Trabajadores del sector de ciencia y tecnología se movilizan este miércoles desde las 10 al Polo Científico, en rechazo a 379 despidos en el CONICET y 60 cesantías en la Comisión Nacional de Energía Atómica (CNEA). La protesta apunta a frenar la salida de becarios posdoctorales cuyos vínculos con el organismo terminan a fin de mes y a denunciar el deterioro de áreas estratégicas del sistema científico argentino.

El reclamo está dirigido al jefe de Gabinete, Diego Santilli; al presidente del CONICET, Daniel Salamone; y al Directorio del organismo, que se reúne este miércoles. Los trabajadores piden que se habiliten prórrogas para las becas posdoctorales y advierten que, sin esa decisión administrativa y presupuestaria, cientos de investigadores quedarán fuera del sistema.

La movilización vuelve a poner en primer plano la crisis del empleo científico. No se trata sólo de contratos que vencen: detrás de cada beca hay años de formación, equipos de trabajo, proyectos en marcha y líneas de investigación que pueden quedar interrumpidas. En el caso de los becarios posdoctorales, se trata de trabajadores con una trayectoria extensa dentro del organismo, en muchos casos con alrededor de ocho años de antigüedad entre formación doctoral y posdoctoral.

Según los trabajadores, sostener las 379 líneas de investigación afectadas requeriría una partida presupuestaria adicional de entre 2.000 y 3.000 millones de pesos. En términos del presupuesto nacional, plantean, es una suma menor frente al costo de perder investigadores formados durante años con recursos públicos.

La protesta coincide además con el conflicto abierto en la CNEA, donde se denuncian 60 despidos. El organismo atraviesa desde hace semanas reclamos sindicales, medidas de fuerza y cuestionamientos internos por cesantías en áreas sensibles. Para los gremios, el recorte en ciencia y tecnología no sólo afecta puestos de trabajo, sino capacidades estratégicas del Estado.

El caso del CONICET tiene una particularidad: los despidos no aparecen como una ola clásica de telegramas, sino como interrupción de carreras científicas por falta de prórroga. Esa forma vuelve menos visible el recorte, pero no reduce su impacto. Los investigadores pierden continuidad laboral y los equipos pierden personas ya formadas, con conocimiento específico y trabajo acumulado.

Puerto Madryn aparece como uno de los ejemplos más concretos. En el CONICET-CENPAT, tres investigadores en formación quedan sin trabajo este viernes 31 de julio. La ciudad tiene una fuerte presencia científica en relación con su población y concentra investigaciones vinculadas al territorio patagónico, el mar, la biodiversidad y el estudio de las ballenas en Península Valdés.

Ese ejemplo muestra que el ajuste no afecta sólo a laboratorios porteños o a estructuras administrativas. Cuando se corta una carrera científica en lugares como Puerto Madryn, también se debilita la capacidad de producir conocimiento sobre ecosistemas, recursos naturales y problemas locales que no pueden investigarse desde cualquier parte.

Los trabajadores denuncian que no reciben respuestas suficientes de las autoridades. “Prórrogas ya” es la consigna central de la movilización convocada por ATE CONICET Capital y colectivos de ingresantes autoconvocados. La demanda busca evitar que el Directorio deje caer los vínculos sin abrir una salida transitoria para quienes ya forman parte del sistema.

El conflicto se inscribe en una política más amplia de ajuste sobre el empleo público y los organismos científicos. Desde el inicio del gobierno de Javier Milei, los trabajadores del sector denuncian caída presupuestaria, paralización de ingresos, pérdida salarial, despidos y desfinanciamiento de institutos, proyectos y áreas técnicas.

En ciencia, el ajuste tiene un efecto particular: no sólo reduce personal en el presente, sino que puede desarmar capacidades futuras. La formación de un investigador lleva años. Implica becas, dirección académica, equipamiento, publicaciones, trabajo de campo, laboratorios, redes de cooperación y especialización técnica. Cuando ese recorrido se interrumpe, el Estado pierde más que un puesto: pierde inversión acumulada.

La situación también golpea sobre una generación de jóvenes científicos que ya completó estudios de grado, doctorado y posdoctorado, pero encuentra cerrada la posibilidad de continuidad laboral. Para muchos de ellos, la alternativa puede ser abandonar la investigación, migrar al sector privado, cambiar de actividad o buscar oportunidades en el exterior.

Los gremios advierten que ese proceso implica una nueva fuga de capacidades. La ciencia argentina no se vacía sólo cuando se cierran institutos; también se vacía cuando investigadores formados durante años quedan sin lugar en el sistema que los formó.

La movilización al Polo Científico busca presionar antes de que se concrete el vencimiento de las becas. El pedido inmediato es administrativo y presupuestario: prorrogar los vínculos para evitar que 379 trabajadores queden afuera a fin de mes. Pero el reclamo de fondo es más amplio: sostener el empleo científico, garantizar continuidad de líneas de investigación y frenar el deterioro de organismos estratégicos como CONICET y CNEA.

JJD

La inteligencia artificial ya no aparece sólo como una promesa de productividad futura; también empieza a modificar la forma en que las empresas contratan, organizan tareas y definen qué puestos necesitan. Un nuevo informe del Banco de Inglaterra advierte que la adopción de IA está reduciendo la demanda de algunos empleos administrativos, rutinarios y junior, justamente los que muchas veces funcionan como puerta de entrada al mercado laboral.

El dato surge del informe mensual de agentes del Banco de Inglaterra, publicado el 24 de julio, que resume conversaciones con empresas relevadas durante las seis semanas previas al cierre de junio. El documento señala que las compañías incorporan IA para ganar eficiencia, automatizar procesos y acelerar tareas de conocimiento, en un contexto de costos laborales elevados, demanda débil y presión sobre márgenes.

El informe no presenta a la IA como una ola homogénea ni como un reemplazo automático de todos los trabajadores. Pero sí registra un cambio concreto: las empresas que logran desplegar inteligencia artificial de manera efectiva pueden aumentar producción sin aumentar empleo y, en algunos casos, reducir sus necesidades de personal.

Las áreas más mencionadas son desarrollo de software, finanzas, funciones administrativas, atención al cliente, servicios profesionales y creación de contenidos. Allí, la IA permite automatizar tareas rutinarias y acelerar trabajos basados en conocimiento. El Banco de Inglaterra cita como ejemplo la investigación legal y la preparación de primeros borradores, que pueden completarse mucho más rápido que antes.

El impacto laboral más sensible aparece en los puestos de entrada. Según el informe, la automatización reduce la demanda de algunos roles iniciales y junior que tradicionalmente daban primera experiencia profesional. Entre las tareas afectadas aparecen la preparación de documentos, el procesamiento de facturas y el análisis básico.

Varias empresas de servicios profesionales reportaron menor contratación de graduados y menor demanda de personal administrativo y junior. Ese punto es central: la IA no sólo amenaza puestos existentes; también puede achicar los escalones por los que los jóvenes empiezan una carrera laboral.

Durante décadas, muchas ocupaciones calificadas se aprendieron desde tareas iniciales: revisar documentos, ordenar información, preparar informes, asistir a equipos, hacer análisis básicos o procesar datos. Si esas tareas se automatizan, las empresas pueden necesitar menos trabajadores junior, pero también pueden debilitar sus propios circuitos de formación.

Algunas compañías advirtieron sobre las implicancias de largo plazo para el desarrollo de habilidades y las “canteras” de talento. La pregunta laboral ya no es sólo cuántos puestos puede reemplazar la IA, sino qué pasa si desaparecen o se reducen los trabajos donde los empleados aprenden antes de ocupar funciones más complejas.

El Banco de Inglaterra también observa un desplazamiento en la demanda de perfiles: crece el interés por trabajadores con habilidades en IA, datos y análisis, además de roles que requieren juicio, supervisión y capacidad para resolver problemas. En paralelo, algunas firmas invierten en capacitación y reconversión de empleados actuales.

Esa transición, sin embargo, no ocurre en igualdad de condiciones. Los trabajadores con más formación, experiencia o capacidad para supervisar resultados generados por IA pueden beneficiarse más de la tecnología. En cambio, quienes ocupan tareas rutinarias, administrativas o de baja autonomía quedan más expuestos. La productividad aumenta, pero no necesariamente se reparte en más empleo ni en mejores trayectorias laborales para todos.

El informe británico confirma una tensión que ya aparece en otros países. Las grandes tecnológicas suelen presentar la inteligencia artificial como una herramienta para crear nuevas oportunidades, pero las empresas la incorporan primero como mecanismo de eficiencia, reducción de costos y reorganización de tareas. En la práctica, esa adopción puede traducirse en menos contratación, menos reemplazo de vacantes y estructuras más chicas.

El propio Banco de Inglaterra señala que las intenciones de empleo siguen prácticamente planas. Las empresas esperan mantener sus dotaciones estables durante los próximos doce meses y, cuando hay recortes, suelen producirse por rotación natural: no reemplazar a quienes se van. Ese mecanismo puede ser menos visible que un despido masivo, pero tiene efectos acumulativos sobre el mercado laboral.

También hay una dimensión generacional. Si las empresas contratan menos graduados, menos asistentes administrativos o menos perfiles de entrada, el ajuste no siempre aparece como pérdida inmediata de puestos, sino como oportunidades que directamente dejan de abrirse. Para los jóvenes, eso puede significar más competencia, trayectorias más lentas y mayor dificultad para conseguir la primera experiencia formal.

La discusión importa más allá del Reino Unido. En economías con alto peso de servicios, tareas administrativas, empleo profesional y trabajo de oficina, la IA puede operar como una tecnología de doble filo: mejora productividad, pero reduce la cantidad de personas necesarias para hacer ciertas tareas. En países con mercados laborales frágiles, informalidad alta y salarios presionados, ese efecto puede profundizar desigualdades existentes.

El informe también advierte que la adopción de IA no elimina todos los costos. La demanda de computación en la nube, centros de datos, software, licencias, semiconductores y personal especializado genera nuevas presiones. Además, las empresas reportan problemas asociados a contenidos de baja calidad o inexactos, postulaciones laborales falsas o masivas generadas con IA y mayor volumen de reclamos o solicitudes automatizadas.

Pero, aun con esas limitaciones, la dirección del cambio ya aparece. La IA permite hacer más tareas con menos horas humanas en áreas específicas. Para los trabajadores, eso abre una pregunta incómoda: si la tecnología aumenta productividad, quién captura ese beneficio y qué pasa con quienes ocupaban los puestos que ahora se vuelven prescindibles o dejan de crearse.

El Banco de Inglaterra no habla de un futuro lejano. Describe conversaciones recientes con empresas que ya están rediseñando procesos, precios y estructuras laborales. La puerta de entrada al empleo —los trabajos junior, administrativos y de aprendizaje— empieza a ser una de las primeras zonas afectadas.

JJD

La economía argentina muestra apenas una tibia recuperación cuando se mira el promedio. Pero cuando se la analiza por áreas, es una evolución más bien partida en dos donde hay poco y nada que celebrar: algunos sectores crecen, exportan o mejoran sus números, pero no son los que más empleo generan. Al mismo tiempo, las actividades donde trabajan más argentinos —industria, comercio y construcción— siguen golpeadas por la caída del consumo, la apertura importadora y la recesión.

Ese es el principal dato laboral que surge del último informe semanal del Instituto Argentina Grande (IAG). Según el relevamiento, en los últimos 12 meses se perdieron 141.700 puestos registrados en relación de dependencia y, desde el cambio de gestión, la caída ya llega a 329.600 empleos, si se consideran el sector privado y el sector público.

El informe resume esa dinámica en una frase: la actividad puede crecer, pero destruir trabajo asalariado registrado. El problema no es sólo cuánto crece la economía, sino en qué sectores crece y cuántos trabajadores entran en esa recuperación.

El dato más fuerte aparece cuando se cruza actividad con empleo. En mayo, la actividad económica creció apenas 0,2% interanual, pero esa mejora estuvo concentrada en ramas de baja absorción laboral. Según el IAG, agro y minas y canteras explican el 73,8% del crecimiento interanual de los sectores con resultado positivo. En cambio, industria y comercio explican el 88,3% de la variación negativa.

La diferencia es clave. Comercio, industria y construcción concentran el 44,2% del trabajo privado registrado. Son sectores intensivos en empleo, con impacto directo sobre fábricas, comercios, corralones, obras, talleres, proveedores y servicios asociados. Cuando esas ramas caen, no sólo baja una estadística de actividad: se debilitan las fuentes de trabajo que sostienen a millones de hogares.

Del otro lado, minas y canteras, agro y sector financiero agrupan apenas el 9,2% del trabajo privado registrado. Pueden empujar exportaciones, generar divisas o mejorar ciertos indicadores macroeconómicos, pero tienen una capacidad mucho menor para absorber empleo asalariado en las ciudades. La economía puede mostrar mejores números en el tablero financiero y, al mismo tiempo, dejar afuera a los sectores donde más gente vive de un salario.

El informe del IAG define ese proceso como una economía en forma de “K”: algunas ramas suben, otras bajan. Pero en términos laborales, la metáfora tiene una consecuencia concreta. Arriba quedan actividades vinculadas al agro, la minería, la energía o las finanzas. Abajo quedan ramas urbanas y empleo-intensivas, como industria, comercio y construcción.

Ese comportamiento ayuda a explicar por qué la recuperación no se siente de la misma manera en el mercado de trabajo. La suba de exportaciones o el dinamismo de Vaca Muerta pueden mejorar la balanza comercial o la mirada de los mercados, pero no necesariamente generan un rebote amplio del empleo registrado.

El monotributo aparece como otra señal de la transformación laboral. Según el informe, los monotributistas aumentaron 49.500 en el último año y 150.100 desde el cambio de gestión. Ese crecimiento del cuentapropismo no alcanza para compensar la pérdida de empleo registrado en relación de dependencia. Es decir que, con Javier Milei en la Presidencia, el empleo se prcariza y cae.

La diferencia no es menor. Un puesto asalariado registrado implica aportes, cobertura, licencias, aguinaldo, obra social, estabilidad relativa y derechos laborales. El monotributo, en cambio, puede expresar trabajo independiente genuino, pero también funcionar como refugio de ingresos ante la pérdida de empleo formal, changas, tercerización o formas más débiles de inserción laboral. Que crezca el monotributo mientras cae el empleo registrado no necesariamente habla de más trabajo: puede hablar de peor trabajo.

El deterioro también aparece en la seguridad social. El IAG advierte que entre 2023 y marzo de 2026 hubo 622.300 aportantes menos y 426.261 beneficiarios más. La transición desde empleo asalariado registrado hacia monotributo o informalidad presiona el sistema contributivo, porque reduce la cantidad de trabajadores que aportan plenamente y limita el financiamiento de prestaciones.

La caída de las fuentes de trabajo llega además con salarios reales en retroceso. En mayo, según el informe, cayeron todos los ingresos medidos: el salario privado registrado bajó 0,1%, el público provincial 0,2%, el público nacional 0,6% y el salario mínimo 1%. En la comparación interanual, el privado registrado perdió 2,9%, el público nacional 7,3%, el público provincial 3,3% y el salario mínimo 11,6%.

El resultado combina dos problemas al mismo tiempo: menos empleo registrado donde más trabajadores se concentran y pérdida de poder adquisitivo para quienes todavía conservan un puesto. En ese marco, el consumo no se recompone, la industria no recupera volumen y los comercios siguen afectados por una demanda interna débil.

El propio informe señala que el 53,2% de los industriales consultados identifica a la demanda interna como la causa principal que frena la recuperación del sector. Casi el 60% cree que las ventas no mejorarán en los próximos tres meses y el 25,6% prevé que se reducirán. Esa expectativa conecta directamente con el salario: si los ingresos no alcanzan, el consumo cae; si el consumo cae, las ramas que más empleo generan siguen bajo presión.

La economía de Milei puede mostrar sectores ganadores, superávit comercial o mejores expectativas financieras. Pero el mapa laboral cuenta otra cosa. Crecen ramas que emplean poco y retroceden las que sostienen buena parte del trabajo privado formal. La recuperación que el Presidente y su ministro de Economía, Luis Caputo, pueden festejar en Twitter (X) no llega a las fábricas, ni a los comercios, ni a la obra ni mucho menos a los bolsillos de los trabajadores.

JJD

Los empleados de comercio vuelven a correr detrás de los precios. La Federación Argentina de Empleados de Comercio y Servicios pactó una recomposición salarial de 5,7% para julio, agosto y septiembre, más un bono de $50.000 en dos cuotas, en un acuerdo que apuesta a que la inflación no vuelva a acelerarse como a principios de año.

El entendimiento, informado por Noticias Argentinas, fue firmado por FAECYS con la Cámara Argentina de Comercio, la Confederación Argentina de la Mediana Empresa y la Unión de Entidades Comerciales. La recomposición se pagará en tres tramos iguales de 1,9% mensual: julio, agosto y septiembre.

El acuerdo también incluye una suma extraordinaria de $50.000 para trabajadores de todas las categorías, que se abonará en dos cuotas de $25.000, una en julio y otra en agosto. Además, se mantendrá durante este trimestre la suma de $120.000 pactada en la negociación anterior.

La palabra clave es recomposición, no aumento. En la Argentina, las paritarias suelen funcionar como una carrera defensiva contra los precios: buscan evitar que el salario pierda más poder de compra, no necesariamente mejorar los ingresos reales. En este caso, el acuerdo depende de que la inflación mensual se mantenga cerca de los últimos registros y no vuelva a dar un salto.

El secretario general de FAECYS, Armando Cavalieri, defendió el entendimiento como resultado de un “diálogo responsable y constructivo” en un contexto económico complejo. “La negociación colectiva sigue siendo la herramienta más valiosa para encontrar soluciones equilibradas que contemplen la realidad de los trabajadores y de las empresas”, señaló.

Cavalieri también apuntó a la situación de la actividad comercial. “Somos conscientes de las dificultades que atraviesan distintos sectores de la economía, particularmente el comercio, donde muchas pymes y comercios de cercanía enfrentan un escenario muy complejo”, sostuvo. Según el dirigente, el objetivo fue “preservar el empleo, proteger el poder adquisitivo de los trabajadores y brindar previsibilidad a la actividad durante los próximos meses”.

El contexto explica la cautela del acuerdo. Comercio es uno de los sectores más expuestos a la caída del consumo: depende del movimiento diario en supermercados, locales, shoppings, mayoristas, comercios de cercanía y servicios. Cuando los hogares recortan gastos, ese ajuste se siente en las ventas, en las horas trabajadas, en las suspensiones y en el empleo.

Pero esa misma crisis también condiciona a los trabajadores mercantiles. La caída del consumo no elimina la necesidad de recomponer salarios: la vuelve más difícil. Los comercios venden menos, las pymes tienen menos margen y los empleados siguen enfrentando alquileres, servicios, transporte, salud y alimentos que pesan cada mes sobre el ingreso.

El problema para los trabajadores mercantiles, como para buena parte de los asalariados, es que el promedio del IPC no siempre refleja el peso de los gastos que más condicionan el bolsillo. En junio, la inflación mensual fue de 1,9%, pero los servicios subieron 2,9%, los regulados 2,3%, salud 2,9% y vivienda, agua, electricidad, gas y otros combustibles 3,3%.

Ese desfasaje se vuelve más claro cuando se mira el primer semestre. Mientras el índice general acumuló 16,8%, los servicios subieron 20,9%, los precios regulados 23% y vivienda 25,1%. Son rubros difíciles de postergar: alquileres, tarifas, transporte, salud, educación, conectividad y otros gastos mensuales que pesan de manera directa sobre el salario.

Por eso, una recomposición de 1,9% mensual puede empatar el último dato general de inflación, pero queda más ajustada cuando se la compara con los gastos fijos. El salario no se gasta en el promedio del IPC: se gasta en la boleta de luz, el alquiler, el colectivo, la prepaga, los medicamentos, internet y la comida.

El bono de $50.000 puede aportar un alivio puntual, pero no modifica la estructura salarial. Al pagarse en dos cuotas, funciona como complemento transitorio y no como mejora permanente del básico. Lo mismo ocurre con las sumas fijas pactadas en acuerdos anteriores: ayudan a sostener ingresos en el corto plazo, pero no siempre consolidan poder adquisitivo hacia adelante.

El acuerdo mercantil confirma una tendencia de las negociaciones salariales en esta etapa: tramos cortos, porcentajes mensuales moderados, sumas fijas y revisión permanente. La lógica es seguir la evolución de los precios sin desbordar la pauta que busca el Gobierno, pero esa estrategia deja a los trabajadores expuestos si la inflación efectiva de los gastos cotidianos vuelve a superar los porcentajes firmados.

La paritaria también muestra el margen estrecho de la negociación colectiva en una economía debilitada. Los gremios intentan evitar una nueva pérdida salarial, mientras las cámaras empresarias advierten por la crisis de actividad y el Gobierno busca sostener una señal de moderación nominal. En el medio quedan los trabajadores, que negocian cada trimestre contra precios que ya acumularon varios meses de ventaja.

Comercio es uno de los sindicatos con mayor cantidad de trabajadores del sector privado. Por eso, cada paritaria mercantil funciona como referencia para otras actividades. La recomposición de 5,7% para el trimestre marca una señal de moderación, pero también muestra el límite de la negociación cuando el salario intenta recuperar terreno en una economía de consumo deprimido.

JJD, con información de NA

Daniel Yofra volvió a reclamar una respuesta sindical más dura frente al gobierno de Javier Milei. El secretario general de la Federación de Trabajadores Aceiteros cuestionó la demora de la CGT para sostener un plan de lucha, advirtió que la crisis laboral se expresa ya desde hace tiempo en cierres de empresas, despidos y salarios de pobreza, y pidió no esperar a las elecciones de 2027 para enfrentar la política económica oficial.

“Esto sin lucha no se revierte”, dijo Yofra en una entrevista con Somos Radio AM 530. El dirigente aceitero, uno de los referentes sindicales más críticos de la conducción cegetista, sostuvo que las marchas y paros aislados no alcanzan frente a un gobierno que avanza de manera sostenida contra el empleo, los derechos laborales y el poder adquisitivo de los trabajadores.

Yofra hizo un balance de la movilización de este miércoles junto a los jubilados, convocada por la CGT, las dos CTA y organizaciones sociales. Valoró que las centrales hayan vuelto a la calle, pero consideró que la convocatoria debería haber sido mayor frente al deterioro social. “Hubo una convocatoria, la hicieron las centrales. Quisiéramos un poco más. No hubo la cantidad de gente que realmente debería haber en las calles con las problemáticas que hay”, señaló.

El dirigente pidió que ese primer paso tenga continuidad y se extienda a todo el país. “Ojalá que se incremente, se profundice, que se propague por todo el país este tipo de marchas y que sean masivas”, afirmó. También advirtió que la situación de los jubilados no puede resolverse sólo con una movilización de acompañamiento: “No creo que podamos resolver esto haciendo una marcha en apoyo solamente a los jubilados”.

La intervención de Yofra llega en un momento en el que la CGT busca reactivar un plan de lucha contra Milei, con movilizaciones junto a jubilados, las CTA y la UTEP, protestas sectoriales y un posible paro general todavía sin fecha. Para el jefe aceitero, esa reacción aparece tarde frente a una crisis que ya venía desarrollándose.

“Se deben haber dado cuenta de que la gente no da más”, dijo sobre el cambio de actitud de la central obrera. Y agregó: “Cerraron más de 30.000 empresas en el país, hay más de 300.000 trabajadores y trabajadoras desocupadas en estos últimos dos años. Evidentemente hay una problemática que no se vio a tiempo, porque ya venía pasando”.

Yofra atribuyó ese deterioro a un plan económico deliberado. “Obedece a un plan de gobierno y a un plan económico que va a destruir todas las pymes, todas las industrias nacionales, producto de la libre importación y la falta de consumo”, sostuvo. En su lectura, el problema no se reduce a medidas laborales puntuales, sino a una orientación económica favorable a las empresas más concentradas y contraria al trabajo.

El dirigente también cuestionó la estrategia de confiar en gestiones administrativas, presentaciones judiciales o denuncias internacionales como único camino. Recordó que su gremio hizo “tres huelgas” y “cinco marchas en 15 días”, además de llevar una denuncia ante la Organización Internacional del Trabajo (OIT). Pero insistió en que eso no alcanza si no se sostiene una presión social y sindical en la calle.

“Nosotros no confiamos en que administrativamente podamos resolver o corregir esta situación”, dijo. Y agregó: “Si nosotros no entendemos que tenemos que ir a través de la lucha, a través de las huelgas, de las movilizaciones, y solamente vamos a esperar a las elecciones de 2027, la gente va a estar peor”.

La advertencia más fuerte de Yofra apuntó al riesgo de que la bronca social quede sin conducción. “No sé cómo va a reaccionar la gente, para que nosotros podamos coordinar esa bronca y no que se desate una bronca por falta de representatividad”, planteó. Luego trazó una comparación con la crisis de 2001: “Ojalá que no, porque sabemos cómo termina, sabemos cómo terminó en el 2001, con 38 muertos”.

El jefe aceitero también criticó a la oposición política y al peronismo por sus disputas internas. “La sociedad necesita saber cuál es la otra parte, la propuesta y el programa que tienen para poder salvar este país”, afirmó. Para Yofra, las diferencias entre dirigentes sindicales y políticos aparecen desconectadas de la urgencia social que atraviesan los trabajadores.

“Fijate una persona que cobra menos de 800 mil pesos, que está indigente trabajando o pobre trabajando, y ve las peleas que tienen los políticos, las diferencias que hay entre los sindicalistas. ¿Vos creés que realmente le importa eso?”, preguntó. La frase sintetiza uno de los ejes de su planteo: el deterioro del salario convirtió al trabajo en una condición insuficiente para salir de la pobreza.

La crítica a la CGT no es nueva. En enero, cuando todavía se discutía el avance de la reforma laboral, Yofra ya había reclamado una respuesta inmediata y había anticipado que Aceiteros iría a la huelga si el Congreso trataba la iniciativa. Entonces cuestionó a la conducción cegetista por apostar al diálogo institucional mientras el oficialismo avanzaba sobre derechos laborales.

Ahora, medio año después, su diagnóstico es más amplio. Ya no habla sólo de la reforma laboral, sino de empresas cerradas, despidos, caída del consumo, salarios insuficientes y falta de representación política. También cuestiona la idea de esperar una salida electoral mientras los sectores más vulnerables soportan el ajuste.

“Los tiempos de los más vulnerables no son los mismos tiempos de los dirigentes sindicales y los dirigentes políticos”, sostuvo. Para Yofra, esa distancia obliga a las organizaciones gremiales a acelerar una respuesta. “Tenemos la obligación y la posibilidad histórica de salir a enfrentar a este Gobierno y a todos los gobiernos que quieran avanzar sobre las clases trabajadoras”, afirmó.

El dirigente aceitero también apuntó contra la falta de diálogo entre el Gobierno y la CGT, pero lo vinculó directamente con la ausencia de medidas de fuerza sostenidas. “No tiene ningún tipo de diálogo con la CGT, creo yo, producto de que no hay medida de fuerza”, dijo. Según Yofra, el Gobierno “redobla la apuesta” cada vez que las huelgas aparecen de manera esporádica.

En esa línea, cuestionó la confianza en una negociación que, según él, ya fracasó. “La CGT intentó por todos los medios llegar al Gobierno. Ahora no hay diálogo. El Gobierno avanzó por la reforma laboral y hoy tenemos muchos lugares donde los empresarios la están aplicando”, afirmó.

Yofra cerró con una definición de pertenencia de clase. “Si nosotros seguimos pensando que va a venir alguien de afuera, o un mesías político, estamos equivocados”, dijo. Y agregó que muchos legisladores “nunca trabajaron bajo patrón” o responden a intereses empresarios. “Nosotros tenemos esa responsabilidad de salir a defender a nuestra clase”, concluyó.

JJD

La Unión de Trabajadores y Trabajadoras de la Economía Popular (UTEP) realiza este miércoles una protesta nacional con cortes de rutas, puentes y accesos en rechazo a la baja del programa Volver al Trabajo. La medida cuenta con acompañamiento de la CGT y las dos CTA y forma parte de un plan de lucha más amplio contra el gobierno de Javier Milei.

La organización no difundió con anticipación los puntos de concentración ni los horarios precisos. La decisión busca que la protesta tenga impacto y evitar que las fuerzas de seguridad se anticipen con operativos en los accesos. El Gobierno, por su parte, advirtió que aplicará el protocolo antipiquetes.

El conflicto tiene un dato central: más de 930.000 personas perderán el ingreso mensual del programa Volver al Trabajo, una prestación de $78.000 que funciona como piso mínimo para trabajadores de la economía popular. No se trata de un salario completo, sino de una base sobre la que muchas personas organizan otros ingresos de supervivencia: changas, tareas domésticas, cuidados de personas mayores, cartoneo, agricultura familiar y otros trabajos informales.

La secretaria gremial de la UTEP, Johana Duarte, sostuvo que la baja del programa deja sin ingresos a “los trabajadores más humildes” y advirtió que el recorte también impactará en los circuitos comerciales de cercanía. “Esa plata que le sacan a los humildes es plata que va a dejar de girar en las economías locales como verdulerías, kioscos de barrio, almacenes”, señaló.

Ese punto permite leer la protesta más allá del corte de calles. El Volver al Trabajo no sólo funcionaba como transferencia directa a hogares de bajos ingresos. También sostenía parte del consumo cotidiano en barrios populares, donde esos $78.000 podían volver rápidamente a comercios de cercanía, transporte, alimentos o deudas pequeñas.

La UTEP agrupa a trabajadores de la economía popular, un universo que no entra plenamente en el empleo asalariado formal pero que produce ingresos todos los días. Son personas que hacen changas, limpian casas, cuidan adultos mayores, recuperan residuos, trabajan en comedores, cooperativas, huertas, ferias, tareas comunitarias o actividades autogestionadas. El recorte golpea justamente a quienes ya estaban fuera del trabajo registrado y usaban ese ingreso como sostén mínimo.

El Gobierno decidió avanzar con el cierre definitivo del programa después de que la Cámara Federal de San Martín revocara una cautelar que obligaba al Ministerio de Capital Humano a mantenerlo. La cartera que conduce Sandra Pettovello busca reemplazar ese esquema por vouchers de capacitación laboral.

La decisión implica para las organizaciones sociales la quita de ingresos sin ofrecer una alternativa concreta de empleo. Duarte advirtió que dejar a casi un millón de personas sin los $78.000 mensuales es también un llamado de atención para gobernadores e intendentes, porque el impacto se sentirá en cada territorio. “Si no hay salario para los más humildes no va a haber paz social para ningún gobierno”, afirmó.

La protesta se suma a la reactivación del plan de lucha de las centrales obreras después del Mundial. La CGT convocó junto con las dos CTA y la UTEP a marchar este miércoles con los jubilados frente al Congreso, bajo la consigna “Hacé como el Diego, marchá con los jubilados”, en un spot que utiliza la figura de Diego Maradona como símbolo popular.

La movilización con jubilados es el primer paso de una secuencia de protestas. El 7 de agosto, Día de San Cayetano, la UTEP y organizaciones sindicales volverán a movilizar desde el santuario de Liniers hacia Plaza de Mayo bajo la consigna histórica de paz, pan, tierra, techo y trabajo.

El cronograma también contempla una marcha federal frente a la Casa Rosada y un paro general, aunque la CGT todavía no definió fecha. Antes de esa instancia, las centrales prevén acompañar conflictos sectoriales, realizar asambleas, movilizaciones y acciones coordinadas para acumular fuerza contra la política económica del Gobierno.

El conflicto por el Volver al Trabajo muestra una de las zonas más frágiles del mercado laboral argentino. Para los trabajadores registrados, la discusión suele pasar por paritarias, despidos o condiciones de convenio. Para la economía popular, el problema es todavía más básico: cómo sostener un ingreso mínimo cuando no hay empleo formal suficiente y el Estado retira una transferencia que funcionaba como piso de supervivencia.

El Gobierno presenta la baja del programa como parte de su política de ajuste y reordenamiento de la asistencia social pero para los movimientos sociales es un recorte directo sobre trabajadores pobres, en un contexto de caída del consumo, informalidad elevada y aumento de las dificultades para completar ingresos.

JJD

Un informe del IDECBA muestra que la pobreza multidimensional subió en la Ciudad de Buenos Aires entre 2021 y 2025, aunque durante ese período haya bajado la pobreza medida por ingresos, que es el dato que se conoce con periodicidad. La medición multidimensional registra privaciones concretas que no siempre aparecen en el ingreso: saltearse comidas, reducir porciones, no poder arreglar goteras, postergar tratamientos dentales o no usar transporte público por falta de recursos.

Un hogar puede no ser considerado pobre según la medición monetaria y, aun así, vivir con privaciones concretas: comer menos variado, reducir porciones, no poder arreglar goteras, postergar tratamientos dentales, no tener margen para gastos personales o dejar de usar transporte público por falta de recursos.

Ese es el punto que muestra el nuevo informe del Instituto de Estadística y Censos de la Ciudad de Buenos Aires (IDECBA) sobre pobreza multidimensional. Según el relevamiento, el 18,8% de los hogares porteños era pobre multidimensional en 2025, frente al 17,5% registrado en 2021. En el mismo período, la pobreza por ingresos bajó de 16,1% a 12,3%.

La diferencia entre ambos datos es central. La pobreza por ingresos mide si un hogar cuenta con recursos monetarios suficientes para cubrir una canasta. Es la medición más habitual, se publica con mayor frecuencia y permite seguir la evolución de ingresos, precios y canastas. Pero no alcanza para describir cómo se vive.

La pobreza multidimensional mira otra cosa: si los hogares pueden acceder efectivamente a bienes, servicios y actividades considerados necesarios para una vida digna. No se pregunta sólo cuánto dinero entra, sino qué parte de la vida cotidiana queda recortada por falta de recursos.

El IDECBA utiliza un método consensual de privación. Esto significa que los bienes, servicios y actividades incluidos en la medición surgen de lo que la propia población de la Ciudad considera necesario para tener un nivel de vida aceptable. A partir de ese criterio, el índice agrupa las privaciones en cinco dimensiones: alimentación, salud y cuidados, vivienda y servicios, equipamiento del hogar, y privación social y educación.

Para que un hogar sea considerado pobre multidimensional, debe presentar privaciones en al menos dos de esas cinco dimensiones. Esa condición es importante porque evita reducir la pobreza a un solo problema aislado. No alcanza con una carencia puntual: el indicador busca captar situaciones donde varias dimensiones del bienestar aparecen afectadas al mismo tiempo.

El resultado permite leer la pobreza de una manera más amplia que la medición monetaria. Un hogar puede superar la línea de pobreza por ingresos y, al mismo tiempo, tener problemas para sostener una alimentación adecuada, arreglar la vivienda, acceder a salud, reemplazar ropa o calzado, usar transporte público o mantener vínculos sociales básicos.

En una ciudad cara, con alquileres, tarifas, transporte, alimentos y servicios en niveles altos, el empleo o el ingreso mensual pueden evitar que un hogar caiga bajo la línea monetaria de pobreza, pero no garantizar todas las condiciones materiales de una vida digna.

El informe muestra que las privaciones crecieron en tres de las cinco dimensiones medidas. La más afectada fue alimentación: la proporción de hogares con carencias en esa dimensión pasó de 22,4% en 2021 a 25,6% en 2025. También aumentaron las privaciones en vivienda y servicios, de 11,2% a 12,1%, y en privación social y educación, de 18,1% a 20,9%.

Los indicadores específicos ayudan a entender qué significa esa pobreza en la vida real. Entre 2021 y 2025 aumentó la proporción de hogares que declararon saltearse comidas, comer menos variado o reducir porciones por falta de recursos. También crecieron las privaciones vinculadas a tratamientos dentales, reparación de goteras, gastos personales, vacaciones, posibilidad de invitar a alguien a comer y uso del transporte público.

No son consumos de lujo. Algunos son básicos, como comer suficiente o trasladarse. Otros parecen menos urgentes, pero también forman parte de una vida integrada: poder invitar a familiares o amigos a comer, hacer pequeños gastos personales o salir de vacaciones alguna vez. La pobreza multidimensional incorpora esos aspectos porque la exclusión no se expresa sólo en la falta de comida o techo, sino también en la pérdida de vínculos, autonomía y participación social.

En los hogares con menores de 18 años, la pobreza multidimensional bajó de 21,9% a 20,6%, pero se mantuvo por encima del promedio general. Allí también crecieron las privaciones vinculadas a alimentación y privación social y educación. En 2025, el 28,5% de los hogares con menores presentaba carencias en alimentación y el 28,4% en privación social y educación.

La desigualdad territorial sigue siendo marcada. La Zona Sur registró en 2025 una pobreza multidimensional de 30,4% de los hogares, muy por encima del promedio de la Ciudad. En la Zona Centro fue de 19,3% y en la Zona Norte, de 6,5%. La brecha muestra que las privaciones no se distribuyen de manera pareja: se concentran más en los barrios donde históricamente se acumulan peores condiciones de vivienda, ingresos, servicios y acceso a oportunidades.

El dato más revelador aparece cuando se cruzan las dos mediciones. En 2021, el 10,2% del total de hogares de la Ciudad era pobre multidimensional, pero no pobre por ingresos. En 2025, esa proporción subió a 12,6%. En hogares con menores, pasó de 7,0% a 9,1%.

Ese grupo es clave para entender los límites de mirar sólo la línea de pobreza. Son hogares que, según sus ingresos, no entran en la pobreza monetaria, pero que acumulan privaciones suficientes para ser considerados pobres desde una mirada multidimensional. La estadística de ingresos puede dejarlos afuera, aunque su vida cotidiana muestre recortes concretos.

El propio informe del IDECBA advierte sobre ese comportamiento dual: baja el núcleo duro de hogares que son pobres por ingresos y también pobres multidimensionales, pero crece la pobreza multidimensional entre hogares no pobres por ingresos.

La pobreza por ingresos sigue siendo un indicador necesario. Permite medir con frecuencia el impacto de precios y salarios sobre los hogares. Pero la pobreza multidimensional muestra una capa que muchas veces queda oculta: la vida que se achica incluso cuando el ingreso parece alcanzar en la estadística.

JJD

La inflación de junio fue de 1,9% y volvió a perforar el piso del 2%, según informó este martes el Indec. El dato confirma una desaceleración del índice general y le da al gobierno de Javier Milei un número para mostrar, pese a que en los primeros seis meses de su tercer año de mandato el IPC acumuló una suba de 16,8%, y la variación interanual llegó al 33,5%.

El promedio, de todas maneras, vuelve a contar sólo una parte de la historia. Para los trabajadores, un salario no se gasta en “IPC”: se gasta en alquiler, luz, gas, transporte, comida, medicamentos, internet, colegio y expensas.

Ese recorte cambia la lectura del dato. En junio, los bienes subieron 1,4%, por debajo del promedio general. Los servicios, en cambio, aumentaron 2,9%. La diferencia se repite en períodos más largos: en el primer semestre, los bienes acumularon 14,8%, pero los servicios subieron 20,9%. En la comparación interanual, la brecha es todavía mayor: 29,4% contra 42,4%.

La inflación mensual, entonces, bajó más por el lado de los bienes que por el lado de los gastos que muchas familias no pueden postergar. Los servicios son justamente una parte cada vez más pesada del presupuesto de los hogares: alquiler, electricidad, gas, agua, transporte, salud, educación, conectividad y otros pagos mensuales que no se resuelven comprando menos unidades en el supermercado.

La división con mayor aumento del mes fue Recreación y cultura, con 4,2%, impulsada por paquetes turísticos. Pero entre los rubros de mayor peso cotidiano también hubo subas superiores al promedio: Vivienda, agua, electricidad, gas y otros combustibles aumentó 3,3%; Salud, 2,9%; y Bebidas alcohólicas y tabaco, 2,1%. Transporte subió 1,6% y Educación, 1,7%.

El dato de vivienda es especialmente sensible. Esa división acumula 25,1% en el primer semestre y 47,8% interanual, muy por encima del índice general. En el interior del rubro aparecen aumentos de alquileres, electricidad, gas y otros combustibles. En GBA, Noreste y Patagonia, esa división fue la de mayor incidencia en la inflación mensual, según el propio informe del Indec.

También los precios regulados siguieron corriendo por arriba del promedio. En junio subieron 2,3%, frente al 1,9% del nivel general. En el primer semestre acumularon 23% y en doce meses llegaron al 44,6%. Ese grupo incluye tarifas de servicios públicos, transporte público, combustibles, salud, educación formal, telefonía y otros precios con fuerte peso estatal o impositivo.

El Gobierno suele presentar la baja de la inflación como prueba de ordenamiento económico. Pero para los hogares trabajadores, la discusión central cuánto queda del ingreso después de pagar los gastos fijos. Si el salario se encuentra con servicios que suben más que los bienes, con regulados que aumentan más que el promedio y con vivienda casi 48% arriba en un año, la desaceleración estadística no parecer ser ningún alivio.

Alimentos y bebidas no alcohólicas subió 1,3% en junio, por debajo del nivel general. Ese dato ayudó a moderar el IPC del mes. Pero incluso allí hay diferencias importantes en la canasta concreta que llega a la mesa: en GBA, el tomate redondo aumentó 22,5%, la papa 4,8%, la lechuga 4,6%, el pan francés 4,1%, la cebolla 3,9% y los fideos secos tipo guisero 3,4%.

La baja de algunas frutas y carnes compensó parte de esos aumentos. Pero la experiencia de compra de los hogares no siempre se parece al promedio de una división completa. En una familia que consume más verduras, pan, fideos o productos de almacén, la inflación efectiva puede ser más alta que el 1,3% de Alimentos o que el 1,9% del índice general.

La inflación no es lo que parece

El dato oficial sigue medido con una canasta cuya actualización fue postergada. El nuevo IPC, basado en una estructura de consumo más reciente, debía reemplazar a la medición vigente, pero el Gobierno decidió demorar su implementación tras la salida de Marco Lavagna del Indec. Esa discusión no invalida el dato publicado, pero sí vuelve necesario leerlo con cuidado: la forma de medir también define qué peso tienen los gastos que hoy ocupan más lugar en el presupuesto familiar.

Junio dejó, entonces, una doble foto. La inflación general bajó y marcó el registro mensual más bajo del año. Pero los precios que organizan la vida cotidiana de los trabajadores no se comportaron todos igual. Los servicios subieron más que los bienes, los regulados más que el promedio y vivienda volvió a quedar entre los rubros más dinámicos.

Para el Gobierno, el 1,9% puede ser una señal de éxito. Para los trabajadores, la pregunta sigue siendo otra: si el salario alcanza después de pagar los gastos que no se pueden esquivar. En esa cuenta, la inflación puede bajar en el índice general y, al mismo tiempo, seguir pesando donde más duele: en los gastos fijos del mes.

JJD

El Gobierno del presidente chileno José Antonio Kast abrirá esta semana una nueva disputa sobre el mercado laboral. Después de impulsar una reforma económica basada en la reducción de impuestos a las empresas y en incentivos para atraer inversiones, el oficialismo presentará ahora un proyecto para modificar la forma en que se calcula la jornada laboral de 40 horas semanales, una de las principales leyes aprobadas durante la gestión de Gabriel Boric.

La iniciativa fue anunciada por el ministro de Trabajo, Tomás Rau, quien aclaró que el Ejecutivo no pretende eliminar el límite de 40 horas semanales, sino ampliar el período utilizado para promediar esa jornada. El cambio permitiría que trabajadores de actividades estacionales, como la agricultura o el turismo, puedan cumplir semanas de hasta 52 horas durante los momentos de mayor demanda y compensarlas posteriormente con jornadas más reducidas.

Actualmente, la legislación chilena permite promediar las 40 horas en ciclos de apenas cuatro semanas. El Gobierno considera que ese plazo es excesivamente rígido y propone extenderlo a un promedio anual, siguiendo modelos aplicados en varios países de la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos (OCDE). Según el Ejecutivo, el objetivo es ofrecer mayor flexibilidad a empresas y trabajadores sin modificar el límite anual de horas trabajadas y, al mismo tiempo, contribuir a reducir la informalidad laboral.

La propuesta, sin embargo, provocó un inmediato rechazo de dirigentes del anterior gobierno de Boric. La exministra de Trabajo y excandidata presidencial Jeannette Jara advirtió que el cambio permitiría semanas laborales de hasta 52 horas y vaciaría de contenido la reforma aprobada en 2023, que redujo gradualmente la jornada de 45 a 40 horas semanales. La exvocera Camila Vallejo planteó una objeción similar y cuestionó que una persona pueda mantener una buena calidad de vida trabajando más de diez horas diarias durante varios días consecutivos. La Central Unitaria de Trabajadores (CUT) también alertó sobre el riesgo de precarización del empleo.

La ley de 40 horas fue presentada por Boric como una reforma “histórica” destinada a mejorar la calidad de vida de los trabajadores y fue aprobada con el respaldo de la mayoría del Congreso chileno. El Partido Republicano, fundado por Kast, fue una de las pocas fuerzas políticas que votó en contra durante su tratamiento parlamentario.

Un nuevo capítulo de la agenda proempresa

La discusión sobre la jornada laboral no aparece aislada. Forma parte de una estrategia más amplia impulsada por Kast desde su llegada a la Presidencia, orientada a mejorar las condiciones para la inversión privada y flexibilizar distintos aspectos del mercado de trabajo.

Hace apenas unas semanas, la Cámara de Diputados aprobó la mayor parte del Proyecto de Reconstrucción y Desarrollo Económico y Social, que contempla una reducción gradual del impuesto corporativo del 27% al 23%, beneficios tributarios para grandes inversiones, incentivos para la repatriación de capitales y otras medidas destinadas a estimular la actividad económica. El proyecto continúa ahora su trámite en el Senado.

Aquella iniciativa ya incluía varios puntos vinculados al mercado laboral, entre ellos contratos por hora, modificaciones en las modalidades de contratación y mayores márgenes de flexibilidad para las empresas. La propuesta conocida esta semana sobre la jornada laboral aparece, así, como una continuidad de esa agenda de reformas.

El antecedente argentino

El debate chileno encuentra un espejo cercano en la Argentina. Tanto Kast como Javier Milei sostienen que reducir costos para las empresas, flexibilizar regulaciones e incentivar la inversión privada puede traducirse en una mayor creación de empleo formal.

En la Argentina, el Congreso aprobó este año la Ley de Modernización Laboral impulsada por Milei, que amplió el alcance de la reforma iniciada con la Ley Bases. La norma introdujo cambios en el régimen de indemnizaciones, la organización de la jornada de trabajo, las modalidades de contratación, la negociación colectiva y las relaciones sindicales, con el objetivo declarado de reducir la litigiosidad, facilitar la contratación y promover la formalización del empleo. Posteriormente, el Gobierno reglamentó varios de sus aspectos mediante decretos, completando buena parte del programa de flexibilización laboral que había anunciado al asumir. Sin embargo, los datos disponibles hasta el momento no muestran una recuperación del empleo registrado que permita confirmar esa hipótesis. Según el Indec, la desocupación aumentó durante 2025, mientras distintos estudios registraron una caída del empleo asalariado privado y un crecimiento del monotributo como forma de inserción laboral.

Ese antecedente atraviesa ahora la discusión chilena. Mientras el Gobierno de Kast sostiene que una mayor flexibilidad permitirá adaptarse mejor a las necesidades productivas y generar empleo, la oposición replica que reducir derechos laborales o ampliar los márgenes de organización del tiempo de trabajo no garantiza, por sí solo, una mayor contratación si la economía no crea nuevos puestos de trabajo.

El proyecto comenzará su discusión legislativa en los próximos días, en un Congreso donde el oficialismo deberá volver a buscar acuerdos para sacar adelante una de las reformas laborales más sensibles desde la aprobación de la ley de 40 horas.

JJD

La Asociación Trabajadores del Estado realiza este miércoles un paro y una caravana hacia el Centro Atómico Constituyentes en rechazo a los despidos y al “vaciamiento” de la Comisión Nacional de Energía Atómica (CNEA). La movilización fue convocada desde las 9.30 hacia la sede ubicada en avenida General Paz 1.499, en la Ciudad de Buenos Aires.

El gremio reclama la “inmediata reincorporación” de los trabajadores cesanteados la semana pasada y responsabiliza al Gobierno por el crecimiento del conflicto. “Si el Gobierno impulsa una nueva represión, será el exclusivo culpable por cualquier hecho que haya que lamentar”, advirtió el secretario general de ATE, Rodolfo Aguiar.

La protesta ocurre en medio de una escalada del conflicto dentro de uno de los organismos más sensibles del sistema científico y tecnológico argentino. La CNEA es el organismo estatal encargado de desarrollar investigación, tecnología, formación y proyectos vinculados a la energía nuclear, un área estratégica para la soberanía energética, la medicina, la industria y la ciencia aplicada.

El conflicto sindical se profundizó después de los despidos en el organismo. ATE habla de cerca de 100 cesantías en la CNEA y denunció que el recorte afecta áreas claves. En paralelo, el reclamo inmediato del gremio apunta a la reincorporación de 62 trabajadores despedidos la semana pasada.

La medida de fuerza también se produce después de una renuncia significativa dentro de la estructura técnica de la Comisión. Ayer presentó su renuncia Juan Manuel Ranalli, gerente del área de Energía Nuclear de la CNEA. En una nota dirigida al presidente del organismo, Martín Porro, Ranalli comunicó su salida del cargo y agradeció “la confianza depositada” y “el profesionalismo de los equipos de trabajo” que lo acompañaron durante su gestión.

La carta no menciona los motivos de la renuncia. Pero la salida de Ranalli cobra relevancia porque se conoció después de que el funcionario cuestionara los despidos dentro del área. En un organismo de alta especialización técnica, la renuncia de un gerente nuclear en medio de cesantías y protestas confirma el deterioro institucional al que la motosierra con que Javier Milei y su ministro desregulador, Federico Sturzenegger, vienen podando al Estado, inclusive en las áreas más sensibles de la administración, como salud, educación, remedios para los jubilados y discapacidad.

ATE sostiene que los despidos forman parte de una política de ajuste sobre ciencia y tecnología. “Lo que pasa en la Argentina no ocurre en ningún otro país del mundo. Todos los estados desarrollados invierten en ciencia y tecnología, además, planifican su energía nuclear, mientras que acá recortaron el 55% del presupuesto en los organismos específicos y en tan solo dos años y medio expulsaron a cientos de científicos y técnicos altamente especializados”, señaló Aguiar.

El sindicato también apuntó contra las autoridades del organismo. Según ATE, las protestas se replicarán en sedes de la CNEA de todo el país y responden a la falta de respuestas oficiales. En comunicados previos, el gremio había denunciado que las autoridades evitaron el diálogo con los trabajadores y que los despidos alcanzan a personal que cumplía funciones clave.

La discusión no se limita a la cantidad de cesantías. Para los trabajadores estatales, el eje es el impacto de esos recortes sobre capacidades acumuladas durante décadas. En áreas como energía nuclear, la pérdida de personal especializado no se reemplaza de manera inmediata: implica conocimiento técnico, experiencia en proyectos complejos y continuidad de equipos de investigación y desarrollo.

La oposición también cuestionó el recorte. Diputados denunciaron que el vaciamiento de la CNEA y de los centros atómicos implica una afectación de la soberanía nuclear y pidieron la intervención de la comisión de Ciencia y Tecnología de la Cámara baja. Según esos planteos, los trabajadores despedidos habían sido evaluados y cumplían funciones desde hace años.

El Gobierno, por su parte, había presentado meses atrás una reestructuración de la CNEA orientada a generar recursos propios y mejorar la eficiencia operativa. El secretario de Asuntos Nucleares, Federico Ramos Napoli, cuestionó entonces el funcionamiento histórico del organismo y anunció una reforma integral para orientarlo a resultados.

ATE rechaza ese diagnóstico. Aguiar sostuvo que la CNEA “no genera pérdidas” y que, por el contrario, “es superavitaria”. Para el gremio, no existe una justificación técnica o presupuestaria que explique el recorte y la medida forma parte de una política más amplia de ajuste sobre el empleo público, la investigación científica y los organismos estratégicos del Estado.

La caravana de este miércoles busca visibilizar ese conflicto. No se trata sólo de una pelea por puestos de trabajo, sino de una disputa por el futuro de un área estatal que concentra capacidades científicas difíciles de reconstruir. En la CNEA, cada despido no significa únicamente una baja en la nómina: puede implicar la pérdida de conocimiento acumulado, continuidad técnica y soberanía tecnológica.

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Corea del Sur planea crear un fondo con ingresos fiscales adicionales generados por el auge de los semiconductores y la inteligencia artificial para financiar inversiones, apoyar emprendedores y promover empleo joven. La iniciativa fue presentada por el jefe de Gabinete surcoreano, Kang Hoon-sik, como una herramienta para impulsar el crecimiento futuro y responder a la desigualdad que puede profundizar el nuevo ciclo tecnológico.

La propuesta no apunta sólo a acelerar el desarrollo de la IA sino que pone sobre la mesa la discusión sobre quién se queda con los beneficios de esa transformación. Kang afirmó que el fondo servirá para “responder a la polarización” de una economía “en forma de K”, una expresión utilizada para describir procesos en los que algunas personas, empresas o industrias crecen con mucha fuerza, mientras otras quedan rezagadas.

El diagnóstico es relevante porque aparece en uno de los países más integrados a la cadena global de semiconductores: los materiales y componentes con los que se fabrican chips, procesadores y memorias, piezas indispensables para computadoras, celulares, servidores, autos y sistemas de inteligencia artificial. Corea del Sur es sede de gigantes como Samsung Electronics y SK hynix, dos actores centrales de esa industria. El Gobierno surcoreano acaba de presentar proyectos industriales en semiconductores, IA física y centros de datos, con inversiones cercanas al billón de dólares entre empresas privadas y agencias estatales.

La novedad está en que Seúl empieza a vincular de manera explícita el boom tecnológico con una pregunta social y laboral: si la inteligencia artificial genera nuevas rentas, más productividad y más recaudación, una parte de esos recursos debería financiar políticas para evitar que la riqueza quede concentrada sólo en las empresas ganadoras.

El fondo, según el Gobierno, se destinará a inversiones y a dar “apoyo para emprendedores y empleo para jóvenes de entre 20 y 30 años”. Los detalles todavía no fueron definidos. El portavoz del gobernante Partido Democrático, Kang Jun-hyun, aclaró que el Ejecutivo sólo “esbozó” el propósito general del instrumento.

La idea ya había generado polémica en mayo, cuando el jefe de la Oficina de Políticas presidencial, Kim Yong-beom, planteó la necesidad de repartir entre los ciudadanos los beneficios fiscales generados por el auge de la IA. Sus declaraciones fueron cuestionadas por sectores que interpretaron la propuesta como un intento de repartir beneficios empresariales. El presidente Lee Jae-myung negó esa lectura.

Durante los últimos meses, las grandes tecnológicas insistieron en que la inteligencia artificial creará nuevas oportunidades laborales, pero las empresas ya empezaron a usarla para reorganizar tareas, reducir costos y achicar estructuras. El discurso de la innovación convive con decisiones empresarias que presentan la automatización como una vía para necesitar menos personal en determinadas áreas.

Recientemente, Amazon admitió que la IA reducirá la necesidad de personal corporativo a medida que automatice tareas de oficina. En China, el Gobierno empezó a observar con más precisión el impacto de la inteligencia artificial sobre el empleo, en un contexto de preocupación por despidos silenciosos y reestructuraciones vinculadas a la automatización. Distintos estudios sobre demanda laboral también muestran que la IA no sólo elimina puestos: cambia qué tareas se valoran, qué perfiles ganan peso y qué trabajadores quedan más expuestos.

Por eso la iniciativa de Corea del Sur importa más allá de su diseño final. No presenta la IA sólo como una promesa de eficiencia, inversión y crecimiento. La reconoce también como una fuente potencial de desigualdad. En una economía “en forma de K”, la misma tecnología que dispara beneficios para empresas líderes puede dejar atrás a trabajadores jóvenes, empleos administrativos, sectores de menor productividad o regiones menos integradas a la cadena digital.

La pregunta de fondo es laboral. Si la IA permite producir más con menos trabajo, automatizar tareas repetitivas o concentrar ganancias en empresas con capacidad de inversión, el problema no es únicamente tecnológico. Es distributivo: quién captura la productividad, quién financia la transición y qué protección reciben los trabajadores desplazados o presionados por nuevas exigencias.

Corea del Sur intenta anticiparse a esa tensión con un fondo financiado por ingresos fiscales adicionales. La propuesta todavía es general, pero introduce una idea que otros países evitan discutir: si la inteligencia artificial genera una nueva ola de riqueza, una parte debería volver a la sociedad en forma de empleo, capacitación, inversión pública y políticas contra la desigualdad.

Para los trabajadores, la cuestión no es si la IA será buena o mala en abstracto. La cuestión es bajo qué reglas se incorpora. Sin regulación, sin medición del impacto laboral y sin mecanismos de redistribución, el aumento de productividad puede terminar convertido en despidos, precarización o mayor concentración de ingresos. Con políticas públicas, en cambio, puede abrir una discusión distinta: cómo hacer que la tecnología no sea sólo un negocio para las empresas que automatizan, sino también una herramienta para sostener empleo y reducir brechas.

El plan surcoreano todavía está en etapa inicial y enfrenta resistencia política. Pero marca una diferencia frente al entusiasmo acrítico que suele rodear a la inteligencia artificial. Seúl no sólo quiere atraer inversiones en chips, centros de datos e IA física. También empieza a preguntarse cómo evitar que ese crecimiento deje una economía partida en dos: arriba, las empresas y sectores que capturan el boom; abajo, los trabajadores que pagan el costo de la transición.

JJD

El gobierno de Javier Milei mantiene abierto un frente judicial contra Luis Barrionuevo, uno de los dirigentes sindicales más antiguos del país y exaliado fugaz de La Libertad Avanza durante la campaña presidencial de 2023. La Secretaría de Trabajo no convalidó la conducción del gastronómico al frente de la Unión de Trabajadores Gastronómicos y Hoteleros de la República Argentina (UTHGRA) y acudió a la Corte Suprema para defender esa decisión.

El área que encabeza Julio Cordero no le otorgó a Barrionuevo el certificado de autoridades que necesita para gestionar formalmente el sindicato. La cartera laboral, que depende del Ministerio de Capital Humano, presentó un recurso extraordinario federal contra una sentencia de la Sala VI de la Cámara Nacional de Apelaciones del Trabajo, que había ordenado expedir un certificado provisorio de las autoridades electas en el gremio.

Según el escrito judicial al que accedió Noticias Argentinas, la presentación fue realizada por María Fernanda Penas, abogada de la Secretaría de Trabajo. El planteo sostiene que la cautelar concedida a Barrionuevo vulneró normas procesales y laborales, y busca que la Corte Suprema intervenga para validar la posición del Gobierno.

En la cartera laboral evitaron hacer comentarios públicos sobre el caso. “Está todo judicializado, no vamos a hablar”, respondieron. La definición, de todos modos, marca una señal política: el Gobierno no quiere convalidar por ahora el último proceso electoral que proclamó a Barrionuevo para un nuevo mandato al frente de UTHGRA.

La elección interna del gremio gastronómico quedó cuestionada por sectores opositores, que denunciaron irregularidades en el proceso. Según recogió NA, dirigentes críticos objetaron la cantidad de votantes informada por el barrionuevismo y pusieron como ejemplo el caso de Mar del Plata: afirmaron que en la última elección habrían votado 8.000 personas, cuando en una elección previa, con dos listas, habían sufragado alrededor de 800.

El conflicto también tuvo derivación judicial. El juez Julio Grisolía dejó sin reconocimiento legal a la conducción al no avalar la votación realizada en diciembre último para renovar el mandato hasta 2029. Esa decisión dejó en suspenso la continuidad formal de Barrionuevo, que conduce el gremio gastronómico desde hace más de cuatro décadas y es uno de los nombres más identificables del sindicalismo peronista tradicional.

La historia reciente entre Barrionuevo y Milei

Antes de las elecciones generales de 2023, el jefe gastronómico y el entonces candidato libertario alcanzaron un entendimiento para que el gremio aportara estructura y afiliados a la fiscalización de La Libertad Avanza. En ese momento, Milei buscaba reforzar un punto débil de su armado: el control territorial de los votos.

La relación duró poco. Después de la elección general de octubre, cuando Milei no consiguió ampliar de manera significativa el resultado de las primarias, dentro del campamento libertario empezaron a circular reproches contra Barrionuevo. Dirigentes de La Libertad Avanza lo acusaron de no haber cumplido con lo pactado y de haberlos “traicionado”. El dirigente sindical se desmarcó del espacio y el vínculo quedó roto antes del balotaje.

Ese antecedente no alcanza para explicar por sí solo la decisión actual de la Secretaría de Trabajo, que se presenta como una controversia administrativa y judicial sobre la validez del proceso electoral de UTHGRA. Pero sí agrega contexto: el Gobierno que hoy se niega a convalidar la conducción de Barrionuevo es el mismo espacio político que en 2023 intentó apoyarse en su estructura sindical para fiscalizar una elección presidencial.

Para Milei, la relación con Barrionuevo condensó una de las tensiones de su armado inicial. El libertario llegó a la política nacional con un discurso de confrontación contra la “casta”, pero en la campaña buscó acuerdos con dirigentes de larga trayectoria territorial, incluidos sectores del sindicalismo tradicional. Barrionuevo fue uno de los casos más visibles de esa estrategia: un aliado útil durante unas semanas y un actor incómodo poco después.

Ahora la pelea ya no ocurre en el terreno electoral, sino en el sindical. La falta de certificado de autoridades limita la capacidad formal de la conducción barrionuevista para administrar el gremio y abre un nuevo capítulo en la disputa interna de UTHGRA. La intervención de la Corte Suprema, si finalmente avanza, puede definir si la Secretaría de Trabajo debe extender la certificación provisoria o si queda firme la negativa oficial.

El caso también se inscribe en un momento de mayor tensión entre el Gobierno y distintas organizaciones sindicales. Mientras la administración libertaria impulsa reformas laborales, cuestiona estructuras gremiales tradicionales y sostiene una agenda de desregulación, uno de los jefes sindicales más antiguos del país quedó atrapado en una disputa por el reconocimiento formal de su propia conducción.

JJD

El Gobierno y las principales consultoras privadas coinciden en que la inflación de junio habría perforado el 2% mensual. El dato oficial se conocerá el 10 de julio, cuando el Indec publique el Índice de Precios al Consumidor, pero las primeras proyecciones ubican la suba entre 1,8% y 1,9%.

El vocero presidencial, Adrián Ravier, estimó que el costo de vida se ubicará en 1,9%. “Me puedo equivocar y puede ser 2% o 1,8%, pero la tendencia es hacia abajo”, señaló, según un cable de Noticias Argentinas. Las consultoras privadas se mueven en un rango similar: Eco Go y C&T proyectaron 1,9%, mientras que Analytica estimó una variación de 1,8%.

La desaceleración es un dato político relevante para el gobierno de Javier Milei. Después de meses de aumentos más altos, una inflación por debajo del 2% le permitiría mostrar el número mensual más bajo del año y reforzar el relato oficial de ordenamiento macroeconómico. Pero para los trabajadores la discusión no termina en el promedio general.

Si junio cierra en 1,9%, la inflación acumulada del primer semestre quedará cerca del 16,9%. Si el dato fuera 1,8%, rondaría el 16,8%. En ambos casos, el año llegaría a la mitad con una suba de precios muy inferior a la de 2024, pero todavía significativa para salarios que no recompusieron plenamente el poder de compra perdido.

El IPC es un promedio. Esa aclaración parece técnica, pero es central para entender por qué la inflación puede bajar y, al mismo tiempo, el bolsillo seguir bajo presión. Ningún trabajador paga “el promedio” cuando va al supermercado, carga la SUBE, paga la luz, el gas, internet, el alquiler, la prepaga, los remedios o la cuota del colegio. Cada hogar enfrenta una canasta concreta, y esa canasta suele estar más cargada de consumos difíciles de reemplazar.

En mayo, el IPC había sido de 2,1% y acumulaba 14,7% en los primeros cinco meses del año. Pero varios rubros sensibles para los hogares trabajadores habían vuelto a moverse por encima o muy cerca del promedio: Comunicación subió 3,4%, Educación 2,9%, Recreación y cultura 2,8%, Vivienda, agua, electricidad, gas y otros combustibles 2,6%, Salud 2,6% y Alimentos y bebidas no alcohólicas 2,5%.

Ese comportamiento importa porque los gastos más rígidos pesan más en la vida cotidiana. Un hogar puede postergar ropa, electrodomésticos o salidas, pero tiene menos margen para ajustar comida, transporte, servicios, conectividad, alquiler o salud. Por eso una inflación más baja no produce automáticamente alivio si los aumentos se concentran en los consumos que más condicionan el salario.

La diferencia entre el dato oficial y la experiencia cotidiana también se vincula con la forma en que se mide la inflación. El IPC vigente sigue apoyado en una estructura de consumo basada en la Encuesta Nacional de Gastos de los Hogares 2004-2005. Esa canasta quedó vieja frente a los cambios ocurridos en las últimas dos décadas, especialmente en el peso de servicios, vivienda, transporte, conectividad y gastos financieros.

El Indec tenía previsto avanzar en 2026 con una actualización metodológica basada en la Encuesta Nacional de Gastos de los Hogares 2017-2018, pero el cambio fue postergado tras la salida de Marco Lavagna del organismo y la decisión del ministro Luis Caputo de demorar la implementación del nuevo índice hasta que la desinflación esté más consolidada.

Una canasta actualizada daría mayor peso a consumos que hoy ocupan una porción más grande del presupuesto familiar. Eso no significa que el dato oficial de junio sea falso, sino que puede resultar menos representativo del gasto real de muchos hogares, especialmente de los que destinan buena parte de sus ingresos a alquileres, tarifas, transporte, telefonía, internet, salud y educación.

El Gobierno mira la inflación como un indicador de éxito macroeconómico. Los trabajadores la miran desde otro lugar: cuánto queda del salario después de pagar lo indispensable. Esa diferencia explica por qué una inflación de 1,8% o 1,9% puede ser celebrada desde el Ministerio de Economía y, al mismo tiempo, sentirse insuficiente en los hogares que vienen de meses de pérdida de ingresos, endeudamiento y recortes de consumo.

La desaceleración de junio, si se confirma, será una novedad favorable para el Gobierno. Pero no borra el acumulado del semestre ni resuelve la brecha entre precios y salarios. Tampoco corrige el problema de una medición que todavía no incorporó plenamente los cambios en la estructura de consumo de los hogares.

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El Banco Nación pone en marcha este lunes una nueva línea de refinanciación para clientes que acumulan más de tres meses de atraso en sus pagos. La medida alcanza a deudores en situación crediticia 3, 4 y 5, según la clasificación del Banco Central: perfiles de riesgo medio, alto o incluso considerados irrecuperables.

La novedad no está sólo en la existencia de otra herramienta bancaria. Está en el tipo de cliente al que apunta. El Nación ya había lanzado en mayo un paquete para consolidar deudas, refinanciar tarjetas y ofrecer alternativas a clientes con atrasos menores. Ahora la asistencia se extiende hacia moras más profundas, en un contexto en el que la deuda de los hogares dejó de ser un problema aislado y pasó a formar parte de la economía cotidiana de millones de trabajadores.

La nueva línea permitirá refinanciar deudas de consumo originadas en pesos o en UVA, con actualización por CER, y tendrá un plazo máximo de 120 meses. La tasa será diferencial: 12% nominal anual fija para quienes cobran su sueldo, jubilación o pensión en el Banco Nación, y 14% para el resto de los usuarios. Para mantener la tasa preferencial, el cliente deberá conservar el cobro de haberes en la entidad durante toda la vigencia del préstamo.

El programa estará disponible para trabajadores, jubilados, pensionados, autónomos, monotributistas y usuarios que no cobren sus ingresos en el banco. También podrán incluirse deudores vinculados al segmento de microempresas o emprendedores, cuando correspondan a cartera de consumo.

Quienes ya cobran en el Banco Nación podrán contratar, además, un tope de cuota atado al Coeficiente de Variación Salarial (CVS). Ese mecanismo busca evitar que la cuota ajustada por UVA supere la evolución de los salarios. En esos casos, si la cuota calculada por UVA queda por encima del CVS, se aplicará el límite salarial como referencia.

El anuncio llega después de un nuevo salto de la mora familiar. De acuerdo con el último Informe sobre Bancos del Banco Central, la irregularidad de los préstamos a familias alcanzó el 12,1% del total de créditos en abril. Un año antes, en abril de 2025, era de 3,7%. Es decir, el indicador más que triplicó su nivel en doce meses y llegó al máximo en más de dos décadas.

El deterioro también aparece en el total del financiamiento al sector privado. La cartera en situación de atraso llegó al 7,3% en abril, 0,3 puntos más que en marzo y 5,1 puntos por encima del mismo mes del año anterior. Pero el golpe más fuerte volvió a concentrarse en los hogares: la mora familiar subió 0,5 puntos en un mes y 8,3 puntos interanuales.

Las líneas de crédito más vinculadas al consumo cotidiano muestran la presión con claridad. La mora en préstamos personales llegó al 14,9%; en tarjetas de crédito, al 12,5%; en préstamos prendarios, al 7,3%; y en hipotecarios, al 1,5%. El crédito que durante meses funcionó como complemento del ingreso empezó a quedar fuera de calendario.

Ese recorrido ya venía apareciendo en los datos previos. En marzo, la mora de las familias había llegado al 11,5%, con préstamos personales en 14,2% y tarjetas de crédito en 11,7%. En febrero, las billeteras virtuales y entidades no financieras mostraban una irregularidad cercana al 30% en saldos familiares con más de 90 días de atraso. Mercado Pago, una de las principales puertas de entrada al crédito digital, había triplicado su mora hasta 14,7% entre enero de 2025 y enero de 2026.

La nueva refinanciación del Nación confirma que el problema escaló. Ya no se trata sólo de ordenar saldos de tarjeta o consolidar varias deudas en una cuota. La entidad estatal sale ahora a ofrecer una salida para clientes que llevan más de 90 días sin pagar y que, según el propio sistema financiero, ya entraron en categorías de riesgo más severas.

Según estimaciones de la consultora 1816 citadas por Infobae, hay 5,3 millones de personas con al menos un crédito irregular, es decir, impago hace al menos 90 días, ya sea con entidades financieras o no financieras. Sobre un universo de 20 millones de personas con préstamos, eso representa el 26,7% de quienes tienen algún tipo de financiamiento.

El dato marca un límite para el discurso de normalización del crédito. Durante buena parte de 2024 y comienzos de 2025, el endeudamiento ayudó a sostener consumos, cubrir gastos corrientes o estirar salarios golpeados. Pero una vez que la mora sube de manera sostenida, el crédito deja de funcionar como puente y empieza a convertirse en una carga que necesita ser reprogramada.

Para los bancos, la refinanciación permite reducir el riesgo de incobrabilidad y recuperar capacidad de pago de los clientes. Para los hogares, puede significar alivio inmediato: una cuota más baja, un plazo más largo y un calendario más ordenado. Pero también implica estirar hacia adelante una deuda que nació, muchas veces, porque el ingreso mensual no alcanzó.

La medida del Banco Nación tiene dos lecturas al mismo tiempo. Es una herramienta concreta para quienes quedaron atrapados en atrasos prolongados. Y es, también, una señal del tamaño del deterioro: cada vez más familias llegan al banco no para tomar crédito nuevo, sino para renegociar deudas vencidas que el salario ya no pudo sostener.

JJD

La economía argentina muestra señales que el Gobierno presenta como ordenamiento, desaceleración de la inflación o recomposición gradual. Pero cuando se mira desde el bolsillo de los trabajadores, la foto es menos compra en supermercados, menos venta en mayoristas, que los centros de compras siguen en baja real, que la industria retrocede en ramas intensivas en empleo y que el mercado laboral todavía no ofrece suficiente trabajo de calidad.

El último INDEC Informa, la publicación mensual que compila datos de coyuntura de distintos sectores, permite unir esas piezas. Los ingresos no alcanzan para recomponer el consumo, la producción manufacturera sigue floja y tener empleo no siempre alcanza para dejar de buscar otro trabajo o más horas.

El primer dato aparece en el consumo cotidiano. En abril, las ventas de supermercados a precios constantes cayeron 3,7% frente al mismo mes del año anterior y acumularon una baja de 3,3% en los primeros cuatro meses de 2026. A precios corrientes, en cambio, la facturación subió 21,5%. La diferencia dice mucho: se gastaron más pesos, pero se compró menos en términos reales.

Ese dato vuelve a mostrar el efecto directo de la pérdida de poder adquisitivo. El supermercado es uno de los termómetros más sensibles de la economía familiar porque registra compras básicas, alimentos, bebidas, limpieza, perfumería y productos de uso cotidiano. Cuando las ventas reales caen allí, el ajuste no habla sólo de consumos postergables. Habla de hogares que recortan cantidades, cambian marcas, reducen frecuencia de compra o reemplazan productos.

La caída también apareció en los autoservicios mayoristas, un canal que muchas familias usan para intentar ahorrar, comprar por volumen o estirar el ingreso mensual. En abril, las ventas reales bajaron 5% interanual y acumularon una caída de 3,2% en el año. La facturación nominal subió 19,7%, pero el volumen vendido siguió por debajo del año anterior.

Ese movimiento es especialmente relevante para trabajadores y hogares de ingresos medios y bajos. El mayorista suele funcionar como estrategia defensiva frente a precios altos: comprar paquetes grandes, buscar ofertas, organizar compras familiares o repartir gastos. Si también cae ese canal, la señal es que el problema no está sólo en el consumo aspiracional, sino en la capacidad de sostener compras básicas aun buscando precios más convenientes.

Los centros de compras completan el cuadro. Las ventas a precios constantes cayeron 5,9% interanual en abril, aunque la facturación nominal aumentó 12,6%. El retroceso real fue mayor fuera del Gran Buenos Aires, donde la baja llegó al 6,2%, frente al 5,7% en GBA. Es otro tipo de consumo, más asociado a indumentaria, tecnología, comida fuera del hogar y esparcimiento, pero marca el mismo límite: la mejora nominal no alcanza para recuperar cantidades.

La lectura conjunta es más fuerte que cada dato por separado. Supermercados, mayoristas y shoppings muestran caídas reales al mismo tiempo. Eso impide hablar de una recuperación clara del consumo de los hogares. Puede haber sectores o rubros con mejoras puntuales, pero el cuadro general sigue atravesado por salarios que no recompusieron plenamente el poder de compra y por familias que reorganizan gastos con menos margen.

La industria muestra otro costado del mismo problema. El índice de producción industrial manufacturero cayó 2,8% interanual en abril y acumuló una baja de 2,4% en el año. El dato general ya marca debilidad, pero la apertura por ramas muestra golpes más profundos en sectores con fuerte impacto laboral.

La producción textil cayó 22,2% frente a abril de 2025 y acumuló una baja de 25,5% en el año. Prendas de vestir, cuero y calzado retrocedió 15,9% interanual. Maquinaria y equipo bajó 20,2%. Otros equipos, aparatos e instrumentos cayó 11,4%. Vehículos automotores, carrocerías, remolques y autopartes retrocedió 10,7%. Industrias metálicas básicas bajó 11,2%.

No todas las ramas cayeron. Sustancias y productos químicos creció 16,7%, refinación de petróleo subió 5,6%, madera, papel, edición e impresión avanzó 4,1% y productos de tabaco aumentó 6,5%. Pero esa heterogeneidad no borra el problema: varias ramas vinculadas al consumo interno, a bienes durables y a cadenas industriales con empleo asalariado siguen en rojo.

El dato de capacidad instalada también ayuda a medir la temperatura. La utilización general de la industria llegó a 59,9% en abril, pero algunos bloques operaron muy por debajo de ese nivel: productos textiles usó 42,4% de su capacidad, productos de caucho y plástico 42,4%, industria automotriz 46,5% y metalmecánica excluida automotriz 42,7%. Menos producción y capacidad ociosa no son conceptos abstractos: implican turnos que no se abren, horas que no se trabajan, proveedores con menos pedidos y trabajadores con menor poder de negociación.

Ahí se conecta el consumo con la actividad productiva. Cuando los hogares compran menos, las empresas venden menos. Cuando venden menos, producen menos. Y cuando producen menos, el empleo se vuelve más frágil. Esa cadena no funciona de manera mecánica ni inmediata, pero sí marca el terreno sobre el que se mueven los trabajadores: menos demanda, más incertidumbre y más presión para aceptar peores condiciones.

El capítulo laboral del mismo informe completa esa fotografía. En el primer trimestre de 2026, la desocupación abierta fue de 7,8%, con una tasa de empleo de 44,8% y una tasa de actividad de 48,6%. El desempleo no explotó, pero mirar sólo ese número deja afuera una parte importante del problema.

La presión sobre el mercado de trabajo alcanzó al 29,6% de la población económicamente activa. Ese indicador incluye a los desocupados, a los ocupados que buscan otro empleo y a quienes no buscan activamente otro puesto pero están disponibles para trabajar más horas. En otras palabras: casi tres de cada diez personas activas no están plenamente resueltas en su situación laboral.

El informe también muestra que el 15,8% de la PEA corresponde a ocupados demandantes de empleo y que la subocupación llegó al 11,1%. Son trabajadores que tienen una ocupación, pero necesitan otra, más horas o mejores ingresos. Esa es una de las claves del momento laboral: el problema no se agota en conseguir trabajo, sino en conseguir un empleo que alcance para vivir.

La informalidad agrega otra capa. El informe de mercado laboral del INDEC mostró que el 44,2% de los ocupados trabaja en condiciones informales. Esa estructura vuelve más débil cualquier recuperación porque una parte enorme del empleo queda sin protección plena, con ingresos más inestables y menor capacidad de negociar salarios.

La suma de los datos deja una conclusión menos optimista que el relato oficial. La inflación desaceleró, pero eso no implica automáticamente una mejora del poder de compra. El consumo real sigue flojo en canales básicos y comerciales. La industria cae en sectores sensibles. El mercado laboral no muestra una crisis abierta de desempleo masivo, pero sí una presión persistente de trabajadores que buscan más o mejor empleo.

La recuperación, si existe, todavía no ordena la vida material de quienes viven de su trabajo. Para un hogar asalariado, la economía no se mide sólo por la variación mensual del IPC o por un promedio general de actividad. Se mide en la compra del supermercado, en la posibilidad de pagar deudas, en las horas de trabajo disponibles, en la estabilidad del empleo y en el margen que queda después de cubrir gastos básicos.

El INDEC Informa de junio permite ver esa trama completa. No muestra una economía paralizada, pero tampoco una recuperación sólida para los trabajadores. Muestra un país donde se factura más porque los precios subieron, pero se compra menos en términos reales; donde algunas ramas industriales crecen, pero varias intensivas en empleo siguen golpeadas; y donde millones de personas tienen trabajo, aunque no siempre el trabajo que necesitan.

JJD

Hace un año viajar a Brasil parecía un negocio redondo para miles de argentinos. Las redes sociales comparaban el precio de un departamento en Florianópolis con una semana en la Costa Atlántica, los vuelos salían llenos y los pasos fronterizos registraban un movimiento que confirmaba una idea repetida hasta el cansancio: con este dólar convenía más salir del país que vacacionar en Argentina.

Doce meses después, esa postal empezó a cambiar. El atraso cambiario sigue funcionando como incentivo para mirar hacia afuera, pero el último informe de Estadísticas de Turismo Internacional del Indec mostró un dato nuevo: el déficit turístico empezó a moderarse. No porque se haya revertido el saldo negativo, sino porque entraron más extranjeros y, sobre todo, porque salieron menos argentinos.

En mayo de 2026 ingresaron al país 379.900 turistas no residentes, un 20,4% más que en el mismo mes del año anterior. En sentido inverso, 661.900 turistas residentes viajaron al exterior, una caída interanual de 12,1%. El resultado siguió siendo deficitario: hubo 282.000 turistas más saliendo de la Argentina que entrando. Pero la comparación con mayo de 2025 muestra un cambio importante. Un año antes habían llegado 315.400 turistas extranjeros y habían viajado al exterior 752.800 argentinos. El saldo negativo había sido de 437.400 turistas.

La diferencia es clara: el rojo turístico se achicó en alrededor de 155.000 turistas en un año. El dato no alcanza para hablar de equilibrio, pero sí muestra una corrección del desequilibrio que marcó buena parte de 2024 y comienzos de 2025.

El cambio más fuerte aparece en el turismo emisivo. En mayo de 2025, las salidas de argentinos al exterior crecían 48,9% interanual. En mayo de 2026, cayeron 12,1%. Pasar de una expansión cercana al 50% a una baja de dos dígitos indica que el boom de viajes al exterior encontró un freno.

Durante varios meses, el precio relativo de muchos destinos externos, especialmente Brasil y Chile, pesó fuerte en las decisiones de consumo de hogares con alguna capacidad de gasto. Viajar afuera aparecía como una oportunidad frente a precios locales muy altos. Pero el tipo de cambio es sólo una parte de la decisión. Para viajar también hacen falta ingresos disponibles, ahorro o crédito.

Ese punto conecta el informe de turismo con otros datos recientes sobre la economía de los hogares. El salario formal todavía no recuperó plenamente poder de compra, la informalidad alcanza a una parte muy amplia del mercado laboral y el crédito empezó a funcionar, para muchos trabajadores, como una extensión del ingreso mensual. En ese contexto, financiar un viaje ya no compite sólo contra otros consumos de ocio: compite contra alquiler, comida, servicios, transporte, deudas previas y cuotas de tarjeta.

Ahí aparece el límite. El dólar todavía puede invitar a viajar; el salario ya no siempre alcanza para hacerlo. Esa tensión ayuda a leer la moderación del déficit turístico: no necesariamente porque el exterior haya dejado de ser conveniente en términos relativos, sino porque una parte de los hogares ya no puede sostener ese consumo con la misma facilidad.

La serie mensual refuerza esa idea. El saldo turístico siguió negativo durante todo 2026, pero fue menos rojo que un año atrás. En enero de 2025 el déficit había sido de alrededor de 1,25 millones de turistas; en enero de 2026 fue de 1,08 millones. En febrero pasó de 1,33 millones a 1,09 millones. En marzo, de 846.000 a 552.000. En abril, de 462.000 a 301.000. Y en mayo, de 437.000 a 282.000.

La tendencia muestra una reducción sostenida del déficit, aunque no por un solo canal. Por un lado, llegan más turistas extranjeros. Por otro, salen menos residentes argentinos. El primer dato puede leerse como una mejora del turismo receptivo. El segundo, en cambio, abre una pregunta más sensible: qué está pasando con la capacidad de consumo de los hogares que hasta hace poco seguían eligiendo el exterior.

Brasil volvió a ocupar un lugar central en esa fotografía. En mayo de 2026 fue el principal origen de turistas extranjeros que llegaron a la Argentina, con 87.200 personas y una participación de 22,9% sobre el total. Le siguieron Uruguay, con 59.600 turistas, y Chile, con 55.100. El turismo receptivo desde países limítrofes explicó el 64,2% de las llegadas.

Del lado de los argentinos que viajaron al exterior, Brasil también fue el destino más elegido, con 137.300 turistas, aunque con una caída interanual de 7,8%. El bloque Resto de América recibió 111.100 turistas residentes argentinos y Chile quedó tercero, con 102.300, pero allí la baja fue mucho más fuerte: 38% menos que en mayo de 2025.

Ese dato ayuda a entender que la corrección no fue pareja. Los argentinos siguieron viajando sobre todo a países de la región, pero el volumen bajó en varios destinos. El turismo emisivo a Chile, que había sido uno de los grandes protagonistas del fenómeno de compras y escapadas por precios relativos, mostró una contracción marcada.

El cambio no borra lo ocurrido durante los meses previos. El atraso cambiario, combinado con precios internos altos, sostuvo durante un tiempo una escena particular: hogares que todavía conservaban margen de consumo encontraban más conveniente cruzar la frontera o tomar un vuelo regional que pagar unas vacaciones locales. El problema es que una ventaja cambiaria no alcanza si el ingreso disponible se achica.

Cuando el salario pierde poder de compra, incluso un viaje relativamente barato deja de ser accesible. No alcanza con que Brasil, Chile o Uruguay parezcan convenientes frente a la Costa Atlántica. Hace falta llegar a fin de mes con margen para pagar pasajes, alojamiento, comida, traslados, compras, seguro, cuotas de tarjeta o gastos en dólares. Si ese margen se estrecha, la decisión cambia.

La caída de las salidas al exterior no prueba por sí sola que todos esos viajes se hayan frustrado por falta de ingresos. Pero en una economía donde los trabajadores recurren cada vez más al financiamiento para sostener gastos corrientes, el turismo es una señal difícil de ignorar. Cuando el crédito ya se usa para completar el mes, endeudarse para viajar se vuelve una decisión mucho más estudiada y menos impulsiva.

El desequilibrio turístico empezó a corregirse. No necesariamente porque la Argentina se haya vuelto más competitiva para sus propios residentes, ni porque el tipo de cambio haya dejado de incentivar viajes al exterior. La novedad parece ser que cada vez más hogares parecen encontrar un límite en sus ingresos para sostener ese consumo.

JJD

Dos provincias llegan este miércoles con paros docentes y estatales, aunque por conflictos distintos. En Entre Ríos, la Asociación Gremial del Magisterio de Entre Ríos (AGMER) convocó a una huelga provincial por el deterioro salarial, la falta de respuestas del gobierno de Rogelio Frigerio y el rechazo a la reforma previsional que se debate en la Legislatura. En Neuquén, ATE y ATEN paran y se movilizan contra el proyecto de Gas Natural Licuado (GNL), que según los gremios implica una baja en las regalías que percibe la provincia.

El paro entrerriano expresa un conflicto que combina salarios y jubilaciones. AGMER denunció que el Ejecutivo provincial no convocó a reanudar la discusión paritaria desde el fracaso de las negociaciones salariales de mayo, cuando el gremio consideró insuficiente la propuesta oficial frente al avance de los precios y la pérdida de poder adquisitivo.

El sindicato docente mayoritario sostuvo que la situación salarial atraviesa un escenario crítico, marcado por el empobrecimiento de los trabajadores, el alto nivel de endeudamiento de activos y jubilados, el pluriempleo y la sobrecarga laboral. El reclamo no se limita al sueldo de bolsillo: apunta también a las condiciones de trabajo y al deterioro de la vida cotidiana de la docencia entrerriana.

La medida de fuerza coincide con el plan de acción de la Multisectorial contra la reforma previsional que impulsa el gobierno provincial. Habrá movilizaciones en distintos puntos de Entre Ríos y el reclamo docente se suma a una resistencia más amplia de estatales, jubilados y organizaciones sociales frente a los cambios propuestos sobre el sistema jubilatorio.

AGMER planteó cuatro demandas principales: convocatoria urgente a discutir salarios, rechazo a la reforma previsional, aumento de las partidas destinadas a comedores escolares y mayor inversión en infraestructura educativa. Para el gremio, la reforma previsional podría profundizar el deterioro económico de trabajadores y jubilados.

ATE Entre Ríos también se incorporó al plan de lucha contra el nuevo régimen jubilatorio. El sindicato participó de la entrega de un petitorio dirigido a legisladores provinciales y reclamó que defiendan la Ley 8732, rechacen cualquier proyecto que lesione derechos previsionales y no trasladen el costo del déficit de la Caja sobre trabajadores y jubilados.

La Defensoría del Pueblo de Paraná y la Defensoría de los Derechos de las Personas Mayores también fijaron posición sobre la reforma previsional. En una presentación ante comisiones del Senado provincial, advirtieron que una modificación que resuelva sólo los números a costa de derechos ciudadanos “no es una reforma, es un traslado de la carga fiscal hacia los sectores más vulnerables”.

Entre los puntos cuestionados aparecen la edad jubilatoria de 68 años para nuevos aportantes, el impacto de género sobre las mujeres trabajadoras, la modificación de la fórmula para determinar el haber inicial, la declaración de emergencia previsional, la delegación de facultades al Poder Ejecutivo y los aportes solidarios a jubilados en actividad.

En Neuquén, el conflicto tiene otro eje. ATE y ATEN confirmaron un paro provincial de 24 horas para este miércoles, con impacto en el dictado normal de clases. La huelga incluye una movilización a la Legislatura, con concentración prevista entre las 9 y las 10 en el monumento a San Martín y marcha posterior hacia la Ciudad Legislativa.

La medida se realiza en rechazo al proyecto de GNL que la Legislatura analizará este miércoles. Según los sindicatos, la iniciativa implica una baja en las regalías que recibe Neuquén por sus recursos hidrocarburíferos. También se sumarán gremios como Sejun, de judiciales, y Adunc, de la Universidad Nacional del Comahue.

El secretario general de ATE Neuquén, Carlos Quintriqueo, explicó que la protesta se realiza “en defensa de nuestra provincia, de nuestra soberanía fiscal y de la autonomía sobre nuestros recursos naturales”. El dirigente cuestionó el esquema de regalías diferenciales previsto en el acuerdo entre la Provincia e YPF y sostuvo: “Queremos que la riqueza de nuestro subsuelo garantice el futuro de nuestros hijos, hijas, nietos y nietas”.

ATEN, el gremio docente neuquino, adhirió a la huelga en defensa de los recursos naturales y contra lo que considera una entrega de la soberanía provincial. La organización precisó que el paro será provincial y se realizará el día en que el proyecto sea tratado en el recinto.

La iniciativa cuestionada busca convertir en ley el acta acuerdo firmada entre la Provincia e YPF para producir gas con destino a exportación en cinco áreas no convencionales ubicadas al norte de la Comarca Petrolera. El convenio establece una regalía diferencial para el gas metano que la petrolera estatal utilizará para producir GNL desde la costa rionegrina.

Según el esquema informado, las alícuotas de regalías oscilarán entre el 7,5% y el 12%, de acuerdo con la evolución de los precios internacionales medidos a través del índice JKM, referencia del mercado asiático.

El proyecto obtuvo despacho en un plenario de comisiones y podría votarse este miércoles, en la anteúltima sesión antes del receso invernal. Representantes de ATE, ATEN, Sejun y otras organizaciones se acercaron previamente a la Legislatura para informarse sobre los detalles del texto y cuestionaron la celeridad con la que se impulsó el tratamiento.

A diferencia de Entre Ríos, donde el eje inmediato es la paritaria docente y la reforma previsional, en Neuquén la protesta se ordena alrededor de los recursos naturales y la capacidad futura del Estado provincial para sostener ingresos. Pero en ambos casos aparece una misma preocupación de fondo: qué parte del ajuste recae sobre trabajadores, jubilados, servicios públicos y financiamiento estatal.

Las dos huelgas ocurren en un contexto nacional marcado por salarios que siguen corriendo detrás de los precios en buena parte del empleo formal, conflictos estatales, debates previsionales y presión sobre las cuentas públicas provinciales. En ese escenario, los paros de Entre Ríos y Neuquén muestran que la conflictividad laboral no se limita al Estado nacional ni a las grandes paritarias: también se juega en las provincias, allí donde salarios, jubilaciones, regalías y servicios públicos se vuelven parte de la misma disputa.

JJD

Los salarios subieron 3,7% en abril y quedaron por encima de la inflación de 2,6%, según informó el Instituto Nacional de Estadística y Censos (Indec). Pero esa mejora no alcanzó por igual al empleo formal: en el acumulado del año, los trabajadores privados registrados y los estatales siguieron detrás de los precios.

El dato general parece positivo. Entre enero y abril, el índice de salarios acumuló una suba de 12,7%, apenas por encima del 12,3% que acumuló la inflación en el mismo período. La diferencia es mínima: cuatro décimas. El problema aparece cuando se abre el promedio y se mira qué pasó con cada sector.

El sector privado registrado, que reúne a los asalariados formales de empresas, acumuló una suba de 10,1% en los primeros cuatro meses del año. Es decir, quedó 2,2 puntos por debajo de la inflación acumulada. El sector público avanzó 12%, casi empatado con los precios, pero también por debajo del IPC. La mejora total quedó explicada, en buena medida, por el salto del sector privado no registrado, que acumuló 19,7%.

Si se mira sólo el índice general, los salarios parecen haberle ganado por poco a la inflación. Si se mira el empleo formal, el resultado cambia: los trabajadores con empleo registrado todavía no lograron recuperar poder de compra en el primer cuatrimestre.

En abril, el movimiento mensual también mostró diferencias. El sector privado registrado subió 4%, el sector público aumentó 2,3% y el sector privado no registrado avanzó 4,7%. El índice total quedó en 3,7%. Frente a una inflación mensual de 2,6%, el sector público volvió a quedar rezagado incluso en el mes en que el promedio salarial general mostró una mejora.

El informe del Indec también permite mirar la comparación interanual. El índice de salarios total subió 36,9% frente a abril de 2025. Pero, otra vez, el promedio escondió una brecha fuerte: el sector privado registrado aumentó 29,3%, el sector público 29,6% y el privado no registrado 69,6%. Frente a una inflación interanual de 32,4% en abril, los asalariados formales privados y estatales quedaron por debajo.

La diferencia con el segmento no registrado debe leerse con cuidado. No se trata de un universo más protegido ni necesariamente mejor remunerado. Al contrario: es el sector más precario del mercado laboral, sin garantías plenas de estabilidad, aportes, cobertura o negociación colectiva. Además, el propio Indec aclara que ese componente se construye con información de la Encuesta Permanente de Hogares y tiene un rezago metodológico de cinco meses.

Eso vuelve más delicada cualquier lectura triunfalista. El dato que empuja hacia arriba el promedio salarial surge del segmento más frágil del mercado laboral, mientras el empleo formal, que debería marcar la zona más estable y protegida, sigue corriendo desde atrás.

La foto dialoga con otro informe reciente del Indec sobre el mercado de trabajo. En el primer trimestre de 2026, la informalidad laboral llegó al 44,2% de los ocupados y alcanzó a casi 6 millones de personas. Ese dato ayuda a entender por qué el promedio salarial puede ser insuficiente para describir la realidad laboral: una parte enorme del empleo argentino se mueve en zonas de menor protección, ingresos inestables y derechos incompletos.

El Gobierno suele presentar la desaceleración de la inflación como la antesala de una recomposición de ingresos. Pero el índice de salarios muestra que esa recuperación todavía no se consolidó para quienes tienen empleo formal. En el sector privado registrado, el avance acumulado de 10,1% quedó lejos del costo de vida. En el sector público, el 12% apenas rozó el IPC, sin revertir el deterioro previo.

La comparación es especialmente sensible para los estatales. El informe desagrega el sector público entre nacional y provincial: en abril, los salarios del subsector público nacional subieron sólo 1,6% mensual, mientras que los provinciales aumentaron 2,5%. En el acumulado del año, el nacional avanzó 10,3% y el provincial 12,5%. También ahí aparece una diferencia interna: los trabajadores del Estado nacional quedaron más atrás que el promedio del sector público.

Ese dato se publica en medio de una ofensiva oficial sobre el empleo estatal: retiros voluntarios, pases a disponibilidad, reestructuraciones y nuevos conflictos con los gremios. El problema no es sólo la cantidad de puestos. También es el valor de esos salarios después de meses de ajuste, paritarias contenidas y pérdida de poder adquisitivo.

La lectura de fondo no pasa por negar la mejora de abril. Los salarios subieron más que los precios en el promedio mensual y el índice total quedó apenas por encima de la inflación acumulada. Pero trabajAR no mira sólo el promedio: mira qué trabajadores ganan, cuáles pierden, qué sectores quedan rezagados y qué parte del mercado laboral sostiene la mejora estadística.

En esa lectura, abril dejó una conclusión precisa: la recuperación salarial existe en el número general, pero no alcanza todavía al núcleo formal del empleo. Privados registrados y estatales siguieron por debajo de la inflación acumulada, mientras el segmento no registrado empujó el promedio desde una zona laboral más precaria.

La discusión, entonces, no es si los salarios subieron. Subieron. La pregunta es si esa suba recompone poder de compra y si llega a los trabajadores con empleo formal, aportes y derechos. El informe del Indec muestra que, en los primeros cuatro meses de 2026, esa respuesta todavía es insuficiente.

JJD

El mercado laboral argentino no mostró una explosión del desempleo abierto en el primer trimestre de 2026, pero sí dejó —otra vez— una señal de época: en esta Argentina libertaria tener trabajo no alcanza necesariamente para tener estabilidad, derechos ni ingresos suficientes. La desocupación se ubicó en 7,8%, sin cambios estadísticamente significativos frente al mismo período del año anterior, pero la informalidad, la subocupación y la búsqueda de otro empleo expusieron un deterioro más silencioso.

El último informe del Instituto Nacional de Estadística y Censos (Indec), elaborado a partir de la Encuesta Permanente de Hogares (EPH), mostró que en los 31 aglomerados urbanos hubo 13,5 millones de personas ocupadas y 1,1 millones desocupadas durante el primer trimestre del año. La tasa de empleo fue de 44,8% y la tasa de actividad llegó a 48,6%.

El dato que mejor muestra la fragilidad del mercado laboral no está sólo en la desocupación. Está en la presión sobre el empleo. Según el Indec, el 29,6% de la población económicamente activa estuvo desocupada, tuvo trabajo pero buscó otro, o no buscó activamente pero estuvo disponible para trabajar más horas. En números, eso equivale a unos 4,3 millones de personas.

Es decir que el ingreso laboral no alcanza, el empleo disponible no siempre es suficiente y una parte importante de quienes trabajan sigue presionando sobre el mercado porque necesita otra ocupación o más horas pagas.

La desocupación abierta alcanzó al 7,8% de la población económicamente activa. Son personas que no tenían ocupación, buscaban trabajo activamente y estaban disponibles para trabajar. En términos absolutos, el informe estimó 1.145.000 desocupados en los 31 aglomerados relevados.

A ese universo se suman 2.316.000 ocupados demandantes de empleo. Son trabajadores que ya tienen un puesto, pero buscan otro. El dato es clave porque rompe una lectura demasiado simple del mercado laboral: estar ocupado no significa necesariamente estar conforme con el ingreso, la jornada, la estabilidad o las condiciones de trabajo.

El informe también registró 1.629.000 subocupados. Se trata de personas que trabajan menos de 35 horas semanales y están dispuestas a trabajar más. Dentro de ese grupo, la subocupación total llegó al 11,1% y tuvo una suba interanual estadísticamente significativa de 1,1 puntos porcentuales. No es desempleo abierto, pero sí una forma concreta de insuficiencia laboral: personas que tienen empleo, aunque no la cantidad de trabajo que necesitan.

Sube el trabajo en negro

La informalidad fue otro de los puntos más fuertes del informe. El Indec estimó que el 44,2% de los ocupados tuvo un empleo informal durante el primer trimestre. La suba fue de 2,2 puntos frente al mismo período del año anterior y también resultó estadísticamente significativa. En números, casi 6 millones de trabajadores se desempeñaron en condiciones de informalidad.

La diferencia con el empleo formal no es menor. Un empleo informal suele implicar falta de aportes jubilatorios, menor protección frente al despido, más dificultad para acceder a obra social, crédito o licencias, y menos herramientas para negociar salarios. En una economía con precios todavía en alza y salarios que venían perdiendo poder adquisitivo, esa precariedad vuelve más difícil sostener gastos básicos.

El informe muestra que, dentro de la población ocupada, el 71,8% fue asalariado y el 28,2% no asalariado. Entre los asalariados, el 37,9% no tuvo descuento jubilatorio. Ese dato permite ver una parte de la informalidad más extendida: trabajadores bajo relación salarial de hecho, pero sin los derechos que deberían acompañar esa relación.

JJD

La Asociación Trabajadores del Estado (ATE) denunció que el Ministerio de Desregulación y Transformación del Estado, a cargo de Federico Sturzenegger, avanzará con nuevos recortes de personal en el Ministerio de Capital Humano. La denuncia se inscribe en una nueva etapa del ajuste estatal del gobierno de Javier Milei, que ya acumuló varias rondas de despidos, no renovaciones de contratos, retiros voluntarios y reestructuraciones en organismos públicos. ATE sostiene que la administración nacional atravesó siete olas de despidos desde el inicio de la gestión libertaria y que ahora el foco vuelve a estar puesto en áreas sensibles de Capital Humano.

Según un despacho de la agencia Noticias Argentinas, Sturzenegger está a cargo del ajuste de trabajadores en las áreas más importantes del Estado y monitorea la situación en cada cartera. Para avanzar con esa poda, utiliza herramientas normativas como el decreto 378/2026, publicado el 22 de mayo.

Ese decreto estableció la necesidad de “efectuar modificaciones a la conformación organizativa del Ministerio de Capital Humano y a los Objetivos de sus áreas dependientes, como así también a la estructura organizativa de primer y segundo nivel operativo de la citada Jurisdicción”.

En ATE interpretan que ese texto habilitó una nueva reducción de estructuras dentro del ministerio de Pettovello. Según señalaron al medio que difundió la información, Desregulación eliminó áreas de gestión administrativa de tres secretarías de Capital Humano: Trabajo, Educación y Niñez, Adolescencia y Familia.

“Achicaron áreas y al mismo tiempo modificaron la dotación de personal. Los nuevos referentes dijeron que puede haber pases a disponibilidad de miembros de planta permanente en los próximos días”, afirmaron desde el gremio.

El pase a disponibilidad es uno de los mecanismos más sensibles dentro del empleo público porque coloca a trabajadores de planta permanente en una situación de incertidumbre laboral. En el esquema de ajuste estatal del Gobierno, los sindicatos lo leen como un paso previo a posibles cesantías, traslados forzados o pérdida efectiva del puesto.

Durante la conferencia de prensa, los dirigentes de ATE detallarán las próximas acciones gremiales y las presentaciones legales que llevarán adelante para intentar frenar la reestructuración y defender los puestos de trabajo afectados.

Desde ATE apuntaron contra el Gobierno por lo que consideran una doble vara en el trato a los trabajadores estatales. “Mientras el Gobierno niega las denuncias de corrupción y Sturzenegger adhiere a la ley de Inocencia Fiscal, hay una doble vara con la cual tratan a los trabajadores”, acusaron en el sindicato.

El gremio también anticipó resistencia frente a la disposición oficial, tanto para garantizar los puestos laborales como para reclamar mejoras salariales para el personal del Estado.

El gobierno de Milei presenta la poda como parte de su agenda de “desregulación” y reducción del gasto público. Sturzenegger se convirtió en una de las figuras centrales de ese proceso: interviene en la revisión de estructuras, impulsa reformas administrativas y aparece como uno de los funcionarios encargados de sostener el discurso oficial contra lo que el oficialismo define como exceso de Estado.

JJD, con información de la agencia NA.