlo aquí.

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Los tapires son animales de origen antiguo. Pertenecen a un linaje de mamíferos perisodáctilos del que solo quedan cuatro especies, tres de ellas en Latinoamérica: el tapir de tierras bajas, el tapir de montaña y el tapir centroamericano. Estos grandes herbívoros están amenazados y se mantienen refugiados en franjas cada vez más reducidas de ecosistemas tropicales y andinos.

Las tres especies comparten una función ecológica fundamental. Eduardo Naranjo, investigador del Departamento de Conservación de la Biodiversidad de El Colegio de la Frontera Sur, México, explica que al alimentarse de plantas, controlan las poblaciones de múltiples especies. Además, son uno de los pocos animales capaces de ingerir semillas grandes, como las del zapote (Manilkara zapota), contribuyendo a su dispersión. Por eso son conocidos como los jardineros del bosque.

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Sin embargo, la deforestación, la expansión agrícola, la apertura de vías y la minería fragmentan y reducen su hábitat. Ángela Alviz, especialista en la conservación de grandes mamíferos, señala que el cambio climático agrava el problema. La mayor cantidad de días calientes y secos en la región ocasionan disminución de cuerpos de agua, necesarios para la termorregulación del mamífero. Entonces, se ven obligados a recorrer mayores distancias, aumentando su exposición a la cacería y a los depredadores.

Los perros ferales y asilvestrados representan una amenaza adicional, pues se ha documentado que persiguen y cazan tapires, señala Juan Pablo Reyes, parte del Grupo de Especialistas de Tapir de la Unión Internacional para la Conservación de la Naturaleza (UICN).

El tapir de tierras bajas (Tapirus terrestris) está clasificado como Vulnerable en la Lista Roja de Especies Amenazadas de la UICN. A pesar de eso, se encuentra en mejor estado de conservación que las otras dos especies. Habita en toda Sudamérica, a excepción de Chile y Uruguay.

El tapir de montaña (Tapirus pinchaque) está En Peligro y su distribución es la más restringida del género, limitándose a una franja de ecosistemas andinos entre Colombia, Ecuador y el extremo norte de Perú. Por último, el tapir centroamericano (Tapirus bairdii) también está En Peligro. Es el mamífero terrestre nativo más grande del sur de México y América Central, con individuos que pueden alcanzar los 250 kilogramos.

En el Día Internacional del Tapir, Mongabay Latam habló con los tres especialistas sobre el estado de conservación de estas especies y los esfuerzos para protegerlas en Colombia, Ecuador y México.

Colombia: Investigadores identificaron áreas para conservar el tapir de tierras bajas en la Orinoquía

El tapir de tierras bajas es el único mamífero conocido capaz de ingerir y dispersar intactas las semillas del moriche (Mauritia flexuosa) y la palma real (Attalea butyracea), de acuerdo con Ángela Alviz, candidata a doctorante en Texas Tech University y especialista en conservación de grandes mamíferos en Sudamérica.

El resto de animales no puede hacerlo porque las semillas de estas palmas son demasiado grandes para pasar por su sistema digestivo. Al depositarlas a kilómetros de distancia de la planta madre, el tapir ofrece la posibilidad de que el moriche y la palma real colonicen nuevas áreas o se recuperen en zonas degradadas.

“[El moriche] es una especie importante en la Orinoquía y en la Amazonía”, dice la experta. Explica que los morichales o palmares de moriche son reservorios de agua y son el hábitat de especies como anacondas y caimanes. Además, la fruta es una fuente de alimento y de recursos para las comunidades que viven en estas regiones. Por eso, el rol del tapir es clave en los ecosistemas.

Sin embargo, la distribución en la Orinoquía colombiana de este animal pardo y con crin era prácticamente desconocida hasta hace unos 10 años, dificultando acciones de protección y conservación. “Con los años fuimos recopilando información por la necesidad de buscar a la especie y protegerla debido a todas esas funcionalidades que cumple”, relata Alviz.

El animal enfrenta presiones crecientes. La deforestación fragmenta sus poblaciones, ocasionando problemas genéticos como el leucismo —condición genética que provoca la pérdida parcial o total de pigmentación en la piel, pelo o plumas, dándoles un aspecto blanco o pálido—, documentado por primera vez en la Orinoquía en 2025 por Alviz.

Aunque es el mamífero más grande de Sudamérica, es difícil de avistar. Esto se debe a que tiene hábitos nocturnos y densidades poblacionales bajas en relación con otros mamíferos grandes, como el venado o el puma. “Por eso nos pusimos en la tarea de buscarlos a través de cámaras trampa”, señala.

Un equipo liderado por Alviz obtuvo 110 registros de tapires en los departamentos de Arauca, Casanare, Vichada y Meta, entre 2016 y 2022. Con esa información se identificaron áreas adecuadas para estos animales y áreas degradadas con potencial de restauración.

También se determinaron dos zonas de alta importancia. La primera se ubica en el norte de la Orinoquía, en Arauca. La segunda está en Vichada, en una de las zonas donde ocurre la transición entre la Orinoquía y la Amazonía. Después los investigadores propusieron unidades de conservación del tapir, una herramienta que hasta entonces solo se había aplicado en la región para jaguares, según comenta la científica.

Los resultados se divulgaron en el artículo Idoneidad del Hábitat y Prioridades de Conservación para el Tapir de Tierras Bajas en la Orinoquía Colombiana, publicado en febrero de 2026 en la revista Mastozoología Neotropical.

Aunque la publicación acaba de salir, la investigación “ha tenido un impacto considerable”, señala la experta. Organizaciones dedicadas a la conservación y autoridades regionales se han basado en los datos desde el inicio de la investigación para promover la creación de planes de conservación, corredores biológicos y estrategias de conservación con actores locales.

Ecuador: El Corredor Llanganates-Sangay como apuesta para la conservación del tapir de montaña

En 2006, entre columnas de humo del volcán Tungurahua, piedras incandescentes y flujos de lava, un grupo de biólogos estudiaba el impacto de las erupciones volcánicas en las poblaciones de anfibios. A menos de tres kilómetros del cráter, había un bosque nublado cubierto en parte por gruesas capas de ceniza volcánica.

Rodeado por hojas bastante grandes, estaba un tapir de montaña, una especie de apariencia “prehistórica”, de acuerdo con Juan Pablo Reyes, investigador y miembro del Grupo de Especialistas del Tapir de la UICN. La escena le pareció “fabulosa”. Poco después observó que la erupción obligaba a estos animales de pelaje oscuro y labios blancos a desplazarse hacia áreas con más disponibilidad de alimento y agua, revelando que necesitaban territorios conectados para sobrevivir.

Desde la década de los noventa se documentó la existencia de las mayores poblaciones de tapir de montaña a escala global en el Parque Nacional Llanganates y en el Parque Nacional Sangay, donde se encuentra el volcán Tungurahua. Ambas están en el centro de las estribaciones orientales de los Andes y están separadas por ciudades, carreteras y tierras destinadas a la agricultura y la ganadería.

Para conectar las dos poblaciones, un equipo de expertos, entre esos Reyes, empezó a trabajar en distintas iniciativas de investigación y talleres para diseñar estrategias de conservación.

Reyes relata que junto a sus colegas registraron huellas, heces fecales e imágenes capturadas con cámaras trampa en zonas que no estaban bien mapeadas hasta ese momento. Para el 2011, Reyes junto con el investigador Andrés Tapia lideraron un artículo científico en el que se reportaron nuevos avistamientos del tapir de montaña en las faldas orientales del Tungurahua, afuera de ambos parques nacionales.

Estos estudios fueron clave, asegura Reyes, para que en 2023 se creara oficialmente el Corredor Ecológico Llanganates-Sangay, un área de 92 148 hectáreas. Con esta declaratoria, los municipios de Mera, Baños y Palora tienen la responsabilidad de adecuar sus planes de ordenamiento territorial y aplicar acciones de manejo para la conservación y el desarrollo sostenible.

Para fortalecer la iniciativa, la Fundación Ecominga, la Fundación Óscar Efrén Reyes, el Bosque Protector Hacienda Guamag, entre otras, han creado una red de reservas y refugios de vida silvestre que suman alrededor de 40 000 hectáreas.

“Hay zonas en las que antes no se veía presencia de la especie porque estaban alteradas, hoy se ve una tendencia de recuperación. Se ven huellas de tapir y también de oso andino”, asegura el especialista. En áreas restauradas también se han documentado crías en generaciones consecutivas, con ciclos de tres o cuatro años.

La expansión ganadera, el anuncio de apertura de una carretera a través del Parque Nacional Llanganates y el crecimiento de la minería ilegal todavía son amenazas latentes no solo para los tapires, sino también para la gran biodiversidad que atesoran los flancos orientales de los Andes.

A Reyes le da esperanza atestiguar un cambio en las actitudes de los habitantes de la zona, especialmente de aquellos que fueron cazadores y ahora destinan sus fincas o parte de ellas a la conservación y protección de la biodiversidad. Y concluye: “es importante seguir aportando para proteger estos sitios, en algunos casos prácticamente intactos. Eso da un poco de esperanza a pesar del panorama cuesta arriba, pero no estamos solos”.

México: Estudiar las emociones humanas para conservar el tapir

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El Triunfo, en la Sierra Madre de Chiapas, es una de las regiones más biodiversas de México y con mayor número de especies de mamíferos, de acuerdo con el Fondo Mundial para la Naturaleza (WWF, por sus siglas en inglés). Ahí está la Reserva de la Biósfera El Triunfo, de 119 000 hectáreas, donde habita el tapir centroamericano.

En la zona viven alrededor de 229 000 personas, de las cuales 14 200 viven dentro de la reserva. En los alrededores predomina el cultivo de café, aunque también existen otros cultivos y ganadería.

Los habitantes cumplen un rol clave en la conservación de su entorno, principalmente de especies emblemáticas que figuran en la Lista Roja de Especies Amenazadas, entre ellas el tapir. Por eso, Eduardo Naranjo, investigador del Departamento de Conservación de la Biodiversidad de El Colegio de la Frontera Sur, ha liderado y acompañado una serie de investigaciones y proyectos que buscan entender la relación de los seres humanos con la fauna del lugar.

En uno de esos estudios, realizado en 2021, la investigadora Nathalia Castillo-Huitron lideró un análisis de actitudes de conservación. 238 habitantes de la reserva dieron al tapir una puntuación de interés por su protección de 2.09 en una escala de -3 a 3. La calificación estuvo por encima de el jaguar (Panthera onca) y el puma (Puma concolor) y los resultados se publicaron en 2024 en la revista Biodiversity and Conservation. El mismo estudio identificó que la disposición de una persona a proteger el tapir es uno de los indicadores más sólidos de su actitud general hacia la conservación de la fauna.

En este y otros trabajos, Naranjo y los equipos con los que colabora, conocieron que quienes tuvieron interacción directa con los tapires tendían a tener percepciones más positivas y reacciones menos agresivas. “Las personas que no conocen a estos animales tendían a llevarse mucho más por aspectos culturales o historias que les contaban que muchas veces tienen una connotación negativa”, dice el investigador.

Como solución, entre 2023 y 2024, El Colegio de la Frontera Sur, la Comisión Nacional de Áreas Naturales Protegidas y la Universidad Autónoma de Barcelona desarrollaron un proyecto de educomunicación para mejorar las actitudes de las comunidades hacia el tapir y otras especies emblemáticas. Fueron 446 personas, entre niños y adultos, que participaron en talleres, caminatas etnológicas e intercambios de conocimientos científicos y locales.

“A través de relatos y anécdotas de quienes tuvieron interacción, tratamos de cambiar las percepciones negativas para transformarlas en acciones positivas”, cuenta Naranjo.

Para el especialista, sí hay un cambio favorable a la conservación, principalmente entre niños y jóvenes. “Parecen tener una conciencia cada vez mayor hacia la protección de la fauna silvestre. Muchos ya no están interesados en cazar tapir, como lo hicieron sus padres o abuelos por necesidad”, señala.

Después de los talleres, las comunidades Plan de Ayala, Ampliación Lagunas, Monte Virgen, Toluca y 3 de Mayo reafirmaron su determinación de establecer controles internos para la cacería de subsistencia, sobre todo de animales amenazados y en peligro de extinción. “La evaluación de resultados de estas medidas aún está en proceso”, añade Naranjo.

En otras comunidades de Chiapas ya hay resultados concretos. Naranjo cuenta que poblaciones cercanas a áreas protegidas establecieron prohibición y controles de cacería en sus territorios comunales. También instauraron reservas comunitarias y mejoramiento del hábitat. Cada vez más personas conocen que el tapir es una especie que cumple un rol clave en la dispersión de semillas grandes y es indispensable en el funcionamiento de los ecosistemas en los que habita.

El artículo original fue publicado por Ana Cristina Alvarado en Mongabay Latam. Puedes revisarlo aquí.

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Inicia la Primera Conferencia Internacional para la Transición más allá de los Combustibles Fósiles, organizada por Colombia y Países Bajos en Santa Marta que busca una ruta para eliminar la dependencia al carbón, al petróleo y al gas.

El foro contempla impactos fiscales, económicos y socioambientales, por lo que se abordarán ejes clave: la transformación de la oferta y demanda energética; la electrificación y fin a los subsidios fósiles, así como acceso equitativo a energías renovables.

Representantes de pueblos indígenas serán clave. Su papel estará centrado en aportar soluciones desde el conocimiento ancestral y al mismo tiempo denunciar las contradicciones de los gobiernos que siguen apostando por los combustibles fósiles.

La agenda contempla espacios para que cerca de 2800 personas de organizaciones, movimientos sociales, ambientalistas, poblaciones indígenas y afrodescendientes establezcan debates en una Asamblea Popular que iniciará el 26 de abril.

Estos diálogos estarán centrados en ciencia climática, transición energética y soluciones encabezadas por comunidades indígenas que buscan dibujar las rutas de transición desde los territorios.

También se esperan espacios de protesta, como la que realizarán representantes de siete pueblos indígenas de Pastaza, Ecuador, quienes denunciarán no solo la ausencia del gobierno de su país en la Conferencia, sino que se sigue expandiendo la actividad petrolera en sus territorios.

“El Estado ecuatoriano promueve dos nuevas rondas que abarcan 11 bloques superpuestos a cerca de tres millones de hectáreas de territorios ancestrales en Napo y Pastaza, donde habitan siete nacionalidades indígenas y existen zonas con pueblos en aislamiento”, dicen las organizaciones.

Además, se abordará el concepto de Zonas Libres de Combustibles Fósiles para evitar, permanentemente, la exploración y la extracción de hidrocarburos en territorios de valor ecológico y cultural.

De acuerdo con un análisis de Earth Insight, 179 millones de hectáreas de bosques tropicales se superponen a bloques de petróleo y gas, aproximadamente el 21 % de los bosques tropicales de alta integridad en la Amazonía, la región del Congo y el sudeste asiático.

En la Amazonía el panorama es crítico, el 14 % de la región y el 12 % de los territorios indígenas están cubiertos por bloques para explotación de hidrocarburos.

Oswaldo Muca, coordinador de la OPIAC, expuso en una conferencia de prensa la preocupación de las comunidades no solo frente a la industria de combustibles fósiles, sino también ante megaproyectos de transición energética y minería que no toman en cuenta a las poblaciones y los ponen en riesgo.

“Hoy se habla sobre el tema de la transición justa, pero en los territorios hay gravedad de los temas de extracción minera. Se habla de transición, pero se viene haciendo esa política de otra manera, para que otros avancen destruyendo el territorio”, dijo sobre las expectativas de la conferencia.

El artículo original fue publicado por Gonzalo Ortuño en Mongabay Latam y puedes revisarlo aquí.

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Desde 1970, cada 22 de abril se conmemora el Día Internacional de la Tierra, establecido por la Organización de Naciones Unidas (ONU). Cada año esta fecha es dedicada a reflexionar sobre la importancia de cuidar y preservar el planeta.

Al igual que en 2025, la temática para este año sigue siendo el impulso a las energías renovables, ya que la energía está en el centro de la discusión sobre la crisis climática y también es clave para su solución. Según la ONU, el 75 % de las emisiones de gases de efecto invernadero a nivel mundial provienen del sector energético, particularmente de la quema de combustibles fósiles, como el gas, el petróleo y el carbón.

A pesar de los avances en normativas ambientales y del impulso de tecnologías más limpias, el camino hacia un futuro sostenible continúa siendo difícil en Latinoamérica. Muchos sectores industriales, incluidos los relacionados con la generación de energía, están en un proceso de adaptación a nuevos estándares que buscan reducir su huella ambiental sin comprometer la productividad.

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 En el Día Internacional de la Tierra, Mongabay Latam presenta algunos proyectos que intentan impulsar la energía circular en Colombia, Perú y Argentina. Proyectos orientados a implementar energías renovables y, a la vez, emplear educación climática para el cuidado del medio ambiente.

Un proyecto que ilumina a todo un pueblo en Colombia

En Colombia existe un proyecto novedoso: las comunidades energéticas, que son grupos organizados —ciudadanos, asociaciones, entidades— que generan, gestionan y consumen su propia energía, principalmente renovable, bajo el marco de la transición energética justa.

Esta iniciativa fue creada por el Gobierno colombiano, pero tiene el apoyo de organizaciones sin fines de lucro, como Transforma, entidad que promueve la acción climática con un enfoque de justicia para construir un futuro sostenible y que apoya proyectos sostenibles en localidades de la costa del Caribe colombiano. Uno de estos proyectos está en Palmor (departamento de Magdalena), donde se cuenta con una central hidroeléctrica pequeña.

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David Ardila, economista y asociado senior en Energía de Transforma, relató a Mongabay Latam que la pequeña hidroeléctrica tuvo un impacto favorable en la población de esta localidad y por eso colaboran para que la planta hidroeléctrica siga vigente.

Según Ardila, se trabaja bajo tres enfoques: administración local, operatividad y mantenimiento. “Si las comunidades no asumen sus roles de administradores, operadores y de mantenimiento, los impactos no podrían ser efectivos y habría riesgos. Así, ahora la gente ve la transición energética como un impacto real”, afirmó.

Palmor genera su propia energía y eso no es un asunto menor. Este corregimiento del municipio de Ciénaga (Magdalena) está situado en la parte alta de la Sierra Nevada de Santa Marta y fue fundado en la década de 1960 por campesinos, en su mayoría provenientes del interior del país, quienes se establecieron en estas tierras fértiles con la esperanza de reconstruir sus vidas. Es una zona que se dedica principalmente a la producción cafetera.

A finales de los años 80, la luz era un lujo al que pocos podían acceder. La Junta de Acción Comunal de Palmor soñó con un proyecto que parecía imposible: construir una pequeña central hidroeléctrica que lleve electricidad a sus hogares. En esa época, la central tenía una capacidad inicial de 125 kilovatios (KW), suficiente para abastecer a unas 90 casas.

La idea era ambiciosa y las dificultades parecían insuperables. Sin embargo, la comunidad respondió con entusiasmo y se unió al proyecto, aportando mano de obra y esfuerzo. La microcentral hidroeléctrica empezó a dar luz a las casas entre los años 1990 y 1991. En 2018, la Asociación de Usuarios del Servicio de Energía de Palmor de la Sierra (Electropalmor ESP) fue seleccionada por el Departamento Nacional de Planeación (DNP) de Colombia como una de las tres empresas en zonas no interconectadas de Colombia —que no están vinculadas al Sistema Interconectado Nacional (SIN) y carecen de un suministro eléctrico constante y de calidad— como referente para replicar su sistema de generación de energía eléctrica y aplicarlo en otros municipios del país.

Hoy, Electropalmor ESP produce hasta 400 KW y es un ejemplo de electrificación sostenible. “Nosotros estamos comprometidos con el desarrollo social a través de la generación, distribución y comercialización de energía sostenible, con el objetivo de proteger el medio ambiente y construir un futuro para las nuevas generaciones”, afirmó a Mongabay Latam Sol Viviana Zapata, directora de la empresa.

Por su parte, Ardila calificó a Electropalmor ESP como la “cereza de la torta” por ser un proyecto exitoso y con resultados positivos. “Es la única empresa que logró sobrevivir con un esquema local, con comunidades campesinas, indígenas. Esta empresa se sostiene sola prestando el servicio a bajo costo, con un régimen tarifario y haciendo mantenimiento a las turbinas”, relató.

Cultivos de fresas a más de 4 000 metros de altura en Perú

Elsa Merma vive en pleno Altiplano peruano, en Espinar, una población ubicada en pampas altas y frías a casi 4000 metros sobre el nivel del mar. Ahí, Merma hizo lo que muchos no pueden hacer: cultivar fresas de exportación. “Todos se sorprendían y nadie nos creía, pero lo hicimos”, relató a Mongabay Latam. La agricultora añadió que ese proyecto lo ejecuta junto a otras seis mujeres de Espinar.

“Como en Espinar estamos en altura, no había verduras ni frutas”, afirmó Merma. Pero fue en ese momento cuando la producción de fresas apareció como una opción sostenible para zonas interandinas de Perú como esta, donde vienen desarrollándose proyectos desde hace varios años gracias a la implementación de invernaderos.

Esos invernaderos permitieron que en zonas muy altas se puedan cultivar las fresas e incluso diferentes productos que requieren calor y mucho cuidado, como zanahorias, lechugas o tomates. La propuesta surgió de la profunda crisis económica que se vivió en el mundo durante la pandemia por el Covid-19.

En plena emergencia sanitaria, la organización CooperAcción implementó tres microsistemas de bombeo de agua utilizando energía solar para la producción de fresas en invernaderos y producción de pasto a campo abierto. Dos de los microsistemas de bombeo benefician a dos asociaciones de mujeres dedicadas a la producción de fresas en Espinar (donde vive Elsa Merma) y en Chamaca, así como a dos familias en el sector de Pacpaco, de la comunidad campesina de Alto Huancané, dedicadas a la producción de pasto para ganados vacuno y ovino.

Todas estas poblaciones son parte del departamento de Cusco y están muy cerca del lago Titicaca, fuente de agua compartida con Bolivia.

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Leopoldo Zambrano, antropólogo y especialista en comunidades campesinas de CooperAcción, detalló a Mongabay Latam que para la producción de fresas en Espinar se abastece 0.3 litros por segundo de agua a un tanque elevado. Con esa agua —dijo-— se riega un área de 100 metros cuadrados a través de riego por goteo. Por su parte, en Chamaca se tiene la capacidad de bombear 0.6 litros por segundo de agua hacia un geotanque de cinco metros cúbicos, con lo que se riega, bajo el mismo modelo de Espinar, un área de 340 metros cuadrados.

“En la construcción han participado en forma activa las beneficiarias con mano de obra no calificada. En la actualidad, las que operan estos microsistemas de bombeo de ‘agua solar’ son las propias beneficiarias, que en ocasiones especiales involucran a sus parejas con mantenimiento de fuentes de agua, reposición de accesorios deteriorados y reinstalación del sistema de goteo”, afirmó Zambrano.

El experto añadió que las fresas se producen sólo entre los meses de octubre a mayo y que en periodo seco o heladas no es posible la producción, ya que la temperatura desciende hasta -15°C en Espinar y -8°C en Chamaca.

Aún así, en los meses de alta producción se cosechan aproximadamente 100 kilos cada 10 días en Espinar, explicó Merma. En Chamaca, por su parte, se producen 100 kilos cada semana.

El cultivo de fresas se ha convertido en una alternativa de ingreso económico importante en Espinar, donde la minería es la principal fuente de trabajo. Las mujeres están felices porque hoy tienen un ingreso que viene de una actividad sostenible que les permite ganarse la vida sin contaminar su territorio.

Un lugar en Argentina donde la cáscara de maní produce energía eléctrica 

El 1 de marzo de 2023 Argentina sufrió un apagón de más de tres horas que dejó sin energía eléctrica a más de 20 millones de personas. Muchas ciudades quedaron afectadas, pero en Ticino, una localidad en la provincia de Córdoba a 467 kilómetros de Buenos Aires, la luz siguió brillando. ¿La razón? En esa población de casi 3 000 habitantes se produce energía eléctrica con cáscaras de maní.

Este producto vegetal autoabastece al pueblo con energía limpia y permitió dar respuesta a un problema ambiental y social que se arrastró durante años.

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Todo empezó hace 18 años. Argentina es el tercer productor de maní en el mundo y Ticino es parte del corredor de esa cadena productiva. En 2008, la cáscara de maní era considerada como basura que afectaba el medio ambiente e incluso era uno de los principales focos para el inicio de los incendios.

 El plan, que hasta ese entonces era una iniciativa privada de la empresa manisera Lorenzatti Ruech, comenzó a tomar ritmo con una inversión inicial de ocho millones de dólares y consistió en la creación de la firma Generación Ticino Biomasa y la construcción de la gran planta de generación eléctrica.

En 2018, a los capitales privados se le sumó la asistencia del Estado argentino a través de RenovAR, un programa orientado a asistir a industrias de distintos puntos del país en proyectos para la generación eléctrica a partir de fuentes renovables. El acuerdo consistía en que el propio Estado sea el comprador a un precio estable de la energía que, una vez que ingresa a la red general, está disponible para abastecer al pueblo.

“Generación Ticino Biomasa es una central de generación de energía eléctrica con capacidad de 4.63 MW (megavatios) que opera en base a cáscara de maní y eventualmente en base a pequeños fragmentos de madera”, explicó a Mongabay Latam Fabio Bruschini, presidente de la empresa Generación Ticino Biomasa.

El emprendedor detalló el proceso técnico. Según dijo, mediante la quema de la cáscara de maní se produce calor que genera vapor de alta presión en el domo de una caldera grande. Ese vapor expuesto a alta presión y alta temperatura ingresa a la turbina, donde se expande para generar trabajo mecánico en su eje. Finalmente, este eje acciona un generador eléctrico que es el que produce la electricidad en la central de biomasa.

“El vapor de baja presión que sale de la turbina se introduce en un condensador, donde cambia al estado líquido. Posteriormente, una bomba se encarga de aumentar la presión del fluido en la fase líquida para volver a introducirlo nuevamente en la caldera, cerrando de esta manera el ciclo”, detalló Bruschini.

El vapor generado se expande en la turbina y acciona un generador eléctrico que entrega energía en 13,2 KV. El rendimiento global de la central es de 22.6 %. Ese rendimiento es algo positivo, según Bruschini, ya que se vinculan con la red de la Cooperativa de Servicios Públicos, Vivienda y Crédito “Ticinense” Ltda.

Hace unas décadas la cáscara de maní era un desperdicio en Ticino, pero ahora es necesaria para la generación de energía eléctrica. En el pueblo tienen claro que la generación de energía renovable llegó para resolver dos problemas: la falta de electricidad de calidad y la dificultad de gestionar adecuadamente la enorme cantidad de cáscara de maní que dejaban los procesos industriales.

El artículo original fue publicado por Ivan Paredes en Mongabay Latam. Puedes revisarlo aquí.

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Tras un viaje de 3200 kilómetros desde el Parque Nacional Patagonia hasta el Parque Nacional El Impenetrable y un año de adaptación a su nuevo entorno, cinco guanacos, los camélidos más grandes de Sudamérica, han sido liberados en su hábitat natural.

Los guanacos (Lama guanicoe) se han reintroducido para aumentar la población regional en el ecosistema del Chaco Seco en El Impenetrable y desempeñarán un papel importante en la recuperación de los pastizales del parque, que han sufrido décadas de sobrepastoreo por parte del ganado.

Si bien Rewilding Argentina, la organización no gubernamental de conservación de vida silvestre que lideró la iniciativa, la considera un éxito, algunos académicos argentinos argumentan que este tipo de translocaciones conllevan el riesgo de mezclar poblaciones de guanacos con diferente composición genética y podrían ser más perjudiciales que beneficiosas.

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Se estima que la población de guanacos oscila entre 1.5 y 2.2 millones en las praderas del sur y oeste del continente. Entre el 81 % y el 86 % de los guanacos se encuentra en Argentina, entre el 14 % y el 18% en Chile, mientras que una pequeña población relicta habita el norte de Perú. Sin embargo, el último avistamiento registrado de un guanaco en la provincia del Chaco argentino data de 1913. La caza y la pérdida de pastizales debido a la ganadería han provocado la extinción local de la especie, sobreviviendo únicamente poblaciones fragmentadas en la frontera entre Paraguay y Bolivia.

La translocación de tres hembras, un macho y un guanaco joven fue realizada por Rewilding Argentina en coordinación con la Administración de Parques Nacionales de Argentina y las provincias de Chaco y Santa Cruz. Los animales provenían de la Patagonia, región que, según estudios, alberga alrededor del 90 % de los guanacos de Argentina.

El traslado implicó varias técnicas novedosas, como cubrir los corrales con tela negra, la cual, según Rewilding Argentina, tiene un efecto calmante en los guanacos. Los corrales también se instalaron en pendientes descendentes, justo después del punto más alto de la ruta de pastoreo, de modo que cuando los animales se toparon por primera vez con ellos, no pudieron evitarlos. Una vez en El Impenetrable, los guanacos fueron colocados en corrales de preliberación para adaptarse a su nuevo entorno.

Según Sebastián Di Martino, director de conservación de Rewilding Argentina, la liberación involucra a un grupo familiar para “respetar la estructura social de los animales que traemos de la Patagonia”. Otros 20 guanacos se están aclimatando actualmente en el parque y las futuras liberaciones dependerán de las tasas de supervivencia de los primeros animales liberados en El Impenetrable.

Como la mayoría de los herbívoros, los guanacos desempeñan un papel importante en la mejora del suelo con sus excrementos, mientras que su pastoreo ayuda a controlar los matorrales, despejando el terreno y permitiendo una mayor diversidad de plantas. Este pastoreo también evita la acumulación de materia seca y muerta que podría convertirse en combustible para incendios forestales. “En ausencia de guanacos, los ecosistemas de El Impenetrable se han degradado gravemente”, explica Di Martino.

También son presa importante para depredadores como los pumas (Puma concolor) y los jaguares (Panthera onca), que también están siendo reintroducidos en la región.

Según Di Martino, las comunidades indígenas locales también han apoyado el regreso de los guanacos, ya que impulsarán el ecoturismo y la observación de la fauna silvestre, y con ello, el empleo.

Académicos cuestionan los traslados

No todos han recibido con agrado la medida y el reciente traslado ha reavivado una disputa de 2023, cuando varios académicos publicaron una carta abierta argumentando que la evidencia científica no respaldaba el traslado de guanacos en Argentina.

En ese momento, el punto de controversia era el traslado de 45 guanacos a lo largo de más de 1500 kilómetros, desde el sur de la Patagonia hasta la región de las Pampas, un proyecto que fue precursor de la iniciativa actual. 

Los expertos señalaron que no había suficiente evidencia científica para justificar la translocación. También advirtieron que, si ambas poblaciones se cruzaban, la composición genética de la población más pequeña podría verse sobrepasada por los genes de los guanacos patagónicos introducidos y potencialmente perderse para siempre, un proceso conocido como “inundación genética”.

Ulises Balza, profesor asistente de la Universidad Nacional de Tierra del Fuego, fue uno de los autores de la carta de 2023. En un correo electrónico a Mongabay, escribió: “Como con cualquier intervención de gestión, se trata de sopesar cuidadosamente los beneficios potenciales frente a los costos potenciales”.

Si bien no se opone a la idea en sí, explicó, le preocupaba la ausencia de una evaluación transparente e integral. “Sin dicha evaluación, no solo existe el riesgo de impactos no deseados en los ecosistemas, sino también la oportunidad perdida de aprender de la experiencia y mejorar las intervenciones futuras”, escribió.

Balza señaló investigaciones sobre el impacto que las enfermedades infecciosas pueden tener en las translocaciones, como en los intentos de trasladar la tortuga del desierto de Mojave (Gopherus agassizii) y, más recientemente, los esfuerzos por reubicar koalas en Nueva Gales del Sur para reforzar la población local, que terminaron con la muerte de siete de los 13 animales.

También cuestionó si el guanaco debería considerarse una especie prioritaria para la conservación, dada su población en otras zonas de Argentina, y si los esfuerzos deberían centrarse en necesidades de conservación más urgentes en la región del Chaco.

“Si las acciones de conservación han de guiarse por la ciencia, una intervención de este tipo difícilmente resistiría un escrutinio científico riguroso”, escribió. También expresó su preocupación de que organizaciones privadas internacionales con amplios recursos, en lugar de fundaciones locales o regionales, puedan llevar a cabo intervenciones a gran escala que respalden su propia agenda, con una supervisión regulatoria limitada.

Al mismo tiempo, según él, “la ciencia financiada con fondos públicos, incluido el conocimiento especializado de numerosos expertos en guanacos, no participa en estos procesos”.

Para responder a estas críticas, Di Martino escribió a Mongabay diciendo que, además de la propia experiencia de Rewilding Argentina en la investigación y gestión de guanacos, el proyecto se desarrolló en colaboración con expertos externos, entre ellos el biólogo Fabián Tittarelli, ex subsecretario de Medio Ambiente de la provincia de La Pampa en Argentina, y Malena Candino, una investigadora argentina de la Universidad de Wisconsin-Madison, que estudia las poblaciones de guanacos en la Patagonia.

En referencia a la genética, escribió que los estudios científicos han analizado subpoblaciones de guanacos en distintas regiones y que “no habrá inundación genética porque estamos utilizando guanacos de la misma especie, la misma subespecie y los más estrechamente emparentados genéticamente con los guanacos del Chaco Seco de Bolivia y Paraguay”.

Filippo Marino es investigador en el Instituto de Ecología Aplicada de Roma y vicepresidente del Grupo de Trabajo sobre Interacciones entre Humanos y Vida Silvestre de la Unión Internacional para la Conservación de la Naturaleza (UICN). Anteriormente ha escrito sobre la falta de criterios claros en torno a las translocaciones; las directrices más recientes de la UICN sobre cómo deben llevarse a cabo se publicaron en 2013.

La UICN enumera cuatro tipos de translocaciones para la conservación, explicó a Mongabay durante una llamada telefónica. Estas incluyen la reintroducción y el refuerzo poblacional, centrados en la restauración de poblaciones dentro de su área de distribución natural, como el bisonte europeo (Bison bonasus) en Polonia.

Las otras son la colonización asistida y el reemplazo ecológico, que implican el traslado y la liberación de un organismo fuera de su área de distribución natural. Un ejemplo clave, sugiere, es el traslado del kākāpō (Strigops habroptilus), una especie de loro no volador de Nueva Zelanda, a islas libres de depredadores.

Puede ser un tema controvertido, afirma, y cualquier traslado “debe basarse en la ciencia y estar respaldado por evidencia sólida”. También debe incluir un estudio de viabilidad y considerar todos sus impactos potenciales, desde los ecológicos y biológicos hasta los sociopolíticos, agregó.

El problema se complica aún más por los importantes recortes a los presupuestos ambientales de Argentina bajo la administración del presidente Javier Milei, una caída en términos reales de casi el 69 % en 2025 en comparación con 2023, según la Fundación Ambiente y Recursos Naturales (FARN).

Como resultado, “la mayoría de los científicos en Argentina actualmente luchan simplemente para mantener sus puestos”, afirma Balza. “En este contexto, se vuelve difícil sostener el tipo de debate abierto y necesario sobre cómo los sectores público y privado pueden trabajar juntos de manera constructiva y transparente”, dice.

Pero superar estas dificultades es vital, añade Marino, quien sugirió que los sectores público y privado deben dejar de trabajar de forma aislada y coordinar sus estrategias de conservación de la naturaleza a nivel nacional y regional. “Existe un gran potencial de sinergia”, concluye.

Este texto se publicó originalmente en inglés Mongabay y puedes leerlo aquí. Edición en español: Emilia Delfino

REFERENCIAS

Travaini, A., Zapata, S. C., Bustamante, J., Pedrana, J., Zanón, J. I., & Rodríguez, A. (2015). Guanaco abundance and monitoring in southern Patagonia: Distance sampling reveals substantially greater numbers than previously reported. Zoological Studies, 54(1). doi:10.1186/s40555-014-0097-0

Aiello, C. M., Nussear, K. E., Walde, A. D., Esque, T. C., Emblidge, P. G., Sah, P., … Hudson, P. J. (2014). Disease dynamics during wildlife translocations: Disruptions to the host population and potential consequences for transmission in desert tortoise contact networks. Animal Conservation, 17(S1), 27-39. doi:10.1111/acv.12147

Balza, U., Baldi, R., Rodríguez‐Planes, L., Ojeda, R., & Schiavini, A. (2023). Scientific evidence does not support the translocation of guanacos in Argentina. Conservation Science and Practice, 5(11). doi:10.1111/csp2.13031

Marin, J. C., González, B. A., Poulin, E., Casey, C. S., & Johnson, W. E. (2012). The influence of the aridAndean high plateau on the phylogeography and population genetics of guanaco (Lama guanicoe) inSouthAmerica. Molecular Ecology, 22(2), 463-482. doi:10.1111/mec.12111

Marino, F., McDonald, R. A., Crowley, S. L., & Hodgson, D. J. (2024). Rethinking the evaluation of animal translocations. Biological Conservation, 292, 110523. doi:10.1016/j.biocon.2024.110523

En medio de una crisis en torno al combustible a nivel mundial por guerras y conflictos y ante una dependencia global por el petróleo, el gas y el carbón, representantes de 45 países se reunirán en Santa Marta, Colombia, para pensar cómo abandonar los fósiles de forma justa y basada en evidencia.

Se trata de la Primera Conferencia sobre la Transición para Abandonar los Combustibles Fósiles que se realizará entre el 24 y el 29 de abril, cuando se reunirán por un lado ministros, representantes de gobiernos y portavoces, pero también académicos, organizaciones civiles, comunidades y sectores privados.

Ambientalistas, organizaciones civiles, autoridades y especialistas que acudirán a este encuentro cuentan a Mongabay Latam las expectativas y los retos de esta iniciativa para empezar a imaginar una vida sin combustibles fósiles, presentes en la vida diaria, desde la ropa y el plástico, hasta el transporte, la electricidad y la calefacción.

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Santa Marta, un encuentro de alternativas, pero sin obligaciones

Si bien el encuentro en Santa Marta se inició tras un fallido intento por generar una ruta de salida a los combustibles fósiles en la pasada Conferencia de las Naciones Unidas sobre el Cambio Climático (COP30), no es un espacio de negociación formal, sino un foro para abordar alternativas entre países que buscan dejar atrás la dependencia a los hidrocarburos.

“Esta conferencia no va a intentar convencer a nadie. Estamos convencidos de que es urgente realizar acciones de transformación para disminuir esa dependencia y la eliminación de esos combustibles”, dice Luz Dary Carmona, viceministra de Ordenamiento Ambiental del Territorio de Colombia al explicar uno de los tres pilares que sostienen al encuentro.

Los otros soportes del foro se centran en transformar la oferta y la demanda de los combustibles, mediante el cierre gradual e incentivos para energías renovables, así como en soluciones que aceleren la transición energética justa mediante la cooperación entre países.

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Aunque los resultados en Santa Marta buscarán complementar las negociaciones climáticas de la COP, estos no son obligatorios para los países que acuden al encuentro.

“Desgraciadamente no será nada vinculante porque en el marco del Acuerdo de París los procesos son nacionalmente determinados, así que los criterios pueden ser globales, la identificación de barreras y de palancas para la transición se estima que será global, pero nadie puede obligar a los Estados a hacer nada”, explica Claudio Angelo, coordinador de Política Internacional del Observatório do Clima.

El especialista sostiene que por este motivo, las alianzas que se puedan tejer en Santa Marta serán clave para acciones futuras.

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Justicia, un principio ausente en la conversación

Entre el 24 y el 27 de abril, el encuentro abrirá espacios de diálogo para la academia, sociedad civil, comunidades y sector privado, entre otros, con el objetivo de identificar vías que permitan una transición justa.

Para Nicolás David Ulloa Sánchez, coordinador programático de la Fundación Foro Región Central, hay un reto en este segmento del foro para escuchar las alternativas que las comunidades buscan expresar.

“A estas poblaciones que han sido marginalizadas e invisibilizadas en escenarios de diálogo son justamente a las que hay que escuchar para garantizar estos ejercicios de inclusión en los procesos de abandono de los combustibles fósiles”, comenta el especialista.

Además, agrega que se deben elaborar mecanismos de seguimiento a las participaciones de las comunidades y que permitan no solo diálogo, sino también una fiscalización ciudadana de los resultados.

“En esta conferencia debe quedar una hoja de ruta de qué se quiere alcanzar y para ello debe haber no solamente compromisos, sino también un ejercicio de control y seguimiento de las comunidades a sus respectivos gobiernos”, comenta a Mongabay Latam.

En tanto, Sara Larraín, ambientalista y directora de la Fundación Chile Sustentable, organización que también acudirá al encuentro, sostiene que para abordar una transición energética justa debe haber un reconocimiento de los costos desiguales e impactos que enfrentan territorios y países.

“Va a ser un excelente ejercicio ver el abandono de combustibles fósiles con un componente de equidad”, advierte la especialista y agrega: “Si no logramos, con los temas de adaptación, generar acciones bottom up [de abajo hacia arriba] desde los territorios potencialmente afectados, no vamos a avanzar a nivel de las élites negociadoras”, dice la especialista a Mongabay Latam.

Además, Larraín considera que debe haber un mayor acercamiento de las tecnologías renovables a los sectores más vulnerables para que exista un empoderamiento y acercamiento directo con la transición energética justa.

“El hecho de tener un panel solar en tu techo te hace más cercano al sector. Tienes que buscar, entender e informarte. Es un beneficio enorme porque hasta ahora la energía eléctrica funciona como un servicio que aparece como magia, cuando hay una cadena de producción detrás invisibilizada y desconectada entre sí”, sostiene.

De acuerdo con autoridades del Ministerio de Ambiente, se espera que en Santa Marta participen cerca de 2800 personas de organizaciones, movimientos sociales, ambientalistas, así como comunidades y poblaciones indígenas.

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El papel de gobiernos y privados, una incertidumbre

Para ir más allá de los discursos para abandonar los combustibles fósiles, otro reto será el nivel de participación de los gobiernos y sectores privados, de acuerdo con Lorena Caballero López, directora técnica del Grupo de Financiamiento Climático de Latinoamérica y el Caribe (GFLAC).

La especialista considera que, hasta ahora, no hay información detallada del nivel de participación que tendrán los países en sectores clave, más allá del ambiental.

“No es lo mismo que acudan solamente autoridades ambientales a representantes de otras áreas que son vitales, con la parte financiera y la energética”, señala Caballero.

Además, comenta que será clave conocer cómo cumplir las acciones nacionalmente determinadas. “La expectativa es que vayamos con rutas y acciones tangibles, ya todos tenemos una serie de acuerdos firmados. La idea es llegar con los cómo”, advierte.

Caballero destaca que la participación de países de la región con economías intensivas de carbono jugarán un papel importante en el encuentro para ofrecer alternativas.

“Tenemos una región que en su mayoría sigue siendo de economías intensivas en carbono. Recibimos mucho más ingresos de ese tipo de actividades y destinamos mucho más a seguirlas financiando. El hecho de que la participación pueda ser importante va a ser un gran éxito de entrada”, adelanta.

El artículo original fue publicado por Gonzalo Ortuño en Mongabay Latam y puedes revisarlo aquí.

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La inversión pública en ciencia y tecnología en Argentina se encamina a marcar un nuevo mínimo histórico en 2026. Según un reciente informe del Sistema Nacional de Ciencia, Tecnología e Innovación publicado por el Grupo EPC-CIICTI, el presupuesto destinado a la Función Ciencia y Técnica (FCyT) de la Administración Pública Nacional representará apenas el 0.140 % del Producto Bruto Interno (PBI), el nivel más bajo desde que existen registros, iniciados en 1972.

El análisis advierte que, al cierre del primer trimestre de 2026, el financiamiento del sector acumula una caída del 50.8 % respecto a 2023. Esta tendencia consolida un retroceso sostenido que, lejos de revertirse, profundiza el deterioro del sistema científico argentino.

El informe también subraya el creciente incumplimiento de la Ley 27.614 de Financiamiento de la Ciencia y la Tecnología —actualmente suspendida—, que establecía metas progresivas de inversión. En 2024, el gasto en ciencia representó poco más de la mitad de lo estipulado por la norma; para 2026, el presupuesto ejecutado apenas supera el 25 % del piso previsto, lo que evidencia una brecha cada vez mayor.

El impacto de estos recortes se refleja con especial crudeza en los principales organismos del sistema. El Consejo Nacional de Investigaciones Científicas y Técnicas (Conicet), eje central de la investigación en el país, proyecta una nueva caída del 18.2 % durante 2026. Esta reducción se suma a los descensos registrados en 2024 (17.7 %) y 2025 (14.2 %), lo que implica una reducción total del 42.2 % en tres años.

Una situación aún más crítica atraviesa la Comisión Nacional de Actividades Espaciales (CONAE), responsable del desarrollo del Plan Espacial Nacional y actor clave en proyectos internacionales como la misión ATENEA-ARTEMIS de la NASA. Para 2026, el organismo enfrentará un recorte adicional del 53.7 %.

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Luego de que Bolivia fuera incluida por Estados Unidos en el bloque de países en los que el presidente Donald Trump busca explorar tierras raras y minerales críticos para la transición energética y tecnologías avanzadas, la decisión despertó alertas por los posibles impactos ambientales que implicaría la explotación de estos elementos, pero también por la afectación a pueblos indígenas que habitan zonas donde se extendería la minería.

El país sudamericano posee 31 de los 38 minerales críticos identificados para la transición energética, pero no hay planes claros para su explotación sostenible, aseguran expertos consultados.

Estados Unidos busca unir a 50 países en torno a los minerales críticos y tierras raras con la intención de contrarrestar la potencia china en este ámbito. En Bolivia, la Chiquitania, en el oriente del país, es la zona donde se presumen más tierras raras y minerales críticos, pero a la vez es donde los pueblos indígenas se pusieron en alerta frente a un posible avance sobre sus territorios.

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Los minerales críticos son elementos naturales, como metales y minerales, esenciales para la fabricación de tecnologías modernas, pero cuyo suministro es escaso debido a su concentración geográfica en pocos países y la elevada demanda global. Los potenciales de Bolivia se encuentran alrededor de tres zonas: Santa Cruz, Cochabamba y Potosí.

Las tierras raras son 17 elementos químicos: escandio, itrio y los 15 elementos del grupo de los lantánidos (lantano, cerio, praseodimio, neodimio, prometio, samario, europio, gadolinio, terbio, disprosio, holmio, erbio, tulio, iterbio y lutecio). Se incluyen el escandio y el itrio porque aparecen frecuentemente mezclados con los lantánidos en los mismos yacimientos.

Los proyectos que ya se activaron

En Bolivia ya hay tres proyectos que ponen en alerta a pueblos indígenas y defensores ambientales en el departamento de Santa Cruz. El primero es el La Cruz Pico Suto, que está en la provincia Ñuflo de Chávez, donde los pueblos indígenas guarayo, chiquitano y ayoreo no fueron consultados, contraviniendo normativas de derechos indígenas. Además, existe preocupación por la supuesta contaminación y afectación a los bosques y recursos hídricos en la zona de influencia.

El segundo proyecto es el del Cerro Manomó, con 12 000 hectáreas para explotar. El tercer proyecto es el Rincón del Tigre. Entre los elementos que se han encontrado en estas áreas están el lantano, cerio, praseodimio, neodimio, prometio, samario, europio, terbio y gadolinio, entre otros.

Mongabay Latam envió una solicitud de información al Ministerio de Minería y Metalurgia para conocer los cuidados ambientales que se realizan en estos proyectos, pero hasta el cierre de esta nota no se recibió una respuesta.

Sin embargo, José Córdova, presidente ejecutivo de la Corporación Minera de Bolivia (Comibol), empresa pública encargada de administrar la cadena productiva de la minería estatal en el país, afirmó a este medio que el Gobierno boliviano estuvo presente en marzo en la Convención Anual de la Prospectors & Developers Association of Canada (PDAC), donde existió -dijo- interés de al menos 20 empresas para explorar y explotar minerales críticos y tierras raras. El país también estuvo en Washington, en febrero pasado, en la reunión ministerial de minerales críticos impulsada por el gobierno de Donald Trump.

“Obviamente se verá todo el tema ambiental, se verá el cuidado del medioambiente en todos estos proyectos. Este tipo de nueva minería puede atraer muchos recursos para el país y la idea es generar esos recursos sin dañar el ambiente”, afirmó Córdova.

 *FOTO MANOMO* El cerro Manomó está ubicado en la Chiquitania boliviana. Allí proyectan explorar minerales críticos y tierras raras. Foto: cortesía Revista Nómadas

El funcionario dijo respecto al caso de Cerro Manomó que “se trata de un proyecto asociado a una formación de tipo carbonatítico, es decir, a un tipo de roca ígnea que constituye una de las principales fuentes mundiales de tierras raras ligeras, y también de niobio”. Además, del proyecto Rincón del Tigre, detalló que está “enfocado en minerales del grupo del platino, [y que] también está en fase de prospección”.

Córdova añadió que, en el caso del Rincón del Tigre, Comibol presenta un proyecto con trabajos de muestreo, perforación y análisis geoquímicos con control de calidad, “lo que muestra un proceso técnico de evaluación más allá de una identificación preliminar del área”.

En Bolivia, varios de estos metales ya son explotados por algunos actores productivos que operan en el país, algunos tienen proyectos de explotación y sobre otros no se tienen cuantificadas las reservas. Henry Oporto, director de la Fundación Milenio, afirmó a Mongabay Latam que se necesita una nueva ley minera que integre a todos los actores del sector, promueva tecnologías limpias y garantice seguridad jurídica para los inversionistas. Pero que también proteja el medioambiente.

“La transición hacia una minería sostenible y competitiva es crucial para que Bolivia pueda aprovechar su potencial mineral y contribuir a la transición energética global. Esto requiere un compromiso político firme, inversiones en infraestructura, tecnología y una estrategia nacional que priorice el desarrollo sostenible y el bienestar de las comunidades afectadas”, dijo Oporto.

Según un reporte publicado en septiembre de 2025 por el Banco de Desarrollo de América Latina (CAF), varios países latinoamericanos ocupan un sitial en el ranking mundial de reservas probadas globales de minerales críticos. Por ejemplo, Bolivia ocupa el primer lugar en litio (21.6 %) y Chile en cobre (9 %). Argentina tiene las segundas mayores reservas de litio (20.6 %), Perú la tercera mayor de cobre (3.9 %), Brasil tiene la tercera de níquel (15.7 %) y Cuba la tercera mayor de cobalto.

Críticas de expertos y líderes indígenas

Héctor Córdova, especialista en minería de la Fundación Jubileo, indicó que Bolivia no cumple los requisitos para grandes explotación de minerales críticos y tierras raras, a pesar de que desde hace muchos años se los explotan, como el cobre, el antimonio, bismuto, wólfram, pero a escala muy pequeña en fundiciones.

“El Estado no tiene la posibilidad de hacer inversiones grandes ahora, las cooperativas tampoco y solo queda el sector privado, pero para que este se anime a invertir, tiene que venir capital de afuera. Y para que venga ese capital tiene que haber condiciones, porque si invierten y después las cooperativas [mineras, muchas de ellas irregulares] avasallan la mina, ¿quién va a venir así?”, cuestionó Córdova.

Cirila Tapendaba, presidenta de la Central de Organización de Pueblos Nativos Guarayos (Copnag), afirmó a Mongabay Latam que en los territorios guarayos no se realizaron un proceso de consulta previa y que tampoco tienen información sobre los proyectos de minerales críticos y tierras raras. La dirigente pidió al Gobierno no realizar trabajos mineros en zonas indígenas.

“Nosotros, como Copbag, no tenemos información sobre los proyectos mineros que tiene el Gobierno en este tema [minerales críticos y tierras raras]. No queremos zonas afectadas como en el norte de La Paz, donde los hermanos indígenas denuncian que sus territorios están contaminados por la minería”, destacó Tapendaba.

Según Miguel Vargas, director del Centro de Estudios Jurídicos e Investigación Social (Cejis), más de la mitad de los proyectos extractivos de minerales críticos en América Latina y el Caribe afecta de manera directa o indirecta a territorios indígenas titulados.

Además del impacto ambiental -como la pérdida de bosques y el aumento del estrés hídrico-, Vargas afirmó que la explotación de estos recursos genera riesgos sociales y culturales, entre ellos, desplazamiento forzado, fragmentación territorial, migración y debilitamiento de los sistemas de autoridad y toma de decisiones comunitarias.

Vargas explicó a Mongabay Latam que en Bolivia el área de la Chiquitania es la zona de transición a la Amazonía y que toda actividad extractiva en comunidades chiquitanas tendrá efectos en los pueblos amazónicos, que abarcan los departamentos de Beni, Pando y el norte de La Paz.

“La transición energética no puede construirse a costa de la vulneración de los derechos de los pueblos indígenas ni mediante la devastación de sus territorios y el medioambiente. La situación que enfrentan las comunidades indígenas de las regiones de la Chiquitanía y el Pantanal evidencia que, lejos de representar una salida al modelo extractivista, la llegada de proyectos de prospección y explotación de tierras raras y minerales críticos tiende a profundizarlo. Esto genera mayores presiones sobre los territorios y nuevas violaciones a los derechos indígenas”, afirmó Vargas.

El artículo original fue publicado por Ivan Paredes en Mongabay Latam. Puedes revisarlo aquí.

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En el Parque Nacional Alerce Costero, en el sur de Chile, está el Alerce Abuelo. Es un árbol de la especie Fitzroya cupressoides que tiene al menos 2400 años. Bajo tierra guarda una densa y diversa comunidad fúngica que lleva nutrientes a la planta. Los hongos, a cambio, se alimentan del carbono que captura el árbol, ayudando a fijar el gas responsable del calentamiento global en el suelo. Por eso, el longevo árbol y sus pares son reservorios de biodiversidad y desempeñan un rol crucial en la mitigación del cambio climático.

“Me gustaría que la gente entienda que no todos los árboles son iguales. Si se corta un árbol así, no puede ser reemplazado”, dice Camille Truong, micóloga del Royal Botanical Garden Victoria, en Australia. Su colega Adriana Corrales, científica líder de investigación de campo en la Sociedad para la Protección de las Redes Subterráneas (SPUN, por sus siglas en inglés), insiste en que un alerce milenario no puede ser reemplazado ni siquiera con 10 árboles jóvenes, porque no tienen la gran diversidad de hongos que los árboles viejos han ido acumulando a lo largo de siglos.

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Truong y Corrales son coautoras principales del estudio Los árboles de gran diámetro contribuyen de manera desproporcionada a la diversidad de hongos del suelo en un bosque de coníferas con algunos de los árboles más antiguos de la tierra. El artículo se publicó en marzo pasado en la revista Biodiversity and Conservation.

El grupo de investigadores quería indagar en cómo cambiaba el microbioma del suelo a lo largo de diferentes estadios del desarrollo de la especie. “Teniendo el Alerce Abuelo, esperábamos una composición diferente, pero no esperábamos este cambio tan fuerte en el número de especies”, explica Corrales.

Los resultados mostraron que la riqueza de hongos bajo el suelo es significativamente mayor bajo árboles de gran diámetro y biomasa. El Alerce Abuelo, que alcanza los 30 metros de altura y tiene 4.7 metros de diámetro, tiene más del doble de diversidad de especies de hongos en el suelo cercano a sus raíces que otros ejemplares.

Los investigadores estudiaron especialmente la presencia de micorrizas arbusculares, un grupo de hongos que establece una simbiosis mutualista con las raíces de las plantas. En contraste, la mayoría de las coníferas del hemisferio norte se asocian con hongos ectomicorrízicos, que se caracterizan por formar un manto alrededor de la raíz de los árboles y no penetrar las células vegetales.

En el artículo se explica que estos hongos son vitales para el crecimiento del alerce. Además, Truong señala que las micorrizas ayudan a los árboles a adaptarse a cambios ambientales. Las micorrizas también podrían ser milenarias, como sus huéspedes, de acuerdo con Corrales, aunque reconoce que la ciencia todavía no tiene las herramientas para determinar la edad de estos organismos.

“Los resultados son fascinantes”, afirma Patricia Silva-Flores, profesora auxiliar de la Universidad Católica del Maule, Chile, e investigadora de hongos y micorrizas. Para la especialista, los hallazgos de sus colegas ofrecen nueva información que permite argumentar científicamente la importancia de conservar los ecosistemas antiguos. “Esto demuestra que mientras más antiguo, hay mayor diversidad. Los alerces son reservorios”, añade.

Es una especie milenaria de crecimiento lento

El alerce es la segunda especie arbórea más longeva del planeta, solo después del pino longevo (Pinus longaeva). No obstante, las poblaciones de este imponente árbol se están reduciendo por destrucción y fragmentación de hábitat, cambio climático, incendios y tala ilegal, de acuerdo con el estudio. Por eso, figura en la categoría En Peligro de la Lista Roja de Especies Amenazadas de la Unión Internacional para la Conservación de la Naturaleza (UICN).

Conocido en mapudungun –la lengua del pueblo mapuche– como lahual, se distribuye en los bosques templados lluviosos del sur de Sudamérica. Su presencia se concentra en la costa de Chile, donde está el Parque Nacional Alerce Costero, y en la Cordillera de los Andes. El artículo señala que solo cerca del 40 % de sus áreas de distribución están protegidas.

Corrales explica que su longevidad se atribuye, en parte, a que tiene un crecimiento lento. Esto resulta en una madera bastante densa que defiende al árbol de las enfermedades. “Es una estrategia ecológica de las especies que viven en lugares con muy pocos nutrientes”, dice. Además, gracias a su gran tamaño, los alerces acumulan considerables cantidades de carbono.

Sin embargo, la característica que fortalece al árbol en el ecosistema lo vuelve atractivo para los madereros. El individuo más longevo conocido vivió alrededor de 3622 años, hasta que fue talado en 1976. En la actualidad ya no hay bosques de alerces en el Parque Nacional Alerce Costero, aunque quedan pequeños parches entre bosques de hayas del sur (Nothofagus).

El Alerce Abuelo está aislado de la población principal de alerces y los científicos no saben la razón. Estudios previos establecieron su edad en alrededor de 2400 años, pero no se ha podido conocer la edad del resto de los árboles estudiados en esta investigación. Por eso, los autores se guiaron por el tamaño de cada individuo.

Se recolectaron muestras de suelo debajo de 31 individuos de alerce clasificados en tres grupos: plántulas, árboles medianos y árboles grandes, donde se incluyó al Alerce Abuelo. Se midieron variables como el diámetro a la altura del pecho, la altura y la biomasa del árbol. Además, se analizaron propiedades químicas del suelo, como PH, fósforo, nitrógeno y carbono.

Para identificar los hongos, se utilizó metabarcoding de ADN. Esta es una técnica de biología molecular para identificar y caracterizar comunidades biológicas complejas a partir de muestras ambientales. Se seleccionan y amplifican regiones específicas del genoma que sirven como “códigos de barras” para distinguir los grupos de interés. Después de un proceso de secuenciación y procesamiento, se comparan las secuencias con bases de datos de referencia de ADN para identificar los niveles taxonómicos.

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Hay una red invisible bajo el suelo

Las micorrizas no se ven a simple vista, pero al observarlas bajo un microscopio se revela una red llamada micelio, explica Truong. “Las redes o el micelio de estos hongos es super activo, mueve millones de toneladas de carbono a nivel global”, añade Corrales. Un estudio publicado en 2023 en Current Biology encontró que estas comunidades fúngicas trasladan al suelo cerca de 1000 millones de toneladas de carbono cada año.

Entonces, además de guardar el principal gas de efecto invernadero en su biomasa, los alerces sostienen una importante red fúngica que captura y almacena el carbono bajo el suelo.

En el estudio se explica que, producto de la fotosíntesis, el árbol entrega carbono a los hongos a través de sus raíces a cambio de nutrientes esenciales como el fósforo. En este ciclo, el micelio de las micorrizas puede absorber más fácilmente el fósforo del suelo y transformarlo de formas minerales a formas que el árbol puede absorber y usar para su crecimiento.

Los autores también señalan que los árboles asociados a micorrizas arbusculares tienden, generalmente, a presentar tasas de rotación de carbono y nutrientes más rápidas en comparación con los árboles asociados a ectomicorrizas.

“Son redes supremamente activas tomando decisiones en tiempo real”, resalta Corrales sobre el intercambio de nutrientes que llevan a cabo las micorrizas. Las redes, explica, interactúan con otros hongos que no son micorrizas, sino descomponedoras. Estas transforman la materia orgánica muerta, como la hojarasca, en componentes más simples. En el proceso se liberan nutrientes, permitiendo que vuelvan a entrar en el ciclo biológico del ecosistema.

En el Alerce Abuelo se identificaron unas 600 Unidades Taxonómicas Operativas, es decir, grupos de secuencias de ADN que se utilizan como un equivalente a especies para medir la riqueza de hongos en el suelo. De ellas 361 son únicas del árbol abuelo y no se encontraron en ninguna de las otras muestras.

Truong señala que se conocen 1500 especies de micorrizas en el mundo, pero se estima que hay alrededor de 25 000. “Los suelos de la mayoría de bosques tienen pocos nutrientes y sin esa simbiosis no tendríamos bosques”, agrega.

Lo que se pierde al cortar un árbol milenario

En años pasados se planteó un proyecto vial que atravesaría el Parque Nacional Alerce Costero. En 2023 fue retirado del Sistema de Evaluación Ambiental tras presiones de científicos que alertaban de los daños a los ecosistemas y alerces. Sin embargo, la amenaza persiste. En 2024 se presentó un nuevo estudio de prefactibilidad.

“Estos proyectos de infraestructura pueden afectar de manera directa no solo a los árboles, sino también a las micorrizas asociadas”, asegura Corrales. Explica que aunque la carretera no atraviese el parque, su cercanía puede tener un impacto. Con el incremento del tránsito vehicular, se producen más emisiones de dióxido de carbono (CO2) y varias formas de óxidos de nitrógeno. Estos gases viajan por el aire y se depositan en el suelo, cambiando la composición química del suelo y afectando a los microorganismos.

A la comunidad científica también le preocupa que la apertura de la carretera cause más intervención en el bosque, un efecto ya conocido en varias partes del mundo.

Cuando se corta un alerce milenario, se libera el carbono que guardaba en su biomasa, tanto en su tronco como en sus raíces, describe Corrales. Al mismo tiempo, las micorrizas se mueren, pues son simbiontes que no pueden vivir sin su huésped, explica Truong. Estas redes fúngicas también liberarán el carbono que tenían almacenado.

El impacto no solo es en el clima, sino también en la biodiversidad. Ejemplares como el Alerce Abuelo albergan cientos de especies de hongos que otros individuos no tienen, probablemente porque las han acumulado a lo largo de los siglos.

Para Truong, el artículo científico es relevante en ese sentido: demuestra con datos científicos la importancia de mantener en pie a los alerces, tanto para la biodiversidad como para la mitigación del cambio climático. Añade que la publicación tuvo impacto en la comunidad científica australiana, donde hay especies de árboles centenarios.

“Se abren más preguntas”, dice Patricia Silva-Flores. “¿Ocurre lo mismo en otros biomas? ¿Será así en el matorral chileno?”, se pregunta. “Pensando en restauración ecológica, esta investigación nos hace pensar que una forma de hacerlo es plantando nuevas plantas cerca de estos parches antiguos”, añade.

Corrales espera que el artículo contribuya a que más personas conozcan sobre la importancia de conservar estos árboles, que son “sombrillas de biodiversidad”. “Esto puede incentivar medidas de protección que podrían hacer que a largo plazo podamos empezar a proteger más para restaurar y recuperar”, concluye.

REFERENCIA

Truong, C., Corrales, A., Manley, B., et al. (2026). Large-diameter trees disproportionately contribute to soil fungal diversity in a coniferous forest with one of oldest living trees on Earth. Biodiversity and Conservation, 35, 94. https://doi.org/10.1007/s10531-026-03277-0

El artículo original fue publicado por Ana Cristina Alvarado en Mongabay Latam. Puedes revisarlo aquí.

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La localidad de Fiambalá, en la provincia de Catamarca, en el norte de Argentina, es un oasis en el desierto, donde la belleza natural, la tranquilidad de sus lagunas y la cultura de sus habitantes se ven amenazadas por el avance de la minería de litio. En 2017, se instaló el megaproyecto de extracción de litio conocido como Tres Quebradas. Desde entonces, la población denuncia cambios en el paisaje y la disminución del nivel del agua que afecta a las principales actividades económicas de la localidad, como el turismo.

Los habitantes también expresan su preocupación por la situación de las lagunas altoandinas: aseguran que sus aguas están descendiendo y que los cambios comenzaron con la llegada de la minería de litio, un mineral central de la transición energética para abandonar los combustibles fósiles y las emisiones de gases de efecto invernadero. En esta zona opera la minera china Zijin-Liex.

Fiambalá se consolidó como destino turístico gracias a sus lagunas cordilleranas: Laguna Celeste, Laguna Negra y Laguna Verde. Esta última es considerada la joya de la región, por sus colores cambiantes.

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También cuenta con aguas termales y la duna más alta del mundo. A su vez, está rodeada por 19 volcanes ubicados a más de 6000 metros sobre el nivel del mar, en lo que se conoce como “la ruta de los seismiles”. Allí se pueden apreciar los volcanes Pissis y Ojos del Salado, que están a 6882 y 6864 metros sobre el nivel del mar, respectivamente.

Desde hace un año, cuando se decidió bloquear vías como medida de protesta contra la compañía china, el conflicto ha escalado. El caso que más preocupa es el de la Laguna Verde. Además, la población denuncia contaminación por el desecho de piletones de nylon utilizados en la extracción de litio y el vuelco de camiones.

En las últimas semanas, agencias turísticas locales, activistas y autoridades vecinales reclamaron por la disminución de agua en la Laguna Verde.

Aseguran que su caudal se redujo hasta en cinco metros. “En el otro extremo de la laguna está el salar, donde extraen litio y están secando esta laguna”, afirmó Beatriz Perea, integrante de la Asamblea Fiambalá Despierta.

La pobladora, en contacto con Mongabay Latam, relató que durante 2016 comenzó a circular el rumor sobre la posible instalación de un proyecto de extracción de litio hasta ese momento desconocido en la ciudad de Fiambalá. Recuerda, también, que rápidamente algunas vecinas comenzaron a reunirse y a exigirle a las autoridades locales explicaciones al respecto.

 Al año siguiente, los rumores se confirmaron y la llegada de la primera empresa minera fue inminente. Desde entonces, la Asamblea Fiambalá Despierta levantó la voz en nombre del agua: “Queremos que un día toda la población de Fiambalá despierte realmente ante lo que están haciendo. La falta de agua va a modificar nuestras vidas porque sin agua no hay vida en ningún lugar del planeta”, dijo Perea.

Mongabay Latam envió una solicitud de información a la minera Zijin-Liex para conocer su versión de los hechos y preguntar si sus actividades podrían ser las causales de la disminución del agua en las lagunas altoandinas de Fiambalá. La empresa no respondió los requerimientos, pero en contacto con medios locales, sus representantes negaron esa posibilidad. Los representantes de la empresa china descartaron riesgos ambientales en sus proyectos mineros.

Mongabay Latam pidió al Ministerio de Minería de Catamarca una posición sobre las denuncias de los agentes de viaje y colectivos ciudadanos, pero esta institución no respondió los requerimientos al cierre de esta nota.

En septiembre pasado, el gobernador de Catamarca, Raúl Jalil, participó de la inauguración oficial de la planta de producción de carbonato de litio de la compañía china en Fiambalá. “La minería no va a solucionar todos los problemas, pero nos va a dar una ayuda muy importante”, afirmó entonces el gobernador. El presidente de la empresa, Chen Jinghe, dijo durante el acto: “Tres Quebradas será un proyecto de referencia global en litio ecológico y verde” y aseguró que buscan extender la vida útil del yacimiento hasta 2043, según publicó el medio especializado Panorama Minero.

Los primeros días de febrero fueron agitados en Fiambalá. En su plaza principal, Fray Mamerto Esquiú, se desarrolló una asamblea popular contra la expansión minera. Los vecinos expresaron su rechazo a la fase dos de la explotación de litio, que pretende alcanzar las 20 000 toneladas anuales.

Además, denuncian la falta de controles y exigen el traslado de la planta de la empresa Zijin-Liex a un mínimo de diez kilómetros de la zona urbana de la ciudad, asegurando que su ubicación actual obliga a la comunidad a respirar “aire contaminado”, generando presuntas consecuencias para la salud. Integrantes de la Asamblea Fiambalá Despierta sostienen que los procesos de extracción en salares liberarían polvo, mientras que la fabricación y desecho de baterías generarían compuestos orgánicos volátiles. 

Exigen la realización de un estudio ambiental

Los habitantes de Fiambalá también exigen que se realice un estudio pormenorizado sobre el impacto ambiental en “suelo, cielo y agua”, según detalló Perea. “La Laguna Verde perdió por lo menos cinco metros de su nivel óptimo y eso es porque la minera está usando el agua de la laguna para la extracción de litio”, dijo la activista.

Leonardo Rossi, investigador del Instituto Regional de Estudios Socioculturales (IRES) del Consejo Nacional de Investigaciones Científicas y Técnicas (Conicet), afirmó a Mongabay Latam que no existen estudios actuales de la situación de las lagunas, pero afirmó que “al factor de la dinámica del cambio climático se agrega el proceso intensivo de extracción de litio realizado por las empresas, en este caso acá con Zijin”. “Si bien no hay un informe específico por ahora, sí hay entrevistas que fuimos a hacer y denuncian que el caudal bajó y que incluso hay cambios de colores [en el agua] donde está ubicada la empresa”, resaltó.

El investigador, que realizó un estudio sobre los conflictos socioambientales en Fiambalá, añadió que la minería del litio extrae agua para su producción realizando perforaciones y que ese caso no es ajeno en Fiambalá. “Sabemos lo que les pasa a los salares cuando se les saca el agua: disminuye su biodiversidad al disminuir las lagunas y pueden secarse completamente”, afirmó Rossi, quien puso como ejemplo la situación del río Trapiche, ubicado en la misma provincia de Catamarca y que se secó por la captación de agua para la minería del litio.

Según el estudio realizado por Rossi y otros expertos como Horacio Machado Aráoz, Aimée Martínez y Camila Parodi, el proyecto Tres Quebradas ya produjo impactos inmediatos en las aguas locales durante la fase de construcción. Para la instalación de la planta de procesamiento se realizaron dos perforaciones para captar agua subterránea, más una tercera en el complejo habitacional para trabajadores, con capacidad de 150 000 litros/hora cada una.

“Esa capacidad instalada de extracción hídrica contrasta notoriamente con la infraestructura pública disponible para el conjunto de la población [de Fiambalá]”, destaca el informe publicado en 2024.

Patricia Marconi es doctora en Biotecnología Vegetal egresada de la Universidad de Buenos Aires. La investigadora, que también es especialista en ecología y conservación de humedales, remarcó que la extracción del litio en la zona de Catamarca se realiza en los salares, ecosistemas sumamente frágiles y que representan hábitats críticos para la fauna silvestre local, como los flamencos. Estos humedales enfrentan una creciente escasez de agua, agravada por el uso de métodos evaporíticos que secan entre un millón y dos millones de litros de agua por tonelada de litio obtenido al final del proceso, explicó.

La experta recalcó que en el caso de las lagunas altoandinas de Fiambalá la minería del litio afecta el caudal de estas fuentes de agua. “En cuanto a las lagunas Verde y Negra, ellas son parte de la cuenca de Tres Quebradas. Están conectadas en superficie y de manera subterránea y toda extracción intensiva de salmuera como la que está realizando el proyecto minero de litio Tres Quebradas afectará a todos los humedales de la cuenca”, dijo a Mongabay Latam.

Según Marconi, cada empresa minera, para ser considerada rentable, debe extraer unas 20 000 toneladas anuales de litio. “Eso hace que la demanda de agua sea altísima, sin contar el consumo de agua dulce -que es más escasa todavía- de cada una de las plantas de procesamiento, lo que ya ha tenido consecuencias directas sobre los humedales”, agregó.

En el denominado Triángulo del Litio, conformado por Argentina, Bolivia y Chile, ya se registró la desecación completa de lagunas y de vegas, sobre todo en localidades chilenas, donde la minería de litio lleva un registro histórico más largo que en Argentina y Bolivia. “Todo esto, sumado a los procesos de cambio climático y desertificación, nos lleva a un escenario bastante catastrófico de reducción de los humedales”, detalló Marconi.

Por su parte, Enrique Derlindati, doctor en Biología y docente de la Universidad Nacional de Salta, explicó a Mongabay Latam que los humedales altoandinos tienen ciclos de retracción y aumento, y que e “muy probable” que sea esto lo que esté agravando la situación en Laguna Verde. El experto resaltó que se debe realizar una valoración de superficie en los últimos 20 años para ver si efectivamente se está atravesando un ciclo seco.

“La minería de litio demanda agua dulce en su funcionamiento y para eso a veces usa las fuentes de recarga de las lagunas. En ese punto, sin estudios de fondo, es donde pueden afectar a las lagunas [especialmente en momentos de retracción]” resaltó Derlindati. Además, el biólogo afirmó que es el Estado el que debe hacer estos controles efectivos.

Un atractivo turístico

La empresa Zijin-Liex ya enfrentó problemas en octubre de 2024, cuando se paralizó la construcción de la planta procesadora de litio en Fiambalá. Hubo despidos de trabajadores, denuncias por supuestas malas condiciones laborales e incluso una acusación por presunta violencia de género contra un gerente. La comunidad, que esperaba prosperidad y desarrollo, se encontró con desempleo y frustración, según Perea.

 Gabriel Quiroga, de la red de agencias de turismo de Fiambalá, relató a Mongabay Latam que la expansión minera está afectando el turismo en la región. El dirigente contó que en varios hostales el suministro de agua no es permanente y que el cambio en las lagunas ya no atrae a los turistas.

“La biodiversidad altoandina está en peligro. En los salares existen flamencos australes, parinas, vicuñas y guanacos, que dependen de estas lagunas de agua dulce. Si no hay un freno, nos quedaremos sin el principal recurso paisajístico que atrae a los turistas”, alertó Quiroga.

El artículo original fue publicado por Ivan Paredes Tamayo en Mongabay Latam. Puedes revisarlo aquí.

La Reserva Natural de Fauna Silvestre Los Andes tiene una extensión de 14 450 kilómetros cuadrados en el noroeste de Argentina, más que países como Jamaica, Líbano o Montenegro. Pero apenas cuenta con un único guardaparque, sin vehículo, para cuidar sus salares y salinas de alta montaña, sus vicuñas y sus sitios arqueológicos y ceremoniales.

Los Andes es un gran desierto lleno de vida, hogar de flamencos y lagartos en peligro donde confluyen las ecorregiones de la Puna y el Altoandino. La reserva es tan importante para la provincia de Salta que representa el 80 % de toda la superficie que el gobierno provincial ha declarado como área protegida. Desde su creación en 1980 necesita un plan de manejo pero las autoridades no consiguen implementarlo.

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Mientras tanto, las empresas mineras avanzan sobre ella, en busca del mineral estrella de la transición energética: el litio.

Dentro de los salares del área protegida que se declaró hace casi medio siglo, el gobierno provincial de Salta ha concesionado 22 proyectos mineros para explorar y extraer litio. El mineral es usado para fabricar las baterías que ponen a andar a los vehículos eléctricos, esenciales para alejarnos de los combustibles fósiles que todavía mueven gran parte del transporte mundial.

El litio también se usa cada vez más en baterías que permiten almacenar a gran escala la energía producida por fuentes renovables como la solar y la eólica, de modo que esa electricidad no esté disponible únicamente cuando está soleado o sople el viento. Precisamente hoy el transporte y la generación de energía eléctrica a base de derivados del petróleo o carbón son los sectores que más emisiones de gases de efecto invernadero producen en el planeta.

La minería es permitida dentro de ciertas zonas de la reserva natural provincial, que lleva el nombre de la cordillera que lo alberga, justamente porque se estableció desde un inicio que sería un área de usos múltiples: se pueden realizar actividades productivas pero controladas y en ciertas áreas preestablecidas, siempre y cuando no generen impactos en los ecosistemas.

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Esa contradicción entre estar protegida pero que no se aplique su instrumento de manejo, a la par de que sus puertas se han abierto a la minería, ha llevado a especialistas y funcionarios consultados a coincidir en que hay un interés político y económico por mantener a Los Andes como una “reserva de papel”.

Este equipo periodístico se comunicó en reiteradas oportunidades con el gobierno provincial de Salta pero las autoridades consultadas nunca respondieron las preguntas enviadas, ni quisieron confirmar en qué medida se está aplicando el plan de manejo aprobado en 2018. El 2 de febrero se envió al secretario de ambiente y desarrollo sustentable de Salta, ingeniero Alejandro Aldazábal, a pedido de su secretaria privada, un cuestionario de siete preguntas. Tras semanas de esperas, su secretaria dejó de responder los mensajes y llamadas y nunca envió las respuestas.

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Estos son los hallazgos de una investigación periodística realizada por Mongabay Latam y el Centro Latinoamericano de Investigación Periodística (CLIP) como parte del proyecto Litio en Conflicto, que coordinó el CLIP y reunió a diez medios de la región para entender algunos de los problemas que rodean a la industria del litio en América Latina.

El plan que existe pero no se aplica

Entre 2016 y 2018, un grupo de científicos y funcionarios se reunieron para dar vuelta la historia de Los Andes y elaborar un plan de manejo que, por primera vez, estableciera en qué zonas de la reserva la minería no podría avanzar. El resultado fue un documento de 108 páginas en el que plasmaron la misión de la reserva: conservar la vicuña, los abundantes recursos naturales de la Puna y zonas altoandinas y el patrimonio cultural e histórico. Y sobre todo resguardar los salares y el agua “como recurso estratégico para la vida dentro de la reserva”, dice el documento público que analizó Mongabay Latam.

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Sin embargo, es allí, en los salares altoandinos que busca proteger, donde se están instalando las mineras de litio, a pesar de que la zonificación aprobada por las autoridades en agosto de 2018 establece explícitamente que estos cuerpos de sal deben ser protegidos y recibir, en sus palabras, un “cuidado especial”.

Los salares de Rincón, Pozuelos, Arizaro, Pocitos e Incahuasi fueron catalogados en un mapa de zonificación como “subzonas de gestión especial”. Allí no debería estar permitida la minería, según el documento.

El plan de manejo también buscaba mantener la viabilidad de las poblaciones de especies bandera para la Puna, como la vicuña (Vicugna vicugna), el guanaco (Lama guanicoe), la rana puneña (Telmatobius atacamensis) y los flamencos (Phoenicoparrus andinus); y poner en valor y resguardar el Qhapaq Ñan, el antiguo camino de los incas hoy declarado Patrimonio de la Humanidad, y otros posibles sitios arqueológicos, que podrían ser atractivos para el futuro turístico de la provincia.

A pesar del largo trabajo, de la inversión de fondos del Banco Interamericano de Desarrollo (BID) y del esfuerzo de 49 personas directamente involucradas en la producción de un programa formulado para implementarse durante cinco años, el Gobierno de Salta nunca puso a funcionar el plan de manejo como fue aprobado. En Argentina, los estados provinciales tienen potestad constitucional sobre los recursos minerales e hidrocarburíferos, por lo que pueden abrir licitaciones y concesionar áreas dentro de sus territorios.

La búsqueda del codiciado litio para la transición energética desplazó por completo cualquier interés de las autoridades salteñas por proteger esta reserva. Esta alianza periodística publica aquí el plan de manejo abandonado por considerarlo de interés público.

Entre tanto, Los Andes cuenta con un único guardaparque, quien no tiene vestimenta adecuada ni vehículo para movilizarse, según confirmó Mongabay Latam con fuentes oficiales que conocen el territorio. ¿Cómo puede entonces proteger la fauna y flora endémicas del lugar? “Camina o hace dedo”, respondieron a este medio, en referencia a la modalidad de los viajeros que piden aventones por las rutas.

Tierra de sal: una reserva habitada por salares y lagunas

En la reserva, se formaron extensos salares por evaporación. Existen 12 cuencas, aunque las precipitaciones son extremadamente escasas durante todo el año. Es una zona de estrés hídrico y alta amplitud térmica, con temperaturas estivales que pueden alcanzar los 40 °C y mínimas invernales nocturnas de hasta -40 °C. El índice de radiación solar es uno de los más elevados del mundo, de acuerdo con la investigación realizada para el plan de manejo del área protegida.

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Aquí reinaban las vicuñas. También los guanacos, los suris (Rhea pennata), guaipos o queús (Rhynchotus maculicollis) y predadores como el zorro colorado (Lycalopex culpaeus), el puma (Puma concolor), aguiluchos (Geranoaetus poecilochrous) y matamicos (Phalcoboenus megalopterus). Todavía habitan el lugar junto a mamíferos como la vizcacha de la sierra (Lagidium viscacia), el cavícola tojo o tocotuco puneño (Ctenomys opimus). Abundan las aves, como las camineras, banduritas, canasteros, dormilonas, yales y jilgueros. Y los reptiles: una especie de culebra, el sapito puneño, lagartijas del género Liolaemus y la amenazada rana acuática puneña (Telmaobius atacamensis), considerada En Peligro Crítico.

También se encuentran en Los Andes las tres especies de flamencos del cono sur, todos en la Lista Roja de especies amenazadas de la Unión Internacional para la Conservación de la Naturaleza: el flamenco austral (Phoenicopterus chilensis), el flamenco andino (Phoenicoparrus andinus) y el flamenco puna o de james (Phoenicoparrus jamesi). Además, los dos últimos anidan en los salares de la reserva.

Las extremas condiciones de vida en la reserva de Los Andes hacen que las especies de flora y fauna que habitan esta área protegida sean “particularmente frágiles ante alteraciones e interferencias agudas como las provocadas por las actividades humanas irruptivas”, resaltaron los expertos y funcionarios en el plan de manejo que las autoridades no pusieron en práctica. Por eso, en Los Andes habitan “altas proporciones de especies categorizadas bajo alguna condición de amenaza”. Esas actividades incluirían la minería y el turismo realizados sin los cuidados específicos que reclamaron los especialistas.

Aquí no solo habitan especies carismáticas o bandera. En estos salares también viven comunidades de organismos muy extraños y particularmente adaptados a condiciones extremas: son llamados extremófilos, representantes de formas muy antiguas que iniciaron la vida en el planeta. Algunas de ellas son las arqueobacterias, como los estromatolitos, capaces de fijar carbono de calcio. Habitan en los humedales de Laguna Socompa y los Ojos de Mar de Tolar Grande, dentro de la reserva. Existen numerosos estudios en curso que defienden la protección de los estromatolitos y de sus aplicaciones biotecnológicas.

El plan de manejo y la zonificación ubicaron sitios clave dentro de Los Andes con presencia de extremófilos dentro de los salares de los Pocitos y Rincón. Los expertos dejaron por escrito en el documento público que debían ser especialmente protegidos. Sin embargo, en ambos salares, las autoridades de Salta concesionaron proyectos de litio.

Litio y salares

En estas tierras, el mineral crítico no se encuentra en roca, como en otros lugares del mundo, sino en la salmuera, lagos subterráneos que se ubican debajo de las costras salinas de los salares. Estos humedales centrales para sostener la vida en el desierto son clave para las comunidades indígenas que habitan dentro de la reserva, ya que son fuente de agua para sus animales y ganado. También son importantes para la fauna y la flora, ya que sostienen ríos subterráneos y se transforman en extensos espejos de agua durante los veranos.

La Reserva Los Andes se encuentra dentro del Departamento de Los Andes, donde habitan 7182 personas, según el último censo de 2022. Su capital es San Antonio de los Cobres y el pueblo de Tolar Grande, de unos 200 habitantes, donde vive el único guardaparque que protege estas tierras, se encuentra dentro de la reserva.

Entre la población, quienes no viven de la minería, se dedican a la producción de ganado menor —llamas, ovejas, cabras—, en gran medida bajo condiciones de subsistencia. Por ello necesitan las vegas de los salares para dar agua a sus animales. El turismo también es central: por aquí pasa el célebre Tren de las Nubes, por encima de los 4000 metros sobre el nivel del mar.

Para hacer aún más complejas las cosas, dentro de esta vasta reserva se encuentran otras dos áreas protegidas creadas en 2011: los refugios provinciales de vida silvestre Laguna Socompa y Ojos de Mar de Tolar Grande.

Además, la tenencia de la tierra en el Departamento de Los Andes es foco de conflicto con las autoridades, ya que los pueblos originarios de la zona reclaman posesión comunitaria. En 2018, cuando se terminó de elaborar el plan de manejo, había nueve comunidades indígenas de los pueblos kolla y atacama dentro del área reconocidas oficialmente.

Por eso era importante que, por primera vez en más de cuatro décadas, Los Andes contara con un plan de manejo. Este es un documento de política pública que establece cómo proteger los ecosistemas y las especies que habitan la reserva, al tiempo que zonifica o delimita las áreas donde se podrían realizar ciertos tipos de actividades productivas, como el turismo, la ganadería y la minería.

La minería “conlleva posibles impactos no deseados tanto en las comunidades como para el ambiente”, reconocieron los expertos en el plan de manejo.

El abandono de Los Andes es de larga data. Hasta octubre de 2000, cuando se sancionó una ley de áreas protegidas en la provincia, las reservas de flora y fauna se creaban por decreto pero quedaban en los papeles. A partir de 2001, comenzaron a implementarse algunas políticas de conservación en el territorio y recién en 2010 el Gobierno provincial contrató guardaparques en la provincia, según explicó un exfuncionario que prefiere no ser citado con nombre propio para evitar represalias. La razón es que en Salta, como en otras provincias litíferas del norte argentino cuyas economías dependen en gran medida del mineral, criticar en voz alta las políticas pro-minería puede traer consecuencias laborales. El Gobierno salteño estimaba en 2024 que el sector aportaba casi 6000 empleos directos y 20 000 indirectos.

A la reserva de Los Andes recién le fue asignado un guardaparque en 2016. Es decir, 36 años después de su fundación. “Esto se da en un contexto en el que el sistema de áreas protegidas de Salta, en general, está totalmente desarticulado por las últimas gestiones. Salta vacía [ignora] la cuestión ambiental”, asegura un funcionario nacional que también pidió reserva de identidad. De hecho, la Secretaría de Ambiente de Salta actualmente depende del Ministerio de Producción y Desarrollo Sustentable de la provincia.

Bombear salares: una provincia donde prima la minería sobre lo ambiental

La Reserva Los Andes tiene un salar principal, llamado Arizaro, cuya mitad norte está dentro del área protegida. En el plan de manejo que no ha sido implementado, es mencionado como uno de los depósitos salinos fundamentales de la región. También es uno de los salares con mayor proyección para la extracción de litio en Argentina, de acuerdo con la revista minera especializada Salta Mining.

Ese atractivo se ve reflejado en las transacciones recientes. En diciembre de 2025, la minera canadiense Lithium Chile Inc. firmó un acuerdo para vender su participación en el proyecto de litio que desarrolla en este salar con la empresa argentina LitiAr S.A. Lo vendió al grupo chino China Union Holding Ltd. por 175 millones de dólares, según la empresa que desarrolla el proyecto.

Este es uno de siete proyectos en Arizaro. Además de éste, hay otros impulsados por las mineras Lítica Resources y Alpha Lithium Argentina, que pertenecen a las petroleras multinacionales argentinas Pluspetrol y Tecpetrol (parte del grupo Techint) respectivamente. Otros son de la chino-canadiense Tibet Summit Resources; de la china Hanaq; de la canadiense NOA Lithium Brines; de la francesa Eramet; y de la australiana Power Minerals.

Esa misma tensión entre conservación y minería se observa en muchos de los otros salares dentro de la reserva Los Andes. Existen al menos 14 proyectos de litio que se desarrollan en salares enteramente ubicados dentro de Los Andes, según un levantamiento de datos de proyectos y empresas hecho por el CLIP con apoyo de Columbia Journalism Investigations (CJI), que será publicado próximamente. Hay cuatro en el de Pocitos, tres en Rincón, dos en Incahuasi, uno en Pular y tres en Pozuelos-Pastos Grandes, además de uno que contempla trabajar en los cuatro primeros salares. Adicionalmente, hay un proyecto en el salar de Llullaillaco, cuya punta norte también está en el área protegida.

Todos están en fase de prospección o exploración, y todos fueron concesionados por el Gobierno provincial. Varias de las beneficiadas son mineras de peso global: Ganfeng es una de las mayores productoras de litio y Rio Tinto es el segundo mayor conglomerado minero, que entró de lleno en el negocio del litio al comprar en 2025 a la junior canadiense Arcadium Lithium.

Esta alianza periodística revisó los documentos de los 22 proyectos en la zona de Los Andes (los siete proyectos en Arizaro, otros 14 en el resto de los salares enteramente ubicados en la reserva y un proyecto en el salar de Llullaillaco que está parcialmente dentro de la reserva) así como los de sus empresas operadoras, incluyendo páginas web, presentaciones corporativas e informes técnicos. En solamente dos encontró menciones a la existencia de la reserva Los Andes y al traslape de sus iniciativas con éste. En la mayoría de los casos, los mapas que incluyen las mineras son esquemáticos y omiten el polígono de la reserva natural.

Una de las excepciones es el gigante británico Rio Tinto, que impulsa un proyecto en el salar de Rincón, que describe como su “primera operación de litio a escala comercial”. Su presidente, Jakob Stausholm, encuadró al proyecto en su informe anual de directivo de 2024 como parte de la estrategia de “alinear” su cartera “con las materias primas cuya demanda está experimentando un mayor crecimiento”. La empresa prevé iniciar la producción hacia 2028, tener dos plantas de producción de carbonato de litio y una vida útil de 40 años.

En el resumen ejecutivo de su estudio de impacto ambiental (EIA), disponible en su página web, Rio Tinto reconoce explícitamente que “el proyecto se encuentra en la Reserva de Los Andes”. El estudio cita el plan de manejo que finalmente no fue adoptado, incluyendo menciones a sus sitios de usos restringidos y la necesidad de llevar a cabo estudios de los extremófilos. Además subraya que la empresa está aplicando “las medidas de manejo y restricciones incluidas en el Plan de Manejo de la reserva”.

En el informe técnico de su proyecto en Arizaro fechado en julio de 2024, Lithium Chile menciona que hay varias áreas protegidas cerca, incluyendo la Reserva Los Andes, que “se superpone con la parte norte del área de concesión”. No menciona si su iniciativa minera tendría algún impacto en el área protegida ni el plan de manejo, aunque subraya que uno de los objetivos de la reserva es “estudiar y aplicar técnicas de desarrollo y uso racional de los recursos naturales para mantener el buen funcionamiento de los ecosistemas clave”, como salares y humedales altoandinos.

Mongabay Latam y CLIP contactaron a las 15 empresas mineras que operan en salares de la reserva, preguntándoles qué medidas están tomando para operar dentro de un área protegida y habitada por comunidades indígenas. Al cierre de esta investigación solo había respondido Alpha Lithium, de Tecpetrol.

Esa minera, propiedad de la familia Rocca, una de las más ricas de Argentina, respondió que su proyecto en el Salar de Arizaro se encuentra en etapa de exploración inicial, “con tareas geofísicas que no afectarán en forma relevante a la fauna del entorno, debido a que son actividades puntuales y de corta duración”. La compañía sostiene que el impacto “será irrelevante”, pero que aun así elaboró un plan de gestión con medidas preventivas.

“El plan de manejo era una cosa muy grande”

La minería de litio —que se ha extendido por los salares en las provincias argentinas de Jujuy, Salta y Catamarca— ya se vislumbraba en la reserva cuando se realizó el plan de manejo de 2018. “Finalmente, el plan de manejo no sirvió para ponerle obstáculos al avance del litio en la reserva”, explica uno de los científicos que participó del proceso de elaboración del documento oficial.

“Existía un acuerdo con el área de minería para trabajar en conjunto y generar un comité interdisciplinario. Nosotros estábamos contentos porque era algo innovador. Era una cosa muy grande”, recuerda Flavio Moschione, biólogo de la Administración de Parques Nacionales, especializado en aves acuáticas y uno de los expertos que participó en el plan de manejo. Lo cuenta en diálogo con Mongabay Latam, ocho años después de aquel esfuerzo conjunto.

Cuando el plan de manejo de Los Andes quedó en la nada, Moschione y otros expertos que habían participado pidieron explicaciones a las autoridades de Salta. El biólogo incluso presentó un reclamo formal desde la Administración de Parques Nacionales. Nunca les contestaron, asegura.

Esa tensión entre el boom económico que está trayendo el litio a Salta y la conservación de sus ecosistemas de alta montaña es justo el tipo de escenario que menciona la investigadora estadounidense Thea Riofrancos en su recién publicado libro Extraction: the Frontiers of Green Capitalism sobre el boom mundial del litio. “En los lugares donde se están abriendo minas para obtener materias primas para la transición energética, la acción climática global termina entrando en conflicto con la protección ambiental local”, escribió la profesora de ciencias políticas de Providence College.

Mongabay Latam, con la colaboración del equipo de Ruido, envió en 2025 una solicitud de información pública al Ejecutivo salteño para obtener información sobre las concesiones mineras que se superponen con la reserva, pero la administración del gobernador Gustavo Sáenz nunca respondió.

“La minería es prioridad y nuestros informes no son vinculantes”, afirmó a Mongabay Latam un funcionario de una provincia litífera que pidió reserva de su identidad. Como aquellos informes, el plan de manejo que ayudaría a proteger la reserva Los Andes quedó en el olvido, y sus salares y la vida de una tierra inmensa seguirán siendo postergados.

El artículo original fue publicado por Andrés Bermúdez Liévano (CLIP), Daniela Quintero Díaz y Emilia Delfino en Mongabay Latam. Puedes revisarlo aquí.

*Con la colaboración de Ruido.

Litio en Conflicto es un proyecto liderado por el Centro Latinoamericano de Investigación Periodística (CLIP) en alianza con Consenso (Paraguay), La Región (Bolivia), Quinto Elemento Lab (México), Repórter Brasil (Brasil), Ruido (Argentina), Climate Tracker América Latina, Dialogue Earth, Mongabay Latamy Columbia Journalism Investigations (CJI) sobre cómo está funcionando la industria del litio en América Latina. Con el apoyo del equipo legal El Veinte.

Los glaciares de Argentina están en el centro de las discusiones ambientales y políticas del país. El gobierno de Javier Milei quiere modificar la emblemática Ley de Glaciares para favorecer la minería pero organizaciones ambientalistas, ciudadanos y científicos han alzado la voz para tratar de evitar que el Congreso cambie las reglas que protegen actualmente a los glaciares de hielo y glaciares de roca.

El proyecto para modificar la ley ya tiene media sanción del Senado. La semana pasada, durante dos días, se celebraron las audiencias públicas ante la Cámara de Diputados, atravesadas por tensión, gritos, críticas y hasta pedidos de medidas cautelares en la Justicia ante la decisión de recortar a 200 expositores cuando había más de 100 000 inscriptos para exponer.

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El argentino Lucas Ruiz es investigador independiente del Consejo Nacional de Investigaciones Científicas y Técnicas (Conicet) y doctor en Ciencias Geológicas de la Universidad de Buenos Aires. Se especializada en glaciares y permafrost de montaña. Actualmente, trabaja como glaciólogo en Geoestudios Ltda, una de las consultoras en glaciología más importantes de Sudamérica.

En diálogo con Mongabay Latam explicó qué está en juego con la modificación de la ley y por qué la comunidad científica está en alerta. “Creo que la ciudadanía argentina no está en contra del desarrollo minero. Lo que sí creo es que no estamos a favor de cualquier desarrollo. Sabemos que contaminar los ríos y dañar los glaciares genera un alto costo ambiental y creo que la ciudadanía, por suerte, ha madurado y no está dispuesta a afrontar ese alto costo”, aseguró Ruiz.

—¿Qué es el ambiente periglaciar que está en medio de la discusión sobre la Ley de Glaciares en Argentina?

—El ambiente periglaciar no es lo que está alrededor de los glaciares. El ambiente periglaciar es aquellas zonas donde hace tanto frío o el clima es tan frío que pueden existir suelos congelados permanentes. El concepto que vamos a escuchar bastante es el permafrost [capa de suelo, roca o sedimentos que permanece congelada todo el año]. La Ley de Glaciares protege aquellos lugares donde, dentro del ambiente periglaciar, hay reservas de agua, es decir que hay una gran cantidad de hielo.

También protege aquellas zonas dentro del ambiente periglaciar que puedan regular el recurso hídrico. Y ahí es donde uno entra en un gris, que en este caso no se está analizando. La reforma que se está planteando no es una modificación, no es una aclaración de la ley. Lo que se está intentando hacer es generar todavía más discrecionalidad a la hora de definir lo que se protege, al habilitar que las provincias o las autoridades provinciales digan: “Esto lo quiero producir [con minería], entonces no será protegido”.

—¿Cuál es la conexión entre lo periglaciar y lo glaciar?

—Pueden estar cerca o no. Hay lugares, como por ejemplo, en la Patagonia, donde el ambiente periglaciar se desarrolla más hacia los cordones que están hacia el este de la Cordillera de los Andes, mientras que los glaciares se desarrollan hacia el oeste, ya que en el oeste la precipitación es más abundante. Sin embargo, en la Alta Cordillera de Mendoza y de San Juan, tenemos la posibilidad de que se desarrollen glaciares y ambiente periglaciar o suelos congelados permanentes.

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Las nacientes de los glaciares en la Alta Cordillera de Mendoza están en zonas que están por debajo de la temperatura media anual. Hablamos de -2 °C, -3 °C. Son temperaturas en las que están dadas las condiciones para que exista permafrost, mientras que los glaciares en Patagonia están en zonas que están cerca de los 0 °C porque la precipitación es mucho más abundante en forma de nieve.

—La discusión en torno a la Ley de Glaciares gira alrededor de la posibilidad de que si se toca la ley actual se altere la protección a las fuentes de agua de 7 millones de personas que viven en la zona de la Cordillera. ¿Por qué?

—En las nacientes de los principales ríos del oeste de Argentina hay glaciares. Entonces, si bien no podemos decir que el glaciar es el que produce toda esa agua [del río], sí podemos decir que en todas esas cabeceras de esas cuencas, hay glaciares. Al afectar esas zonas podrían estar afectando el agua de todas esas personas. Pero lo importante es saber que las fuentes principales del agua que generan los ríos del oeste de Argentina son la nieve y la lluvia. En algunos ríos, por ejemplo, los glaciares son una contribución menor a la de la nieve. A veces puede ser menor y a veces puede llegar a ser mucho más importante. Y ahí está el rol regulador de los glaciares.

—¿Cómo es ese rol regulador?

—En años de abundancia de precipitación, de mucha nieve en la Cordillera, los glaciares, en vez de entregar agua en forma de deshielo, lo que van a hacer es acumularla, se la van a guardar. Van a crecer los glaciares por la abundancia de precipitaciones. Sin embargo, en los años de sequía, cuando la nieve escasea, los glaciares se achican. Eso quiere decir que se derriten aún más y entonces entregan mayor cantidad de agua a los ríos o lagos. Los glaciares funcionan como diques perfectos, diques naturales o cajas de ahorro de agua y, cuando realmente la necesitamos, nos la entregan.

—¿Cuál es la conexión entre la provisión de agua y el ambiente periglaciar que está en riesgo si se modifica la ley?

—Ahí está el tema. El glaciar es casi como un individuo. Un área bastante acotada o fácil de acotar, porque nosotros podemos claramente delimitar cuál es el área en superficie que está representada por hielo y cuál no. El Inventario Nacional de Glaciares [a cargo del Instituto Argentino de Nivología, Glaciología y Ciencias Ambientales (Ianiglia), con la coordinación de la Subsecretaría de Ambiente de la Nación] identifica glaciares y glaciares de escombros. En general, estas reservas de agua son los glaciares de escombro, que son los lugares dentro del ambiente periglaciar donde hay altas concentraciones de hielo.

Cuando lo vemos en superficie están compuestos por los mismos fragmentos de roca que el resto de las laderas, pero estas se mueven, fluyen pendiente abajo lentamente y eso le da la característica de glaciares de roca. Las reservas de agua van a estar acotadas a donde en general se desarrollan estos glaciares de roca y es por eso que el Inventario Nacional de Glaciares de Argentina incluye a los glaciares y los glaciares de escombro.

—¿Siempre que hay un glaciar de escombro es un ambiente periglaciar?

—Exacto, estamos dentro del ambiente periglaciar y un ambiente rico en hielo. Tiene hielo en su interior. Cuando estudiamos en detalle a los glaciares de escombro, tienen una capacidad de reserva similar a los glaciares, aunque menor. Un glaciar de escombro tiene menos hielo de lo que tiene un glaciar normal, porque uno está hecho 100 % de hielo y el otro puede tener 30, 40, 60, 80 % de hielo. No más que eso. Si no, ya pasaríamos a tener un glaciar. Y por otro lado, tienen tasas de derretimiento de hielo más bajas. Entonces, la cantidad de agua que entregan siempre es más baja que la de los glaciares.

Eso no los hace tan relevante hídricamente hoy, pero sí los pone como las reservas de agua del futuro, porque tiene lo que no se derrite, va a ser hielo que se puede derretir más adelante, cuando la temperatura del planeta sea más elevada.

—¿Qué tipo de minería buscan hacer en esos glaciares de escombros?

—No es tanto qué minerales hay en el ambiente periglaciar. El problema es que hay zonas mineralizadas en la Cordillera que están en ese régimen climático donde se desarrollan los glaciares, en donde se desarrolla el ambiente periglaciar.

Durante las protestas en el Congreso, ambientalistas, sentados en inodoros, exhibieron un explícito mensaje dirigido a los senadores. En el Senado se votó finalmente a favor de la modificación de la ley. Ahora el destino de la norma está en manos de los diputados. Foto: cortesía Greenpeace Argentina.

—Por ejemplo, en zonas como la provincia de San Juan...

—En San Juan [en la frontera con Chile] es donde justamente hay grandes proyectos [mineros]. Y cuando digo grandes digo no solo en extensión, sino en la cantidad de mineral, la concentración de mineral, y por el valor económico que tienen. Y están en zonas donde hay ambiente periglaciar y hay glaciares. Entonces entramos en un conflicto de intereses y lo que ponen de manifiesto los que están a favor de la modificación de la ley es que dicen que la Ley de Glaciares, como está escrita, restringe las posibilidades de desarrollar la minería en ese lugar porque no pueden afectar los glaciares. Y lo que sostienen es que los glaciares que están en esa zona no son importantes.

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Ahí es donde entra esto de la “relevancia hídrica”, que es un concepto nuevo, introducido en esta reforma. Es decir, quieren solo proteger los glaciares que tienen “relevancia hídrica” y al resto no, pero la relevancia hídrica no es un concepto como la definición de glaciar, que nosotros podemos ir a buscar a los libros, sino que tiene que ser definida ad hoc, como decimos, definida a propósito para un objetivo. No sabemos cómo van a definir la relevancia hídrica.

—¿En qué estado de conservación están los glaciares actualmente?

—Los glaciares en el pasado eran más grandes de lo que son ahora. La pérdida de un glaciar es muy visual, como cuando se quema un bosque. No tenemos que ver una fotografía de principios de siglo: una fotografía de hace 20 o 25 años ya nos muestra que los glaciares estaban gordos. Eran grandes, espesos, blancos. Se los veía sanos y ahora miramos ese mismo glaciar y lo vamos a ver mucho más delgado, con menor espesor, con mayor cobertura de detritos [residuos sólidos, orgánicos o inorgánicos, resultantes de la descomposición, desgaste o erosión de materiales], ya no está tan blanco. Se los ve como enfermos.

Si hoy en día mágicamente podríamos detener el calentamiento global y mantener el clima tal cual está, igual los glaciares continuarían achicándose porque no están en equilibrio con el clima actual. Eso es casi para el general de todos los glaciares que hay en el planeta.

Hemos podido mejorar como comunidad científica muchísimo en la precisión de las proyecciones hacia el futuro y nos muestran unos resultados muy dramáticos. Si seguimos tal cual estamos, a fin de siglo, Europa se quedará sin glaciares.

Estamos hablando de que países como Suiza, que tienen sus glaciares como parte de su identidad, no los va a tener más. Países de las zonas tropicales, como Perú, tampoco.

Si bien Argentina y Chile parece que no van a ser tan afectados donde están los grandes campos de hielo en Patagonia. Esas grandes masas de hielo son tan extensas que a fin de siglo igual todavía van a tener mucho hielo. Lo mismo para la Antártida o Groenlandia. Sin embargo, en lugares como la provincia de Mendoza, San Juan o como el norte de la Patagonia, la zona de Bariloche o el norte de la provincia de Chubut, es muy probable que para fines de este siglo no existan más las áreas o queden reducidos a pequeños glaciares en las partes más altas de lamontaña.

Estamos tratando de manifestar lo urgente de la situación, lo drástico de lo que va a suceder. Y no hay que perder de vista el rol hídrico que tienen los glaciares, de entregar agua justamente en los momentos de sequía.

Entonces, si a eso le sumamos que en el contexto de cambio climático, las sequías para el futuro van a ser incluso más severas, no contar con glaciares significa que vamos a sufrir muchísimo más de lo que estamos sufriendo hoy.

Eso es algo que, si bien la comunidad científica está alertando, no vemos muchas acciones de los tomadores de decisión para tratar de adaptarse o mitigar esa situación. Todo lo contrario. Necesitamos proteger a los glaciares pero nos dicen: “Los glaciares pequeños no nos importan. Queremos extraer minerales a cualquier costo”.

El artículo original fue publicado por Emilia Delfino en Mongabay Latam. Puedes revisarlo aquí.

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*Imagen principal: glaciares y ambiente periglaciar en la zona de la provincia de San Juan, en la frontera argentina con Chile. Foto: cortesía Martín Katz/Greenpeace