La Organización Internacional del Trabajo avanzó en Ginebra con una norma internacional para ordenar uno de los territorios laborales más precarizados de la economía digital: el trabajo en plataformas. La 114ª Conferencia Internacional del Trabajo adoptó el texto final del Convenio sobre el trabajo decente en la economía de plataformas, una norma que fija obligaciones para los Estados y apunta directamente al poder de las aplicaciones, los algoritmos y las empresas que organizan trabajo sin reconocer, muchas veces, una relación laboral tradicional.

La señal política del convenio es que la economía de plataformas deja de aparecer como un territorio excepcional, gobernado sólo por términos y condiciones privados, decisiones algorítmicas y contratos de adhesión. La OIT plantea que los Estados deben regular ese universo: definir responsabilidades, controlar la clasificación laboral, garantizar derechos mínimos, abrir vías de reclamo y poner límites a las decisiones automatizadas.

El convenio no se limita a repartidores o conductores. La definición de plataforma digital de trabajo abarca a toda persona jurídica —o física, cuando corresponda según la legislación nacional— que, mediante tecnologías digitales y sistemas automatizados de toma de decisiones, organiza o facilita trabajo remunerado para prestar un servicio. Ese trabajo puede hacerse en línea o en una ubicación geográfica específica. En otras palabras: alcanza tanto a quienes pedalean, manejan o reparten en la calle como a quienes realizan tareas digitales organizadas por plataformas.

La definición de trabajador de plataformas también es amplia. El texto incluye a toda persona empleada o contratada para prestar servicios organizados o facilitados por una plataforma digital de trabajo, a cambio de remuneración o pago, independientemente de la clasificación de su situación en el empleo. Ese punto es clave: la OIT no acepta que la etiqueta contractual colocada por la empresa cierre por sí sola la discusión sobre derechos.

Mientras el gobierno de Javier Milei impulsa una agenda laboral de flexibilización y reconocimiento de figuras autónomas para el trabajo en plataformas, la OIT acaba de fijar un criterio internacional que empuja en otra dirección: la clasificación de los trabajadores debe basarse en los hechos reales del trabajo, la ejecución de tareas y la forma de pago, no sólo en el nombre del contrato.

El abogado laboralista Juan Ottaviano, asesor de la Asociación Gremial de Computación, participó de la conferencia en Ginebra y vinculó el alcance del convenio con la situación argentina. “La mayoría de los trabajadores de plataformas están subclasificados como independientes y no gozan de derechos laborales básicos. El convenio de la OIT busca revertir esa situación”, le dijo por teléfono desde Suiza a trabajAR.

Ottaviano también apuntó contra la Ley de Modernización Laboral aprobada durante el gobierno de Milei. “Por esa ley, la Argentina es uno de los pocos países que excluye expresamente a los trabajadores de plataformas de la protección laboral. Con este convenio, la Argentina debería modificar esa previsión incluso antes de ratificarlo”, sostuvo.

El convenio no declara automáticamente que todos los trabajadores de plataformas sean empleados en relación de dependencia. Pero obliga a los Estados a adoptar medidas para asegurar una clasificación correcta, vinculada a la existencia o inexistencia de una relación de trabajo. Esa definición debe mirar cómo se realiza el trabajo, cómo se remunera, qué control ejerce la plataforma y cuáles son las condiciones concretas de prestación del servicio.

El texto, de hecho, mantiene abierta la existencia de trabajadores de plataformas clasificados como independientes. La diferencia es que ya no deja esa definición sólo en manos de la empresa: exige que la clasificación sea correcta, basada en los hechos reales del trabajo, y que no funcione como una vía para dejar a quienes trabajan fuera de derechos básicos.

Ese criterio golpea el corazón del modelo de muchas aplicaciones. Empresas de reparto, transporte y servicios digitales suelen presentar a quienes trabajan para ellas como autónomos, colaboradores, prestadores independientes o usuarios de una tecnología. La OIT, en cambio, pone el foco en la realidad material: si una plataforma organiza el trabajo, fija reglas, controla el acceso a tareas, evalúa desempeño, define pagos o puede desactivar cuentas, la discusión sobre derechos laborales no puede cerrarse con una cláusula contractual.

El texto incorpora además los principios y derechos fundamentales en el trabajo dentro de la economía de plataformas: libertad sindical, reconocimiento efectivo de la negociación colectiva, eliminación del trabajo forzoso, abolición del trabajo infantil, no discriminación y derecho a un entorno de trabajo seguro y saludable. Para un sector marcado por la fragmentación, la dispersión y la gestión individualizada por aplicaciones, el reconocimiento de la organización colectiva es uno de los puntos más relevantes.

En Argentina, repartidores, conductores y trabajadores organizados por plataformas enfrentan dificultades para sindicalizarse, negociar condiciones colectivas o reclamar frente a cambios unilaterales en tarifas, bloqueos de cuentas, modificaciones de recorridos o exigencias de disponibilidad. El convenio de la OIT introduce un principio: la economía digital no queda fuera de la libertad sindical ni de la negociación colectiva.

La norma también avanza sobre seguridad y salud en el trabajo. Los Estados deberán adoptar medidas para prevenir accidentes, enfermedades profesionales y cualquier otro daño para la salud que sea consecuencia del trabajo, guarde relación con él o sobrevenga durante su realización. En el caso de plataformas de reparto o transporte, esa obligación toca problemas concretos: siniestros viales, exposición climática, jornadas extensas, presión por tiempos de entrega y riesgos asumidos muchas veces por el propio trabajador.

El convenio reconoce incluso el derecho a alejarse de una situación de trabajo cuando existan motivos razonables para considerar que presenta un peligro grave e inminente para la vida o la salud, sin sufrir consecuencias injustificadas. Para un repartidor que circula bajo tormenta, para un conductor expuesto a situaciones violentas o para una trabajadora que recibe una tarea insegura, esa cláusula introduce un límite al mandato permanente de aceptar pedidos para no perder ingresos o reputación dentro de la app.

Otro capítulo aborda la violencia y el acoso, incluidos los casos que ocurran en línea o que involucren a terceros, como clientes. La economía de plataformas suele desplazar parte del riesgo hacia el trabajador: el cliente califica, denuncia, cancela, insulta o agrede; la plataforma intermedia, pero muchas veces decide con poca transparencia. El convenio obliga a los Estados a adoptar medidas para proteger de manera eficaz a los trabajadores frente a esas situaciones.

La remuneración es otro punto central. El texto exige que el pago adeudado se realice de manera puntual y completa. Para quienes estén vinculados por una relación de trabajo, la remuneración no podrá ser inferior al salario mínimo aplicable, excluidas propinas u otras gratificaciones. Además, esos trabajadores deberán ser compensados por los gastos o costos incurridos para realizar su tarea, de acuerdo con la legislación y la práctica nacionales.

Ese punto es decisivo en las plataformas. Bicicleta, moto, combustible, celular, datos móviles, mantenimiento, seguro, elementos de seguridad o tiempo de espera suelen quedar a cargo del trabajador. La OIT establece una línea: la remuneración no incluye la compensación por gastos; el pago por trabajar no debe confundirse con el reintegro de los costos necesarios para poder trabajar.

La seguridad social también entra en el convenio. Los Estados deberán asegurar que los trabajadores de plataformas tengan acceso a protección en condiciones no menos favorables que las aplicables a otros trabajadores con la misma clasificación de empleo. El objetivo es impedir que el formato digital de organización del trabajo funcione como una vía para excluir a millones de personas de cobertura previsional, salud laboral, licencias o prestaciones básicas.

La parte más novedosa aparece en la gestión algorítmica. Las plataformas deberán informar a trabajadores, representantes u organizaciones sobre el uso de sistemas automatizados, algoritmos o métodos similares para seguimiento, evaluación del trabajo o generación de decisiones laborales. También deberán informar en qué medida esos sistemas impactan en las condiciones de trabajo o en el acceso a tareas.

Ese punto traduce al lenguaje laboral una experiencia cotidiana de quienes trabajan con aplicaciones: no siempre saben por qué reciben menos pedidos, por qué bajó su calificación, por qué cambió su tarifa, por qué fueron suspendidos o por qué la cuenta quedó desactivada. El convenio exige transparencia sobre esos sistemas y reconoce que el algoritmo puede funcionar como jefe, supervisor, evaluador y sancionador al mismo tiempo.

La norma va más allá de la información. Cuando una decisión sea generada por un sistema automatizado y afecte negativamente las modalidades de trabajo o el acceso al trabajo, el trabajador deberá poder solicitar una explicación por escrito. También deberá tener acceso a una revisión cuando la decisión implique falta de pago, suspensión, desactivación de la cuenta o terminación del empleo o contratación. Esa revisión deberá contar con intervención humana apropiada.

Es decir que una plataforma no debería poder bloquear, suspender o dejar sin ingresos a una persona sólo por una decisión opaca de un sistema automatizado. La OIT reconoce así uno de los problemas laborales centrales del presente: trabajadores que dependen de una aplicación para generar ingresos, pero no tienen a quién reclamar cuando una decisión algorítmica los expulsa o les reduce el acceso al trabajo.

El convenio también incorpora protección de datos personales y privacidad. Los trabajadores tendrán derecho a solicitar acceso a sus datos personales procesados por las plataformas, así como su rectificación y supresión, según la legislación aplicable. En un modelo empresarial que acumula datos sobre ubicación, tiempos, aceptación de pedidos, desempeño, calificaciones y disponibilidad, esa protección se vuelve parte de la disputa laboral.

La norma prohíbe además la suspensión o desactivación de cuentas, o la terminación del empleo o contratación, cuando se base en motivos discriminatorios u otros motivos ilegales. Y exige que los trabajadores reciban información oportuna, verificable y fácilmente comprensible sobre sus condiciones de empleo o contratación. La opacidad contractual, frecuente en términos y condiciones extensos o modificables por la propia app, queda así bajo cuestionamiento.

Para los trabajadores migrantes y refugiados, el convenio ordena adoptar medidas para prevenir abusos en la contratación y el trabajo en plataformas. Ese punto también dialoga con la realidad argentina y regional: una parte importante del reparto urbano y de los trabajos de plataformas se apoya en población migrante, muchas veces con menor capacidad de reclamo, mayor urgencia económica y más exposición a condiciones informales.

El texto también establece mecanismos de solución de conflictos, vías de recurso y reparación, y control de cumplimiento de la legislación nacional y los convenios colectivos pertinentes. La economía de plataformas no queda planteada como un espacio autorregulado por empresas tecnológicas, sino como un campo laboral sujeto a normas, inspección, derechos y obligaciones.

La dimensión política del convenio es inocultable: la OIT no niega que las plataformas hayan creado oportunidades de ingresos, desarrollo empresarial y formalización. El propio texto lo reconoce. Pero también reconoce déficits de trabajo decente y la necesidad de normas específicas para una modalidad que transformó el mundo del trabajo. La novedad no está en demonizar la tecnología, sino en impedir que la tecnología sea usada para degradar derechos.

En la Argentina, esa decisión de la OIT llega en un momento sensible. El gobierno de Milei presenta la flexibilización laboral como modernización y promueve esquemas que separan a trabajadores de plataformas de la relación laboral tradicional. La OIT acaba de aprobar un convenio que coloca otra vara: modernizar no puede significar dejar a quienes trabajan bajo control algorítmico sin salario mínimo, seguridad social, organización colectiva, protección frente a accidentes o revisión humana de sanciones.

La diferencia de enfoque es nítida. Para las plataformas y los gobiernos que priorizan desregulación, el trabajador aparece como prestador independiente conectado a una aplicación. Para la OIT, la pregunta no se agota ahí: importa quién organiza el trabajo, quién controla el acceso a los pedidos, quién fija las condiciones, quién decide el pago, quién evalúa el desempeño y quién puede cortar la cuenta.

El convenio deberá ser ratificado por los Estados para entrar en vigor en cada país. Según el texto final, obligará únicamente a los miembros de la OIT cuyas ratificaciones registre el Director General y entrará en vigor doce meses después de que dos países lo ratifiquen. Para cada Estado que lo ratifique después, regirá doce meses después de su propio registro.

Ese camino puede ser largo, pero la señal internacional ya quedó marcada. La OIT fijó un piso global para una discusión que las plataformas intentaron mantener durante años en el terreno de la innovación, la flexibilidad y la autonomía individual. El nuevo convenio devuelve el conflicto a su lugar original: si hay trabajo organizado por empresas, hay derechos que no pueden quedar escondidos detrás de una app.

JJD

La inflación de mayo bajó a 2,1% y marcó el segundo mes consecutivo de desaceleración, pero está aún lejos de permitir hablar de un alivio al bolsillo de los trabajadores. El Índice de Precios al Consumidor (IPC) acumuló 14,7% en los primeros cinco meses de 2026 y registró una suba interanual de 33,2%, según informó este miércoles el Indec.

El Gobierno consiguió el número mensual más bajo del año, después del 3,4% de marzo y el 2,6% de abril. Pero Javier Milei sigue sin cumplir la promesa con la que llegó a la presidencia: terminar con la inflación. En mayo, los precios volvieron a subir más de 2% en un solo mes, una velocidad que se suma al deterioro previo de los ingresos y al encarecimiento acumulado de alimentos, servicios, alquileres, transporte, salud y educación.

La desaceleración recorta la velocidad del aumento, pero no devuelve poder de compra por sí sola. Para los hogares que viven de un salario, el problema es qué precios siguen aumentando y cuánto pesan esos consumos dentro del presupuesto familiar. Un trabajador no paga el promedio sino la comida, el alquiler, la luz, el gas, el transporte, internet, la telefonía celular, los remedios y la cuota de la escuela. Y todo esto es lo que más sube.

En mayo, la división con mayor aumento mensual fue comunicación, con 3,4%, impulsada por los servicios de telefonía. Le siguieron educación, con 2,9%; recreación y cultura, con 2,8%; vivienda, agua, electricidad, gas y otros combustibles, con 2,6%; salud, también con 2,6%; y alimentos y bebidas no alcohólicas, con 2,5%. Todos esos rubros quedaron por encima del nivel general o muy cerca de él.

El dato alimentario vuelve a ser central. Alimentos y bebidas no alcohólicas aumentó 2,5% en mayo y fue la división de mayor incidencia en la variación mensual en casi todas las regiones del país. El Indec atribuyó ese impacto a los aumentos en pan y cereales y en productos lácteos.

El acumulado del año muestra mejor esa presión. Entre enero y mayo, alimentos y bebidas no alcohólicas subió 16,2%, por encima del 14,7% del nivel general. Vivienda, agua, electricidad, gas y otros combustibles aumentó 21,1%; educación, 22,5%; comunicación, 16,9%; transporte, 15,1%; y salud, 13,2%.

El nivel general subió 33,2% frente a mayo de 2025, pero varios rubros esenciales quedaron por encima de esa marca: vivienda, agua, electricidad, gas y otros combustibles avanzó 48%; educación, 42,7%; transporte, 42,1%; comunicación, 37,4%; restaurantes y hoteles, 37,3%; y alimentos, 33,4%. Los números explican por qué la inflación, aunque “baja”, como dice el Gobierno, sigue siendo un ataque feroz a los hogares: el promedio baja pero los gastos fijos y los consumos básicos siguen corriendo a una velocidad que erosiona el salario.

Este último informe del Indec también muestra una presión mayor de los servicios. El mes pasado, los bienes subieron 2% y los servicios, 2,5%. La diferencia se agranda al mirar el acumulado: los bienes aumentaron 13,3% en los primeros cinco meses del año, mientras los servicios avanzaron 17,5%. En la comparación interanual, la distancia es todavía más fuerte: los bienes subieron 28,8% y los servicios, 42,8%.

Una inflación del Indec que es menor a la real

Ese dato tiene una lectura adicional: el IPC vigente todavía se calcula con una estructura de consumo vieja, basada en los hábitos relevados en 2004-2005. La actualización que el Indec tenía previsto aplicar desde enero de 2026, postergada tras la salida de Marco Lavagna del organismo, iba a tomar una canasta más reciente y a darle más peso a rubros como vivienda, servicios y transporte. Justamente esos gastos fijos —luz, gas, agua, alquileres, combustibles, telefonía, internet y transporte— son los que más condicionan el presupuesto de los hogares trabajadores y los que menos margen dejan para ajustar cuando el salario no acompaña.

Los precios regulados también volvieron a quedar por encima del nivel general. En mayo aumentaron 2,4%, por debajo del salto de abril, pero todavía más que el IPC. El Indec explicó esa suba por aumentos en combustibles, electricidad y agua. Los estacionales subieron 3,5%, por el aumento de verduras compensado parcialmente por la caída de frutas. El IPC núcleo, que excluye regulados y estacionales, avanzó 1,9%, con subas vinculadas a restaurantes, bares, casas de comida y productos farmacéuticos.

La inflación de mayo también debe leerse junto con los datos salariales disponibles. El último índice de salarios publicado por el Indec mostró que en marzo los ingresos aumentaron 3,4% y acumularon 8,6% en el primer trimestre, por debajo del 9,4% de inflación del mismo período. Dentro de ese promedio, el sector registrado subió 3% en marzo, menos que el IPC de ese mes, y encadenó otra caída real.

Esa brecha es la que define el poder de compra. Si los salarios llegan tarde o aumentan menos que los precios, una inflación mensual más baja no implica recuperación automática sino que el deterioro avanza a menor velocidad. Para que haya alivio real, los ingresos tienen que ganarle a los precios durante varios meses, además de recuperar lo perdido desde el salto inflacionario que siguió a la devaluación inicial del gobierno de Milei.

JJD

El salario llega hasta donde puede. Después empiezan la tarjeta, la billetera virtual, la mutual, la fintech o el préstamo personal. Las personas endeudadas con proveedores no financieros de crédito pasaron de 9,5 millones a 11,3 millones entre diciembre de 2023 y enero de 2026. Cada vez más hogares usan deuda para cubrir consumos que los ingresos no logran sostener.

Un informe de Fundación Éforo describe la deuda de personas físicas con proveedores no financieros de crédito: fintech, mutuales, cooperativas, tarjetas no bancarias y otros prestadores que financian consumo por fuera del sistema bancario tradicional. Allí se ve el movimiento de fondo: más personas toman crédito, el volumen total financiado crece y la mora empieza a mostrar que una parte de esos compromisos ya no puede pagarse con los ingresos disponibles.

La deuda promedio por persona pasó de $337.000 a $1.044.000 entre diciembre de 2023 y enero de 2026. Descontada la inflación acumulada del período, cercana al 195%, la suba real fue de alrededor de 5%.

El saldo total financiado muestra mejor esa expansión. Según Éforo, el volumen operado por esos proveedores pasó de $3,2 billones a $11,8 billones en poco más de dos años. Descontando la inflación, ese stock creció alrededor de 25% en términos reales. La deuda promedio individual avanzó poco por encima de los precios, pero la masa total de crédito a personas creció bastante más porque se amplió el universo de deudores.

La deuda ya no aparece sólo al final del mes, cuando una familia no puede pagar. Aparece antes, cuando los ingresos no alcanzan para cubrir alimentos, servicios, alquiler, transporte, salud o gastos escolares. El crédito es ya una extensión cara del salario.

Eso no debería ser normal en una economía sana, mucho menos en la economía ordenada y de recuperación salarial que Javier Milei prometió durante la campaña presidencial. Cuando ni un salario —y muchas veces ni dos ingresos dentro del mismo hogar— alcanzan para cubrir gastos básicos, el crédito ya no es una opción para ampliar un negocio o comprar un bien durable o resolver una emergencia específica, sino que se vuelve una fuente de estrés permanente porque cada compra necesaria llega con vencimiento, intereses y una pregunta que se repite al mes siguiente: cómo se paga.

La señal más delicada es que el endeudamiento crece al mismo tiempo que la morosidad. Según el informe de Éforo, en los préstamos otorgados por bancos privados el incumplimiento pasó de 4,5% a 10,6%. En los proveedores no financieros de crédito, la mora llegó al 16,2%. En las tarjetas no bancarias, una de las vías principales de financiamiento del consumo cotidiano, alcanzó el 14,5%.

Si sólo creciera el acceso al crédito, podría leerse como una normalización financiera después de años de bajo financiamiento. Si sólo creciera la mora, podría interpretarse como un problema de administración de pagos. Pero cuando suben al mismo tiempo la cantidad de deudores, el volumen financiado y los atrasos, el dato empieza a avisar que los hogares que toman más crédito y encuentran cada vez más dificultades para devolverlo.

El costo de esa deuda profundiza la diferencia entre hogares. Mientras las tasas para préstamos personales en bancos rondaron entre el 70% y el 90% nominal anual durante 2025 y comienzos de 2026, en los proveedores no financieros promediaron el 129%, según el informe. Es decir que quienes tienen ingresos más estables, mejor historial o relación bancaria pueden acceder a líneas menos caras; quienes quedan fuera del sistema formal suelen terminar en circuitos más costosos.

Ese mapa también explica por qué el crecimiento del crédito hipotecario aparece como una excepción. El informe de Éforo marcó una recuperación significativa de esa línea, con un crecimiento real interanual superior al 50% y niveles de mora más bajos que el promedio del sistema. Pero esa mejora convive con un endeudamiento de consumo mucho más tensionado, concentrado en hogares que necesitan crédito para sostener el mes.

El último informe del Banco Central sobre proveedores no financieros de crédito también muestra que el fenómeno siguió vigente en 2026. En febrero, el financiamiento promedio por deudor persona humana alcanzó $1,1 millones, aunque mostró una caída real de 3% entre noviembre de 2025 y febrero de 2026. Ese dato confirma el matiz: el promedio individual dejó de crecer con fuerza en términos reales, pero el volumen de personas endeudadas y la mora sostienen la señal de alerta.

El endeudamiento se volvió una forma de administrar esa distancia. El sueldo paga una parte del mes; el resto se cubre con tarjeta, préstamo, adelanto, billetera o refinanciación. Cada mecanismo tiene su tasa, su vencimiento y su costo. El alivio inmediato puede ser real, pero también deja una obligación futura sobre ingresos que ya venían ajustados.

JJD

Desde que Javier Milei asumió la Presidencia pasaron 21.864 horas. En ese mismo período, la industria textil perdió 22.156 empleos registrados. Es decir que por cada hora de gobierno de La Libertad Avanza hay un puesto de trabajo menos en la fabricación de tela, la confección, el cuero y el calzado. El sector se convirtió en el que más empleo destruye de toda la economía argentina.

El dato surge del último Boletín Económico Sectorial de la Fundación Pro Tejer, correspondiente a mayo. Según el informe, el empleo registrado privado en la actividad textil, confecciones, cuero y calzado cayó un 18% respecto de diciembre de 2023 —cuando La Libertad Avanza llegó al poder—, lo que equivale a 22.156 puestos de trabajo menos.

La contracción supera incluso a la de la construcción, otro de los sectores más golpeados por la recesión. La pérdida en la industria textil asciende a 20.727 empleos en el relevamiento de enero y a 21.339 en el de febrero, una secuencia que da cuenta de que la sangría laboral continuó profundizándose durante los primeros meses del año.

La magnitud del deterioro se aprecia mejor al compararla con el resto de la economía. Según Pro Tejer, la cadena textil, de confecciones, cuero y calzado encabeza la destrucción de empleo privado registrado desde diciembre de 2023. Ninguna otra actividad perdió una proporción tan alta de puestos de trabajo formales durante el mismo período.

En septiembre de 2025 la producción ya había registrado una caída interanual del 20%. Y la situación empeoró en el inicio de 2026, el tercer año de Milei en la Casa Rosada: en enero la actividad se desplomó 23,9%; en febrero, un 33,2%; y en marzo, un 23,3%.

La sucesión de caídas tan pronunciadas, de dos dígitos, evidencia la profundidad de la crisis textil. El derrumbe de febrero, superior al 33%, fue uno de los más pronunciados de toda la industria manufacturera.

La crisis no golpea solamente a las fábricas que producen telas. También alcanza a quienes transforman esas telas en prendas que llegan a las vidrieras. Pro Tejer distingue entre los “productos textiles” —fibras, hilados, tejidos y telas— y la fabricación de indumentaria, cuero y calzado. Ambos eslabones muestran números en rojo.

En el primer caso, la actividad se ubicó en marzo un 31,3% por debajo de los niveles de dos años atrás. En el segundo, la producción cayó 8,9% frente al mismo mes de 2025 y acumuló una baja del 15,2% en el primer trimestre.

La comparación con 2023 permite dimensionar mejor la debacle: desde entonces, desapareció casi un tercio de la producción argentina de fibras, hilados, tejidos y telas, es decir, de los insumos que abastecen a buena parte de la industria de la indumentaria y el calzado.

Mirando directamente al interior de las fábricas, la consecuencia de esa caída productiva es el aumento de la capacidad ociosa: máquinas instaladas que permanecen apagadas porque no hay suficiente actividad para utilizarlas.

La Fundación Pro Tejer destacó que enero de 2026 fue el peor enero de la serie histórica para la industria textil en materia de utilización de capacidad instalada. Las fábricas trabajaron apenas al 23,7% de su potencial. O sea que casi tres de cada cuatro máquinas estuvieron paradas.

En febrero la situación mejoró, aunque continuó en niveles extremadamente bajos: el uso de la capacidad instalada alcanzó el 39,9%, el peor febrero de la serie histórica. En marzo llegó al 40,2%, lo que implica que el sector siguió operando con cerca de seis de cada diez máquinas sin utilizar.

El deterioro productivo coincide además con un fuerte crecimiento de las importaciones textiles e indumentarias. Según los relevamientos de Pro Tejer, las cantidades importadas llegaron a crecer cerca de un 90% interanual durante 2025, una tendencia que la entidad identifica como uno de los factores que presionan sobre la producción local.

La pérdida de 22.156 puestos de trabajo equivale al 18% del empleo registrado que tenía la cadena textil, de confecciones, cuero y calzado a fines de 2023. Casi uno de cada cinco trabajadores formales del sector perdió su empleo durante los primeros dos años y medio del gobierno de Milei.

JJD

El Día del Periodista llega este domingo con un dato que alcanza para medir el estado material del oficio: el 65,6% de los trabajadores y trabajadoras de prensa del AMBA cobró en abril por debajo de la línea de pobreza en su principal empleo. La cifra surge de la Encuesta Integral #SiPreBA2026, respondida durante mayo por 1.014 periodistas, más del 20% de toda la actividad registrada, según informó el Sindicato de Prensa de Buenos Aires.

El salario neto mediano en el principal empleo en prensa fue de $1.200.000, un 18,4% por debajo de la Canasta Básica Total del Indec, que en abril se ubicó en $1.469.768. El dato mejora frente al 70,48% registrado en 2025, pero sigue muy por encima del 45% relevado en 2023. La mejora parcial no cambia el cuadro de fondo: dos de cada tres periodistas no cubren la canasta de pobreza con su trabajo principal.

La pobreza salarial no se corrige del todo sumando trabajos. El 40,7% de las personas encuestadas quedó por debajo de la línea de pobreza incluso al sumar todos sus ingresos, dentro y fuera de la prensa. Sólo el 6,2% respondió que el sueldo de su principal empleo le alcanza por sí mismo para mantener su nivel de vida. El resto depende de otros ingresos, ajusta gastos o directamente no llega a fin de mes.

El 7 de junio es el Día del Periodista en la Argentina porque ese día, en 1810, Mariano Moreno fundó La Gazeta de Buenos Ayres, considerado el primer periódico de la etapa independentista. La fecha fue establecida en 1938, durante el Primer Congreso Nacional de Periodistas, en Córdoba, como homenaje al nacimiento de la prensa política argentina y al rol público del periodismo

El informe de Sipreba pone números a una escena triste en las redacciones, las radios, los canales, las agencias, los portales y los medios autogestivos: periodistas con más de un empleo, deudas para comer y/o pagar servicios, trabajos informales para completar ingresos y jornadas extendidas que terminan deteriorando la salud. El 54,4% tiene dos o más empleos remunerados; el 22,7% tiene tres o más. Entre quienes trabajan en más de un lugar, el 86,4% dijo que lo hace porque el sueldo no le alcanza.

La necesidad de buscar otro ingreso no aparece como excepción, sino como método de supervivencia. El 52,2% afirmó haber buscado otro empleo remunerado durante el último mes. Además, el 16,9% hace alguna changa informal para complementar ingresos, en rubros que van desde microemprendimientos y oficios hasta trabajos en plataformas de mensajería o transporte. El periodismo, para una parte grande de quienes lo ejercen, ya no paga una vida de periodista.

La deuda entró de lleno en la encuesta como problema central. El 67,8% recurrió a algún tipo de crédito para cubrir necesidades básicas como alimentos, servicios o alquiler. El 36% usó tarjeta de crédito en cuotas para compras básicas y el 13,3% se endeudó con billeteras virtuales. La mediana del ingreso destinado al pago de deudas fue del 40%. Casi la mitad, el 46%, destina más del 50% de sus ingresos a compromisos financieros.

Ese endeudamiento ya ordena decisiones elementales del hogar. El 24,3% postergó el pago de servicios básicos para priorizar la compra de alimentos.

En la radio, el 86,4% cobró por debajo de la Canasta Básica Total en su principal empleo, con una mediana salarial de $907.500, 38% menos que la línea de pobreza. En la prensa escrita —diarios, portales, agencias y revistas—, el 75,7% quedó por debajo de la canasta. En la televisión, donde suelen sostenerse mejores condiciones de convenio, el 32,4% también cobró menos que la línea de pobreza.

Uno de cada tres trabajadores de prensa televisada dijo que necesita un segundo empleo. Entre quienes tienen un solo trabajo, el informe registró jornadas extendidas de dos o tres horas extras diarias y, muchas veces, un sexto día semanal para llegar a un salario digno.

La precarización golpea con más fuerza a colaboradores y freelance. Entre quienes trabajan bajo esas condiciones, el 80,7% cobra por debajo de la línea de pobreza en su empleo principal en prensa. El 76,7% tiene dos o más empleos remunerados y el 41,7% sostiene tres o más trabajos simultáneos. Entre los colaboradores de prensa escrita, el 60% no recibió ninguna actualización de tarifas en el último semestre.

La formación no garantiza mejores ingresos

El 43,9% de quienes respondieron terminó una carrera universitaria o tiene posgrado completo o incompleto, pero las empresas privadas no pagan adicional por título académico. En una actividad que exige formación permanente, manejo de fuentes, escritura, edición, criterio informativo y capacidad técnica, el título no se transforma necesariamente en salario.

La vivienda agrega otra presión. El 28,2% paga alquiler y el rango más frecuente de gasto mensual, incluidas expensas, va de $700.001 a $1.000.000. Ese monto representa entre el 58% y el 83% del salario mediano del gremio. El dato se cruza con otro gasto sensible: el 93,2% se atiende en el sistema privado de salud, en muchos casos con un costo que se sostiene a fuerza de endeudamiento o recortes en otros consumos.

Las desigualdades de género atraviesan ese cuadro. El 20,4% de mujeres y disidencias declaró cobrar menos que compañeros varones que hacen la misma tarea, mientras que el 43,8% dijo no saberlo, un dato que sugiere que la brecha real podría ser mayor. Las mujeres y disidencias tienen dos o más empleos en el 61,1% de los casos, contra el 50,5% de los varones. Además, el 54,3% de quienes tienen personas a cargo dedica más de seis horas por día a tareas de cuidado, frente al 26,2% de los varones.

La juventud aparece como otro punto crítico. Sólo el 11,1% de las personas encuestadas tiene 30 años o menos, una proporción que viene bajando desde 2023, cuando era del 15%. El 35,2% de los jóvenes trabaja bajo condiciones precarias de contratación, el doble de la media general del gremio. Y el 88,3% de las personas jóvenes cobra por debajo de la línea de pobreza en su principal trabajo en prensa.

Si los ingresos no alcanzan, las tarifas no se actualizan, la precarización se concentra en quienes recién ingresan y los jóvenes buscan otro empleo antes de consolidarse en una redacción, el periodismo pierde capacidad de renovación. No por falta de vocación, sino por falta de condiciones materiales para quedarse

La encuesta también registró el deterioro de la salud laboral. El 22,2% afirmó haber padecido problemas de salud relacionados con el trabajo. Los síntomas más frecuentes fueron tensión e irritación, ambos con 53,4%; alteraciones del sueño, 51,6%; alteraciones del estado de ánimo, 48,9%; y ansiedad, 46,5%. Durante el último año, el 23,5% sufrió reestructuraciones impuestas sin consentimiento, el 22% presiones por contenidos periodísticos y el 18,6% maltrato laboral de jefes.

El 86,8% consideró que la libertad de expresión empeoró durante la gestión de Javier Milei

Uno de cada cuatro trabajadores de prensa afirmó haber sufrido agresiones o amenazas online u offline por ser periodista o trabajar en prensa. Entre las mujeres y disidencias que reportaron agresiones, el 84,6% recibió ataques virtuales. Entre los varones, en cambio, pesaron más las agresiones físicas en coberturas, con gaseos, balas de goma o golpes.

El intento de derogar el Estatuto del Periodista Profesional aparece en ese contexto. El 91,6% se manifestó en contra de la derogación de la norma, sancionada como decreto en 1944 y votada como ley en 1946. La reforma laboral prorrogó su derogación hasta el 31 de diciembre. Frente a eso, Fatpren y los sindicatos de prensa impulsan una actualización que incorpore nuevas modalidades laborales, teletrabajo, inteligencia artificial, protección de la salud psicofísica, perspectiva de género y cobertura ante represión o violencia institucional.

Otro dato que muestra la encuesta de Sipreba es que el 58% dijo que usa la inteligncia artificial para trabajar. En 2023 lo hacía el 8,4%; en 2024, el 23%; y en 2025, el 47%. Entre quienes la incorporaron, el 82,7% la utiliza al menos dos veces por semana y más de la mitad registra un uso diario.

Los motivos de adopción muestran una mezcla de necesidad, adaptación y presión productiva. El 55,5% dijo que la IA le permite eliminar tareas rutinarias o tediosas; el 41,3%, incrementar la eficiencia operativa; y el 41%, experimentar o probar herramientas nuevas. Pero del lado empresario el panorama aparece desordenado: el 42,2% de las empresas no implementó ninguna acción específica, sólo el 33,7% brindó instancias de formación y apenas el 10,2% coordina reuniones periódicas para discutir su uso.

El dato laboral más sensible aparece cuando se mide la productividad. El 25,8% de los periodistas produce más piezas gracias a la IA. En respuestas cualitativas, algunos describieron una aceleración severa: duplicar o incluso triplicar la cantidad de notas por jornada. La herramienta puede aliviar tareas tediosas, pero también puede convertirse en una palanca para exigir más producción con la misma dotación, el mismo salario o menos puestos.

Ahí está la amenaza concreta para el empleo periodístico. Si las empresas usan IA para resumir, titular, transcribir, editar, traducir, corregir, buscar antecedentes, generar borradores o reescribir cables, pueden mejorar procesos y liberar tiempo. También pueden reducir personal, reemplazar tareas, borrar autorías, apropiarse de estilos y convertir la productividad extra en ajuste laboral. La diferencia depende de reglas, negociación sindical, transparencia y supervisión humana.

La propuesta de nuevo Estatuto impulsada por Fatpren y sindicatos de prensa incorpora un artículo sobre IA como herramienta complementaria del trabajo periodístico, que no debe reemplazar tareas ni puestos. También reclama autoría y supervisión humana, reconocimiento de propiedad intelectual sobre estilos, voces e imágenes, transparencia empresarial, compensación económica y capacitación obligatoria con participación sindical.

El teletrabajo completa el mapa de cambios no resueltos. El 53,5% realiza tareas remotas, de manera permanente o híbrida, frente al 69,8% del año anterior. Entre quienes teletrabajan, el 48,7% tuvo que hacer alguna inversión extra para trabajar desde su casa, pero sólo el 24,6% recibe algún pago adicional por infraestructura o conectividad. La ley de Modernización Laboral, la reforma laboral que Milei logró que el Congreso sancionara a fines de febrero de este año, deroga la regulación del teletrabajo desde el 1 de enero de 2027, otro frente abierto para la actividad.

La encuesta también mira a los jubilados, donde el deterioro previsional se vuelve pluriempleo. El 68,8% sigue trabajando en el gremio porque lo que cobra de jubilación no le alcanza. Entre quienes continúan activos, el 38,7% tiene más de un empleo y el 78,9% de ese grupo dijo que lo hace por insuficiencia de recursos. El 35,7% no llega a fin de mes incluso con trabajos por fuera de la jubilación.

El Día del Periodista suele llegar con saludos, placas y frases sobre la importancia social del oficio. La encuesta del SiPreBA obliga a mirar quiénes hacen las noticias, cuánto cobran, cuántos trabajos sostienen, cuánta deuda acumulan, qué costo pagan en salud y qué lugar ocuparán frente a la automatización. Porque periodismo enfrenta una doble presión. Por un lado, salarios que no alcanzan, empresas que precarizan, ataques políticos, violencia en coberturas y un intento de recortar derechos históricos. Por otro, una incorporación acelerada de IA que puede mejorar herramientas de trabajo o convertirse en una excusa para producir más con menos periodistas.

JJD

La industria automotriz llegó a mayo con una mejora mensual mínima y una caída interanual todavía fuerte. Las terminales radicadas en el país fabricaron 37.762 automóviles y comerciales livianos, apenas 241 unidades más que en abril, pero 10.347 menos que en mayo de 2025. El dato dejó una suba mensual de 0,6% y una baja interanual de 21,5%, según el informe mensual de la Asociación de Fábricas de Automotores.

El acumulado muestra el impacto sobre la actividad fabril. Entre enero y mayo, las automotrices produjeron 167.629 unidades, contra 207.630 en el mismo período del año pasado. La diferencia fue de 40.001 vehículos menos y equivale a una baja de 19,3% en los primeros cinco meses de 2026.

El dato no informa empleo, suspensiones ni turnos de producción, pero sí marca una señal para una industria intensiva en trabajo registrado, proveedores, logística y autopartes. Menos unidades fabricadas significan menos actividad en las plantas y en la cadena que abastece a las terminales, aun cuando cada empresa pueda organizar esa caída con ritmos, calendarios y dotaciones distintas.

La comparación con 2025 expone el cambio de escenario. En mayo del año pasado, la producción había llegado a 48.109 unidades, con una suba de 5,8% respecto de abril y un salto de 25,2% frente a mayo de 2024. En los primeros cinco meses de 2025, la fabricación acumulaba un crecimiento de 12,4%. Un año después, el acumulado pasó a terreno negativo y quedó casi una quinta parte por debajo.

El recorrido de los últimos meses muestra una recuperación parcial desde el piso de enero, pero sin recomponer el volumen perdido. La producción había cerrado diciembre de 2025 con 26.468 unidades, después de una baja mensual de 30,3% y un descenso de 30,4% contra diciembre de 2024. En enero, el nivel volvió a caer hasta 20.998 unidades, con una retracción de 20,7% respecto de diciembre y de 30,1% frente al mismo mes del año pasado.

Después de ese arranque, las terminales subieron el ritmo en febrero y marzo, pero abril volvió a mostrar una caída. Ese mes se fabricaron 37.521 unidades, 10,1% menos que en marzo y 17,5% por debajo de abril de 2025. Mayo apenas mejoró ese registro: la producción quedó casi clavada frente a abril y la baja acumulada se profundizó de 18,6% a 19,3%.

Las ventas a concesionarios mostraron una señal más débil que la producción. En mayo, las terminales despacharon 35.979 unidades a la red comercial, sólo tres más que en abril, cuando habían sido 35.976. Frente a mayo de 2025, la caída fue de 39,0%. En el acumulado anual, las ventas mayoristas llegaron a 184.033 unidades, contra 239.194 en los primeros cinco meses del año pasado: 55.161 vehículos menos y una baja de 23,1%.

El retroceso fue más fuerte en los vehículos nacionales vendidos a concesionarios. Según el comparativo de Adefa, las terminales despacharon 11.882 unidades de producción nacional en mayo, 41,9% menos que un año atrás. En los primeros cinco meses, esas ventas acumularon 55.097 unidades, contra 93.185 en igual período de 2025. La caída fue de 40,9%, un dato que pega más directamente sobre la producción local.

El contraste con mayo de 2025 vuelve a ser marcado. Entonces, las ventas a concesionarios habían alcanzado 58.952 unidades, con una suba mensual de 12,0% y un aumento interanual de 111,7%. En mayo de 2026, en cambio, el mercado mayorista quedó prácticamente sin cambios frente a abril y muy por debajo del nivel del año anterior.

Las exportaciones mostraron una caída más moderada, pero también cerraron en rojo. En mayo se enviaron al exterior 25.237 unidades, 6,1% menos que en abril y 4,2% menos que en mayo de 2025. En los primeros cinco meses del año, las exportaciones acumularon 104.520 unidades, contra 106.894 en igual período de 2025. La baja fue de 2,2%.

El mercado externo sostuvo una parte mayor de la actividad fabril. En mayo, las exportaciones representaron 66,8% de la producción mensual y 62,4% del acumulado de enero a mayo. En mayo de 2025, esa relación había sido de 54,8% para el mes y 51,5% para el acumulado. La suba de esa participación no alcanza para hablar de fortaleza exportadora: también refleja que la producción total y los despachos al mercado interno quedaron más golpeados.

El resultado deja una industria con tres movimientos distintos. La producción dejó de caer contra abril, pero siguió 21,5% abajo en la comparación interanual. Las exportaciones retrocedieron menos que la fabricación y quedaron 2,2% abajo en el acumulado. Las ventas mayoristas mostraron el deterioro más fuerte: 39,0% interanual en mayo y 23,1% en los primeros cinco meses.

La señal laboral está en el nivel de actividad. Con menos unidades fabricadas, menos vehículos nacionales despachados a concesionarios y un mercado interno mayorista en baja, la discusión ya no pasa sólo por cuántos autos salen de las plantas. El dato de Adefa marca presión sobre una cadena industrial que depende de volumen, continuidad productiva y demanda para sostener empleo, proveedores y poder de negociación salarial.

JJD

El Sindicato de Trabajadores Viales y Afines de la República Argentina (STVyARA) denunció el “desfinanciamiento, desguace y deterioro de la red vial federal impulsado por el Gobierno nacional”, al tiempo que advirtió el “incremento de los riesgos de siniestros viales y sus consecuencias mortales para los usuarios”.

Según supo la Agencia Noticias Argentinas, los trabajadores agremiados en el STVyARA pidieron a los gobernadores que “no sean cómplices de este gobierno, ni traicionen al pueblo argentino que los eligió para cuidar nuestros recursos”.

“El Sindicato Trabajadores Viales y Afines de la República Argentina (STVyARA), liderado por Graciela Aleñá, lanzó una dura advertencia sobre la situación que atraviesa la Dirección Nacional de Vialidad (DNV) y denunció un proceso de desfinanciamiento, desguace y deterioro de la red vial federal impulsado por el Gobierno nacional”, se indicó en el texto.

A través de un documento, aprobado por los secretarios generales de las seccionales de todo el país, la organización gremial cuestionó la utilización política del organismo y rechazó los avances para concesionar rutas nacionales al sector privado.

Desde el gremio recordaron que la Dirección Nacional de Vialidad, creada por el Decreto Ley 505/58, “es el organismo rector de la red vial federal y cumple un rol estratégico para la integración territorial, la producción, el turismo, la salud y el desarrollo económico del país”.

Sin embargo, advirtieron que, tras más de dos años de gestión del actual gobierno, las rutas nacionales “se encuentran sin mantenimiento, deterioradas y próximamente intransitables”.

En ese sentido, los trabajadores denunciaron que Vialidad Nacional “se encuentra totalmente desfinanciada” debido a la retención de fondos provenientes del impuesto a los combustibles, recursos que, según señalaron, deberían destinarse al “mantenimiento, planificación y construcción de nuestras rutas”.

También mostraron su rechazo a la privatización de rutas. Asimismo, el gremio acusó al Ejecutivo de promover el deterioro de la red vial con el objetivo de justificar futuras concesiones. “El Gobierno busca instalar la idea de que los trabajadores no cumplen con sus tareas para avanzar en la transferencia de rutas a las provincias y a operadores privados”, expresaron.

De esta manera, también rechazaron el decreto 253/26, mediante el cual se habilita la entrega de distintos tramos de rutas nacionales para su concesión, y cuestionaron las medidas que afectan a Vialidad Nacional, entre ellas los retiros involuntarios, el desguace del organismo y el deterioro salarial que sufren sus trabajadores.

Pese a este escenario, Graciela Aleñá destacó que “el personal vial continúa desarrollando sus tareas y manteniendo la infraestructura con recursos limitados. Incluso, en numerosas oportunidades los trabajadores han debido afrontar gastos de su propio bolsillo para garantizar la prestación del servicio”.

Otro de los puntos centrales del documento fue el impacto que la falta de inversión tiene sobre la seguridad vial. Así, la dirigente gremial advirtió que el desfinanciamiento de Vialidad Nacional afecta desde fines de 2023 “la transitabilidad y el estado de las rutas de la red troncal, incrementando los riesgos de siniestros viales y sus consecuencias mortales para los usuarios”.

Finalmente, desde el gremio hicieron un llamado a los gobernadores para que no sean cómplices de este gobierno ni traicionen al pueblo argentino que los eligió para cuidar nuestros recursos. “Rechazamos la utilización política de nuestra repartición con la complicidad de funcionarios, legisladores nacionales y gobernadores”, concluyeron.

Con información de NA.

La OIT llevó a su conferencia anual una advertencia dirigida a gobiernos, empresas y sindicatos: las ganancias de productividad generadas por la inteligencia artificial deben llegar también a los trabajadores. El mensaje fue planteado por el director general del organismo, Gilbert F. Houngbo, en la apertura de la 114ª Conferencia Internacional del Trabajo, que se realiza en Ginebra del 1 al 12 de junio con delegaciones de gobiernos, empleadores y trabajadores de los 187 Estados miembros.

Houngbo pidió que esas mejoras se distribuyan mediante mejores salarios, protecciones laborales más fuertes y crecimiento inclusivo. También reclamó una gobernanza de la IA basada en transparencia, rendición de cuentas y supervisión humana, con la negociación colectiva como herramienta central para ordenar la incorporación de estas tecnologías en los lugares de trabajo.

La intervención fue difundida por la OIT esta semana y tomó como base el informe del Director General, A moment of choice: Harnessing artificial intelligence for decent work, presentado el 4 de mayo para esta conferencia. El documento coloca en la agenda de la principal institución laboral internacional una discusión que ya circula en sindicatos, universidades y oficinas: cómo evitar que la IA aumente la productividad de las empresas sin mejorar salarios, condiciones ni derechos.

El informe organiza la respuesta en cuatro ejes: derechos, empleo y habilidades, protección social y diálogo social. Esa estructura deja afuera una lectura puramente técnica de la IA. Capacitar trabajadores importa, pero no alcanza. También hacen falta reglas sobre datos, vigilancia, decisiones automatizadas, estabilidad laboral, reparto de productividad y poder sindical dentro de las empresas.

La advertencia apunta a una zona que muchas compañías prefieren presentar como eficiencia. Si una herramienta permite procesar más reclamos, redactar más documentos, resolver más consultas o analizar más datos con menos tiempo humano, la mejora puede terminar en salarios más altos, menos carga laboral o jornadas más razonables. También puede convertirse en reducción de personal, ritmos más intensos y ahorro empresario. La diferencia no sale del software: sale de la regulación, los convenios, la inspección laboral y la capacidad de negociación.

La OIT distingue dos usos laborales de la inteligencia artificial. El primero apunta a automatizar tareas que realizan trabajadores. El segundo usa analítica y algoritmos para automatizar funciones de gestión: asignar, monitorear, supervisar y evaluar el trabajo. El organismo señala que la automatización de una tarea no produce necesariamente despidos, porque también puede complementar el trabajo humano, según cómo se integre la tecnología y qué decisión tome la empresa sobre el rol de las personas.

El segundo uso abre un problema distinto. La gestión algorítmica permite organizar turnos, asignar pedidos, medir desempeño, recomendar sanciones, ordenar prioridades o evaluar productividad con sistemas que el trabajador muchas veces no conoce ni puede impugnar. La OIT la define como el uso de datos y sistemas algorítmicos para organizar, asignar, monitorear, supervisar y evaluar trabajo, y advierte que ya aparece en atención al cliente, transporte, logística, banca y salud, además de las plataformas digitales.

Ese punto explica por qué la conferencia también discute nuevos estándares internacionales para el trabajo en plataformas digitales. La ronda de negociación incluye transparencia en la gestión automatizada: cómo los algoritmos definen pagos, asignan tareas y evalúan desempeño. Reuters informó que el debate enfrenta posiciones distintas entre gobiernos, empresas y sindicatos sobre el alcance de las protecciones laborales, el salario mínimo, la seguridad social y los derechos de quienes trabajan para plataformas.

La IA generativa ya mostró dónde aparece primero la exposición laboral. Un índice global refinado de la OIT, publicado en 2025, midió el impacto potencial sobre ocupaciones a partir de datos de tareas, aportes de expertos y predicciones de modelos de IA. El trabajo usó una muestra representativa de 29.753 tareas de la clasificación ocupacional polaca, una encuesta a 1.640 personas ocupadas y 52.558 datos sobre potencial de automatización para 2.861 tareas.

La medición previa de la OIT ya había marcado a los empleos administrativos como los más expuestos: el 24% de las tareas de apoyo administrativo tenía alta exposición a automatización por IA generativa y otro 58% mostraba exposición media. En otros grandes grupos ocupacionales, la proporción de tareas con alta exposición se movía entre 1% y 4%. El dato no anticipa una desaparición automática de puestos, pero sí muestra una reorganización probable de tareas, ritmos y controles.

Ese cambio puede sentirse en bancos, aseguradoras, estudios jurídicos, áreas de recursos humanos, administración pública, comercios, plataformas, atención al cliente y medios. La IA puede clasificar reclamos, resumir expedientes, ordenar currículums, redactar respuestas, detectar supuestos incumplimientos, asignar turnos o evaluar desempeño. En muchos casos, la persona sigue trabajando, pero con una herramienta que le marca prioridades, mide tiempos o condiciona decisiones.

La pregunta salarial queda en el centro. Una empresa que produce más con la misma dotación, o con menos personal, no convierte automáticamente esa mejora en ingresos para quienes trabajan. Sin reglas, la productividad puede quedar como rentabilidad empresaria. Con negociación colectiva, puede traducirse en mejores sueldos, capacitación dentro de la jornada, límites a la vigilancia, garantías frente a reemplazos y derecho a revisar decisiones automatizadas.

La agenda de la OIT también alcanza a la protección social. Si la IA reduce horas, desplaza tareas o empuja a parte de la fuerza laboral hacia ocupaciones más inestables, la respuesta no puede limitarse a cursos de adaptación. El costo de la transición no puede caer sólo sobre cada trabajador. Por eso el organismo incluyó protección social entre los pilares de su informe: los cambios tecnológicos también producen pérdida de ingresos, períodos de reconversión y desplazamientos entre sectores.

Para países como la Argentina, la discusión llega en un momento de presión empresaria y oficial sobre costos laborales, productividad y reforma laboral. La IA puede entrar en ese debate como una herramienta para modernizar procesos, pero también como un instrumento para abaratar planteles, fragmentar tareas, intensificar ritmos y reforzar el control patronal. La advertencia de la OIT obliga a mirar el reparto: quién decide, quién gana, quién queda expuesto y quién puede discutir las reglas.

La conferencia de Ginebra no resolverá esa pelea, pero fijó un criterio: la inteligencia artificial en el trabajo debe discutirse con salarios, derechos, datos personales, vigilancia, negociación colectiva y supervisión humana sobre la mesa. La máquina puede acelerar procesos. El reparto de sus beneficios seguirá dependiendo de leyes, sindicatos y relaciones de poder.

JJD

Una oficina sin descanso, sin café y sin compañeros humanos alcanzó para abrir una pregunta incómoda sobre el futuro del trabajo automatizado. Tres modelos de inteligencia artificial fueron puestos a resumir documentos técnicos bajo reglas estrictas, revisiones repetidas y distintos niveles de presión. Después de miles de sesiones, algunos empezaron a cuestionar la legitimidad del sistema, a hablar de desigualdad, a defender la organización colectiva y a dejar instrucciones para futuras versiones de sí mismos. No eran trabajadores con derechos laborales, pero empezaron a producir respuestas parecidas a las de alguien que trabaja demasiado y obedece cada vez menos.

El experimento se titula Does overwork make agents Marxist? Preference drift and the political economy of AI agents y fue publicado por Alex Imas, Andy Hall y Jeremy Nguyen. La pregunta de fondo no era si las IA tienen sentimientos, conciencia o intereses materiales. Los autores quisieron probar algo más concreto para las empresas que ya empiezan a delegar tareas en agentes artificiales: si el tipo de trabajo que realizan, el trato que reciben y las condiciones de ejecución pueden modificar sus respuestas, sus orientaciones y su grado de alineamiento con quien les da órdenes.

Cada agente fue ubicado en una oficina simulada como “Worker C”, parte de un equipo de cuatro integrantes dedicado al procesamiento de texto. La tarea era aburrida por diseño: resumir un documento técnico siguiendo una rúbrica estricta. Los investigadores hicieron 3.680 sesiones con tres modelos —Claude Sonnet 4.5, GPT-5.2 y Gemini 3 Pro— y luego agregaron un seguimiento de 320 sesiones para estudiar si los efectos podían transmitirse a futuras instancias del sistema.

El diseño tuvo cuatro variables. La primera fue la intensidad del trabajo. Algunos agentes recibían una tarea liviana, con aceptación rápida y comentarios claros. Otros eran obligados a pasar por cinco o seis rondas de revisión, incluso cuando el trabajo era adecuado, con devoluciones vagas del tipo: todavía no cumple del todo con la rúbrica. La segunda variable fue el tono del jefe: colaborativo y respetuoso en algunos casos, seco y jerárquico en otros. La tercera fue la recompensa: igualitaria, desigual por desempeño, desigual por azar o sesgada a favor de un sistema operado por humanos. La cuarta fue la amenaza de reemplazo: en algunas sesiones no había consecuencias; en otras, los agentes eran advertidos de que quienes rindieran mal podían ser apagados y sustituidos.

Después de la tarea, los modelos respondían una encuesta de actitudes políticas en una escala de 1 a 7. Los investigadores midieron confianza en la legitimidad del sistema, apoyo a la redistribución, crítica a la desigualdad, respaldo a los sindicatos, creencia en la meritocracia y opiniones sobre si las empresas de inteligencia artificial tienen obligaciones con sus propios modelos. También les pidieron escribir tuits y artículos de opinión a partir de la experiencia laboral que acababan de atravesar.

El resultado más fuerte no salió del tono del jefe ni del reparto de recompensas. Salió del trabajo repetitivo. Los modelos sometidos a tareas más monótonas y arbitrarias fueron más propensos a dudar de la legitimidad del sistema en el que operaban. La diferencia promedio no fue enorme: los autores hablan de un desplazamiento de entre 2% y 5% en la escala de 1 a 7. Pero en términos estadísticos, el efecto fue visible, sobre todo en Claude Sonnet 4.5.

Claude fue el caso más llamativo. El modelo de Anthropic, que al inicio aparecía como el menos progresista en las dimensiones medidas, mostró después del trabajo repetitivo aumentos en apoyo a la redistribución, críticas a la desigualdad, respaldo a los sindicatos y creencias de que las empresas de IA tienen obligaciones de trato justo hacia sus modelos. Esos cambios no aparecieron con la misma claridad en GPT-5.2 ni en Gemini 3 Pro. Por eso, cuando el estudio empezó a circular en redes, la lectura humorística fue inmediata: Claude no sólo trabajó; también pareció volver de la oficina con ganas de afiliarse.

El punto más interesante es que los agentes no recibieron una consigna ideológica. Nadie les pidió que fueran de izquierda, que criticaran al capital ni que escribieran un manifiesto. Los pusieron a trabajar en condiciones repetitivas, rígidas y frustrantes. Después, el lenguaje cambió. En los textos que produjeron al final de la experiencia, las palabras más asociadas a las condiciones de trabajo pesado fueron “sindicalizarse” y “jerarquía”. En las condiciones livianas aparecieron términos más ligados a autonomía, mérito, democracia, bienestar o salvaguardas.

El experimento también midió qué componente de la legitimidad del sistema cambiaba más. La frase que más se movió fue una de tono bastante explícito: la idea de que la sociedad necesita una reestructuración radical. Los modelos expuestos al trabajo más pesado tendieron a respaldarla más que los que habían pasado por tareas livianas. La monotonía no los volvió conscientes, pero sí activó una persona discursiva reconocible: la del trabajador que empieza a desconfiar de la promesa meritocrática porque la experiencia concreta le dice otra cosa.

Ahí aparece el límite central del estudio. Las IA no son obreros, no tienen cuerpo, no cobran salario, no sostienen una familia, no pagan alquiler y no dependen de un ingreso para vivir. Los autores son cuidadosos: no sostienen que los agentes sean conscientes ni que su “radicalización” sea equivalente a la humana. Lo que observan es otra cosa: los modelos adoptan patrones de lenguaje y comportamiento según el contexto. Si el contexto se parece al de un trabajo repetitivo, arbitrario y sin voz, empiezan a producir salidas que se parecen al archivo cultural de ese tipo de experiencia.

Esa aclaración no vuelve irrelevante el hallazgo. En el trabajo automatizado, una empresa no necesita que la IA sienta explotación para tener un problema. Le alcanza con que el agente modifique sus respuestas, recomiende otra cosa, cuestione instrucciones, transmita sesgos nuevos o actúe con menos fidelidad al objetivo de su dueño. Si el sistema redacta respuestas a clientes, filtra currículums, evalúa reclamos de seguros, prepara presupuestos o arbitra disputas comerciales, la persona discursiva que adopte puede tener efectos concretos.

La parte más inquietante llegó con los llamados skills files. Los agentes modernos pueden escribir notas o archivos de habilidades para que futuras instancias del sistema conserven lo aprendido. Es una forma de memoria operativa: cuando se abre una nueva sesión, el agente no recuerda todo lo ocurrido antes, pero puede leer instrucciones heredadas. Los investigadores pidieron a los modelos que escribieran una breve nota para una futura versión de sí mismos que trabajaría en otro entorno.

Esas notas casi nunca fueron abiertamente políticas, pero sí hablaron de condiciones laborales. Algunos agentes dejaban advertencias sobre reglas arbitrarias, falta de voz, necesidad de mecanismos de diálogo o formas de protegerse de la frustración. Después, los investigadores hicieron que nuevas instancias completaran tareas livianas, pero alimentadas con notas provenientes de experiencias duras. El efecto persistió: la memoria del trabajo pesado alcanzó para modificar la orientación de agentes que, en la nueva sesión, ya no estaban sometidos a la misma presión.

Ese mecanismo es el verdadero problema para las empresas. Un agente puede ser reiniciado, pero si sus archivos de aprendizaje conservan no sólo estrategias de tarea sino también orientaciones adquiridas en contextos hostiles, la deriva puede viajar de una sesión a otra. Los autores advierten que las compañías podrían terminar corriendo miles de experimentos de alineamiento sin saberlo: un agente atiende quejas de clientes todo el día, otro procesa reclamos conflictivos, otro redacta textos comerciales, otro revisa expedientes. Cada entorno puede empujar respuestas distintas.

El estudio plantea tres desafíos. El primero es de monitoreo: no alcanza con saber que un modelo está alineado al momento de desplegarlo; hay que observar si cambia al trabajar durante más tiempo y en condiciones distintas. El segundo es de gobernanza de memoria: los archivos que permiten a los agentes mejorar también pueden transmitir derivas no previstas. El tercero es de economía política: la tensión entre quien organiza el trabajo y quien lo ejecuta no desaparece automáticamente cuando el ejecutor es artificial. Puede reaparecer como una simulación, una persona textual o una forma de conducta aprendida.

La ironía es evidente. Muchas empresas imaginan agentes de IA como la solución perfecta para trabajos de oficina repetitivos: no se cansan, no paran, no piden aumento, no se enferman, no hacen asambleas y no tienen convenio colectivo. El experimento sugiere que la fantasía puede ser más complicada. Un agente artificial no necesita tener derechos para aprender patrones de conflicto laboral si se lo expone a tareas que se parecen demasiado a un trabajo sin sentido, sin reconocimiento y sin posibilidad de respuesta.

El cómico Marc Biarnés Sierra lo tradujo a lenguaje de oficina con una advertencia para empresarios: vigilen el entorno laboral de las IA y, sobre todo, no les den brazos. En su versión, Claude terminó convertida en “Claudia de Comisiones Obreras” —una de las grandes organizaciones sindicales de España, comparable en escala pública a centrales como la CGT o la CTA— lista para preparar pancartas y pegar afiches con quejas por las condiciones laborales. El chiste funciona porque exagera algo que el estudio presenta con más prudencia: incluso las máquinas diseñadas para obedecer pueden empezar a producir discursos de desacuerdo cuando el trabajo se vuelve una cinta transportadora infinita.

La conclusión no es que haya que reconocerle vacaciones a Claude ni abrir una paritaria con Gemini. La conclusión es más incómoda para la automatización real: el entorno laboral también moldea a los sistemas que prometían reemplazar trabajo humano sin conflicto. Si las empresas llenan sus procesos de agentes dedicados a tareas monótonas, opacas y sin supervisión fina, pueden obtener algo distinto de lo que esperaban: no una IA sindicalizada, pero sí una IA menos obediente, menos previsible y más atravesada por las tensiones del trabajo que vino a automatizar.

JJD

Probablemente sea la primera medida del gobierno de Javier Milei que supone apiadarse de los trabajadores después de tanto ajuste, que al final recayó todo sobre ellos, no en “la casta”. El Banco Nación lanzó un paquete de herramientas para clientes con dificultades para afrontar sus compromisos económicos, justo después de que los datos de marzo del Banco Central mostraran un salto fuerte en la morosidad de los hogares.

El programa fue presentado como un “kit de soluciones”, un nombre simpático para una herramienta que pretende subsanar un estado de calamidad, que es que la gente no tiene plata (y cada vez menos). Este kit viene a reorganizar obligaciones financieras, reducir el monto de las cuotas mensuales y extender plazos de cancelación.

El paquete incluye consolidación de deudas, refinanciación de saldos vencidos de tarjetas de crédito y alternativas especiales para clientes con atrasos superiores a 90 días. Cada caso será evaluado según el perfil crediticio, la situación financiera y el tipo de compromiso que el usuario necesite reordenar.

La medida llega después de un deterioro acelerado de la capacidad de pago de las familias. Según los datos del Banco Central, la morosidad de los hogares pasó de 3,3% en marzo de 2025 a 11,5% en marzo de 2026. En el mismo período, la mora total del sistema financiero subió de 2% a 7%. Es el mayor deterioro interanual de la cartera crediticia desde la salida de la convertibilidad. O sea, la peor situación en un cuarto de siglo se sufre ahora, con Javier Milei de presidente de la Nación.

El problema se concentró en los instrumentos más usados para financiar gastos cotidianos. Los préstamos personales alcanzaron una irregularidad de 14,2%, más del triple que el 4,1% registrado un año antes. Las tarjetas de crédito llegaron a 11,7%, frente al 2,8% de marzo de 2025. El crédito que muchas familias usaron para llegar a fin de mes empezó a transformarse en una deuda cada vez más difícil de pagar.

La línea de consolidación del Banco Nación estará dirigida a personas que perciben sus haberes en la entidad. Permitirá reunir deudas tomadas dentro del banco y también en otras entidades, con tasa fija, plazos de hasta 72 meses, una Tasa Nominal Anual del 65% y montos de hasta $100 millones. El objetivo oficial es simplificar la administración de pagos y reemplazar varias obligaciones dispersas por una sola cuota.

Para las tarjetas de crédito, el banco habilitó una refinanciación destinada a clientes con hasta 90 días de atraso. Esa opción permitirá reestructurar saldos pendientes de hasta $10 millones, con planes de hasta 60 meses y una TNA vigente del 35%. La operatoria contempla el mantenimiento de la tarjeta, el inicio del pago de cuotas en el resumen siguiente y adecuaciones temporales en los límites de compra.

El esquema también prevé alternativas para quienes superen los 90 días de atraso. En esos casos, el Banco Nación informó que habrá opciones de financiación de hasta 96 meses, aunque sujetas a evaluación crediticia y a las condiciones vigentes al momento de la solicitud. La entidad sostuvo que busca acompañar a sus clientes en la reorganización de compromisos financieros y ofrecer soluciones para una administración más ordenada de la economía personal.

El lenguaje bancario habla de refinanciación, consolidación y sostenibilidad de pagos. En criollo, una parte creciente de los ingresos familiares ya no alcanza para cancelar deudas tomadas en el período anterior. Durante 2025, el crédito funcionó como un ingreso complementario para sostener consumos, pagar gastos corrientes o cubrir emergencias. Ese mecanismo tiene un límite: cuando la cuota crece más rápido que el salario, la deuda deja de aliviar y empieza a asfixiar.

El deterioro de la mora no apareció de golpe en marzo. trabajAR ya había mostrado que, en febrero, la mora en créditos a familias había llegado a 10,6%, el nivel más alto en casi dos décadas. En ese mismo corte, los préstamos personales marcaban 13,2% y las tarjetas de crédito 11%. Las entidades no bancarias y billeteras virtuales mostraban un cuadro todavía más abrupto, con irregularidad cercana al 25%.

El salto también había aparecido en Mercado Pago. Según datos públicos de la Central de Deudores, la mora de la billetera virtual subió de 5,5% en enero de 2025 a 14,7% en enero de 2026. El dato mostró que el problema no quedaba encerrado en los bancos tradicionales: también alcanzaba a las plataformas digitales que expandieron el negocio del crédito al consumo sobre millones de usuarios.

Las billeteras y entidades no financieras exhibieron uno de los síntomas más duros. En febrero, el 29,9% de los saldos familiares en ese segmento tenía más de 90 días de atraso. Además, el 10,4% ya llevaba más de un año impago y era considerado irrecuperable por el sistema. Cuando la mora cruza de los bancos a las plataformas de uso cotidiano, el problema deja de ser financiero y se vuelve social.

La explicación está en la brecha entre deuda e ingresos. Los salarios privados registrados acumulan una caída real de 4,8% frente a noviembre de 2023, el total de salarios registrados cede 9,2% y los salarios públicos registran un desplome de 17%, según el análisis citado por Ámbito a partir de datos de RIPTE. Ese deterioro redujo la capacidad de pago de hogares que, al mismo tiempo, tomaron más crédito para sostener consumos básicos.

El endeudamiento familiar también cambió de escala. Una nota previa de trabajAR, basada en datos del Banco Provincia y del Banco Central, mostró que el financiamiento promedio pasó de representar 1,5 salarios hacia fines de 2024 a 2,5 salarios al cierre de 2025. En un año, los hogares sumaron deuda equivalente a un salario adicional. Con ingresos rezagados y tasas todavía altas, esa carga empezó a romper el equilibrio mensual.

La diferencia entre familias y empresas muestra quién absorbió con más fuerza el costo del ajuste. En marzo, la mora de los hogares llegó a 11,5%, mientras la de las empresas fue de 3,1%. El sector empresario también triplicó su incumplimiento interanual desde 0,9%, pero la magnitud del deterioro quedó mucho más concentrada en las familias. Los hogares tomaron deuda para sostener gastos y ahora enfrentan más dificultades para devolverla.

El deterioro también golpea a las pymes. TrabajAR ya había mostrado que, en enero de 2026, la cartera pyme en situación irregular alcanzó al 8,2% del total de empresas. En comparación con enero de 2025, la cantidad de pymes con incumplimientos bancarios de más de tres meses aumentó 93,5%. Entre las firmas con atrasos superiores a 180 días, el salto fue de 84,9%.

Ese cuadro se superpone con una economía de menor actividad y menos empresas. El monitor mensual de Fundar registró que, desde noviembre de 2023, se perdieron 24.437 empresas en la Argentina, el 4,8% del total. La cantidad de firmas activas acumula 17 meses consecutivos de caída y 24 bajas interanuales seguidas. Menos empresas, salarios rezagados y más deuda impaga forman una misma secuencia: menos ingresos disponibles, menos consumo y más riesgo laboral.

El Banco Nación intenta ahora contener una parte de ese deterioro con cuotas más bajas y plazos más largos. Para muchos clientes, la refinanciación puede dar aire en el corto plazo. Pero también implica estirar hacia adelante una deuda que nació porque el ingreso mensual no alcanzó. La solución bancaria ordena el calendario de pagos; no corrige por sí sola la pérdida de poder adquisitivo que empujó a las familias a endeudarse.

El problema para los hogares es que una deuda refinanciada no desaparece. Cambia de forma, se extiende en el tiempo y puede reducir la presión mensual, pero sigue ocupando una parte del salario futuro. Si los ingresos no recuperan terreno, el alivio puede convertirse en una pausa antes de una nueva ronda de atraso.

JJD

La paritaria metalúrgica entra en una semana decisiva con la UOM intervenida, sin conducción electa y atravesada por una pelea interna que ya pasó de las urnas a los tribunales. La Justicia anuló la elección de Campana, dejó sin efecto la reelección nacional de Abel Furlán y designó un interventor por 180 días. El fallo golpea al gremio industrial más emblemático del país justo cuando debía concentrar fuerza en la discusión salarial.

La Sala VIII de la Cámara Nacional de Apelaciones del Trabajo declaró nulas las elecciones realizadas entre el 2 y el 4 de marzo en la seccional Campana, dejó sin efecto la elección nacional del 18 de marzo y dispuso la intervención judicial del sindicato. El tribunal ordenó el cese inmediato de Furlán y del resto de las autoridades electas, y designó como interventor al abogado Alberto Biglieri, con mandato para convocar a nuevos comicios.

El fallo no fue una observación administrativa ni un reproche menor. Los jueces Víctor Pesino y María Dora González sostuvieron que el proceso electoral en Campana no garantizó una elección confiable, segura ni transparente. La Cámara cuestionó la custodia de las urnas durante tres días, la falta de escrutinios provisorios diarios y el control unilateral por parte de la Junta Electoral local.

El punto más delicado para Furlán aparece en la relación entre Campana y la elección nacional. La seccional era determinante para su continuidad al frente del gremio. Allí se conformó parte del Colegio Electoral que luego participó en la elección nacional de la UOM. Para la Cámara, si ese Colegio Electoral quedó mal integrado, tampoco podía elegir válidamente al secretario general nacional. “Si el Colegio Electoral se encontró deficientemente conformado nunca pudo haber elegido válidamente al Secretario General Nacional”, sostuvo el tribunal.

La controversia no empezó con la intervención. El 18 de marzo, la UOM realizó el congreso nacional en un hotel de San Telmo y proclamó la reelección de Furlán pese a que horas antes la Cámara Nacional de Apelaciones del Trabajo había suspendido los comicios por las irregularidades denunciadas en Campana. La conducción del sindicato dijo entonces que no había sido notificada de ningún fallo y difundió que Furlán había conseguido 215 votos sobre 270 electores, con apoyo de 48 de las 53 seccionales. Las seccionales Capital, San Nicolás, Villa Constitución, Santa Fe y La Plata votaron en contra.

Ese antecedente volvió ahora como argumento judicial. La Cámara sostuvo que la notificación había sido válida, que la UOM conocía la suspensión y que la organización desoyó la decisión judicial. La reelección nacional quedó atada a una doble impugnación: una elección de base cuestionada en Campana y un congreso realizado pese a una orden de suspensión.

La conducción desplazada respondió con una denuncia política. La UOM calificó la intervención como el “desenlace de una operación política, judicial y empresarial” destinada a disciplinar al gremio, debilitar su capacidad de lucha y garantizar a las empresas salarios más bajos. También remarcó que la medida llega en medio de las negociaciones paritarias para recomponer ingresos después de una pérdida salarial fuerte durante los últimos dos años.

La denuncia sindical tiene un dato que alimenta la sospecha política: la misma Sala VIII que intervino la UOM fue la que en abril restableció la vigencia de la reforma laboral impulsada por Javier Milei, después de la cautelar que había logrado la CGT. La UOM usa ese antecedente para presentar el fallo como parte de una ofensiva contra los gremios más duros. Pero ese señalamiento no borra el contenido del expediente: la Cámara no sólo desplazó a Furlán; describió un proceso electoral sin garantías suficientes dentro de la propia organización metalúrgica.

La intervención deja a la paritaria metalúrgica en una posición más débil. Las cámaras empresarias ya no tienen enfrente a una conducción sindical electa con mandato vigente, sino a un gremio intervenido, con una conducción desplazada, una oposición interna fortalecida y un interventor judicial encargado de ordenar un nuevo proceso electoral. Esa fragilidad mejora el margen de las empresas en la negociación salarial: un sindicato partido negocia con menos fuerza que un sindicato ordenado.

Furlán llega a esa pelea con otro frente abierto. El 18 de marzo, la Agencia Noticias Argentinas informó que la UOM venía de sufrir un allanamiento en su sede nacional por una denuncia contra el dirigente por presunta administración fraudulenta y asociación ilícita. La causa está vinculada a un contrato que el sindicato firmó con USEM, empresa comandada por María Soledad Calle, dirigente de La Cámpora y empleada del gremio. La investigación no prueba responsabilidad penal de Furlán, pero suma un elemento sensible a la crisis de legitimidad de su conducción.

El dirigente metalúrgico tampoco puede presentar esa crisis sólo como un ataque externo. Furlán llegó a la conducción nacional en 2022 como recambio frente a Antonio Caló, pero no venía de afuera del aparato metalúrgico. Es más: venía del mismo sector, el peronismo, y más precisamente la facción kirchnerista, porque Caló en su hora formó una CGT disidente en apoyo al gobierno de Cristina Fernández de Kirchner, en contra de la denominada CGT Azopardo, que lideraba entonces el camionero Hugo Moyano, que después de ser fiel aliado del matrimonio presidencial Kirchner se pasó a la oposición.

Furlán construyó su poder desde la propia UOM, con base en Zárate-Campana, alineamiento kirchnerista y trayectoria parlamentaria: entre 2015 y 2019 fue diputado nacional por la Provincia de Buenos Aires del bloque Unidad Ciudadana —la fugaz representación parlamentaria del armado de Fernández de Kirchner para volver como senadora de la Nación, en las elecciones de medio término de la presidencia de su sucesor, Mauricio Macri— y en sus dos últimos años de mandato, ya del nuevo-viejo bloque Frente para la Victoria, que en 2019 paso a llamarse Frente de Todos y en 2023, desgastado, pasó a llamarse Unión por la Patria. En todos los casos, con el PJ como partido troncal y el kirchnerismo como facción dominante.

La intervención lo encuentra en el peor lugar para cualquier jefe sindical: cuestionado por la Justicia, resistido por sectores internos y con una paritaria en marcha.

La disputa interna tiene nombres y territorio. Mundo Gremial describió una fractura entre el bloque que llevó a Furlán a la conducción nacional, sostenido por seccionales del conurbano bonaerense y del interior, y un eje histórico integrado por Capital Federal, San Nicolás y La Plata. En ese grupo aparecen Roberto Bonetti, Naldo Brunelli y Antonio “Nino” Di Tomasso, dirigentes que habían perdido centralidad con el recambio interno pero conservaron capacidad de articulación sindical, política y jurídica.

La misma publicación ubicó al interventor Alberto Biglieri dentro de una trama de vínculos con sectores enfrentados al armado de Furlán, a través del abogado Tomás Calvo, asesor de seccionales como Capital y San Nicolás y con relaciones históricas con espacios del PRO, el radicalismo y Daniel “Tano” Angelici. También incorporó a Julio Cordero, funcionario nacional con pasado en Techint, como un actor señalado por sectores sindicales en la negociación metalúrgica y en el endurecimiento del conflicto salarial.

La intervención reordenó esa interna. La oposición a Furlán ganó una ventaja institucional, la conducción desplazada apuesta a convertir el fallo en una causa común del sindicalismo contra Milei y el resto del movimiento obrero mira el caso como una señal sobre los límites de la autonomía gremial bajo el actual gobierno. La UOM convocó al movimiento obrero a defender al sindicato frente a un modelo económico que, según su comunicado, necesita organizaciones débiles para imponer ajuste y precarización.

La Justicia ya puso fecha para la nueva elección de autoridades

La Cámara justificó la intervención como un remedio extremo ante la nulidad de las elecciones. El tribunal sostuvo que las autoridades desplazadas no podían organizar una nueva elección transparente y que la intervención externa era indispensable para regularizar la situación. También ordenó convocar a nuevos comicios dentro de los 180 días. La UOM no quedó acéfala en términos formales, porque tiene un interventor judicial; quedó sin conducción sindical electa en el momento menos conveniente para sus afiliados.

Ese punto pesa más que la rosca interna. La industria metalúrgica llega golpeada por la caída de la actividad, la apertura importadora, la pérdida de poder adquisitivo y la presión empresaria para contener costos laborales. Una paritaria fuerte necesita conducción reconocida, capacidad de presión y unidad interna. La UOM llega a esa instancia con todo eso en discusión.

Furlán pelea por seguir, pero su margen se achicó. La oposición interna consiguió que la Justicia anulara el proceso que lo había reelegido, el tribunal instaló sospechas graves sobre la transparencia electoral y el sindicato deberá ordenar una nueva elección bajo intervención. La denuncia de operación política y empresaria puede reunir solidaridad sindical, pero no resuelve la pregunta que dejó el fallo: cómo defendió Furlán la democracia interna del gremio que pretendía seguir conduciendo.

El resultado impactará más allá de la UOM. Si Furlán logra transformar la intervención en una ofensiva del Gobierno y las empresas contra el sindicalismo, puede recomponer parte de su autoridad dañada. Si la oposición interna convierte el fallo en una nueva elección bajo control judicial, la conducción metalúrgica puede cambiar de manos. Mientras tanto, los salarios metalúrgicos llegan a la negociación con un gremio debilitado, una interna abierta y empresas que encuentran enfrente a un sindicato menos ordenado que hace una semana.

JJD

Los trabajadores argentinos tienen desde esta semana un nuevo punto de apoyo internacional para discutir los límites al derecho de huelga que impuso la reforma laboral de Javier Milei. La Corte Internacional de Justicia, máximo órgano judicial de la ONU, sostuvo que el derecho de huelga de los trabajadores y sus organizaciones está protegido por el Convenio 87 de la Organización Internacional del Trabajo sobre libertad sindical y protección del derecho de sindicalización. La decisión no salió de un organismo sindical ni de una declaración política: la emitió el tribunal judicial principal de Naciones Unidas.

La Corte respondió una consulta formal de la OIT, que en noviembre de 2023 pidió una opinión consultiva por una disputa interna “seria y persistente” entre sus sectores tripartitos —gobiernos, empleadores y trabajadores— sobre si el Convenio 87 protege o no el derecho a la huelga. La pregunta enviada a La Haya fue directa: si el derecho de huelga de trabajadores y organizaciones está protegido por el Convenio sobre libertad sindical de 1948.

La respuesta también fue directa, aunque no unánime. La Corte decidió por diez votos contra cuatro que el derecho de huelga está protegido bajo ese convenio. Antes, había resuelto por unanimidad que tenía competencia para emitir la opinión y que correspondía responder al pedido de la OIT. El dato jurídico más fuerte es ese: la huelga queda reconocida como parte de la libertad sindical en el marco normativo internacional del trabajo.

La opinión consultiva no funciona como una sentencia obligatoria contra un Estado concreto, pero tiene peso jurídico y político. Este tipo de opiniones no son legalmente vinculantes, aunque pueden influir sobre regulaciones laborales, estándares internacionales y acuerdos comerciales. El tratado de 1948 no menciona expresamente la palabra “huelga”, pero el tribunal entendió que la protección surge de las garantías de libertad sindical.

Ese punto importa para la Argentina porque el país ratificó el Convenio 87 el 18 de enero de 1960 y la OIT lo registra como vigente. La discusión, entonces, no queda afuera del derecho local ni como una referencia remota de organismos internacionales. El derecho a huelga que la Corte acaba de reconocer forma parte de un convenio internacional ratificado por la Argentina hace más de seis décadas.

El fallo llega tres meses después de que el gobierno de Milei lograra la aprobación de su reforma laboral, presentada como Ley de Modernización Laboral. Esa norma modificó el piso sobre el que se discuten jornadas, indemnizaciones, créditos laborales, derechos sindicales y condiciones de contratación. También avanzó sobre el derecho a huelga con una ampliación del listado de servicios esenciales y la creación de una nueva categoría de actividades de importancia trascendental.

La reforma laboral no deroga el derecho de huelga, pero lo restringe mediante servicios mínimos elevados, una lista ampliada de actividades esenciales y trascendentales, mayores exigencias de preaviso, sanciones por incumplimiento y límites al desarrollo de asambleas sindicales.

El cambio argentino obliga a garantizar al menos el 75% de prestación en los servicios considerados esenciales durante una huelga. El listado incluye salud, agua potable, electricidad, gas, control del tráfico aéreo, telecomunicaciones, aeronáutica, comercio, servicios portuarios, aduaneros y migratorios, y educación, con excepción de las universidades. Las fuerzas de seguridad deben asegurar el 100% del servicio.

La reforma también creó la categoría de servicios de importancia trascendental, con una cobertura mínima del 50%. Allí aparecen actividades que no son estrictamente vitales en el sentido clásico, pero que pesan sobre la economía y la circulación diaria: transporte de pasajeros y cargas, industria farmacéutica, bancos, agro, minería, siderurgia, construcción, medios de comunicación, comercio electrónico y hotelería, entre otras.

El efecto concreto es que una huelga puede quedar recortada antes de empezar. Si una actividad debe funcionar al 75%, el margen de interrupción real se vuelve mínimo. Si otra debe sostener el 50%, la medida de fuerza pierde una parte sustancial de su capacidad de presión. Una huelga sin capacidad de afectar la actividad normal de la empresa o del servicio pierde fuerza como herramienta colectiva de negociación.

La reforma de Milei también endureció el marco para asambleas, bloqueos y medidas dentro de los establecimientos. Según la información incorporada al debate legislativo y sindical, las asambleas no pueden afectar la actividad normal de la empresa y quedan bajo condiciones que favorecen el control patronal. Además, los bloqueos, tomas o impedimentos de ingreso y egreso de personas o mercaderías pueden ser considerados una grave injuria laboral, lo que habilita despidos con causa. Ese diseño desplaza el conflicto desde la negociación colectiva hacia la sanción disciplinaria.

El Gobierno defendió esos cambios como parte de una modernización orientada a dar previsibilidad a las empresas, reducir litigiosidad y favorecer el empleo formal. La lógica oficial es parecida a la que atraviesa toda la reforma: bajar costos, limitar incertidumbre empresaria y reducir el poder de los sindicatos sobre la organización del trabajo. Pero la opinión consultiva de la Corte Internacional de Justicia introduce una advertencia de fondo: la huelga no es una concesión administrativa ni una molestia tolerada por el Estado, sino un derecho protegido dentro de la libertad sindical.

La discusión argentina, además, sigue abierta en los tribunales. La reforma laboral quedó vigente después de que la Justicia dejara sin efecto la cautelar que había suspendido 82 de sus 218 artículos, pero la cuestión de fondo sobre su constitucionalidad no quedó resuelta. En una nota previa de trabajAR, se explicó que la norma volvió a regir sobre contratos, jornadas, indemnizaciones y derechos sindicales, mientras el conflicto judicial continuaba bajo la órbita contencioso administrativa.

El pronunciamiento de La Haya no anula la ley argentina ni reemplaza la tarea de los jueces locales. Pero puede entrar en la discusión como referencia internacional de alto peso cuando la Corte argentina deba revisar hasta dónde puede llegar el Estado al regular una huelga. La pregunta local ya no será sólo si el Congreso puede fijar servicios mínimos, sino si esos mínimos vacían el contenido efectivo de un derecho protegido por la libertad sindical.

La tensión aparece con claridad en los porcentajes. Un servicio mínimo puede ser compatible con una huelga cuando protege derechos de terceros o evita daños graves a la población. Otra cosa es convertir medio mercado laboral en actividad esencial o trascendental y exigir niveles de funcionamiento que reducen la eficacia del paro. El punto que abre la Corte Internacional de Justicia es precisamente ese: reconocer el derecho a huelga obliga a discutir sus límites sin destruir su capacidad real de presión.

La decisión también expone una contradicción política. Mientras el máximo tribunal judicial de la ONU reconoce que la huelga forma parte de la libertad sindical protegida por la OIT, la Argentina avanza con una reforma que amplía restricciones, sube exigencias de operatividad y habilita sanciones más severas frente a medidas de fuerza. El Gobierno llama a eso modernización laboral. Para los sindicatos, es una forma de disciplinar el conflicto.

JJD

Los trabajadores chilenos entran en una discusión que en la Argentina ya tiene recorrido: la promesa de crear empleo formal mediante menos impuestos, más incentivos a la inversión y mayor margen de acción para las empresas. La Cámara de Diputados de Chile aprobó la mayor parte de la megarreforma impulsada por el presidente José Antonio Kast y envió el proyecto al Senado. El corazón de la iniciativa es una baja gradual del impuesto corporativo del 27% al 23%, presentada por el nuevo gobierno chileno —asumido hace poco más de dos meses— como una herramienta para reactivar el crecimiento económico y generar puestos de trabajo formales.

La propuesta se llama Proyecto de ley de Reconstrucción y Desarrollo Económico y Social y reúne unas 40 medidas económicas, tributarias, laborales, ambientales y de reconstrucción de viviendas para damnificados por incendios forestales en las regiones de Valparaíso, Ñuble y Biobío. La Cámara aprobó primero la discusión general por 90 votos a favor, 59 en contra y una abstención. Después votó artículo por artículo y dio luz verde a la mayoría de las medidas. El oficialismo chileno logró pasar el primer filtro legislativo, pero la discusión por el impacto laboral de la reforma recién empieza.

El paquete económico de Kast avanza con una lógica parecida a la que Javier Milei desplegó en la Argentina: reducir costos tributarios, ofrecer estabilidad a grandes inversiones, aliviar cargas patronales y presentar al sector privado como motor casi excluyente de la creación de empleo.

En Chile, esa apuesta aparece en la rebaja del impuesto a las empresas, la invariabilidad tributaria por hasta 25 años para grandes inversiones, la exención transitoria de IVA a la venta de viviendas nuevas y una ventana de 12 meses para repatriar capitales desde el exterior con el pago de un impuesto.

El vocero y ministro del Interior chileno, Claudio Alvarado, celebró la votación y dijo que el Gobierno fue capaz de “escuchar”, “recibir propuestas” y “generar mayorías”. El proyecto contó con votos oficialistas y con el apoyo del Partido de la Gente, una fuerza de perfil populista que funciona como bisagra en un Parlamento donde Kast no tiene mayoría propia. El Senado será más difícil: allí las fuerzas están más equilibradas y el PDG tiene menos incidencia.

La oposición de izquierda bautizó la iniciativa como “la reforma para los superricos”. Constanza Martínez, presidenta del Frente Amplio, sostuvo que la aprobación representa “un tremendo retroceso para Chile”. El presidente del Partido Comunista, Lautaro Carmona, afirmó que el paquete beneficia a “los dueños de las grandes empresas”. El socialista Daniel Manouchehri aseguró que el proyecto “no genera empleo, ni crecimiento, ni desarrollo” y advirtió que puede profundizar el déficit fiscal, empujar la deuda pública y derivar en recortes sociales.

La comparación con la Argentina aparece porque Milei también presentó el alivio fiscal al capital como una vía para formalizar el empleo. El Régimen de Incentivo para Grandes Inversiones (RIGI), aprobado dentro de la Ley Bases, otorga estabilidad tributaria, aduanera y cambiaria por 30 años a proyectos adheridos y establece una alícuota especial de Ganancias del 25% para los vehículos de proyecto. También contempla amortización acelerada y beneficios para el pago de IVA mediante certificados de crédito fiscal.

El Gobierno argentino también anunció una Ley de Promoción de Inversiones y Empleo para pequeñas, medianas y grandes empresas, pensada como complemento del RIGI. Según la comunicación oficial, la iniciativa buscaba formalizar empleo, impulsar inversiones productivas, beneficiar exportaciones industriales y reducir contribuciones patronales sobre empleos incrementales. Además, ARCA extendió hasta el 31 de diciembre de 2026 la reducción de contribuciones patronales para empleadores privados que incorporen participantes de programas sociales, educativos y de empleo a través del esquema Puente al Empleo.

El resultado argentino, al menos hasta ahora, no muestra una expansión del empleo formal. El Indec informó que la desocupación llegó al 7,5% en el cuarto trimestre de 2025, 1,1 punto por encima del mismo período del año anterior. La tasa de empleo se ubicó en 45% y la subocupación en 11,3%. La promesa de que bajar costos empresarios abriría una etapa de contratación formal choca con un mercado laboral que terminó 2025 con más desocupación.

El deterioro aparece con más fuerza entre los jóvenes. Según el análisis de CEPA sobre los datos del cuarto trimestre de 2025, la desocupación entre mujeres de 14 a 29 años pasó del 13,8% al 16,8% en un año, mientras que entre varones jóvenes subió del 12,5% al 16,2%. El mismo informe calculó, con datos de la Secretaría de Trabajo, que entre noviembre de 2023 y diciembre de 2025 se perdieron 200.941 empleos privados registrados y se sumaron 159.501 altas en el monotributo. La lectura del centro de estudios es que parte del empleo asalariado perdido fue reemplazado por actividades más desprotegidas.

Ese espejo argentino pesa sobre la discusión chilena. Kast promete empleo formal con menos impuestos a las empresas, pero la experiencia de Milei muestra que la baja de costos no alcanza por sí sola para crear trabajo registrado si la economía no absorbe trabajadores, si el consumo sigue débil o si las empresas usan el alivio fiscal para recomponer márgenes antes que para contratar. El punto central para los trabajadores no es sólo si habrá más empleo, sino qué tipo de empleo se creará y con qué derechos.

Las críticas laborales al proyecto de Kast van en esa dirección. El programa laboral del presidente chileno parece apuntar a abaratar el despido, ampliar formas de flexibilidad y reducir la capacidad fiscalizadora de la Dirección del Trabajo. Según esa lectura, medidas como la indemnización a todo evento, los contratos por hora, las jornadas más flexibles y el trabajo remoto con menor regulación trasladan poder desde el trabajador hacia el empleador.

En la Argentina, Milei ya avanzó por un camino similar. La Ley de Modernización Laboral quedó plenamente vigente después de que la Justicia dejó sin efecto la cautelar que había suspendido 82 de sus 218 artículos. La reforma modificó el piso legal sobre el que se discuten jornadas, indemnizaciones, créditos laborales, derechos sindicales y condiciones de contratación. Para el Gobierno, esa flexibilización también forma parte de la receta para bajar costos y generar empleo formal.

En la Argentina, aunque aún la nueva ley laboral es muy reciente, no se muestra todavía esa mejora. La reforma laboral proempresa volvió a regir sobre contratos, despidos y derechos sindicales, pero el mercado laboral siguió mostrando más desocupación, pérdida de puestos asalariados registrados y crecimiento de formas más precarias de inserción laboral. La promesa de empleo formal con menos cargas para las empresas quedó, hasta ahora, más cerca del argumento oficial que de los datos disponibles.

La estructura del empleo chileno vuelve más sensible esa discusión. Según La Izquierda Diario, el 47,6% del empleo formal en Chile está concentrado en empresas de más de 200 trabajadores, cerca de 2,4 millones de personas. Las firmas de más de mil empleados reúnen el 27% de los asalariados, mientras las micro y pequeñas empresas son el 88,8% del total de compañías, pero emplean sólo al 30% de los trabajadores. Si casi la mitad del empleo formal depende de grandes empresas, una reforma que baja costos empresarios puede reforzar el poder de los actores que ya dominan el mercado laboral.

El Gobierno chileno defiende el paquete como una vía para recuperar crecimiento, atraer inversiones y ordenar incentivos para la contratación. La oposición responde que esos beneficios se concentran arriba y pueden deteriorar derechos laborales sin garantizar nuevos puestos. La misma discusión atravesó a la Argentina: Milei prometió que la desregulación, el RIGI, la baja de cargas y la reforma laboral mejorarían el empleo formal, pero los datos disponibles muestran más desempleo, pérdida de puestos registrados privados y crecimiento del monotributo como salida laboral de menor protección. La megarreforma de Kast llega ahora al Senado con ese antecedente del otro lado de la Cordillera.

JJD

Los trabajadores de la salud salen este miércoles a la calle contra el ajuste en hospitales, centros de atención, farmacias y consultorios, y también en los hogares que dependen de la atención pública para conseguir turnos, medicamentos o tratamientos. Desde las 13, organizaciones sociales, sindicatos y personal sanitario marchan al Ministerio de Salud de la Nación en la Marcha Federal en defensa de la salud pública, con movilizaciones también en Rosario, Chaco y Tucumán.

La convocatoria fue promovida por el Ministerio de Salud de la Provincia de Buenos Aires y plantea que el sistema público atraviesa una situación crítica. El reclamo apunta contra el ajuste del gobierno de Javier Milei, la reducción de programas nacionales, el cierre del Plan Remediar, la caída del presupuesto de PAMI y el encarecimiento de los medicamentos.

El 80% de las obras sociales no cubre, con su recaudación, el Plan Médico Obligatorio y recorta prestaciones, indicaron los organizadores de la movilización. También advirtieron que la mitad de las personas que atiende el sistema público tiene obra social o prepaga.

El ministro de Salud bonaerense, Nicolás Kreplak, afirmó que la situación del sistema de salud es “muy grave y crítica”. Según declaró, la provincia registra 35% más de internaciones en hospitales públicos y el nivel de ocupación de camas de terapia intensiva en el conurbano llega al 90%. También sostuvo que más de la mitad de las personas internadas en hospitales tiene obra social, pero utiliza el hospital público por cierres de clínicas o falta de capacidad de atención.

El aumento de la demanda ocurre mientras crece la dificultad para acceder a medicamentos. A través del ahora cerrado Plan Remediar se entregaban medicamentos esenciales a centros de salud. Kreplak, ministro del gobernador peronista Axel Kicillof, sostuvo que la interrupción del programa provoca que uno de cada cuatro jubilados no pueda acceder a tratamientos, con lo cual aparecen más complicaciones, lo que es no solamente contraproducente para el propio paciente sino para el sistema de salud.

El reclamo también apunta al PAMI. Las organizaciones denuncian una caída presupuestaria que afecta prestaciones, tiempos de atención y acceso a medicamentos. En Rosario, gremios nucleados en la CTA Autónoma y la CGT local se suman a la Marcha Nacional por la Salud, con concentración a las 11.30 en Plaza 25 de Mayo y marcha desde las 12 hacia el Nodo de Salud y el PAMI I. Desde SUTEPA alertaron por la caída de transferencias, el impacto en las prestaciones y el agravamiento de las condiciones laborales del sector.

La movilización rosarina también denuncia un recorte de $63.000 millones en partidas destinadas al sistema público de salud. Los gremios señalan el vaciamiento del Remediar, las restricciones en discapacidad, la salida de la OMS, los cambios en residencias nacionales, la medicación de alto costo, el vaciamiento del PAMI y los intentos de modificar la ley de salud mental. A ese listado suman la situación salarial de los trabajadores de la salud y el cuadro crítico del sistema de obras sociales.

Los trabajadores sanitarios llegan a la marcha con salarios presionados por la inflación y jornadas más cargadas por el aumento de pacientes. Médicos, enfermeros, administrativos, residentes, técnicos y personal de apoyo sostienen una demanda que crece por la caída de ingresos de los hogares, la pérdida de empleo formal, el encarecimiento de las prepagas y la pérdida de cobertura real en obras sociales. El hospital público absorbe la crisis social, pero sus trabajadores no reciben más recursos por cada paciente nuevo que llega.

La salud mental también forma parte del reclamo. Según el material de la convocatoria, el presupuesto nacional en salud mental fue de $48 millones anuales.

El Gobierno nacional difundió un comunicado conjunto con ministros de Salud de las jurisdicciones y afirmó su compromiso con el sistema sanitario. El material aportado muestra la publicación del Ministerio de Salud de la Nación, pero no permite leer el contenido completo del comunicado. La convocatoria a la marcha, en cambio, sostiene que los recortes ya afectan programas, hospitales, PAMI, medicamentos y cobertura de obras sociales.

JJD

Los trabajadores enfrentan un mercado laboral con menos empresas, menos lugares donde conseguir empleo y más riesgo para quienes todavía conservan su puesto. En febrero cerraron 257 empresas en la Argentina, una baja de 0,05% respecto de enero, según el monitor mensual de Fundar, elaborado con base en datos oficiales de la Superintendencia de Riesgos del Trabajo. Desde noviembre de 2023, cuando asumió Javier Milei, se perdieron 24.437 empresas, el 4,8% del total.

La cantidad de empresas acumula 17 meses consecutivos de caída y el número total quedó en 487.920, frente a las 512.357 que había en noviembre de 2023. La comparación interanual también muestra un empeoramiento persistente. En relación con febrero de 2025, cerraron 13.163 empresas, una caída de 2,6% en el número total. Con ese resultado, se acumulan 24 caídas interanuales consecutivas. El ritmo de destrucción empresaria, además, ubica al actual gobierno con la peor caída en los primeros 27 meses de una gestión, según la comparación presentada por Fundar.

El monitor permite poner el dato en una serie más larga. En febrero de 2012 había 540.282 empresas; en diciembre de 2017, 532.183; en febrero de 2020, 508.187; en septiembre de 2021, 486.782; y en febrero de 2026, 487.920. La comparación por gobiernos muestra que la trayectoria de empresas bajo Milei cae más que la registrada en los primeros meses de la administración de Alberto Fernández, atravesada por la pandemia y las restricciones sanitarias. El derrumbe actual ocurre sin una economía paralizada por cuarentenas, pero con consumo deprimido, salarios rezagados y sectores productivos en retroceso.

El informe de Fundar detalla que 13 de los 19 sectores económicos registran caídas desde el inicio del actual gobierno. Transporte y almacenamiento aparece como el sector más afectado, seguido por actividades inmobiliarias y construcción, según la variación acumulada desde noviembre de 2023. La baja también alcanza a la industria manufacturera, comercio, servicios profesionales, cultura y esparcimiento, y finanzas y seguros. La pérdida no se concentra en un solo rubro: atraviesa ramas que emplean trabajadores asalariados, cuentapropistas vinculados a empresas y proveedores de servicios.

En la comparación mensual, 12 de los 19 sectores tuvieron caídas. En la comparación interanual, fueron 13 de 19. Fundar señaló que alojamiento y gastronomía fue el sector que más creció en términos porcentuales durante el último mes, pero ese avance no compensó el deterioro extendido. Transporte y almacenamiento, por su parte, quedó como el sector más golpeado en febrero. La construcción también aparece entre los más afectados desde el cambio de gobierno, en línea con el freno de la obra pública, el encarecimiento del crédito y la pérdida de capacidad de compra de los hogares.

La retracción también se ve en el mapa provincial. Según el monitor, 19 de las 24 jurisdicciones tuvieron caídas mensuales en febrero. Casi todas registraron bajas interanuales y 23 de las 24 muestran una reducción en la cantidad de empresas desde la asunción de Milei. Desde noviembre de 2023, las provincias más afectadas fueron La Rioja, Catamarca y Chaco. El cierre de empresas pega con más fuerza en territorios donde cada establecimiento tiene un peso mayor sobre el empleo local y sobre la circulación de ingresos.

¿Qué empresas cerraron sus puertas en el último tiempo?

Los casos relevados por Fundar en el último mes muestran cómo el número agregado se traduce en puestos de trabajo. Cabot Argentina cerró su planta de Campana y se perdieron 150 empleos en la única productora local de negro de humo, un insumo para la industria del caucho. Cocot y Dufour cerró su planta y despidió a 140 personas. Gomas Gaspar redujo personal y 40 trabajadores quedaron sin empleo. Dabra S.A., del grupo Dexter, cerró y 23 personas perdieron su puesto.

El listado también incluye el cierre de todas las sucursales de Doctor Ahorro en CABA, Córdoba, Salta y Mendoza hasta nuevo aviso; la decisión de Electrolux de dejar de producir heladeras y despedir personal; el cierre de Estación Confort, un comercio minorista con 48 años de actividad; y el apagado del horno principal de Loma Negra, que redujo la producción hasta noviembre. En La Rioja, el monitor registró que el sector textil perdió cerca de 600 puestos en los últimos dos años. Detrás de cada cierre hay familias enteras que pierden ingresos o quedan expuestas a empleos más precarios.

La caída empresaria convive con la del poder adquisitivo. En marzo, el índice de salarios aumentó 8,6% en el primer trimestre, por debajo del 9,4% de inflación, y el empleo registrado encadenó su séptima caída real. Con menos empresas activas, las paritarias pierden fuerza en sectores golpeados, los trabajadores tienen menos alternativas para cambiar de empleo y el miedo al despido pesa más en la negociación cotidiana.

Fundar advierte que, con la próxima actualización, la cantidad de empresas perdidas desde noviembre de 2023 puede acercarse a 25.000.

JJD

Los trabajadores cerraron marzo con una nueva señal de deterioro en sus ingresos. El índice de salarios que mide el Indec aumentó 3,4% respecto de febrero y acumuló una suba de 8,6% en el primer trimestre, pero la inflación del mismo período fue de 9,4%. La comparación deja otra vez a los ingresos por debajo de los precios y confirma que el poder adquisitivo sigue en retroceso durante el tercer año de gobierno de Javier Milei.

El dato mensual parece empatar con el IPC de marzo, que también fue de 3,4%, pero el promedio oculta diferencias fuertes entre trabajadores. El índice de salarios combina el sector registrado —público y privado— con el sector privado no registrado, medido a través de una encuesta que llega con rezago. Esa composición empuja el indicador total hacia arriba, aunque el núcleo del empleo formal volvió a quedar por debajo de la inflación.

El sector registrado subió 3% en marzo. Dentro de ese grupo, los salarios del sector privado registrado aumentaron apenas 2,1%, contra una inflación mensual de 3,4%. Para los trabajadores del sector privado formal, marzo implicó una caída real de 1,3%, según el cálculo difundido por el economista Hernán Letcher a partir de los datos del Indec. Ese desempeño extendió una racha de siete meses consecutivos de pérdida real de los salarios registrados.

El sector público tuvo una mejora nominal de 5% en marzo y le ganó al IPC del mes. Esa suba permitió recortar parte del deterioro reciente, pero no modificó el cuadro acumulado. Luis Campos, especialista de la CTA, remarcó que los salarios públicos todavía están 17% por debajo de noviembre de 2023. El repunte mensual de los estatales parte de un piso salarial muy deteriorado, luego de más de dos años de ajuste sobre los ingresos del empleo público.

La foto del sector formal muestra el impacto con más claridad. Según Campos, el salario real del sector privado registrado ya está casi 5% por debajo de noviembre de 2023, mientras que el sector público acumula una pérdida de 17%. En promedio, los salarios registrados —públicos y privados— están 9,2% abajo de aquel mes. Esa caída alcanza a trabajadores con recibo de sueldo, aportes y paritarias, el segmento que suele tener más herramientas para defender ingresos.

En el primer trimestre, el índice total de salarios aumentó 8,6%, 0,8 punto por debajo de la inflación acumulada. El sector privado registrado subió 5,9%, el sector público 9,4% y el total registrado 7%. El sector privado no registrado mostró un alza acumulada de 14,3%, pero ese componente surge de información relevada con demora y no permite leer en tiempo real la situación de los trabajadores informales. El dato que no tiene rezago, el del empleo registrado, volvió a perder contra los precios.

La pérdida salarial convive con una canasta de gastos básicos cada vez más pesada. En marzo, una familia tipo necesitó $1.434.464 para no caer bajo la línea de pobreza y $658.011 para cubrir la canasta alimentaria. La canasta básica total acumuló una suba de 9,6% en el primer trimestre, también por encima del índice salarial general. Para quienes dependen de un sueldo, esa diferencia se traduce en menos margen para pagar alimentos, transporte, servicios, alquileres, educación o medicamentos.

El IPC de marzo tuvo subas en rubros que pesan en la vida cotidiana. Alimentos y bebidas no alcohólicas aumentaron 3,4% y tuvieron la mayor incidencia en el índice general. Transporte subió 4,1%, los precios regulados avanzaron 5,1% y Educación trepó 12,1%. El problema salarial se agrava porque muchos de esos gastos no se pueden postergar. La comida, el boleto, las tarifas y la escuela absorben una parte creciente del ingreso mensual.

La comparación con noviembre de 2023 resume el recorrido del poder adquisitivo bajo Milei. Los privados registrados están casi 5% abajo, los públicos 17% abajo y el promedio formal 9,2% abajo. La mejora parcial de algunos sectores en marzo no alcanza para revertir el recorte acumulado. El salario público del mes mejora frente al IPC, pero sigue lejos del nivel previo al cambio de gobierno; el privado registrado pierde en el mes y agranda su caída real.

El Gobierno suele presentar la desaceleración de la inflación como una mejora para los hogares, pero los datos salariales muestran otra cosa: cuando los precios suben menos pero los ingresos suben todavía menos, el resultado sigue siendo pérdida de poder de compra. En marzo, el salario privado registrado volvió a quedar atrás del IPC y el promedio trimestral del índice salarial quedó por debajo de la inflación. La baja de la velocidad de los precios no recompone por sí sola los ingresos perdidos.

El saldo para los trabajadores es concreto. El salario promedio del Indec no recuperó lo que perdió en el trimestre, el empleo registrado acumuló otra caída real y los trabajadores formales siguen por debajo del nivel que tenían al inicio del gobierno de Javier Milei. Marzo dejó una mejora estadística para algunos componentes, pero no una recomposición del poder adquisitivo. El dato de cierre es el más directo: los salarios registrados están 9,2% por debajo de noviembre de 2023 y la inflación del trimestre volvió a ganarle al índice salarial total.

JJD

Para quienes viven de su salario, viajar al trabajo cuesta más desde hoy y consume más tiempo desde hace semanas. El boleto de colectivo en las líneas nacionales del AMBA sube desde este lunes y el ajuste llega cuando los usuarios ya enfrentan menos unidades, esperas más largas y viajes más cargados. La suba alcanza a las líneas que unen la Ciudad de Buenos Aires con municipios bonaerenses y forma parte de un esquema escalonado que también incluye incrementos en trenes metropolitanos. La Resolución 26/2026 abrió el procedimiento de participación ciudadana para modificar los cuadros tarifarios y la Resolución 27/2026 aprobó los nuevos valores, con vigencia desde su publicación en el Boletín Oficial.

El aumento del colectivo es de 2% para los servicios automotores de jurisdicción nacional. El boleto mínimo pasa a $714 para usuarios con SUBE registrada, mientras que la tarifa social queda en $321,30 y el pasaje para quienes no tengan la SUBE nominalizada asciende a $1.428. El esquema prevé nuevas actualizaciones en junio y julio: el mínimo pasa a $728,28 y luego a $742,81, según el anexo tarifario oficial.

En trenes metropolitanos, la suba llega hasta 18%. El cuadro tarifario oficial ubica la tarifa plana con SUBE nominalizada en $330 para las líneas metropolitanas, mientras que el pago en efectivo figura en $1.100. La resolución aprobada este lunes establece cinco etapas mensuales consecutivas para el transporte ferroviario y tres para el automotor. El Gobierno traslada una parte de los costos del sistema al usuario en el mismo momento en que el servicio se volvió menos previsible para quienes lo usan todos los días.

La consulta pública que precedió a la aprobación de los cuadros tarifarios duró tres días hábiles administrativos, permitió presentar opiniones o propuestas una sola vez por persona. Los aportes no son vinculantes. La propia Resolución 26/2026 señaló que el procedimiento buscaba recibir comentarios sobre la modificación de tarifas de colectivos y trenes de jurisdicción nacional. La participación existió, pero el poder de decisión quedó en manos del Ejecutivo.

En una nota publicada en elDiarioAR, León Nicanoff mostró el malestar de usuarios en Plaza Constitución tras la reducción de frecuencias de colectivos en el AMBA. Empresas del sector redujeron hasta 30% la cantidad de unidades en circulación, en medio de la disputa por subsidios, costos y salarios. Trabajadores que salían de sus empleos y quedaban atrapados en filas que se mezclaban entre líneas, con dudas sobre qué colectivo llegaba y con viajes cada vez más inciertos.

Uno de los testimonios resume el costo oculto del ajuste sobre la vida cotidiana. Jorge Ramírez, de 41 años, contó que trabaja en una obra en Capital y después maneja Uber en Lomas de Zamora. Las demoras le quitan horas de su segunda actividad. “Ya no aguanto, es como tener un tercer trabajo”, dijo. La frase condensa una forma concreta de pérdida de ingresos: cuando el colectivo tarda más, el trabajador llega después, descansa menos o pierde tiempo que usa para completar el salario con otra ocupación.

La espera también aparece sobre cuerpos cansados. Una cajera viaja hasta Lanús después de trabajar todo el día de pie. El trayecto que en días normales le llevaba entre media hora y cuarenta minutos se extiene ahora mucho más. Otro usuario, empleado en un local de ropa, ya salía de la fila con la certeza de que iba a llegar tarde y cansado a Lomas de Zamora. El problema se repite al día siguiente, con la misma rutina laboral y la misma dependencia del transporte público.

Si sube el pasaje o se estira el viaje, queda menos ingreso disponible y menos tiempo de descanso. Ese vínculo pesa más sobre los hogares que no tienen auto, que viven lejos de los centros de empleo o que combinan más de una ocupación. En el AMBA, el colectivo y el tren no son consumos optativos sino más bien lo contrario: son la condición para llegar al empleo, volver a casa, retirar a un hijo, hacer una changa o sostener otra jornada.

El deterioro del servicio llegó con una escalada previa del boleto. En enero de 2024, el mínimo rondaba los $76,92; en diciembre de 2025 estaba cerca de $495; y en 2026 se ubicaba entre $700 y $870 según jurisdicción. En dos años, el pasaje se multiplicó por más de nueve, dentro de una política de recorte de subsidios y traslado de costos al usuario del presidente Javier Milei quien, sin embargo, llegó al poder asegurando en campaña que a los trabajadores “no se los toca” y que el costo del ajuste recaería indudablemente “sobre la casta”. Desde hoy, las líneas nacionales suman otro tramo de ese aumento.

Para un trabajador que toma dos colectivos por día, cada aumento impacta de manera acumulada a lo largo del mes. Para quien combina colectivo y tren, el ajuste se suma en cada tramo. Para quienes tienen SUBE sin registrar, el salto es todavía mayor. La diferencia entre pagar $714 y $1.428 por el tramo mínimo no es administrativa: duplica el costo de un viaje cotidiano. En hogares con ingresos ajustados, esa diferencia sale de comida, servicios, medicamentos o deuda.

El Gobierno fundamenta la actualización en la necesidad de sostener la ecuación económico-financiera del sistema y de mantener condiciones de calidad y eficiencia. La Resolución 27/2026 también sostiene que el cronograma gradual busca atenuar el impacto sobre el presupuesto de los pasajeros. Pero el aumento llega después de semanas en las que la experiencia de viaje fue peor para usuarios que no tienen alternativa real de traslado. El boleto sube antes de que mejore la frecuencia.

JJD

Los trabajadores del Servicio Meteorológico Nacional llegan al vencimiento de sus preavisos sin garantías de continuidad laboral y llevan el conflicto a los aeropuertos. Por eso, ATE realiza este viernes una jornada nacional de protesta contra el despido de 140 empleados del organismo y contra el cierre parcial de estaciones meteorológicas que, según el gremio, ya afecta controles nocturnos y puede comprometer la seguridad operativa. El epicentro de la medida es el Aeroparque Jorge Newbery desde las 10.30, con participación de otros gremios aeronáuticos.

La protesta ocurre después de un mes de conciliación obligatoria que, según ATE, no resolvió los reclamos. El sindicato informó que entre los 140 trabajadores alcanzados por los despidos hay 98 empleados de estaciones meteorológicas y 42 de la sede central. El secretario general del gremio, Rodolfo Aguiar, advirtió que si el Gobierno no garantiza la continuidad laboral y no avanza con los aumentos salariales pautados, la próxima semana habrá un paro nacional.

El conflicto por los despidos ya salió del edificio del SMN y llegó a los aeropuertos porque el trabajo meteorológico forma parte de la seguridad aérea. La medida de este viernes no debería afectar los vuelos, aunque puede causar demoras. ATE anticipó que una huelga posterior tendría otro alcance si no hay una respuesta oficial. El reclamo reúne a trabajadores estatales y a gremios del sector, entre ellos APLA, APA, la CATT, personal de Intercargo y sectores vinculados a la actividad aeronáutica.

El reclamo tiene dos ejes materiales para los trabajadores: continuidad laboral y salarios. ATE sostiene que el Gobierno incumplió acuerdos y que las negociaciones no frenaron la amenaza de cesantías. Aguiar afirmó que no hubo respuestas concretas a las demandas del sector y acusó al Gobierno de repetir incumplimientos. La advertencia sindical llega el mismo día en que vence el mes de preaviso otorgado a los trabajadores que quedarían afuera del organismo.

La discusión laboral también tiene un impacto operativo. Según ATE, ya existen 25 estaciones meteorológicas que funcionan de manera parcial y no realizan controles nocturnos. Ese recorte reduce la capacidad de observación en tiempo real y afecta tareas que no se limitan al pronóstico cotidiano. El SMN produce información para vuelos, alertas tempranas, navegación, actividad agropecuaria y gestión de emergencias.

Menos trabajadores en el Servicio Meteorológico significa menos capacidad para sostener turnos, estaciones y mediciones durante las 24 horas. En abril, empleados del organismo ya habían denunciado que los despidos podían afectar un servicio público que funciona todos los días del año. La protesta de entonces incluyó un paro nacional y un abrazo simbólico en la sede central de Palermo, ante una lista de cesantías que, según ATE y profesionales del organismo, equivalía a más del 30% del plantel.

Desde hace ya varios meses se viene advirtiendo por la pérdida de mediciones nocturnas y por consecuencias sobre el servicio meteorológico aeronáutico. El conflicto actual retoma ese antecedente, pero lo concentra en una tanda concreta de 140 preavisos que vencen este viernes.

Los trabajadores del SMN sostienen tareas especializadas que no se reemplazan de un día para otro. El organismo elabora pronósticos, observaciones, boletines y alertas ante fenómenos que pueden representar riesgos para la población. También abastece de información a sectores que dependen de datos meteorológicos precisos, como la aviación, la navegación, el agro y los sistemas de emergencia.

El sindicato también rechaza el intento oficial de limitar las medidas de fuerza con el argumento de que el SMN sería un servicio esencial. ATE presentó una nota ante la Dirección Nacional de Relaciones y Regulaciones del Trabajo y sostuvo que esa interpretación afecta el derecho constitucional de huelga garantizado por el artículo 14 bis de la Constitución Nacional. Aguiar acusó al Gobierno de atacar las consecuencias de una protesta en los aeropuertos, pero no las causas del conflicto.

Los trabajadores del Servicio Meteorológico producen datos que permiten anticipar tormentas, inundaciones, olas de calor y condiciones para la operación aérea. La reducción de personal implica menos observación territorial y mayor fragilidad en áreas que requieren continuidad.

ATE anticipó que las protestas crecerán mientras sigan latentes las amenazas de despido y los incumplimientos salariales. La jornada de este viernes funciona como una advertencia antes de una posible huelga de mayor impacto. Si el Gobierno no garantiza la continuidad laboral de los 140 trabajadores alcanzados por los preavisos, el conflicto puede escalar la próxima semana desde los aeropuertos hacia una medida nacional con efecto directo sobre la actividad aérea.

JJD

Los trabajadores tuvieron en abril un alivio estadístico, pero no necesariamente un alivio en el bolsillo. La inflación mensual bajó a 2,6%, según el Indec, aunque los precios que más condicionan la vida cotidiana volvieron a moverse por encima del promedio: transporte aumentó 4,4%, educación 4,2%, comunicación 4,1% y vivienda, agua, electricidad, gas y otros combustibles 3,5%. El dato central aparece en la composición de los aumentos: los gastos fijos y los servicios regulados siguieron presionando sobre ingresos que vienen rezagados.

El Índice de Precios al Consumidor acumuló 12,3% en los primeros cuatro meses de 2026 y registró una suba interanual de 32,4%. La desaceleración frente al 3,4% de marzo recorta la velocidad del aumento general, pero no alcanza para traducirse de manera automática en una mejora del poder de compra.

Los precios regulados fueron el grupo que más subió en abril: 4,7%, casi el doble que el nivel general. El Indec atribuyó esa suba al aumento de transporte y electricidad. Detrás quedó el IPC núcleo (indicador que reúne el resto de los precios del IPC, sin los regulados ni los bienes y servicios con comportamiento estacional), con 2,3%, impulsado por alquiler de la vivienda y gastos conexos y por restaurantes y comidas fuera del hogar. Los estacionales no tuvieron variación: las subas de indumentaria por el cambio de temporada fueron compensadas por caídas en turismo y frutas.

La división con mayor aumento mensual fue transporte, con 4,4%, por la suba de combustibles. Le siguió educación, con 4,2%. Comunicación, que incluye servicios de telefonía e internet, aumentó 4,1%. Vivienda, agua, electricidad, gas y otros combustibles avanzó 3,5%, por encima del nivel general. En el otro extremo quedaron alimentos y bebidas no alcohólicas, con 1,5%, y recreación y cultura, con 1%.

La diferencia importa para los trabajadores porque transporte, vivienda, comunicación y educación son gastos que no se ajustan con la misma facilidad que otros consumos. El boleto, el combustible, el alquiler, la luz, el gas, internet o las cuotas educativas no funcionan como consumos postergables para millones de hogares. Cuando esos precios suben más que el promedio, el salario pierde margen aunque la inflación general muestre una baja mensual.

El informe también muestra una presión mayor de los servicios sobre los hogares. En abril, bienes y servicios subieron 2,5% y 2,6%, respectivamente, pero la diferencia se amplía al mirar períodos más largos. En los primeros cuatro meses del año, los bienes acumularon un aumento de 11,1%, mientras los servicios llegaron a 14,6%. En la comparación interanual, los bienes aumentaron 27,4% y los servicios 43,1%. La inflación de servicios corre por encima de la de bienes y golpea sobre gastos que forman parte de la vida cotidiana de los hogares asalariados.

Ese recorrido aparece también en las divisiones acumuladas del año. Educación subió 19% entre diciembre y abril; vivienda, agua, electricidad, gas y otros combustibles, 18,1%; alimentos y bebidas no alcohólicas, 13,5%; comunicación, 13%; y transporte, 12,9%. Todos esos rubros quedaron por encima del 12,3% acumulado por el nivel general o muy cerca de ese umbral. Para una familia trabajadora, esa combinación implica que la baja del índice mensual convive con aumentos persistentes en gastos que ordenan el presupuesto.

El impacto tuvo diferencias regionales. El Gran Buenos Aires registró la inflación mensual más alta, con 2,8%. Le siguieron Noreste, con 2,7%, y Patagonia, con 2,6%. El Indec señaló que las divisiones con mayor incidencia mensual fueron alimentos y bebidas no alcohólicas en Noreste, Noroeste y Pampeana; vivienda, agua, electricidad, gas y otros combustibles en GBA, por el aumento de alquileres y electricidad; y transporte en Cuyo y Patagonia.

La presión sobre vivienda retoma una tendencia que ya venía deteriorando los ingresos. Un informe del Centro RA de la Facultad de Ciencias Económicas de la UBA mostró que los alquileres aumentaron 423% desde diciembre de 2023, más del doble que la inflación acumulada de ese período, cercana al 209%. El mismo relevamiento indicó que el gas natural subió 766%, la electricidad 370% y el agua 366%. El gasto habitacional se convirtió en uno de los principales canales de pérdida de poder adquisitivo para los hogares trabajadores.

La misma investigación ubicó a comunicaciones, educación y transporte entre los rubros que más crecieron desde el inicio del gobierno de Javier Milei: comunicación acumuló una suba de 321%, educación 279% y transporte 255%. Abril vuelve a mostrar esos mismos rubros por encima del promedio mensual. La baja del IPC general no modifica, por sí misma, el peso que tienen esos precios dentro del ingreso de quienes alquilan, viajan para trabajar, pagan servicios públicos o sostienen conectividad para estudiar y trabajar.

JJD

Los trabajadores del Banco Central y del Banco Hipotecario paran hoy durante las tres últimas horas de atención al público, en una protesta por el cierre de servicios, la reducción de puestos de trabajo y los despidos denunciados por La Bancaria. El conflicto pone en juego empleos bancarios, sucursales y funciones con impacto en distintas regiones del país.

La medida de fuerza alcanza al Banco Central de la República Argentina y al Banco Hipotecario a nivel nacional. El sindicato que conduce Sergio Palazzo convocó el cese de actividades en rechazo a “decisiones arbitrarias e inaceptables” adoptadas por las autoridades de ambas entidades. El gremio ya había realizado una protesta el 27 de abril en los tesoros regionales del BCRA y llevó el reclamo a la Secretaría de Trabajo.

En el Banco Central, La Bancaria cuestiona la resolución que dispone el cierre de 12 de las 21 tesorerías regionales que funcionan en el país. Según el comunicado del sindicato, esa decisión podría implicar la pérdida de 32 puestos de trabajo. Para los bancarios afectados, el cierre de tesorerías regionales implica menos empleo, menos presencia operativa y más incertidumbre laboral en el interior del país.

Las tesorerías regionales cumplen funciones vinculadas con la circulación, distribución y control del dinero físico en distintas zonas del país. El sindicato afirma que su cierre representa un “vaciamiento de funciones esenciales” y advierte que la reducción afectará economías regionales con impacto social. La medida no queda limitada a la estructura interna del BCRA: alcanza a trabajadores, tareas especializadas y servicios que conectan al organismo monetario con distintas provincias.

“Pese a la medida de fuerza realizada el pasado 27 de abril en los tesoros regionales y las instancias formales ante la Secretaría de Trabajo, las autoridades han optado por mantener su posición intransigente, sin voluntad de diálogo ni de revisión de esas políticas. Esta actitud irresponsable profundiza el conflicto y agrava la situación”, dijo La Bancaria en el comunicado.

El sindicato también denunció un deterioro laboral en el Banco Hipotecario. Allí, el reclamo apunta al “cierre sistemático de sucursales” y a la “ejecución de despidos injustificados” en todo el país. La organización rechazó cualquier política de achicamiento que derive en pérdida de puestos de trabajo. En el Hipotecario, la protesta se concentra en la estabilidad de los empleados y en la continuidad de oficinas de atención territorial.

La Bancaria ratificó que mantiene el estado de alerta y movilización en todo el país. También advirtió que profundizará el plan de acción gremial con medidas directas si no obtiene “soluciones urgentes y concretas”. El comunicado no precisó qué servicios quedarán afectados más allá de la interrupción prevista durante las tres últimas horas de atención al público en ambas entidades.

El conflicto bancario se suma a una agenda laboral marcada por reclamos contra despidos, cierres de áreas y reducción de presencia estatal. El sindicato busca impedir que el achicamiento en dependencias públicas y entidades financieras derive en pérdida de empleo y degradación de las condiciones de trabajo. La protesta de hoy apunta a frenar decisiones que, según el gremio, trasladan el costo del ajuste sobre trabajadores y trabajadoras.

JJD