El doctor en ciencias marinas Christian Daniel Ortega Ortiz y estudiantes de ciencias marinas de la Universidad de Colima llevaban todo el día monitoreando ballenas jorobadas frente a la costa sur de Jalisco, en México, cuando escucharon a pescadores decir que habían visto a un grupo de orcas (Orcinus orca) acechando delfines. Tomaron la radio, preguntaron por la ubicación exacta y se dirigieron hacia el sitio, a unos 18.2 kilómetros de la bahía de Barra de Navidad. Al llegar encontraron dos machos adultos, cuatro hembras, dos juveniles y dos crías alrededor de un delfín tornillo (Stenella longirostris).

El cetáceo nadaba en círculos muy cerrados porque las orcas lo mantenían completamente acorralado. Lo que los investigadores vieron después forma parte de su documentación para proponer la existencia de un nuevo ecotipo de orca que habita desde el Golfo de California hasta las Islas Galápagos. La han denominado orca Pacífico Oriental Tropical (POT) porque tiene características diferentes a los otros grupos registrados en el Pacífico nororiental.

“Los pescadores se fueron, nos dejaron solos y vimos cómo lo acechaban [al delfín], lo cansaron. Después, con la cámara GoPro metida en el agua, vimos que lo estaban desmembrando y cada quien se llevaba una parte. Las crías de las orcas salían con restos de órganos. En algún momento dijimos: ‘Eso parece un riñón, eso parece una parte del intestino’”, cuenta Ortega Ortiz, profesor-investigador de la Facultad de Ciencias Marinas de la Universidad de Colima en entrevista para Mongabay Latam.

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Después de dejar atrás los restos del delfín, las orcas siguieron hacia el oeste. En el camino encontraron a una tortuga prieta (Chelonia mydas agassizii) y una de las hembras del grupo la sujetó por las aletas traseras y la sumergió a la fuerza. Unos metros más abajo la soltó y le dio una mordida que le provocó heridas fatales. Esa tarde repitieron la técnica tres veces más para cazar la misma especie de tortuga.

El par de escenas confirmaron que el grupo de orcas que habían visto era generalista, es decir, que no se alimentaba de una sola especie, sino de varias. Esa característica es clave dentro de la descripción que los investigadores han hecho del ecotipo POT, ya que los otros tres ecotipos de orca registrados en el Pacífico nororiental tienen hábitos especializados: las residentes se alimentan casi exclusivamente de peces, en especial de salmón; las transeúntes comen mamíferos marinos como delfines, ballenas y pinípedos; y las presas de las oceánicas son elasmobranquios, principalmente tiburones.

“A diferencia de otras orcas que son especialistas en su alimentación, las de aquí arrasan con lo que se les atraviesa. Comen peces, tortugas, ballenas y han comido tiburón ballena”, describe Myriam Llamas González, doctora en ecología marina por la Universidad de Guadalajara y una de las investigadoras que analiza este ecotipo.

La descripción de esta población de orcas es una de las principales líneas de estudio del Grupo Universitario de Investigación de Mamíferos Marinos, una agrupación de la Facultad de Ciencias Marinas de la Universidad de Colima, integrada por estudiantes de la licenciatura en Oceanología y Sustentabilidad Marina.

Las diferencias que dieron pie a un nuevo ecotipo

Un ecotipo se define como un grupo de individuos de la misma especie que presenta caracteres y adaptaciones ecológicas diferentes a otros grupos, tales como la morfología, la alimentación y la distribución. Describir estas variantes es fundamental porque cada grupo opera bajo limitantes distintas, lo que impide aplicar planes de manejo generalizados para conservarlas.

Para ilustrarlo con un ejemplo, el ecotipo residente de orcas se alimenta casi exclusivamente de salmón, cuenta con un rango de distribución pequeño y enfrenta problemas muy focalizados por la escasez de comida, lo que requiere medidas normativas especiales. En contraste, un ecotipo con una dieta generalista y un rango amplio de movimiento tendrá necesidades y retos de conservación completamente diferentes.

“Cada ecotipo está bajo ciertos limitantes muy diferentes a los demás y por lo tanto su plan de conservación, su plan de manejo, debe ser diferente. No podemos generalizar a todas las orcas. Es mejor manejar piezas pequeñas que una gran pieza. Si no conocemos las piezas pequeñas, no podemos tener este manejo grande y adecuado”, comenta Ortega Ortiz.

Desde 2010, los miembros del Grupo Universitario de Investigación de Mamíferos Marinos (Guimm) de la Facultad de Ciencias Marinas de la Universidad de Colima recorren el mar en una pequeña embarcación, cerca de las costas de Colima y Jalisco, para estudiar los mamíferos marinos de la región. En 16 años de trabajo coordinado por Ortega Ortiz, han registrado 20 especies, entre ballenas, delfines y pinípedos, mediante técnicas como la fotoidentificación, las grabaciones acústicas y el registro de varamientos en playas.

El doctor en ciencias marinas cuenta que desde las primeras salidas de campo de la agrupación, en 2010, vieron orcas y cuando acumularon fotografías de diferentes individuos comenzaron a notar que eran diferentes a otras descritas con anterioridad. No solo porque su alimentación era diferente, sino porque tenían un patrón morfológico muy particular.

“Notamos que la silla de montar [una zona de pigmentación situada justo detrás de la aleta dorsal] tenía un color muy tenue; en algunas hasta parecía transparente y no se podía diferenciar. No era solo un individuo, sino que todos los individuos la tenían así. Entonces, esa es una característica morfológica importante”, explica el investigador.

Ortega Ortiz y los estudiantes de oceanología comenzaron a pedirle a pescadores deportivos que cuando vieran orcas les tomaran fotos y les avisaran. “Así empezamos a jalar datos e información de donde pudimos y, al final, armamos un trabajo de licenciatura que estaba muy bien. El resultado era prometedor. Nos aventuramos a decir lo del nuevo ecotipo y logramos publicar en una revista importante de mamíferos marinos”, comenta el científico.

Los resultados de la investigación fueron publicados en el artículo Ecological aspects of killer whales from the Mexican Central Pacific coast: Revealing a new ecotype in the Eastern Tropical Pacific el 31 de agosto de 2020 en Marine Mammal Science. En el texto se propone por primera vez el ecotipo POT y los autores describen otras características morfológicas particulares. Por ejemplo, tanto los juveniles como los adultos presentan una aleta dorsal redondeada, pero con una pequeña punta orientada hacia atrás. Además, el parche ocular tiene forma de “gancho y bulto”, se orienta de forma paralela al cuerpo y está alineado con el orificio nasal.

El estudio también describe que estas orcas se mantienen cerca de la costa. Fueron vistas sobre la plataforma continental, a unos 12.6 kilómetros de la costa y a una profundidad promedio de 594 metros. Además, suelen desplazarse en grupos pequeños, de alrededor de cinco individuos, aunque algunos fueron observados solos y otros en grupos de hasta ocho. Esto las diferencia de los demás ecotipos del Pacífico Norte Oriental: las orcas residentes suelen formar grupos mucho más grandes y seguir la disponibilidad de peces; las transeúntes se desplazan en grupos pequeños para cazar mamíferos marinos y las de alta mar lo hacen principalmente lejos de la costa.

Otro rasgo que les llamó la atención a los investigadores es que varias de las orcas tipo POT tienen grandes balanos, crustáceos que viven pegados a las rocas u otros animales, adheridos a sus aletas dorsal y caudal. Estos pequeños animales marinos suelen desprenderse cuando las orcas permanecen en aguas frías. Por ello, su presencia puede ser una señal de que estos animales pasan buena parte de su tiempo en aguas cálidas. En contraste, los otros ecotipos descritos habitan principalmente en regiones de aguas frías y templadas (desde Alaska hasta la costa de California).

Los investigadores también buscaron otras evidencias sobre lo que comía este ecotipo más allá de las observaciones. Para hacerlo, tomaron nueve pequeñas muestras de piel de las orcas con la ayuda de una ballesta y las analizaron a través de isótopos estables de carbono y nitrógeno.

“Las nueve muestras nos decían que lo más probable era que estas orcas se habían alimentado de peces grandes como dorados, atunes y también de tortugas. Con eso corroboramos lo indicado por las observaciones en campo: que comían lo que fuese que encontraran”, dice Ortega Ortiz.

“Al estar en zonas cálidas la diversidad de potenciales presas es más alta, pero la abundancia es más baja. Entonces, al tener una diversidad de cosas que comer pero en poca cantidad, comen lo que sea que encuentren”, explica el investigador. “En zonas más frías, en cambio, la diversidad es más baja en general, pero la abundancia es más alta, entonces agarran una presa y sólo comen de esa especie. Esa es la teoría ecológica en cuanto a las latitudes. La variabilidad ambiental sin duda afecta a los recursos marinos, a las presas y por ende a los depredadores”, agrega.

Después de la primera publicación, el grupo de investigación pudo ver más orcas que cumplían con las características del ecotipo alimentándose de otras especies como tiburones ballena, ballenas, delfines, tortugas marinas, tiburones, rayas, diversos tipos de peces. Esas observaciones las publicaron en un segundo artículo, en septiembre de 2023, en la revista Examines in Marine Biology & Oceanography (EIMBO).

¿Por dónde se mueven estas orcas?

La idea de encontrar poblaciones de orcas con características particulares en zonas cálidas no es completamente nueva. En 2014, el investigador venezolano Jaime Bolaños Jiménez y sus colaboradores publicaron un estudio fundamental sobre la distribución, dieta y morfología de las orcas en el mar Caribe. El trabajo reportó ejemplares de menor tamaño, con una dieta generalista y patrones morfológicos notablemente distintos a los de las poblaciones del Atlántico templado. Estos hallazgos constituyen un antecedente clave para los equipos de investigación en el Pacífico tropical.

Como parte de su tesis de maestría, la investigadora Camila Lazcano Pacheco dio continuidad a las investigaciones sobre el ecotipo POT: construyó un catálogo de fotoidentificación de orcas que será publicado este año, junto con sus conclusiones, en una revista científica. Para ello, reunió fotografías de distintas fuentes: utilizó los registros previos del grupo de investigación y recibió imágenes de investigadores que trabajan en Sonora, Sinaloa, Baja California Sur, Nayarit, Jalisco, Colima, Michoacán, Guerrero y Oaxaca, además de registros de El Salvador, Costa Rica y las islas Galápagos. También buscó fotografías publicadas en Instagram y Facebook y contactó a personas que habían fotografiado orcas, entre ellas operadores de ecoturismo.

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“Tenemos amigos, conocidos, muchos capitanes de la región o prestadores de servicios turísticos que vieron orcas y nos compartieron videos. Seleccionamos las imágenes de mejor calidad y metimos esas fotos al catálogo. Ha sido exprimir, buscar lo más que se pueda para llegar a conformar este gran catálogo”, comenta Ortega Ortiz, quien asesoró la investigación.

De acuerdo con la tesis, Lazcano Pacheco revisó más de 13 000 fotografías y seleccionó las imágenes que permitían reconocer mejor a cada orca. A partir de este proceso, construyó un catálogo con 592 orcas. Después, revisó las características físicas de cada una para determinar si correspondían al tipo de orca que el grupo de investigadores propone como un nuevo ecotipo. De este total, 531 orcas (el 90 %) presentaron las características del ecotipo, mientras que el resto mostró una morfología diferente o indefinida.

El catálogo permitió conectar fotografías de las mismas orcas tomadas en distintos sitios y años, lo que facilitó trazar sus recorridos. Gracias a estas coincidencias se identificaron lapsos prolongados entre el primer y el último registro de ciertos individuos, lo que demuestra que un mismo animal que cumple con el ecotipo ha sido observado durante décadas. Entre estos destaca una orca registrada tanto en el Golfo de California como en Perú. Este desplazamiento de miles de kilómetros fue publicado antes por la doctora en ciencias marinas Mercedes Guerrero.

A esto se suma el caso de Phantom, un macho del ecotipo POT reconocido por su característico parche ocular en forma de fantasma. Este ejemplar cuenta con más de 20 registros acumulados a lo largo de 30 años, los cuales evidencian sus trayectos entre Perú, Centroamérica, el sur de México y el norte del litoral del Pacífico mexicano.

“Vimos que orcas que fueron vistas en un sitio luego aparecen en otro. Por ejemplo, las que fueron vistas en Los Cabos luego fueron vistas en Mazatlán, las de Jalisco luego fueron vistas en Oaxaca, las de Colima luego fueron vistas en Mazatlán y unas de Los Cabos luego aparecieron en Galápagos; entonces, ahí está el rango de movimiento”, comenta Ortega Ortiz.

Para comprender mejor los sitios donde se concentran estas orcas, la autora de la tesis desarrolló un modelo ecológico. Consiste en un algoritmo matemático que combina variables oceanográficas con los registros de avistamientos para determinar dónde existe una mayor probabilidad de encontrarlas. El modelo identificó tres grandes zonas clave de alta concentración de orcas que cumplen este ecotipo: el Golfo de Tehuantepec, Bahía de Banderas y el Golfo de California.

Las piezas que faltan

La propuesta de este ecotipo de orca aún no está completamente cerrada. Los investigadores consideran que la descripción es como un rompecabezas al que todavía le faltan piezas. Ya cuentan con evidencia sobre morfología, alimentación y distribución, pero necesitan fortalecer la parte sobre la acústica y la genética. Ya existen grabaciones de sus vocalizaciones y muestras para análisis genéticos, pero aún faltan más muestras y todavía deben compararse con las de otros ecotipos para determinar si existen diferencias consistentes.

En particular, los investigadores buscan aumentar el número de muestras genéticas para realizar análisis filogenéticos que permitan saber de dónde provienen estas orcas y cuánto tiempo llevan diferenciándose de otros grupos.

“Para que el ecotipo sea aceptado, se necesitan más elementos y que el comité internacional de taxonomía de mamíferos marinos lo acepte y lo publique. Lo interesante es que [el artículo donde se propuso el ecotipo] ya ha sido citado y ya se han propuesto otros ecotipos en otros lugares. Eso es lo que nos ha motivado a continuar para tener más elementos y fortalecer la propuesta”, asegura el investigador Ortega Ortiz.

*Imagen principal: los investigadores analizaron muestras de piel de las orcas, lo que reveló que se alimentan de peces grandes como atunes y dorados, además de tortugas. Foto: cortesía Grupo Universitario de Investigación de Mamíferos Marinos (GUIMM) de la Facultad de Ciencias Marinas de la Universidad de Colima

El artículo original fue publicado por Mariana Recamier en Mongabay Latam. Puedes revisarlo aquí.

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Cuando era niña, la lideresa indígena wichí Norma Rodríguez se apoyaba en las palabras de su abuela para saber si venía la lluvia o la sequía. Su pronóstico, recuerda, no fallaba. Viendo el cielo o a partir de la dirección del viento podía anticipar lo inminente. “Ahora eso no es posible, cambió mucho el clima”, dice desde la localidad Lote 8, ubicada en la provincia de Formosa, al noreste de Argentina.

La variabilidad climática tiene amenazas concretas en su tierra, próxima a la frontera con Paraguay. Entre las más duras están las crecidas de los ríos Pilcomayo y Bermejo por el aumento de las lluvias, que devienen en desbordes que afectan viviendas, animales y cultivos de muchas familias del Gran Chaco, la segunda región boscosa más grande de América.

Para adaptarse a estos cambios, las mujeres han aprendido a observar y vigilar su territorio con nuevas herramientas: celulares, mapas, pluviómetros —instrumentos para medir las precipitaciones— y grupos de WhatsApp les permiten monitorear estos cambios en directo y alertar a las comunidades cercanas.

Este paso se logró gracias a la conectividad a Internet y al programa Nanum Mujeres Conectadas que, desde 2020, promueve el uso de herramientas digitales en las mujeres del bosque chaqueño de tres países: Argentina, Paraguay y Bolivia. En total, el programa ha instalado 46 centros de conexión que abarcan 129 comunidades. Es decir, más de 100 000 personas de parajes aislados del Gran Chaco acceden actualmente a Internet gracias a estos centros.

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“Identificamos que el cambio climático afectaba de forma diferencial a hombres y mujeres en esta ecorregión. Así surge Nanum Mujeres Conectadas para darles acceso a las TICs [Tecnologías de la Información y la Comunicación] y mejorar su resiliencia climática”, afirma Silvina Sampastú, directora ejecutiva de la Fundación Gran Chaco (FGCH), una institución que promueve la sostenibilidad de organizaciones locales en la región y que lidera en Argentina este programa de inclusión digital creado por la Fundación Avina.

En Argentina más de 3000 productoras y artesanas indígenas forman parte de la iniciativa. En cada capacitación aprenden a leer mapas, chequear indicadores de niveles de agua, comparar cuadros meteorológicos y comprender la información que resulta del monitoreo. “La tecnología hoy nos permite mirar todo el tiempo cómo crece y baja el río”, dice la lideresa Rodríguez.

Esas nuevas tecnologías fueron implementadas en lugares físicos que las comunidades ya usaban como puntos de encuentro. El 80 % de los centros instalados, por ejemplo, se acondicionaron en locales de mujeres productoras y artesanas, quienes eran las coordinadoras territoriales de sus comunidades. Actualmente el trabajo en Argentina está concentrado en las provincias de Formosa, Chaco, Salta, Santiago del Estero y Tucumán, impactando en los pueblos originarios wichí, qom y pilagá.

Como asegura la lideresa wichí Norma Rodríguez, el acceso también les ha traído beneficios sociales y económicos. “Nos ayuda mucho para poder comercializar nuestros productos, para organizar nuestros cultivos, comunicarnos con más personas y comunidades”.

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Nodos tecnológicos

El programa para conectar mujeres tiene un antecedente importante. Entre 2013 y 2019, se desarrolló un proyecto similar llamado Nanum Village, apoyado por Samsung, en el que se instalaron los primeros centros de conexión comunitaria equipados con computadoras, tablets y otros dispositivos de acceso a Internet.

La dirigente qom Olga Aparicio recuerda cuando, en 2015, se abrió uno de estos centros en la localidad formoseña Vaca Perdida. “Para la comunidad fue una explosión”, dice.

Hasta ese momento, para tener señal y comunicarse con ONGs o técnicos que visitaban la zona, Aparicio debía trasladarse a Ingeniero Juárez, una pequeña ciudad ubicada a 60 kilómetros por un camino de tierra. Para coordinar reuniones con otras integrantes de la Cooperativa de Mujeres Artesanas del Gran Chaco (COMAR) enviaba notas hechas a mano. “La mandaba en bicicleta y la mujer, desde otra comunidad vecina, leía la misiva y enviaba su respuesta. Así nos organizábamos”, recuerda.

En 2019 se realizó una encuesta a 122 personas de la zona y el 92 % respondió haber accedido por primera vez a Internet a través de un Centro Nanum.

Conforme se abrían más centros, la comunicación iba fluyendo entre las mujeres de las localidades aisladas del Gran Chaco. Cada dos semanas, en estos espacios se organizaban encuentros de alfabetización digital.

“Se diseñó un programa de formación por competencias, en donde no se enseña desde la herramienta, sino desde el saber hacer”, refiere Sampastú. En términos sencillos, el proceso no se centró en aprender Word, Excel o a tomar fotos, sino, por ejemplo, en hacer censos para identificar las organizaciones que había en la zona, mapear las comunidades para precisar las distancias y usar las redes sociales para comercializar las artesanías que producían, entre otras funciones.

Junto con profesionales del área de Género, Sociedad y Políticas de la Facultad de Ciencias Sociales para América Latina (FLACSO), las comunidades vincularon las posibilidades tecnológicas con lo que sucedía en sus territorios.

“Aprendimos a usar la tecnología para que fuera útil para la comunidad”, dice Aparicio.

En las conversaciones entre pobladores y técnicos se buscó que el acceso y uso de esta tecnología atendiera también las dificultades vinculadas al cambio climático que enfrentan las comunidades. Sequías, inundaciones y vientos fuertes fueron identificadas como las principales preocupaciones.

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Prevención climática

El lado occidental de Formosa es el corazón del Chaco seco: una zona semiárida marcada por largas sequías fuera de la temporada de lluvias. La falta de infraestructura sanitaria complica el panorama. Según un estudio de la Fundación Plurales, el 41 % de los hogares en las provincias que integran la región del Gran Chaco no tiene agua.

La escasez hídrica obliga a caminar grandes distancias para recolectarla. Y esa labor recae muchas veces en las mujeres, quienes además asumen las tareas de cuidado familiar y el mantenimiento de las huertas.

El río Pilcomayo es uno de los pocos cursos de agua en el Chaco semiárido. Sin él, esta región sería casi un desierto inviable para la producción y vida comunitaria. Pero, a su vez, es una de las principales amenazas para las comunidades aledañas.

Nace en lo alto de la Cordillera de los Andes, en Bolivia, y baja hasta la llanura chaqueña funcionando como una frontera natural entre Argentina y Paraguay. Sus cauces son muy variables, ya que depende en un 95 % de las lluvias en la cuenca alta. Esto hace que alterne temporadas muy secas con picos altos de caudal.

En épocas de sequía, el río pierde fuerza para mover la gran cantidad de arena y piedras que carga, pues transporta más de 120 millones de toneladas de sedimentos al año. Este material se acumula en el fondo. Cuando llegan las lluvias y crecientes repentinas, el río ya no tiene profundidad en sus cuencas bajas y se desborda afectando a las comunidades vecinas. Las inundaciones provocan cortes de rutas y caminos, pérdida de animales de granja, ganado y cultivos.

De ahí que, desde hace décadas, los habitantes de la zona hayan impulsado esfuerzos para monitorearlo. A inicios de los años 2000, ante la lentitud del gobierno nacional y las autoridades locales para responder a esta problemática, los pobladores, junto con el investigador Luis María de la Cruz y técnicos locales del Chaco salteño y formoseño próximos al Pilcomayo, empezaron a monitorear de modo artesanal su flujo.

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“Al principio la comunicación fue a través de las radios comunitarias o por el sistema de salud. Alguien avisaba al enfermero que el río venía crecido, muy cargado o alguna característica anómala y él lo transmitía por radio a otros lugares”, describe el antropólogo Agustín Noriega, director territorial de la Fundación Gran Chaco, quien trabaja en la zona desde esa época. A ese esfuerzo lo llamaron Sistema de Alerta Pilcomayo.

Pero el método fallaba cuando la crecida sucedía de noche. Los avisos llegaban tarde, ya que las radios estaban apagadas a esa hora.

Otra dificultad era que no había mapas de las zonas de riesgo con precisión cartográfica. Por eso, desde 2015, la iniciativa trinacional Gran Chaco ProAdapt, coordinada en Argentina por la Fundación Gran Chaco, adoptó y tecnificó este esfuerzo comunitario y autogestionado.

Junto a geólogos, ingenieros y geógrafos, se estudió la dinámica del terreno, se desarrollaron mapas de riesgo hidrológico, se utilizaron imágenes satelitales para anticipar el movimiento del lodo y el agua y se distribuyeron nuevos pluviómetros a lo largo del curso del río.

Luego, gracias a la conectividad que llegó con los centros Nanum, la información climática se podía socializar en tiempo real a un mayor número de personas. “Todas las comunidades que están sobre el Pilcomayo ya tienen un sistema de alerta temprana, siendo las mujeres quienes tienen un rol protagónico en su promoción”, afirma Noriega.

Esfuerzo comunitario y transnacional

Al arrancar el día, Norma Rodríguez revisa su celular para ver los últimos reportes enviados en el grupo de WhatsApp Alertas Pilcomayo. Cada día, cientos de mujeres indígenas y campesinas de las comunidades aledañas al río y técnicos locales comparten fotos, videos y mapas del estado de las aguas.

“Hay gente de Bolivia, Paraguay y Argentina en el grupo. Entonces, si desde Bolivia avisan que el río está creciendo, la gente de nuestras comunidades se prepara”, cuenta la lideresa wichí desde el Lote 8, en pleno chaco formoseño.

El agua, afirma, tarda entre 48 y 72 horas en descender a las cuencas formoseñas. Por eso, tras una alerta, las mujeres movilizan a los vecinos para alejar a los animales de la ribera antes de que el caudal del río suba unos metros.

Ante un fuerte aumento de caudal, las poblaciones saben cómo actuar. En las comunidades más expuestas a los desbordes, el equipo técnico de Nanum ha impulsado planes de evacuación y relocalización. “Además del monitoreo diario, el programa tiene también una mirada climática de largo plazo”, señala Noriega.

De hecho, el Sistema de Alerta Pilcomayo tuvo su prueba más dura en febrero de 2018, cuando el río alcanzó su pico máximo de crecida y llegó a tener hasta 7.28 metros de profundidad en la entrada al Chaco salteño. En una temporada de lluvias normal, la profundidad puede llegar hasta 4.5 metros.

Ese verano en todo el curso del río se evacuaron a más de 10 000 personas. Si bien los desbordes produjeron daños materiales, las alertas evitaron pérdidas humanas.

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Las comunidades del Gran Chaco también cuentan con AdApp, una aplicación móvil —desarrollada por especialistas de la Asociación Cultural para el Desarrollo Integral (ACDI), aliada al proyecto— que comparte datos meteorológicos, anticipa eventos climáticos extremos y funciona de manera colaborativa. Varias mujeres cargan en la aplicación los registros de lluvia y disponibilidad de agua de su localidad tras revisar los pluviómetros instalados. De este modo, la información se retroalimenta continuamente.

Esta aplicación también ofrece recomendaciones climáticas para la actividad apícola, caprina y ganadera, como avisos de la llegada de heladas para proteger a los animales.

Este flujo y carga de información complementa la de los grupos comunitarios de mensajería (como WhatsApp y Telegram). Para fortalecer el alcance y la inmediatez, allí también se comparten los avisos del Servicio Meteorológico sobre la intensidad de los vientos y olas de calor.

Tecnología que potencia saber local

Para las mujeres wichí la artesanía es una salida económica y una práctica cultural milenaria. El insumo principal para sus productos es el chaguar (Bromelia serra), una fibra nativa que crece en esta ecorregión, pero ya no como antes. Las altas temperaturas han reducido los espacios donde esta planta crecía de forma natural. “El calor extremo la afecta. Hay días que superamos los 50 grados”, anota Rodríguez.

La pérdida de chaguar afecta también su independencia económica. Por eso, las mujeres indígenas y campesinas han buscado revertir esta vulnerabilidad mediante estrategias colectivas que se han fortalecido en los últimos años por el acceso a la tecnología.

Norma Rodríguez explica que la búsqueda de chaguarales —lugares donde crece el chaguar— se simplificó gracias al uso de mapas aprendidos en el programa Nanum Mujeres Conectadas. “Los mapeos nos ayudan a saber dónde hay algarrobos, dónde están las plantas para tintes o dónde encontraremos mayor cantidad de chaguares”, refiere.

En cada recorrido, las mujeres marcan con Sistemas de Información Geográfica las ubicaciones o coordenadas donde encuentran estas especies. Esas referencias les permiten hacer más eficientes y rápidas sus futuras búsquedas.

Asimismo, el saber con precisión cuándo lloverá les ayuda a decidir cuándo repoblar los chaguarales o sembrar sus alimentos. “Si vemos en las aplicaciones que habrá lluvia, sabemos que la plantación funcionará”, precisa la lideresa wichí.

A mediados de julio, por ejemplo, en el grupo de WhatsApp se reportaba un bajo caudal del río debido a las escasas lluvias. Por ello, Olga Aparicio y otros pobladores de Vaca Perdida decidieron sembrar sus productos para autoconsumo en los humedales.

“No crecía tanto el río y nos fuimos al humedal. Metimos rastras para ablandar el suelo y eliminar malezas, lo cercamos y sembramos las semillas. Pudimos cosechar bastante sandía, zapallo, choclo”, cuenta Aparicio.

El programa Nanum también les ha traído nuevos beneficios a las mujeres artesanas del Gran Chaco. Las herramientas digitales se han convertido en una gran ventana para dar a conocer su trabajo ancestral.

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Aprendieron, por ejemplo, a sacar fotos y grabar videos del proceso completo para extraer los tejidos que utilizan de los chaguares. Cada paso de la confección de las prendas es registrado. Desde la separación de fibras, hasta el lavado, hilado y teñido. Ese material se sube en sus redes sociales para promocionar las creaciones de la cooperativa COMAR. El registro también lo hacen con sus tejidos a partir de lana de oveja.

“Conforme íbamos publicando, iban surgiendo más pedidos de distintas partes del país”, cuenta Aparicio. De hecho, el pico de conexión causado por el confinamiento durante la pandemia del Covid-19 intensificó el flujo de ventas de las artesanas de la cooperativa. “Tuvimos muchos encargos, reuniones virtuales, fue ahí donde incorporamos mejor la tecnología”, explica la artesana qom.

Actualmente son las mismas productoras quienes enseñan el uso de herramientas digitales en los centros Nanum al resto de la comunidad y afrontan los desafíos climáticos y económicos. Para Agustín Noriega, de la Fundación Gran Chaco, la resiliencia climática se concreta cuando las posibilidades tecnológicas son apropiadas por las comunidades. Y son ellas quienes las vinculan a sus actividades económicas y sus territorios.

“A fin de cuentas el manejo de todas estas herramientas facilita la gobernanza de las comunidades. Les facilita entender cómo están las cosas y también controlar el territorio”, sostiene.

El artículo original fue publicado por Oscar Bermeo Ocaña en Mongabay Latam. Puedes revisarlo aquí.

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Un proyecto petrolero a solo 220 kilómetros de las Islas Malvinas, al sur de Argentina, amenaza con alterar uno de los ecosistemas marinos más ricos y vulnerables del Atlántico Sur. Se trata del proyecto Sea Lion, una iniciativa operada por dos empresas –una británica y otra israelí-, que reavivó el conflicto por la soberanía de las islas del Atlántico sur entre los gobiernos de Argentina y Reino Unido. Según expertos argentinos, Sea Lion no tiene una evaluación de impacto ambiental aprobada en Argentina -ya que Reino Unido y el Gobierno de las islas no reconocen su soberanía- y existe el riesgo de un derrame en agua ultrafrías. Además, la Justicia argentina dictó una medida cautelar ordenando paralizar el programa petrolero.

La exploración offshore o costa afuera, el proceso de búsqueda de yacimientos de petróleo y gas natural en el lecho marino mediante tecnologías geofísicas y perforaciones en alta mar, con capacidad para procesar aproximadamente 120 000 barriles diarios de petróleo y 140 millones de pies cúbicos diarios de gas natural, de acuerdo a la demanda presentada por la Asociación Argentina de Abogados/as Ambientalistas y el Centro de Ex Combatientes de Islas Malvinas La Plata (CECIM).

En medio de la escalada del conflicto geopolítico, que tuvo su mayor pico de tensión durante la guerra de 1982, la Justicia federal argentina ordenó suspender las operaciones debido a la falta de una Evaluación de Impacto Ambiental (EIA) validada a nivel nacional.

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Esta medida, dictada por la jueza federal Mariel Borruto, está basada en los principios de prevención y precaución de la legislación ambiental argentina. Según el dictamen, el proyecto avanza de forma ilegal en la plataforma continental argentina, careciendo de las autorizaciones oficiales que garanticen que la actividad no desencadenará un impacto ecológico en la región.

Rafael Colombo, coordinador de Clima y Energía y asesor legal de la Asociación Argentina de Abogados/as Ambientalistas, explicó a Mongabay Latam que entre los principales riesgos ambientales del proyecto petrolero se encuentran las perforaciones, movimientos del lecho, circulación de embarcaciones, contaminación acústica submarina y utilización de químicos y derrames petroleros.

“Estos riesgos forman parte del ADN de la industria hidrocarburífera offshore a lo largo del mundo, integrado de un extenso historial de desastres debido a explosiones, derrames, incendios, filtraciones y escapes, que han generado pasivos ambientales de enorme magnitud y daños difíciles o imposibles de revertir”, afirmó Colombo.

El experto añadió que, debido a las corrientes marinas en esa zona, todos estos impactos, pueden incluso expandirse sobre áreas de alimentación, reproducción y migración de especies marinas entre el Mar Argentino, las Islas del Atlántico Sur y la Antártida.

“La ecorregión del Mar Argentino comprende las aguas de la plataforma continental y sostiene una enorme productividad biológica, pues allí viven, se reproducen o se alimentan alrededor de 300 especies de peces, además de ballenas francas australes, lobos y elefantes marinos, pingüinos de Magallanes, albatros, petreles, cormoranes, orcas, delfines, tiburones y rayas”, detalló Colombo.

Flavio Quintana, biólogo del Centro Nacional Patagónico del Consejo Nacional de Investigaciones Científicas y Técnicas (Cenpat-Conicet), dirigió un estudio que investigó la conducta de distintas especies marinas y aves de la región, informó Conicet en 2022. Llegó a la conclusión de que las aguas adyacentes a las islas Malvinas conforman un único ecosistema marino junto al resto del mar patagónico argentino. 

El trabajo científico se centró en estudiar a los animales cuando se encontraban mar adentro, volando o buceando en aguas profundas lejos de la costa. Se realizó desde 1997, colocando registradores electrónicos de localización y comportamiento en distintas especies de cormoranes, pingüinos y petreles gigantes. Los datos obtenidos permitieron conocer las áreas marinas de importancia para estas y otras especies, los tiempos de permanencia en dichas áreas y el potencial de interacción entre los animales y las actividades del hombre en el mar.

Además, el estudio muestra que las especies investigadas se reproducen y transitan tanto en la plataforma continental argentina como en las Islas Malvinas, conectando todo el mar patagónico en una sola unidad ecológica.

Afectación a la fauna marina

Colombo puso como ejemplo al león marino, que se encuentran sobre la plataforma continental argentina, aproximadamente 220 kilómetros al norte de las Islas Malvinas. El hábitat de estos ejemplares, según Colombo, se encuentra cercano a los bloques petroleros identificados por las empresas de Sea Lion como PL032 y PL004B.

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“El proyecto contempla dos primeras fases con 23 pozos submarinos: 16 productores, seis de inyección de agua y uno de gas, incluyendo cañerías, equipos sobre el lecho marino y una unidad flotante de producción, almacenamiento y descarga”, explicó Colombo. El plazo de duración se estima en 30 años a partir de 2028. “La escala, dificultades logísticas, complejidad para operar y la proyección temporal del proyecto, junto a los riesgos propios del offshore ya reseñados, colocan en situación de vulnerabilidad al ecosistema marino”, agregó.

Esta iniciativa es operada por la empresa israelí Navitas Petroleum, que posee el 65 % del proyecto, mientras que la británica Rockhopper Exploration tiene el 35 % restante. Mongabay Latam escribió peticiones de información a los correos corporativos de ambas empresas para conocer su posición ante las críticas, pero no tuvo respuesta.

El avance del proyecto Sea Lion generó una respuesta del gobierno argentino. El presidente Javier Milei afirmó que la explotación de hidrocarburos en esa zona requiere autorización nacional y, por eso, el Ejecutivo argentino impulsa en el Congreso de ese país el proyecto de Ley de Defensa de la Soberanía Nacional, que busca ampliar el alcance de las sanciones aplicables a empresas y actores vinculados con actividades de explotación de recursos naturales sin autorización argentina.

Milei anunció el 3 de septiembre que buscará aumentar las sanciones en su país a petroleras con actividades en las islas Malvinas. El mandatario también afirmó que creará una base naval en la zona de Tierra del Fuego. “Procederemos a inhabilitar de operar en territorio argentino a las empresas involucradas directa o indirectamente en proyectos en las islas Malvinas sin autorización argentina”, dijo el presidente argentino en un discurso por cadena nacional. El mensaje de Milei se dio días después de que el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, declarara que está dispuesto a revisar la posición de Estados Unidos sobre la soberanía de las islas.

El gobierno de las Islas Malvinas, con respaldo del Reino Unido, extendió por cinco años las licencias petroleras offshore en medio de la escalada de tensión diplomática y judicial con Argentina. Esta prórroga, con una cláusula para sumar dos años más si se cumplen metas de trabajo, da estabilidad al proyecto Sea Lion.

En este contexto, la demanda contra el proyecto Sea Lion fue presentada por la Asociación Argentina de Abogados Ambientalistas (AAdeAA) y el Centro de Excombatientes de las Islas Malvinas (CECIM) de La Plata. Esa acción judicial fue entregada en septiembre con el fin de frenar el proyecto petrolero Sea Lion en la plataforma continental argentina. 

Zona con extremo frío

La principal preocupación de la comunidad científica y las organizaciones ecológicas argentinas radica en las condiciones extremas de la zona elegida para las perforaciones. A diferencia de las explotaciones en mares templados, el Atlántico Sur presenta temperaturas extremadamente bajas.

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Hernán Pérez Orsi, marino e investigador de Océanos y Energía, advirtió que, ante un eventual derrame de hidrocarburos, el frío ralentizaría drásticamente la descomposición y limpieza natural del crudo, provocando que la contaminación permanezca en el agua durante décadas.

Además, el investigador explicó, en contacto con Mongabay Latam, que las emisiones de dióxido de carbono (CO2) por la quema del petróleo producidas por Sea Lion también será uno de los impactos de mayor preocupación. En su demanda ante la Justicia argentina, Abogados Ambientalistas sostuvo que la emisión del proyecto sería de 9 millones de toneladas de CO2 durante el desarrollo y más de 100 toneladas por la quema de petróleo extraído, mientras Pérez Orsi comparó esas emisiones con las de Argentina, que emitió 171 millones de toneladas de CO₂ en 2024.

“La exploración petrolera en el mar intrínsecamente conlleva riesgos ambientales más altos y sus daños potenciales resultan más difíciles de controlar y cuantificar. Todo el ecosistema está sujeto a impactos. Las tareas de exploración que ya se llevaron a cabo incluyeron exploración sísmica, que consiste en la emisión de sonidos muy fuertes que viajan por la columna de agua hasta el lecho marino y allí provocan un pequeño sismo”, remarcó Pérez Orsi.

El experto añadió que el ruido submarino es una forma de contaminación que puede afectar negativamente a la fauna marina, desde el zooplancton hasta las grandes ballenas. “El ruido puede modificar el comportamiento habitual de los animales, enmascarar su comunicación, dificultar la percepción del entorno, desplazar de hábitats relevantes, provocar reacciones de estrés, interferir con sus funciones vitales, reducir la disponibilidad de presas y en casos extremos de exposición al ruido puede causar lesiones directas e incluso la muerte”, dijo.

Pérez Orsi afirmó que luego de la exploración vienen las perforaciones, ya sea exploratorias, de catas, diseño o de extracción, “que traen la amenaza de grandes derrames y la certeza de impactos directos por contaminación química y acústica, intrínsecos de la operación”.

“El petróleo crudo derramado puede dañar a los seres vivos debido a la toxicidad de sus componentes químicos. Esto afecta a los organismos tanto por exposición interna al petróleo, ya sea por ingestión o inhalación, como por exposición externa, a través de la irritación de la piel y los ojos. El petróleo también puede asfixiar a algunas especies pequeñas de peces o invertebrados, y cubrir sus plumas y pelaje, reduciendo la capacidad de las aves y los mamíferos para mantener su temperatura corporal”, detalló Pérez Orsi.

*Imagen principal: imagen de referencia. Plataforma petrolera offshore. Foto: Gobierno de Argentina.

El artículo original fue publicado por Iván Paredes Tamayo en Mongabay Latam. Puedes revisarlo aquí.

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Mientras en la Comisión de Agricultura de la Cámara de Diputados y Diputadas de Chile avanza un proyecto de ley que busca establecer medidas para capturar y controlar a perros asilvestrados y eximir de responsabilidad penal a quien actúe en defensa ante un ataque de estos animales, científicos cuestionan la categoría sobre la que se construye el proyecto y las soluciones propuestas.

“No sé si es el mejor enfoque porque la evidencia muestra que los perros que ocasionan mayor daño no son asilvestrados”, dice Darío Moreira, académico del departamento de Gestión Agraria de la Universidad de Santiago de Chile e investigador asociado del Instituto de Ecología y Biodiversidad (IEB).

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Los perros asilvestrados o ferales, aclara Moreira, conforman una categoría distinta a la del perro socializados, aunque se trata de la misma especie. Detalla que una de las mayores diferencias es que no tienen contacto con los humanos. “Hasta donde yo tengo entendido, no hay evidencia de poblaciones en Chile de perros que sean completamente ferales”, agrega.

Para Eduardo Silva, profesor e investigador de la Universidad Austral de Chile, “el problema de fondo es que en casi todos los casos hay un responsable humano detrás”. Es decir, en gran medida, canes que tuvieron o tienen tutor son los que atacan al ganado o a la fauna silvestre y no los llamados ferales o asilvestrados.

Por eso, a su parecer, la problemática podría solucionarse hasta “en un 80 % o 90%” al exigir tenencia responsable. Esto incluye la obligatoriedad de chips de identificación para perros, la prohibición de que los animales estén en las calles y la implementación de la “fiscalización estricta”.

A los especialistas les preocupa principalmente el impacto que estos animales tienen en especies nativas y amenazadas, que va más allá de los ataques. También se ha registrado desplazamiento de especies amenazadas y transmisión de enfermedades.

Además, entre 2011 y 2019, los perros fueron responsables del 68.3 % de las muertes por eventos de depredación de ganado registrados en Chile, de acuerdo con un estudio publicado a inicios de 2026 en la revista Ambio. Los pumas (Puma concolor), depredadores nativos, quedaron detrás con el 27 %.

Esta investigación, en la que participó Moreira, también halló que las regiones más afectadas son Magallanes, Los Lagos, Los Ríos, Aysén, La Araucanía y Biobío. Las ovejas fueron la especie más afectada, seguida por las cabras y las vacas.

Grises entre lo doméstico y lo silvestre

El perro es una de las especies de carnívoros más abundantes del planeta, por lo que el problema no es nuevo, explica Elke Schüttler, académica de la Universidad de Magallanes e investigadora asociada al Centro Internacional Cabo de Hornos.

Científicos empezaron a documentar las interacciones con vida silvestre hace unos 20 años y, más recientemente, usuarios de redes sociales han contribuido a visibilizarlas a través de la publicación de imágenes y videos. La situación se repite en otros países de Sudamérica y también de África y Asia, “donde la cultura es dejar a los perros en libertad de movimiento”, precisa la experta.

Schüttler ha trabajado en la isla Navarino, en el archipiélago de Tierra del Fuego, desde hace 15 años. Allí, donde no hay depredadores naturales y las especies no desarrollaron estrategias de defensa, los perros se convirtieron en el depredador tope, dice la científica. La isla es parte de la Reserva de la Biosfera Cabo de Hornos.

A pesar de que el pueblo indígena yagán ha vivido miles de años en el territorio, junto a los llamados “perros fueguinos”, llegaron muchas más mascotas cuando se instaló la base naval en 1953. “El alto flujo de personas y el libre movimiento de sus perros hizo que estos se acerquen al bosque”, cuenta la científica.

Así como sus colegas, no puede poner una línea clara entre los perros asilvestrados y los socializados. Tras realizar varios estudios, concluye que “hay un continuo” entre estas categorías. Pone el siguiente ejemplo: un perro de casa puede desaparecer semanas en el bosque, comportarse como perro silvestre obteniendo sus propios alimentos, pero después vuelve a casa con sus tutores.

También encontró casos en los que perros abandonados se alejan de la zona urbana, cazan especies nativas del bosque, forman manadas y tienen crías, pero después esas crías son adoptadas por campesinos que quieren evitar que ya de adultos ataquen al ganado.

En otro proyecto todavía en desarrollo, la científica y su equipo identificaron con cámaras trampa una serie de perros que se movían en el bosque. También levantaron una base de datos de mascotas de Puerto Williams, ya sean perros con tutores o callejeros. Contrastaron ambas bases de datos y, por descarte, encontraron los que consideran son perros asilvestrados.

Después indagaron sobre qué hábitat prefieren y encontraron que buscan la cercanía a poblados y estancias. Los expertos creen que esto se debe al mayor acceso a ganado, desechos y basura.

En el mismo proyecto hicieron análisis genéticos entre individuos asilvestrados y perros del pueblo. Encontraron que “la población asilvestrada no constituye un linaje genéticamente aislado, sino que forma parte de un sistema demográfico conectado en el que persiste flujo génico entre los distintos grupos de perros”, de acuerdo con el informe al que accedió Mongabay Latam.

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Otro estudio les permitió corroborar, al analizar fecas, que el 64 % de la dieta de estos animales correspondía a vacas o caballo, el 14 % a castores (Castor canadensis) –una especie de Norteamérica introducida en Navarino– y el 10 % a aves.

Por estos grises en la categorización, las políticas chilenas orientadas a atacar a los perros asilvestrados “han fracasado”, opina Schüttler.

Impactos en la fauna silvestre

El investigador Eduardo Silva también es coordinador de Snapshot Chile, una iniciativa de monitoreo estandarizado de mamíferos. Cada año, entre octubre y diciembre, voluntarios y el organismo de Parques Nacionales colocan hasta 2000 cámaras trampa en todo el país.

El objetivo, dice Silva, es obtener una “foto anual” de la fauna chilena. Las capturas también revelan la presencia de especies no nativas, entre ellas, el perro. Aunque los canes aparecen a lo largo del país, su presencia es “muy preocupante” en áreas protegidas del norte, precisa.

Para el especialista, estos datos ayudan a corroborar que en espacios biodiversos “no hay menos perros” y que “las políticas [de control] no han sido efectivas”. “Prueba de ello es que en la mayor parte de las áreas que se han evaluado por largo tiempo, no tienen evidencia de que el problema se reduzca en el tiempo”, dice.

Darío Moreira, investigador de la Universidad de Santiago de Chile, está evaluando la presencia de estos animales en áreas protegidas y su impacto en la fauna nativa. De manera preliminar, detalla que se halló que los perros están entre las especies no nativas más frecuentes en el país, solo superadas por las vacas y las liebres, estas últimas ya naturalizadas en Chile.

En otros estudios, Moreira y sus colegas han observado que en presencia de perros de libre deambular, algunas especies de la fauna nativa modifican sus patrones de uso del espacio. El pudú (Pudu puda) –uno de los ciervos más pequeños del mundo–, el zorro chilote (Lycalopex fulvipes) y el zorro chilla (Lycalopex griseus) se excluyen de las zonas de bosque nativo usadas por perros o tratan de ser menos activos durante el día para no coincidir con ellos por sus hábitos diurnos.

El patrón de actividad diurna de los perros también coincide con el de especies como el huemul (Hippocamelus bisulcus) y el guanaco (Lama guanicoe), lo que expone más a estas especies nativas a los ataques, dice Moreira.

“Prácticamente todos los mamíferos de mayor tamaño corporal en el país tienen evidencias de ataques por perros”, añade Silva. Esto incluye al gato colocolo (Leopardus colocolo), la güiña (Leopardus guigna), el pudú, el zorro chilote, el huillín (Lontra provocax) y el chungungo (Lontra felina).

En un proyecto recientemente finalizado, pero todavía no publicado, en el que se colocaron radiocollares a zorros en zonas urbanas y rurales de Valdivia, la mayoría de muertes registradas fueron causadas por perros, relata Silva. En la zona urbana, la totalidad de los casos, con y sin collar, correspondió a ataques de perros. Se documentaron siete casos desde 2024 en el sector Isla Teja en Valdivia.

Algunos de los atacantes fueron identificados en terreno como perros comunitarios. En ninguno de los casos hubo consumo de la presa, un comportamiento común en carnívoros que matan por competencia del espacio y no por alimentarse.

Silva y Moreira también alertan sobre los riesgos sanitarios. En el pasado ya se ha obtenido evidencia de zorros con sarna transmitida por perros. El distemper canino y el parvovirus son otras dos amenazas, pues se mantienen en poblaciones urbanas de perros conectadas con fauna silvestre. Especies como los zorros podrían contagiarse.

Tenencia y turismo responsables

En la isla Navarino, una investigación liderada por Elke Schüttler encontró que la mitad de los 37 perros monitoreados con collares GPS superaron los 500 metros del borde urbano y el 13.5 % realizó excursiones a más de 10 kilómetros del hogar, según la investigadora

La isla alberga el circuito de trekking más austral del mundo, donde turistas han filmado y difundido en redes sociales encuentros con perros. A la científica le preocupa el impacto de una manada de perros sobre especies nativas como el guanaco.

En un estudio publicado en 2022, junto a su equipo determinaron que los turistas actúan como vectores que facilitan el ingreso de perros a la naturaleza. A través de cámaras trampa y cuestionarios confirmaron esta interacción. Después, en una investigación publicada en 2025 encontraron que el estímulo principal que hacía que los perros siguieran a los turistas fue la comida. A partir de estos hallazgos, Schüttler propone diseñar políticas para concientizar a los turistas.

En una investigación mediante collares de posicionamiento satelital y un experimento de apego observaron que los animales con alta conducta exploratoria y bajo interés en la presencia del dueño se alejaban más. Por eso, las políticas deben dirigirse a los tutores, afirma Schüttler. Junto a su equipo encontraron que fortalecer el vínculo ayuda a que los perros sin restricción de movimiento no se alejen tanto de su hogar.

La científica, de origen alemán, identificó además un factor cultural. En Chile, dice, los perros pequeños suelen estar dentro de casa, mientras que los grandes afuera, lo que debilita el vínculo. Para la científica, la estrategia más efectiva es fomentar la tenencia responsable a través de diferentes vías de sensibilización, no solo multas.

En sus estudios, Silva ha observado algo en la misma línea. Atribuye la presencia de perros en zonas rurales, áreas protegidas y zonas urbanas con fauna silvestre a la tenencia irresponsable. En la mayor parte de las áreas protegidas que ha analizado, la mayoría de los animales identificados tienen tutor. Recalca que existen excepciones donde es probable que no tengan propietarios.

Para Silva, el debate sobre el control letal versus la tenencia responsable pierde de vista el punto central: “Ninguna estrategia va a funcionar si las mascotas no permanecen dentro de sus propiedades”. Enfatiza que los países con programas exitosos de manejo poblacional de perros son estrictos respecto al libre deambular.

Moreira coincide e insiste que a esto se suma la exigencia del registro del animal y el uso del chip vinculado a un humano, como herramienta para fiscalizar a los tutores. También son importantes, dice, la obligatoriedad de esterilización, desparasitación y vacunación a las mascotas.

Finalmente, aunque es una postura muy criticada por ciertos sectores, Moreira y Schüttler consideran que en las áreas protegidas y zonas donde habita fauna nativa no debería haber perros, lo que implica tomar medidas para su retiro siempre bajo los estándares de bienestar animal más altos.

El artículo original fue publicado por Ana Cristina Alvarado en Mongabay Latam. Puedes revisarlo aquí.

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Desde la costa de la ciudad turística de Puerto Madryn, en la provincia argentina de Chubut, el Golfo Nuevo parece la postal intacta de la costa atlántica patagónica. Cada invierno, llegan ballenas francas australes a parir en sus aguas tranquilas, bordeadas por la Península Valdés, patrimonio de la Humanidad desde 1999. Pero debajo de la superficie, prendidos a las rocas y a los pilotes del muelle, diversos moluscos bivalvos guardan algo que la postal no muestra: restos fitosanitarios, como trazas de pesticidas y herbicidas, que de alguna manera llegaron a estas aguas intactas.

Durante tres años, investigadores del Instituto Nacional de Tecnología Agropecuaria (INTA) recolectaron decenas de estos organismos en tres puntos del golfo para responder una pregunta: ¿qué filtran estos organismos?

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Su estudio, publicado a comienzos de 2026 en la revista Marine Pollution Bulletin, analizó la presencia de 57 restos fitosanitarios en moluscos recolectados en el golfo y reportó que ninguno de los animales se encontraba libre de estas sustancias. Al menos 49 de los 57 compuestos analizados, la mayoría de uso agrícola, estaban presentes al menos una vez en las muestras.

Lo que vuelve llamativo el hallazgo es la pregunta de dónde vinieron. El Golfo Nuevo es una cuenca semicerrada, su forma hace que el agua se renueve lentamente y favorece que las sustancias que ingresan permanezcan retenidas, explica a Mongabay Latam, David Galván, doctor en biología, ajeno al estudio y especializado en ecología marina con foco en ecología trófica y comunitaria.

Llama la atención que, según el último Censo Nacional Agropecuario (2018), la provincia de Chubut destina menos del 1 % de su superficie a la producción agrícola. Incluso, el propio estudio describe la actividad agroindustrial de la región como baja, con olivicultura limitada tierra adentro y ganadería dispersa a lo largo del territorio.

Lo que dicen los moluscos sobre el agua que los rodea

¿Por qué buscar información en un molusco? Los bivalvos, el grupo que reúne a mejillones, cholgas, almejas y vieiras, son animales sin cabeza, encerrados entre dos caparazones que dejan pasar el agua. Tienen formas que varían desde las cuñas negras, azuladas y alargadas del mejillón; los surcos de gran tamaño en el caparazón de la cholga; las corazas lisas y macizas de la almeja blanca; y las rayas que nacen de la cubierta en forma de abanico de las vieiras.

Todas comparten la particularidad de alimentarse mediante la filtración de agua, reteniendo en su cuerpo alimento en suspensión. Al filtrar sin descanso, estos moluscos quedan expuestos directamente a todo lo que el agua transporta.

“Los moluscos bivalvos que filtran o están alimentándose y pasando agua integran al mar a lo largo de su vida un montón de agua filtrada. Entonces, en un experimento con un molusco bivalvo, amplías el volumen de agua muestreado”, dice Galván.

En ese paso del agua por el organismo ocurre lo que el experto explica como bioacumulación. “El organismo está en contacto con un contaminante y ese contaminante entra al cuerpo de forma más lenta que en la que sale, y entonces lo acumulan”, describe.

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El resultado es que un solo molusco no refleja el agua de un instante, como haría una muestra tomada con un frasco, sino la suma de todas las sustancias que han pasado a través de él. A esa capacidad se suma una segunda característica distintiva: los bivalvos son organismos sésiles, permaneciendo fijos en un mismo lugar durante su vida adulta.

Por eso, lo que se detecta en sus tejidos corresponde al ambiente puntual donde habitan, “si haces un análisis con un pez, vos no sabés dónde comió ese pez, por dónde estuvo nadando”, señaló Galván. “El animal pudo haberse contaminado lejos del lugar donde fue capturado; el molusco, en cambio, no se mueve”. Estas características convierten a los moluscos en “centinelas” de la contaminación marina, tal como el estudio los describe.

El trabajo realizado por especialistas del INTA, el Consejo Nacional de Investigaciones Científicas y Técnicas (Conicet) y la Universidad Nacional de Hurlingham, analizó 87 moluscos bivalvos recolectados entre 2021 y 2023 en distintos sectores del Golfo Nuevo.

De los compuestos detectados, 28 superaron los 10 microgramos por cada kilogramo del tejido del molusco analizado. Sin embargo, como en Argentina no existen límites máximos de residuos específicos para moluscos bivalvos, los investigadores utilizaron como referencia el valor genérico de 10 microgramos por kilogramo establecido por la Unión Europea para los casos en que no existe un límite específico para una sustancia.

Entre los 28 compuestos que superan el umbral están el carfentrazone-etil, un herbicida empleado para el control de malezas y que registró las concentraciones más elevadas, con un promedio de 1904 microgramos por kilogramo (llegando a un máximo de 4139.5 microgramos por kilogramo) mientras que el carbendazim, un fungicida, y el diclorvós, un insecticida, estuvieron presentes en el 100 % de los ejemplares analizados.

El diclorvós fue retirado del mercado argentino en 2018 por decisión del Servicio Nacional de Sanidad y Calidad Agroalimentaria (SENASA), tras evaluaciones que advirtieron riesgos para la salud humana y el ambiente.

Los autores aclaran en el texto, no obstante, que ese valor de referencia de 10 microgramos por kilogramo no constituye un límite toxicológico para consumo humano, sino una herramienta comparativa que permite señalar sustancias que merecen investigaciones adicionales.

Mongabay Latam solicitó una entrevista con los autores del artículo para profundizar sobre los hallazgos, pero desde la Coordinación Nacional de Comunicación Institucional del INTA señalaron que, al tratarse de resultados preliminares que todavía no permiten identificar con precisión el origen de los compuestos detectados, prefieren no hacer declaraciones en esta etapa de la investigación.

Un golfo sin mercado

El artículo describe al Golfo Nuevo como un ambiente natural propicio para los moluscos bivalvos, pero aclara que la zona no figura entre las áreas de producción reconocidas sanitariamente por el Servicio Nacional de Sanidad y Calidad Agroalimentaria (SENASA) para su comercialización.

Consultados por Mongabay Latam, tanto José Ascorti, de la Asociación de Pescadores Artesanales de Puerto Madryn, como Paola Ciccarone, directora de Coordinación Pesquera y Acuicultura de Chubut, coincidieron en que la extracción comercial de bivalvos se concentra actualmente en el Golfo San José. Según Ascorti, en el Golfo Nuevo los bancos naturales son escasos y la pesca artesanal de mejillones, cholgas, almejas y vieiras no se desarrolla de forma comercial.

Ascorti, ex presidente de la asociación y quien trabajó 34 años como buzo marisquero antes de retirarse, explicó que “el Golfo San José tiene otra temperatura del agua, su boca mira al norte y recibe corrientes más cálidas, mientras que la del Golfo Nuevo se abre al sur, a aguas frías. El otro golfo [San José] es mucho más productivo”.

La ausencia de extracción comercial de bivalvos no significa ausencia de explotación de otros recursos pesqueros para consumo. En el Golfo Nuevo sí se capturan cangrejos y pulpos, señala Ascorti. Según David Galván, allí entra en juego la biomagnificación, un proceso por el cual los contaminantes se concentran a medida que ascienden en la cadena alimentaria: “Cuando un cangrejo se come al mejillón, no come uno. A lo largo de su vida consume miles y acumula los contaminantes que cada molusco retuvo. Y si un pulpo se alimenta de esos cangrejos, acumula más”.

El riesgo mayor de consumir estos moluscos, según Ascorti, no sería para los pescadores locales sino para quienes desconocen la zona. Cerca del muelle de Puerto Madryn, donde se hacen las primeras inmersiones de los buzos principiantes, cualquiera puede estirar la mano y sacar una cholga pegada a un pilote. “Probablemente pase que se lo coman así nomás entre turistas, gente que no es de la zona y no sabe sobre pesca”, aclara el pescador sobre el consumo informal.

La diferencia, sostiene, es que los locales sí saben lo que un visitante desprevenido no: “Acá toda la gente de la zona está bien concientizada de que no puede consumir ninguno de estos moluscos, en principio por la marea roja [la proliferación excesiva de microalgas tóxicas para el consumo humano]. Han encontrado contaminación cerca de los muelles también”.

Según Ascorti, sólo desde hace unos 15 años se ha empezado a tomar recaudos en los muelles. “Antes, incluso la sentina de los barcos [el punto más bajo del interior del casco de un barco, donde se depositan naturalmente los restos de aceite o los combustibles] se vaciaban en el propio muelle. Y los turistas no saben esas cosas”.

Aunque el SENASA es el organismo encargado de reconocer las zonas de producción de moluscos bivalvos y otorgarles validez sanitaria para su comercialización, el monitoreo de esas áreas recae en las autoridades provinciales, que deben realizar estudios periódicos sobre la calidad sanitaria y ambiental de las aguas y de los propios moluscos, conforme a los criterios establecidos por la Resolución SAGPyA 829/2006.

Entre los contaminantes que la normativa contempla para la evaluación de las zonas de producción se encuentran los compuestos organohalogenados, como el clorotalonil, uno de los fungicidas detectados en el 100 % de las muestras.

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En paralelo a las exigencias de la normativa nacional, la Secretaría de Pesca de Chubut mantiene un monitoreo mensual centrado principalmente en la detección de marea roja. Para ello analiza muestras de agua y moluscos en busca de las biotoxinas producidas por ciertas microalgas que pueden volver peligroso su consumo. A ese seguimiento se suma un control de los productos extraídos por la pesca artesanal antes de su comercialización.

Ninguno de estos programas, sin embargo, incluye análisis de restos fitosanitarios. “No se analiza ni presencia de agroquímicos porque no es el objetivo del programa”, aclaró Ciccarone.

Lo que el viento, o el agua, se llevó

El estudio no profundiza en cómo los restos fitosanitarios llegaron hasta los moluscos del Golfo Nuevo, señalando que “aunque la actividad agroindustrial es baja, con un cultivo de olivo limitado tierra adentro y ganadería dispersa, la zona es vulnerable a la escorrentía de pesticidas y a los afluentes de un complejo de procesamiento de productos de mar cercano”.

Los autores apuntan incluso a la deposición atmosférica (proceso por el cual los contaminantes del aire se transfieren hacia la superficie de la Tierra) como un mecanismo posible de contagio.

La escorrentía, un fenómeno donde el agua de lluvia en lugar de filtrarse en el suelo corre por la superficie y arrastra lo que encuentra en él, podría haber transportado pesticidas aplicados sobre cultivos o rastrojos hacia cuerpos de agua mayores.

Un estudio de 2021 realizado en el sur de Santa Fe (a unos 1700 kilómetros del Golfo Nuevo), ya vinculó la presencia de agroquímicos en aguas superficiales y subterráneas con la combinación de lluvias, escorrentía y aplicaciones agrícolas.

“Lo interesante en Golfo Nuevo es que no tiene un río, tiene una sola ciudad alrededor, que tampoco es tan grande”, señala Galván. “Tampoco hay un volcado cloacal que conecte la ciudad con el mar, la ciudad cuenta con un sistema de aguas cloacales que van a una cota. Hay pocas personas, no hay agricultura y hay un sistema de tratamiento de agua. Eso hace que el hallazgo del estudio sea llamativo”, concluye.

La deposición atmosférica, por otro lado, funciona cuando un pesticida aplicado sobre un cultivo se evapora desde el suelo, las plantas o el agua, viaja por la atmósfera en estado gaseoso, y vuelve a caer a una nueva superficie, ya sea por su propio peso o arrastrado por la lluvia. Por esa vía, un compuesto aplicado en una zona agrícola puede terminar depositándose sobre una región donde nunca se cultivó.

Este fenómeno ya fue previamente documentado en la Patagonia. Karina Miglioranza, investigadora del Conicet, con base en la Universidad Nacional de Mar del Plata, documentó en un estudio de 2021, la presencia de pesticidas circulando por la atmósfera patagónica.

Un trabajo posterior, de 2024, analizó invertebrados marinos comestibles de un puerto patagónico, hallando restos de agrotóxicos en esos organismos y vinculando su presencia a la vía aérea.

Un circuito que no termina en el golfo

Lo que el estudio publicado a comienzos de 2026 en la revista Marine Pollution Bulletin confirma es que el Golfo Nuevo no está exento de la huella química que dejan las actividades humanas, incluso sin una fuente evidente cerca. Estos hallazgos conectan además con un marco de estudio que cada vez gana más terreno en la ciencia ambiental: el enfoque “Una Salud” (One Health en inglés), que entiende la salud humana, ambiental y animal como un mismo sistema interdependiente, donde lo que ocurre en un eslabón, como el cultivo a cientos de kilómetros, repercute en los demás eslabones (una corriente de aire y un golfo aparentemente intacto).

Bajo esta mirada, citadas por los propios investigadores, un molusco fijo en una roca patagónica deja de ser un dato aislado de toxicología marina y se convierte en evidencia de un circuito mucho más amplio de ecosistemas que parecen no tener variables en común.

Los autores del artículo también coinciden en la falta de más trabajos para poder cerrar este circuito e identificar con precisión la vía de ingreso de los restos fitosanitarios, además de la necesidad de un monitoreo continuo, no solo en estudios puntuales, y la ampliación del análisis a otras especies de la cadena trófica del golfo.

Mientras tanto, el hallazgo deja de fondo otra pregunta: ¿qué está pasando en las áreas patagónicas donde la actividad agrícola sí es intensa? Los moluscos, después de todo, solo registran lo que el aire y el agua ya estaban transportando.

*Imagen principal: las aguas del Golfo Nuevo, en la provincia de Chubut, Argentina. Foto: cortesía Secretaría de turismo de Puerto Madryn

REFERENCIAS

Frydman, C., Gonzales, C., Pesquero, N., Ruiz, M.J., Barbieri, E.S., Mozgovoj, M. & Cristos, D. Occurrence and concentration of agricultural phytosanitary residues in bivalve mollusks collected from Golfo Nuevo, Argentina. Mar. Pollut. Bull. 225, 119298 (2026). https://doi.org/10.1016/j.marpolbul.2026.119298 

El artículo original fue publicado por Ana Victoria Domínguez Britos en Mongabay Latam. Puedes revisarlo aquí.

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A los 12 años, el investigador de nacionalidad alemana Heinz Arno Drawert comenzó a estudiar a los rivúlidos (Rivulidae: Cyprinodontiformes) —pequeños peces que vivían en estanques temporales— en el acuario de su casa. La fascinación por esta familia de peces lo llevó a estudiar Ingeniería Ambiental y a realizar sus prácticas desde 2001 en el Museo de Historia Natural Noel Kempff Mercado, en Bolivia, donde hoy se desempeña como investigador asociado.

En 2024, Drawert, junto al acuarista e ictiológo alemán Thomas Litz, marcaron un hito para la ciencia, la conservación y la ictiología boliviana al redescubrir al Moema claudiae, un pez que se creía extinto.

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La investigación, publicada a finales de 2025, fue determinante para que la Unión Internacional para la Conservación de la Naturaleza (UICN) y la comunidad científica boliviana actualizaran, en 2026, su estado de conservación. Este pequeño pez pasó de considerarse “Posiblemente Extinto” a “En Peligro Crítico”, un ajuste que no se realizaba desde hacía dos décadas. Sin embargo, a dos años de su redescubrimiento, la especie continúa en riesgo debido a la degradación de su único hábitat conocido: los humedales temporales de los Llanos de Moxos, en la cuenca amazónica.

Los humedales son estructuras hídricas naturales fundamentales para el equilibrio ambiental, la regulación del agua y la supervivencia de especies adaptadas a condiciones extremas. Un informe publicado este año por la revista especializada Zootaxa identificó de forma sistemática las especies de peces en Bolivia, posicionando a la cuenca amazónica como una de las áreas de mayor biodiversidad íctica en el país, con un estimado de 943 especies, de las cuales solo 690 han sido identificadas taxonómicamente.

Para Drawert, la conservación de Moema claudiae depende en gran medida de la protección de los humedales. Sin embargo, estas regiones se enfrentan a múltiples obstáculos, empezando por la ausencia de una estrategia pública de protección ambiental frente a amenazas como los incendios forestales, la expansión agrícola, la ganadería extensiva, la minería y la deforestación.

Marlene Quintanilla, ingeniera forestal y exdirectora de Investigación y Gestión del Conocimiento de la Fundación Amigos de la Naturaleza (FAN), quien no participó del estudio, refuerza esta idea mencionando que el marco jurídico en el país es aún débil. “Se puede decir que los humedales están huérfanos de protección legal a nivel nacional. Quizás se deba avanzar a escala departamental en regiones como Pando, Beni, Santa Cruz y Cochabamba”, dice la experta.

“En muchos casos se prioriza la producción económica, ya sea minera o hidrocarburífera, entonces siempre van a batallar con estos espacios”, agrega Quintanilla.

El pez que dio un salto en el tiempo

Cuenta Heinz Drawert que la búsqueda del Moema claudiae comenzó en 2019, lo que dio como resultado varias expediciones sin éxito. Estas visitas a campo suelen representar un desafío logístico que requiere meses de planificación: mapear humedales, gestionar permisos, preparar equipo técnico y asegurar suministros en zonas remotas donde el acceso a información es nulo. Una sola expedición puede absorber hasta un año de gestión.

En 2024, el equipo decidió explorar una zona desconocida en el sur de Beni, como parte del proyecto “Rivúlidos de Bolivia”, del Museo de Historia Natural Noel Kempff Mercado. Dos días antes de concluir el viaje, a primera hora, Drawert y Litz usaron métodos de captura tradicionales. Al izar la red, no esperaban hallar al pez que la ciencia daba por desaparecido hacía más de dos décadas.

Este diminuto vertebrado, que no supera los 3.91 centímetros en los machos y los 3.27 centímetros en las hembras, fue registrado por primera vez en 1997 por el investigador Wilson Costa, quien lo describió científicamente y lo nombró en honor a su esposa. Sin embargo, Drawert comenta que apenas un año después del hallazgo, la localidad donde registraron la especie —ubicada a 60 kilómetros al norte de Ascensión de Guarayos— desapareció por completo debido a la degradación del hábitat causada por la expansión de la frontera agroindustrial.

En 2016, tras una década sin un solo registro, la Unión Internacional para la Conservación de la Naturaleza (UICN) lo declaró como “Posiblemente Extinto”.

Si en 2026, al cumplirse diez años de esa declaración, la especie no mostraba algún rastro, la UICN la declararía oficialmente extinta. Con su hábitat original destruido y sin nuevos avistamientos, todo apuntaba a que este pez microendémico de Bolivia no tenía posibilidades de supervivencia.

Sin embargo, en abril de 2024, tras una expedición de diez días y a 100 kilómetros del primer descubrimiento, los investigadores hallaron una población viva de Moema claudiae en medio de extensos campos de cultivo de granos —especialmente arroz— en la provincia de Marbán, Beni.

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“Ese día nos fuimos temprano al lugar donde teníamos nuestro campamento establecido. Sacamos fotos, comparamos las imágenes con la información en internet y confirmamos, una y otra vez, que era la especie. Fue un día de fiesta y alegría”, recuerda Drawert. Tras el hallazgo, el estudio y la confirmación, los científicos lograron trasladar dos ejemplares a la colección ictiológica del museo, garantizando así una evidencia física para el estudio y la validación científica de la especie.

“En ecología de la conservación normalmente no tenemos segundas oportunidades; la extinción es para siempre. En este caso, estamos frente a una especie que se creía extinta y, de pronto, tenemos una segunda oportunidad para conservarla. Eso ocurre muy rara vez, es como haberse ganado la lotería”, comenta emocionado a Mongabay Latam.

El secreto biológico de Moema claudiae

Cuando los investigadores lanzaron y sacaron la red, notaron inmediatamente un rivulidae diferente entre varios. Moema claudiae no pasó inadvertido, los colores rojizos y naranjas en las aletas con un cuerpo grisáceo que combina manchas rojas y celestes metálicos llamó la atención de los científicos. Pero sólo hasta que observaron la mancha humeral negra, grande y alargada verticalmente pudieron reconocer al pez.

Drawert cuenta que lograron sacarlo y lo trasladaron en un balde para, finalmente, registrar por primera vez una especie viva en fotos. Mientras más pasaban las horas, los científicos se dieron cuenta de una particularidad en este tipo de peces. “Observamos el mismo comportamiento. Como teníamos varios juntos en el balde, saltaban, salían y se pegaban fuera del agua. Entonces ahí le dije a Thomas: ‘Ups, mira, estos también son anfibios’”, relata.

La familia de los rivúlidos posee un ciclo evolutivo único por su adaptación anfibia que les permite sobrevivir horas o semanas fuera del agua, transformando su respiración branquial en dérmica, es decir, a través de la piel. Como habitan espacios donde, en teoría, no deberían existir peces, han sincronizado su vida con los humedales temporales. Se desarrollan cuando el estanque está lleno, alrededor de seis semanas, y, cuando el agua comienza a evaporarse, los adultos entierran sus huevos en el sustrato.

Allí, los embriones aguardan meses o años, en estado de diapausa (descanso en el desarrollo de los insectos y otros animales pequeños), hasta que las lluvias inundan nuevamente el terreno y permiten la eclosión. Por esta razón se les conoce como peces anuales o estacionales.

Según Drawert, existen dos teorías sobre esta evolución. Al vivir en espacios mínimos, es posible que la alta densidad poblacional genere conflictos que fuerzan a algunos individuos a salir. La segunda hipótesis sugiere que, cuando el nivel del agua baja y dificulta la puesta de los huevos, los peces se ven obligados a abandonar el estanque en busca de nuevos sitios para asegurar su descendencia.

Además, estos pequeños vertebrados coloridos cumplen roles ecológicos fundamentales, ya que regulan el flujo de nutrientes, mantienen la salud de sus microhábitats y actúan como controladores biológicos de insectos como los mosquitos.

Para el investigador, aún no se dimensiona la importancia de estos peces, ya que ninguna otra especie podría reemplazarlos y advierte que los rivúlidos en Bolivia se enfrentan no solo a la deforestación, la alteración de los sistemas hidrológicos y la contaminación por agroquímicos, sino a un desconocimiento científico.

Muchas otras especies de estos peces atraviesan una situación similar sin que existan datos suficientes para protegerlas. Según la investigación de finales de 2025, publicada en la revista Nature Conservation, en el país se han registrado 32 especies de rivúlidos, de las cuales el 58 % son endémicas y un 8 % sólo ha sido documentada en su localidad tipo (en las llanuras de inundación del río San Pablo, Ascensión de Guarayos), lo que las hace extremadamente vulnerables a cualquier cambio en su entorno.

El desafío de los santuarios

Moema claudiae reapareció en el punto donde la selva amazónica se encuentra con la sabana de los Llanos de Moxos. En medio de los extensos cultivos, el pez halló refugio en un estanque de “aguas negras”. Estas zonas hídricas suelen tener características peculiares que permiten el desarrollo de estos pequeños peces.

Marlene Quintanilla explica que “toda la hojarasca que cae al suelo se concentra en el humedal durante la época húmeda. Esa biomasa genera condiciones químicas muy específicas, un tipo de acidez propia para estas especies tan raras y endémicas. Esa conexión entre el bosque y el humedal crea un entorno donde emergen especies únicas en el mundo”.

La expedición científica no sólo logró identificar con vida a Moema claudiae sino que encontró la zona con mayor diversidad de rivúlidos a nivel global. Mientras la literatura científica documentaba apenas cinco especies por hábitat, en este humedal —ubicado en Llano de Moxos— se encontraron siete. Según el artículo científico, esta abundancia se debe a la confluencia de unidades hidrográficas y ecológicas que coinciden en un mismo punto.

Drawert, coautor del documento, confirma que Bolivia es un epicentro global para estos peces: “Guarayos tiene una diversidad altísima, pero hay otra región cerca de la laguna Concepción, en la planicie del río Quimome, que es el segundo lugar con más diversidad de peces estacionales en el mundo. Hemos encontrado hasta seis especies juntas, una cifra que solo se ve en sitios específicos de África y Argentina. Bolivia alberga, prácticamente, el primer y segundo lugar con mayor riqueza de rivúlidos a nivel mundial”.

Sin embargo, los humedales se encuentran en constante riesgo de desaparecer. De acuerdo con el Instituto de Investigaciones Socio-Económicas (IISEC), desde 2001 hasta 2024 el país perdió 9.8 millones de hectáreas de bosque, lo que también afecta a humedales permanentes y temporales. Según el documento Humedales, un sostén clave de la Amazonía y su contextos de protección en Bolivia, hecho por la FAN, los humedales de todo tipo representan el 41 % del territorio del país y se enfrentan a impactos de la minería, los hidrocarburos, la agroindustria y el cambio climático.

En el caso de los temporales, además son estigmatizados como tierras improductivas o focos de infección. Para Quintanilla, la pérdida de los humedales representa un riesgo para el ciclo hídrico y la seguridad alimentaria de todo el país.

Por otra parte, las especies que habitan estos cuerpos de agua son microendémicas. Es decir, tienen una distribución tan pequeña que no pueden colonizar nuevos territorios. Si el estanque desaparece, la especie se extingue.

Quintanilla explica que la interdependencia entre los humedales y los peces responde a la cadena trófica: “Los peces son la base fundamental para sostener a otras especies, tanto migratorias como propias del lugar. Muchos animales persisten gracias a la concentración de alimento en estos humedales. Hay un mundo ecológico que sobrevive gracias a este ciclo de inundación”.

Futuro de la conservación y el rol de la ciencia

La situación de Moema claudiae es crítica y continuar con las expediciones ha significado un desafío constante. Tras el hallazgo de 2024, una siguiente expedición en 2025 fue limitada por el exceso de agua y en 2026 las actividades se han visto obstaculizadas por problemas sociopolíticos. Esto deja gran parte del territorio boliviano sin explorar y, actualmente, los Llanos de Moxos son el único lugar conocido que alberga a la especie en estado silvestre.

Sin embargo, aún no existe una estrategia de conservación clara para este diminuto pez. El Museo Noel Kempff Mercado, que lidera la investigación, tiene sus límites. Al respecto, Drawert comenta: “Nuestra función es la generación de conocimiento. Confirmamos la existencia, la ubicación y las características ecológicas de la especie. Tomar medidas de conservación le toca a las autoridades, a partir de ese conocimiento”.

El reto principal para la preservación de esta especie, y los rivúlidos en general, es garantizar la protección de los humedales. Pero Bolivia carece de una legislación específica para gestionarlos. Aunque la Constitución, en su artículo 374, reconoce los recursos hídricos como prioridad nacional y la Ley Forestal 1700 establece “servidumbres ecológicas” —franjas de protección en riberas y planos de inundación—, la realidad es confusa.

Según Marlene Quintanilla, el problema es técnico y político, ya que “se habla de servidumbres ecológicas y de franjas de protección de hasta 100 metros de la máxima crecida de los cuerpos de agua. El reto es determinar dónde está esa máxima crecida, quién lo dice y cómo se prueba”.

Robert Schock, alcalde suplente de Ascensión de Guarayos —zona donde se encontró por primera vez a la especie—, señala que la degradación de los humedales está impulsada por la expansión agrícola y la informalidad de la tierra, problemáticas que sobrepasan las competencias municipales y dependen de instituciones como el INRA o el SEARPI.

“Nuestra obligación llega hasta dar parte, porque ya hay un desvío de cursos naturales de agua que compete a una autoridad superior”, explica. Y añade: “Ha bajado un poco el uso de los humedales y la siembra de arroz en la provincia de Guarayos, porque estos arroceros se han trasladado a la provincia de Marbán, donde también podría verse afectado el hábitat natural del Moema”.

Mongabay Latam intentó comunicarse con Rolando Vargas, alcalde de San Andrés, de la provincia de Marbán —lugar donde se descubrió recientemente la especie—, para conocer sus planes de conservación del Moema claudiae y protección de los humedales, pero hasta el momento no ha obtenido respuesta.

Las expediciones científicas para buscar nuevas especies de peces de la familia Rivulidae se encuentran suspendidas por el contexto político, social y económico boliviano y no se prevé su reactivación hasta 2027. Para Drawert, el hallazgo de Moema claudiae trajo esperanza para la conservación de la fauna silvestre, también puso en evidencia las graves fallas estructurales que amenazan la biodiversidad boliviana.

“Hace poco me desesperaba, sentía esa urgencia de que el tiempo se nos acababa y no íbamos a lograrlo. En los últimos años me resigné, pero al menos intentamos hacer lo más que se pueda. Sin nuestro trabajo no se pueden tomar medidas de protección”, reflexiona.

REFERENCIA

Drawert HA, Litz TO (2025). Rediscovery of a thought to be extinct beauty: a second chance for conservation. Nature Conservation 60: 115-124. https://doi.org/10.3897/natureconservation.60.160386

El artículo original fue publicado por Brenda Villalba Sanchez en Mongabay Latam. Puedes revisarlo aquí.

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Entre enero y junio de 2026, el Servicio de Evaluación Ambiental (SEA) aprobó 23 proyectos mineros por 3275 millones de dólares, un número alto considerando las 13 iniciativas aprobadas durante el mismo período del año anterior. El reporte estadístico del SEA a junio de 2026 registra, además, 34 proyectos mineros ingresados al sistema durante ese semestre, con inversiones declaradas por más de 18 000 millones de dólares.

El aumento de la producción minera en Chile, concentrada principalmente en las zonas desérticas del norte del país, plantea rápidamente una pregunta clave: ¿de dónde saldrá el agua para abastecer la industria? La respuesta apunta cada vez más hacia el mar.

Según la última proyección de demanda de agua de la Comisión Chilena del Cobre (Cochilco), una mayor producción de ese mineral, ya sea por la expansión de operaciones existentes como por la entrada de nuevos proyectos, requerirá mayores cantidades de agua. De hecho, proyecta que el consumo hídrico de la minería del cobre aumentará de 18.5 metros cúbicos por segundo en 2024 a 20.6 en 2034. A simple vista parece poco, pero este incremento representa la cantidad de agua que permite llenar una piscina olímpica cada 20 minutos.

El cambio más profundo para alcanzar ese escenario está en el origen del recurso: el agua de mar pasará de representar un 40.7 % del abastecimiento de la minería a un 67.6 %.

En concordancia con esa tendencia, en mayo de 2026, y tras siete años de discusión en el Congreso, Chile promulgó una ley de desalinización. La norma crea por primera vez un régimen jurídico específico para eliminar la sal del agua marina de tal manera que esta pueda ser destinada a diferentes usos, desde el consumo humano hasta la producción minera.

Sin embargo, su entrada en vigor no será inmediata. La propia ley estableció un período máximo de 18 meses para dictar los reglamentos necesarios para cumplir con la nueva legislación y, en el mismo plazo, definir cómo será el procedimiento para elaborar una Estrategia Nacional de Desalinización. Este instrumento de planificación a largo plazo, creado por la ley, busca orientar el desarrollo de la industria y coordinarla con la planificación hídrica, ambiental y territorial del país.

Entre los objetivos destaca contribuir a la seguridad hídrica y a la adaptación al cambio climático, dado que los efectos del calentamiento global están impactando mayormente al país con sequías cada vez más intensas y prolongadas.

Sin embargo, científicos y especialistas advierten que importantes asuntos ambientales quedaron pendientes en la ley de desalinización. ¿Cuáles son y qué riesgos conllevan?

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La ley no establece estándares específicos para las descargas de salmuera, el agua con una alta concentración de sal disuelta, que resulta del proceso de desalinización. La salmuera suele ser vertida al mar, aunque existe evidencia sobre sus potenciales efectos en ecosistemas marinos. Todavía existen importantes vacíos sobre cómo se manifiestan estos impactos en las distintas condiciones que presenta la costa de Chile.

La ley tampoco obliga a dictar una norma que las regule, ni fija criterios concretos sobre la captación de organismos marinos que pueden ser absorbidos junto con el agua de mar. Tampoco incorpora reglas propias para evaluar los impactos acumulativos de varias plantas desalinizadoras sobre un mismo ecosistema costero.

Parte de esas definiciones dependerán de los reglamentos, normas ambientales y herramientas técnicas que todavía están en proceso de elaboración. Para los expertos, el riesgo principal es que la expansión de la desalinización avance más rápido que las normas destinadas a medir y limitar sus impactos.

Rivera advierte, sin embargo, que varios elementos ambientales quedaron para una etapa posterior. Entre ellos están los límites específicos para las descargas de salmuera en el mar y los protocolos de monitoreo. También, los criterios para evaluar impactos. Incluso las definiciones de qué se entenderá por una planta de “dimensiones industriales” o una extracción “intensiva” deberán ser precisadas.

Uno de los puntos más relevantes es la salmuera, el residuo líquido del proceso de desalinización, que presenta una concentración de sal mayor que la del agua de mar. En las plantas que utilizan una metodología llamada ósmosis inversa, el agua captada desde el mar atraviesa membranas que separan gran parte de las sales. Desde aquí, una parte se convierte en agua desalinizada y otra, más concentrada, la salmuera, es generalmente devuelta al océano mediante emisarios.

La nueva ley establece que el Ministerio del Medio Ambiente podrá desarrollar una norma de emisión específica para estas descargas y otros productos del proceso, pero no obliga a dictarla.

“Contar con esa norma es crítico”, dice Rivera. Actualmente, explica, la regulación no fija un límite de salinidad específico para las descargas de las plantas desalinizadoras ni una lista específica de contaminantes aplicable para las descargas de salmuera.

En paralelo, la Subsecretaría de Pesca mantiene en ejecución un proyecto que busca desarrollar una metodología específica para evaluar ambientalmente las descargas de salmuera en ecosistemas marinos costeros e incorporarla a los procesos de evaluación ambiental. Esta metodología establecerá criterios para estudiar sus potenciales impactos, pero no fijará límites obligatorios de emisión, como podría hacerlo una norma específica.

Para Rivera, la nueva ley avanzó más en ordenar procedimientos, concesiones y herramientas de planificación que en fijar estándares ambientales concretos para la desalinización.

Laura Farías, oceanógrafa y profesora titular de la Universidad de Concepción, resume esa tensión de otra manera: la normativa “tiene muy buenas perspectivas para el cambio climático, pero no tiene una mirada desde el mar”.

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El impacto comienza antes de la descarga

La atención suele concentrarse en la descarga de salmuera, pero Farías advierte que el primer impacto potencial ocurre antes, cuando se absorbe el agua. La captación funciona como “una gran bomba que succiona todo”. Junto con el agua, pueden ingresar fitoplancton, zooplancton, huevos y larvas de distintas especies, afectando los ecosistemas marinos.

María José Díaz Aguirre, bióloga marina y académica de la Escuela de Ciencias del Mar de la Pontificia Universidad Católica de Valparaíso, coincide en que la captación es una de las áreas donde todavía falta evidencia en Chile. A su juicio, la nueva normativa aborda principalmente la infraestructura, pero desarrolla poco las consecuencias ecológicas de extraer agua que contiene nutrientes y organismos. “La nueva normativa queda muy en deuda con el tema ambiental”, sostiene.

Díaz ha estudiado desaladoras del norte del país y explica que tampoco existe una única respuesta frente a la salmuera. Su dispersión depende del volumen producido, del diseño de los emisarios y difusores, del oleaje, las corrientes y la ubicación. Una descarga en costa abierta puede diluirse con mayor rapidez que otra dentro de una bahía protegida.

En estudios realizados en Caldera, ciudad costera de la Región de Atacama donde operan al menos tres grandes plantas desalinizadoras, la investigadora observó modificaciones principalmente cerca de los emisarios: algunos organismos sésiles —aquellos que viven adheridos al fondo marino, como algunas algas o moluscos— disminuyen; especies móviles pueden desplazarse y otras más tolerantes comienzan a ocupar esos espacios. El impacto, por lo tanto, no necesariamente aparece como una mortalidad evidente e inmediata, sino también como un cambio en la composición de la biodiversidad marina.

“La solución no es: tenemos difusores, la salmuera se diluye rápido y no hay impacto”, explica Díaz. “El impacto siempre va a estar. Lo que se puede concluir es que posiblemente sea más acotado según el tipo de proceso”. También existen interrogantes sobre antiincrustantes y otros productos químicos utilizados durante el proceso y sus efectos sobre organismos, sedimentos y microorganismos.

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¿Cuánto puede soportar una bahía?

La ubicación de los proyectos se vuelve especialmente importante porque las desalinizadoras no operan sobre ecosistemas vírgenes. En muchas bahías conviven puertos, descargas sanitarias, acuicultura, pesca artesanal y otras actividades industriales.

“Finalmente hay una sinergia entre todas las actividades y cuánto puede recibir o cuál es la capacidad de carga que tiene una bahía es un estudio mayor”, señala Farías.

Díaz plantea una preocupación similar. Una desaladora puede compartir un ecosistema con descargas de aguas residuales u otras industrias, pero las evaluaciones pueden terminar abordándolas desde proyectos distintos.

Pamela Poo, politóloga y directora de Políticas Públicas e Incidencia de Fundación Ecosur, quien siguió la discusión legislativa, apunta precisamente al problema de analizar los proyectos “caso a caso” y sostiene que esa lógica dificulta observar de forma integral los impactos sinérgicos.

“¿Cuántas desalinizadoras realmente soporta el borde costero? Esa es la pregunta que realmente tenemos que hacernos”.

El Servicio de Evaluación Ambiental (SEA) cuenta actualmente con instrumentos para abordar parte de ese problema. Desde febrero de 2025, está vigente un criterio técnico para incorporar impactos acumulativos y sinérgicos en la evaluación ambiental. Además, la segunda edición de la guía del SEA para plantas desalinizadoras, publicada en 2026, establece que cuando existan o se proyecten otras captaciones o descargas cercanas debe evaluarse su efecto acumulativo o sinérgico.

Para las científicas consultadas, sin embargo, el desafío va más allá de identificar cómo interactúan distintos proyectos. Plantean que también es necesario conocer la condición previa del ecosistema y determinar cuánto puede soportar una bahía completa antes de deteriorarse.

Una regulación en construcción

Rivera identifica además otra brecha: el vínculo entre agua y energía. Desalinizar requiere electricidad para separar las sales del agua, pero en la minería se suma otro consumo importante: bombear el agua desalinizada desde la costa hasta las faenas mineras que, muchas veces, se encuentran a cientos de kilómetros y/o a gran altura sobre el nivel del mar.

Cochilco proyecta que el consumo eléctrico asociado al uso de agua de mar en la minería del cobre alcanzará 5.4 teravatios-hora (TWh) en 2034, equivalente al consumo anual promedio de alrededor de dos millones de hogares chilenos. Casi el 80 % de la energía proyectada por Cochilco se destinaría únicamente a impulsar el agua desde la costa.

La eficiencia hídrica y energética deberá formar parte de la futura Estrategia Nacional de Desalinización. Sin embargo, la nueva ley no fija estándares mínimos de desempeño energético ni condiciona las concesiones al uso de fuentes renovables. “Una política pública en esta materia no puede tratar ambos recursos de manera disociada”, sostiene la abogada.

Las científicas entrevistadas no plantean abandonar la desalinización. Díaz aclara que no considera esta actividad entre las industrias más destructivas de los ecosistemas costeros y destaca que existen tecnologías y decisiones de localización que pueden reducir significativamente sus efectos. El desafío, dice, es contar con mejores líneas de base, monitoreos específicos y exigencias adaptadas a cada lugar.

Buena parte de esas respuestas deberán definirse antes de que la ley entre plenamente en vigor en 2027.

La desalinización ya comenzó a transformar la forma en que Chile obtiene agua. La pregunta pendiente es si la regulación, la ciencia y la planificación ambiental avanzarán con suficiente rapidez para evitar que la respuesta a una crisis en tierra genere nuevas presiones sobre el océano.

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El artículo original fue publicado por Michael Lieberherr Pacheco en Mongabay Latam. Puedes revisarlo aquí.

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Los Andes es una región susceptible de sufrir desastres ocasionados por glaciares, sin embargo, para el glaciólogo argentino Lucas Ruiz, es importante que la comunidad sepa que no todos los colapsos de glaciares van a generar un aluvión del tamaño del que se vio en Nepal el pasado 28 de agosto.

“Que exista el peligro no quiere decir que va a ser un evento de esa magnitud, queremos generar acción y medidas para estudiar estos eventos, pero no que nos paralicemos del miedo”, dijo en conversación con Mongabay Latam.

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La riada que cubrió poblaciones completas e infraestructura crítica en Nepal se originó por el colapso de un glaciar y la roca que estaba en su base. Ahora se sabe, detalla el experto, que el colapso formó un dique natural que represó el río y causó la acumulación de agua por un breve lapso, aumentando la cantidad de agua que después se liberaría.

Ruiz explica que el cambio climático es el “catalizador”. Precisa que las olas de calor, el aumento de las temperaturas y los veranos cada vez más extensos causan el derretimiento de los glaciares. Además, en zonas donde las precipitaciones caían en forma de nieve y alimentaban los glaciares, es cada vez más común que las precipitaciones caigan en forma de lluvia y contribuyan al deshielo.

El agua de lluvia, a su vez, aumenta la presión en la base y favorece el deslizamiento. También acelera el derretimiento o la fusión, en términos científicos, y fractura las rocas que sostienen los grandes bloques de hielo. Este escenario facilita los desprendimientos con impactos de gran magnitud.

“Los fenómenos climáticos de escala global como El Niño Oscilación Sur pueden influir”, agrega Felipe Ugalde Peralta, geólogo especialista en glaciología chileno. Por ejemplo, dice, El Niño podría ocasionar un evento hidrometeorológico intenso con lluvia en altura, en zonas donde solía nevar.

A esto se suma que con El Niño, los veranos suelen ser muy calurosos, lo que provocaría derretimiento a un ritmo más rápido, explica Ruiz.

Para Ugalde Peralta, no hay que dejar de lado el rol de factores locales, como la disposición y tipo de rocas que yacen bajo los glaciares. De hecho, puntualiza que una de las hipótesis sobre el caso de Nepal es que las rocas reunían ciertas características que hacían que en ese sitio hubiera un desprendimiento de esa magnitud.

La amenaza de los volcanes y el calentamiento global

En la región andina, señala Ugalde Peralta, una de las amenazas más grandes son los glaciares ubicados en volcanes. Recuerda la erupción del volcán Nevado del Ruiz. Aunque no fue de grandes magnitudes, fundió nieve y hielo. Luego se formó un lahar que recorrió más de 100 kilómetros y ocasionó una avalancha que sepultó a la población de Armero.

“Si hay volcanes activos con glaciar en su superficie deben ser analizados desde esta mirada de la interacción glaciovolcánica”, dice el especialista chileno. Esto es transversal a Colombia, Ecuador, Perú y Chile, añade.

Paola Moschella, directora de investigación en glaciares del Instituto Nacional de Investigación en Glaciares y Ecosistemas de Montaña (INAIGEM) de Perú, advierte que no todos los glaciares van a generar una situación de riesgo. No obstante, los Andes tropicales son más vulnerables a la fusión, principalmente por el cambio climático, asegura. Esta región va desde Venezuela hasta Bolivia, dejando por fuera a Chile y Argentina.

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Perú tiene la mayor concentración de glaciares tropicales, dice la especialista. Estos se encuentran en montañas de gran elevación, sobre los 5000 metros de altitud. El cambio climático, afirma, ya ha causado el retroceso del 59 % de la superficie glaciar de Perú. “Eso aumenta la susceptibilidad”, agrega. A eso se suma que hay poblaciones e incluso ciudades cerca de los glaciares, aumentando el riesgo.

El desprendimiento de grandes masas de hielo no es el único peligro. Otro fenómeno documentado son los aluviones generados por el vaciamiento repentino de lagos glaciares, conocidos como GLOF por sus siglas en inglés, detalla Ruiz. Varios países andinos podrían ser afectados.

Los GLOF, dice el especialista argentino, son fácilmente cuantificables porque están asociados a la generación y el crecimiento de lagos por el retroceso de los glaciares. Para evaluar las amenazas, se analizan los diques que contienen los lagos y el volumen de agua que se vertería a la cuenca en caso de romperse, explica.

Perú: glaciares y lagunas están en riesgo de colapsar

En Perú ya se han registrado desastres de origen glaciar, de acuerdo con Moschella. En 1970, un terremoto en la costa ocasionó el desprendimiento de un gran bloque de hielo y roca del Huascarán, la montaña más alta de Perú y de toda la región tropical del planeta, aseguró.

El hielo se derritió y generó un aporte intempestivo de gran cantidad de agua. Esto se mezcló con rocas y más material del suelo, generando un aluvión que descendió a lo largo de decenas de kilómetros hasta llegar a zonas pobladas y dejar un saldo de 6000 muertos.

En la actualidad existen dos peligros de origen glaciar que pueden afectar zonas pobladas, dice la experta. El primero son las avalanchas de hielo y roca, que como ya sucedió en el pasado, por su cantidad material y velocidad pueden generar aluviones hacia las partes bajas.

El INAIGEM ha identificado glaciares susceptibles a desprenderse en el pico sur y en el pico norte del Huascarán. En un estudio realizado en 2020 la institución encontró que el desprendimiento de glaciares susceptibles afectaría en su totalidad a la zona urbana de Ranrahirca y parte de Yungay, donde habitan 11 385 personas. Estas mismas dos ciudades fueron devastadas por el aluvión de 1970.

Un desprendimiento en el pico sur, por otro lado, podría generar un aluvión que llegue en menos de 12 minutos a poblados, afectando a más de 9900 personas, de acuerdo con una evaluación publicada en 2025.

El segundo peligro es el desbordamiento de lagunas glaciares. Una evaluación nacional realizada en 2024 identificó 528 lagunas con riesgo de desborde, de las cuales 58 presentan riesgo muy alto, señaló Moschella. “No nos referimos a una situación de peligro inminente, sino a lagunas en las que se reúne una serie de condiciones”, precisó. Por ejemplo, pendientes agudas, zonas de caída de avalanchas de hielo y diques naturales de materiales no consolidados.

Entre los casos de mayor alerta está la laguna Palcacocha, sobre la ciudad de Huaraz, departamento de Ancash, que ya se desbordó en el pasado y sepultó una tercera parte de la ciudad. “Esa misma laguna ha ido creciendo y representa un riesgo incluso mayor”, advirtió. Unas 27 000 personas están expuestas a este peligro, dice.

El INAIGEM mantiene monitoreo en tiempo real en las lagunas Upiscocha, en Cusco; Palcacocha; y Gangrajanca, en Huánuco. De acuerdo con Moschella, están trabajando en ampliar los casos de monitoreo en tiempo real, lo que permite emitir avisos automatizados a los gobiernos locales cuando se superan umbrales de peligro para brindar alerta y dar unos minutos de acción a la población de la parte baja.

La institución sigue levantando información, creando mapas de peligro y ofreciendo asistencia técnica. Sin embargo, dice la directora, “corresponde a las autoridades locales implementar las medidas de mitigación”. Adelantó que el Instituto Geofísico del Perú (IGP) lanzará sistemas de alerta temprana en zonas expuestas a un posible aluvión en Huascarán.

Chile: hay 4000 kilómetros de cordillera por monitorear

Chile enfrenta peligro de desastre de origen glaciar en la zona central del país, explica Ugalde Peralta. En 2025 publicó un estudio que evaluó la susceptibilidad de desastres de glaciares en la cuenca del río Volcán, en el Cajón del Maipo, Región Metropolitana. En la zona hay varios asentamientos, una obra hidroeléctrica, una mina de yeso y termas, lo que la hizo prioritaria para un análisis de gestión de riesgo, dice. La cuenca además está coronada por el volcán activo San José.

El estudio encontró que diez glaciares presentan alta susceptibilidad a avalanchas de hielo, uno a avances súbitos, dos a desprendimientos catastróficos, siete a GLOF y tres a lahares provocados por erupciones volcánicas.

Ahora está ampliando esa investigación a la zona central de Chile, que concentra el 4 % de glaciares del país, pero donde vive cerca de la mitad de la población. Está identificando características que aumentan la posibilidad de desastres. Una de ellas es que el glaciar tenga un frente muy pronunciado sobre una pendiente de 30 grados, por lo general. En el caso de GLOF, explica, el primer factor condicionante es la presencia de un lago de origen glacial o de un glaciar que esté derritiéndose y formando cuerpos de agua.

Algunos sitios que han sido reconocidos de manera preliminar –sin estudios todavía– como altamente susceptibles a generar avalanchas de hielo son el glaciar Juncal Norte, en la cuenca del Aconcagua, que tiene un lago de cinco hectáreas; y otro glaciar en la cuenca del río Juncal, con un lago de dos hectáreas, describe. “Tienen características que sugieren que podrían ser altamente susceptibles, pero son resultados preliminares. Tienen que ser analizados”, dice.

El caso que más preocupación genera, señala, es el del glaciar, laguna y cerro El Morado. Allí existía una cascada de hielo. Luego se derritió y dio origen a un lago. Ahora solo queda un glaciar colgante en lo alto del cerro, donde ya se han generado avalanchas de hielo de distinta magnitud que, hasta ahora, no han impactado el lago. Algunas de esas avalanchas han alcanzado el orden de los 50 000 metros cúbicos, una cifra baja comparada con los cientos de millones registrados en Nepal.

Advirtió que la combinación de un glaciar colgante con un lago de origen glacial inmediatamente debajo representa un riesgo. El colapso del bloque de hielo podría generar una ola que rebalse la represa natural y ocasione un aluvión de gran magnitud.

En cuanto a mitigación, Ugalde Peralta dice que Chile no cuenta con desarrollos como los de Perú. No obstante, destacó los sistemas de alerta temprana en lagos represados por hielo en Campo de Hielo Sur, Campo de Hielo Norte y la Cordillera de Darwin, implementación liderada por Camilo Rada, académico de la Universidad de Magallanes.

“Es un proyecto autogestionado con fondos públicos, pero bastante innovador, muy prometedor, por cuanto ellos mismos están desarrollando los sensores, instalándolos y monitoreando los lagos casi en tiempo real”, relata.

El sistema mide temperatura y precipitación, entre otras variables, y en caso de vaciamiento súbito da un margen de minutos para alertar a la población cercana a los cauces. Ugalde lamenta que, fuera de esas zonas, no existan mayores medidas de mitigación en los 4000 kilómetros de cordillera con glaciares en el país.

Argentina: hace falta inversión para implementar sistemas de alerta temprana

Los peligros de desastres de origen glaciar en Argentina se concentran en la Patagonia y en los Andes centrales, de acuerdo con el glaciólogo Lucas Ruiz. En 2007 se registró el colapso de un glaciar en el sur de Mendoza. El suceso no tuvo mayores impactos y se identificó con imágenes satelitales.

Con respecto a los GLOF, Ruiz señala que la Patagonia es la zona con mayor cantidad de lagos glaciares y donde estos han crecido más. En cambio, en los Andes centrales hay menos lagos de origen glaciar, pero hay mayor población e infraestructura, por lo que un evento “podría generar mayor daño que en Patagonia”, aseguró.

En 2009 se produjo el vaciamiento parcial del lago Ventisquero Negro, en Bariloche, en el Parque Nacional Nahuel Huapi. Se vertieron 10 000 millones de metros cúbicos de agua, ocasionando la destrucción de un puente y la evacuación de personas en helicóptero. Esta es una zona turística, pero el suceso se dio en días de tormenta con poco turismo, por lo que no hubo víctimas. “Si eso ocurriera en plena temporada turística, el problema sería mayor”, advirtió.

El caso que concentra mayor atención científica por su riesgo cuantificado es el del lago Torre, en el Parque Nacional Los Glaciares, ubicado aguas arriba del pueblo El Chaltén, dice. Explica que el lago se mantuvo estable durante siglos, pero su volumen está aumentando como producto del retroceso del glaciar.

Al mismo tiempo, la pérdida de masa del glaciar genera inestabilidad en la ladera del Cerro Solo, que está sobre el lago. Lo que sucede, dice Ruiz, es que el cerro está formado por una mezcla de sedimentos y piedras, llamada morrena. A medida que el hielo desaparece, las laderas del cerro se mueven. Ahora avanzan entre cuatro y cinco metros por año, afirma.

El riesgo es que el hielo colapse y caiga junto a las piedras y los sedimentos en el lago, produciendo un vaciamiento súbito. Esto podría afectar a toda la cuenca, especialmente a El Chaltén, un pueblo pequeño que recibe mucho turismo.

Expertos ya evaluaron el riesgo del lago Torre y diseñaron un plan de gestión que identifica zonas seguras. Aunque asegura que la sociedad civil, Parques Nacionales, Defensa Civil y la comunidad científica han colaborado en la elaboración del plan, hace falta que las autoridades destinen los fondos necesarios para su implementación.

También es urgente un sistema de alerta temprana que de aviso a tiempo para que la población pueda evacuar si el evento ocurre. Señala que este tipo de sistemas permitió salvar a la población de Blatten, Suiza, antes del colapso de un glaciar en 2025.

Se generó una avalancha de hielo, lodo y rocas que avanzó rápidamente montaña abajo y sepultó al pueblo, pero no hubo víctimas fatales. Por eso concluye: “Después de las imágenes catastróficas de Nepal, esperamos convencer a las autoridades de realizar esta inversión”.

El artículo original fue publicado por Ana Cristina Alvarado en Mongabay Latam. Puedes revisarlo aquí.

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El Súper RIGI es una iniciativa económica del gobierno de Javier Milei que tiene como objetivo atraer inversiones superiores a los 1000 millones de dólares. Este instrumento fue diseñado para captar capitales en nuevas industrias de frontera tecnológica, pero especialistas afirman que el proyecto otorga beneficios extraordinarios por 30 años sin definir con precisión las actividades alcanzadas, sin evaluación oficial de impacto fiscal y sin condiciones ambientales, productivas ni tecnológicas verificables.

Los data centers o centros de datos, megainfraestructuras para el desarrollo de la inteligencia artificial, y granjas de criptomonenas son dos de los proyectos que el Gobierno quiere atraer. Estas construcciones ya han demostrado en países como Estados Unidos sus impactos ambientales: contaminación sonora, emisión de calor, fragmentación del hábitat para la biodiversidad, excesivo uso del agua -que contrae la escasez de agua para las poblaciones cercanas- y el aumento del precio de la energía eléctrica para los habitantes cercanos.

Esta decisión de Milei tiene un antecedente directo. En agosto de 2024 ya se había implementado por decreto una primera iniciativa similar: el Régimen de Incentivo para Grandes Inversiones (RIGI), enfocado en promover la minería y la exploración de gas y petróleo. Esta medida, según la Fundación Ambiente y Recursos Naturales (FARN), genera una fuerte “desprotección ambiental” porque no exige estudios de impacto ecológico y limita la capacidad de las provincias para regular el uso de los recursos naturales.

Ariel Slipak, economista, docente de la Universidad de Buenos Aires (UBA) y coordinador del área de Investigación de FARN, explicó a Mongabay Latam que el RIGI es más que un incentivo y esquema de exenciones de tipo fiscal, aduaneros o de tipo cambiario, ya que da un blindaje jurídico a grandes inversiones y extractivas.

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“Uno de los primeros artículos de este régimen establece que las normativas de tipo municipal, provincial e incluso nacional no deben ir en contra de los beneficios que adquiere un beneficiario del RIGI. En otras palabras, el tener las exenciones del RIGI se termina imponiendo por sobre la legislación ambiental, laboral u otro tipo de regulaciones”, resaltó Slipak.

A dos años de su implementación, existen 40 proyectos que comprometen más de 138 000 millones de dólares en el RIGI, según el Observatorio del RIGI, una iniciativa colaborativa que reúne a FARN, la Escuela de Política y Gobierno de la Universidad Nacional de San Martín (EPyG-UNSAM), el Centro de Estudios Legales y Sociales (CELS), el Transnational Institute (TNI), el Espacio de Trabajo Fiscal para la Equidad (ETFE) y el Centro de Políticas Públicas para el Socialismo (CEPPAS).

De ellos, 21 corresponden a proyectos mineros (litio, cobre, oro y arena de fractura), 13 al sector de hidrocarburos (petróleo, gas y fertilizantes), tres al sector energético, dos a infraestructura y uno a siderurgia. De los 40 proyectos presentados, 21 ya fueron aprobados. Entre ellos, 12 corresponden a minería, cinco a petróleo y gas y los cuatro restantes a energía, infraestructura y siderurgia. Los otros 18 proyectos continúan en evaluación y uno fue rechazado.

Los 21 proyectos aprobados implican una inversión de 46 626 millones de dólares.

Proyectos extractivos

El petróleo constituye el principal destino de las inversiones comprometidas por el RIGI: con siete proyectos, concentra el 43.3 % del capital anunciado, impulsado por los desarrollos asociados a Vaca Muerta, el mayor yacimiento de hidrocarburos no convencionales del país y uno de los más grandes del mundo.

Le siguen el cobre, que reúne seis proyectos y concentra el 24.6 % de la inversión total, y el gas natural -incluyendo las plantas de GNL y la infraestructura asociada-, que representa el 17.2 % del capital comprometido a través de cinco iniciativas.

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En cuanto al litio, aunque concentra 11 proyectos, es decir, la mayor cantidad de iniciativas presentadas, representa el 10.5 % de la inversión total.

En conjunto, estos cuatro subsectores reúnen el 95.6 % de la inversión comprometida bajo el RIGI, mientras que los restantes siete subsectores explican apenas el 4.4 % del capital anunciado.

El RIGI no solo otorga estabilidad a las inversiones; también puede desplazar los conflictos desde los territorios hacia tribunales arbitrales internacionales, reduciendo el margen de intervención de las comunidades y de la Justicia argentina.

El Súper RIGI tiene el nombre oficial de Ley de Régimen de Incentivo para Grandes Inversiones en Nuevas Industrias. Slipak afirma que las exenciones impositivas son aún mayores que con el RIGI y que da más beneficios a industrias extractivas grandes, como la de hidrocarburos y la del litio. Pero hay más: “Lo preocupante del Súper RIGI es que parece estar hecho a la medida de proyectos de centros de datos, minado de criptomodenas o cosas que tienen un gran consumo energético y, además, es generadora de más calor en centros urbanos”, dijo.

Este tipo de industrias incluyen sectores como las energías renovables o actividades que aún no existen en Argentina o se encuentran en etapa experimental, como la biotecnología y la inteligencia artificial, entre otras , dijo el experto.

El proyecto de Súper RIGI -que ya cuenta con media sanción de Diputados- ahora está a la espera del debate en el Senado. Esta iniciativa abrió un debate sobre hasta dónde se debe llegar con los incentivos para competir por inversiones en sectores estratégicos como los centros de datos y qué condiciones debería exigir el país a cambio.

Slipak remarcó que el proyecto no incorpora condiciones ambientales específicas sobre consumo energético, uso del agua, emisiones de carbono ni evaluación de impactos acumulativos. Esta omisión –dijo- resulta preocupante frente a la posibilidad de que el régimen alcance a proyectos de infraestructura digital y centros de datos de gran escala.

“Los centros de datos pueden demandar enormes volúmenes de energía, agua y suelo. Sin reglas claras, su instalación podría tensionar redes eléctricas, profundizar conflictos por el agua y consolidar infraestructura crítica en manos privadas sin control público suficiente”, dijo Slipak.

En los centros de datos que utilizan refrigeración evaporativa, una parte sustancial del agua se pierde localmente por evaporación y deja de estar disponible para otros usos. Como referencia, el centro de datos de Google en Iowa, Estados Unidos, consumió alrededor de 3800 millones de litros de agua 2024, según recogió la organización Global Investigative Journalism Network.

Mongabay Latam buscó la posición del Ministerio de Desregulación y Transformación del Estado, pero esa entidad no respondió los requerimientos. Este ministerio es el encargado de elaborar el proyecto del Súper RIGI.

Afectaciones a comunidades indígenas

Silvina Ramírez, doctora en Derecho de la Universidad de Buenos Aires (UBA), miembro de la Asociación de Abogados/as de Derecho Indígena (AADI) y experta en Derechos Indígenas, afirmó a Mongabay Latam que el Súper RIGI responde a un “modelo económico, una matriz productiva y energética, un modelo de desarrollo” que afectará a comunidades indígenas.

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“Las comunidades indígenas son uno de los principales sujetos afectados. No sólo por el desconocimiento de sus derechos, sino porque prolijamente se fue desarticulando un andamiaje que, aunque precario, permitía austeramente avanzar hacia la titulación colectiva de tierras”, afirmó Ramírez. Tierras que ahora el Gobierno podría entregar a las empresas que realicen estas grandes inversiones.

Además, la experta afirmó que lo alarmante es que ante cualquier nueva ley local de protección ecológica que afecte intereses de las inversiones extractivas, las empresas pueden llevar al Estado a tribunales internacionales de arbitraje. “Las comunidades indígenas están habituadas al hostigamiento judicial, pero ahora esa situación será más complicada”, dijo Ramírez.

Según el proyecto, los eventuales conflictos los resuelve la Justicia internacional: los beneficiarios eligen individualmente dónde llevar adelante los conflictos que puedan generarse, adoptando los reglamentos de la Corte Permanente de Arbitraje, la Cámara de Comercio Internacional, o el Centro Internacional de Arreglo de Diferencias Relativas a Inversiones (CIADI), con sedes fuera del territorio argentino.

Esteban Paulón, diputado y miembro del Partido Socialista de Argentina, afirmó a Mongabay Latam que uno de los puntos más controversiales del proyecto son la instalación de los centros de datos, que son infraestructuras de consumo energético y de agua masivos.

“El Súper RIGI no contempla nada vinculado a la protección de pueblos originarios ni de protección ambiental. Presenté un proyecto especifico para incorporar protecciones ambientales, de sustentabilidad y de derechos humanos, porque no están contemplados en el texto original. Este proyecto deja al descubierto a muchos pueblos originarios y también al ambiente”, detalló Paulón.

La iniciativa de Paulón establece que la norma del Súper RIGI debe efectuarse bajo siete protecciones: el derecho a un ambiente sano consagrado; el dominio originario de las provincias sobre los recursos naturales existentes en su territorio; las leyes nacionales de presupuestos mínimos de protección ambiental; los tratados internacionales de derechos humanos con jerarquía constitucional o supralegal; el Acuerdo Regional sobre Acceso a la Información, Participación Pública y Acceso a la Justicia en Asuntos Ambientales en América Latina y el Caribe (Acuerdo de Escazú); el Convenio 169 de la Organización Internacional del Trabajo (OIT) sobre Pueblos Indígenas y Tribales; y a los principios preventivo, precautorio, de equidad intergeneracional, progresividad y no regresión en materia ambiental.

El Super RIGI sigue por ahora en el Senado, donde el partido oficialista negocia con la oposición ciertos puntos para lograr la aprobación del proyecto.

En las aguas del sur de Chile, una faena de pesca puede terminar cuando los lobos marinos llegan a las embarcaciones. Para los pescadores artesanales, la escena se ha vuelto cada vez más frecuente y costosa. Ellos narran que los animales se acercan, persiguen las líneas y comen los peces capturados. En ocasiones incluso dañan los aparejos. Para científicos especializados en mamíferos marinos, en cambio, la pregunta es otra: ¿reducir la población de lobos marinos realmente resolvería este conflicto?

La discusión ha cobrado fuerza después de que el gobierno chileno planteara levantar la veda que protege al lobo marino común (Otaria flavescens) y analizar la eventual fijación de una cuota o la realización de una caza selectiva.

El debate tuvo uno de sus principales episodios el 21 de julio, cuando la Comisión de Pesca, Acuicultura e Intereses Marítimos de la Cámara de Diputadas y Diputados de Chile convocó al subsecretario de Pesca, Osvaldo Urrutia; al director ejecutivo del Instituto de Fomento Pesquero (IFOP), Luis Parot; y a dirigentes de la pesca artesanal para abordar el aumento de las interacciones entre lobos marinos y la pesca de merluza austral. Se trata de una pesquería de importancia económica y social especialmente para comunidades costeras de las regiones de Los Lagos y Aysén.

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“El mensaje que quiero enviar con esto es que los pescadores están primero, que los seres humanos están primero, salvo que haya razones fundadas —y yo no veo que las haya (...)— para ver de manera distinta al lobo marino, como cualquier otro recurso”, dijo Urrutia durante la sesión. Pero antes, agregó, se requiere un proyecto que determine aspectos como el número de animales a extraer, las condiciones de captura, su procesamiento y eventual destino comercial.

También señaló que esos antecedentes serían necesarios para evaluar las implicaciones comerciales de la medida y conversar con autoridades de Estados Unidos. La dimensión comercial es relevante porque Estados Unidos aplica, mediante la Marine Mammal Protection Act, requisitos relacionados con la protección de mamíferos marinos para las pesquerías extranjeras que exportan a ese mercado.

Un problema que se ha agravado para los pescadores

La posibilidad de modificar la protección del lobo marino ha sido recibida con expectativa por organizaciones de pescadores artesanales que han denunciado por años pérdidas económicas y dificultades para desarrollar sus faenas. En contraste, una declaración pública firmada y publicada en agosto por investigadoras e investigadores de distintas instituciones, sostiene que la evidencia científica no respalda el control poblacional como solución a estas interacciones y advierte sobre los impactos ecológicos y comerciales de una eventual cuota de caza para el lobo marino.

Desde la pesca artesanal, estas interacciones son descritas como una afectación cada vez más frecuente durante las faenas. Jorge Bustos Nilsson, presidente del Consejo Regional de Pescadores Artesanales de Los Lagos (COREPA), dijo en entrevista con Mongabay Latam que los reclamos de los pescadores de la región se remontan a unos 15 años y que, según su experiencia, las interacciones con los lobos marinos comenzaron a hacerse más frecuentes a partir de 2016.

Bustos Nilsson vincula ese cambio con la crisis sanitaria de la salmonicultura de ese año —provocada por el virus ISA (Anemia Infecciosa del Salmón)— y el desplazamiento de parte de esa industria hacia la Región de Aysén. Según explica, los centros salmoneros constituían una fuente de alimento accesible para los lobos y, después de su traslado, los animales permanecieron en las aguas interiores donde operan los pescadores artesanales.

“Nosotros nos quedamos con la herencia de los lobos”, afirma Bustos Nilsson. “Desde aquel año no hemos podido encontrar una solución a este tema y cada vez los ataques son más frecuentes”.

Desde su perspectiva, ni el Estado ni la academia han logrado cuantificar la población de lobos marinos. La información presentada por el IFOP situó la población del lobo marino común en aproximadamente 130 000 ejemplares, mientras que el subsecretario de Pesca citó estimaciones de un censo realizado en 2018 que ubican entre 112 000 y 150 000 individuos.

“Como pescador y conocedor del litoral, prácticamente de todo Chile, puedo decir que tenemos más o menos 600 000 mil lobos”, dice Bustos Nilsson. Los censos efectuados mediante drones o fotografías aéreas, explica el dirigente, no permiten contabilizar a los individuos que permanecen en cavernas, áreas con vegetación o sectores alejados de la costa.

Las pérdidas para los pescadores artesanales, afirma, en ocasiones representan el total de una captura. También describe daños a los aparejos y riesgos para los trabajadores, especialmente durante el virado manual de las líneas de pesca. Cuando un lobo toma un pez enganchado, explica, tira del aparejo y puede provocar que los anzuelos terminen clavándose en los pescadores.

“Eso es pan de cada día”, afirma al describir los accidentes. Para reducir el conflicto, asegura que los pescadores han probado distintas medidas para evitar las interacciones: dispositivos acústicos y electromagnéticos, cambios en la velocidad de las operaciones y otros sistemas disuasivos. Según su experiencia, ninguna de estas alternativas ha solucionado el problema de manera permanente, pues los lobos aprenden rápidamente a reconocer las estrategias utilizadas para alejarlos.

Para Bustos, la respuesta debe dirigirse especialmente a los ejemplares que se han habituado a aprovechar las capturas de las embarcaciones. No plantea, dice, eliminar la población de la especie, sino controlar las poblaciones de aquellos animales que generan el conflicto.

“Tampoco me interesa ser parte de una matanza; eso nosotros tampoco lo vamos a permitir. Pero sí controlarlo y regularlo como corresponde. Con todas las de la ley”, dice Bustos Nilsson.

Hernán Cortés Bernal, presidente del Consejo Nacional por la Defensa del Patrimonio Pesquero (CONDEPP), estima que las interacciones generan pérdidas para la pesca artesanal por distintos conceptos: capturas que se pierden, daños en los aparejos, mayores gastos de combustible y jornadas de pesca suspendidas por reparaciones.

Según sus cálculos, elaborados a partir de los reportes de los propios gremios, el impacto alcanzaría 1770 millones de pesos chilenos (unos 1.8 millones de dólares) al año a nivel nacional. Cortés, sin embargo, advierte que se trata de una estimación y que actualmente no existe una investigación que cuantifique de manera sistemática estos daños.

“No hay ningún registro, ningún estudio que cuantifique el impacto de los lobos en la pesca artesanal”, insiste Cortés Bernal. “Falta mucha voluntad política para financiar proyectos de investigación relacionados con las pesquerías en Chile y en específico las que afectan a la pesca artesanal. No hay una cuantificación seria que pueda dar respaldo a lo que nosotros estamos diciendo”.

Bustos Nilsson agrega que están dispuestos a conversar con el gobierno, científicos, organizaciones ambientales y otros actores para buscar una solución. Pero insiste en que el conocimiento acumulado por los pescadores debe incorporarse a las decisiones. “No tenemos ningún problema en sentarnos a conversar con la organizaciones, con los ambientalistas, con el gobierno, con la academia, con la universidad… con quien tengamos que sentarnos a conversar”, afirma.

El debate científico

Los científicos también cuestionan que exista una sobrepoblación de lobos marinos. En su comunicado, señalan que, aunque algunas poblaciones de lobo marino común se recuperaron tras la explotación comercial del siglo pasado y décadas de protección, los censos muestran que las poblaciones se han mantenido estables durante las últimas tres décadas. Para los investigadores, esa recuperación no implica por sí misma que exista una abundancia excesiva.

Desde esta perspectiva, el aumento de las interacciones con la pesca no estaría explicado por un crecimiento de la población, sino por una combinación de factores. Entre ellos, el comunicado menciona la disminución de los recursos pesqueros asociada a la sobrepesca y los cambios ambientales, como el fenómeno de El Niño, que pueden aumentar el contacto entre pescadores y fauna marina. Los investigadores también apuntan a la habituación de algunos lobos a la presencia humana, favorecida por la alimentación intencional en caletas y por el acceso a residuos pesqueros y urbanos.

“Los lobos marinos son lo que se denomina especies centinelas, es decir, hablan de la calidad de un ecosistema”, explica Maritza Sepúlveda, doctora en Ecología y Biología Molecular y académica de la Facultad de Ciencias de la Universidad de Valparaíso, en entrevista con Mongabay Latam.

“¿Cómo vamos a permitir la caza de un animal que nos está diciendo cómo está el ambiente? Por este y todos los demás argumentos, la autorización de caza es insostenible”, asevera Sepúlveda, una de las investigadoras firmantes del comunicado y quien se ha dedicado a estudiar este fenómeno.

Trabajar en conjunto con pescadores, Estado y científicos es la clave, señala Sepúlveda. “Hemos tenido buenos resultados en algunos casos particulares al hacer trabajo conjunto con los pescadores para buscar soluciones. Todo el mundo tiene que abrirse”, explica la científica. “Después de varias reuniones y conversaciones, ellos entienden la importancia de los lobos marinos. Como ellos mismos me han dicho: ‘Es tan víctima como nosotros de la sobreexplotación pesquera’”.

Rodrigo Hucke, especialista en conservación marina y presidente del Centro Ballena Azul, también suscribió la declaración. Para él, remover parte de la población de lobos marinos para resolver un problema pesquero es especialmente cuestionable en un escenario de cambio climático.

“Estamos hablando de una especie que ha vivido mucho más que los humanos en esta zona”, sostiene el científico. “Lo que más me llama la atención es que no se toma en consideración el rol ecológico que tiene esta especie que vive desde Ecuador hasta Argentina, como un depredador de mayor orden. Me parece sumamente simplista considerar que matarlo va a resolver un problema”.

Según la evidencia internacional citada en el comunicado de los científicos, sería necesario remover hasta alrededor del 50 % de la población para conseguir una disminución significativa de las interacciones y mantener esa extracción en el tiempo. Para los firmantes, ese escenario “sería biológica, ética y legalmente inviable”.

El comportamiento aprendido

Los especialistas plantean que parte de las interacciones puede estar relacionada con el comportamiento aprendido de los animales. Hucke señala que los descartes y residuos de pescado pueden convertirse en una fuente de alimento fácil. Los lobos, animales inteligentes y con capacidad de aprendizaje, pueden asociar la presencia de embarcaciones con comida disponible.

Por eso, una de las recomendaciones es eliminar prácticas que faciliten ese acceso, además de modificar las operaciones pesqueras en aquellos sitios donde las interacciones sean particularmente intensas. El comunicado propone probar mejoras en las artes de pesca, cambios en las operaciones, manejo de residuos y descartes, prevención de la alimentación intencional de fauna y estrategias específicas para cada pesquería.

Hucke agrega otra posibilidad: aprovechar el interés que despiertan estos animales para desarrollar actividades de observación y turismo, siempre que se realicen bajo condiciones que no alteren las colonias reproductivas ni generen nuevos conflictos.

“Son muy interesantes, a mí me parecen sumamente atractivas en términos de las capacidades que tienen para escalar, nadar maravillosamente y bucear”, describe el especialista. “Las colonias reproductivas son maravillosas: se puede ver a las crías tomando leche, a las mamás gritándoles para ver dónde están y poder encontrarlas dentro de la colonia. Con torres de observación y binoculares, se podría darle la vuelta a hacer algo más novedoso, entretenido y seguro”.

Un problema sin solución acordada

El gobierno chileno aún no ha anunciado una decisión sobre una eventual modificación de la veda, que sigue vigente hasta 2031. Mongabay Latam consultó a la Subsecretaría de Pesca sobre el diagnóstico actual de las interacciones, sus impactos para la pesca artesanal, el estado de la veda, las alternativas de mitigación y los antecedentes científicos y técnicos que se considerarían antes de adoptar nuevas medidas. Al cierre de esta nota, la institución no había respondido a la solicitud de entrevista.

Para los investigadores, proteger a los lobos marinos y sostener la pesca artesanal no son objetivos incompatibles. Para los pescadores, la conservación no puede ignorar las condiciones concretas en las que desarrollan su trabajo.

“La coexistencia entre lobos marinos y el humano sí es posible”, concluye Maritza Sepúlveda. “Pero necesitamos tener una mirada amplia, ecosistémica y de trabajo conjunto entre Estado, pesca y ciencia; esta triada virtuosa con la que podríamos encaminarnos para buscar medidas en conjunto que traten, al menos, de mitigar y lograr una convivencia”.

El artículo original fue publicado por Astrid Arellano en Mongabay Latam. Puedes revisarlo aquí.

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El 24 de agosto se celebra el Día Internacional de los Parques Nacionales. La fecha recuerda la importancia de mantener intactas áreas que albergan paisajes únicos, biodiversidad asombrosa y servicios ecosistémicos de los que dependen la provisión de agua limpia, el aire fresco, la polinización de alimentos y la captura de gases de efecto invernadero.

Aunque en Latinoamérica los parques nacionales son una de las categorías más altas de protección dentro de los sistemas de áreas protegidas nacionales, enfrentan todo tipo de amenazas. El avance de la deforestación, la minería ilegal e informal y la expansión de la industria petrolera son tres de ellas.

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En el Parque Nacional Natural La Paya, en Putumayo, el extremo sur de Colombia, la ganadería ilegal, cultivos de coca y la presencia de grupos armados ilegales han provocado la pérdida de bosques en una zona clave para la conectividad entre el Escudo Guayanés, la Amazonía y Los Andes.

En el Parque Nacional Islote Lobos, en Río Negro, el noreste de la Patagonia argentina, la construcción de un oleoducto y una terminal de exportación petrolera preocupa por los antecedentes de derrames de petróleo que ha habido en el país. Un vertimiento podría llegar en menos de un día a sitios de anidación y de reproducción de fauna marina.

En el Parque Nacional Bahuaja Sonene, entre Puno y Madre de Dios, en el sur de Perú, la minería ilegal e informal acecha al parque. Aunque se logró detener la actividad al interior del área protegida, la actividad se expande en la zona de amortiguamiento y los ríos que la rodean.

Mongabay Latam habló con especialistas y conocedores de las tres áreas para entender mejor qué está en juego y las soluciones que plantean.

Colombia: la deforestación pone en riesgo la conectividad del Parque Nacional La Paya

El Parque Nacional Natural La Paya está en el extremo sur de Colombia, en la triple frontera con Ecuador y Perú. La zona es tan biodiversa que los otros dos países también tienen áreas protegidas en sus límites. Sin embargo, este es considerado por muchas autoridades y expertos el punto fronterizo más conflictivo de la cuenca amazónica. La expansión de la ganadería ilegal, los cultivos de coca y las carreteras ilegales están destruyendo los bosques de La Paya, de acuerdo con Julia Miranda, quien dirigió Parques Nacionales de Colombia entre 2004 y 2020.

Entre 2013 y 2023, el parque perdió 8759 hectáreas de bosque, según el más reciente informe de la iniciativa Parques Cómo Vamos. Esta pérdida convirtió a La Paya en la quinta área protegida más deforestada del país.

La deforestación continuó en 2024, año en el que se perdieron 459 hectáreas adicionales de bosque, según datos del Instituto de Hidrología, Meteorología y Estudios Ambientales (IDEAM) de Colombia, enviados a Mongabay Latam por Rodrigo Botero, director de la Fundación para la Conservación y el Desarrollo Sostenible (FCDS). En 2025, 433 hectáreas más fueron deforestadas. Es decir, 892 hectáreas en esos dos años.

“Se perdieron zonas que habían sido restauradas durante las últimas dos décadas, que son críticas en la recuperación de la conectividad del parque”, señala Botero.

La exdirectora detalla que detrás de la tala no solo hay campesinos que amplían sus asentamientos y potreros. Asegura que también hay grupos armados ilegales que controlan buena parte de esos territorios. Botero añade que el parque “ha sido epicentro de la disputa entre las facciones disidentes de los Comandos de la Frontera y el Estado Mayor Central, con graves implicaciones sobre las poblaciones locales”.

Para el director de FCDS, el mayor impacto de la deforestación es la pérdida de conectividad, “la principal función de La Paya”. Explica que es un paisaje que conecta al noreste con el Parque Nacional Serranía de Chiribiquete, mientras que al sur conecta con el Parque Nacional Güeppí-Sekime, en Perú, y la Reserva de Producción de Fauna de Cuyabeno, en Ecuador.

“La gran biodiversidad que se mueve entre Los Andes, el Escudo Guayanés y la depresión del Napo está siendo seriamente afectada por este proceso de deforestación”, dice Botero.

La pérdida de bosque también amenaza la gobernabilidad, tanto de Parques Nacionales como de los gobiernos indígenas, de acuerdo con Miranda. “Los grupos ilegales imponen sus actividades ilícitas y afectan la vida tranquila de las comunidades indígenas”, se lamenta. Las comunidades siona, que dependen del bosque para obtener alimentos y medicina ancestral, han rechazado las economías ilícitas, asegura la exdirectora y hasta hace poco congresista.

Para la exfuncionaria, revertir la tendencia depende de una decisión política de hacer control territorial. Frente al mal recuerdo que quedó en La Paya tras la operación militar Artemisa de 2019 contra la deforestación, por su nivel de violencia, Miranda recomienda que se establezcan mesas de diálogo encaminadas a que se cumpla el Acuerdo de Paz, que estableció rutas de reubicación para las familias asentadas en parques antes de 2016.

Argentina: una terminal de exportación petrolera amenaza al Parque Nacional Islote Lobos

Al Parque Nacional Islote Lobos y a Punta Colorada, donde se tiene planificado construir la terminal de exportación petrolera Vaca Muerta Oil, los separan cerca de 10 kilómetros. Un derrame de petróleo podría alcanzar la zona, en la costa oeste del Golfo San Matías, provincia de Río Negro, Argentina, en un plazo de entre seis y 12 horas bajo ciertos escenarios de viento, según un modelado de Wildlife Conservation Society (WCS) Argentina.

“Diez kilómetros pareciera ser una distancia razonable en tierra, pero ecológicamente eso no sirve de nada, porque cualquier derrame de petróleo se va a desplazar sobre el agua siguiendo las corrientes, las mareas y los vientos”, explica Raquel Perier, bióloga marina e integrante de la Multisectorial de Defensa del Golfo.

El área protegida es un pequeño archipiélago costero. Alberga una importante diversidad de aves marinas y costeras, incluyendo migratorias. También acoge un importante apostadero de lobos marinos (Otaria flavescens) y la colonia de pingüinos de Magallanes (Spheniscus magellanicus) más septentrional del mundo, de acuerdo con la información oficial del parque.

“Esta colonia se comenzó a formar en la década de 1990 y actualmente reúne a miles de parejas de pingüinos”, cuenta la especialista. Los islotes y las zonas intermareales funcionan como área de nidificación, descanso y alimentación, añade. La colonia de pingüinos se concentra entre septiembre y enero.

La forma del Golfo San Matías agrava los impactos de un posible vertimiento, de acuerdo con la especialista. “Es como una olla, con profundidades centrales mayores que su plataforma adyacente”, señala. Esa configuración hace que el agua recircule dentro del golfo durante meses en lugar de dispersarse hacia el mar abierto, explica.

De suceder un vertimiento, el petróleo podría alterar el aislamiento térmico del plumaje de estas aves, que además podrían ingerirlo cuando se acicalan, indica Perier. Otro impacto sería el que ocasionarían los hidrocarburos al adherirse a los sedimentos intermareales, prolongando su presencia más allá de las manchas visibles en la superficie del agua.

Desde 1990, la ley provincial 3308 prohibía toda actividad hidrocarburífera y de infraestructura portuaria en el Golfo San Matías. En 2022, la legislatura de Río Negro modificó la norma y habilitó el transporte y la construcción portuaria para exportación de petróleo y gas.

La construcción del proyecto Vaca Muerta Oil Sur ya arrancó. Consiste en un oleoducto que comienza en Vaca Muerta, provincia de Neuquén, y llega hasta Punta Colorada. Perier, como parte de la Multisectorial de Defensa del Golfo, denuncia que las audiencias públicas del proyecto no garantizaron participación ciudadana real.

Aunque las autoridades dicen que tienen planes de contingencia, la bióloga marina se muestra desconfiada. “A unos kilómetros de nosotros, en Catriel, un pequeño derrame lo pararon con una pileta de plástico”, relata.

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Perier también cuestiona la ausencia de un análisis de impactos acumulativos sobre el conjunto del golfo, que incluye proyectos de exportación de gas natural en Bahía San Antonio y Caleta de los Loros, otras dos áreas naturales protegidas de la misma costa.

“Cada vez más gente se nos está acercando y viendo la posibilidad de quedarnos sin un golfo azul por siempre”, dice. Y concluye: “No está dicho nada hasta la última palabra y mientras tanto seguimos resistiendo”.

Perú: la minería ilegal presiona la zona de amortiguamiento del Parque Nacional Bahuaja Sonene

La minería ilegal e informal ha afectado 5680 hectáreas del Parque Nacional Bahuaja Sonene y su zona de amortiguamiento hasta el segundo trimestre de 2026, según datos de Amazon Mining Watch. Un guardaparques que prefiere proteger su identidad por seguridad envió un mapa oficial a Mongabay Latam y explicó que la información de Amazon Mining Watch incluye la zona de amortiguamiento, donde se realiza gran parte de la actividad ilegal. Asegura que la extracción se logró detener dentro del parque en 2023.

El ambientalista Pedro Solano no descarta que el área protegida sufra bastante presión a medida que se incrementa el precio internacional del oro. “Se está convirtiendo en una suerte de zona de guerra”, afirma. El Bahuaja Sonene, ubicado entre las regiones de Madre de Dios y Puno, colinda con la Reserva Nacional Tambopata, que acumula casi 29 000 hectáreas afectadas, según Amazon Mining Watch. Esta, a su vez, colinda con el corredor minero de Madre de Dios, departamento que suma 163 000 hectáreas de superficie minada, según la misma herramienta.

Entre 2021 y 2023, funcionarios del parque registraron más de 50 puntos de minería ilegal al interior del área protegida. Los focos estaban en las quebradas Palma Real Grande y Patuyaku, en el sector de Vigilancia y Control Heath, detalla el guardaparques. “No contábamos con puesto de vigilancia ahí, entonces el personal no llegaba a hacer los patrullajes”, contextualiza.

Intervenciones conjuntas de la Fiscalía Especializada en Ambiente, la Marina de Guerra y la Policía Nacional frenaron la extracción ilegal, asegura el guardaparques. Hoy, el parque ya tiene un puesto de vigilancia permanente en el área.

El Proyecto Mapeo de la Amazonía Andina (MAAP, por sus siglas en inglés) de Amazon Conservation identificó que, entre 2021 y 2023, 2439 hectáreas fueron deforestadas para la minería en las zonas de amortiguamiento de las áreas protegidas del sur de Perú. Las más afectadas fueron la Reserva Nacional Tambopata, Bahuaja Sonene y la Reserva Comunal Amarakaeri, tres áreas contiguas. En el sector de Bahuaja Sonene hay minería ilegal y en menor medida, en proceso de formalización, de acuerdo con el guardaparques.

Para agosto de 2025, MAAP encontró que parte de la deforestación por minería de oro se mantenía en la zona de amortiguamiento del Bahuaja Sonene, aunque no ofreció cifras. El proyecto también identificó al río Inambari como uno de los afectados. En esa cuenca, relata el guardaparques, los mineros llevan a cabo operaciones con maquinaria pesada, embarcaciones artesanales y campamentos móviles.

Además, el parque sufre impactos indirectos de la minería realizada en otras zonas. El río Tambopata ya llega con alta sedimentación y con contaminación por mercurio, combustibles y aceites. Esto ha provocado que la nutria gigante (Pteronura brasiliensis) se aísle, asegura la fuente en el territorio. Las taricayas (Podocnemis unifilis), por otro lado, han perdido las playas donde anidaban y los peces son cada vez más vulnerables. Los pobladores de la zona que dependen de la pesca también sufren las consecuencias.

Según Solano, las interdicciones, que implican destruir maquinaria, generan violencia en la región. A eso se suma la violencia que ejercen los mineros contra los defensores ambientales. Por eso, cree que se necesita aplicar una política integral que atienda la pobreza rural y que ofrezca oportunidades económicas.

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El gobierno de Javier Milei impulsa un proyecto de ley que amenaza la permanencia de comunidades indígenas en tierras rurales, de acuerdo con expertos y legisladores de la oposición consultados por Mongabay Latam. El texto que comenzará a debatirse en la Cámara de Diputados en los próximos días ya tiene media sanción del Senado, aunque con varias modificaciones introducidas durante el debate parlamentario. Aún así, contempla, entre otros aspectos, acelerar los procesos de desalojo y obstaculizar las expropiaciones estatales.

El proyecto, titulado Ley de Inviolabilidad de la Propiedad Privada, podría tratarse en la Cámara de Diputados a finales de mes, afirmó a Mongabay Latam Esteban Paulón, diputado del Partido Socialista de Argentina, quien además explicó que la oposición debe estar alerta ante el debate de este proyecto y poner el foco en dos aspectos: las facilidades para las expropiaciones y para los desalojos rápidos en áreas rurales donde habitan pueblos indígenas que reclaman la titularidad de tierras que consideran ancestrales.

“Esta norma facilita desalojos de comunidades originarias donde se encuentran pueblos asentados y que la Constitución garantiza como espacios ancestrales. Seguro estos temas animarán el debate en la Cámara de Diputados, que, se estima, será a finales de este mes”, afirmó Paulón.

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Durante el debate en el Senado, el proyecto del Gobierno sufrió varios reveses. Entre ellos, uno clave: el Ejecutivo pretendía modificar la Ley de Tierras actual y modificar el porcentaje del tope de extranjerización permitido actualmente en tierras rurales de 15 % máximo a 25 % máximo. Tras protestas y oposiciones de otros sectores políticos, el bloque que responde a Milei desistió de ese punto para poder avanzar en el debate y que se apruebe el proyecto.

Andrés Nápoli, director de la Fundación Ambiente y Recursos Naturales (FARN), explicó a Mongabay Latam que al retirar el Gobierno capítulo del proyecto sobre compra de tierras a favor de extranjeros, los riesgos ambientales se achican. Sin embargo, todavía hay preocupación por la situación de comunidades indígenas ante la aceleración de los procesos de desalojo que sí quedarían habilitados para realizarse con mayores facilidades y rapidez en caso de que el proyecto se apruebe en Diputados tal cual llegó desde el Senado.

El experto afirmó que esta disposición violenta los tratados internacionales firmados por Argentina en materia de derecho indígena y también la Constitución Nacional, que establece la preexistencia y el derecho a la tierra de los pueblos indígenas. Por lo tanto, es una norma –dijo- que entra en flagrante contradicción con esas normas.

“En línea a los proyectos que este Gobierno quiso aprobar, [este] tiene un sesgo totalmente individualista, es decir: la temática de la propiedad es solo una temática de carácter individual. No toman en cuenta las cuestiones de carácter colectivo, la propiedad comunitaria de la tierra y los reclamos que hacen las comunidades indígenas desde hace mucho tiempo”, afirmó Napoli.

Silvina Ramírez, doctora en Derecho de la Universidad de Buenos Aires (UBA), miembro de la Asociación de Abogados/as de Derecho Indígena (AADI) y experta en Derechos Indígenas, coincide con Nápoli y Paulón. En diálogo con Mongabay Latam dijo que a pesar del rechazo generalizado que obligó al oficialismo a resignar el capítulo sobre extranjerización de la tierra y las modificaciones a la Ley de Manejo del Fuego, existen los riesgos en dos temas centrales: modificaciones al régimen de expropiaciones y de desalojos.

En el primer caso, aseguró, habrá más restricciones para declarar la utilidad pública de un bien inmueble y luego expropiarlo para, por ejemplo, entregar la titularidad de esas tierras a las comunidades que las reclaman como ancestrales. La Ley 21.499, vigente desde 1977, establece que se debe satisfacer el principio de “utilidad pública” para que tenga lugar una expropiación, explicó el medio especializado Chequeado>, que analizó el proyecto de ley. “La propuesta del Gobierno establece una definición más restrictiva de ese principio: su declaración ‘deberá identificar en forma específica y concreta el fin perseguido, y la expropiación del bien deberá ser idónea, necesaria y proporcional para alcanzarlo’”.

En el segundo aspecto resaltado por Ramírez, la abogada explicó que se flexibiliza el procedimiento para los desalojos y se agilizan las vías para facilitarlos. Por ejemplo, busca facilitar la ejecución anticipada antes de la sentencia y reducir las posibilidades de defensa del ocupante. Chequeado explicó que “el cambio más estructural es la conversión del proceso al trámite sumarísimo -el más breve del Código Procesal- y la eliminación de la caución real (garantía, generalmente económica) como requisito para obtener la desocupación inmediata, reemplazándola por una simple declaración jurada del propietario sin respaldo patrimonial”.

Piden un escudo para las comunidades indígenas

“Es probable que la discusión en Diputados llegue con sorpresas y otras negociaciones. De la lectura de lo aprobado, y específicamente alrededor de los desalojos, pueden extraerse consecuencias e impactos para las comunidades indígenas, siempre amenazadas, que hoy carecen de lo que es tan valioso y ponderado para el sector empresarial, pero totalmente ignorado para el mundo indígena: la seguridad jurídica”, dijo Ramírez.

En este caso, detalló que se permite que cualquier persona que invoque un derecho o interés legítimo puede presentar la acción de desalojo contra comunidades que ya viven en las tierras rurales. “En territorios en donde los títulos siempre son oscuros, en donde la manipulación, la corrupción y el favorecimiento para unos pocos están a la orden del día, la posibilidad de que, prácticamente, cualquier individuo pueda iniciar una causa judicial complejiza mucho más el escenario”, afirmó la experta.

En Argentina, explica Ramírez, no existe una estadística oficial de cuántas hectáreas o porcentaje del territorio nacional está habitado por pueblos indígenas debido a no se concluyó el relevamiento técnico jurídico catastral que ordenaba la Ley 26.60 de emergencia territorial, la cual, además fue derogada en diciembre de 2024.

Ramírez añadió que las comunidades indígenas están habituadas al “hostigamiento judicial”. “Este proyecto de ley, que hoy tiene media sanción, facilita la persecución judicial a través del litigio, restándole mecanismos de defensa a quienes defienden sus territorios, invocando los derechos territoriales reconocidos por la legislación vigente”, resaltó.

En esa línea, la especialista acotó que las modificaciones a la expropiación y al desalojo “son también una llamada de alerta y una pieza más para el montaje de una maquinaria que sólo pretende generar recursos económicos a costa del sufrimiento de enormes sectores de la población. Dentro de ellos, y como siempre, se encuentran las comunidades indígenas”.

Antecedentes en el Senado

Dos cuestiones clave quedaron fuera del proyecto durante el debate en el Senado. La Ley 26.737 de Tierras Rurales, sancionada en diciembre de 2011, durante el gobierno de Cristina Fernández de Kirchner, establece límites a la propiedad extranjera sobre tierras rurales: las personas y empresas extranjeras no pueden poseer más del 15 % del total de tierras rurales a nivel nacional, provincial y municipal. Además, determina que ninguna nacionalidad extranjera puede superar el 30 % de ese 15 % permitido, y que un mismo titular extranjero no puede tener más de 1000 hectáreas.

Durante la votación en el Senado también se retiró el capítulo que modificaba la Ley de Manejo del Fuego, que reducía protecciones tras incendios (especialmente fuera de bosques nativos) y cambiaba reglas sobre uso del suelo, informó Chequeado tras el análisis del proyecto votado.

Antes del debate del proyecto de ley en el Senado, distintos sectores sociales y ambientales salieron a las calles para protestar contra las modificaciones que pretendía el oficialismo.

La Libertad Avanza, el partido de Milei, no logró reunir los votos y retiró ambos capítulos. La posibilidad de que empresas extranjeras compren tierras rurales en Argentina fue el capítulo más polémico de este proyecto. El argumento que presentó el oficialismo para derribar los límites existentes a la compra de tierras por parte de extranjeros es que estos son un freno a la inversión privada.

Patricia Bullrich, jefa de la bancada oficialista en el Senado, decidió finalmente retirar ese capítulo del proyecto. “[Esa decisión] fue adoptada por unanimidad entre los integrantes del espacio con el objetivo de continuar trabajando sobre ese capítulo y alcanzar un mayor nivel de consenso”, afirmó Bullrich en un comunicado, según medios locales. Mongabay Latam intentó comunicarse con la senadora a través de su equipo de prensa, pero no tuvo respuesta.

En mayo pasado, cuando se presentó la iniciativa a empresarios agropecuarios, el ministro de Desregulación y Transformación del Estado, Federico Sturzenegger, dijo que “la Ley de Tierras es a las economías regionales lo que la Ley de Glaciares fue a la minería”. El funcionario aseguró que “en su estado actual es una ley que prohíbe la inversión extranjera directa en tierras, en el agro, en puertos y en la industria forestal”. Derogar esa ley podría traer inversiones cercanas a los 15 000 millones de dólares, sostuvo.

Las estadísticas oficiales sostienen que a pesar de que el techo actual para la extranjerización de la tierra es del 15 %, solo el 5 % de las tierras rurales del territorio nacional está en manos de extranjeros. Pero hay otro contexto: el análisis regional muestra una alta concentración local en algunas provincias, donde la extranjerización de las tierras supera el 15 % establecido a nivel nacional.

Investigadores de Conicet del Instituto de Estudios Sociales y Humanos y de la Universidad de Buenos Aires presentaron a fines de 2025 un mapa interactivo de la extranjerización de la tierra en Argentina. De acuerdo con el estudio, más de 13 millones de hectáreas -casi el 5% del territorio nacional, una superficie similar a Inglaterra- pertenecen a firmas o Estados extranjeros.

En 36 distritos ya exceden el límite legal del 15 %, como en Lacar (provincia de Neuquén), General Lamadrid (provincia de La Rioja), Molinos y San Carlos (provincia de Salta), donde la extranjerización supera el 50 %. También hay altos porcentajes en zonas estratégicas del río Paraná, sostuvieron los investigadores.

El diputado Paulón explicó que uno de los argumentos de la oposición para frenar la modificación de la Ley de Tierras fue que aumentar la compra de tierras con recursos naturales por parte de corporaciones extractivas del exterior podía presionar a las autoridades para modificar las leyes ambientales vigentes, como sucedió recientemente con la Ley de Glaciares. “Estas compras y ventas incluían zonas de frontera, acuíferos, humedales, zonas de recursos naturales, cuencas de agua”, destacó Paulón.

El artículo original fue publicado por Ivan Paredes Tamayo en Mongabay Latam. Puedes revisarlo aquí.

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El fenómeno climático de El Niño se origina por el calentamiento del océano Pacífico por encima de las temperaturas promedio en el mar. Sus consecuencias son previsibles pero también intensas. En muchas zonas del continente traerá fuertes lluvias e inundaciones. En otras, disminución de las precipitaciones y sequías. Mongabay Latam consultó a expertos en este fenómeno del clima que viene siendo registrado desde finales del siglo XIX y que en 2006 y principios de 2027 podría ser más intenso que en el pasado.

“El Niño es un evento recurrente y es parte de la dinámica del planeta”, afirma Ana Sabogal, directora del Instituto de la Naturaleza, Tierra y Energía (Inte) de la Pontificia Universidad Católica del Perú (PUCP). A continuación, los especialistas explican qué países y zonas pueden esperar las grandes lluvias.

René Garreaud, investigador del Centro de Ciencia del Clima y la Resiliencia (CR2), explica que El Niño es un evento que “impacta el clima en todo el mundo”, pero “no en todas partes con la misma intensidad”. Afecta muy “intensamente en Sudamérica”. También impacta en Indonesia, norte de Australia, muchas partes del sudeste asiático, así como en Norteamérica y algunas zonas de África, entre otros lugares.

Durante la entrevista, Garreaud muestra un mapa de Sudamérica en el que se puede ver cómo impacta El Niño en cada zona de la región. Tormentas y lluvias intensas en parte de Chile, las costas de Perú y Ecuador, así como en el norte de Argentina, el sur de Brasil y Uruguay, que tendrán mayor cantidad de lluvias durante octubre, noviembre y diciembre. “Lo que usualmente hace El Niño es potenciar la estación lluviosa” en estas zonas.

En contraste, hay otras zonas que sufrirán sequías: otros sectores de Chile y al otro lado de la cordillera de Los Andes, afectando con menores precipitaciones de lo normal a Colombia y Bolivia, así como partes de Ecuador y Perú. En la Amazonía, las condiciones climáticas también se ven más secas. “El altiplano sudamericano, es decir, parte de Perú, parte de Bolivia y parte del norte de Chile experimentan condiciones más secas y más cálidas”, explica el experto.

“Son impactos globales de precipitación y temperatura, pero después se traducen, por ejemplo, en problemas de seguridad alimentaria o sanitarios. Más agua, más lluvia, más temperatura puede ir de la mano con brotes de cólera y enfermedades infecciosas”, comenta Garreaud, quien también es académico del departamento de Geofísica de la Facultad de Ciencias Físicas y Matemáticas de la Universidad de Chile.

La posibilidad, cada vez más creciente, de que en esta oportunidad nos enfrentemos a un Niño más intenso ha despertado el recuerdo de aquellos eventos que dejaron ciudades bajo el agua, economías fragmentadas y cientos de personas damnificadas.

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Mientras tanto, el Centro de Predicción Climática de la Oficina Nacional de Administración Oceánica y Atmosférica (NOAA) del gobierno de Estados Unidos también ha informado que “el Niño se está fortaleciendo, con una probabilidad mayor del 90 % de un evento muy fuerte para el otoño e invierno del hemisferio norte 2026-27”. La alerta publicada el 13 de agosto por este organismo señala que se podría tratar de una evento histórico que superaría la intensidad de los eventos El Niño registrados desde 1950.

Las tormentas en Chile

“Chile central y el norte de Chile han tenido tormentas muy intensas, eso es característico de los años de El Niño y ocurre, más bien, en invierno”, comenta Garreaud sobre las tormentas que ya están cayendo en ese país y que están dejando miles de damnificados y más de una decena de fallecidos.

Garreaud explica que en el caso de Chile e incluso al otro lado de la cordillera, en la parte sur de Brasil, norte de Argentina y Uruguay, ya se experimentan condiciones más lluviosas. En Chile sucede desde el invierno, en junio, julio y agosto; mientras que el sur de Brasil y Uruguay experimentarán una primavera muy lluviosa, en los meses de octubre, noviembre y diciembre, explica el experto.

El 10 de agosto el gobierno chileno decretó la “emergencia preventiva” por seis días en el norte de Chile, en las regiones de Arica, Parinacota y Coquimbo, ante el anuncio de fuertes lluvias durante esos días.

Las tormentas ocurridas en Chile durante el mes de julio obligó al gobierno de José Antonio Kast a declarar “estado de catástrofe” en el norte del país, en las regiones de Atacama y Coquimbo, por un período de 30 días a partir del 21 de julio. Las lluvias torrenciales han dejado por lo menos diez personas fallecidas en Atacama y Araucanía, unas 16 personas heridas, cuatro desaparecidos y más de 2400 damnificados. Las tormentas ocasionaron desbordes de ríos y canales, anegamientos, cortes de servicios básicos y restricciones en las carreteras.

“Efectivamente han ocurrido tormentas muy intensas, tanto de lluvia como de nieve”, agrega Garreaud. “Todo el Pacífico se calienta y eso afecta a Perú y a lugares como Antofagasta, Iquique, en el norte de Chile, que están con temperaturas por encima del promedio”.

El experto habla de los impactos económicos y sociales en Chile como consecuencia de la presencia de El Niño. “Se estima que el costo, por ahora, va del orden de los 1200 millones de dólares, por cortes de camino producto de aluviones, cortes de infraestructura vial e inundaciones en la zona centro y sur”.

Por otro lado, Garreaud menciona que los pasos fronterizos entre Chile y Argentina estuvieron cerrados, lo que produjo problemas en el transporte terrestre y de importación y exportación de artículos. “La gente lo está pasando muy mal porque cada vez que hay una tormenta grande se cierra la escuela, se corta el agua potable, se cortan los suministros básicos”.

Sin embargo, Garreaud también menciona algunos beneficios que traen las lluvias de El Niño. “En Chile tenemos una generación eléctrica que involucra centrales hidráulicas y este año les ha ido muy bien. Afortunadamente se han llenado nuestros embalses. Hasta junio estábamos en una condición muy crítica de escasez hídrica en Chile que se ha revertido”. Las intensas lluvias que han ocurrido en Chile han significado un superávit pluviométrico del 30 % sobre lo que se esperaba para esta época, comenta Garreaud.

“La temperatura actual, en la zona a la que denominamos Niño 3.4 [corresponde a la zona central del Pacífico ecuatorial] está mucho más cálida que todos los eventos anteriores. Está en el orden de 2.5 °C por encima de las condiciones normales. Nunca habíamos visto una anomalía tan grande en esta época del año”, asegura el experto chileno y recuerda que en marzo y abril de 2026 las condiciones climatológicas estaban por debajo del promedio de esa temporada, pero sucedió un cambio acelerado y repentino hasta llegar a la situación actual.

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Los efectos en Perú

“Ahora estamos sintiendo los efectos que se van a intensificar hacia octubre y noviembre de este año, fundamentalmente, el aumento de la temperatura en general y el aumento de lluvias”, explica Ana Sabogal, del Instituto de la Naturaleza, Tierra y Energía (Inte) de la Pontificia Universidad Católica del Perú (PUCP). .

Sabogal explica que las lluvias durante El Niño se concentran en la zona norte de Perú, por tanto, disminuyen en el sur. “En general, a nivel global, existe una cantidad definida de agua, entonces, esa agua se reparte, y si llueve en el norte, esa humedad no llega al sur, por eso es una característica recurrente que cuando aumentan las lluvias en el norte, disminuyen las lluvias en el sur. Por tanto, tenemos lluvias extremas en el norte y sequías en el sur”.

“Las zonas que más van a sufrir con el aumento de lluvias son Tumbes, Piura, quizás Chiclayo y Trujillo”, comenta Sabogal. “Se espera un aumento muy grande de lluvias en la zona norte de Perú y tendrá efecto hasta la mitad del país, inclusive Lima”.

Estas lluvias, dice Sabogal, tendrán efecto sobre las ciudades, los cultivos. Además, el aumento de la temperatura y de las lluvias producen el incremento de insectos. “Tenemos que prevenir el dengue y la chikungunya. Es una cadena de diferentes cosas que van sucediendo. Estamos hablando de una población de alrededor de 9 millones de personas que tendrán efectos directos por El Niño”.

El último comunicado oficial de la Comisión Multisectorial Encargada del Estudio Nacional del Fenómeno El Niño (Enfen) de Perú, publicada el 14 de agosto, prevé que en la región denominada 1+2, es decir cerca a las costa de Perú y Ecuador, la magnitud del evento será entre “fuerte y extraordinaria hasta el verano” de 2027, para que, posteriormente, “ocurra una transición gradual hacia la condición neutra a partir de mayo de 2027”.

El comunicado también informa que “para el trimestre agosto–octubre se prevé la continuidad de temperaturas del aire muy por encima de lo normal en toda la costa y que en los ríos de la región hidrográfica del Pacífico se registrarán, predominantemente, caudales dentro de sus valores normales. El reporte también informa sobre el repliegue de la anchoveta frente a la costa central de Perú y la presencia de especies como pez sierra, samasa, perico, barrilete y atún aleta amarilla.

“Hay impactos que han sido notorios. El más evidente es el de la anchoveta. Se dio una cuota menor que las cuotas habituales y se ha pescado un poco más del 25 %” de lo normal, señala Juan Carlos Sueiro, director de Pesca de la organización Oceana.

Sueiro señala que también se están dando impactos negativos en la pesca artesanal. “El impacto principal es la presencia de lo que los pescadores llaman la jaiba morada (Euphylax dovii), un tipo de cangrejo que no tiene valor comercial, que sus tenazas son muy fuertes y rompen las redes”. La presencia de esta especie ha sido reportada en Tumbes, Chimbote y Chancay. “En varios lugares del litoral han advertido la presencia de este cangrejo”.

La presencia de este cangrejo está estrechamente vinculada a condiciones oceanográficas cálidas y ya se ha reportado su presencia en Perú y en Ecuador. Según un análisis realizado por el Instituto Público de Investigación de Acuicultura y Pesca de Ecuador, “la proliferación del molusco está asociada a temperaturas superficiales del mar entre 26° C y 27 °C, la alta disponibilidad de nutrientes y condiciones ambientales favorables”.

Otro impacto en la pesca, señala Sueiro, ocurre con el pejerrey, que se espera tenga una reducción significativa, al igual que la merluza que “tiene reducciones significativas cuando hay un evento El Niño”. Esto se debe al aumento de la temperatura del mar. “También sucede con la concha de abanico que tiene efectos diferentes, dependiendo del lugar, pues en la Bahía Independencia, en Pisco, se espera un incremento; mientras que en la Bahía de Sechura, en Piura, se espera mortandad grande”, explicó.

Sueiro dice que “si bien hay generalidades que se cumplen, no hay un fenómeno del El Niño exactamente igual a otro”. Pone como ejemplo que durante El Niño 1982-83 ingresó a lo largo de la franja costera abundante langostino y percebes, que son propios de Paita, Piura, y el efecto llegó hasta Cerro Azul, al sur de Lima. “Por dos a tres meses en varias ciudades de la costa hubo abundante oferta de langostinos, pero en El Niño 1997-98 no hubo. La gente estaba preparándose de nuevo para el langostino, pero no hubo langostino”.

Sueiro también explica que la ausencia de especies como la anchoveta afecta a otros animales que se alimentan de ellos, como los pelícanos. Por eso las aves marinas, como los pingüinos, y los lobos marinos “están teniendo una mortandad grande” y se estima que es por la falta de alimento. “Esta mortandad se está reportando en múltiples sitios y se seguirán viendo animales muertos, desnutridos, nidos abandonados”.

El problema, dice Sueiro, es que las poblaciones de aves vienen de una mortalidad por gripe aviar que ocurrió hace dos a tres años. “Esa población debilitada está enfrentando a El Niño de esta magnitud, donde la perturbación del ecosistema es bastante grande”.

En julio de 2026 Mongabay Latam informó que en Perú se registraron muertes inusuales de lobos marinos en dos áreas naturales protegidas de la región Ica, así como aves marinas muertas, debilitadas y nidos abandonados debido a la reducción de alimento provocada por el fenómeno de El Niño.

Hace unos días, el gobierno peruano anunció la creación de la Comisión Nacional de Gestión del Riesgo del Fenómeno El Niño, presidida por el ministro de Ministro de Desarrollo Agrario y Riego, Marco Vinelli, para implementar acciones efectivas ante las emergencias por El Niño.

“Esta comisión lo que busca es tomar decisiones de manera rápida y convocar a todas las autoridades competentes. Acá lo importante es trabajar con velocidad, con eficiencia y estar preparados”, dijo la presidenta Keiko Fujimori durante su viaje a Lambayeque, en el norte del país, una de las zonas que podrían resultar más afectadas durante un evento El Niño.

El último domingo 16 de agosto, Vinelli informó que de los 1900 puntos críticos identificados en el país se priorizará la atención de 600 para mitigar los efectos de El Niño. Indicó que esos puntos críticos están ubicados en los departamentos de Tumbes, Piura, Lambayeque, La Libertad, Ancash, Lima y Arequipa, y que los trabajos se ejecutarán hasta diciembre. “Nuestro mayor esfuerzo será evitar que el impacto sea grande”, dijo en una entrevista ofrecida al canal de televisión Latina.

El lunes 17 de agosto, la presidenta Kaiko Fujimori anunció que declarará en emergencia los distritos del sur de Lima, luego de que intensas lluvias afectaran varios de estos distritos. También se declarará en emergencia las regiones que estén afectadas por las intensas lluvias.

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Frío intenso en el sur de Argentina

“El Niño ya está activo, bastante intenso, y se espera que a medida que avance el año el fenómeno se siga intensificando”, comenta Cindy Fernández, de Meteored Argentina. “Lo que venimos observando este invierno, que es característico de El Niño es, en primer lugar, un frío extremo en la Patagonia Argentina”.

Fernández comenta que este invierno, “sobre todo julio y lo que llevamos de agosto, el extremo sur de Argentina ha sido extremadamente frío, alcanzando valores de temperatura récord, olas de frío extensas como ha ocurrido en la provincia de Santa Cruz. Y también hemos tenido valores de temperatura inferiores a los 20 grados bajo cero en zonas bajas”.

Otra característica que menciona Fernández es que durante un evento de El Niño “se hacen más frecuentes los ríos atmosféricos que llegan a la franja central de Argentina y de Chile”. Se trata de grandes cantidades de vapor de agua que avanza desde zonas tropicales e impacta sobre la cordillera central de los Andes y forma precipitaciones principalmente en forma de nieve durante el invierno.

“Sectores de Neuquén, Mendoza, San Juan, La Rioja tienen acumulados más de tres a cinco metros de nieve, complicando los pasos internacionales hacia Chile. Y hay poblados que están completamente aislados. El paso Cristo Redentor, que es el paso más importante que tenemos hacia Chile, lleva prácticamente un mes cerrado”, cuenta Fernández. “Esto trae pérdidas millonarias tanto a Argentina como a Chile, porque hay dos países que quedan incomunicados en su principal paso”.

Fernández agrega que otra consecuencia de El Niño, que se extiende hasta la primavera y el verano, es un aumento en las precipitaciones. “Tenemos tormentas intensas, mucho más frecuentes. Esto no solamente afecta a Argentina, sino a Uruguay, Brasil y Paraguay. En estas últimas dos semanas hemos tenido cuatro o cinco temporales bastante intensas con tormentas severas, con granizo de gran tamaño y, en los últimos 10 días, hemos tenido cuatro tornados registrados entre Brasil y Argentina”. Junto con las intensas lluvias llegan las inundaciones que conlleva a miles de personas a desplazarse por las crecidas de los ríos.

Según el Servicio Meteorológico Nacional (SMN), se esperan fuertes precipitaciones en el norte del litoral, La Pampa, Sudoeste de Buenos Aires, oeste de Cuyo y el este de la Patagonia. El gobierno argentino ha iniciado el Plan de Coordinación Federal ENOS 2026-2027, destinado a fortalecer la preparación ante posibles inundaciones y tormentas severas.

El último 3 de agosto, la secretaría general de la Presidencia, Karina Milei –hermana del presidente Javier Milei– lideró un encuentro de coordinación con las provincias “para anticipar y responder de manera coordinada ante inundaciones y otros eventos asociados al fenómeno El Niño”, dice el comunicado de la Secretaría General de Argentina. El plan contempla acciones de planificación preventiva, monitoreo permanente y coordinación operativa entre diferentes organismos del Estado.

“Para nosotros El Niño enciende muchas alarmas porque genera graves pérdidas económicas y miles de desplazados. Para tener un ejemplo, el último El Niño intenso que tuvimos, en 2015-16 en Argentina, el sur de Brasil, Paraguay y Uruguay hubo más de 150 000 desplazados. Este El Niño podría ser más intenso y afectar a la región de una manera similar”.

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Los impactos en Ecuador

“Las temperaturas están entre 2 y 3 °C sobre lo normal en el aire y 2 °C en la temperatura del mar. Este cambio altera dos cosas: las pesquerías y los ecosistemas”, dice María del Pilar Cornejo, docente e investigadora de la Escuela Superior Politécnica del Litoral, de Ecuador.

Cornejo explica que en los ecosistemas se ha visto la mortandad de aves a lo largo de la costa, porque al estar el agua más caliente, sus alimentos, que son peces, se hunden más, buscando agua fría y las aves no pueden bucear. “Entonces, se mueren de hambre”. Y un segundo efecto ha sido la aparición de la jaiba mora o morada –al igual que en Perú– que daña las redes. “Ha sido como una plaga, pero es un indicador biológico de que las temperaturas han estado altas”.

Cornejo señala que en sector pesca aún no se reportan impactos importantes, pero que deben empezar a verse pronto porque “las anomalías de temperatura están como en 3 a 4 °C sobre el normal”. “Eso sí tiene un efecto en la pesca semiindustrial e industrial”.

El aumento del nivel del mar es otro efecto del que habla Cornejo, aunque aún no se han presentado reportes, si han habido “casos de erosión en algunas playas o incremento de la cantidad de arena”, comenta Cornejo, ex secretaria de Gestión de Riesgos de Ecuador.

Cornejo también menciona que dependiendo de la magnitud de las precipitaciones que empiecen en enero en la costa de Ecuador, van a tener una época de lluvias muy fuerte que afectará toda la cadena logística en la producción de diferentes sectores. “Lo que estamos revisando es cuánto del producto interno bruto (PIB) podría afectar. Cuando tuvimos el Niño de 1997-98, la afectación fue entre el 14 % y el 17 % del PIB [5000 millones de dólares], pero los impactos no dependen del tamaño de la amenaza, también depende de cómo está la vulnerabilidad en el país”, comenta.

En ese sentido, Cornejo dice que las tasas de empleo, desempleo, nutrición de la población, el acceso a servicios básicos y servicios básicos como alcantarillado y agua potable pueden afectarse durante un evento de El Niño. “Lo que uno tendría que trabajar son escenarios similares a lo que pasaba en eventos extremos como el de 1997-98 y ver cómo está la vulnerabilidad en el país”.

Las zonas que más se ven afectadas por El Niño en Ecuador, dice Cornejo, son la Cuenca del Guayas, que alberga un poco más de 4 millones de habitantes, casi el 25 % de la población total del país y donde se generan los tres productos más importantes de exportación: camarones, banano o plátano y la pesca de atún. “Estos tres rubros importantes de exportación podrían verse afectados por el evento, por el tema de las precipitaciones”.

En el caso del banano, explica, si no son haciendas muy tecnificadas, los drenajes no pueden evacuar la cantidad de agua que llega con las fuertes lluvias. En el caso del camarón, al llover tanto la salinidad baja y esto puede afectar la calidad del camarón que se produce. En el caso de la pesca, normalmente durante un año de El Niño, el atún migra. “Estos impactos afectarían mucho la economía del país”.

El 21 de julio, la actual secretaria nacional de Gestión de Riesgos, Carolina Lozano, anunció el inicio de alerta naranja para 17 provincias y 143 municipios, y confirmó que se había aprobado el Plan de Acción Nacional ante el Evento El Niño 2026-2027.

“Lo ideal es que el evento de El Niño sea parte de cualquier planificación. El clima tiene que estar incluido en cualquier planificación y no esperar a tener planes de contingencia. Es un cambio de mentalidad que debe permear en todos los niveles de gobierno, tanto en el sector público como en el sector privado”, puntualiza Cornejo.

El artículo original fue publicado por Yvette Sierra Praeli en Mongabay Latam. Puedes revisarlo aquí.

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Los países de Latinoamérica enfrentan un escenario complejo en la degradación de la tierra. Por un lado, la conversión de los suelos para monocultivos o ganadería extensiva está provocando desertificación. Por otro lado, la crisis climática y fenómenos climáticos como El Niño intensifican los efectos por la degradación de los suelos. Los resultados ya se ven directamente en la vida diaria: menor acceso al agua y menos producción de alimentos, más riesgos de incendios y con ello el desplazamiento de personas y comunidades.

En medio de este escenario, la región tendrá la oportunidad de abordar estas realidades en la sesión 17 de la Conferencia de las Partes (COP17) de la Convención de las Naciones Unidas de la Lucha contra la Desertificación (UNCCD) que se realiza en Ulán Bator, Mongolia, a partir de este lunes y hasta el 28 de agosto, con el objetivo de encontrar caminos para restaurar de los suelos. Mongabay Latam estará informando desde el centro de reuniones durante los próximos días.

Se trata del único tratado internacional que obliga a los 197 países que son parte a comprometerse en la gestión sostenible de la tierra para proveer alimentación, agua y oportunidades económicas para todas las personas. Además es una de las tres Convenciones de Río —junto con la biodiversidad y el cambio climático—, los grandes acuerdos internacionales firmados en la Cumbre de la Tierra de 1992 en Río de Janeiro, Brasil, las cuales también sesionarán a finales de 2026.

Este año, los países también pondrán sobre la mesa las alternativas y posibles soluciones a la degradación de la tierra. Los pastizales tendrán un rol protagónico al ser considerados ecosistemas aliados y estratégicos para gestionar de forma sostenible los suelos de regiones impactadas por la desertificación.

Especialistas consultadas por Mongabay Latam explican los acuerdos y mecanismos clave a seguir en esta COP17, los escenarios que enfrentan los países más vulnerables de Latinoamérica a la desertificación, así como las alternativas que ya se construyen en nuestra región.

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Perder alimentos por la desertificación

La degradación de la tierra y la desertificación tienen uno de sus impactos más visibles en la alimentación, pues se traducen en la pérdida de cultivos e inseguridad alimentaria para quienes dependen de la agricultura.

Esto es importante para América Latina y el Caribe, donde la agricultura familiar representa cerca del 50 % de la superficie destinada a productos como hortalizas, frutas, cereales y raíces y tubérculos, de acuerdo con la Organización de las Naciones Unidas para la Alimentación y la Agricultura (FAO).

Yasna Palmeiro Silva, investigadora y consultora en cambio climático y salud, explica que en la región la amenaza se exacerba por la combinación de procesos de degradación del suelo con fenómenos naturales y climáticos como El Niño, que históricamente se ha traducido en menores lluvias y aumento de las temperaturas en ciertas regiones del continente.

“Se combinan las vulnerabilidades sociales que tenemos en Latinoamérica, donde uno de los principales sectores económicos es la agricultura. En el Corredor Seco en Centroamérica desde hace bastante tenemos afecciones a la seguridad alimentaria y al agua. Hay poblaciones que se han tenido que desplazar dejando su casa debido a esta escasez”, explica la especialista a Mongabay Latam.

Palmeiro agrega que esta combinación de agravantes del suelo ya se dan también en otras regiones de Latinoamérica, como la de Cerrado -en la sabana brasileña-, la Amazonía, la región del Chaco sudamericano o Coquimbo, al norte de Chile.

“En estas zonas en particular, las personas han tenido que estar dependiendo de camiones aljibe que llevan agua para consumo porque ya no llueve, no tienen agua en las capas subterráneas y eso genera una inseguridad hídrica importante”, dice la investigadora y agrega que hay un desplazamiento de comunidades ante la sobreexplotación de los suelos.

La agricultura y las actividades económicas, sostiene, “se han ido desplazando y la gente ha tenido que cambiar completamente de actividad económica, porque la agricultura en particular no sirve ni para comer ni para generar ingresos”.

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El Niño: un detonador de riesgos en Latinoamérica

Las sequías, los aumentos de temperatura y los incendios que muestran el avance de la desertificación se están combinando con la variabilidad del clima y con las consecuencias de las actividades humanas, como la transformación de los suelos.

Especialistas explican que aunque siempre hemos interactuado con los efectos de El Niño, al combinarse con otros factores sus impactos crecen y representan mayores riesgos. Para 2026, por ejemplo, se estima un aumento de incendios severos en ciertas zonas asociados a este fenómeno, de acuerdo con un análisis de la red de científicos World Weather Attribution.

Los vínculos de El Niño con las inundaciones y sequías en Latinoamérica están históricamente identificados por científicos e investigadores. Por ejemplo, suelen implicar mayores temperaturas y lluvias intensas en el norte de México, Perú, Ecuador y en algunas zonas de Chile y Uruguay, mientras que las sequías tienden más a impactar Centroamérica, el norte de Brasil, Colombia y Venezuela.

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“Además de esos procesos climáticos y meteorológicos de variabilidad natural que están ocurriendo estamos cambiando un suelo debido al uso que le damos. Estas tres cosas confluyen para un desastre perfecto”, sostiene Palmeiro, quien agrega que donde se viven más los efectos de la crisis climática, se intensifican los fenómenos naturales.

Belén Valenzuela, oficial del programa de Bosques y Pastizales de la Unión Internacional para la Conservación de la Naturaleza (UICN) América del Sur, coincide en que estos fenómenos impactan en conjunto en las zonas más vulnerables con sequías más intensas y temperaturas que afecta las productividad de la vegetación. Esto expone a estas regiones a incendios.

“Es importante entender que estos factores no actúan de manera aislada, sino que se refuerzan entre sí. Se produce un círculo bastante preocupante”, explica la especialista. “Tienes un ecosistema degradado que responde peor a una sequía o a una crisis climática extrema y que puede acelerar aún más su degradación”, explica.

Palmeiro agrega que esta combinación de efectos ya está teniendo un impacto en la salud y el bienestar de las personas. De acuerdo con un comentario científico elaborado por la investigadora, durante el fenómeno de El Niño 2023-2024, Latinoamérica registró su peor temporada de dengue de la historia, con un aumento del 600 % en los casos de países andinos y del Cono Sur, especialmente en Brasil y Paraguay. También se reportaron cerca de 8436 muertes más de las esperadas, asociadas a olas de calor.

“Las lesiones y las muertes las vamos a ver de inmediato, pero hay un cierto rezago de otro tipo de enfermedades que empiezan a aumentar a las semanas o inclusive meses después del evento”, dice la investigadora a Mongabay Latam.

También menciona que los sistemas de los países de la región no están preparados para estos efectos acumulados. “Son sistemas que se hicieron bajo un clima que no existe más. Estamos ante un escenario completamente nuevo, lo vamos a seguir estando dependiendo de las decisiones que tomemos”, puntualiza.

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Instrumentos clave para la COP17

Uno de los esquemas clave que Naciones Unidas ha implementado contra la desertificación es el concepto de neutralidad en la degradación de la tierra (LDN, por sus siglas en inglés) y busca impedir la erosión de los suelos y revertir el impacto que ya existe en el 70 % de todas las tierras libres de hielo para 2030, de acuerdo con el organismo internacional.

Para ello, la mayoría de los países firmantes se han comprometido a diferentes medidas que forman parte de este esquema, como restaurar 1000 millones de hectáreas para 2030.

Ana Di Pangracio, directora ejecutiva adjunta de la Fundación Ambiente y Recursos Naturales (FARN), destaca que uno de los temas pendientes a seguir será el recién instaurado Fondo de Inversión para la Resiliencia a la Sequía, que busca respaldar la agricultura sostenible, mejora el acceso al agua y promover soluciones basadas en la naturaleza.

“Veremos algún primer reporte en la agenda cuando aborden sequías, si ya han podido acceder a fondos, en qué estado está toda la la cuestión operativa, si efectivamente ya están implementando o todavía están en el proceso de definir proyectos o firmar contratos, todo lo burocrático que suele estar asociado a ello”, advierte la abogada ambientalista.

Di Pangracio explica que a nivel político también está pendiente definir un instrumento vinculante que permita atender mejor el tema de las sequías y que no pudo traducirse en un acuerdo político desde la COP de Desertificación pasada, en 2024, en Arabia Saudita.

“Se listaron una serie de instrumentos que van desde una simple declaración hasta un protocolo. Desgraciadamente no se dio el acuerdo político para definir qué instrumento. Veremos si prospera en esta COP17, va a estar más difícil por toda la situación geopolítica, por lo polarizado que está todo”, dice la especialista a Mongabay Latam.

Por otro lado, Valenzuela, de UICN América del Sur, sostiene que esta COP17 será importante para la participación de pueblos indígenas y comunidades locales porque se buscará avanzar en la creación del Caucus, espacios donde líderes indígenas eligen a representantes que expresan inquietudes y necesidades en los altos espacios de negociación política.

“Esto es significativo justamente porque permite pasar de una lógica en la que los pueblos indígenas y los comunidades locales participan a través de eventos o consultas a tener un espacio institucional propio, articular posiciones, influir en las negociaciones y dar seguimiento a la implementación”, explica Valenzuela a Mongabay Latam.

Aunque estos mecanismos no toman decisiones directas en las negociaciones, la especialista advierte que pueden convertirse en una especie de plataforma para que las prioridades latinoamericanas sobre derechos territoriales, restauración, gobernanza, conocimiento tradicional y financiamiento tengan mayor peso dentro de la COP.

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Pastizales y sabanas, aliados estratégicos y poco vistos

Mientras los bosques han concentrado buena parte de la atención de las políticas de conservación y cambio climático, los pastizales y sabanas siguen siendo ecosistemas subestimados pese a sus beneficios en los suelos y en la producción de alimentos. Así lo considera Gabriel Quijandría, director regional de UICN para América del Sur, región que puede encontrar un aliado en estos ecosistemas.

“El hecho de que en América Latina cerca del 33 % de todos los biomas que hay son pastizales y sabanas, te das cuenta de este del rol enorme que deberían tener en términos de captación de carbono, de todas estas posibilidades de apoyar al esfuerzo de conservación o de recuperación de la naturaleza”, dice a Mongabay Latam.

Los pastizales son fundamentales, explica Valenzuela, porque sostienen funciones ecológicas, productivas y sociales que no suelen verse a simple vista. “Protegen y forman suelos, almacenan carbono, regulan el agua, reducen la erosión y sostienen también una gran diversidad de especies”, expone.

Los especialistas de UICN precisan que además cumplen un rol clave para la seguridad alimentaria y la economía de cerca de 30 millones de personas.

“Los pastizales y las sabanas muchas veces son la base de sistemas ganaderos y pastoriles y sostienen los medios de vida de millones de personas. No son tierras vacías y tampoco son tierras degradadas por definición, son ecosistemas naturales que tienen una enorme capacidad de contribuir a la biodiversidad, al clima, al agua y a la producción”, insiste.

Como parte de un esfuerzo de articulación con gobiernos, sociedad civil y organizaciones, UICN elaboró un documento regional que identifica tres grandes riesgos a la salud de estos ecosistemas: la expansión agropecuaria y el cambio de uso de suelo; manejo de ganado inadecuado y sobrepastoreo; y la crisis climática.

“La amenaza más estructural es la conversión. Hay pastizales y sabanas naturales que están siendo transformados en cultivos. Hay presiones fuertes que están enfrentando paisajes como las Pampas, el Cerrado y el Gran Chaco y cuando ocurren este tipo de transformación, no perdemos solamente vegetación, sino tenemos fragmentación de hábitat, degradación del suelo, pérdida de funciones que estos ecosistemas prestan para el agua, la biodiversidad o la producción”, detalla Valenzuela.

Por esta razón, los representantes de UICN consideran que la COP17 es una buena oportunidad no solo para posicionar el tema pastizales y sabanas, sino para también posicionar a América Latina como un liderazgo en adaptación y soluciones.

“Poner este tema sobre la mesa le abre a América Latina esta potencialidad precisamente porque tenemos estas extensiones tan grandes, pero tan importantes también en términos económicos, vinculados a la cultura”, señala Quijandría.

El artículo original fue publicado por Gonzalo Ortuño Lopez en Mongabay Latam. Puedes revisarlo aquí.

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El dron avanzaba hacia el nido cuando, de pronto, una rapaz salió del bosque. El ornitólogo Tomás Rivas Fuenzalida, quien estaba al mando del aparato, no había visto al ave. Tampoco la persona que lo acompañaba. Era un vuelo corto hacia un nido que ya no estaba ocupado por el polluelo: ahora, el águila tirana (Spizaetus tyrannus) juvenil había comenzado a volar, aunque todavía regresaba ocasionalmente al árbol para alimentarse. El ave apareció de improviso, se lanzó sobre el aparato y lo derribó.

“Vi cómo el dron empezó a dar vueltas y, cada vez que apuntaba hacia el cielo, estaba el águila encima, mirándolo mientras caía”, describe a Mongabay Latam el director de investigación de la Fundación Ñankulafkén, en Chile. El dron, que era de un tamaño muy pequeño, terminó en el suelo del bosque. El ave, en cambio, no sufrió heridas.

Rivas Fuenzalida explica que las rapaces juveniles suelen acercarse a objetos nuevos por curiosidad y juego. En este caso, el equipo pudo capturar al ejemplar tiempo después y comprobar que no tenía lesiones en las patas. El incidente, sin embargo, dejó una tarea menos sencilla: recuperar el dron en el territorio.

El episodio resume uno de los dilemas que durante años han enfrentado los investigadores de aves rapaces en Latinoamérica: los drones pueden hacer posible observar nidos que de otra manera serían casi inaccesibles, pero también pueden alterar la conducta de las aves y provocar respuestas potencialmente riesgosas cuando se utilizan sin las precauciones necesarias.

Un estudio publicado en Scientific Reports reunió una década de observaciones de investigadores de ocho países de América Central y del Sur para intentar entender mejor qué ocurre cuando esos dos mundos se encuentran. El trabajo, liderado por la bióloga brasileña Francisca Helena Aguiar-Silva, analizó 227 vuelos realizados entre 2014 y 2024 sobre 119 nidos activos de 27 especies de rapaces neotropicales.

“Cuando se va a iniciar una investigación con drones para volar cerca de un nido, debemos tener en cuenta una pregunta que justifique el vuelo y no tener como único objetivo tomar fotografías o recopilar datos de comportamiento: ¿cuál es la justificación para realizar este vuelo, considerando el riesgo de generar estrés en las aves?”, dice Aguiar-Silva.

La pregunta no es menor. “Tenemos información y evidencias de que las rapaces responden de forma activa a la presencia de estos drones”, explica. “Entonces, los próximos proyectos tienen que justificar muy bien por qué volar un dron y no utilizar otra técnica de monitoreo”.

El resultado principal del estudio no es que los drones sean buenos o malos para las aves. Es más preciso: las rapaces responden a su presencia, pero no todas lo hacen de la misma manera.

Según los datos del estudio, el 81 % de las especies estudiadas reaccionó ante la presencia de los drones. La respuesta estuvo fuertemente influida por las características ecológicas de cada especie, la etapa reproductiva y las condiciones del vuelo.

Las conductas defensivas fueron las más frecuentes. Los ataques y los intentos de escape, en cambio, fueron poco comunes y estuvieron asociados sobre todo con aproximaciones cercanas, vuelos prolongados o vuelos por encima de las aves. Las especies más pequeñas y ágiles tendieron a atacar, mientras que las águilas de mayor tamaño generalmente evitaron el enfrentamiento.

Los nidos incluidos en el análisis albergaban adultos, huevos y aves inmaduras en distintas etapas: polluelos, volantones —individuos recién salidos del nido que todavía permanecen en sus inmediaciones— y juveniles de entre ocho y 24 meses.

Entre las especies con más vuelos registrados estuvieron el águila harpía (Harpia harpyja), con 64 vuelos (36 %); el águila poma (Spizaetus isidori), con 34 (19 %); el águila albinegra (Spizaetus melanoleucus), con 32 (18 %); el cóndor andino (Vultur gryphus), con 22 (12 %); el halcón pechinaranja (Falco deiroleucus), con 14 (8 %); y el águila crestada (Morphnus guianensis), con 11 (6 %).

Una herramienta que también puede perturbar

Los investigadores comenzaron a utilizar drones para resolver un problema muy concreto: cómo llegar a nidos que desde el suelo son difíciles o incluso imposibles de observar. Muchos están a decenas de metros de altura, en árboles emergentes, acantilados o zonas de montaña a las que llegar caminando puede tomar horas. Antes de los drones, podían pasar días o incluso una semana intentando confirmar la existencia de un nido.

Mateo Giraldo Amaya, biólogo y director del Proyecto Grandes Rapaces Colombia, recuerda que cuando comenzó a trabajar con drones, alrededor de 2016, todavía había muy poca información sobre cómo utilizarlos con rapaces.

“No había dónde consultar ni a quién preguntarle”, recuerda. El aprendizaje fue, en buena medida, autodidacta: “Con el conocimiento de la biología de las especies, sabiendo qué les puede molestar e ir viendo sus reacciones, fuimos adoptando algunas prácticas”.

Ese aprendizaje disperso entre investigadores de distintos países terminó formando parte del estudio. Los autores reunieron observaciones de sitios de reproducción en Panamá, Colombia, Ecuador, Venezuela, Brasil, Perú, Chile y Argentina. El trabajo abarcó los bosques tropicales húmedos del Darién, el Chocó biogeográfico y la Amazonía, así como los páramos y bosques montanos de los Andes y los bosques templados australes.

Los drones han ofrecido una ventaja evidente. En unos pocos minutos pueden revelar si un árbol alberga un nido, si hay un huevo o un polluelo e incluso permiten estimar la edad de una cría, información que desde el suelo podría requerir horas de observación.

“Yo siempre trato de hacerme una pregunta antes de despegar y es para qué voy a despegar el dron, si vale la pena o no. No se va a volar el dron porque sí”, coincide Giraldo Amaya.

En determinadas circunstancias, agrega, el dron puede resultar menos perturbador que los métodos que reemplaza. “Un dron puede ser invasivo, pero si comparas un dron con trepar un árbol, obviamente un dron significa levantar un aparato cinco o diez minutos, pero trepar un árbol es una actividad que te puede llevar dos o tres horas”, explica Giraldo Amaya. “Entonces, sí, los drones son perturbación, pero los estamos usando para evitar perturbaciones mayores”.

El estudio, sin embargo, muestra que incluso una aproximación breve puede provocar respuestas. Durante los vuelos, los investigadores registraron desde cambios en la atención —como seguir el aparato con la mirada— hasta conductas defensivas, vocalizaciones, persecuciones, ataques o abandono del nido. Para los investigadores, por eso, la ausencia de un ataque no significa necesariamente ausencia de reacción.

Fernando Angulo, ornitólogo e investigador principal del Centro de Ornitología y Biodiversidad (CORBIDI), en Perú, quien no participó en el estudio, considera que el balance entre utilidad y perturbación puede ser favorable cuando la tecnología se utiliza de manera responsable y en favor de la conservación. El especialista compara el uso de drones con la captura de aves para anillarlas o colocarles dispositivos de seguimiento, que implican la manipulación de los individuos.

“Hace valer la pena el estrés al que han sido sometidos los animales”, dice. “Mejor aún si la información obtenida puede ser reinvertida en la conservación y en mejorar el conocimiento para aplicarlo para una mejor protección de la especie”.

Sin embargo, Angulo ejemplifica que en Perú no existe actualmente una regulación específica para el uso de drones en el monitoreo de nidos. “Lo que preveo es que en el futuro debería haberla, para evitar que esto se popularice de forma tal que cualquier persona piense que puede volar un dron y obtener esa información”, advierte.

No existe una distancia universal

Durante años, la experiencia de campo permitió a los investigadores desarrollar reglas prácticas. Pero reunir observaciones de especies y ambientes distintos permitió comprobar que no existe una distancia universal a partir de la cual un vuelo sea seguro.

En el estudio, las respuestas comenzaron a distancias que iban desde los dos hasta los 300 metros, dependiendo del contexto. Durante la crianza se observaron algunas de las respuestas a mayor distancia. En cambio, durante la etapa previa a la puesta y la incubación, las respuestas tendieron a producirse a distancias menores.

La trayectoria de los vuelos también importa. Las aproximaciones a los nidos desde arriba provocaron respuestas en el 73 % de los vuelos registrados en esa categoría, frente a porcentajes menores para las aproximaciones diagonales, horizontales y verticales.

Y hay otra variable que puede cambiar por completo la escena: quién está en el nido. Rivas Fuenzalida cuenta que, trabajando con halcones, descubrieron que determinadas aproximaciones podían realizarse durante la incubación cuando solo estaba presente la hembra, siempre que se tomaran precauciones y hubiera otra persona observando el entorno para prevenir la llegada del macho, ya que se trata de una género de aves muy veloz y riesgoso para los drones.

Aguiar-Silva encontró algo parecido al comparar individuos. Algunas rapaces toleraban que el dron se acercara bastante, mientras otras reaccionaban cuando el aparato todavía estaba lejos. Incluso dentro de una misma especie podía existir una gran variación. La experiencia previa del individuo, su estado reproductivo y su historia de vida podrían ayudar a explicar esas diferencias, dice la experta.

Por eso, la recomendación de los investigadores no consiste simplemente en establecer una distancia fija y aplicarla a todas las aves.

“Es importante que previamente se observe el comportamiento de los individuos presentes en estos nidos antes de iniciar el vuelo”, insiste Aguiar-Silva. “La recomendación general es realizar observaciones directas de las aves en los nidos con binoculares, para poder interrumpir el vuelo si se observa que este está generando estrés en el ave”.

Hay una regla que se repite con los investigadores: el piloto no debería estar solo. Mientras una persona opera el dron, otra debería observar al ave, el nido y los alrededores. La pantalla del control muestra lo que registra la cámara, pero no necesariamente permite advertir que un adulto está acercándose desde otro árbol o que un juvenil acaba de aparecer entre el follaje.

El estudio establece precisamente que, si aparece una respuesta activa, el avance del dron debe detenerse. En 11 de los 14 ataques registrados, los investigadores interrumpieron el vuelo antes de que hubiera contacto. En tres casos, sin embargo, los drones resultaron dañados: dos ataques fueron protagonizados por águilas arpías y otro por un águila crestada.

Una anécdota de campo de Giraldo Amaya ilustra el problema. En una ocasión, el equipo pensaba que un nido estaba vacío. Levantaron el dron y descubrieron que había un huevo. La hembra apareció rápidamente y atacó el aparato. El error no fue simplemente acercarse demasiado. Fue no saber qué había en el nido antes de despegar.

“Nos demoramos mucho para mover el dron y alejarlo, porque si hay un huevo la madre está cerca”, describe. “En medio segundo llegó el águila Spizaetus ornatus, lo cogió y lo catapultó al suelo. A la hembra no le pasó nada, siguió volando, pero el dron lo destruyó completamente”.

El resultado que sorprendió a los investigadores

Quizá el hallazgo más inesperado apareció cuando los investigadores analizaron los vuelos repetidos. Una de las hipótesis era que las aves podrían acostumbrarse al dron después de verlo varias veces. Es lo que se conoce como habituación: con exposiciones repetidas a un estímulo que no representa una amenaza real, una respuesta puede disminuir.

Pero ocurrió lo contrario. La probabilidad de que las rapaces reaccionaran aumentó con los vuelos sucesivos. El análisis estadístico encontró un incremento significativo de la probabilidad de respuesta a medida que avanzaba el orden de los vuelos, un patrón compatible con sensibilización, más que con habituación.

Para Aguiar-Silva, una posible explicación es que las aves interpreten el objeto volador como una amenaza persistente, semejante a un depredador o a un competidor. Las rapaces viven en ambientes donde las interacciones con otros depredadores y competidores forman parte de su historia evolutiva.

“No se recomienda repetir vuelos”, agrega la científica. “Lo ideal es tener un intervalo suficiente entre vuelos para reducir la probabilidad de respuestas activas derivadas del estrés en las aves”.

La necesidad de protocolos adecuados

En los nidos estudiados no se observaron impactos reproductivos de mediano o largo plazo. El 71 % de los nidos fue monitoreado durante temporadas reproductivas posteriores y todos permanecieron activos. Los autores, por lo tanto, no concluyen que las respuestas conductuales observadas hayan provocado un daño reproductivo a largo plazo.

Sin embargo, Aguiar-Silva plantea que todavía queda una pregunta más difícil por responder: qué ocurre dentro del organismo cuando un ave se comporta como si estuviera bajo amenaza. El estudio observó la conducta, pero no midió variables fisiológicas como frecuencia cardíaca u hormonas. Tampoco permite saber si respuestas repetidas podrían tener consecuencias acumulativas después de décadas.

Las rapaces grandes pueden vivir muchos años y utilizar los mismos territorios y nidos durante largos períodos. Para conocer los efectos de una perturbación que se repite durante toda una vida, diez años de observación pueden ser apenas el comienzo.

Por eso, la propuesta de los autores es que los futuros protocolos incorporen el comportamiento de cada especie y las condiciones específicas de cada vuelo: etapa reproductiva, distancia, trayectoria, tamaño del dron, duración y presencia de aves alrededor del nido. Y, sobre todo, que antes de despegar exista una pregunta que justifique ética y científicamente hacerlo.

En el fondo, el cambio que propone esta investigación es sencillo: dejar de pensar el dron únicamente como una cámara que vuela y empezar a considerarlo también como un estímulo dentro del mundo de las aves.

Para quienes estudian rapaces, esa diferencia puede determinar si una herramienta extraordinariamente útil sirve para conocer mejor a las especies que se busca conservar o termina convirtiéndose en otra perturbación que ellas deben aprender a enfrentar.

“La investigación no consiste solo en la recopilación de datos”, concluye Aguiar-Silva. “Sino en generar conocimiento que contribuya efectivamente a la conservación de estas especies y de este grupo de aves en la naturaleza”.

REFERENCIA

Aguiar-Silva, F.H., Junqueira, T.G., Rivas-Fuenzalida, T. et al. Behavioural responses of Neotropical raptors to drone approaches to nests. Sci Rep 16, 21841 (2026). https://doi.org/10.1038/s41598-026-47248-5

El artículo original fue publicado por Astrid Arellano en Mongabay Latam. Puedes revisarlo aquí.

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Un grupo de investigadores analizó más de 142 000 documentos oficiales y llegó a una conclusión: la provincia de Chaco, en el noreste de Argentina, auspició el desmonte de más de 500 000 hectáreas de bosque nativo protegido durante 15 años, entre 2009 y 2024. No fue necesario modificar la Ley Nacional de Bosques para alentar la deforestación, ya que se utilizaron decretos y trámites administrativos para perforar la normativa nacional y dar vía libre al desmonte, según detalla el estudio realizado por los científicos.

Este trabajo de investigación fue liderado por investigadores de la Universidad Nacional de Mar del Plata, el Consejo Nacional de Investigaciones Científicas y Técnicas (Conicet), la Universidad de Buenos Aires (UBA) y la Universidad Humboldt de Berlín, Alemania. Tiene un contexto internacional: los bosques secos están desapareciendo debido a la expansión agrícola y la extracción de madera, impulsadas por el consumo en el extranjero, determina el estudio.

“El reglamento de deforestación de la Unión Europea (UE), que entrará en vigor a fines de 2026, aborda este problema al exigir que las importaciones a la UE se produzcan cumpliendo con las leyes de protección forestal de sus países de origen”. Sin embargo, en la provincia de Chaco y otras provincias que forman parte de la región chaqueña, como Santiago del Estero, Formosa y Salta, la deforestación avanza para la producción sojera -principalmente para la alimentación de ganado-, ganadería y para extraer productos madereros (madera, carbón y extractos de tanino).

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La investigación identificó seis mecanismos para sortear la Ley Nacional de Bosques y lograr el desmonte en la provincia: recategorización de predios, permisos desvirtuados, sobreexplotación de madera, “blanqueo” de origen irregular, multas mínimas y actualización del mapa provincial para correr los límites.

Esta deforestación tuvo lugar en la zona del bosque conocido como el Impenetrable chaqueño, ubicado en la región del Chaco Sudamericano, la segunda región boscosa más grande de Sudamérica y donde los pueblos indígenas, como los qichí, gom y moqoit, denuncian la destrucción de sus territorios.

Estos seis mecanismos fueron implementados, según el estudio, por actores públicos y privados que “relajaron la ley provincial de Ordenamiento Territorial de Bosques para eludir los estándares mínimos de la ley nacional argentina de protección de bosques”. Así, ampliaron las áreas donde se podría producir madera o productos agrícolas en cumplimiento de las políticas transnacionales contra la deforestación.

Los autores afirman que “para evitar que estas respuestas desadaptativas se propaguen a otras regiones productoras, los países importadores deberían exigir productos que generen cero deforestación bruta”.

Matías Mastrangelo, especializado en ambiente, conservación y sustentabilidad y unos de los autores del estudio, explicó a Mongabay Latam que esta investigación revela que solo la región de bosque llamada el Impenetrable, en la provincia de Chaco, perdió alrededor de 500 000 hectáreas de bosque nativo, el 90 % de toda la deforestación registrada en la provincia durante el periodo analizado, entre 2009 y 2025.

Entre las normas analizadas, Mastrángelo tomó una como ejemplo: el decreto provincial 2157/22 transformó zonas catalogadas en la Ley de Bosques como zonas amarillas (donde está prohibida la deforestación total del área) en zonas verdes, habilitando el desmonte total de esas zonas de bosque nativo.

“Nosotros calculamos que alrededor de 370 000 hectáreas de bosque protegido se perdieron en estos 15 años mediante estos mecanismos. De esa cifra, 270 000 fueron desmontadas de forma ilegal, sin ningún tipo de permiso. A esas 370 000 que ya se perdieron es posible que haya que sumarles las más de 200 000 hectáreas por la actualización del mapa de la provincia y ahí hablamos de más de medio millón de hectáreas que se perderían por estos seis mecanismos”, detalló Mastrángelo.

La actualización del mapa de la provincia de Chaco es el nuevo Ordenamiento Territorial de Bosques Nativos (OTBN), sancionado bajo la Ley Provincial número 4005-R. Este mapa redefine las zonas de conservación ambiental (rojo, amarillo y verde) que regulan el uso del suelo y los permisos forestales en el territorio.

El experto añadió que auditaron 15 042 permisos de uso del bosque, 127 632 guías de transporte forestal y múltiples expedientes tramitados entre 2009 y 2024. Además, detalló que una “porción significativa” de la superficie afectada correspondía a categorías de alto (zona roja) y mediano valor de conservación (zona amarilla), donde el cambio de uso del suelo está prohibido o regulado por la ley nacional, respectivamente.

Las maniobras que abrieron el desmonte

La investigación detalla los seis dispositivos administrativos que se utilizaron para avalar el desmonte en supuesta complicidad con la autoridad forestal chaqueña. La primera es la recategorización de predios, que consta en la modificación del mapa de zonificación para pasar de áreas protegidas a categorías que autorizan el desmonte.

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El segundo dispositivo son los permisos silvopastoriles desvirtuados, que son autorizaciones para manejo integrado que terminaron ejecutándose como tala rasa y sustitución total de la cubierta vegetal.

Luego viene la sobreexplotación maderera, que involucra permisos de extracción otorgados por encima de las tasas naturales de regeneración del bosque.

El cuarto mecanismo es el blanqueo de madera, que son los esquemas de regularización e incorporación al circuito comercial de productos forestales extraídos de desmontes ilegales.

Además, detectaron las multas no disuasorias: la aplicación de sanciones económicas cuyos montos resultaron insignificantes frente al beneficio financiero del cambio de uso del suelo.

Por último, están las actualizaciones del Ordenamiento Territorial de Bosques Nativos (OTBN), que redujeron de manera sustancial la superficie bajo protección estricta. Esto fue llevado adelante por las autoridades de la provincia de Chaco.

“La intención con la que los propietarios desmontan estos bosques protegidos apelando a este tipo de maniobras es sembrar la soja o maíz, o para sembrar pasturas y criar ganado. Sin embargo, esta zona es muy seca y frágil, ya que tiene suelos que rápidamente pierden su fertilidad cuando se les quita el bosque. No es una zona agrícola o ganadera”, afirmó Mastrángelo.

Mongabay Latam contactó a ex autoridades de la provincia de Chaco que tuvieron a su cargo el área ambiental y de bosques durante los años en que los investigadores señalan la aplicación de estas maniobras, pero no logró respuestas. También se contactó al equipo de comunicación del actual gobierno provincial, pero tampoco emitieron un pronunciamiento sobre este tema.

Mastrángelo afirmó que él también intentó contactarse con la actual gestión del gobierno de Chaco para mostrar los resultados del estudio y emitir algunas recomendaciones. “A pesar de mostrar esta evidencia, ellos siguen con la insistencia de ampliar la frontera agropecuaria y de seguir yendo en contra de sus bosques y de las familias que habitan en estos bosques”, dijo el experto.

Andrés Nápoli, director de la Fundación Ambiente y Recursos Naturales (FARN) y quien no participó del estudio, afirmó a Mongabay Latam que el Ordenamiento Territorial de Bosques Nativos (OTBN) es una herramienta fundamental para proteger los ecosistemas forestales de Argentina. Sin embargo, advirtió que las actualizaciones en la provincia de Chaco hacen evidentes inconsistencias legales, técnicas y procedimentales en estos procesos.

Además, el experto detalló que los ajustes en los trámites administrativos violan principios ambientales clave, como los de no regresión -la imposibilidad de dar marcha atrás con una norma de protección ambiental- y progresividad -que implica la modernización y digitalización de trámites-, además de afectar directamente a las comunidades locales, especialmente indígenas, que habitan en estos territorios.

“Estas medidas representan un retroceso ambiental preocupante, ya que buscan habilitar el desmonte indiscriminado en un área clave para la biodiversidad. Con estos mecanismos se institucionaliza un incentivo perverso, promoviendo el negocio de la madera proveniente de desmontes ilegales. Todo esto implica un retroceso enorme para la protección de los bosques nativos chaqueños y consolida un modelo de explotación insostenible”, remarcó Nápoli.

El bosque chaqueño en riesgo

Chaco es una de las provincias argentinas más afectadas por la deforestación. En 2024 se perdieron casi 40 000 hectáreas de bosque nativo a pesar de las restricciones legales vigentes, de acuerdo con el monitoreo de la organización Greenpeace Argentina. Luego vino una baja considerable en las cifras que se debió a que la Justicia Federal de Chaco ordenó suspender los desmontes a mediados de 2024. Aún así, en 2025 se perdieron otras 17 000 hectáreas de bosque nativo en la provincia.

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En el estudio se destaca que las tácticas administrativas observadas en la provincia de Chaco guardan marcadas similitudes con procesos de erosión institucional documentados en la Amazonía brasileña y peruana, así como en el Cerrado, otro ecosistema boscoso clave de Sudamérica. Por ello, el caso chaqueño se posiciona como un modelo de estudio clave para comprender cómo se debilitan las políticas de conservación ambiental aun con marcos regulatorios vigentes, según detalló Mastrángelo.

El experto añadió que estos hallazgos adquieren especial relevancia en la coyuntura actual argentina, en la que se reactivan debates legislativos sobre reformas a la Ley 26.331 de presupuestos mínimos de protección ambiental para el manejo sostenible y la conservación de los bosques nativos, y cuando varias provincias revisan sus ordenamientos territoriales para reducir las áreas protegidas de bosque.

“El estudio deja abiertos interrogantes centrales sobre el impacto real en la biodiversidad, la disponibilidad del recurso hídrico, las comunidades locales y la efectividad de los controles e incentivos financieros previstos por el Estado nacional”, dijo Mastrángelo.

Según la investigación, entre el 16 % y el 28 % de los permisos habilitaron la extracción de entre dos y tres veces la cantidad de madera que es posible extraer sosteniblemente. Ese excedente, dijo Mastrángelo, permite incorporar al circuito legal madera proveniente de zonas rojas o de desmontes sin permiso.

También aparecen las “autorizaciones especiales”, que permiten a empresas de carbón y tanino comprar madera de áreas desmontadas ilegalmente. En 2024, el 55 % de la madera extraída en la provincia del Chaco proviene de desmontes ilegales con este tipo de autorizaciones.

Según el estudio, las multas tampoco funcionaron como freno. En 2024, solo con la venta del quebracho colorado, un propietario pudo pagar la sanción y conservar una ganancia inmediata de 126.5 dólares por hectárea.

Ese mismo año, la provincia de Chaco modificó su Ordenamiento Territorial de Bosques Nativos (OTBN): excluyó de estrictos controles 270 000 hectáreas desmontadas ilegalmente y redujo la protección de otras 220 000. Así, casi medio millón de hectáreas quedaron habilitadas para el desmonte.

REFERENCIAS

Mastrángelo, M.E., Aguiar, S. & Krause, V. Subnational mechanisms undermine transnational anti-deforestation policies. Nat Sustain (2026). https://doi.org/10.1038/s41893-026-01917-5

El artículo original fue publicado por Ivan Paredes Tamayo en Mongabay Latam. Puedes revisarlo aquí.

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El gobierno de Rodrigo Paz diseña un nuevo marco legal minero, para lo cual inició la Cumbre Nacional Minera, que comenzó con tropiezos y que se espera termine en octubre con la redacción de una nueva ley o Código Minero que rija la actividad. Representantes de los pueblos indígenas, quienes sostienen ser los más afectados por la contaminación de ríos por minería de oro, ni defensores ambientales fueron convocados por el Ejecutivo. Miembros de la Cámara de Diputados advierten que no recibirán ni aprobarán el nuevo Código Minero si no hay socialización con organizaciones indígenas, ambientales y políticas.

Esta cumbre inició su trabajo en diciembre de 2025, pero el 22 de julio se inauguró formalmente. Las autoridades debieron postergar su inauguración debido a que no habían llegado a consensos con sectores mineros como los cooperativistas. El evento debía durar una semana, pero se decidió avanzar en mesas de trabajo. En ninguna de ellas participan los pueblos indígenas ni los defensores ambientales.

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Ruth Alipaz, representante de la Coordinadora Nacional en defensa de Territorios Indígena Originarios Campesinos y Áreas Protegidas (Contiocap), afirmó a Mongabay Latam que las organizaciones indígenas no fueron convocadas para participar y cuestionó que el gobierno de Paz solo identifique como actores en esta temática a la minería estatal, cooperativas mineras, empresas mineras e instituciones del Estado.

“El eje ambiental es solamente un discurso del Gobierno, ya que buscan dialogar un nuevo código minero solamente con actores mineros y no con actores que puedan aportar desde la perspectiva de los graves impactos ambientales y contra la salud pública de la cual es responsable la minería aurífera”, reclamó Alipaz.

La lideresa indígena sostuvo que “el problema de la minería no solo es que utiliza tóxicos como el mercurio o cianuro, que nos envenenan tanto a humanos como a la flora, la fauna y nuestros alimentos, es también una problemática social, familiar, de mujeres, niños, niñas y de violación de nuestro derecho al territorio de nuestras naciones, pueblos y comunidades indígenas”.

Mongabay Latam pidió una solicitud de entrevista al ministro de Minería y Metalurgia, Marco Calderón, pero en esa entidad no atendieron el pedido. Cuando se inauguró el evento el funcionario anunció que en la cumbre se iban a abordar seis mesas de trabajo con distintos ejes temáticos: seguridad jurídica; institucionalización; comercialización; lucha contra la minería ilegal; ambiente y minería responsable; y contratos mineros.

Sobre el eje ambiental, el ministro Calderón afirmó que esa mesa aborda alternativas para promover una “minería más sostenible”, incluyendo el análisis de tecnologías que permitan sustituir progresivamente el uso del mercurio.

“Estamos evaluando alternativas para reemplazar el uso del mercurio por tecnologías más limpias, aprovechando además la cooperación internacional y las experiencias que ya vienen desarrollándose para avanzar hacia una minería más responsable con el ambiente”, señaló entonces Calderón.

El sector cooperativa abandonó la cumbre minera la semana pasada debido a que el ministerio de Minería y Metalurgia incluyó al debate a dos sectores mineros que no son reconocidos por la Federación Nacional de Cooperativas Mineras de Bolivia (Fencomin) debido a disputas internas entre organizaciones.

Sobre la inclusión de pueblos indígenas, Josué Caricari, presidente de Fencomin, afirmó a Mongabay Latam que su sector no tiene ningún inconveniente en que las organizaciones indígenas participen de esta cumbre. Además, el dirigente minero afirmó que tienen propuestas para evitar el uso de mercurio en la minería aurífera, pero que requieren apoyo del Estado.

“La minería es diversa en Bolivia, no es un solo sector y no se trabaja un solo mineral. Sabemos que hay reclamos de los pueblos indígenas y nosotros no estamos en contra de sus reclamos. Tenemos propuestas para no usar el mercurio, cambiar a una tecnología moderna, pero eso requiere atención del Estado”, destacó Caricari.

El dirigente minero no cerró las puertas a la cumbre y afirmó que pueden regresar al debate si es que el Gobierno reestructura el mecanismo de participación del evento.

El reclamo indígena

El presidente de la Central de Pueblos Indígenas de La Paz (CPILAP), Guido Alfaro, consideró que el plan del Gobierno es intensificar la minería en Bolivia relegando a actores afectados, como las organizaciones indígenas.

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“A nosotros no nos llegó ninguna invitación para ser parte de este evento a pesar de que somos los más afectados por la minería. Quisiera invitar a las autoridades, al presidente [Paz], que vengan a ver cómo las cooperativas están destruyendo nuestros ríos, cómo están contaminando nuestras aguas. Ojalá puedan venir y luego con ese conocimiento hacer su ley minera”, afirmó Alfaro a Mongabay Latam.

Según el Ministerio de Minería y Metalurgia, en la cumbre participan sectores de “cooperativas mineras, minería privada, minería chica, nuevos emprendimientos, profesionales, exautoridades y especialistas” en mesas técnicas, donde analizan los principales desafíos del sector y plantean iniciativas que contribuirán a la elaboración de una nueva normativa minera.

Uno de los ejes de mayor interés está dedicado al fortalecimiento de las acciones contra la minería ilegal. En esa mesa se analizan propuestas orientadas a mejorar el marco institucional y jurídico para enfrentar ese problema. “Entre ellas [las propuestas] se analiza la creación de una sala minera especializada dentro de la Justicia ordinaria, que permita atender con mayor eficiencia los casos vinculados a esta actividad ilícita”, explicó Calderón.

Alex Villca, miembro de Contiocap y también de la Coordinadora para la Defensa de la Amazonía (CODA), afirmó a Mongabay Latam que antes de priorizar el Código Minero se debe abordar el tratamiento de una Ley de Protección de las Cuencas Hídricas, “que en este momento es más importante y urgente que la intensificación de una minería que saquea, que destruye nuestro patrimonio natural y cultural, con miserable renta para el país, tal como lo venimos exigiendo reiteradamente”.

El dirigente indígena y defensor ambiental rechazó que tanto el Gobierno como el sector minero “tengan poder de decisión sobre los territorios indígenas y las áreas protegidas para otorgar contratos, sin cumplir con la consulta previa como manda la Constitución”.

Héctor Córdova, investigador de la Fundación Jubileo y experto en temas mineros, afirmó a Mongabay Latam que la cumbre minera “no tiene objetivos claros” y que “no tiene definida la visión de lo que se quiere”. Además, el experto criticó que el Gobierno no haya invitado a las nueve gobernaciones de Bolivia (gobiernos departamentales), municipios ni comunidades indígenas, que resultan afectadas por la actividad minera.

“A todo eso se suma que el sector cooperativista participa con una fuerte presión al Gobierno nacional. En todo eso, no hubo invitación a sectores clave. Ahí va a haber un vacío muy grande, al igual que la Ley Minera actual, se ha hecho entre mineros y por eso hay tantos líos de avasallamientos, de no consulta previa, no respeto a las comunidades, destrucción de grupos étnicos; todo eso está permitido por la actual ley”, dijo Córdova.

Las cooperativas mineras en Bolivia son asociaciones de socios-trabajadores que explotan yacimientos estatales o privados. Agrupan a la mayor cantidad de mano de obra del sector y generan más del 58 % de la producción nacional de minerales, sobre todo oro y metales tradicionales, según un estudio del Centro de Estudios para el Desarrollo Laboral y Agrario (CEDLA). Su aporte fiscal directo al país es mínimo en comparación con otros regímenes productivos.

Además, las cooperativas son cuestionadas porque muchas de ellas no respetan la normativa ambiental y por tener peso político dentro de los gobiernos de turno, como fue el caso del Movimiento Al Socialismo (MAS). Ahora, esa incidencia en las políticas públicas se repite con Rodrigo Paz, con quien firmaron un polémico acuerdo que autoriza el ingreso de la minería cooperativa a áreas protegidas.

Entre rechazo y críticas

Margarita Aquino, representante de la Coordinadora de la Red Nacional de Mujeres en Defensa de la Madre Tierra (Renamat), afirmó que la minería no es un asunto exclusivo del Gobierno y de los operadores mineros, como las cooperativas, ya que esa actividad -dijo-, se desarrolla en territorios indígenas y, en muchos casos, dentro de áreas protegidas.

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La defensora ambiental pidió a diferentes organizaciones, como la Defensoría del Pueblo, ejercer mayor control sobre las políticas públicas relacionadas con la actividad minera y reiteró su rechazo a que las decisiones sobre los recursos naturales se adopten sin la participación de los pueblos indígenas y de quienes defienden el medioambiente.

Mientras, en el campo político existen posiciones encontradas respecto a la nueva normativa minera. La diputada Patricia Patiño, del Partido Demócrata Cristiano (PDC), afirmó a Mongabay Latam que la comisión que preside rechazará los resultados de la cumbre minera porque en el evento no fueron tomados en cuenta sectores afectados, como los pueblos indígenas.

“Por supuesto que no vamos a aceptar las conclusiones de la cumbre [minera] porque no hemos sido parte de esa instancia. Se están tratando temas de recursos naturales y ambiente sin que se haya convocado a los pueblos indígenas”, afirmó la legisladora en contacto con Mongabay Latam.

Patiño, que es presidenta de la Comisión de Tierra, Territorio, Agua, Recursos Naturales y Medio Ambiente de la Cámara de Diputados, adelantó que pedirá al Gobierno convoque a pueblos indígenas para que puedan observar el proceso de armado del marco legal minero.

Por su parte, el viceministro de Medio Ambiente, Jorge Ávila, garantizó que en la nueva normativa minera se incluirá la protección ambiental y la participación de pueblos indígenas. “Sabemos que una Ley Minera sin la variable ambiental no es posible. Entiendo que este es un proceso que está iniciando el Ministerio de Minería para llevar adelante esta reforma a su norma y estoy absolutamente seguro de que la variable ambiental es y será parte importante de esta nueva estructura jurídica”, dijo la autoridad a medios locales.

Ávila aseguró que la actividad minera no solo afecta a comunidades indígenas, aunque admitió que existen impactos en toda la población. “Yo no creo que solo los pueblos indígenas son los afectados, afecta a todas las comunidades del país”, dijo el viceministro.

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El parque dejó de recibir visitantes hace meses. Sin embargo, Solei, Oceanía, Mincho, Diego, Squalo, Flex, Apolo, Solomon y Satu siguen allí. Los nueve delfines permanecen en las instalaciones que la empresa turística Dolphin Discovery operaba en Ventura Park, en Cancún. Allí comparten algo más que las albercas de concreto donde viven en cautiverio: varios superan los 30 años de edad, presentan enfermedades crónicas y esperan una decisión que definirá dónde pasarán el resto de sus vidas.

Los cetáceos permanecen bajo cuidado humano desde que la Procuraduría Federal de Protección al Ambiente (Profepa) clausuró el delfinario en octubre de 2025 e inició un procedimiento administrativo.

Su futuro quedó ligado a una reforma que buscó transformar el rumbo de los delfinarios en México. En julio de 2025, el Congreso aprobó modificaciones al artículo 60 Bis de la Ley General de Vida Silvestre que prohibieron la reproducción de mamíferos marinos en cautiverio, salvo con fines de conservación. La nueva normativa ordenó la transición de los cetáceos a corrales marinos y limitó las interacciones con los ejemplares que ya permanecían bajo cuidado humano, al prohibir prácticas que pudieran comprometer su bienestar, como montarlos, sujetarse de sus aletas o impulsarse con sus cuerpos.

Con ello, el país inició la transición hacia el fin del modelo de delfinarios basado en la reproducción y explotación comercial de estos animales.

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Mientras esa transición toma forma, los nueve delfines permanecen en una especie de limbo jurídico y operativo. De acuerdo con información proporcionada por la Profepa a Mongabay Latam, reciben alimento diariamente, atención veterinaria y monitoreo constante. Pero aunque ya no participan en actividades recreativas con visitantes, tampoco han sido trasladados a otro sitio, como establece la ley. Liberarlos al océano no es una opción viable después de décadas bajo cuidado humano. Sin embargo, el país aún no define cuál será la ruta para ofrecerles un nuevo hogar.

Tras meses de incertidumbre, organizaciones como Empty the Tanks proponen trasladar a los nueve delfines a corrales marinos, espacios delimitados en el mar que permiten a los cetáceos permanecer en contacto con el agua oceánica y sus condiciones naturales para desarrollar comportamientos más cercanos a los observados en poblaciones silvestres. Para ello, urgen que la autoridad ambiental y Dolphin Discovery implementen un plan para trasladar a los animales a los corrales que la empresa ya posee en Isla Mujeres y Chankanaab, en Cozumel, para mejorar su calidad de vida mientras continúan recibiendo la atención veterinaria especializada que requieren.

“Los pueden bien recibir o habilitar otro espacio”, dice a Mongabay Latam Mariel Bravo, directora de Empty the Tanks en México. “Para no esperar tanto, esta sería la solución: que pasen a Isla Mujeres o a Cozumel, donde ya hay corrales marinos. Es mejor que estén en el mar que en un tanque esperando morir”.

Un reglamento ausente

La incertidumbre sobre el futuro de los nueve delfines comienza por un vacío normativo. Aunque la reforma a la ley entró en vigor hace un año, el reglamento que debe establecer los criterios para su aplicación aún no ha sido publicado. Ese documento deberá definir, entre otros aspectos, cómo se llevará a cabo la transición de los mamíferos marinos que permanecerán bajo cuidado humano, los requisitos para los corrales marinos y los procedimientos que deberán seguir las autoridades y los propietarios de estos ejemplares.

“El reglamento debió salir en enero [de 2026], como lo marcaba la ley, para que no haya malas interpretaciones”, explica Bravo. “Por ejemplo, la obligatoriedad de llevar los delfines, en un plazo de 18 meses a partir de la publicación, de piscinas a corrales marinos vence en abril de 2027. Nosotros no vemos que se estén preparando los lugares”.

Paralelamente, Empty the Tanks promueve la creación del primer Centro para la Conservación e Investigación de Vida Silvestre (CIVS) para mamíferos marinos en México. La iniciativa propone establecer un santuario marino en Quintana Roo que sirva como espacio de rehabilitación y retiro para los cetáceos que permanezcan en cautiverio tras la reforma, con apoyo de especialistas, organizaciones y recursos del Fondo de Protección de Especies Marinas del estado.

Mientras tanto, el retraso del reglamento no es el único desafío. Yolanda Alaniz Pasini, consultora científica para Conservación de Mamíferos Marinos de México (COMARINO), explica que, después de décadas en cautiverio, los delfines han sufrido cambios fisiológicos y conductuales que obligan a evaluar cuidadosamente cualquier decisión sobre su futuro. Han vivido buena parte de su vida dependiendo de las personas para alimentarse y desenvolverse en un entorno controlado.

“La ley dice ‘no debe haber delfines en albercas de concreto’, pero tampoco se hace de un día para otro”, explica la especialista. “Estar en una alberca de concreto significa no escuchar ni sentir el mar. Está comprobado científicamente que va minando la fisiología, la neurología del cerebro y el sistema nervioso de los delfines. Es un estrés crónico persistente que favorece todo tipo de enfermedades”.

Los expedientes clínicos revisados por la organización Empty the Tanks describen un panorama de salud complejo. Los nueve delfines viven con enfermedades crónicas y persistentes que afectan distintos sistemas de su organismo, entre ellos el gastrointestinal, respiratorio, hematológico, bucal, ocular, metabólico y dermatológico. Algunos presentan lesiones dentales severas, desgaste avanzado, enfermedades oculares de larga evolución e incluso tumores. Además, la organización documentó conductas repetitivas y otros indicadores compatibles con un bienestar comprometido.

La Profepa informó a Mongabay Latam que los ejemplares permanecen bajo evaluaciones clínicas periódicas, estudios sanguíneos, análisis microbiológicos y seguimiento permanente de su estado de salud. La dependencia añadió que la empresa continúa siendo responsable del mantenimiento y cuidado de los animales mientras concluye el procedimiento administrativo iniciado tras el aseguramiento. De igual forma, agregó que cualquier decisión sobre su destino dependerá de la resolución del mismo procedimiento.

La Secretaría de Ecología y Medio Ambiente (SEMA) de Quintana Roo afirmó a Mongabay Latam por correo electrónico que durante una visita realizada en abril de 2026 constató que los nueve ejemplares —siete machos y dos hembras de delfín nariz de botella del Indo-Pacífico (Tursiops aduncus)— “tienen atención constante, cuentan con veterinarios, tienen sus dietas correspondientes, el agua no está sucia y se encuentran monitoreados diariamente”.

Esa versión contrasta con videos difundidos a inicios de agosto por la organización Veeleaf, que muestran un día completo de los nueve delfines en los estanques de concreto. Las imágenes aéreas registran una sola alimentación proporcionada por el personal, la permanencia de los animales durante cerca de 12 horas bajo el sol, sin áreas visibles de sombra o resguardo, y largos periodos en los que permanecen inmóviles o sumergidos.

“Todos están enfermos y algunos bastante delicados, están en albercas donde el agua está demasiado caliente y no tienen sombras dónde se puedan resguardar”, coincide Araceli Domínguez, presidenta del Grupo Ecologista del Mayab (GEMA), quien ha dado seguimiento y ha denunciado irregularidades en los delfinarios de Quintana Roo durante las últimas dos décadas.

Un país que todavía mide el tamaño del desafío

La situación de Ventura Park es apenas una parte de un reto mucho mayor. Aunque la reforma busca transformar el futuro de los mamíferos marinos en cautiverio, las autoridades ambientales aún trabajan para dimensionar cuántos animales y cuántas instalaciones deberán incorporarse a esa transición.

Profepa informó a Mongabay Latam que actualmente elabora un inventario nacional de mamíferos marinos en cautiverio que servirá como base para implementar la nueva legislación. Los datos también deberán incluir las muertes y nacimientos de delfines. Mientras ese diagnóstico concluye, la información pública disponible sigue siendo limitada.

El último inventario nacional entregado por la Dirección General de Vida Silvestre (DGVS) mediante solicitudes de transparencia a Empty the Tanks corresponde a registros elaborados hasta 2018. En ese momento, los datos confirmaban 229 delfines en cautiverio distribuidos en 33 instalaciones de estados como Quintana Roo —concentrando 18 delfinarios, la mayor cantidad del país—, seguido por Nayarit, Guerrero y Baja California Sur, con tres delfinarios cada uno. La Ciudad de México aparece con dos instalaciones, mientras que Veracruz, Sonora, Guanajuato y Jalisco están enlistados con uno cada uno. Para 2026, la organización estima que en México podría haber alrededor de 350 mamíferos marinos en cautiverio, entre delfines, lobos marinos y manatíes. En contraste, el número de instalaciones activas se redujo a 27 delfinarios, tras el cierre de cuatro en Quintana Roo y de uno en Baja California Sur y otro en Guerrero.

“Nos dieron la información porque interpusimos un recurso de revisión ante las negativas de la Secretaría [de Medio Ambiente y Recursos Naturales, Semarnat]”, sostiene Bravo sobre el proceso para obtener los datos, aunque en junio de 2025 la DGVS se había comprometido a entregarlos. “Conseguimos el acceso a medias, a cierta información digitalizada y entregada en copias simples, tapando datos confidenciales, pero nos queda siempre la duda de si lo que reportan es verdad. De eso se debe encargar la Profepa, de vigilar que concuerden esos inventarios”.

Estos registros históricos también permiten identificar algunas de las principales causas de muerte reportadas por los propios delfinarios a la autoridad ambiental.

“Siempre se mueren de lo mismo”, agrega Bravo. “Tenemos información de la DGVS, en gobiernos anteriores, donde las muertes son por choques sépticos y bacterianos, neumonía, paros cardíacos y obstrucción gastrointestinal, que denotan maltrato y falta de cuidados para estos mamíferos marinos”.

Una reforma puesta a prueba

Mongabay Latam solicitó una entrevista a la empresa Dolphin Discovery para conocer su postura sobre el estado de salud de los delfines, el procedimiento administrativo y los planes para el futuro de los animales. También solicitó una entrevista a la Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales (Semarnat) para conocer el avance del reglamento que deberá dar operatividad a la reforma legal y el estado de los trabajos para implementar el nuevo marco normativo.

Al cierre de esta edición, ninguna respondió a las solicitudes de entrevista ni a los cuestionarios enviados por correo electrónico. Mientras esas respuestas siguen pendientes, Solei, Oceanía, Mincho, Diego, Squalo, Flex, Apolo, Solomon y Satu permanecen en las mismas albercas donde han pasado buena parte de su vida.

Lo que ocurra con ellos marcará el rumbo de la transición del modelo de los delfinarios en México. Si el país logra ofrecerles un retiro en mejores condiciones, habrá dado el primer paso para convertir una reforma legal en una política pública.

“El llamado es a las autoridades a que actúen tan pronto como sea posible”, concluye Domínguez. “Hay que empezar a cerrar más delfinarios y llevar a los delfines a un lugar de resguardo y de retiro donde puedan vivir sus últimos años en mejores condiciones, porque ya dieron parte de su vida para el entretenimiento humano. Ya hay que llevarlos a otro lugar”.

El artículo original fue publicado por Astrid Arellano en Mongabay Latam. Puedes revisarlo aquí.

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Han pasado seis semanas desde que el doble terremoto de 7.2 y 7.5 grados de magnitud devastara Venezuela el 24 de junio. La última cifra oficial presentada el 3 de agosto por el presidente de la Asamblea Nacional, Jorge Rodríguez, indica que han muerto 6125 personas, mientras que la cifra oficial de desaparecidos ofrecida por el gobernador de La Guaira –la zona más afectada por el doble sismo– José Alejandro Terán, habla de unas 1400 personas.

En medio del dolor y la destrucción y mientras los sobrevivientes siguen buscando a sus familiares enterrados bajo los escombros de las casas y los edificios colapsados, empiezan a surgir nuevas preguntas sobre los daños a largo plazo que podría dejar esta tragedia. El gobierno venezolano indica que al menos 190 edificios quedaron completamente destruidos. Además, 6433 viviendas fueron clasificadas como de alto riesgo y otras 9866 están bajo la categoría de uso restringido.

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La mayor devastación ocurrió en La Guaira, una ciudad costera ubicada a 30 minutos de Caracas. Aunque en la capital venezolana también colapsaron casas y edificios, los derrumbes en La Guaira destruyeron gran parte de la ciudad. Según un reporte elaborado por las Naciones Unidas a pocos días de ocurridos los sismos, los daños físicos directos en edificaciones e infraestructura alcanzaban aproximadamente 37 000 millones de dólares.

“Se vieron como nubes inmensas de polvo y, en el caso de La Guaira, mucho mayores porque la cantidad de edificaciones que colapsaron fueron muchas más”, dice Alejandro Álvarez, coordinador general de Clima21. “Esa cantidad de polvo puede producir daños a la salud humana y ambiental. No tenemos conocimiento ni referencia de que se esté haciendo alguna evaluación sobre esos daños para que se puedan hacer advertencias a la comunidad, sobre todo a las personas más vulnerables”, agrega Álvarez.

Tras el terremoto, las imágenes de La Guaira mostraban toneladas de cemento, fierros y otros materiales de construcción de los edificios caídos por toda la ciudad. Las fotografías y videos que han circulado tras los terremotos dejan ver una gran destrucción en la ciudad.

El gobierno de Delcy Rodríguez también ha informado que alrededor de 24 000 personas damnificadas permanecen en refugios temporales en Caracas y La Guaira, mientras continúan los trabajos de remoción de escombros y la búsqueda de desaparecidos.

El destino de los escombros

Las primeras semanas de julio empezaron a circular en redes sociales mensajes sobre el destino de la gran cantidad de escombros que había dejado la destrucción de la ciudad. “Desde el principio se vio que había camiones que estaban extrayendo el material de las grandes montañas de escombros y echándose directamente al mar”, comenta Álvarez sobre lo que se denunciaba en ese momento.

“Todos estos escombros que van saliendo, se van depositando en diferentes lugares, afectan la flora y la fauna de los ecosistemas en general. El daño mayor puede ocurrir si son echados al mar. Las grandes cantidades de sedimentos pueden destruir zonas donde hay especies que son importantes en la cadena alimenticia, en los sedimentos, pueden afectar zonas importantes de pesquerías”, comenta Álvarez y agrega que estos desechos pueden contener productos con algún tipo de elemento tóxico.

A la bióloga Mariana Hernández, investigadora doctoral en la Universidad de Manchester, en Inglaterra, le preocupa el destino de los desechos en La Guaira, sobre todo, si estos se depositan en la zona costera, debido a que “la energía de olas puede hacer que los escombros se rompan, se fragmenten y se descompongan rapidísimo”.

Para Hernández, el caso del plástico es grave por la problemática de los microplásticos. “Mientras más oleaje lo golpee, más rápido se va a ir descomponiendo en fragmentos pequeñitos, estamos hablando de mesoplásticos y microplásticos desde 5 milímetros hasta menos de un milímetro que ni siquiera podemos ver, pero que tienen impactos gravísimos”, comenta la experta sobre cómo los escombros que puedan llegar al mar terminan transformándose.

A la bióloga no solo le preocupan los microplásticos, sino también el resto de componentes de los escombros que ha dejado el derrumbe de decenas de casas y edificios. “Tenemos concreto, arena, ladrillos, materiales de construcción muy diversos. Metales; asbesto, que es muy preocupante; tuberías de PVC; pinturas con elementos pesados y, bueno, toda esta mezcla hace que el impacto ambiental sea muy fuerte, justamente porque se colocan en una zona donde las olas hacen que se rompa rápidamente”.

Hernández explica que cuando se arrojan escombros sobre un suelo marino se genera una especie de turbidez y oscuridad. “Cuando está muy turbio, se bloquea la luz y afecta a las especies que tienen branquias y que son filtradoras. Pero además tenemos la contaminación química y, como decía, los metales pesados de las pinturas y el asbesto me preocupa muchísimo”.

Otra preocupación son las pequeñas áreas de arrecifes de coral que hay en la zona de La Guaira, comenta Hernández, con especies de macroalgas, porque ninguna de estas especies “va a poder escapar del enterramiento y de la turbidez”. Los escombros que llegan al mar también afectarán erizos, caracoles, mejillones, bivalvos y todas las especies que forman parte de este ecosistema. “Es gravísimo porque va afectar los huevos y las larvas de los peces en una zona pesquera donde habitan especies de importancia para los pescadores para el país”.

“No es un impacto de hoy, sino es un impacto también para mañana, no es un ecosistema que se va a haber afectado a corto, sino más a largo plazo”, agrega Hernández.

Desde que se informó que los restos de los edificio se estaban depositando en la costa de La Guaira e incluso, arrojándose al mar, Jorge Rodríguez, presidente de la Asamblea Nacional, dijo que “bajo ningún concepto, ni a nosotros ni a los expertos internacionales que convocamos, se nos va a ocurrir lanzar los escombros de las edificaciones colapsadas al mar” y aseguró que las autoridades estudian mecanismos para clasificar y reutilizar más de un millón de toneladas de residuos.

El Ministerio del Poder Popular para el Ecosocialismo de Venezuela también se pronunció ante las denuncias y a mediados de julio emitió un comunicado en el advirtió que tendrá “tolerancia cero” ante los vertidos ilícitos de escombros al mar. “Verter desechos sólidos, líquidos o cualquier sustancia contaminante en el mar o en espacios naturales es una actividad ilícita que conlleva sanciones que van desde multas hasta procesos penales, así como la obligación de restaurar los espacios afectados”, indicó en el comunicado.

En una reunión del ministro para el Ecosocialismo, Nelson Rodríguez, con representantes de la Oficina de las Naciones Unidas para la Coordinación de Asuntos Humanitarios (OCHA) y del Equipo de Evaluación de Desastres y Coordinación de las Naciones Unidas (UNDAC) se definieron protocolos para la gestión técnica y segura de los escombros, especialmente en Caracas y La Guaira.

“La movilidad de escombro tiene que hacerse con mucho cuidado”, dice Gustavo Carrasquel, Director General de Azul Ambientalistas, una organización dedicada a la conservación de los océanos. “Se deben clasificar por tipo de material para posteriormente triturarlo, molerlo o transformarlo en otro tipo de materia prima que pueda servir nuevamente para la construcción, para algún tipo de infraestructura”.

De acuerdo con la Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales de México (Semarnat), los escombros de los terremotos no se deben depositar en zonas de áreas naturales protegidas, barrancas, marismas, manglares, esteros, pantanos, humedales, estuarios, planicies aluviales, fluviales, recarga de acuíferos ni arqueológicas, y tampoco sobre cavernas, fracturas o fallas geológicas.

Semarnat también sugiere que estos desechos se deben ubicar a una distancia mínima de 500 metros de ríos, arroyos, lagos y lagunas. Además, se deben reciclar y, de ser posible, reutilizar los materiales en otras obras de infraestructura urbana, vial e hidráulica, así como en rellenos sanitarios y en la misma reconstrucción de las zonas de desastre.

Mariana Hernández menciona que si bien el gobierno venezolano ha asegurado que existe tecnología para reutilizar estos escombros, no confía en que esto se concrete. “No hay detalles sobre eso. Sabemos que para cosas mínimas como separación y reciclaje de residuos del día a día no existen los espacios por parte del gobierno, entonces es difícil imaginar que tenemos la tecnología y las condiciones para una emergencia y una situación de esta magnitud”.

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Los efectos del polvo

Una de las preocupaciones sobre los escombros del terremoto es sobre los efectos que pueda tener el polvo en la salud humana. “Estamos viendo familiares que están yendo a colaborar en la zonas de derrumbes con las labores de desescombrar y el polvo y todo lo que se levanta al quitar los escombros afecta, por ejemplo, a los asmáticos y estamos viendo reagudizaciones de asma y personas con problemas de bronco espasmo porque han aspirado el contenido del polvo”, señala Carmen Limiñana, médico de emergencias del Servicio de Emergencias Sanitarias de la Comunidad Valenciana, quien viajó a La Guaira dos semanas después de los sismos.

Limiñana también señala que se están presentando “patologías crónicas reagudizadas” porque las personas que han perdido su hogar y sus pertenencias y que padecían alguna enfermedad crónica se quedaron sin tratamientos, sin el control de los sistemas sanitarios que también resultaron deteriorados. “Eso es lo que corresponde a estas etapas [de la emergencia]”, comenta.

A la bióloga Mariana Hernández le preocupa que las sustancias como el asbesto que se pueda encontrar como parte de los materiales de construcción también puedan significar un riesgo para la salud de quienes están en contacto con los escombros.

Sobre este tema, Damián Soriano García, ingeniero de edificación oficial del Servicio contra Incendios del Ayuntamiento de Albacete, en España, y Responsable de la Sección de Intervención en Catástrofes de Bomberos Sin Fronteras España, explica que el asbesto normalmente va asociado a elementos de hormigón que forman parte de productos prefabricados. Elementos usados para proteger las estructuras del fuego también pueden contener amianto o asbesto. “Antiguamente se aplicaba amianto a elementos de impermeabilización de cubiertas, placa de fibrocemento, incluso a tuberías”, explica el experto.

“Durante los trabajos de remoción de los restos de colapso o incluso de en fase de rescate de cuerpos, es necesario llevar un traje encapsulado, es decir, una protección exterior, un traje que podamos tirar y gestionar adecuadamente como residuo. También es importante la protección de manos, de cara, ojos y una máscara facial para no respirar las fibras” respirables de asbesto, aconseja Soriano.

El asbesto es un grupo de minerales en forma de fibras diminutas resistentes al calor y a muchas sustancias químicas. La exposición prolongada a estas fibras puede ocasionar problemas serios en los pulmones y causar cáncer, según la Agencia para el Registro de Sustancias Tóxicas y Enfermedades de Estados Unidos. Actualmente está prohibido en Venezuela pero sigue formando parte de las construcciones antiguas, como las que colapsaron con el terremoto.

“Para que haya asbestosis tiene que darse una exposición prolongada como ha ocurrido con la gente que trabaja en fábricas durante muchos años. En este caso, que es una exposición aguda, por tanto, una patología muy grave del asbesto no se va a producir”, asegura la médico Limiñana.

No obstante, el ingeniero y bombero Soriano advierte que es muy importante que las personas que estén en contacto con la gestión de los escombros de los edificios derrumbados “cuenten con equipo de protección individual para evitar la inhalación de esas fibras”. Sugiere también que el tratamiento de estos residuos se realice en una zona de acopio determinada con una gestión adecuada.

“La manipulación es peligrosa cuando se rompe una placa de fibrocemento con amianto o asbesto, por tanto, todos los equipos de protección personal que hayan estado en contacto con ese tipo de material tienen que ser también gestionados como residuos”, aclara Soriano.

El artículo original fue publicado por Yvette Sierra Praeli en Mongabay Latam. Puedes revisarlo aquí.

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La expansión de la ganadería es un motor de la deforestación, pero también es un riesgo para la conservación del jaguar (Panthera oca). Un estudio abordó 4.2 millones de kilómetros cuadrados de la Diagonal Seca Sudamericana –que comprende el Chaco, la Chiquitania, el Cerrado y Caatinga- y encontró que los diversos sistemas ganaderos dejan huellas de deforestación distintas, pero todos provocan en menor y mayor medida que el jaguar pierda su hábitat y se corten sus corredores biológicos, aquellos que conectan los diferentes espacios que habita.

Este informe, realizado por los científicos Jamie Burton, Matías Baumann, Pedro Fernández, Julia Martínez-Pardo, Pablo Pacheco, Alfredo Romero y Tobías Kuemmerle, establece que el sector ganadero suele ser tratado como una entidad monolítica, lo que oculta cómo diversos actores, desde pequeños productores hasta agroempresas, generan impactos socioecológicos que deben ser diferenciados.

Burton, en contacto con Mongabay Latam, explicó que el resultado central del estudio es que cada tipo de sistema ganadero deja una huella de deforestación distinta: la ganadería capitalizada domina las fronteras rampantes, donde la expansión de pasturas produce un desmonte activo y cohesivo; la ganadería de pequeña escala y la cría de cabras se concentran en fronteras fragmentadas, donde la deforestación avanza de manera lenta y en parches; y los sistemas industriales-intensivos también coinciden con fronteras rampantes.

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La ganadería capitalizada o contrato de capitalización ganadera es un acuerdo de colaboración donde una parte aporta el campo con pasturas y la otra entrega el ganado. Se busca criar o engordar a los animales sin necesidad de comprarlos y repartir las ganancias o crías obtenidas. En cambio, un sistema industrial-intensivo es un modelo de producción animal enfocado en maximizar la producción.

“Los sistemas industriales-intensivos también coinciden con fronteras rampantes. Parecen funcionar como marcadores de paisajes agroindustriales donde ganadería y cultivos de commodities están fuertemente acoplados, más que como causantes directos del desmonte”, detalló Burton, quien añadió que la superposición de estas fronteras con las unidades de conservación del jaguar y los corredores biológicos revela riesgos contrastantes para estos felinos, con implicaciones muy diferentes para la conservación.

Burton, matemático y miembro del Laboratorio de Biogeografía de la Conservación del departamento de Geografía de la Universidad Humboldt, destacó que, en las fronteras deforestadas, las poblaciones de jaguares se enfrentan a la pérdida de hábitat y la fragmentación de los corredores, lo que requiere áreas protegidas, planificación del uso de la tierra y compromisos de deforestación cero.

Por el contrario, dijo, en las fronteras fragmentadas, el desafío de la conservación es fundamentalmente social: una alta interacción entre humanos y vida silvestre que requiere la participación de la comunidad, la prevención de conflictos y mecanismos de compensación.

“Al vincular empíricamente los sistemas ganaderos con los tipos de fronteras deforestadas, nuestro enfoque establece un puente entre las narrativas genéricas sobre la ganadería y los relatos específicos de casos de conflicto entre humanos y jaguares. Esto ofrece una manera de diferenciar los contextos de intervención a escala regional, aclarando qué actores y dinámicas fronterizas dan forma a un paisaje determinado y, por lo tanto, qué respuestas de conservación podrían ser adecuadas para el felino”, detalló Burton.

Diferentes tipos de ganadería

El experto insistió en que la conclusión de fondo es que no hay una “única ganadería” ni una “única receta de conservación”. Las intervenciones tienen que ajustarse al tipo de actor y al tipo de frontera, dijo Burton.

“Lo que buscamos es dar una imagen más matizada de los sistemas ganaderos y de su asociación con distintos tipos de deforestación, a escala amplia. La ganadería suele aparecer sobre simplificada en los debates de conservación, como si fuera una sola actividad con un solo tipo de impacto, y nuestra intención es visibilizar esa diversidad de actores”, afirmó el experto.

Al mismo tiempo, Burton resaltó que un análisis regional como este sigue simplificando el contexto, de modo que debe complementarse con trabajo situado y de escala local, capaz de registrar cómo se viven realmente estas dinámicas.

El estudio no hace seguimiento de individuos de jaguar ni analiza su comportamiento. Es un trabajo con patrones espaciales de uso de la tierra y deforestación. “Lo que sí sostenemos, apoyados en la literatura que citamos, es que la fragmentación y el corte de corredores pueden generar aislamiento funcional de poblaciones de jaguares y sumideros poblacionales”, dijo Burton.

Nicolás Lodeiro, director de la Red Yaguareté, afirmó a Mongabay Latam que la expansión ganadera en Argentina, donde el bosque seco se expande en el noreste del país, es una de las principales acciones de extinción del jaguar y coincide en que los distintos tipos de sistemas ganaderos arrojan situaciones críticas para el felino, como la pérdida de hábitat y fragmentación de corredores.

“El crecimiento de las zonas ganaderas, por ejemplo, en zonas impenetrables como el río Bermejo [al noreste de Argentina], daña la conservación del jaguar. Creo que la peor ganadería es la ganadería extensiva bajo monte, que no se da de manera industrial, pero que se da en el Chaco, donde el ganado convive con el yaguareté [jaguar]”, afirmó Lodeiro.

El especialista argentino añadió que la única forma de convivencia entre jaguares y ganado es impulsar medidas que compensen las pérdidas que generan las depredaciones de su hábitat. “En Argentina hay normas que no se cumplen sobre la expansión ganadera. Acá se encuentran vacas en todos lados y por eso es necesario establecer dónde sí y dónde no se pueden establecer zonas ganaderas”, dijo Lodeiro.

Por su parte, Rafael Hoogesteijn, médico veterinario experto en estrategias anti-depredación, biología y conservación del jaguar, explicó a Mongabay Latam que el estudio identifica de manera positiva los diferentes mecanismos ganaderos que provoca la deforestación.

“Es bueno diferenciar muy bien la actividad de estos diferentes grupos y ver cómo afecta la deforestación en esta zona del bosque seco sudamericano, que es el Chaco, el Cerrado y Caatinga. Este trabajo de base puede servir a otros trabajos para determinar los caminos a seguir”, destacó.

Es necesario implementar un corredor

Hoogesteijn afirmó que en el caso de Brasil existe una legislación “demasiado estricta” que implica multas al sector ganadero que no cumpla las normas. “Con respecto a los medianos y grandes productores, ellos deben seguir los lineamientos donde solamente pueden desarrollar un cierto porcentaje del área de cada bioma con la deforestación y la introducción de pastos. Hay otro porcentaje, dependiendo del bioma, que debe permanecer inalterado. En Brasil eso se cumple muy bien”, resaltó Hoogesteijn.

Los jaguares no conocen fronteras, sin embargo, hay amenazas que los mantienen a raya en los territorios que habitan. Y uno de ellos es la ganadería ilegal y la extensiva, afirmó a Mongabay Latam Iván Arnold, director de la organización boliviana Naturaleza, Tierra y Vida (Nativa). El experto explicó que una de las acciones para conservar el jaguar es la implementación del proyecto “Ríos del Yaguareté”, una iniciativa que propone el desarrollo de un corredor biológico que atraviesa extensas áreas de Argentina, Bolivia, Brasil y Paraguay y utiliza los ríos como vías naturales que facilitan el desplazamiento de la fauna y la conservación de los ecosistemas.

“La propuesta tiene como objetivo proteger, restaurar y reconectar 2.5 millones de kilómetros cuadrados en la cuenca del río Paraná durante los próximos 20 años. Esta cuenca, que abarca territorios de los cuatro países, une ecorregiones como los Yungas, el Gran Chaco, la Selva Atlántica y el Pantanal. En estas zonas conviven bosques ribereños, selvas subtropicales, sabanas y humedales, que ofrecen refugio a una notable diversidad de especies y, sobre todo, al jaguar”, destacó Arnold.

El especialista añadió que la cuenca del Paraná alberga jaguares, nutrias gigantes, tapires, ciervos de los pantanos y diversas especies de aves acuáticas, entre otros animales. También destacó la presencia de peces emblemáticos, como el dorado, de importancia para la pesca regional. “Para estas especies, la conectividad de los ríos es fundamental debido a la fragmentación que sufren los ambientes terrestres por la actividad humana, como la deforestación”, dijo Arnold.

*Imagen principal: jaguar en un rincón del Chaco Seco, Argentina. Foto: Proyecto Yaguareté/CeIBA/Conicet

REFERENCIA

Jamie Burton, Matthias Baumann, Pedro David Fernández, Julia Martínez-Pardo, Pablo Pacheco, Alfredo Romero-Muñoz and Tobias Kuemmerle. Expanding livestock frontiers and their implications for jaguar conservation in South America’s dry diagonal. Environmental Research Letters, Volume 21, Number 12. Citation Jamie Burton et al 2026 Environ. Res. Lett. 21 124031 DOI 10.1088/1748-9326/ae7a99

El artículo original fue publicado por Iván Paredes Tamayo en Mongabay Latam. Puedes revisarlo aquí.

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