Criar a un hijo en la Argentina demandó en marzo de 2026 entre $515.236 y $676.431 por mes, según la edad, de acuerdo con el último informe del Indec. La cifra consolidó una tendencia de aumento sostenido del costo de vida para las familias trabajadoras, en un contexto donde los salarios formales siguen quedando por debajo de los precios.

El valor más alto correspondió al grupo de niños y niñas de 6 a 12 años, con una canasta de $676.431 mensuales, mientras que el tramo de 1 a 3 años alcanzó los $616.046. En los extremos, el costo fue de $515.236 para menores de un año y de $538.587 para el grupo de 4 a 5 años.

Una parte sustancial del costo correspondió al trabajo de cuidado. En el caso de niños de 1 a 3 años, por ejemplo, el Indec estimó $379.300 mensuales en cuidado frente a $236.746 en bienes y servicios. La estructura se repitió en todos los tramos etarios, con mayor peso del cuidado en los primeros años de vida.

El informe oficial definió la canasta de crianza como la suma de bienes, servicios y tiempo de cuidado valorizado económicamente. Este último componente se calcula en función de las horas necesarias para cada edad y del salario del personal de casas particulares.

El Indec estimó que un bebé menor de un año requirió 147 horas mensuales de cuidado, mientras que un niño de 1 a 3 años demandó 168 horas. Ese tiempo explica una parte decisiva del costo total. Criar no es solo consumir, sino trabajar. Y ese trabajo, en la mayoría de los casos, no está remunerado ni distribuido de manera equitativa.

El mismo indicador ya venía mostrando esta tendencia en los meses previos. En diciembre de 2025, por ejemplo, más del 60% del costo total en los primeros años correspondió al cuidado. En marzo de 2026, esa proporción se ubicó en el 64,4% para menores de un año y en el 61,6% para el tramo de 1 a 3 años, lo que confirmó su peso estructural dentro de la canasta.

Una escalada sostenida mes a mes

Según la tabla de evolución del propio Indec, el tramo de 6 a 12 años pasó de $513.720 en marzo de 2025 a $676.431 en marzo de 2026, lo que implicó un incremento nominal del 31,7% en un año.

El mismo patrón se repitió en el resto de las edades. En el grupo de 1 a 3 años, la canasta subió de $486.393 a $616.046 en el mismo período, con un aumento del 26,7% interanual.

El aumento del costo no encontró un correlato equivalente en los ingresos. Las notas previas sobre salarios ya habían registrado ese desfasaje: entre enero y noviembre de 2025, los salarios registrados crecieron 25,6% frente a una inflación de 27,9%, lo que implicó una caída real.

La combinación entre costos en alza y salarios rezagados es un problema que sufren las familias trabajadoras ya desde hace varios años, acentuado durante el gobierno de Javier Milei, y que mes a mes se confirma tomando distintos índices. Y el costo de la crianza es uno de ellos. En los informes previos del Indec, ningún tramo de edad figuraba por debajo de los $460.000 mensuales a fines de 2025, lo que colocaba el piso de la crianza muy por encima de muchas remuneraciones formales e informales.

El problema se profundiza en hogares con más de un niño o niña. Aunque el tiempo de cuidado no se suma de forma lineal, el gasto en bienes y servicios sí lo hace, lo que incrementa el peso total sobre los ingresos familiares.

El informe del Indec volvió a poner en evidencia que el componente más costoso de la crianza es el tiempo humano. Es decir que no se trata únicamente de alimentos, transporte o educación, sino de horas de trabajo necesarias para sostener la vida cotidiana. Y ese tiempo recae mayoritariamente sobre mujeres y condiciona su inserción laboral: les limita el acceso al empleo formal o bien las empuja a condiciones más precarias.

La valorización económica del cuidado no implicó su remuneración efectiva, sino su visibilización estadística. El costo existe, pero no está cubierto ni por el mercado ni por políticas públicas proporcionales.

JJD

El consumo de los hogares volvió a mostrar en marzo las señales de fragilidad que caracterizan a la política económica del tándem Javier Milei-Luis Caputo. El Índice de Consumo Privado (ICP-UP) registró una caída interanual del 2,6%, pese a una leve recuperación mensual del 0,7%, en un contexto marcado por el deterioro del ingreso real de los trabajadores.

El dato confirmó que la mejora mensual no alcanzó para revertir la tendencia de fondo: en el primer trimestre del año, el consumo acumuló una contracción del 2% respecto del mismo período de 2025. La evolución del indicador reflejó un escenario en el que los hogares ajustaron gastos ante la pérdida de poder adquisitivo, incluso en segmentos con empleo formal.

El ICP-UP, elaborado por la Universidad de Palermo como indicador anticipado del consumo, mostró además que el nivel de marzo se ubicó por debajo del registrado un año atrás, aunque todavía por encima de los valores observados entre 2018 y 2024. Esta combinación evidenció una recuperación incompleta, con un piso más alto que en crisis previas pero sin capacidad de sostener el consumo frente a la inflación.

El comportamiento de los salarios formales durante 2025 ya había anticipado este deterioro. Según datos del Indec, el índice de salarios del sector privado registrado aumentó 25,6% entre enero y noviembre, mientras que la inflación alcanzó 27,9% en el mismo período. Esa diferencia implicó una caída real de al menos 2,3 puntos porcentuales, incluso en el segmento con mayor cobertura sindical.

La pérdida de poder adquisitivo limitó la capacidad de consumo cotidiano y obligó a ajustar gastos básicos, una tendencia de la que el ICP-UP dio cuenta, por su caída interanual. La desaceleración de los aumentos salariales y el rezago de las paritarias profundizaron ese escenario.

Carne, motos y restaurantes: el consumo se movió a distintas velocidades

Los datos sectoriales mostraron además una evolución desigual dentro del consumo. Según el informe, distintos rubros avanzaron a velocidades diferentes, lo que evidenció una recomposición fragmentada y sin tracción generalizada.

Esa heterogeneidad aparece con claridad al desagregar los rubros de consumo. Mientras algunos indicadores mostraron leves mejoras, otros continuaron en caída o estancados. En los bienes durables, el comportamiento fue dispar: el patentamiento de autos se mantuvo prácticamente sin variación interanual en marzo (0,3%), luego de meses en baja, mientras que las ventas de motos crecieron 55,4% en el mismo período.

En el consumo masivo, en cambio, predominó la caída. El ajuste impactó directamente en alimentos básicos, con una baja interanual del 9,8% en el consumo de carne vacuna y del 4,6% en carne aviar en febrero, mientras que la venta de combustible se mantuvo sin cambios respecto del año anterior. Estos datos reflejaron un recorte en gastos esenciales de los hogares.

Los servicios vinculados al esparcimiento también mostraron comportamientos divergentes. La recuperación fue parcial y segmentada: los restaurantes tradicionales registraron una suba interanual de 1,4% en febrero, pero las ventas asociadas a espectáculos y entretenimiento en centros de compra cayeron 10,6% interanual.

En los bienes semidurables, el comportamiento volvió a ser mixto. Las ventas de indumentaria en shoppings crecieron 4% interanual y las de jugueterías 5,4%, mientras que los artículos deportivos no lograron sostener la recuperación y registraron una leve caída del 0,5%.

En paralelo, el indicador mensual mostró que la suba del 0,7% en marzo permitió recuperar niveles similares a los de octubre de 2025, luego de varios meses de caídas desde mediados del año anterior. Sin embargo, ese rebote no alcanzó para modificar la tendencia descendente en la comparación anual.

El deterioro del consumo también se vinculó con conflictos laborales y pérdida de ingresos en sectores específicos. En el transporte, por ejemplo, los choferes de la línea 60 denunciaron una pérdida del 61,87% del poder adquisitivo en dos años, con salarios que quedaron congelados frente a una inflación acumulada del 259,34%. Este tipo de situaciones mostró cómo la caída del ingreso impactó de manera directa en la capacidad de gasto de los trabajadores.

La relación entre salario y consumo volvió a quedar expuesta como el principal factor de la dinámica económica cotidiana. Sin recomposición sostenida de ingresos, la recuperación mensual del consumo quedó limitada a movimientos puntuales, sin consolidarse en una tendencia estable.

El informe de la Universidad de Palermo señaló que el ICP-UP se construyó a partir de múltiples indicadores de alta frecuencia, lo que permitió captar de manera anticipada los cambios en el comportamiento de los hogares. En ese marco, la persistencia de variaciones interanuales negativas reforzó la idea de un consumo condicionado por restricciones estructurales.

La evolución reciente mostró que la mejora mensual no respondió a una expansión del ingreso real, sino a ajustes puntuales tras meses de caída, lo que limitó su sostenibilidad. Sin cambios en la capacidad de compra de los salarios, el consumo continua atado a un escenario de recuperación débil o, al menos por ahora, impalpable.

JJD

Como ya lo anticipaban las consultoras privadas, la inflación de marzo se sostuvo en niveles altos de enero y febrero y consolidó un ritmo que sigue hundiendo el poder de compra, pero ahora más aceleradamente. El Índice de Precios al Consumidor subió 3,4% en marzo y acumuló 9,4% en lo que va de 2026, según el INDEC.

El índice mostró una secuencia de diez meses consecutivos en alza, desde el piso de 1,5% en mayo de 2025 hasta el nivel actual, sin interrupciones. Ya se puede decir con todas las letras: con Javier Milei la inflación no está bajando; está subiendo.

La suba de la inflación, el “peor impuesto”, porque es el que pagan los pobres —como lo definen los economistas ortodoxos—, condiciona sobre todo la vida de los asalariados.

La referencia más concreta volvió a estar en las canastas. Para no ser pobre, una familia tipo de cuatro integrantes necesitó en marzo $1.434.464, mientras que la canasta alimentaria —la línea de indigencia— se ubicó en $658.011 para ese mismo hogar.

Estos valores marcan el ingreso mínimo necesario para sostener condiciones básicas de vida en un esquema de medición que el propio Estado define únicamente en términos monetarios, y no en términos multidimensionales donde la pobreza incluiría otras privaciones y probablemente sería mayor.

En paralelo, la canasta básica alimentaria subió 2,2% en el mes y acumuló 11,6% en el año, mientras que la canasta básica total aumentó 2,6% en marzo y 9,6% en el primer trimestre.

El aumento de los precios se concentró otra vez en los gastos que estructuran la vida cotidiana. Alimentos y bebidas no alcohólicas subieron 3,4% y tuvieron la mayor incidencia en el índice general, con aumentos destacados en carnes.

También se registraron subas en transporte (4,1%) y en precios regulados (5,1%), que incluyen tarifas y servicios. La división Educación encabezó el mes con un incremento de 12,1%, en línea con el inicio del ciclo lectivo.

La dinámica de esos rubros tiene un efecto directo: son gastos que no se pueden ajustar ni postergar, y por eso erosionan más rápido cualquier ingreso.

El 9,4% acumulado en apenas tres meses plantea un problema de fondo: el ritmo de la inflación sigue lejos de cualquier escenario de estabilidad.

Para quienes dependen de un salario, esa velocidad no es un dato técnico sino una condición concreta de vida: cada mes redefine cuánto se necesita para comer, viajar, pagar servicios y sostener un hogar.

En el debate presidencial, Javier Milei afirmó que era “experto en bajar la inflación” y convirtió ese punto en uno de los ejes de su programa económico. Tres meses alcanzaron para que los precios se acercaran nuevamente a los dos dígitos acumulados, mientras las referencias básicas del costo de vida —las canastas— siguieron subiendo. Los bolsillos, cada vez más flacos, en el gobierno libertario, que prometió protegerlos y castigar a solament a “la casta”.

JJD

En los últimos meses comenzaron a multiplicarse los conflictos en sectores que tienen algo en común: dependen del Estado para funcionar. Médicos del PAMI en paro, universidades nacionales con medidas de fuerza, prestadores de discapacidad al borde del colapso, empresas de transporte que reducen servicios. Detrás de todos esos conflictos aparece un mismo fenómeno económico: el atraso en los pagos del Estado.

La discusión económica argentina suele quedar atrapada en una variable: la inflación. Es lógico. Durante décadas fue el síntoma más visible del desorden macroeconómico. Sin embargo, detrás de ese indicador hay otros mecanismos menos visibles que también moldean la vida cotidiana de la economía. Uno de ellos es el manejo del tiempo de los pagos del Estado.

En los últimos meses, distintos sectores comenzaron a denunciar lo mismo: demoras en los pagos de parte del Gobierno nacional, y analistas económicos advierten que el retraso deliberado de desembolsos se ha convertido en una de las herramientas centrales para sostener el equilibrio fiscal que el dúo dinámico Javier Milei-Luis Caputo festeja cada mes como si cada mes la Argentina ganara el Mundial, mientras en la sociedad se oye el cantar a un grillo solitario.

En otras palabras: el superávit se sostiene, en parte, pagando más tarde. Y cuando el Estado se demora, toda la economía argentina —acostumbrada a anticiparse a los efectos de la inflación— siente el impacto.

La macroeconomía del pago diferido

Hay un principio bastante simple en economía pública: si los ingresos caen y el gasto no puede reducirse más, el margen de maniobra aparece en la administración del flujo de caja. Es decir, en cuándo se paga.

La recaudación tributaria viene mostrando señales de debilidad. En ese contexto, el gobierno de Javier Milei busca sostener su bandera política más importante: el equilibrio fiscal.

Pero ese equilibrio no siempre se construye solamente con recortes de gasto. También con demoras.

Un informe periodístico firmado por el periodista Carlos Lamiral describe uno de los mecanismos utilizados: “Los comodines del superávit fiscal: Luis Caputo pisa la devolución de impuestos y suma ingresos extraordinarios”, la caída en la recaudación obligó al equipo económico a buscar recursos alternativos para sostener el resultado fiscal. Para el FMI, al día. Para adentro, paga Dios.

Entre esos “comodines” aparece la postergación de gastos tributarios. Un ejemplo claro es la devolución del IVA a exportadores, que en febrero directamente fue cero, cuando en meses anteriores superaba los cientos de miles de millones de pesos.

Es una forma elegante de ajustar sin anunciar un ajuste.

El problema es que los retrasos no quedan en las planillas del Tesoro. Se trasladan rápidamente a la economía real.

Hay reclamos de distintos sectores hacia el Gobierno por el atraso en los pagos. Las empresas de colectivos, los prestadores de discapacidad y las farmacias y clínicas que trabajan con PAMI sostienen que el ministro de Economía, Luis Caputo, demora desembolsos para mantener el superávit a pesar de la caída en la recaudación.

En el transporte público, por ejemplo, la situación ya generó conflictos concretos. Las empresas del AMBA denunciaron una deuda del Estado que ronda entre 120.000 y 150.000 millones de pesos en subsidios.

La Secretaría de Transporte terminó adelantando el 60% de los pagos de abril para evitar una paralización mayor del servicio.

Incluso con ese anticipo, varias líneas redujeron frecuencias o directamente suspendieron recorridos. El periodista de elDiarioAR León Nicanoff lo describió en esta nota: cómo la Argentina del libertario Milei se va pareciendo a Cuba, al menos en lo que respecta a cómo viajan los usuarios en las guagas, en el Caribe, y en los colectivos, aquí en Buenos Aires: apretados a más no poder. Y eso que al boleto lo vienen subiendo sin piedad.

La salud, el eslabón más frágil

Donde el impacto se vuelve más sensible es en el sistema de salud.

“Si PAMI no paga, vamos a tener que suspender el servicio”, advirtió Héctor Milanesi, uno de los farmacéuticos afectados. Los médicos de cabecera del PAMI iniciaron recientemente un paro de 72 horas para reclamar mejoras en sus condiciones de pago.

El conflicto se disparó por una resolución que modifica la forma de remuneración y reduce ingresos, lo que para muchos profesionales vuelve inviable el sostenimiento de los consultorios.

Según denunciaron desde el sector, los médicos pasarían a cobrar alrededor de 2.100 pesos por paciente, una cifra que consideran insuficiente para cubrir los costos básicos del ejercicio profesional.

Cuando el Estado paga tarde o paga menos, la salud pública funciona peor (pero con los mismos impuestos), y las consecuencias no son contables sino sociales.

Las universidades nacionales también denuncian retrasos en el cumplimiento de la Ley de Financiamiento Universitario. Según organizaciones docentes, el gobierno acumula más de 170 días de incumplimiento en la aplicación de la norma aprobada por el Congreso.

La respuesta fue la convocatoria a nuevas medidas de fuerza y paros en el sistema universitario. Otra consecuencia del mismo problema.

Disco rayado

La relato oficial insiste en que el equilibrio fiscal es la condición necesaria para estabilizar la economía. Y es cierto que la Argentina necesita ordenar sus cuentas públicas. Pero también es cierto que el equilibrio fiscal puede construirse de distintas maneras.

No es lo mismo reducir gastos estructuralmente que postergar pagos. Porque en el segundo caso el gasto no desaparece: simplemente se traslada hacia adelante. Y ese traslado tiene efectos. Aumenta la incertidumbre en sectores que dependen del Estado. Dificulta la planificación de empresas y profesionales. Y, sobre todo, agrega estrés a una macroeconomía que sigue funcionando mal.

No solamente las paritarias y los ingresos están pisados en el gobierno de Javier Milei, con la presunción de que a mayor circulando de dinero, mayor es la suba de precios. Son también los pagos intra-Estado, que como el gobierno de La Libertad Avanza es tan libre, los honra cuando se le da la gana.

Analistas económicos advierten que esta es una estrategia fija de Luis Caputo para sostener su sagrado equilibrio fiscal, una de las pocas variables que le da bien pero que tiene sabor a nada a la luz de los números de la inflación 2026, que puede cerrar su primer trimestre en el orden del 9%, cuando, por ejemplo, en los cuatro años de presidencia de Néstor Kirchner rondó el 9% promedio pero anual, no trimestral, a apenas 17 meses de la salida del uno a uno y justo antes de que el Indec empezara a mentir la inflación con el interventor Guillermo Moreno, ya con Cristina Fernández de Kirchner como presidenta, período en que la macro empezó a funcionar mal.

La inflación ha bajado desde los porcentajes del gobierno del fantasmal Frente de Todos, pero no lo que Milei y los empresarios y los trabajadores que lo votaron esperaban que bajara.

La baja de la inflación es necesaria, porque la economía argentina es una economía indexada. Sin embargo, Milei, en nombre de libertad de empresa (porque de la del paciente, mejor no comments), les dio plena libertad a las prepagas para que subieran la cuota mensual a sus afiliados. Todo lo que quisieran. Después de aumentos impresionantes, como el del 40% que pusieron el primer mes, gracias a la libertad que les otorgó el Presidente al firmar en diciembre de 2023 ese primer decreto con centenares de artículos desreguladores y derogadores, ideado por el ministro de Transformación del Estado, “El Coloso” Federico Sturzenegger.

Los que tenemos créditos hipotecarios UVA estamos volviendo a tener los mismos problemas que con Mauricio Macri y con Alberto Fernández, presidentes a quienes la inflación, como consecuencia de los saltos del tipo de cambio por las corridas bancarias, se les fue de las manos: agarrándonos la cabeza porque la cuota te come cada vez más el ingreso, como la prepaga y los servicios, por mencionar sólo un par de ejemplos. Son gastos fijos, pagos que las familias no pueden dejar de hacer. No es sacarle al fiado un poco de fiambre y una Coca-Cola al almacenero. Es no pagar la luz. ¿Qué pasa si no pagás la luz? Te la cortan.

Con los UVA, Macri y Fernández por lo menos congelaron las cuotas. Fue una forma de admitir que no podían controlar la inflación: se nos fue de las manos, desde el Estado damos un alivio a la gente, pensaron (uno por motivos electorales; el otro, sanitarios).

Milei, que habla pestes de la inflación, tampoco logra controlarla pero no dará ningún tipo de ayuda a nadie. En este período libertario de la Argentina pareciera que todos tenemos que arreglárnolas como podamos, inclusive pagando los mismos impuestos. Todos, menos Manuel Adorni y el resto de la casta que juraron combatir.

Entonces, la economía argentina es una economía indexada a la inflación y al dólar. Por lo tanto, no controlar la inflación, que además era la principal —y reiterada hasta el hartazgo— promesa de campaña de Milei, activa la indexación y la retroalimenta. La salud privada aumenta según el Indec, y nadie dice ni mu.

Para este modelo, la única libertad que permanece innegociable es para los poderosos, las empresas que pueden ajustar precios cuando y como quieran, y el Estado para elegir a quién, cómo y —sobre todo— cuándo dejar de deberle. Para el resto, la libertad sigue llegando tarde. Como los pagos del gobierno del dúo dinámico.

JJD

Flybondi informó a su personal que no depositó los salarios correspondientes a marzo, en un escenario de incertidumbre laboral que se profundizó después de que la compañía impulsó un programa de retiros voluntarios. La comunicación llegó de manera directa a cada empleado y atribuyó la demora a “problemas administrativos”, sin precisar una fecha de pago.

La empresa envió un mensaje interno dirigido a los trabajadores —a quienes denomina “flybondiers”— en el que reconoció la situación. “Desde ya lamentamos la demora que se produjo y queremos llevar tranquilidad sobre esto”, señaló el escrito firmado por el “Equipo de Personas”. En la misma comunicación agregó: “Estamos 100% abocados a resolverlo a la brevedad y poder confirmarles el día de pago”.

El aviso llegó pocos días después de otro mensaje corporativo que había encendido las alarmas dentro de la aerolínea. Dos semanas antes, la compañía había comunicado a su personal la apertura de un plan de retiros voluntarios y había advertido que evaluaba “determinaciones drásticas” frente a su situación operativa.

Según reportó el medio especializado InfoGremiales, la empresa presentó el esquema de retiros en una reunión por Zoom con los trabajadores, en la que se detalló un cronograma breve para adherir al programa. La iniciativa se produjo en medio de tensiones internas y de un clima de presión para aceptar la desvinculación voluntaria, según reconstruyó ese portal sindical.

La aerolínea ya había anunciado semanas atrás un plan de retiros voluntarios dirigido a la totalidad de sus empleados, es decir 1.500 trabajadores, en el marco de un proceso de reorganización empresarial.

La compañía aérea privada explicó entonces que el programa formaba parte de un “rediseño organizacional” orientado a mejorar su eficiencia operativa. En ese contexto, ofreció condiciones de salida para quienes aceptaran desvincularse.

El conflicto salarial, por lo tanto, se produjo en un escenario de ajuste interno que ya había afectado a los trabajadores de la aerolínea. La demora en el pago de los sueldos sumó un nuevo factor de incertidumbre laboral para una plantilla que días antes había recibido propuestas de retiro.

Crisis del empleo y deterioro salarial

La situación en Flybondi se inscribe en un contexto más amplio de crisis laboral que atraviesa distintos sectores de la economía argentina. En los dos primeros años del gobierno de Javier Milei se perdieron 300.000 puestos de trabajo y desaparecieron 21.938 empresas desde noviembre de 2023, en un escenario marcado por cierres industriales y despidos en múltiples actividades.

Uno de los casos más resonantes fue el cierre de la histórica fábrica de neumáticos Fate en San Fernando, que dejó a 1.500 trabajadores sin empleo después de 86 años de actividad industrial.

La crisis también alcanzó a otros sectores productivos. El frigorífico General Pico despidió 194 empleados y paralizó sus plantas, mientras que empresas textiles comenzaron a enfrentar reestructuraciones o procesos judiciales para ordenar sus deudas.

En paralelo, compañías históricas enfrentaron interrupciones productivas o conflictos laborales. La lechera Lácteos Verónica, por ejemplo, detuvo operaciones en una de sus plantas y dejó a 700 trabajadores en un escenario de incertidumbre laboral, con denuncias de vaciamiento y deudas salariales.

En ese marco, el índice salarial del sector privado registrado subió 25,6% entre enero y noviembre de 2025, mientras que la inflación alcanzó 27,9% en el mismo período, lo que implicó una caída del salario real superior a dos puntos. Y en el primer bimestre de 2026 la inflación volvió a salirse de las manos, al registrar casi un 6%, según el Indec, mientras consultoras privadas esperan otro 3% para marzo.

El deterioro salarial y la pérdida de puestos de trabajo son dos caras de un mismo proceso. En distintos sectores productivos, trabajadores enfrentan simultáneamente paritarias demoradas, suspensiones, planes de retiros o cierres empresariales. La demora en el pago de salarios en Flybondi se sumó a la cadena de tensiones laborales que atraviesan distintas actividades.

JJD

Los trabajadores del Servicio Meteorológico Nacional (SMN) realizan este jueves un paro en todo el país y un abrazo simbólico en la sede central de Palermo para rechazar los 240 despidos que, según denuncian la Asociación de Trabajadores del Estado (ATE) y profesionales del organismo, ponen en riesgo funciones críticas como el servicio meteorológico aeronáutico, el sistema de alertas tempranas y la red de observaciones climáticas del país.

La medida arrancó por la mañana en la sede del organismo ubicada en el barrio porteño de Palermo y se extiende con cese total de actividades, asambleas permanentes y movilización, después de que delegados gremiales afirmaran que la lista de cesantías ya estaba definida y que equivale a más del 30% del plantel actual.

El núcleo del conflicto no pasa sólo por la magnitud de los despidos sino por el impacto directo sobre quienes sostienen un servicio público que funciona las 24 horas, los 365 días del año. La conducción sindical de ATE en el organismo sostiene que el recorte afecta personal de estaciones meteorológicas y de la sede central, y advierte que, si se concreta en esos términos, obligará al cierre de 40 estaciones en distintos puntos del país y dejará sin mediciones nocturnas a parte del sistema, con consecuencias sobre el servicio aeronáutico. Sostienen que la lista habría sido confeccionada por la dirección del organismo a pedido del Ministerio de Desregulación y Transformación del Estado que encabezó Federico Sturzenegger.

La preocupación de los trabajadores tiene un fundamento operativo concreto: el SMN no sólo elabora el pronóstico diario que consume la población sino que también integra la infraestructura que produce observaciones, datos y alertas para la aviación, la navegación, el agro y la gestión de emergencias.

En su sitio oficial, el propio organismo muestra que sostiene pronósticos a siete días, pronósticos semanales y trimestrales, radiación UV, modelos numéricos, monitoreo climático, observaciones y boletines especiales; además, su repositorio técnico describe el papel de las alertas meteorológicas ante fenómenos que pueden representar riesgo para la población.

Esa estructura depende de trabajadores especializados cuya tarea no resulta sustituible de un día para otro. En materiales institucionales del SMN aparecen pronosticadores de alertas, servicios sectoriales y pronósticos regionales que explican su trabajo en la elaboración de alertas, pronósticos marítimos y seguimiento de eventos severos. Por eso, cuando delegados y meteorólogos hablan de “apagón meteorológico”, no usan una fórmula retórica: describen el riesgo de perder observaciones locales, discontinuar series de datos y reducir la capacidad de respuesta frente a tormentas, inundaciones u olas de calor.

La dimensión del ajuste ya había sido anticipada semanas antes por los propios trabajadores, cuando empleados del organismo denunciaron la preparación de hasta 700 despidos en un servicio que ya funcionaba por debajo de su dotación necesaria.

ATE y el Centro Argentino de Meteorólogos enmarcan el conflicto en el vaciamiento de áreas estatales estratégicas. El sindicato sostiene que el recorte no constituye una mera reducción administrativa sino un desguace de un organismo clave para la prevención de riesgos y la seguridad pública. El ajuste compromete una función pública sensible: sin observaciones de superficie, sin estaciones operativas y sin planteles completos, el Estado pierde capacidad para producir información indispensable en tiempo real.

En el caso del SMN, esa política impacta sobre tareas cuyo valor social excede largamente la discusión presupuestaria. Menos personal significa menos observación territorial, menor capacidad para sostener turnos y mayor fragilidad para un organismo que debe responder tanto a la vida cotidiana como a eventos extremos. En un país atravesado por tormentas severas, incendios, olas de calor, actividad agropecuaria intensiva y una red aérea que requiere información meteorológica permanente, el ajuste no cae sobre un área administrativa marginal sino sobre trabajadores que producen datos esenciales para anticipar riesgos.

JJD, con información de NA

En diciembre de 2023, a pocos días de haber iniciado su mandato presidencial, Javier Milei dio un mensaje por cadena nacional anunciando su megadecreto desregulador, ideado por Federico Sturzenegger, que entonces no tenía ningún cargo formal en el Poder Ejecutivo, aunque en esa transmisión apareció junto al resto de los funcionarios de la primera línea del Gobierno. El mandatario anunció entonces, entre otras novedades, la derogación de la ley de Alquileres, con el argumento de que a los precios los regula el mercado, que esa norma los regulaba al determinar que se guiarían por un índice compuesto por inflación y salarios, el ICL (Índice de Contratos de Locación), que publicaba el Banco Central, y que con esa derogación se repondría la oferta retirada de alquileres por el miedo de los dueños a poner en alquiler su vivienda. Pues no. El costo de la vivienda fue el que más se disparó desde que empezó el gobierno de La Libertad Avanza e inclusive duplicó a la inflación general.

Un informe del Centro RA de la Facultad de Ciencias Económicas de la UBA mostró que los alquileres aumentaron 423% desde diciembre de 2023, más del doble que la inflación acumulada del período, cercana al 209%. El aumento arrastró también a los servicios básicos: el gas natural subió 766%, la electricidad 370% y el agua 366%.

El estudio analizó la evolución de distintos rubros de consumo durante los primeros 26 meses del gobierno de Milei. Según los datos elaborados a partir del Índice de Precios al Consumidor (IPC) del Indec para la región del Gran Buenos Aires, la inflación acumulada en ese período fue de alrededor de 209%, una cifra que, sin embargo, esconde diferencias significativas entre los distintos componentes del gasto de los hogares.

La vivienda encabezó esas divergencias. Dentro de ese rubro —que incluye alquileres, expensas, electricidad, gas, agua y otros combustibles— el aumento acumulado fue de casi 400%, es decir, 191 puntos porcentuales por encima del nivel general de inflación.

El informe destacó que el mayor salto se registró en el gas natural, cuyo precio acumuló un incremento de 766% desde diciembre de 2023. Le siguieron los alquileres, con 423%, la energía eléctrica con 370% y el agua con 366%.

Para los hogares trabajadores, estos gastos son estructurales del presupuesto familiar. Pagar el alquiler, sostener los servicios básicos o mantener el acceso a la energía forman parte de consumos que difícilmente pueden reducirse, incluso cuando el ingreso pierde poder adquisitivo.

Ese impacto ya se había observado en los datos recientes del IPC. En febrero de 2026, la división vivienda, agua, electricidad, gas y otros combustibles registró una suba mensual de 6,8%, la mayor variación entre todos los rubros del índice de precios.

El encarecimiento de los alquileres fue uno de los componentes centrales de esa presión sobre los ingresos. Según las variaciones regionales publicadas por el Indec, los alquileres registraron aumentos interanuales que superaron el 100% en algunas regiones del país, lo que reforzó el peso del gasto habitacional en el presupuesto de los hogares asalariados.

El resultado es un doble efecto sobre el ingreso real. Por un lado, los salarios pierden frente al aumento general de los precios; por otro, los gastos fijos esenciales crecen incluso más rápido que la inflación promedio.

Rubros que crecieron más que la inflación

El informe del Centro RA también mostró que la vivienda no fue el único rubro que superó ampliamente el promedio inflacionario.

Después del costo habitacional, el segundo mayor aumento acumulado se registró en comunicaciones, con una suba de 321%. Le siguieron educación, con 279%, y transporte, con 255%.

El gráfico incluido en el estudio —publicado en la página 2 del informe— muestra que varios rubros crecieron muy por encima del nivel general del IPC. En contraste, otros sectores de consumo registraron incrementos bastante menores.

Entre ellos aparece alimentos y bebidas no alcohólicas, con una suba acumulada de 182%, es decir, por debajo del promedio inflacionario. También quedaron por debajo equipamiento y mantenimiento del hogar, con 128%, y prendas de vestir y calzado, con 106%.

Esta heterogeneidad en los precios significa que el impacto real de la inflación depende de qué bienes consume cada hogar. Para las familias trabajadoras, los gastos vinculados con vivienda, servicios y transporte suelen ocupar una proporción elevada del ingreso, por lo que las subas en esos rubros tienen un efecto directo sobre su capacidad de compra.

La lechuga y el azúcar

El estudio también analizó la evolución de precios de productos específicos, principalmente dentro de los rubros alimentos y bebidas y bienes y servicios varios.

El producto que más aumentó fue el polvo para flan, con una suba acumulada de 424,7%. Detrás se ubicaron el limón (342%), el café molido (308,2%) y la lechuga (292,9%).

Entre los diez productos con mayores incrementos también aparecieron la sal fina (256,2%), la manzana (247,9%), el agua sin gas (246,7%), el champú (244,2%), el filet de merluza fresco (234%) y el queso sardo (233,6%).

En el otro extremo, algunos alimentos mostraron aumentos considerablemente menores. La yerba acumuló 80,7%, la banana 76,9%, los fideos para guiso 58,7% y el arroz 11,7%. El caso más llamativo fue el del azúcar, cuyo precio prácticamente no varió durante el período analizado, con un incremento de apenas 0,5%.

Incluso dentro de un mismo grupo de alimentos hubo diferencias significativas. En el caso de la carne vacuna, por ejemplo, la paleta aumentó 230,7%, el cuadril 228% y la nalga 225,7%.

El informe señaló además que 32 de los 59 productos relevados registraron aumentos superiores al promedio del rubro alimentos y bebidas, que se ubicó en torno al 181%.

Los investigadores del Centro RA señalaron que la inflación promedio puede ocultar diferencias profundas en la evolución del costo de vida, especialmente cuando algunos rubros esenciales crecen muy por encima del resto.

A los trabajadores el salario les alcanza cada vez menos para cubrir gastos básicos, porque no solamente los ingresos están pisados sino que sólo los dos primeros meses de 2026 la inflación ya dio casi 6% y se espera otra cifra cercana al 3% para marzo.

“Entre muchas reformas, el decreto incluye: 1. Derogación de la ley de alquileres, para que el mercado inmobiliario vuelva a funcionar sin problemas y alquilar no sea una odisea”, prometió Milei. A lo mejor deje de ser una odisea en 20 años, cuando según otra profecía del presidente libertario, la Argentina logre el nivel de desarrollo y el PBI per cápita de Alemania.

JJD

Marcos Galperin, fundador de Mercado Libre y creador de su billetera digital Mercado Pago, es uno de los empresarios argentinos que más afinidad ha mostrado con la agenda económica del presidente Javier Milei. Pero a juzgar por los niveles de morosidad que presenta su compañía, no le estaría yendo muy bien.

Mercado Pago registró un salto en su nivel de morosidad y mostró una señal del deterioro de la capacidad de pago de trabajadores y familias en la Argentina.

Según datos públicos de la Central de Deudores (CENDEU), el ratio de irregularidad de la billetera virtual subió de 5,5% en enero de 2025 a 14,7% en enero de 2026. El movimiento siguió la tendencia general del sistema financiero, pero mostró con claridad que el problema ya no quedó limitado a los bancos tradicionales: también alcanzó a las plataformas digitales que en los últimos años expandieron su negocio de crédito al consumo.

El dato de Mercado Pago apareció en un escenario más amplio de fuerte empeoramiento del endeudamiento de los hogares. El último Informe sobre Bancos del Banco Central mostró que la mora en créditos a familias pasó de 2,67% a 10,6% en un año, el nivel más alto en casi dos décadas.

En el mismo corte, la morosidad general del financiamiento al sector privado llegó a 6,4%. Dentro de las líneas más sensibles para el consumo cotidiano, los préstamos personales marcaron 13,2% y las tarjetas de crédito, 11%. En las entidades no bancarias y billeteras virtuales, la irregularidad se acercó al 25%, por encima del nivel informado para Mercado Pago.

El impacto de ese deterioro recayó sobre quienes viven de su ingreso mensual y debieron sostener gastos corrientes con financiamiento. La propia cobertura sobre el salto de la mora de Mercado Pago señaló que el deterioro de la capacidad de pago golpeó “con fuerza sobre las familias”.

La empresa sostuvo ante Infobae que su cartera estuvo concentrada en personas físicas y defendió que su tasa de irregularidad quedó “en línea con la de los principales bancos privados del país” y por debajo del promedio de las entidades no bancarias, al que ubicó en 23,9%. Pero incluso en esa comparación favorable, el 14,7% mostró un empeoramiento fuerte en apenas doce meses.

La suba de la mora no se explicó sólo por el crecimiento del crédito, sino también por el retroceso del ingreso real. En una nota publicada por trabajAR a fines de enero, se mostró que el índice de salarios del sector privado registrado acumuló una suba de 25,6% entre enero y noviembre de 2025, mientras la inflación para ese mismo período alcanzó 27,9%. Esa diferencia implicó una caída real de al menos 2,3 puntos porcentuales en los trabajadores formales. El mismo artículo advirtió que más del 80% de la masa salarial relevada por el Indec quedó por debajo de la inflación acumulada hasta noviembre.

Ese cruce entre deuda más cara y salarios debilitados apareció también en las explicaciones de economistas y bancos. Según una cobertura de marzo sobre el endeudamiento de los hogares, la consultora LCG vinculó el aumento de la morosidad con tasas de interés activas elevadas y con un contexto de “salarios estancados o en retroceso”. En ese informe, la tasa nominal anual promedio de los préstamos personales en febrero se ubicó en 69%. Otra nota de abril sobre la preocupación bancaria resumió el diagnóstico en dos motores: “tasas altas y salarios golpeados”.

La mora expresó que una parte creciente de los hogares no logró sostener el pago de cuotas de préstamos, tarjetas o financiamiento de consumo con ingresos corrientes. En un mercado laboral con salarios formales rezagados y con expansión del pluriempleo, el crédito funciona cada vez más como un recurso para cubrir gastos y no como una herramienta excepcional. En ese marco, que Mercado Pago —una de las puertas de entrada más extendidas al financiamiento digital— mostrara una irregularidad de 14,7% resultó menos una anomalía empresaria que un síntoma del ajuste sobre los ingresos laborales.

El Gobierno reconoció las dificultades, aunque buscó relativizarlas. En marzo, Luis Caputo afirmó que era fundamental “seguir bajando la inflación, que bajen las tasas y que los bancos den plazos para que la gente se vaya acomodando”. En esa misma intervención, sostuvo que las dificultades “se va[n] a ir acomodando” y que no era un asunto “problemático a futuro”. Hasta ahora, sin embargo, los datos públicos del Banco Central mostraron un empeoramiento persistente de la mora de los hogares y un traslado directo de esa presión a bancos, fintech y billeteras virtuales.

Lo que expuso Mercado Pago fue el límite del relato de normalización financiera cuando el salario no alcanza. La mora de su cartera casi se triplicó en un año, mientras la de los hogares se cuadruplicó y los salarios registrados volvieron a perder contra los precios.

Galperín, que durante más de dos décadas fue CEO de la compañía y hoy mantiene un rol de conducción estratégica, ha expresado en distintas ocasiones su respaldo a las ideas de liberalización económica impulsadas por el gobierno de La Libertad Avanza, e inclusive manifestó coincidencias con el enfoque confrontativo de Milei frente a sectores políticos y mediáticos. Su posición lo ubica entre los referentes del empresariado tecnológico que miran con buenos ojos el rumbo económico del Gobierno, en contraste con el vínculo más tenso que la compañía mantuvo en otros períodos con administraciones de perfil más intervencionista.

Pero los números de su propia billetera virtual sugieren que, más allá de las afinidades ideológicas, la economía real, la de la clase trabajadora, está bajo una presión cada vez más tenaz: si el crédito se usa para sobrevivir y no para consumir, ¿hasta dónde puede crecer el negocio?

JJD

El juez laboral Raúl Horacio Ojeda repuso la vigencia del artículo 55 de la Ley de Modernización Laboral (27.802), uno de los puntos que había quedado suspendido tras la cautelar que frenó provisoriamente 82 artículos de la reforma impulsada por el Gobierno a partir de una presentación de la CGT. La decisión reactivó una norma que regula cómo deben actualizarse los créditos laborales en los juicios que todavía no tienen sentencia definitiva.

La resolución modificó parcialmente el alcance de la medida cautelar dictada semanas atrás por el mismo magistrado. En aquel fallo, Ojeda había considerado que existían indicios suficientes de que varios aspectos de la reforma podían vulnerar principios constitucionales del derecho del trabajo y por eso decidió suspender preventivamente su aplicación mientras se resolvía la cuestión de fondo.

Ahora el juez revisó uno de esos artículos y llegó a una conclusión distinta: mantener suspendido el mecanismo de actualización de las indemnizaciones podía generar un perjuicio para los propios trabajadores. Según explicó la periodista Daniela Mozetic en El Cronista, el magistrado entendió que dejar sin efecto ese criterio de cálculo podía afectar el valor real de los créditos laborales durante el tiempo que dura un juicio.

El artículo 55 establece que los créditos provenientes de relaciones individuales de trabajo se actualicen por el Índice de Precios al Consumidor (IPC) más una tasa anual del 3% en las causas que se encuentren en trámite y todavía no tengan sentencia firme al momento de la entrada en vigencia de la ley.

Ese punto no es técnico ni menor. La forma en que se actualiza una indemnización determina cuánto dinero termina cobrando un trabajador después de un juicio laboral, especialmente en procesos que suelen extenderse durante años. En un contexto de inflación, el mecanismo de actualización puede preservar o deteriorar el valor real de ese crédito.

La discusión judicial sobre este artículo aparece justamente en ese cruce entre derecho laboral e inflación. En marzo, por ejemplo, el Tribunal del Trabajo Nº 3 de La Plata declaró la inconstitucionalidad de la misma norma al considerar que el esquema fijado por la reforma podía reducir el valor real de las indemnizaciones durante el proceso judicial.

En ese fallo, los jueces analizaron un caso concreto de despido y concluyeron que el nuevo sistema de actualización podía implicar un recorte del crédito laboral respecto de los mecanismos utilizados anteriormente por distintos tribunales. La resolución puso el foco en el carácter alimentario de las indemnizaciones y en la necesidad de que mantengan su poder de compra mientras se desarrolla el litigio.

La decisión de Ojeda ahora introduce un matiz distinto dentro de esa misma discusión. El juez no cambió su postura general sobre la reforma laboral, cuya aplicación sigue suspendida en gran parte por la cautelar dictada tras la presentación de la CGT. Lo que hizo fue revisar un artículo puntual y considerar que su suspensión podía generar efectos contrarios a los que buscaba evitar.

El argumento se apoya en una característica estructural del sistema judicial laboral: la duración de los procesos. Los juicios por despido o reclamos salariales suelen extenderse durante varios años. En ese lapso, el monto reconocido en la sentencia necesita un mecanismo de actualización para no perder valor frente a la inflación.

Si ese criterio no está definido o queda suspendido durante el proceso judicial, el crédito laboral puede deteriorarse antes de que el trabajador llegue a cobrarlo. Esa fue la preocupación que llevó al magistrado a restablecer la vigencia del artículo 55.

La resolución no implica, sin embargo, que la reforma laboral haya quedado plenamente habilitada. La cautelar que suspendió 82 artículos de la ley sigue vigente, a la espera de que la Justicia resuelva el planteo de fondo sobre su constitucionalidad.

Ese proceso judicial recién comienza y ya produjo decisiones contradictorias en distintos tribunales. En pocas semanas, varios fallos cuestionaron aspectos centrales del nuevo esquema indemnizatorio, desde el pago en cuotas de las sentencias laborales hasta el propio sistema de actualización de los créditos.

En ese escenario, la discusión dejó de ser solamente jurídica o política. El eje de los litigios empezó a concentrarse en un aspecto material del derecho del trabajo: cuánto dinero cobra efectivamente un trabajador después de ganar un juicio.

La actualización de los créditos laborales define si una indemnización mantiene su valor frente a la inflación o si se licúa durante el proceso judicial. En un país con largos litigios y variaciones constantes de precios, ese cálculo puede modificar de manera sustancial el monto final que recibe quien perdió su empleo.

La decisión de Ojeda se inscribe en ese debate. El juez consideró que suspender el artículo 55 podía agravar el problema que la cautelar buscaba evitar: que un trabajador termine cobrando menos de lo que le corresponde cuando finalmente se resuelve su juicio.

Mientras la discusión de fondo sigue abierta en los tribunales, la reforma laboral continúa fragmentándose caso por caso en decisiones judiciales que revisan su impacto concreto sobre las relaciones de trabajo.

La constitucionalidad de la ley todavía no fue resuelta y los tribunales siguen analizando cómo afectan sus artículos al cobro efectivo de indemnizaciones y créditos laborales.

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La licencia por paternidad en Brasil comenzará a ampliarse de forma progresiva tras la promulgación de una nueva ley impulsada por el presidente Luiz Inácio Lula da Silva. La norma llevará el descanso para los padres desde los actuales cinco días hasta un máximo de veinte en 2029, con el objetivo explícito de promover la corresponsabilidad en las tareas de cuidado desde el nacimiento o adopción de un hijo.

La decisión vuelve a poner en evidencia el contraste con la Argentina, donde el régimen de licencias familiares prácticamente no cambió en décadas. La Ley de Contrato de Trabajo mantiene una licencia por paternidad de apenas dos días, mientras que la licencia por maternidad es de 90 días. El esquema se sostuvo incluso después del debate legislativo que acompañó la reciente reforma laboral impulsada por el gobierno de Javier Milei.

La ampliación aprobada en Brasil reglamenta finalmente un derecho que ya estaba reconocido en la Constitución de 1988, pero que nunca había contado con una legislación específica que estableciera su duración.

Con la nueva norma, el Estado brasileño buscó consolidar un modelo de cuidado compartido desde el inicio de la vida familiar, una política que en la región viene ganando peso en los debates sobre igualdad de género y condiciones de trabajo.

Un esquema progresivo hasta 2029

El nuevo régimen brasileño establece un calendario gradual de ampliación de la licencia. Según la ley promulgada por Lula, el beneficio se extenderá de forma escalonada en los próximos años.

El cronograma previsto es el siguiente:

La ampliación alcanzará a los trabajadores en casos de nacimiento, adopción o guarda judicial, lo que incorpora también situaciones familiares diversas dentro del régimen de licencias.

Además, la norma introduce un mecanismo de financiamiento que busca evitar resistencias empresariales. El sistema crea el denominado “salario-paternidad”, mediante el cual los empleadores pagan inicialmente el salario durante el período de licencia y luego recuperan ese monto a través de compensaciones en sus aportes a la seguridad social.

De ese modo, el costo del tiempo de cuidado se traslada al sistema de seguridad social y no queda exclusivamente a cargo de las empresas, una decisión que busca garantizar la aplicación efectiva del derecho sin generar presiones económicas sobre la contratación laboral.

La ley también contempla situaciones excepcionales. Si la madre fallece, el padre accede a una licencia equivalente a la de maternidad. Además, el inicio del descanso puede postergarse cuando el recién nacido o la madre permanecen internados, y se prevén extensiones específicas en casos de discapacidad, prematuridad o complicaciones médicas.

El objetivo: repartir el cuidado desde el nacimiento

El fundamento político de la reforma se apoya en una discusión que se consolidó en los últimos años en el mercado laboral: la distribución desigual de las tareas de cuidado entre varones y mujeres.

Según explicó el propio Lula al presentar la ley, el objetivo central es evitar que la maternidad se transforme en un factor de discriminación en la contratación laboral. Cuando el cuidado recae exclusivamente sobre la madre, la inserción laboral femenina suele verse afectada por ausencias prolongadas o responsabilidades domésticas que el sistema productivo no reconoce.

En ese sentido, la ampliación de la licencia para los padres busca equilibrar la carga del cuidado desde el primer momento de la vida familiar, algo que distintos organismos internacionales y especialistas en políticas laborales vienen señalando como un paso clave para reducir brechas de género.

La reforma brasileña se inscribe así en una tendencia regional que comenzó a incorporar licencias parentales más amplias y flexibles, entendidas no sólo como un derecho familiar sino también como una política laboral.

El contraste con la Argentina

En la Argentina, el régimen de licencias familiares permanece prácticamente congelado desde hace décadas. El trabajador tiene derecho a dos días corridos de licencia por nacimiento de hijo, según establece la Ley de Contrato de Trabajo.

El plazo, además, no contempla mecanismos de extensión automática cuando el nacimiento ocurre en días no laborales. En la práctica, si el parto sucede durante un fin de semana, la licencia puede reducirse aún más.

Para las madres, en cambio, la ley fija una licencia de 90 días, dividida entre un período previo y posterior al parto. Ese esquema tampoco sufrió modificaciones durante el debate de la reforma laboral impulsada por el gobierno de Javier Milei.

La legislación aprobada mantuvo intacto el régimen histórico de licencias familiares, pese a que diversos especialistas y organizaciones laborales señalaron que el debate parlamentario era una oportunidad para actualizar el sistema.

El único capítulo del proyecto original que generó una discusión relevante sobre licencias fue el vinculado a las enfermedades o accidentes no laborales. En su versión inicial, la iniciativa proponía modificar el régimen salarial durante ese período y reducir la duración máxima de las licencias médicas.

Sin embargo, ese punto —conocido como artículo 44— generó una fuerte resistencia sindical y política durante el tratamiento parlamentario. Finalmente fue eliminado o modificado durante la negociación legislativa, lo que dejó sin cambios el esquema vigente de licencias médicas.

Un debate pendiente

Mientras Brasil avanza en la ampliación de derechos vinculados al cuidado, el régimen argentino continúa apoyado en un modelo laboral diseñado en un contexto social muy distinto.

Las transformaciones en la estructura familiar, la creciente participación de las mujeres en el mercado de trabajo y el reconocimiento de las tareas de cuidado como parte de la organización económica reabrieron en los últimos años la discusión sobre el sistema de licencias. Pero la Argentina de hoy parece no hacerse eco de las últimas tendencias, al menos en lo que respecta a los derechos de los trabajadores.

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Abril empezó y no es tan bello como cantaban con entusiasmo Fito Páez y Luis Alberto Spinetta, en una canción hermosa y simple, y con un videoclip luminoso que ambos compartieron con Dolores Fonzi, la musa inspiradora del rosarino al componerla e incluirla en su disco Naturaleza Sangre (2003). Este abril, por el contrario, y como cada mes desde hace por lo menos tres años y medio, es otro de malaria en la economía libertaria; malaria para los trabajadores que son, básicamente, víctimas del modelo.

El mes que empezó vuelve a traer aumentos en servicios esenciales que afectan directamente el ingreso disponible de quienes trabajan. El transporte público, las cuotas de medicina prepaga, la electricidad y el agua comienzan el mes con nuevas actualizaciones tarifarias en el Área Metropolitana de Buenos Aires (AMBA), en un escenario en el que los salarios no paran de perder contra la inflación.

El calendario cambia, las cuentas también

El transporte público registró uno de los incrementos más inmediatos. El boleto mínimo de colectivo en la provincia de Buenos Aires pasa de $832,57 a $873,37 para los viajes de hasta 3 kilómetros con tarjeta SUBE registrada, según el nuevo cuadro tarifario que comenzó a regir en abril.

La actualización siguió el mecanismo que aplicó la provincia: el índice de precios al consumidor (IPC) de febrero más un 2% adicional. Con esa fórmula, los valores de los distintos tramos también aumentaron: $972,93 para viajes de 3 a 6 kilómetros, $1.047,14 entre 6 y 12 kilómetros, $1.122,90 entre 12 y 27 kilómetros y $1.197,39 para trayectos más largos.

En la Ciudad de Buenos Aires también se aplicó una suba. El pasaje mínimo de colectivo quedó en $715,26, con aumentos escalonados según la distancia del recorrido.

El impacto es directo sobre los trabajadores que utilizan el transporte público para ir y volver del empleo. En muchos casos, el gasto en movilidad es un componente fijo del ingreso mensual y se ajusta de manera más frecuente que las paritarias o los salarios. El ajuste data de por lo menos la gestión de Sergio Massa al frente del Ministerio de Economía y se acentuó con ferocidad al asumir en el poder el tándem de economistas Javier Milei-Luis Caputo.

La presión sobre el transporte se agravó además por una decisión del sector empresario. Las cámaras del autotransporte que representan alrededor del 85% de las líneas de colectivos del AMBA informaron que reducirán la frecuencia del servicio debido al aumento del precio del gasoil y a la falta de actualización de los costos reconocidos por el Estado.

En un comunicado conjunto, las entidades empresarias señalaron que el incremento del combustible y la ausencia de una compensación oficial los colocó en una situación en la que consideran imposible sostener los niveles habituales de prestación. La medida comenzó a regir el 1° de abril y podría afectar los tiempos de espera de los usuarios.

La reducción de frecuencias implica más tiempo de viaje y mayor incertidumbre para quienes dependen del colectivo para llegar al trabajo, en un contexto en el que los costos de movilidad ya venían aumentando de manera sostenida.

Los aumentos de abril también alcanzaron al sistema de salud privado. Las empresas de medicina prepaga comunicaron actualizaciones en sus cuotas de hasta el 2,9%, en línea con la inflación registrada en febrero. Esa suba impactó además en los copagos que deben abonar los afiliados por consultas y prácticas médicas.

Las tarifas de servicios públicos también se modificaron. Las distribuidoras eléctricas Edenor y Edesur aplicaron nuevos cuadros tarifarios. En el área de Edesur, por ejemplo, los hogares de ingresos altos (Nivel 1) comenzaron a pagar un cargo fijo de $1.393,73 para consumos de hasta 150 kWh y un cargo variable de $115,29 por kWh, según el esquema informado para abril.

En el caso de Edenor, el cargo fijo inicial quedó en $1.414,93, con un cargo variable de $115,28 por kWh. Los usuarios con subsidios mantienen valores más bajos dentro de los límites establecidos por el esquema de segmentación tarifaria.

El agua también registró un ajuste. La empresa AySA aplicó el último tramo del aumento del 4% que había comenzado a implementarse a principios de año.

El efecto combinado de estas subas se produce en un contexto en el que el ingreso de los trabajadores sigue deteriorándose frente a los precios. Los datos oficiales del INDEC mostraron que el índice de salarios aumentó 2,5% en enero, mientras que la inflación del mismo mes fue de 2,9%, lo que implicó una nueva pérdida del poder de compra.

La situación se repitió especialmente entre los trabajadores registrados. En ese segmento, el sector privado subió 2,1% y el público 1,8%, ambos por debajo del IPC del mes.

El deterioro del ingreso también aparece en relevamientos sobre la percepción de los trabajadores. Un estudio citado en coberturas recientes registró que el 83,9% de los trabajadores afirmó que su salario no le gana a la inflación, mientras que el 56,4% de los hogares tomó deuda en los últimos seis meses para cubrir gastos básicos.

“Dios Santo que bello abril”, dice el estribillo de la canción. Pero en muchos hogares el mes empezó con una escena más terrenal: el calendario nuevo y una pila de facturas esperando turno sobre la mesa.

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El cosecretario general de la CGT Jorge Sola celebró la decisión de la Justicia laboral que suspendió provisoriamente buena parte de la reforma laboral impulsada por el gobierno de Javier Milei y aseguró que el fallo confirma los argumentos que el movimiento sindical viene planteando desde que el proyecto comenzó a discutirse en el Congreso.

“Es un primer paso importantísimo de lo que estamos reclamando de fondo, que es la inconstitucionalidad”, afirmó Sola al referirse a la medida cautelar dictada por el juez laboral Raúl Ojeda, que suspendió la aplicación de 82 artículos de la reforma laboral a partir de una acción presentada por la central obrera.

Según explicó el dirigente sindical, la resolución judicial reconoce que los cuestionamientos planteados por la CGT tenían fundamentos suficientes para ser analizados por la Justicia.

“La cautelar nos da una mirada sobre que lo que planteábamos era verosímil, era creíble, y que tenía fundamentos para sostener que muchos de los artículos votados eran inconstitucionales”, sostuvo en declaraciones a AM 530.

Sola señaló que el fallo también ratifica la estrategia que la CGT adoptó desde el inicio del debate parlamentario de la reforma laboral: primero intentar frenarla en el Congreso, luego expresar el rechazo en la calle y finalmente recurrir a la Justicia.

“Dialogamos con los legisladores, discutimos el proyecto, reclamamos en las calles y con un paro general que no se votara esta reforma. Cuando la ley se aprobó dijimos que íbamos a presentarnos en la Justicia, y eso es lo que estamos haciendo”, explicó.

El dirigente destacó además que el impacto de la medida cautelar trasciende a la propia central sindical. Según indicó, el fallo beneficia a todos los trabajadores alcanzados por la legislación laboral y se suma a otras presentaciones judiciales que distintos sindicatos están impulsando en todo el país.

“Esto implica a todos los trabajadores y a todas las instituciones gremiales que los representan. Hay muchos gremios que también están haciendo presentaciones vinculadas a aspectos específicos de la reforma”, señaló.

En ese marco, sostuvo que los tribunales están analizando la reforma laboral a la luz de los principios constitucionales que protegen el trabajo.

“La Justicia está mirando todo con el prisma de la Constitución, y por ahora la reforma no lo está pasando”, afirmó.

Consultado sobre el alcance de la cautelar, Sola explicó que la suspensión judicial alcanzó a prácticamente todos los artículos que, según la CGT, afectaban derechos individuales y colectivos de los trabajadores.

“Todo lo que reclamó la CGT y que entendíamos que afectaba derechos laborales fue detenido provisoriamente hasta que se analice su constitucionalidad”, señaló.

El dirigente sostuvo que lo que quedó vigente de la ley responde más bien a decisiones de política económica del Gobierno, como los regímenes de incentivos o beneficios orientados a promover la contratación laboral.

“Quedaron en pie algunas decisiones políticas que el Gobierno considera que pueden fomentar el empleo, como ciertos incentivos o beneficios para pequeñas y medianas empresas”, explicó.

Sin embargo, Sola se mostró muy crítico respecto del sentido general de la norma y afirmó que la reforma laboral no respeta el espíritu protector del derecho del trabajo ni el principio de progresividad de los derechos laborales.

“Mi mirada particular es que la ley, en su conjunto, no representa el espíritu de protección del derecho del trabajo ni el principio de progresividad”, sostuvo.

El dirigente sindical consideró además que, incluso con los artículos que permanecen vigentes, la reforma enfrenta serias dificultades para aplicarse en la práctica.

“Creo que aun con lo que quede en pie hoy, la ley es inaplicable”, afirmó.

De todos modos, el dirigente reconoció que el proceso judicial recién comienza y podría escalar hasta la Corte Suprema. El Gobierno ya anticipó que apelará la decisión judicial.

“Sabemos que esto tiene un recorrido hacia adelante. El Gobierno va a apelar y probablemente el caso llegue a la Corte, que es la que finalmente interpreta qué es constitucional y qué no en la Argentina”, señaló.

Aun así, Sola se mostró optimista respecto del resultado final del proceso judicial y afirmó que existen fundamentos jurídicos sólidos para declarar la inconstitucionalidad de los artículos cuestionados.

Para el dirigente sindical, el fallo representa además un mensaje institucional sobre los límites del poder político frente a los derechos laborales.

“La Justicia está diciendo algo muy claro: hay violaciones a los derechos de los trabajadores que no se pueden hacer, por más que se tengan mayorías en el Congreso”, sostuvo.

Y concluyó: “La mayoría no garantiza que una ley sea constitucional. Lo que estamos defendiendo es que se respete el artículo 14 bis de la Constitución y los derechos de los trabajadores”.

JJD

La reforma laboral del gobierno de Javier Milei fue presentada como una de las grandes victorias políticas del oficialismo. Tras su aprobación, el Ejecutivo celebró la nueva ley como un cambio histórico destinado —según el discurso oficial— a modernizar el mercado de trabajo y reducir los costos laborales que, según su diagnóstico, frenan la creación de empleo. Pero a pocas semanas de su entrada en vigencia —el Presidente la promulgó el 6 de marzo—, la arquitectura de esa reforma empezó a mostrar una fragilidad inesperada. En los tribunales, ese edificio normativo que salió del Congreso comienza a verse más como un castillo de naipes: cada fallo judicial que lo cuestiona mueve una carta y lo hace tambalear.

El último golpe llegó desde el Juzgado Nacional de Primera Instancia del Trabajo Nº 63, que resolvió suspender provisoriamente la aplicación de 82 artículos de la reforma laboral a partir de una acción presentada por la CGT. La medida cautelar permanecerá vigente hasta que se resuelva la cuestión de fondo, es decir, si esos artículos son o no compatibles con la Constitución.

En términos prácticos, la decisión judicial pone en pausa buena parte del núcleo de la reforma. El planteo de la central obrera cuestiona la constitucionalidad de varios artículos por entender que afectan principios fundamentales del derecho del trabajo reconocidos por la Constitución y por tratados internacionales ratificados por la Argentina: la protección laboral, la libertad sindical, la tutela judicial efectiva, la no discriminación y el principio de progresividad de los derechos sociales.

El juez laboral Raúl Ojeda consideró que existen indicios suficientes de que algunos de esos cambios podrían vulnerar garantías constitucionales y generar daños difíciles de reparar si la ley comenzara a aplicarse plenamente. Por ese motivo, dispuso la suspensión preventiva de los artículos cuestionados mientras continúa el proceso judicial.

El magistrado también señaló que la implementación inmediata de la reforma podría generar efectos jurídicos difíciles de revertir sobre contratos y relaciones laborales vigentes, lo que justificó la suspensión cautelar mientras se discute el fondo del caso.

La resolución tiene un impacto significativo porque frena casi todos los artículos que están en el centro del debate sobre la reforma. Pero además confirma algo que ya empezaba a observarse: la norma impulsada por el Gobierno se está encontrando con un obstáculo creciente en los tribunales.

En efecto, este fallo se suma a una serie de decisiones judiciales que comenzaron a cuestionar artículos puntuales de la reforma laboral desde distintos tribunales del país. En Córdoba, por ejemplo, un tribunal declaró inconstitucional el artículo que permitía pagar indemnizaciones en cuotas al considerar que ese mecanismo desnaturaliza el carácter alimentario del crédito laboral.

En otro caso, el Tribunal del Trabajo Nº 3 de La Plata declaró inconstitucional el artículo que modificó la actualización de los créditos laborales en juicios en trámite. La sentencia sostuvo que ese cambio podía reducir significativamente el monto que cobran los trabajadores tras años de litigio.

La discusión judicial recién empieza

Distintas demandas impulsadas por sindicatos, organizaciones laborales y trabajadores individuales anticipan un recorrido largo en los tribunales, donde los diferentes artículos de la reforma serán analizados uno por uno.

La decisión del Juzgado del Trabajo Nº 63 se inscribe en ese proceso. Al tratarse de una acción colectiva presentada por la CGT, el expediente tiene un alcance potencial amplio y podría convertirse en uno de los casos clave para definir el futuro de la reforma.

El Gobierno, por su parte, ya anticipó que apelará la medida. El Ministerio de Capital Humano llevará el caso ante la Cámara Nacional de Apelaciones del Trabajo, que deberá revisar la suspensión mientras continúa el trámite del expediente principal.

Más allá del desenlace judicial, el episodio deja al descubierto una paradoja política para el oficialismo. La reforma laboral fue concebida como una de las banderas del programa económico libertario, pero su aplicación real empieza a quedar atrapada en una red de litigios.

Ese desgaste judicial coincide, además, con otros episodios que empiezan a erosionar la credibilidad del Gobierno. Entre ellos aparece el caso de corrupción que involucra nada menos que al jefe de Gabinete, Manuel Adorni, que atraviesa semanas de fuertes cuestionamientos y presiones políticas.

A ese frente se suma el desempeño de la inflación, el principal enemigo declarado del plan económico de Milei. Solo en el primer bimestre del año acumuló casi un 6%, y consultoras privadas anticipan que marzo podría sumar otro 3%. Todo esto ocurre en un contexto de paritarias pisadas, consumo debilitado y un escenario en el que los cierres de empresas y los despidos se repiten prácticamente a diario.

En ese clima económico y político, la reforma laboral —presentada como un punto de inflexión para el mercado de trabajo— empieza a enfrentarse con una realidad más compleja que la que expresan los funcionarios nacionales y el Presidente.

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La desocupación volvió a subir en la Ciudad de Buenos Aires al cierre de 2025 y dejó una señal clara del deterioro del mercado laboral: cada vez más personas buscan trabajo o intentan ampliar sus ingresos mientras el empleo no muestra crecimiento. Según el informe del Instituto de Estadísticas y Censos porteño (IDECBA), el desempleo alcanzó el 7,3% de la población económicamente activa en el cuarto trimestre del año.

Ese nivel se ubicó por encima del registrado un año antes, cuando la desocupación había sido del 6,7%. También marcó un aumento frente al trimestre anterior: entre julio y septiembre de 2025 el desempleo había sido del 6,3%.

Pero el indicador más amplio del informe muestra una presión laboral aún mayor. Si se suman los desocupados, los trabajadores subocupados que buscan más horas y las personas ocupadas que están intentando cambiar o ampliar su empleo, el 12,7% de la población económicamente activa presiona sobre el mercado de trabajo. Es decir, más de uno de cada diez trabajadores busca entrar al empleo o mejorar su inserción laboral.

El aumento de esa presión se explica en parte por la dinámica del propio mercado laboral. La tasa de actividad —que mide a la población que participa del mercado de trabajo— se ubicó en 64,1%, mientras que la tasa de empleo quedó en 59,4%. El organismo estadístico señaló que la actividad mostró una leve expansión interanual, pero el empleo no registró cambios significativos.

Ese desfasaje describe un fenómeno recurrente en contextos de fragilidad laboral: más personas salen a buscar trabajo, pero el número de puestos disponibles no crece al mismo ritmo.

Desigualdades en el acceso al trabajo

El informe también mostró diferencias en la distribución del desempleo según sexo. Las mujeres representaron el 52,0% de las personas desocupadas, mientras que los varones concentraron el 48,0%. La tasa de desocupación femenina llegó al 7,6%, frente al 7,0% en los hombres.

Las brechas también aparecen en el mapa de la Ciudad. Las zonas Norte y Centro presentan niveles de actividad y empleo más altos que el Sur, donde la tasa de actividad alcanza el 60,7% y la de empleo el 53,7%. En cambio, en las zonas Norte y Centro la participación laboral llega al 65,2% y el empleo supera el 61%.

Estas diferencias territoriales reflejan que las oportunidades laborales no se distribuyen de manera homogénea dentro de la Ciudad, incluso dentro de un mismo mercado urbano.

Subocupación y trabajo insuficiente

Además del desempleo abierto, el informe registró un aumento de la subocupación. La tasa de subocupación horaria —personas que trabajan menos de 35 horas semanales por causas involuntarias— alcanzó el 9,3% de la población activa, lo que implicó una suba de 0,6 puntos porcentuales en comparación con el año anterior.

Dentro de ese grupo, más de la mitad de las personas subocupadas (57,5%) no buscan activamente ampliar su jornada laboral. El resto sí intenta sumar horas o conseguir otro empleo, lo que contribuye a aumentar la presión sobre el mercado laboral.

El informe también detalla la composición del empleo en la Ciudad. El 72,0% de las personas ocupadas trabaja en relación de dependencia, mientras que el 22,1% lo hace por cuenta propia.

Entre los asalariados, el 70,3% cuenta con cobertura jubilatoria, mientras que en el 29,% restante los empleadores no realizan aportes previsionales. En el caso del trabajo independiente, el panorama es más heterogéneo: el 59,1% de los cuentapropistas está registrado y paga regularmente, mientras que el 34,5% no tiene registro para ejercer su actividad y el 6,4% restante no mantiene regularidad en los pagos.

La suma de las dos últimas categorías implica que dos de cada cinco trabajadores por cuenta propia quedan por fuera de las regulaciones, una proporción que aumentó interanualmente según el relevamiento oficial.

El informe del organismo estadístico porteño muestra así un escenario en el que el problema del empleo no se limita a la falta de trabajo. También aparece en la insuficiencia de horas laborales, en la expansión del cuentapropismo sin regulación plena y en la creciente cantidad de trabajadores que buscan mejorar su inserción laboral dentro de un mercado que no genera nuevos puestos al mismo ritmo.

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El salario volvió a perder contra los precios en enero y el dato oficial confirmó que la mejora nominal no alcanzó para recomponer el poder de compra de quienes trabajan. Según el INDEC, el índice de salarios subió 2,5% respecto de diciembre de 2025, pero la inflación del mismo mes fue de 2,9%. Dentro del promedio general, el sector privado registrado aumentó 2,1%, el sector público 1,8% y el sector privado no registrado 4,4%. La foto mensual dejó así un nuevo retroceso para la mayor parte del empleo formal, en un contexto en el que los convenios corrieron detrás de los precios y el ingreso siguió sin recuperar lo perdido desde el cambio de gobierno.

La caída golpeó sobre todo a los trabajadores registrados, porque fueron justamente los dos segmentos formales los que quedaron por debajo del IPC. El dato del sector privado no registrado fue el único que superó la inflación de enero, pero esa mejora no puede leerse de manera lineal como una recuperación del empleo informal. En una nota previa de trabajAR, basada en la serie del INDEC, elDiarioAR ya había señalado que ese componente se calcula con promedios trimestrales móviles de la Encuesta Permanente de Hogares y con un rezago metodológico de cinco meses, por lo que no refleja de manera directa los ingresos corrientes del segundo semestre ni una mejora sostenida de las condiciones laborales.

El deterioro no quedó restringido a enero. Luis Campos sostuvo en X que “la caída promedio del sector formal contra noviembre de 2023 es del 8%”, con una baja de 2,4% en el sector privado registrado y de 17,8% en el empleo público. En el mismo hilo agregó que, excluidos los primeros meses de 2024, los salarios quedaron en los niveles más bajos de las últimas dos décadas, y que frente a los picos de fines de 2017 el retroceso fue de entre 21% en el sector privado y 35% en el público. Esos valores no forman parte del informe del INDEC sobre enero, pero sí aportaron una lectura de mediano plazo sobre la profundidad del ajuste salarial que atravesó el trabajo formal.

La pérdida arrastró una tendencia que ya se había consolidado en 2025. En otra cobertura reciente, trabajAR informó que el índice de salarios del sector privado registrado acumuló entre enero y noviembre del año pasado una suba de 25,6%, mientras la inflación del mismo período llegó a 27,9%. Esa diferencia implicó una caída real de al menos 2,3 puntos porcentuales incluso en el segmento con mayor cobertura sindical y negociación colectiva. También allí se advirtió que el ajuste había sido todavía más severo en parte del empleo público y que trabajar en blanco ya no garantizó sostener el poder adquisitivo.

El impacto sobre la vida cotidiana de quienes trabajan ya apareció en conflictos concretos. A fines de enero, este medio contó que los choferes de la Línea 60 denunciaron una pérdida de casi 62% de su salario real y siguieron sin paritaria desde noviembre. En esa nota, los trabajadores advirtieron sobre la deserción de personal por los bajos ingresos y las condiciones de presión en el sector. El caso funcionó como una expresión extrema de un problema más extendido: cuando el salario corrió sistemáticamente por detrás de los precios, el deterioro dejó de ser una discusión estadística y pasó a traducirse en abandono de puestos, pluriempleo, endeudamiento y dificultad para sostener gastos básicos.

El informe de enero también mostró una brecha nítida entre el discurso oficial y la realidad del ingreso. Mientras el Gobierno empujó una agenda de reforma laboral y desregulación, los salarios formales siguieron sin recomposición. El dato oficial no mostró recuperación en el empleo privado registrado ni en el público, y volvió a ubicar a los asalariados ante una negociación desigual: paritarias con aumentos más bajos, Estado sin política general de recomposición y un sector público particularmente castigado. La suba de 2,1% en privados registrados y de 1,8% en estatales quedó por debajo del aumento del costo de vida, con alimentos encabezando la inflación de enero con 4,7%.

La discusión de fondo volvió a ser cómo se sostuvo el trabajo cuando el salario ya no alcanzó. El indicador general de enero dejó un promedio positivo en términos nominales, pero la lectura laboral fue otra: la mayoría de los trabajadores registrados volvió a perder. En el sector público, además, la contracción resultó más profunda en la comparación con noviembre de 2023, según el relevamiento de Campos. En el sector privado formal, la caída fue menor pero persistente. Y en el empleo no registrado, aun con una variación mensual superior al IPC, el propio modo de medición impidió presentar esa cifra como una mejora efectiva y actual de las condiciones de vida.

Hasta ahora no apareció ningún dato que mostrara una recomposición sostenida del salario formal. El INDEC informó otra vez una suba nominal inferior a la inflación para privados registrados y estatales, y el deterioro acumulado desde noviembre de 2023 siguió abierto.

JJD

Más de cuatro de cada diez trabajadores en la Argentina tienen empleos sin derechos laborales básicos. No cuentan con aportes jubilatorios, no están cubiertos por la seguridad social y tampoco están protegidos por la legislación laboral. En el cuarto trimestre de 2025, la informalidad laboral alcanzó al 43% de los ocupados, según un informe del Área de Empleo, Distribución e Instituciones Laborales del Instituto Interdisciplinario de Economía Política de la Facultad de Ciencias Económicas de la UBA.

La cifra permite dimensionar el fenómeno de manera concreta: casi la mitad de quienes trabajan lo hacen en condiciones de desprotección laboral. Esto significa que millones de personas sostienen su ingreso cotidiano sin las garantías que establece el trabajo registrado, desde una jubilación futura hasta cobertura frente a accidentes laborales.

La comparación con el mismo período del año anterior mostró una suba de aproximadamente un punto porcentual, lo que indica que la informalidad no sólo se mantiene en niveles elevados sino que además creció en el último año.

El informe fue coordinado por los economistas Roxana Maurizio y Luis Beccaria y analizó la evolución reciente del mercado de trabajo argentino. El dato central es que la informalidad se mantiene como uno de los rasgos estructurales del empleo en el país, incluso en contextos económicos distintos.

Para entender su dimensión social, el estudio también analizó las condiciones de vida de quienes trabajan sin registro. El 32% de los trabajadores informales vive en hogares pobres, mientras que otro 27% se encuentra en situación de vulnerabilidad ante la pobreza.

Esto significa que casi seis de cada diez trabajadores informales habitan hogares que ya son pobres o están al borde de serlo. En otras palabras, la falta de derechos laborales suele ir de la mano con ingresos inestables y mayor fragilidad económica.

Los más vulnerables, como siempre, son los jóvenes

El informe también mostró que la informalidad no afecta a todos los trabajadores por igual. Los jóvenes son el grupo más expuesto a este tipo de empleo precario. Entre quienes tienen entre 16 y 24 años, siete de cada diez trabajan en la informalidad, lo que refleja las dificultades para acceder a un primer empleo registrado.

En la práctica, para muchos jóvenes la puerta de entrada al mercado laboral suele ser un trabajo sin contrato, sin aportes y sin estabilidad. Esa situación puede extenderse durante años y marcar la trayectoria laboral futura.

En los grupos de mayor edad, los niveles de informalidad disminuyen, aunque siguen siendo altos. Entre los trabajadores de 45 a 64 años la tasa fue de 34,2%, mientras que en el tramo de 25 a 44 años alcanzó el 42,2%.

Entre las personas de 65 años y más, la informalidad volvió a subir hasta el 57,8%. El informe señaló que este patrón refleja una tendencia habitual en los mercados laborales: la precariedad aparece con más fuerza al comienzo y al final de la vida laboral.

El análisis también detectó una fuerte concentración geográfica del fenómeno. La mayor parte de los trabajadores informales reside en el Gran Buenos Aires, la región urbana más poblada del país.

En perspectiva histórica, la tasa actual se ubica en niveles similares a los registrados en 2008, lo que muestra que el problema se mantiene elevado desde hace al menos 17 años.

El informe también comparó la situación argentina con otros países de la región. Entre nueve economías latinoamericanas analizadas, la Argentina se ubicó en el cuarto lugar en niveles de informalidad, detrás de Chile, Brasil y Costa Rica.

JJD, con información de NA

En los últimos años, cada vez más personas que trabajan sienten que su esfuerzo rinde menos que antes: el 83,9% afirmó que su salario no le ganó a la inflación. El dato surge del Monitor de Opinión Pública, de la consultora Zentrix, correspondiente a marzo de 2026, y expuso una percepción masiva de pérdida de ingresos reales que se tradujo en restricciones concretas en la vida cotidiana. Solo el 11,9% consideró que su salario logró superar la suba de precios, lo que dejó en evidencia un escenario donde el ingreso laboral perdió capacidad de sostener el consumo básico.

El mismo informe registró que el 56,4% de los hogares tomó deuda en los últimos seis meses, una proporción que vinculó directamente el deterioro de ingresos con la necesidad de financiamiento para sostener gastos corrientes.

El destino de ese endeudamiento reforzó ese diagnóstico. El 26,2% se endeudó para cubrir gastos cotidianos, el 19,9% para pagar tarjetas de crédito y el 18,9% para cancelar otras deudas, según el informe.

Ese patrón muestra que el crédito no funciona como herramienta de inversión o mejora patrimonial, sino como mecanismo de supervivencia ante ingresos insuficientes

El impacto de la pérdida salarial también se reflejó en la capacidad de sostener el mes. Solo el 25,7% afirmó que llegó a fin de mes, mientras que un 16% dijo que además pudo ahorrar.

En contraste, una proporción significativa de trabajadores agotó sus ingresos antes de terminar el mes:

Más de la mitad (56,3%) no logró cubrir el mes completo con sus ingresos, según el mismo relevamiento.

Este dato da cuenta del deterioro directo en la reproducción cotidiana de la vida trabajadora: el salario deja de organizar el mes completo y pasa a fragmentarse en períodos cada vez más cortos.

El endeudamiento no solo se expandió sino que además se volvió difícil de sostener. El 41,9% declaró que pagó sus deudas con alguna dificultad y el 27,8% con mucha dificultad, mientras que un 13,8% se atrasó en pagos y un 5,9% afirmó que ya no pudo pagarlas. En conjunto, el 89,4% de quienes tenían deudas enfrentó algún nivel de dificultad para afrontarlas, de acuerdo con los datos del informe.

Siete de cada 10 trabajadores sostiene que su situación económica personal no es buena

El deterioro del ingreso también se expresó en la percepción sobre la situación económica personal. El 39,5% la calificó como negativa, frente a un 28,7% positiva y un 31,8% regular, según los resultados del relevamiento (página 4).

A nivel país, la evaluación fue aún más crítica: el 59,7% consideró negativa la situación económica de la Argentina, mientras que solo el 21,1% la evaluó como positiva.

JJD

El cierre de la única fábrica del país que producía aisladores eléctricos dejó sin trabajo a sus operarios y obligó al Gobierno a modificar las reglas del mercado para evitar que falten esos insumos básicos. Se trata de la Fábrica Argentina de Porcelanas Armanino (FAPA), una planta ubicada en Monte Grande que abastecía gran parte del sistema eléctrico nacional.

Los aisladores eléctricos son piezas que se usan en postes, líneas y transformadores para evitar fugas de energía y garantizar que la electricidad circule de forma segura. Sin esos componentes, la red eléctrica puede fallar o volverse inestable, lo que explica la reacción inmediata del Estado tras el cierre.

FAPA era la única empresa del país dedicada a fabricar estos productos y cubría cerca del 70% del consumo local. Su salida del mercado implicó que la Argentina pasara a depender completamente de importaciones para un insumo estratégico.

La empresa no solo cerró: también liquidó su planta y remató su maquinaria. Eso significa que no quedó capacidad instalada para retomar la producción en el corto plazo, lo que profundiza el impacto sobre los trabajadores y sobre toda la cadena industrial vinculada.

FAPA no era una firma menor ni reciente. Según la información institucional de la compañía, había sido fundada en 1938 en Monte Grande y durante décadas participó en obras clave del sistema energético argentino, produciendo componentes para líneas de alta tensión y estaciones transformadoras. Su desarrollo estuvo ligado a la expansión del sistema eléctrico nacional y a una industria local que buscaba reemplazar importaciones.

Tras el cierre, el Gobierno decidió suspender por seis meses los aranceles antidumping que regían desde 2015 para proteger la producción nacional. La medida se formalizó a través de la Resolución 345/2026 del Ministerio de Economía. El objetivo fue permitir el ingreso inmediato de aisladores desde el exterior y evitar problemas en el suministro eléctrico.

La decisión respondió también a pedidos de la propia industria, que advirtió que sin esos insumos podían demorarse obras energéticas o producirse fallas en la red. La Comisión Nacional de Comercio Exterior recomendó levantar los aranceles al considerar que, sin producción local, mantenerlos podía perjudicar el servicio eléctrico.

A partir de ahora, las empresas podrán importar aisladores —especialmente desde China, Brasil y Colombia— sin pagar esos recargos. El mercado quedó completamente abierto a proveedores externos, sin competencia nacional.

Para los trabajadores, el impacto fue inmediato. El cierre no solo implicó la pérdida de los puestos en la planta, sino también la desaparición de una actividad industrial específica que requería técnicos, operarios calificados y conocimiento acumulado durante décadas. La pérdida no es solo de empleo, sino de un saber productivo que no tiene reemplazo inmediato.

El caso se dio en un contexto más amplio de dificultades en la industria electromecánica. Datos del sector citados por InfoGremiales señalaron caídas en la producción durante 2025 y un escenario de cautela para 2026, con empresas enfocadas en sostener actividad y empleo. El cierre de FAPA se inscribió en ese proceso de retracción industrial.

La respuesta estatal priorizó garantizar que no falten insumos para la red eléctrica, pero no incluyó medidas para sostener la producción local ni preservar los puestos de trabajo. El resultado inmediato fue una transición desde la fabricación nacional hacia la importación, sin un esquema anunciado de reconversión laboral para los trabajadores afectados.

JJD

La cadena china Miniso confirmó su llegada a la Argentina con un plan de apertura de 100 locales en cinco años y la posibilidad de generar entre 800 y 1.000 puestos de trabajo, en un contexto de deterioro del empleo y caída de los ingresos laborales. El desembarco incluyó una inversión anunciada de US$50 millones y la apertura de su primer local en el microcentro porteño, con una estrategia de expansión en shoppings y aeropuertos.

El anuncio se produjo en un mercado laboral que mostró señales de empeoramiento para quienes trabajan o buscan empleo. En el cuarto trimestre de 2025, la desocupación subió al 7,5%, por encima del 6,4% de un año antes, mientras que la tasa de empleo bajó de 45,7% a 45,0%, según el INDEC. En paralelo, creció la presión sobre el mercado de trabajo, con más personas ocupadas que buscaron otro empleo o más horas para sostener ingresos.

Todo esto se produce durante el gobierno de Javier Milei, quien, paradójicamente, se autodeclaró enemigo del comunismo chino.

El deterioro del empleo asalariado registrado también formó parte del escenario en el que se anunció la inversión. El investigador del Instituto de Estudios y Formación de la CTA Autónoma, Luis Campos, sostuvo que “en lo que va del gobierno de Javier Milei 288.815 asalariados perdieron su trabajo. Apenas se compensa con un fuerte aumento del monotributo”. Esa dinámica implicó un reemplazo parcial de empleo formal por formas más precarias de inserción laboral.

En ese contexto, la promesa de generación de empleo asociada a la expansión de la china Miniso aparece acotada frente a la magnitud de la destrucción de puestos registrados. Incluso en el escenario más alto planteado por la empresa, de 1.000 empleos en cinco años, el impacto potencial resultó menor frente a la pérdida de empleo asalariado acumulada en el mismo período.

El modelo de negocios que la empresa proyectó para el país también se apoyó en una fuerte presencia de productos importados. Según se detalló, la mayoría de los artículos que se comercializarán en los locales serán de origen externo, con una oferta que incluye licencias internacionales como Disney, Marvel o Sanrio, y una renovación constante de productos orientada al consumo masivo.

La llegada de la firma se inscribió además en un escenario económico atravesado por la apertura de importaciones y la caída del consumo, factores que ya impactaron en la actividad de empresas locales. En distintos sectores, esa combinación derivó en despidos, suspensiones y dificultades financieras, especialmente en industrias y comercios orientados al mercado interno.

La estrategia de Miniso apuntó a instalarse en zonas de alto tránsito y captar público joven, con locales de entre 200 y 600 metros cuadrados y tiendas insignia de mayor tamaño. El primer punto de venta abrirá en la peatonal Florida y luego se sumarán sucursales en centros comerciales del Área Metropolitana de Buenos Aires, con expansión progresiva al resto del país.

La proyección de crecimiento de la empresa se basó en su expansión global, con presencia en más de 100 países y miles de tiendas, pero su desempeño en Argentina dependerá de un mercado interno en retracción y de un escenario laboral más inestable. En ese marco, la creación de empleo asociada a nuevas inversiones convive con una dinámica general de pérdida de puestos asalariados y aumento de formas laborales más frágiles.

Hasta el momento, el anuncio no modificó la tendencia general del mercado de trabajo, que mostró más desocupación, menor tasa de empleo y mayor precarización. La evolución de la inversión y la apertura efectiva de locales determinarán si la promesa de empleo se concreta en un contexto donde las condiciones para sostener la actividad comercial siguen condicionadas por la caída de las ventas y el deterioro del poder adquisitivo.

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La desocupación cerró 2025 en 7,5% y marcó el nivel más alto desde la salida de la pandemia en los 31 aglomerados urbanos relevados por la EPH. El dato implicó una suba interanual de 1,1 puntos porcentuales respecto del 6,4% del cuarto trimestre de 2024, mientras que la tasa de empleo bajó de 45,7% a 45,0% y la de actividad pasó de 48,8% a 48,6%. El propio INDEC aclaró que, en la comparación interanual, la suba del desempleo sí resultó estadísticamente significativa, pero que las variaciones en actividad y empleo no lo hicieron.

El deterioro volvió a recaer con más fuerza sobre los trabajadores más jóvenes. Entre las personas de 14 a 29 años, la tasa de desocupación de las mujeres subió de 13,8% a 16,8% en un año, mientras que la de los varones pasó de 12,5% a 16,2%. En términos del informe técnico, eso significó aumentos interanuales de 3,0 y 3,7 puntos porcentuales, respectivamente. Para las edades centrales, de 30 a 64 años, el INDEC registró estabilidad. El mercado laboral, así, volvió a mostrar una puerta de entrada cada vez más estrecha para quienes buscaban su primer empleo o intentaban sostener trayectorias laborales todavía frágiles.

El dato general escondió además una presión laboral más amplia que la desocupación abierta. En el cuarto trimestre, los desocupados representaron el 7,5% de la población económicamente activa, pero a eso se sumó un 16,5% de ocupados demandantes de empleo y un 6,0% de ocupados no demandantes disponibles. En conjunto, la presión sobre el mercado de trabajo llegó al 30,0%. En otras palabras, no solo creció la cantidad de personas sin trabajo: también siguió siendo alta la proporción de quienes ya tenían una ocupación pero buscaron otra o quisieron trabajar más horas para completar ingresos.

La foto del empleo confirmó un mercado más precario y más fragmentado. Sobre 13,5 millones de ocupados en los 31 aglomerados urbanos, el 71,5% fueron asalariados y el 28,5% no asalariados. Dentro de este último grupo, el 86,9% correspondió a trabajadores por cuenta propia. A la vez, la informalidad laboral alcanzó al 43,0% de los ocupados, prácticamente en línea con un año antes. Es decir, aun cuando parte de la caída del empleo asalariado registrado se compensó con más monotributo, cuentapropismo o changas, eso no alcanzó para evitar que el desempleo avanzara ni para revertir la degradación de las condiciones de inserción laboral.

La población desocupada también mostró un sesgo generacional nítido. En la composición del total de personas sin trabajo, los varones de hasta 29 años representaron el 27,9% y las mujeres de hasta 29 años el 23,1%. Sumados, explicaron más de la mitad de la desocupación total medida por la encuesta. A la vez, el 46,7% de las personas desocupadas fueron hijos o hijas dentro del hogar, otro indicador de que la pérdida o la falta de empleo se concentró en franjas más jóvenes y en hogares donde la inserción laboral todavía dependió de trayectorias inestables.

Luis Campos, investigador del Instituto de Estudios y Formación de la CTA Autónoma, ya había advertido con datos del SIPA que el deterioro del empleo registrado seguía profundizándose. El 13 de marzo escribió: “En lo que va del gobierno de Javier Milei 288.815 asalariados perdieron su trabajo. Apenas se compensa con un fuerte aumento del monotributo”. En el mismo hilo sostuvo que el empleo privado registrado acumuló siete meses seguidos de destrucción, que en el sector privado ya se perdieron más de 200.000 puestos en dos años y que la industria eliminó casi 40.000 empleos durante 2025, sobre todo en el segundo semestre.

La combinación entre más monotributo, más cuentapropismo y más búsqueda de horas o empleos adicionales no funcionó como una salida para quienes trabajaron. Los datos del INDEC mostraron que la tasa de empleo no recuperó el nivel de un año atrás y que el desempleo sí avanzó. El resumen ejecutivo del organismo estimó además 1,1 millones de desocupados y 13,5 millones de ocupados en el universo cubierto por la EPH urbana. En ese cuadro, la expansión de formas laborales más inestables no operó como compensación real de la pérdida del empleo asalariado, sino como parte de un mercado que absorbió peor y con menos protección a quienes necesitaron trabajar.

La región más afectada por la desocupación volvió a ser el Gran Buenos Aires, con una tasa de 8,6%, seguida por la región Pampeana con 7,7%. En los aglomerados de 500.000 habitantes y más, el desempleo llegó al 8,0%, contra 4,7% en los de menor tamaño. Esa concentración territorial importó porque allí se ubicó una parte decisiva del empleo industrial, comercial y de servicios urbanos que en los últimos meses mostró señales de contracción. Campos advirtió justamente que, además de la industria, el comercio empezó a exhibir una fase contractiva en el segundo semestre de 2025, con potenciales efectos más graves sobre el mercado laboral.

Para quienes trabajaron o buscaron hacerlo, el cierre de 2025 dejó una evidencia difícil de discutir: aumentó la desocupación, no mejoró el empleo y la crisis pegó más fuerte entre los jóvenes. El monotributo y el cuentapropismo absorbieron una parte del golpe, pero no evitaron que creciera la cantidad de personas sin empleo ni que se ampliara la presión sobre el mercado de trabajo.

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