Más allá de luces deslumbrantes y del combate asalvajado por la atención en redes sociales también hay vida musical en el pop: la guitarra eléctrica como medio principal -no único- de expresión, la artesanía de la canción como apología del trabajo humilde y constante, lírica sobre el paso del tiempo y el lugar natal, conciertos en su ciudad y alrededores “con alguna excepción”. “Como The Feelies, que hacen dos o tres conciertos al año en New Jersey, o Jonathan Richman, somos una banda de kilómetro cero”, define divertido a Tesouro su cantante, guitarrista y compositor, Carlos Rego. El grupo acaba de publicar No centro do mundo, su segundo elepé, rock eléctrico, sereno, adulto para bien, que abreva en una tradición americana a la vez subterránea y clasicista.

Tesouro nació de las canciones que Rego (Ourense, 1961) había ido grabando junto al batería Aser Álvarez, su compinche en Cosecha Roja -activos entre 1988 y 2001- y Burgas Beat -entre 2002 y 2012. Buscaban bajista y se sumó Dani Alonso, procedente de Os Amigos dos Músicos (sensibles practicantes de folk rock). La idea fue tomando forma. El trío editó Aquí conmigo (vinilo, Hanky Panky Records, 2022), quizás más garajero que su sucesor. “Me cuesta poner distancia respecto de lo que hacemos. Sí sé que No centro do mundo es el primer trabajo del grupo como tal, con sus cuatro miembros aportando”, explica en conversación con elDiario.es. La incorporación de Anxo Fernández a los teclados -Hammond, piano- completó la formación. “Los arreglos de No centro do mundo (vinilo, Hanky Panky Records, 2026) están más pensados de antemano. El primero fue más inconsciente”, añade.

Ahora entrega un disco con canciones en gallego y en castellano, con Rego como letrista que recurre sin complejos a sus poetas de guardia: el espléndido vanguardista Manuel Antonio (1900-1930), el preciso y contracultural Lois Pereiro (1958-1996), Karmelo Iribarren, el anónimo autor de Silencio de Ourense. “La ciudad donde vives te marcha mucho. Esa idea del 'centro del mundo' se repite en varias canciones. En la de Pereiro, por ejemplo [Revisando os danos, a la sombra de The Dream Syndicate], o en lo que hacíamos con Burgas Beat”, dice, aunque remite el origen del concepto al recuerdo distorsionado de un diálogo de la película Los puentes de Madison (Clint Eastwood, 1995). “Los que habitamos ciudades pequeñas parece que estamos apartados de las corrientes principales y a veces es al revés”, puntualiza. Todo en Tesouro rechaza la grandilocuencia. Su épica, de haberla, es la cotidiana.

“Empresa mínima que no da pérdidas”

Los amplificadores por momentos restallan a lo Crazy Horse, el garage rock se desprende de lugares comunes en la estela de los Yo La Tengo de los 80, hay interrupciones acústicas (Silencio de Ourense, el arranque de la hermosa Sós o Manuel Antonio se disuelve en folk rock con punteos espejados en Television). ¿Por qué seguir escribiendo canciones tras casi cuatro décadas en una zona prestigiosa pero en sombra de la escena musical? “Por dinero seguro que no”, responde entre risas, “con el dinero y las horas que llevo invertidas en la música ya habría pagado la hipoteca. A veces yo también me hago esa pregunta”. Rego atravesó algún período de sequía, el más largo los cinco o seis años en torno al libro sobre Derribos Arias que publicó en 2015 (Derribos Arias. Licencia para aberrar, en 66rpm ediciones).

“Pero las canciones aparecen, quieren salir. Y tengo la suerte de que haya gente a mi alrededor que me ayuda a sacarlas al exterior, Dani, Aser, Anxo ”, se extiende, “y a mantener el nivel. De tercera regional, pero nivel [ríe]. Tenemos la posibilidad de tocar en condiciones. Somos una empresa mínima que no da pérdidas”. Tesouro, como antes Burgas Beat y aún antes Cosecha Roja -que alimenta cierto estatus de culto, elaborado pop energético-, despliega todas sus potencias en directo. “Eso es innegociable. El grupo tiene energía, sus canciones tienen nervio y ganan en vivo”, asegura, preguntado por lo paradójico, o no, de facturar rock adulto. “Lo que no queremos es quedarnos en el middle of the road [MOR]”, dice. Al fin y al cabo, “esto es un experimento, saber hasta cuándo se pueden hacer cosas con significado”. No hace tanto tiempo que el rock se ha hecho mayor y Neil Young no lleva la vejez de la misma manera que los Rolling Stones. Por ejemplo.

Y es que, pese a cierto discurso dominante, la chavalada sigue enchufando guitarras, considera. “Alcalá Norte o Carolina Durante no dejan de ser grupos de guitarras y triunfan. O The Rapants, que musicalmente están lejos de mí pero a los que tengo mucha admiración”, señala, “los vi crecer en los garitos de Muros (A Coruña), donde veraneo desde hace 30 años”. No todo tiempo pasado fue mejor, tampoco a este respecto. “El rock ya era minoritario cuando yo era adolescente. Si hay una expresión que odio es 'en mi época”, explica con sarcasmo, “hablas con tres tipos de mi edad y cada uno tiene su época. Cada uno la vive de manera distinta”. Lo que además no impide que criterios y preferencias evolucionen: “Yo odiaba los Bee Gees y ahora me parecen buenísimos. Incluso la banda sonora de Fiebre del sábado noche”.

En todo caso, la tarea de Tesouro y sus guitarras no es el baile, sino las canciones. Que además no esconden sus aires de familia. “No me niego a que se note lo que me gusta”, admite, “soy un humilde compositor. Los que no queremos inventar la rueda también tenemos derecho a hacer una rueda bien hecha”. Para Rego, mozo en un barrio del Ourense de los 70, el pop -en sentido amplio- fue su música folk. “Yo no accedí a la música tradicional gallega hasta más tarde. Solo algún disco de Fuxan Os Ventos [mítico conjunto vocal cuya etapa de mayor repercusión fue en la segunda mitad de los 70] que compraba mi padre”, confiesa, “pero sé que también sigo una tradición”. La del rock eléctrico, independiente y de orfebre. Sobre el que también escribe.

Los libros: de Bibiano a Modern Lovers

Rego ha publicado una celebrada monografía sobre la evanescente etiqueta Nuevo Rock Americano (NRA) -prácticamente creada por la prensa musical española y que englobaba a REM, Los Lobos, Dream Syndicate, Green On Red- y la biografía de Derribos Arias. Profundizó en la obra de Magín Blanco, artesano del rock eléctrico con La Rosa en los 80 reciclado en músico para la infancia, y la reevaluó. Su último libro repasa la increíble vida y la valiosa obra de Bibiano Morón, cantautor antifranquista y autor de tres magníficos elepés de folk progresivo entre 1975 y 1979. Tras el verano, la editorial Sílex publicará la aproximación de Rego a uno de sus héroes, el estadounidense Jonathan Richman. “Me centro en su primer grupo, los Modern Lovers originales”, explica, “activos entre 1970 y 1974 y que no sacaron ningún disco. Son un OVNI en la carrera de Richman”. Solo en 1976 apareció The Modern Lovers, con las maquetas registradas en el 72 producidas por John Cale, y se convirtió en uno de las fuentes secretas de la inmediata explosión punk. “Es un libro diferente a todo lo que he hecho hasta ahora, con otra forma”, apunta.

Mientras, Tesouro llevará a los escenarios No centro do mundo. Siempre bajo la filosofía del kilómetro cero. Este 4 de abril lo presentan en A Arca da Noe, en Vilar de Santos, en el corazón de la comarca de A Limia. El 18 apoyará a la única tienda de discos que resiste en Ourense, Bonus Track, junto a la surf music de Phantom Dragsters, también locales. Y el 24 del mismo mes abre para una banda legendaria y asociada al NRA, los Long Ryders de Sid Griffin, en la Sala Capitol de Santiago de Compostela. Ya en mayo, en el fin de semana del Día de los Trabajadores, Tesouro estará en la Fundación Club 45 de Álex Cooper -el de Los Flechazos- en León.

Entre los años 2011 y 2012, la Xunta de Galicia, bajo la presidencia de Alberto Núñez Feijóo, sufragó con 44.200 euros (sin IVA) los gastos de seguridad privada y del servicio de guías contratados para los cuatro días de cada mes en los que el Pazo de Meirás se abría al público, tal y como obligaba su condición de Bien de Interés Cultural (BIC). Los acuerdos, a los que ha tenido acceso elDiario.es, fueron firmados entre la Consellería de Cultura y la hija del dictador, Carmen Franco. Feijóo aseguró entonces que el convenio no conllevaría “ningún pago ni compensación” para la familia. Hoy, Cultura asegura que se trató de “una partida puntual y no se volvió a destinar”.

El pazo había sido declarado BIC por el gobierno bipartito (PSdeG-BNG) el 30 de diciembre de 2008, cuando dirigía Cultura la nacionalista Ánxela Bugallo. Los Franco intentaron torpedear aquel proceso con la colaboración de un Feijóo que acababa de estrenarse como líder de la oposición. Después de que los herederos del dictador impidiesen a los técnicos de la Xunta acceder al inmueble para realizar la evaluación previa a la declaración como BIC, el líder del PP gallego aseguraba que no se les podía obligar a abrir Meirás a las visitas porque “no es un pazo” sino “una torre”.

Ese mismo Feijóo fue el que, en febrero de 2011 –ya como presidente gallego– alcanzó un acuerdo con la familia para garantizar la apertura al público. Lo hizo después de que el Tribunal Supremo rechazase el recurso de los Franco contra la declaración de BIC.

En el convenio se consideraba “especialmente interesante” llevar a cabo “una acción didáctica e informativa más allá de las obligaciones de apertura para sus titulares”. Una apertura que, “dada la singularidad” del pazo, “puede provocar riesgos en la seguridad”. “El hecho de que fuese residencia del anterior jefe de Estado puede convertirlo en blanco de actos violentos o molestos que lleguen a poner en peligro su integridad”, rezaba el documento.

Así, la Consellería y los todavía propietarios del Pazo mostraban su “voluntad de establecer vías de colaboración en el ámbito de la protección y promoción de este bien cultural”, en un reparto de papeles que dejaba a la Xunta “la financiación de los gastos derivados de la adopción de medidas de vigilancia y seguridad que se estimen necesarias, así como los derivados del seguro que cubra la reposicion de los daños que puedan causarse a consecuencia del programa de visitas guiadas gratuitas y la presentación de las mismas”. Los Franco, por su parte, simplemente se comprometían a abrir el pazo cuatro días al mes –algo que acabarían incumpliendo– y a mantener “en las debidas condiciones de conservación y buen estado” sus dependencias y el terreno incluido en su recinto.

El coste para las arcas públicas no debería superar “en ningún caso” los 18.000 euros, una aportacion que “sólo cubre el coste” de la actividad subvencionada y “no supone ningún ánimo de lucro ni beneficio” para ninguna de las partes. Sin embargo, en junio –menos de tres meses después del inicio de las visitas–, Cultura redactó un informe para justificar una addenda al convenio.

La expectación ante la apertura desbordó la demanda, prevista para cuatro grupos de hasta 15 personas en cada jornada, así que se optó por añadir cinco días más de visita entre el 15 de junio y el 15 de septiembre –ninguno en agosto, cuando la familia seguía veraneando en el Pazo– e incrementar un turno en esas nuevas fechas. En total, eso suponía 5.000 euros más: 1.770 para seguridad, 1.274 para el servicio de guía, 236 para la “gestión” de las visitas y 1.720 de la póliza del seguro.

En febrero de 2012, el convenio se renovó, partiendo ya de una asignación inicial de 21.200 euros. No consta, entre la documentación a la que ha tenido acceso elDiario.es, que en ese año hubiese que aumentar los días previstos de visita. 11.448 euros se destinarían a la seguridad y los 9.752 restantes a la gestión y la guía.

Un portavoz de la Consellería de Cultura asegura a elDiario.es que aquella “fue una partida puntual y no se volvió a destinar”. Preguntados por si ese montante se tendrá en cuenta frente a la demanda de compensación económica de los Franco, recordó que esa cuestión “atañe al Gobierno central como titular del inmueble” y que la Xunta “ya manifestamos nuestra intención de adherirnos a la acción judicial de la Abogacía del Estado para evitar el pago de la indemnización”.

No fue un militar local cualquiera cuya carrera coincidió fatalmente con la dictadura, si es que esa inocencia resultase posible. Juan Yagüe Blanco, represor al frente de las tropas africanas de la Revolución de Asturias en 1934, falangista de primera hora, conspirador contra la democracia republicana, fue además el Carnicero de Badajoz. Entre 2.000 y 4.000 civiles cayeron ejecutados en la ciudad extremeña en agosto de 1936 al paso de la columna de Yagüe. El ejército español mantiene una “sala de honor” con su nombre en el Palacio de Capitanía de A Coruña y la publicita en carteles y dípticos para visitas guiadas al inmueble. La Comisión Pola Memoria Histórica de la ciudad lo ha denunciado y exige la retirada de la distinción.

Yagüe Blanco había nacido en un pequeño ayuntamiento de la provincia de Soria en 1891. Murió en Burgos 61 años después. Por el medio se convirtió en uno de los militares ultramontanos más célebres. Integrado en la Legión durante las guerras del Rif y cabecilla de liquidación militar de la revuelta obrera de 1934, amigo personal del líder falangista José Antonio Primo de Rivera, el 17 de julio del 36 sublevó a las tropas en Ceuta. Un mes después lideraba a 3.000 soldados para entrar a sangre y fuego en Badajoz, uno de los más conocidos episodios de terror fascista de la Guerra Civil.

A la batalla entre legionarios partidarios de Franco y milicianos republicanos la sucedió una brutal represión. Los investigadores todavía discuten cifras de asesinados: como mínimo 2.000, otras fuentes hablan de casi 4.000. El propio Yagüe admitía su papel en lo sucedido en una entrevista con el New York Herald Tribune recogida por el historiador Julián Casanova: “Por supuesto que los matamos. ¿Qué esperaba usted? ¿Qué iba a llevar cuatro mil prisioneros rojos conmigo, teniendo mi columna que avanzar contra reloj? ¿O iba a soltarlos en la retaguardia y dejar que Badajoz fuera roja otra vez?”. La matanza transcendió las fronteras españolas y le valió a Yagüe el sobrenombre de Carnicero de Badajoz.

Después de la guerra, Yagüe Blanco viajó a la Alemania nazi para acompañar a la Legión Cóndor de regreso a España. Fue Ministro del Aire del primerísimo franquismo entre agosto de 1939 y junio de 1940 y en el 43 ascendió a teniente general. Ese es el grado con el que lo recuerda el Palacio de Capitanía de A Coruña. “Mantener esta denominación es una ofensa a las víctimas de la dictadura y a la propia institución militar, además de un incumplimiento flagrante de la Ley de Memoria Democrática”, ha señalado en un comunicado la Comisión pola Recuperación da Histórica de la ciudad, que recuerda que localidades como Soria, Madrid o Logroño han eliminado referencias y homenajes al militar fascista. El colectivo también ha remitido escritos al Ministerio de Defensa y a la Dirección General de Atención a las Víctimas del Ministerio de Política Territorial y Memoria Democrática en los que solicita suprimir la denominación “sala de honor TG Yagüe”.

Según el artículo 40 de la citada ley, aprobada en 2022, “las administraciones públicas […] adoptarán las medidas oportunas para revisar de oficio o retirar la concesión de reconocimientos, honores y distinciones anteriores a la entrada en vigor de esta ley que resulten manifiestamente incompatibles con los valores democráticos y los derechos y libertades fundamentales, que comporten exaltación o enaltecimiento de la sublevación militar, la Guerra o la Dictadura o que hubieran sido concedidas con motivo de haber formado parte del aparato de represión de la dictadura franquista”. Juan Yagüe Blanco fue uno de los 35 cargos de la dictadura franquista que el juez Baltasar Garzón imputó en 2008 por delitos de detención ilegal y crímenes contra la humanidad.

elDiario.es ha preguntado por el caso al Ministerio de Defensa pero por el momento no ha recibido respuesta.

La Televisión de Galicia (TVG) cerró el mes de marzo con una audiencia media del 7,5% de share, el segundo peor dato de su historia, sólo por delante del 7,2% obtenido en junio de 2024. El canal gallego perdió seis decimas de cuota de pantalla y sigue cayendo en el ranking de la FORTA, la federación de televisiones autonómicas, donde ahora ocupa el sexto lugar. La líder del grupo, TV3, la dobla en porcentaje de espectadores (15,3%).

En conjunto, según los datos de Kantar Media elaborados por la consultora Dos30', los canales de la FORTA perdieron medio punto durante el tercer mes del año. En el furgón de cabeza, sólo la televisión canaria mejora los datos de febrero (0,7%). Canal Sur llega a desplomarse casi dos puntos pero, aún así, continúa comodamente por encima de TVG con su 8,7% de share.

Incluso en este escenario negativo, TV3 firmó su mejor marzo desde 2020 y Aragón TV, segunda en el ranking, el de toda su historia con un 12,1%. ETB cierra el top 3 con un 9,6% que no alcanzaba desde 2021 mientras que la subida de TV Canaria hasta el 8.9% le deja su mejor registro en este período en tres lustros.

De San Marcos a San Caetano

La caída de audiencia se ha convertido en la mayor preocupación en los despachos de San Marcos, la sede de la TVG, y ha llegado incluso hasta San Caetano, el edificio de la Xunta. Tras los datos de octubre –un 7,7% y caída hasta el quinto lugar de la FORTA–, el presidente gallego, Alfonso Rueda, envió un recado a la nueva cúpula, elegida en solitario por el PP el pasado verano tras un cambio exprés en la ley: “Es la televisión de todos los gallegos y es bueno que tenga buenos datos de audiencia”. De momento, los cambios en la parrilla siguen sin dar sus frutos y se viven situaciones tan pintorescas como las del pasado domingo, cuando la emisión de la misa fue el espacio con mejor share de la jornada y líder de su franja.

Mientras, el discurso oficial se esfuerza en negar a la mayor. La cadena se agarra una y otra vez a los datos del EGM –donde aparece recurrentemente como el canal más visto en Galicia– y a los “millones” de impactos en redes sociales de sus vídeos, un contenido en el que han venido apostando por el humor grueso y los dobles sentidos con carga sexual.

La oposición, por su parte, siempre que tiene ocasión –la última vez, este martes, en la comisión de control parlamentario–le recuerda a la directora xeral, Concepción Pombo, que primero como responsable de unos informativos más que cuestionados y ahora como máxima autoridad de la corporación, está llevando a la TVG a la “irrelevancia”. Por su parte, el colectivo de trabajadores Defende a Galega –con más de 400 venres negros a sus espaldas– advertía en la red X: “La Televisión de Galicia se está acostumbrando peligrosamente a tocar fondo una y otra vez”.

El tráfico en la autopista AP-9 aumentó un 4,7% en 2025 mientras la concesionaria, Audasa, incrementó su beneficio un 11,7%, hasta 100,81 millones de euros, según recoge el informe de auditoría remitido a la Comisión Nacional del Mercado de Valores (CNMV). El resultado antes de impuestos alcanzó los 134,4 millones (+11,67%).

En un comunicado recogido por Europa Press, Audasa destaca que la AP-9 registró en 2025 una intensidad media diaria de peaje de 24.757 vehículos, un 4,7% más que en el año anterior.

Resalta que las cuentas reflejan una cifra de negocio de 232 millones de euros (un 12,2% más respecto a 2024), de los que 228 millones corresponden a ingresos por peajes y 4 millones a ingresos procedentes de las siete áreas de servicio.

De acuerdo con los datos de la compañía, de los ingresos de peaje de la AP-9, el cliente medio abona un 57,6% y el 42,4% restante está sufragado por las bonificaciones del Gobierno central, los descuentos que financia Autopistas del Atlántico (10,4 millones de euros) y por los peajes en sombra. “En total, de los 228 millones de ingresos por peajes, 97 millones no son pagados por los conductores”, asegura.

La empresa ha realizado en 2025 inversiones por 11,2 millones de euros “tanto en mejora y mantenimiento de la infraestructura como en inversiones medioambientales”, según resalta.

Entre las inversiones de infraestructura destaca las obras de mejora en el firme de la carretera o las modernizaciones de los viaductos de Portas, Solláns, Trasmañó y la renovación de la pasarela de Elviña.

Las inversiones medioambientales incluyen la gestión de la vegetación en el entorno de la autopista con más de 5 kilómetros cuadrados y con 6.700 toneladas de vegetación tratada.

Además, Autopistas del Atlántico reivindica que mantuvo en 2025 su “vínculo con Galicia” a través de su red de proveedores y asegura que destinó 16 millones de euros a compras a empresas locales, que concentran el 79% del total, dentro de un tejido de 628 colaboradores.

La concesionaria de la AP-9 elevó su plantilla hasta los 320 profesionales en los periodos de mayor actividad y superó las 6.200 horas de formación dirigidas a su personal, según sus números. Añade que las mujeres representan el 50% de la plantilla y ocupan el 43% de los puestos directivos y mandos intermedios.

Un hombre ha perdido la vida este martes al sufrir una descarga eléctrica cuando trabajaba dentro de una arqueta -pequeña cámara subterránea- en O Grove (Pontevedra). Tal y como ha trasladado el 112 Galicia, alrededor de las 15.30 horas el hombre se encontraba trabajando en una arqueta en la carretera que comunica A Lanzada con San Vicente, cuando sufrió una descarga eléctrica.

Hasta el lugar se desplazaron Urxencias Sanitarias de Galicia-061, con el helicóptero medicalizado con base en Santiago de Compostela y Emerxencias do Grove. A pesar de los esfuerzos de los equipos sanitarios por reanimarlo, no pudieron hacer nada por el hombre, que perdió la vida.

El Tribunal Supremo ha acordado inadmitir a trámite el recurso de casación interpuesto por la Xunta contra el auto del Tribunal Superior de Xustiza de Galicia (TSXG) que ordenó la paralización cautelar de las obras del parque eólico Acibal a instancia del colectivo ecologista Adega, según informa Amil Sen Eólicos.

La inadmisión se produce por falta de fundamentación suficiente y ausencia de interés casacional objetivo, según destaca esta asociación en una nota.

En concreto, la sección primera de la sala de lo contencioso-administrativo del Supremo, en una providencia con fecha del pasado 11 de marzo, considera que la Xunta no justificó que el caso tenga relevancia general ni cumple los requisitos para ser revisado en casación. De este modo, se mantiene la paralización de las obras y se imponen 1.000 euros en costas a la Xunta.

Por su parte, Amil Sen Eólicos recuerda que “el conflicto tiene su origen en la aparición, en el transcurso de las obras, de numerosos restos arqueológicos en el Monte Acibal (incluyendo petroglifos y otros elementos de alto valor patrimonial) que no habían sido debidamente identificados ni evaluados durante la tramitación ambiental y patrimonial del proyecto”.

“No me siento cómoda”. La directora xeral de la CSAG (antigua CRTVG), Concepción Pombo, se refugió en la “discreción” para no valorar las preguntas de la oposición sobre la sentencia del Tribunal Superior de Xustiza de Galicia (TSXG) que condenó a la corporación por vulnerar los derechos fundamentales de una periodista como represalia a su participación en los venres negros, las movilizaciones que desde hace más de 400 semanas reclaman el fin de la manipulación informativa en los medios públicos gallegos.

La “gravedad” de la sentencia motivó que BNG y PSdeG introdujeran sendas cuestiones para Pombo en la comisión de control parlamentaria. “Como hablamos de la salud de una trabajadora, de derechos fudamentales y de represalias, creo que esta no es una comisión más”, afirmó la socialista Carmen Dacosta, quien pretendía que la directora xeral contestase a sus interrogantes y no se limitase, como suele hacer, a leer los folios que traía escritos. No lo consiguió.

Antes, la nacionalista Mercedes Queixas, había sintetizado el fondo de la resolución judicial: “Deja claro que en los medios públicos gallegos se represalia, se arrincona, se trata de degradar y de humillar a quien osa levantar la voz contra el uso espúreo y manipulador” de una corporación “teledirigida desde el Consello de la Xunta”.

La periodista Mónica Rosas fue enviada a la Radio Galega tras más de veinte años en la TVG en un movimiento que implicó a otros tres trabajadores; dos –Alberto Ordóñez y Nuria López–, también significados en los venres negros mientras que al tercero, David Fernández, le dijeron que era un “daño colateral”. En primera instancia, los tres casos fueron rechazados porque las juezas no consideraron que se hubiese producido una modificación sustancial de sus puestos de trabajo y, por tanto, no entraron al fondo de la cuestión: si se había producido o no la vulneración de derechos.

Tras archivar el de Ordóñez, el TSXG ha dado ahora la razón a Rosas. Queixas recordó que esta es la tercera sentencia en el mismo sentido contra la CSAG, tras la del periodista Carlos Jiménez –a quien se trató de represaliar con un expediente injustificado– y la del productor al que se cambió de turno para impedirle participar en la huelga de otoño de 2024. “¿Qué mensaje se le envía a la sociedad gallega cuando se castiga a los profesionales como si se tratase de una escuela del franquismo?”, preguntó.

“Estamos ante una forma de actuar escandalosa, indignante, vergonzosa e ilegal” ante la que la dirección “tiene que bajar la cabeza”, argumentó en su turno Dacosta, antes de añadir: “No me gustaría estar en su lugar”.

“Solamente 32 sentencias desfavorables”

En esta ocasión, a Pombo tampoco parecía gustarle. En su primera respuesta, dejó claro que no se sentía cómoda con la situación: “Hablamos de trabajadoras concretas, con derechos, con trayectorias profesionales y con procesos judiciales en curso que estoy segura de que les resultan ásperos y de que les fueron difíciles de presentar y de llevar adelante”. Por un momento, parecía que no fuese ella la representante de la parte demandada.

Aún así, como sucedió en el juicio, trató de incluir los cuatro traslados forzosos dentro de una “cuestión organizativa general” que afectó a más de 90 trabajadores –“con y sin participación en causas reivindicativas de distinta naturaleza”– y que considera respaldada “mayoritariamente” por la justicia porque, de las 279 causas juzgadas entre 2023 y marzo de 2026, “solamente” habían recibido 32 sentencias desfavorables.

En su aleccionamiento a la oposición, Pombo trató de “introducir claridad” ante las referencias a los derechos fundamentales “que usaron como sinónimo de constitucionales”. Para ella, bajo este término “lo que realmente se analiza son cuestiones organizativas ordinarias”, como cambios de turno o de horario. Eso sí, en lo que sonó a un alarde de generosidad, afirmó: “Aceptamos el derecho de los trabajadores a pedir la tutela judicial cuando lo consideren oportuno”. 

Como había anticipado la CSAG, la directora xeral ratificó que recurrirán la sentencia ante el Tribunal Supremo, con el objetivo, según dijo, “de obtener una interpretación unificada con las otras sentencias que sí fueron favorables”.

En su réplica, Queixas y Dacosta demostraron que no habían comprado su supuesta discreción. “”Es un fraude que esquive su responsabilidad en esta tema“, asevero la primera tras inquirir: ”Si no está cómoda, ¿será por que se siente responsable?“. ”Menos cómoda se encontraba la trabajadora a la que vulneraron sus derechos fundamentales como represalia“, apostilló la diputada del PSdeG.

La parlamentaria del BNG preguntó a Pombo si pensaba “persistir en esa infamia”. “Lo que le está diciendo la sentencia es que los medios públicos no son su cortijo particular”.

“La vulneración de derechos y el maltrato laboral son características que definen a los autócratas”, añadió Dacosta, quien recordó a Pombo su “obligación” de contestar a las preguntas de la oposición. “Actúa como si nosotros fuésemos trabajadores de la CSAG, pero nosotros estamos protegidas y ellos, no”. “Está dando a entender que van a seguir haciendo lo mismo”, concluyó antes de finalizar, aprovechando las fechas, para recomendarle –no sin un punto de ironía–, a falta de otra cosa, un “acto de contrición”.

Una percebeira que trabajaba en la extracción del crustáceo entre el Castro de Baroña y el Farito, en Porto do Son (A Coruña), ha fallecido en la mañana de este martes por un golpe de mar. Según ha informado el CIAE 112 Galicia, el suceso tuvo lugar minutos antes de las 10,00 horas de este martes. En este momento, pescadores que se encontraban por la zona consiguieron sacarla del agua y trasladarla en una planeadora al puerto más próximo para que recibiese asistencia médica. Sin embargo, la mujer ya había fallecido.

Muchos de los recursos activados para su rescate fueron, finalmente, anulados, ya que nada podía hacerse para salvarle la vida. Con todo, los gestores del Centro Integrado de Atención ás Emerxencias de Galicia informaron a todos los organismos competentes, como Salvamento Marítimo, Servizo de Gardacostas de Galicia, Guardia Civil, Policía Local y Urxencias Sanitarias de Galicia-061.

El presidente de la Xunta, Alfonso Rueda, insiste en que el futuro plan de usos del pazo de Meirás no debe tener sólo en cuenta las décadas en las que fue propiedad de la familia Franco y símbolo del poder de la dictadura, sino también “la larga historia” del recinto, “especialmente la condesa de Pardo Bazán, pero no sólo eso”. “Lo que no se puede pretender es que se refleje sólo una parte”, manifestó.

En su comparecencia tras la reunión del Consello de la Xunta, Rueda señaló las críticas de quienes están en contra “de que se intente abarcar todo” y defendió la necesidad de “encontrar un equilibrio en el que creo que estará la virtud”.

La reunión del gobierno gallego del lunes pasado estudió el informe en el que basará su petición de asumir la gestión del pazo de Meirás, después de que el Tribunal Supremo confirmase la propiedad pública del inmueble. El delegado del Gobierno en Galicia, Pedro Blanco, respondió recordando el “poco interés” del PP en “la recuperación de este tipo de símbolos”, aunque no dudó en felicitar a Rueda “por sumarse a la celebración”. Para Blanco, la recuperación del pazo para el patrimonio público es “un símbolo claro de que existe una memoria democrática”.

El ejecutivo autonómico se ha negado a hacer público. En respuesta a la solicitud de este diario para conocer su contenido, la Consellería de Cultura señala que se trata de un documento de trabajo “que sienta las bases para seguir avanzando en el futuro” y que refleja los siguientes pasos que va a dar el Gobierno gallego. Será “una vez finalizado el trabajo técnico” cuando “se dará más información”.

El presidente de la Xunta, Alfonso Rueda, atribuyó el traslado forzoso del magistrado Luís Villares a “cambios organizativos” en el Tribunal Superior de Xustiza de Galicia (TSXG). Villares, portavoz de En Marea entre 2016 y 2020, recibió duros ataques tanto del PP como del gobierno gallego tras varias sentencias emitidas por la sección tercera de la Sala del Contencioso-Administrativo y que supusieron la paralización de parques eólicos. En 2024, los populares llegaron a acusarlo directamente de ser “juez y parte” en unas causas que, en su nuevo destino, dejará de juzgar. Rueda ha admitido “desacuerdo” con los fallos en los que participó Villares pero negó haberlo criticado, “al contrario de lo que hacen otros partidos”.

En su comparecencia de este lunes tras el Consello de la Xunta, Rueda consideró una “decisión interna” el intercambio forzado de magistrados entre las secciones tercera y cuarta de la Sala de la Contencioso. En un escrito emitido apenas unos días después de tomar cargo, la nueva presidenta de la Sala, María Azucena Recio, enviaba a Villares y a su compañera María Dolores López a la sección cuarta y los sustituía por otros dos jueces procedentes de ella. En el caso de Villares, lo argumentaba en la “salvaguarda de la imparcialidad”, tras la anulación de tres sentencias por parte del Tribunal Supremo. En el del resto de afectados, lo justificaba como una posibilidad de crecimiento profesional.

Xuíces e Xuízas para a Democracia (XXpD) expresó su temor de que la medida tratase de provocar un cambio en los criterios de la sección. El BNG, por su parte, culpó “al poder de las eléctricas y los tentáculos del PP”. Rueda no quiso entrar en honduras. Admitió que su “desacuerdo” era con las sentencias de la sección –de la que Villares era sólo uno de los cuatro integrantes– a la que culpaba de un “alto número de paralizaciones que no se daba en ningún otro lugar de España”.

“Tan en desacuerdo estábamos que las discutimos en el Tribunal Supremo y nos dio la razón cuatro veces”, apuntó antes de añadir que también el Tribunal de Justicia de la Unión Europea, “a una propuesta de esa propia sección”, respondió que no estaba “actuando adecuadamente”.

Así, Rueda evitó “valorar” la decision de Recio y se “remitió” a sus argumentos: que la reorganización servía para garantizar la imparcialidad de la sala. “Si esta finalidad se consigue, yo lo celebro. Creo que la justicia tiene que funcionar así”.

El presidente de la Xunta actuó en todo momento como si su partido no hubiese señalado directamente a Villares, unos “ataques mediáticos y políticos” denunciados por XXpD a los que la Sala de Gobierno del TSXG llegó a responder en julio de 2023, reclamando “respeto” a la independencia judicial “por parte de las administraciones públicas y la ciudadanía”, algo que consideraba “esencial para el normal funcionamento de las instituciones”.

Esta vez, Rueda optó por el perfil institucional y marcó distancias con “algunos partidos” que, cuando no están conformes con las decisiones judiciales, “critican directamente a los jueces o a las juezas que emiten esos pronunciamientos y no las sentencias”. Lo que no dijo fue si entre esos partidos estaba el suyo.

Ángel Víctor Torres atiende a elDiario.es telefónicamente mientras espera un avión para volver a Madrid. El ministro de Política Territorial y Memoria Democrática se muestra satisfecho con la sentencia del Supremo que confirma la devolución del Pazo de Meirás a la ciudadanía, tras décadas de expolio franquista. Por delante, queda la guerra para evitar que la familia del dictador pueda obtener una compensación económica como contraprestación a los años en los que mantuvieron la propiedad en sus manos.

Ángel Víctor Torres está dispuesto a dar la batalla y a plantear ante los tribunales que a los herederos del dictador habrá que descontarles todos los años de alquileres impagados por el uso de un palacio que nunca fue de su propiedad.

El Supremo ha confirmado la devolución de Meirás para los ciudadanos pero esa sentencia incluye dos cuestiones polémicas: que la familia Franco ocupó el pazo de buena fe y que tienen derecho a ser indemnizados ¿Es una victoria a medias?

No compartimos la obligación de la indemnización a los Franco por abandonar el Pazo de Meirás y no compartimos esa afirmación de que se ocupó de esa manera. El pazo se ocupó durante una dictadura y quienes hicieron uso y disfrute de esa propiedad lo hicieron cuando tenía que ser una propiedad pública.

Estos días se está diciendo que hay posibilidades de impedir esa indemnización a los Franco, pero jurídicamente ese derecho está consolidado. ¿Cómo va a ser el proceso a partir de ahora?

Lo primero que se establece es una tesis de cantidad, se habló de una cifra de 800.000 euros que ellos tampoco aceptan y con la que nosotros no estamos de acuerdo. Ante posible indemnización de mejora del espacio y realización de obras habrá que acreditar si eso fue así. Tendrán que presentar facturas, trabajos realizados. Nosotros vamos a defender que no hay derecho a la indemnización porque también ha habido un uso y un disfrute no abonado durante décadas. El Supremo no cuantifica el derecho a la indemnización, por lo tanto vamos a pleitear para que sea la menor cantidad posible.

¿Pedirá el Gobierno que de esa cantidad se calcule los posibles alquileres impagados por todos los años en los que la propiedad fue ocupada sin contraprestación económica?

Por supuesto. Pondremos en conocimiento todos los años que se ha utilizado ese inmueble sin una contraprestación ante un bien público. El fallo del Supremo nos alegra porque la base fundamental es que esto pasa a ser un bien público y ahora estamos ante un coletazo de esa cuestión, que no compartimos pero que podemos pelear todavía en los órganos judiciales.

La Xunta ya les está pidiendo la transferencia del Pazo para asumir su gestión, pero en el informe elaborado por el Gobierno gallego para refrendar esa petición se han olvidado de mencionar que Meirás está declarado como lugar de memoria y el PP siempre ha insistido en que pretenden recordar el paso de los Franco pero también centrar el lugar en el recuerdo de la escritora Emilia Pardo Bazán. ¿Con planteamientos ambiguos tiene el Gobierno gallego alguna posibilidad de convencerles para impulsar esa transferencia?

En este momento ese inmueble está en manos de Patrimonio Nacional. La voluntad que nosotros tenemos para ese inmueble es que sea un lugar que recuerde todo lo que ocurrió durante todos los años de la dictadura. Por tanto, lugar de memoria, museo, apertura a la sociedad gallega, pero tenemos que hablar con el resto de instituciones y espero que esto no sea un motivo de polémica.

¿Usted comprende a la gente que al conocer esta sentencia piensa en las familias desahuciadas a las que nadie les paga nada cuando les echan de una propiedad, a aquellos que creen que los Franco son unos ocupas, pero con privilegios?

Lo entiendo absolutamente porque además estamos hablando de los herederos de un general militar que se enriqueció y enriqueció a su familia a través de un golpe militar, en un proceso y en un periodo de una absoluta corrupción, tanto del caudillo como de su entorno.

Sería bueno que se compartiera la necesidad de defender la democracia e ir contra la dictadura y contra cualquier atisbo de la misma.

¿Cuál es su plan para el Pazo?

Queremos que sea un inmueble público, abierto y que muestre la historia, en la que lógicamente también cabe la referencia a las letras y la literatura, pero sin ninguna duda de que sea un símbolo de lo que nunca se debe repetir.

El pasado noviembre se presentó el proyecto ganador para resignificar Cuelgamuros. Teniendo en cuenta que el PP y Vox se oponen, ¿cómo pretenden garantizar la viabilidad de ese proyecto?

Nosotros aspiramos a empezar las obras en la presente legislatura. Asombra pensar que teniendo en cuenta lo que eso es hoy, no sea resignificado como un lugar de memoria. Si es por Vox y por un PP influenciado por Vox dejarían el valle de Cuelgamuros en su actual estado y seguiría siendo un lugar de encuentro de los nostálgicos de la dictadura.

Conseguir sacar de ahí los restos de Primo de Rivera primero y de Franco después fue una victoria de la democracia y de la justicia. No cabe que ningún dictador esté ocupando un espacio público levantado con manos inocentes de muchos republicanos que perdieron la vida construyendo un mausoleo de una persona que no quería pasar a la eternidad sola. Eso debe conocerlo la gente, visitarlo y debe ser como se ha hecho con los memoriales de Buenos Aires, Santiago de Chile o los campos de concentración alemanes. Debe ser un lugar para aprender y que nunca más vuelva a pasar.

Estamos cumpliendo cincuenta años del golpe militar en Argentina. ¿Lo han hecho mejor los argentinos que nosotros a la hora de juzgar su propia historia?

Cierto que es una dictadura más fresca, en el sentido de que está más cerca. Los que la sufrieron y la sobrevivieron te la pueden contar.

Nosotros hicimos un proceso de transición democrática con un miedo, que era regresar a lo tenebroso de la dictadura, y tuvimos un golpe de Estado, que se frustró por suerte. Hubo sacrificios que tuvieron que hacerse por todos los lados, especialmente más por la parte que sufrió la represión y creo que el gran éxito de España fue que después de la muerte de Franco no hemos tenido más contiendas, ni guerras. Y espero poder decir lo siguiente durante mucho tiempo: aquí nunca ha gobernado la extrema derecha después de aquello. En Argentina es lamentable que el actual presidente diga que lo que ocurrió en 1976 fue un conflicto entre la guerrilla y el Ejército. No, fue un alzamiento militar de la Junta contra la República Argentina.

A usted le encargan un ministerio con las atribuciones de Memoria Histórica y mientras desarrolla su labor ve que una formación como Vox no para de crecer. ¿Eso cómo se vive desde su piel?

Diciéndole que estamos haciendo el máximo de los esfuerzos. Creo que nunca como ahora hemos tenido tantas muestras didácticas, entradas en los centros educativos, más exhumaciones que nunca, reuniones con las comunidades autónomas... La ultraderecha no es un fenómeno exclusivo de nuestro país. Hay una ola reaccionaria, pero también tengo que decir que ante eso tenemos un gobierno progresista que resiste, que se enfrenta, que da la cara y no se achica.

Esta misma semana hemos aprobado un Real Decreto por solo dos votos que lo que hace no es más que corregir un error histórico para que más personas que defendieron la democracia, como García Caparrós y otros, tengan derechos a las indemnizaciones que no pudieron obtener hasta ahora. Y han votado en contra, el PP, que gobierna la comunidad andaluza, ha votado en contra y yo no lo entiendo. Me parece una paradoja y una insensatez; que representantes elegidos por la democracia y con sufragio universal no honren a las personas que dieron su vida para que ellos estén en los parlamentos.

¿Qué le diría usted a Feijóo sobre sus tentaciones de bailar con la extrema derecha?

Se equivoca y la sociedad española se lo hará ver por abrazar tesis cercanas al fascismo por un rédito electoral. Él sabrá.

El Gobierno prometió expulsar a los monjes benedictinos de Cuelgamuros, pero finalmente parece que se van a quedar a pesar de la resignificación del valle. ¿Qué papel tendrán estos religiosos en el nuevo espacio memorial?

La voluntad del Gobierno es que no debían estar ahí, llegamos a un acuerdo con el Vaticano y el prior dejó de estar, que era el que se oponía a las exhumaciones de Franco y Primo de Rivera. Hemos llegado a un acuerdo con la Santa Sede para poder caminar y tener esa resignificación.

Su ministerio está inmerso en una auditoria de bienes expoliados por el franquismo. ¿En qué punto está esa auditoría?

Estamos avanzando bastante. No es un trabajo fácil porque hay peticiones importantes de partidos políticos, particulares, organizaciones sindicales y es un corpus muy elevado que exige comprobaciones históricas y seguridad jurídica.

El Consejo de Ministros aprobó el pasado noviembre un decreto para regular la creación del catálogo de símbolos franquistas que deberían ser retirados. ¿Se ha avanzado en ese catálogo?

Se ha avanzado, hemos aprobado nuevas inclusiones muy recientemente dentro de ese catálogo y espero poder presentar muy pronto un primer avance de ese listado.

El pasado viernes el Gobierno pidió perdón y reconoció a medio centenar de mujeres que pasaron por el Patronato de Protección de la Mujer, ¿se contemplan vías de reparación económica para estas víctimas también?

Hablaremos de todas las vías de reparación posibles y de hecho uno de los compromisos que adquirí con ellas es la creación de una subcomisión que aborde lo que sucedió en ese patronato.

El Constitucional está estudiando el recurso contra la negativa de Isabel Díaz Ayuso para colocar una placa en la sede de la Dirección General de Seguridad franquista, en la puerta del Sol. Mi pregunta es, ¿la intención del Gobierno es colocar esa placa aunque Ayuso se niegue?

De facto eso ya está conseguido, el expediente está terminado. Esto no está al albur de lo que diga un presidente, esto es historia y esto lleva rigor técnico y jurídico. Estamos convencidos de que ganaremos en la justicia y estoy convencido de que esa placa será instalada.

Decenas de proyectos frenados en los tribunales, ataques de la Xunta a decisiones de los jueces, continuas modificaciones normativas y una potencia instalada estancada en los últimos años. El intrincado sector eólico gallego mantiene abiertos varios frentes que se dirimen, sobre todo, en el ámbito de la Justicia. Y que acaban de sumar un nuevo capítulo con un traslado forzoso que cambia la sección de los jueces que hasta ahora se ocupaban de los litigios de la eólica en Galicia. Una decisión que, según avisa la asociación Xuíces e Xuízas para a Democracia (XXpD), se puede interpretar como una cesión a otros poderes: “No es descartable que la ciudadanía pueda pensar que las reiteradas presiones políticas y empresariales finalmente consiguieron el resultado perseguido”. Los partidos de la oposición creen que se ve comprometida la independencia judicial y el BNG traza una línea directa con “el poder de las eléctricas y los tentáculos del PP”.

La beligerancia en torno a la energía eólica viene de lejos en Galicia: el concurso que llevó adelante el bipartito de PSdeG y BNG -que gobernó entre 2005 y 2009- fue uno de los caballos de batalla de la primera campaña electoral que Alberto Núñez Feijóo hizo al frente del PP gallego, la de las autonómicas de hace 17 años. Logró entonces su primera mayoría absoluta. Una de las medidas con las que se estrenó en la Xunta fue la de anular aquellos planes, en los que veía “tachas graves de legalidad”. La Justicia compartía la opinión de que había irregularidades, pero no por los mismos motivos: lo que el Tribunal Supremo declaró ilegal fue la anulación del ahora presidente del PP español.

Hubo después una década de parálisis en el sector y los aerogeneradores pasaron a ser un asunto recurrente en los juzgados. En los primeros años de la presente década, las nuevas propuestas para instalar molinillos empezaron a multiplicarse en los despachos del Gobierno gallego -con maratón de tramitación incluido-. Y esa proliferación hizo que saltasen las alarmas entre los vecinos que se veían a la sombra de los proyectos. También algunas organizaciones ecologistas, aunque pueda sonar paradójico, empezaron a denunciar ante la Justicia muchos de los planes para renovables que recibían el visto bueno de la administración autonómica: veían fragmentaciones irregulares, problemas en la exposición pública y defectos en la evaluación ambiental.

Estos fueron los tres motivos fundamentales que llevaron a los tribunales decenas de planes empresariales en Galicia. En un sector en el que hay cerca de 200 parques en funcionamiento, con alrededor de 4.000 megavatios de potencia instalada, actualmente son 91 los proyectos eólicos autorizados por el Gobierno autonómico contra los que se ha presentado algún recurso. De ellos, según los datos de la Xunta, 85 -con 2.325 megavatios- están parados provisionalmente por decisión del Tribunal Superior de Xustiza de Galicia (TSXG). Esas sentencias proceden de la Sección Tercera de la Sala de lo Contencioso-Administrativo, en la que hasta ahora trabajaba el juez Luís Villares, que ha sido apartado en un polémico traslado forzoso -pasa a la sección cuarta, en la que tendrá que ocuparse de cuestiones de tributos y catastrales-. No es el único que cambia de puesto: la nueva presidenta de esa Sección Tercera, María Azucena Recio, que es la que ha tomado la decisión, mueve a otros tres jueces. Una es María Dolores López, compañera de sección de Villares y firmante con él de algunas de las sentencias sobre la eólica, que han sido cuestionadas por la Xunta y por el PP.

Recio justifica el cambio forzoso con que, entre diciembre de 2025 y enero de este año, el Supremo anuló tres sentencias de la sala en respuesta a tres recursos de casación de la empresa concesionaria del Hospital Álvaro Cunqueiro de Vigo porque consideraba que había dudas sobre la imparcialidad de Villares, que fue líder de En Marea entre 2016 y 2020. Esas anulaciones son “lo que motiva la necesidad de modificar la composición personal de la Sección Tercera de esta Sala”, expone la resolución que firma Recio, en la que argumenta que debe “salvaguardar la apariencia y realidad de la imparcialidad”.

La asociación Xuíces e Xuízas para a Democracia, sin embargo, pone el foco en las críticas recibidas por las decisiones de esta sección y recuerda que en los últimos meses y años hubo “declaraciones desmedidas de determinados responsables políticos y empresariales” que ponían en entredicho “no solo las resoluciones de la sección, sino incluso la profesionalidad de sus integrantes”. El PP gallego ha acusado al TSXG de haber emprendido “una ofensiva” contra la eólica y la Xunta llegó a calificar de “errónea” alguna de sus sentencias.

El sector, a la espera del Supremo

La batalla judicial relacionada con los planes eólicos no se limita al ámbito del TSXG, muchas de cuyas resoluciones han sido recurridas o consultadas en otras instancias. El pasado verano quedó despejada una de las alegaciones que estaban paralizando los proyectos en Galicia: el Tribunal de Justicia de la Unión Europea (TJUE) dio la razón a la Xunta en cuanto a la forma en la que estaba haciendo la exposición pública y manifestó que, al hacer la evaluación ambiental, pueden ser consultados al mismo tiempo el público interesado y las administraciones que emiten informes sectoriales, sin necesidad de que estos estén antes a disposición de los ciudadanos. Aunque el Gobierno gallego presentó este pronunciamiento como un punto de inflexión que debía franquear el camino a los aprovechamientos parados en los tribunales, no era así. De hecho, la primera sentencia tras el pronunciamiento europeo anuló el permiso de un parque eólico. Daba por buena la tramitación, pero no la evaluación ambiental.

El presidente de la Asociación Eólica de Galicia (EGA), Manuel Pazo, admitía días después de conocerse la decisión del TJUE que el desbloqueo iba a ser “muy complicado” porque la cuestión de la tramitación no era la única que se había alegado en los recursos contra parques eólicos: “Hay una resolución sobre [el procedimiento de] información pública, pero los proyectos tienen otra serie de contenciosos diferentes”, indicaba a elDiario.es en agosto de 2025. Esos otros contenciosos a los que se refería tienen que ver, por una parte, con posibles daños ambientales, que han frenado decenas de iniciativas, y, por otra, con la fragmentación ilegal de parques.

Y este último aspecto es el que centra en la actualidad la atención. El sector está a la espera que de se pronuncie el Tribunal Supremo para aclarar qué se considera fragmentación ilegal. Existe ya un dictamen que afecta al parque de Campelo, entre los municipios coruñeses de Santa Comba y Coristanco. El TSXG consideraba que debía evaluarse conjuntamente con otros aprovechamientos planteados en la misma zona y había impuesto, por ello, una paralización cautelar. El Supremo rechazó esta interpretación y manifestó que el hecho de que dos o más parques compartan instalaciones de conexión a la red “no comporta, ineludiblemente” que haya que considerar que se trata de uno solo a efectos de su evaluación ambiental. Ahora hay otro caso admitido en casación en el Supremo, que se refiere al parque de Bustelo, uno de los que está en las inmediaciones del de Campelo. La decisión se espera para mayo, según publica La Voz de Galicia, y una sentencia en el mismo sentido establecería ya un criterio reiterado.

Un infrecuente desencuentro entre Xunta y eléctricas

Ante el goteo de sentencias del TSXG que iban paralizando cautelarmente proyectos, la postura crítica de Xunta y empresas del sector era compartida. Pero ese entendimiento habitual se resquebrajó con dos decisiones del Gobierno gallego, incluidas -de nuevo, como muchos otros cambios eólicos- en la ley de acompañamiento. En este caso, en la que se aprobó junto a los presupuestos para 2025. Uno de los desacuerdos era en torno a la exigencia de la Administración autonómica de que los nuevos aprovechamientos eólicos e hidráulicos vendiesen al menos la mitad de su producción a ciudadanos y negocios gallegos. El otro se refería a la obligación de repotenciar los parques de aerogeneradores con 25 años de antigüedad. Los promotores empresariales llegaron a acusar al equipo de Alfonso Rueda de ir en contra de la Constitución española.

Estos cambios en la normativa eólica gallega provocaron otras fricciones, estas más esperables. El Gobierno central llevó al Tribunal Constitucional varios puntos de esa ley de acompañamiento que se referían a la repotenciación y a cuestiones relativas a la atención a la dependencia. Aunque inicialmente esos artículos fueron suspendidos, los magistrados votaron después por permitir que la norma gallega se siga aplicando, a la espera de la sentencia.

En medio de todos estos hilos que se entrecruzan en el desarrollo de la eólica en Galicia, la Xunta anunció, en enero de 2025, la elaboración de un nuevo plan eólico, para el que no tenía previsto consultar a las organizaciones ambientalistas. Los trabajos, para los que el Gobierno gallego se dio un plazo de tres años, siguen pendientes.

Los vecinos de Cacheiras (Teo), casi en el límite municipal de Santiago, están en pie de guerra contra la creación de una planta de tratamiento de residuos de construcción a unos metros de sus casas. El proyecto llega cuando todavía se están apagando los ecos de la última victoria ciudadana contra otro depósito en la antigua cantera de A Casalonga. Entonces, el ayuntamiento —gobernado por la plataforma Son de Teo y el PSOE— se opuso con firmeza al proyecto. En aquellas primeras movilizaciones, llegó a tomar parte la actual número dos del PP gallego, Paula Prado, por entonces vecina de la zona. Hoy, el consistorio popular se pone de perfil. Más allá de un cambio en el color político, lo que marca la diferencia es una reforma de la Ley del Suelo de Galicia que, desde hace poco más de dos años, permite levantar estas instalaciones en suelo rústico. Una reforma de la que nadie —o casi nadie— parecía haberse enterado.

Los presupuestos de la Xunta de 2023 fueron los primeros de Alfonso Rueda, aún interino, tras la marcha a Madrid de Alberto Núñez Feijóo. Aquellas cuentas, publicitadas un año más como “las más elevadas de la historia”, llevaban incluidas varias sorpresas, como una bonificación al impuesto de patrimonio que el nuevo presidente presentó en un foro privado y no en sus comparecencias públicas. No era la única. La ley de acompañamiento —ese coche escoba que el mismo PP que se opone a decretos ómnibus en el Congreso utiliza para eternizar a un director xeral en la CRTVG como para modificar la legislación sobre incendios forestales— abría la mano para la instalación de esta tipo de estructuras. Algo que, aparentemente, pasó totalmente desapercibido. Hasta ahora.

El artículo 35 de la Ley del Suelo de Galicia de 2016 define cuáles eran los usos y actividades permitidos en suelo rústico. Su apartado m) decía así: “Instalaciones e infraestructuras hidráulicas, de telecomunicaciones, producción y transporte de energía, gas, abastecimiento de agua, saneamiento y gestión y tratamiento de residuos siempre que no impliquen la urbanización o transformación urbanística de los terrenos por los que discurren”.

En 2018, el entonces alcalde de Teo, Rafa Sisto, remitía al Consello Consultivo de Galicia una pregunta sobre los usos autorizables en ese suelo rústico. Sisto encontraba una “fricción” entre la normativa estatal y la gallega que, a su entender, “parece querer ampliar los usos posibles”. En su respuesta, el que era presidente del órgano, José Luis Costa Pillado —muy próximo a Núñez Feijóo y actual vocal del Consejo General del Poder Judicial— entiende que los usos son “propiamente dotacionales”, es decir, “instalaciones y servicios destinados a la satisfacción de las necesidades de los ciudadanos”. “Por el contrario”, continúa el informe, “una interpretación 'extensiva' del artículo 35.m) que se utilice para dar cobertura a la implantación de usos de carácter no dotacional en suelo rústico colisionaría con la necesaria interpretación restrictiva derivada de los términos” de la ley.

En 2016, el Ministerio de Medio Ambiente había emitido el decreto en el que se refundía el texto de la Ley de control y prevención de la contaminación. En él se recogía que, ante una instalación de estas características, un informe urbanístico negativo del ayuntamiento emitido antes de la autorización ambiental integrada supondría el fin del procedimiento y el archivo de las actuaciones.

Tres palabras

La ley de acompañamiento, que entró en vigor el 1 de enero de 2023, dio un vuelco a esta situación con la inclusión, de forma subrepticia, de sólo tres palabras. Añadía “públicas y privadas” al conjunto de instalaciones permitidas en suelo rústico y que, hasta ese momento —como bien interpretaba el Consello Consultivo—, se limitaban al carácter dotacional, con independencia de cuál fuese su titularidad. El camino quedaba despejado.

Entre el maremagnum de medidas incluidas en aquel texto legislativo, esta modificación pasó totalmente desapercibida. Tanto que no hubo ni siquiera una argumentación que la respaldase, ya no en público, sino en el propio texto legislativo. En otro informe del Consello, emitido tres meses después del cambio a petición del concello de Lalín (Pontevedra), el ponente Ignacio de Loyola Aranguren Pérez, era contundente: “A pesar de que, de una forma ciertamente incomprensible, la exposición de motivos de la citada ley omite todo tipo de referencia a este cambio normativo —ofrece una explicación de todos los cambios realizados excepto este—, el precepto es claro para incluir instalaciones privadas de gestión y tratamiento de residuos dentro de los usos admisibles en suelo rústico”.

La Xunta sí ha motivado el cambio en la ley a preguntas de elDiario.es. Se remite, en primer lugar, al artículo 13 del real decreto de 2015 que aprueba el texto refundida de la ley del suelo y rehabilitación urbana: “con carácter excepcional y por el procedimiento y con las condiciones previstas en la legislación de ordenación territorial y urbanística, podrán legitimarse actos y usos específicos que sean de interés público o social, que contribuyan a la ordenación y el desarrollo rurales, o que hayan de emplazarse en el medio rural”.

El reglamento que desarrolla la ley gallega señala que esas dotaciones urbanísticas son “el conjunto de instalaciones y servicios destinados a la satisfacción de las necesidades de los ciudadanos; pueden ser de uso y titularidad públicos o privados”. Por último, asegura que, con esta modificación, “se aclara que también es posible implantar instalaciones e infraestructuras privadas, en la medida en que participan de ese interés social al que se refiere la norma básica estatal”.

En casos como las plantas de gestión de residuos, ese supuesto “interés social” ya fue puesto en cuestión por el Consello Consultivo. En su respuesta a Lalín —posterior a la modificación—, aseguraba que “la actividad de almacenamiento y tratamiento de residuos industriales no está relacionado con la explotación racional de los recursos naturales del suelo rústico” e, incluso, “podría considerarse incompatible” con la preservación de sus valores naturales, “pero lo cierto es que la dicción literal de la Ley lo permite”. Algo bien distinto sería, por ejemplo, un depósito de la empresa concesionaria de la traída de aguas. A eso se refería el reglamento cuando hablaba de un posible “uso o titularidad privada” sin perder el carácter dotacional de la infraestructura.

“Por mí, se instalaría en el polígono industrial”

Esa reforma casi clandestina dio al Concello de Teo la coartada que necesitaba para no oponerse a la decisión de la Xunta. Ante la indignación vecinal, que sólo conoció el proyecto una vez se había aprobado su autorización ambiental integrada, la alcaldesa, Lucía Calvo, emitía un comunicado para defender que “ni tiene ni tuvo potestad alguna para autorizar o no la gestora de residuos de la construcción”.

“Se trata de una competencia exclusiva de la administración autonómica donde el gobierno local no puede emitir ningún tipo de informe vinculante”, dice antes de citar el famoso artículo 35.m). “Conforme a la legislación ambiental, el ente autonómico únicamente pidió al Concello un informe de viabilidad urbanística de la parcela, el cual ni tan siquiera fue emitido, sin tener opción a ninguna alegación o posicionamiento”. Con la apertura legal a instalaciones privadas, el veto municipal recogido en el decreto de Medio Ambiente ya no era posible. Incluso si hubiese intentado aplicarlo.

“El Ayuntamiento quiere dejar claro que esta empresa cuenta con autorización ambiental de la Administración autonómica, no por el Concello, y así se le trasladó a los vecinos”, continúa. Según ellos mismos contaron tras ese encuentro, la indignación de los vecinos tenía otro motivo: que la alcaldesa conocía que se estaba tramitando esa autorización y no los avisó, lo que impidió que pudiesen alegar contra el proyecto dentro de plazo. El gobierno local, que sí tuvo opción, prefirió no hacerlo. Era su forma, dicen que les dijo, de defender mejor sus intereses.

La plataforma vecinal trasladó su malestar a las puertas del ayuntamiento durante la celebración de un pleno, un acto que la alcaldesa consideró “un escrache” y del que, siguiendo el manual del PPdeG —del que su amiga, y antigua vecina, Paula Prado, es el mejor ejemplo— culpó al BNG y al sindicato CIG. “Si fuera por mí, esa planta no se instalaría en este punto, sino que se ubicaría en el futuro polígono industrial”, argumentaba la propia Calvo tras la sesión. ¿Una crítica velada a la modificación impulsada por su propio partido?

Los vecinos continuarán con su lucha y estudian tanto vías políticas como judiciales para intentar frenar una instalación que, están convencidos, traerá ruidos, contaminación por polvo en suspensión —pese a las promesas de “regar” durante el verano— y un tráfico constante de camiones por unas pistas forestales por las que no caben dos vehículos en paralelo. Todo, a escasos metros de dos núcleos de población, las aldeas de Feros y A Torre, en una zona rural donde el metro cuadrado es mucho más barato que en cualquier polígono industrial y en donde, antes del cambio en la ley, una instalación como ésta no hubiese encontrado encaje. Ahora, puede ser la primera de muchas.

La Policía Nacional de la Comisaría de Lugo ha detenido a un hombre como supuesto autor de un delito contra los derechos de los trabajadores, delito de amenazas y detención ilegal, por explotar a un trabajador extranjero en una zona rural de la provincia. Según han informado fuentes policiales, la víctima se encontraba en situación irregular y muy precaria, por lo que aceptó trabajar para el investigado sin contrato. Este individuo le había prometido que le proporcionaría vivienda, comida y un sueldo en efectivo, a cambio de que trabajase para él. Sin embargo, lo alojó en un habitación de una vivienda en un pueblo del rural lucense, casi en ruinas, sin ventanas, con humedades y goteras, viviendo en condiciones infrahumanas y facilitándole solo comida precocinada.

La víctima trabajaba de sol a sol, unas 15 horas diarias y sin apenas cobrar. De hecho, estuvo trabajando en estas condiciones unos 8 meses, y cobró en total unos 2.000 euros. Además, el trabajador denunció episodios de amenazas, coacciones y agresiones físicas por parte del empleador. En uno de esos episodios, el trabajador huyó pero el detenido dio con él y lo obligó a regresar a su puesto de trabajo, bajo un clima de miedo y amenazas, y lo retuvo allí contra su voluntad.

La víctima volvió a escaparse y logró llegar a la ciudad de Lugo, donde se presentó en dependencias judiciales para denunciar lo ocurrido. Allí fue asistido por los agentes y trasladado a un centro médico, donde se certificaron las lesiones que presentaba, compatibles con los hechos que había relatado; y se contactó con servicios sociales para darle atención. La investigación derivó en la detención del presunto explotador, que fue puesto a disposición judicial.

El clip de su último sencillo, Non sei como, podría ser como una síntesis del mundo Rapants: una bola de discoteca, voces featuring Joe Crepúsculo, una taberna a la orilla del indómito Atlántico, la camiseta de cuando el Dépor ganó la Liga, azafatas de avión en las naves de un puerto pesquero, actores tan míticos como Miguel de Lira y Federico Pérez, una serenata con gaita y tuba, cierta atmósfera lynchiana pero con retranca, un entierro, parejas cruzadas. E indie dance de amor y desamor, música disco con guitarras vivas, una habilidad indudable para la forma canción. The Rapants son el último fenómeno del nuevo pop gallego y tal vez, por su envergadura, uno de los más inesperados: han vendido casi 6.000 entradas para el concierto en el que, este 28 de marzo en el pabellón Multiusos Fontes do Sar de Santiago de Compostela, presentarán Rapants Club, su cuarto disco.

“Son unos chavales de Muros que lo petan. Esa idea es algo bonito a lo que adherirse. Tienen autenticidad, y eso cuenta”, intenta desentrañar el secreto de su éxito la periodista María Yáñez. No es fácil: una banda de guitarras, bajo y batería que, nacida en el subsuelo, cantando en gallego y sin una gran promotora detrás, reúne miles de personas. En 2026. “El mérito de The Rapants, en mi opinión, es que, por primera vez, el mainstream gallego no necesita ser validado fuera”, añade Yáñez, “al contrario de lo que sucedió con Iván Ferreiro, Xoel López o antes con Luz Casal. Incluso con Tanxugueiras”. Precisamente as Tanxugueiras, que cruzan la música tradicional con los denominados sonidos urbanos, son el precedente más obvio de The Rapants en cuanto a poder de convocatoria de una propuesta en gallego: en diciembre de 2023 agotaron localidades en el Coliseum de A Coruña, unas 9.000.

“No quito ningún valor a Tanxugueiras, al revés, pero su fama no creció de una manera tan orgánica como la de The Rapants, sino vinculada a su decisivo paso por el Benidorm Fest”, argumenta Karan Novo, uno de los organizadores del Emigrasón, festival de música y cultura gallega en Bruselas. Rapants han tocado en tres de las cuatro ediciones. En ese “crecimiento muy orgánico”, es decir, escenario a escenario, de minúsculas salas al pabellón do Sar, detecta Novo una de las fortalezas del grupo de Muros (A Coruña), pueblo marinero de unos 8.000 habitantes. “Hicieron bolos en todas partes y fueron construyendo su base de fans. Hacen las cosas bien, sin salidas de tono, ni en las tablas ni fuera de ellas”, considera, “son divertidos y no se flipan. Y tienen mucho carisma, algo que o se tiene o no se tiene. Aura, se dice ahora”.

Del garage a la pista de baile

La banda se formó en 2018: Samuel (guitarra y voz), Xanma (guitarra y voz), Matías (bajo y teclados) y Xaquín (batería). El primer espejo en que se miró -lo citan a menudo en entrevistas, recuerda María Yáñez- fue el de sus paisanos Terbutalina, divertido garage punk ramoniano, también en gallego, activos entre 2010 y 2025 y con discos como Hostias para todos (2012), Ritmo serbio (2013) o Al otomano se la va la mano (2015). Pero el sonido Rapants enseguida abandonó aristas garajeras y se enfocó hacia el baile, en parte una revisión del post punk aggiornado de los dosmil, en parte ítalo disco y ecos de Daft Punk. “La perfección de la fórmula bailonga del ya clásico indie rock con mecánico charles a contratiempo”, lo describió el crítico Noel Feáns en el diario Praza hace dos años, cuando salió su tercer disco, La máquina del buen rollo. “Son do it yourself total”, concede el crítico Fernando Fernández Rego, impulsor además del sello Ferror Records, “han crecido con cada disco. Nunca se acomodaron. Son ambiciosos: no se conformaron con llenar Capitol [conocida y activa sala de Santiago de Compostela, con capacidad para 700 personas] un año detrás de otro. Apostaron por la profesionalización de la banda, como en su momento lo hicieron Triángulo de Amor Bizarro y Novedades Carminha. Y su conexión con el público es brutal”.

Conexión y ambición, estas dos ideas se repiten entre los expertos consultados. “Parece música ligera pero se toman muy en serio a sí mismos y a su proyecto”, coincide María Yáñez, que pone de ejemplo Non sei como, uno de los adelantos de su último disco: “Es un temazo brutal. Pero el videoclip, hacer un videoclip de ese nivel, en concepto y ambición, demuestra de lo que son capaces”. Lo dirigieron Juan Barbazán, Sergio Goce y Manu Seo. “Son además humildes y se rodean de buenos profesionales, también a nivel técnico o de comunicación”, dice Karan Novo, “a lo mejor la clave está ahí. Siguen con una promotora pequeña. Tienen identidad propia y trabajan con gente que los entiende”.

Cambio de paradigma lingüístico

Y ya nadie les pregunta por la lengua en la que cantan. Y cuando lo hacen, reciben sarcasmo como respuesta. “Hablan de sus cosas en su idioma, casi en su dialecto”, apunta Yáñez. El gallego de Muros posee sus particularidades y The Rapants están orgullosos, no lo ocultan. Para Karan Novo, simbolizan un cambio de paradigma: “Cantan en gallego sin complejos, lo normal”. Alguna vez les preguntaron por qué lo hacían, relata Novo, y respondieron con ironía: “No nos habíamos dado cuenta”. Fernández Rego, veterano de la escena indie y underground, hace memoria y asegura que, todavía en 2006, la mayoría de las bandas gallegas se expresaban en inglés o castellano, “el gallego era la excepción”. “Hubo un giro y ahora es casi lo opuesto, se defiende lo propio”, celebra, “aunque, por fuerza, pueda haber algo de hype. Ahora el mainstream puede estar en gallego, para lo bueno y para lo malo”.

“Tienen potencial para salir fuera de Galicia”, entiende Yáñez, “aunque me encantaría que no lo necesitasen. Que pudiesen desarrollar una carrera, llenar conciertos, vender entradas y crecer sin que los tuviesen que validar en el exterior”. Rego cree que ese salto es aún materia pendiente -pese a que con el disco anterior giraron por todo el Estado- y ve así la cuestión: “Mola que les vaya bien, que haya referentes pop en gallego. Mejor unos chavales de Muros que Sidonie, Love Of Lesbian y todo ese rollo que nos están vendiendo”.

La banda sonora de las generaciones

Al cierre de su reseña de La máquina del buen rollo, Noel Feáns establecía algo así como una tesis sobre el fenómeno Rapants. Entonces acababan de colgar dos sold out consecutivos en la mencionada Sala Capitol e iban a ser una de las pocas bandas en gallego en el macrofestival O Son do Camiño. Pero la vista todavía no alcanzaba la dimensión que está tomando el fenómeno y las casi 6.000 entradas en Sar -donde los telonearán Úlex, novísimo pop guitarrero. “Cada generación tiene su banda favorita sobre el escenario y no siempre por motivos estrictamente musicales”, escribía Feáns, “hay factores como la diversión sobre y bajo el escenario o el número de hits coreables. Los de los 80 tuvieron a Siniestro Total. Los de los 90 tuvimos a Heredeiros da Crus. Los de los años 10 a Novedades Carminha. Y los de los 20 tienen a los Rapants”.

El Día da Clase Obreira Galega conmemora cada 10 de marzo el asesinato de los obreros comunistas Amador Rey y Daniel Niebla a manos de la policía franquista en Ferrol. Hubo además un centenar de heridos Sucedió en 1972 en medio de un intensísimo conflicto laboral en el astillero Bazán y fue uno de los episodios clave del antifranquismo gallego y estatal, impulsado por un formidable movimiento obrero. El pasado 10 de marzo, el Gobierno central emitió una declaración insitucional a iniciativa de su vicepresidenta Yolanda Díaz -su padre, Suso Díaz, sindicalista de Comisións Obreiras y militante del PC, había sufrido prisión tras los sucesos del 72- en la que “reconoce y homenajea a las personas fallecidas y a todas las que resultaron heridas, así como a sus familiares” y condena la “desproporcionada actuación” policial. Este miércoles el ministro de Memoria Democrática, Ángel Torres, anunció en el Pleno del Congreso que ya ha aceptado 15 peticiones de indemnización, entre ellas la de los familiares de Amador Rey, que dejó viuda y tres hijos.

El Gobierno está estudiando medio centenar de solicitudes para que se repare e indemnice a otras tantas personas asesinadas o que sufrieron lesiones graves como consecuencia de la represión franquista entre el 1 de enero de 1968 y el 29 de diciembre de 1978 y ya ha dado luz verde a una quincena de ellas, según ha adelantado el ministro de Política Territorial y Memoria Democrática, Ángel Víctor Torres. Lo ha dicho durante el debate de convalidación del decreto ley por el que se modifica la Ley de Memoria Democrática para dar cobertura a este colectivo de víctimas y ampliar el marco temporal de aplicación hasta el 29 de diciembre de 1978, fecha de entrada en vigor de la Constitución.

El ministro ha detallado que la comisión encargada de evaluar la concesión de estas indemnizaciones ha recibido ya unas 50 solicitudes de los potenciales beneficiarios, ha estudiado 18 de ellas y ha aceptado 15, entre ellas la relativa a Manuel José García Caparrós, asesinado cuando tenía 18 años el 4 de diciembre en 1977 durante una manifestación en Málaga en defensa de la autonomía de Andalucía.

Otras víctimas

Pero también se va a indemnizar a los familiares de Víctor Manuel Pérez, que tenía 23 años cuando fue asesinado en Portugalete (Vizcaya) al recibir dos disparos por la espalda “por el mero hecho de repartir octavillas en apoyo de una huelga”. Asimismo, se ha aceptado la petición de la familia de Ángel Almazán que murió en el hospital en 1976 tras varios días de ingreso por los “culatazos recibidos por agentes policiales al término de una manifestación”, y lo mismo se ha hecho con la de Juan Gabriel Rodrigo Nafo, muerto por la represión policial de las protestas obreras en Tarragona en marzo de 1976.

El ministro ha mencionado también el caso de Francisco Javier Nuñez Fernández que, al “volver de misa con su hija de tres años”, se encontró con la represión policial contra una manifestación por la amnistía que se celebraba en Bilbao. Logró dejar a su hija en el portal, pero recibió una dura paliza por parte de la policía franquista. “Al día siguiente, al ir a denunciar los hechos, fue torturado, se le hizo beber un litro de aceite de ricino y coñac, y murió 13 días después en el hospital”, ha rememorado el ministro ante la viuda y la hija de Núñez Fernández, presentes en el hemiciclo.

La situación en el CRAPD I de Vigo (siglas de Complejo Residencial de Atención a Personas Dependientes), donde en 2025 la Inspección de Trabajo advirtió de un riesgo “mortal” para la plantilla sigue empeorando. El sindicato CSIF ha presentado un“ escrito formal” ante la Consellería de Política Social en el que exige “actuaciones inmediatas para proteger a las trabajadoras”, ya que consideran que existe un peligro “grave e inminente” para su salud y su seguridad.

En un comunicado, la central afirma que la Xunta “no ha dado una respuesta proporcional a la gravedad del problema”. Insiste en que no se trata de hechos “aislados” ni “puntuales”, sino que responden a un modelo “que lleva años generando conflictos”. El CRAPD I, que fue concebido inicialmente como una residencia para personas mayores, lleva años atendiendo “perfiles cada vez más complejos sin el refuerzo necesario de personal, formación ni medidas de seguridad”.

En el documento, registrado por la representante de CSIF en el Comité de Empresa de Política Social, Montse Arribas, se describe “un clima de miedo, ansiedad e inseguridad laboral”, causado, en este caso, por “episodios continuados de amenazas e intimidaciones, especialmente durante el turno de noche, protagonizados por un nuevo usuario del centro con alteraciones de conducta”.

El sindicato denuncia que esta situación “no sólo supone un riesgo psicosocial muy grave, sino también un peligro real de agresión física, agravado por el hecho de que el residente permanece en estado de vigilia durante la noche con comportamientos intimidatorios reiterados”. Critica que la única respuesta de la dirección haya sido “ordenar que el trabajo nocturno se realice en pareja”. Para CSIF, la medida, “claramente insuficiente”, obliga a dejar otras zonas sin atención, lo que incrementa “tanto el riesgo laboral como el asistencial”.

Ante esta situación, el CSIF ha solicitado formalmente a la consellería la adopción “urgente” de medidas de protección, la evaluación inmediata del riesgo y de la violencia externa, el refuerzo de personal o presencia de seguridad en turno de noche, el traslado del usuario a un recurso adecuado a su perfil e información “urgente” al comité de seguridad y salud.

El sindicato advierte de que la normativa de prevención de riesgos laborales obliga a actuar ante situaciones de riesgo grave e inminente, por lo que considera “inadmisible” la falta de medidas efectivas hasta el momento. “Las trabajadoras no pueden seguir desempeñando su labor con miedo”, concluye el comunicado.

La oposición al plan de la Xunta para dragar el río Lérez a su paso por Pontevedra y depositar los desechos bajo el mar, cerca de las islas de Sálvora y Ons -ambas integradas en el Parque Nacional das Illas Atlánticas-, está creciendo. Una treintena de colectivos han registrado alegaciones en las que avisan de que las muestras no se tomaron a la suficiente profundidad y, por lo tanto, se ha caracterizado mal el material que se va a extraer. También critican que no se analiza el compuesto más tóxico derivado del mercurio y que el depósito de los lodos va a favorecer los episodios de mareas rojas -proliferación de microalgas que afectan a bivalvos, como el mejillón, e impiden que se puedan consumir-.

Las críticas al plan de la Xunta se están haciendo públicas esta semana, con la finalización del periodo de exposición pública del estudio de impacto ambiental. El proyecto para limpiar el río en el entorno de la ciudad de Pontevedra lleva años pendiente en los despachos de San Caetano. En 2021, el Ministerio para la Transición Ecológica suspendió el depósito de materiales procedentes de dragados en la zona que se venía usando desde 1998: el llamado punto exterior de Sálvora o E/8. Encargó un análisis para conocer en qué estado se encontraba la zona y la viabilidad de otros dos puntos para hacer esos vertidos. Uno es el llamado punto B, muy cercano al E/8, y otro el punto D, más al sur y propuesto para residuos procedentes de las zonas más meridionales de las Rías Baixas. Los análisis concluyeron que el estado ecológico era bueno y que las otras dos áreas alternativas estudiadas también eran adecuadas para deshacerse de los materiales.

Con ese visto bueno, la Xunta se apresuró a poner en marcha el plan de dragado y el presidente gallego, Alfonso Rueda, anunció a principios de febrero que se iniciaba la tramitación a través de Portos de Galicia, un ente que depende de la Consellería do Mar. El cálculo es que se van a extraer 500.000 metros cúbicos de material y la propuesta, depositarlos en zona B. Este punto sigue estando muy cerca del Parque Nacional das Illas Atlánticas, aunque justo fuera de la zona de protección de dos millas náuticas, a diferencia del E/8, que entraba en esa área en una de sus esquinas. En el E/8 están acumulados ya tantos residuos que se ha levantado una montaña que llega a los 18 metros en su punto más elevado. Estos depósitos han sido criticados por pescadores que trabajan en la zona y ecologistas, que avisan de los posibles efectos sobre la ría de Arousa, la joya de la corona de la producción marisquera en Galicia.

El plan para el dragado y posterior depósito bajo el mar de los materiales registra alegaciones de más de una treintena de colectivos: a las ya anunciadas por la asociación ecologista Anduxía, con sede en Bueu (Pontevedra), se suman las de otras 33 entidades, entre las que están seis cofradías, numerosas agrupaciones de productores de mejillón de la ría de Arousa, la Plataforma en Defensa da Ría de Vigo, la Plataforma en Defensa da Ría de Arousa, la CIG y el Colectivo Ecoloxista do Salnés. Estos 33 grupos señalan que la cuestión es “preocupante por varios motivos”, el primero de los cuales es su gran cantidad. Además, avisan de que un 15% de los residuos son finos y hay gran cantidad de materia orgánica, que es algo que “favorece la presencia de las mareas rojas”.

Otra de las críticas es que muchas de las muestras no se han hecho según exige la normativa y “la mayoría está mal caracterizada porque no se tomaron las muestras en profundidad”. Añaden que la contaminación que se había detectado en 2009 en los análisis de la empresa Centro de Investigaciones Submarinas “desaparece posteriormente” porque, razonan, se tomaron muestras superficiales, que coinciden con depósitos de sedimentos recientes.

Las alegaciones se detienen en un punto: el Foso LE 35, en el que aseguran que hay una fuerte contaminación por mercurio, pero se decide no dragarlo. En las zonas que lo rodean las muestras se toman solo en superficie, “sin verificar la existencia de contaminación en profundidad”, objetan y añaden que el plan tampoco prevé cómo se van a dragar estas zonas sin que se desplace la contaminación del Foso LE 35. Estos colectivos piden que sí se retire el material en este punto y sea “aislado en tierra como residuo peligroso”. Además, indican que no está cuantificada la presencia de monometil-mercurio, que es un compuesto tóxico.

Los colectivos se quejan también de que no se indica el tiempo que va a llevar el proceso de extracción de sedimento ni la suspensión del marisqueo que va a implicar. Otra alegación se refiere a que el punto B en el que se van a verter los materiales también está en el canal de entrada de las aguas de afloramiento, lo que quiere decir que las causas que provocaron que se desplazase el 47% del material depositado en el punto E/8 siguen dándose en el B.

Ante esta situación, reclaman a la Xunta que el material dragado no se deposite en la zona B, sino que se inmovilice en tierra en condiciones de impermeabilidad, que se amplíen los análisis de los sedimentos a extraer y que se evalúen económicamente los posibles daños a la producción de bivalvos en la ría de Arousa. Piden también un estudio más profundo del transporte de sedimentos finos en la desembocadura del Lérez para poner en marcha medidas de vigilancia ambiental y correctoras del impacto del dragado en los bancos marisqueros de la ría de Pontevedra mientras se esté actuando. Y compensaciones económicas a os afectados que deban parar la actividad.

No se rinden. La Asociación de Madres y Padres de Alumnos (ANPA) del CEIP Apóstolo Santiago reafirma su compromiso de seguir adelante con el cambio de denominación del centro a 'CEIP da Almáciga', nombre del barrio compostelano en el que está ubicado el colegio. Su próximo paso será solicitar una reunión con el grupo de concejales no adscritos —ediles que fueron expulsados del PSOE— quienes, con su abstención en el pleno municipal, permitieron que el voto negativo del PP bloquease la iniciativa.

En un comunicado, el ANPA —que celebró el pasado día 18 su primera asamblea tras la sesión plenaria— recuerda que el nombre propuesto es el resultado de un proceso “extenso y riguroso” desarrollado a lo largo de dos cursos escolares y que recoge una iniciativa lanzada en 2019 por una directiva anterior. Ese proceso, en el que se implicó “a la comunidad educativa y al propio barrio”, culminó con la aprobación por unanimidad del Consello Escolar, el máximo órgano de representación de los centros públicos.

“Nos acompaña, por tanto, la legitimidad de un proceso democrático transparente y participativo construido desde la comunidad interesada”, aseguran antes de afirmar que “lejos de debilitarnos, lo sucedido en las últimas semanas refuerza nuestra unidad y determinación”, por lo que trabajarán “para se respete la voluntad colectiva expresada conclaridad”. Y eso empezará por solicitar una reunión con los cuatro concejales no adscritos “para conocer sus motivaciones y trasladarles la posición unánime de nuestra comunidad y el proceso democrático que lo sustenta”.

La propuesta del ANPA contó con el apoyo del equipo de gobierno local —formado por BNG y Compostela Aberta— y de los dos concejales que permanecen en el PSOE. El líder local del PP, Borja Verea, lideró la cruzada por mantener el nombre histórico. Encontró un filón en la iniciativa de la comunidad educativa para seguir culpando a la alcaldesa nacionalista de atacar los símbolos de la ciudad. Cuando, tras la sesión, las familias ya dejaban entrever que no arrojarían la toalla, les envió un recado: “Si empezamos a decir que los acuerdos adoptados por el pleno no valen cuando no nos gustan, estamos cuestionando el funcionamiento básico de las instituciones democráticas y sentando un precedente peligrosísimo”