Ibrahima tenía 12 años cuando su padre decidió que debía hacerse “más hombre”. Lo llevó a trabajar en la pesca, convencido de que el esfuerzo físico corregiría lo que familia veía como una desviación. “Nunca me gustó. Yo quería otra vida, pero no tenía elección”, recuerda hoy desde Francia en una conversación con elDiario.es.

Creció en Senegal en una familia profundamente religiosa, marcada por la figura de un padre imán y por un entorno donde cualquier diferencia era castigada. En el barrio lo molestaban, lo señalaban y lo reducían a un insulto que ni siquiera entendía. En casa, la violencia era una constante. “Mi hermano mayor me golpeó varias veces, incluso una vez en el mar, donde pensé que iba a morir”, relata. Desde muy joven, Ibrahima comprendió que su identidad no tenía espacio en el mundo que lo rodeaba. 

Años después, en 2020, fue detenido junto a otros hombres acusados de “actos contra natura”. Pasó tres meses en prisión en condiciones extremas, hacinado con decenas de personas, sin poder dormir y bajo amenazas constantes y agresiones de otros reclusos. “Pensé que no iba a salir de allí”, dice. Hoy vive en Francia, adonde llegó en 2024, intentando reconstruir una vida atravesada por la violencia. 

Su historia no pertenece al pasado, es el presente de Senegal. En marzo de 2025, la Asamblea Nacional aprobó una reforma del Código Penal que pena con hasta diez años de prisión las relaciones entre personas del mismo sexo y criminaliza cualquier forma de “promoción” de la homosexualidad. La norma amplía la persecución de activistas, organizaciones y cualquier persona que defienda los derechos LGTBI, e introduce sanciones económicas que pueden alcanzar los 15.000 euros, equiparando la homosexualidad a delitos como la zoofilia o la necrofilia.

Una ola que recorre parte de África

Senegal no es una excepción. De los 65 países que criminalizan la homosexualidad en el mundo, 33 están en África. En los últimos años, el continente ha vivido un endurecimiento acelerado de este tipo de legislaciones, en una dinámica que combina política interna, presión social y redes e influencias internacionales. 

Uganda se convirtió en 2023 en el epicentro de esta regresión al aprobar una de las leyes más duras del mundo, con penas que incluyen la cadena perpetua e incluso la pena de muerte en casos de “homosexualidad agravada”. Desde entonces, organizaciones de derechos humanos han documentado cientos de abusos, detenciones arbitrarias, agresiones físicas y campañas de persecución social.

En Burkina Faso, la reforma de 2025 llega en un contexto de inestabilidad política crónica, con golpes de Estado recientes, presencia de grupos yihadistas y un Estado cada vez más debilitado fuera de la capital. En ese escenario, el endurecimiento de las leyes anti-LGTBI empuja al colectivo hacia la clandestinidad. 

El Parlamento de Ghana ha aprobado nuevas restricciones en una ley cuya versión anterior fue aprobada en 2024, pero no llegó a entrar en vigor al no recibir el respaldo del entonces presidente Nana Akufo-Addo. Su sucesor, John Dramani Mahama, en el poder desde enero de 2025, sí ha mostrado apoyo a la iniciativa. 

La huella de la derecha cristiana estadounidense

Tanto Senegal como otros países del continente africano comparten un elemento común denominador: la influencia de redes ultraconservadoras occidentales en esta ola legislativa contra el colectivo homosexual. 

En Senegal, la red And Samm Jikko Yi, clave en la presión para endurecer la ley, mantuvo contactos desde 2024 con MassResistance, una organización estadounidense con sede en Massachusetts que considera la homosexualidad una amenaza para la salud pública. MassResistance no es un actor marginal. En Estados Unidos ha impulsado campañas contra el matrimonio igualitario y los derechos de las personas trans, y forma parte de un entramado más amplio de organizaciones que exportan una agenda ultraconservadora a nivel internacional. 

Desde la llegada de la Administración Trump en Estados Unidos, el clima político en el país ha reforzado las redes de ultraconservadores. De hecho, según Reuters, el caso de Senegal es el primer caso documentado de un grupo estadounidense ayudando a sacar adelante una ley anti-LGTBI en África desde la vuelta al poder de Donald Trump. 

Según la agencia, esta organización asesoró a actores senegaleses en estrategias de movilización, comunicación y presión política para impulsar la reforma legal. Este tipo de colaboración incluye desde el diseño de campañas hasta el intercambio de materiales ideológicos y jurídicos. 

No somos nosotros los que amenazamos la economía ni la seguridad del país

Ibrahima

El caso de Senegal no es aislado. En Ghana, la misma organización ha participado en el debate legislativo y ha colaborado con activistas locales, mientras que otras plataformas como Family Watch International o CitizenGO, fundada por la asociación española HazteOir han organizado conferencias, financiado campañas y trabajado directamente con líderes políticos y religiosos en distintos países africanos, como han destapado algunas informaciones periodísticas. En los últimos años, investigaciones por parte de organizaciones como Open Democracy han documentado que desde 2007 al menos una veintena de grupos ultraconservadores cristianos estadounidenses han destinado decenas de millones de dólares a organizaciones africanas en contra de las personas LGTBI.

Este entramado se articula en torno a lo que algunos investigadores denominan el movimiento transnacional “pro-family”, una red global que exporta marcos legales, discursos y estrategias políticas. Aun así, la paradoja es evidente. Mientras desde África los discursos oficiales insisten en que la homosexualidad es una imposición occidental, parte de la ofensiva contra los derechos LGTBI también lo es. 

Además, el recorte de la financiación internacional de Estados Unidos a través de la suspensión del programa USAID ha llevado a la reducción de programas considerados “sociales o divisivos”, sobre todo en el ámbito de la salud pública. En Senegal, la prevalencia del VIH es del 0,3% en la población general, pero alcanza hasta el 49% entre hombres que mantienen relaciones sexuales con hombres en algunas zonas de Dakar. A partir de ahora, la criminalización del colectivo dificulta el acceso a tratamiento y prevención, empujándolos a la clandestinidad. 

Crisis, desgaste político e instrumentalización de la moral

La aprobación de la ley no puede entenderse sin el contexto económico y político que atraviesa Senegal. El país vive una situación financiera crítica. Tras años de gestión opaca, la deuda pública ha superado las cifras oficiales, superando el 100% del Producto Interior Bruto, lo que ha obligado al Gobierno a hacer frente a pagos urgentes a acreedores internacionales para evitar el default. El peso de la deuda consume ya más de la mitad de los ingresos del Estado. 

Las consecuencias son visibles: becas estudiantiles impagadas, recortes en servicios públicos y un sistema universitario tensionado que han provocado protestas recurrentes. En febrero de 2026, la muerte del estudiante Abdoulaye Ba durante una intervención policial en una protesta por el retraso de becas volvió a poner de relieve la fragilidad del modelo. El caso de Abdoulaye no es un caso aislado; al menos seis estudiantes han muerto en contextos similares en los últimos 25 años. 

Este clima de tensión se combina con un desempleo juvenil persistente y una creciente frustración de los jóvenes, que fueron clave en la llegada al poder de los actuales líderes del país, Bassirou Diomaye Faye y Ousmane Sonko en 2024. Ambos encarnaban una promesa de ruptura con el sistema anterior y, dos años después, esa promesa se enfrenta a sus límites.

En este contexto, la ley contra la homosexualidad aparece como una herramienta política de bajo coste y alto rendimiento simbólico. “Hay muchos problemas más importantes en Senegal”, apunta Ibrahima a elDiario.es. Desde su experiencia, la cuestión LGTBI ha sido utilizada como sustituto de esas respuestas que no llegan. “No somos nosotros los que amenazamos la economía ni la seguridad del país”, insiste. 

El propio calendario refuerza esta lectura. La aprobación de la ley coincidió con un momento de alta presión financiera sobre el Estado y un aumento de las críticas internas. Dentro del propio Gobierno, la medida también cumple una función de posicionamiento. Mientras Faye adopta una posición más institucional, centrada en la gestión económica, Sonko, por su parte, y como principal impulsor de la ley, refuerza su liderazgo apelando a los “valores africanos” y la soberanía cultural. 

Para Ibrahima, es una lógica clara: “Se está utilizando a las personas homosexuales para distraer a la población”. A su juicio, el Gobierno busca demostrar que cumple sus promesas en un terreno simbólico, aunque no lo haga en lo económico. “Quieren decir que han hecho algo, aunque no sea lo más importante”.

“Cuando me detuvieron me encontré con que el fiscal era homófobo, pero mi abogado, también. Ahora ese mismo abogado se ha convertido en un diputado de la Asamblea Nacional y ha apoyado iniciativas políticas anti LGTBI. Está claro que no tienes a nadie que te defienda”, concluye. 

El exdiputado de Podemos en la Asamblea de Madrid Serigne Mbaye ha asegurado este domingo que denunciará el “racismo” y la “violencia policial” que afirma que sufrió durante su detención el pasado jueves en la capital y ha instado además a parar la “persecución” que sufren “miles de personas” por motivos raciales.

“Va a haber denuncia segurísima. De eso no hay duda. Por la violencia, por el racismo, por todo lo que ha pasado”, ha declarado a los medios durante una concentración en Madrid convocada por colectivos antirracistas y de migrantes tras su detención para protestar por el “racismo policial”.

Mbaye afirma haber sido víctima de una “redada racista” cuando fue detenido el pasado jueves por agentes de la Policía Nacional junto con otras seis personas y puesto en libertad horas después.

La versión policial niega este tipo de redada y asegura que Mbaye fue detenido tras enfrentarse a la policía para tratar de impedir la detención de un sospechoso, después de que dos agentes de paisano detectaran a dos jóvenes tratando de robar un vehículo.

Al final de la concentración de este domingo en el madrileño barrio de Lavapiés, a la que ha asistido la líder de Podemos, Ione Belarra, ha irrumpido el exdiputado y actual secretario antirracismo de la dirección del partido, que micrófono en mano ha instado a parar la “persecución” que sufren “miles de personas” por motivos raciales.

“Vamos a seguir con pasos firmes, no vamos a rendirnos nunca ante el racismo y las violencias policiales, no nos da miedo”, ha exclamado Mbaye, que ha recordado otros casos de detenciones.

“Siempre la misma excusa. Siempre tenemos la culpa, no es verdad. Las mentiras las tienen que investigar”, ha añadido el exdiputado, que ha agradecido el apoyo recibido.

La concentración, a la que han asistido alrededor de 200 personas (cien según datos de la Delegación del Gobierno), ha estado presidida con una pancarta con el lema 'Frente al racismo institucional, resistencias antirracistas'.

Los asistentes han coreado lemas como “Marlaska, dimisión”, en alusión al ministro del Interior, y “No es un caso aislado, es racismo de Estado”, “Basta ya de racismo policial” o “Ningún ser humano es ilegal”.

Además, los convocantes, de asociaciones como SOS Racismo y el sindicato de manteros de Madrid, han leído un manifiesto en tres idiomas (español, francés y wólof) en el que han denunciado que la detención de Mbaye no ha sido un “error de protocolo” ni un “hecho aislado”, sino “una manifestación brutal de racismo institucional”.

Con el texto, han pedido la depuración de responsabilidades políticas y la apertura de una investigación judicial independiente sobre lo ocurrido el pasado jueves, al tiempo que han hecho un llamamiento a la “resistencia colectiva y popular antirracista”.

“No nos callarán hasta que se garantice que ningún cuerpo sea violentado por el racismo de Estado”, han apuntado.

Mi primera estancia en Gaza fue entre noviembre y diciembre de 2024. Volví en noviembre de 2025 como responsable de actividades de enfermería de Médicos Sin Fronteras (MSF) y me quedé casi cuatro meses, hasta finales de febrero, cuando todo el personal internacional de las ONG afectadas por la cancelación de su registro tuvo que abandonar el territorio.

Prolongué mi estancia cuando supimos que Israel no permitiría la entrada de reemplazos internacionales. Como responsable de enfermería para el sur de Gaza, visité y supervisé varias instalaciones en el sur y también viajé al norte para supervisar uno de los hospitales a los que prestamos apoyo allí, el Hospital Al Helou, así como la clínica de la zona de Al Zeytoun, en Ciudad de Gaza.

Incluso durante lo que se viene denominando alto el fuego (desde octubre de 2025), nunca se ha tenido la sensación de que los combates hayan cesado realmente. Los drones sobrevuelan constantemente la zona. Se pueden oír ataques aéreos todos los días. El número de víctimas mortales puede haber disminuido en comparación con antes del acuerdo, pero la violencia nunca ha desaparecido.

Lo que he visto esta vez ha sido más destrucción aún. El sistema sanitario está devastado. Hay menos edificios en pie. Más tiendas de campaña. Más familias desplazadas y hacinadas en zonas cada vez más reducidas. La situación es inhumana y cada día vemos las consecuencias médicas que sufren las personas en Gaza debido a las condiciones en las que se ven obligadas a vivir.

Vemos infecciones respiratorias: neumonía, bronquiolitis, niños expuestos al frío invernal en tiendas de campaña improvisadas sin calefacción. Tratamos de forma incesante casos de gastroenteritis aguda porque el agua potable sigue siendo escasa. La gente hace cola todos los días solo para recoger agua, como lleva haciendo desde hace más de dos años. Las enfermedades de la piel están muy extendidas debido al hacinamiento y la falta de higiene.

Desde el 1 de enero de 2026, MSF no ha podido introducir ningún suministro en Gaza. Desde finales de febrero, todo nuestro personal internacional se ha visto obligado a abandonar Gaza tras la decisión de Israel de retirar la autorización a MSF y a otras 36 ONG para operar en Palestina

La necesidad de atención de heridas es abrumadora. En un momento dado, llegamos a realizar hasta 900 curas a la semana. Muchas de estas heridas tienen meses, son lesiones que nunca se curaron adecuadamente. Traté a jóvenes de 18 y 19 años que ahora están paralizados por heridas de bala en la columna vertebral, confinados en la cama, con úlceras por presión que se infectan fácilmente en estas condiciones de vida.

También vemos a muchos pacientes con fijadores externos aún colocados en sus extremidades, esperando cirugías que no se pueden realizar dentro de Gaza. Las evacuaciones médicas son extremadamente limitadas. Según la Organización Mundial de la Salud, 18.500 pacientes necesitan atención especializada que no existe en Gaza, pero no se les permite salir.

No puedo olvidar a Mohamed, un niño de tres años con desnutrición crónica y necesidades médicas complejas. Lo tratamos con leche terapéutica y mejoró, pero una vez que regresó a casa, su estado volvió a deteriorarse. La última vez que lo vi, había perdido mucho peso porque se negaba a tomar el producto a base de cacahuetes que se utiliza para tratar la desnutrición fuera del hospital. Es celíaco y tiene otras necesidades dietéticas especiales. Mohamed sigue esperando ser evacuado. Sin acceso a atención médica fuera de Gaza, los niños como él pueden no sobrevivir, por mucho que nos esforcemos.

Nuestro personal palestino vive esta misma realidad. Sufren la misma inseguridad, las mismas carencias y la misma presión psicológica que el resto de la población. La amenaza de un ataque nunca desaparece.

Nuestros colegas palestinos son quienes llevan adelante la respuesta de MSF. Pero apoyarlos en la distancia nunca será lo mismo que estar a su lado, siendo testigos y ayudando a quienes han mantenido en funcionamiento un sistema de salud devastado tras más de dos años de un trabajo sin descanso.

Nuestro personal palestino vive esta misma realidad. Sufren la misma inseguridad, las mismas carencias y la misma presión psicológica que el resto de la población

Mientras estaba sentada en el autobús que salía de Gaza, tenía un nudo en la garganta. Cada vez que volvemos, la destrucción es peor. Esta vez, me fui preguntándome cómo estará todo si nos permiten volver y cuándo.

Desde el 1 de enero de 2026, MSF no ha podido introducir ningún suministro en Gaza. Desde finales de febrero, todo nuestro personal internacional se ha visto obligado a abandonar Gaza tras la decisión de Israel de retirar la autorización a MSF y a otras 36 ONG para operar en Palestina. Esto tendrá consecuencias catastróficas para las personas que dependen casi por completo de la ayuda humanitaria, incluyendo agua, alimentos, atención sanitaria, saneamiento y educación. Las necesidades son enormes.

Los palestinos nos piden que hablemos de lo que hemos visto, de cómo viven, de la violencia y el bloqueo continuos que condicionan todos los aspectos de sus vidas. Eso es lo que puedo hacer ahora. Hablar. Y esperar que algún día MSF, y todas las demás organizaciones, puedan trabajar libremente, porque los palestinos de Gaza lo necesitan desesperadamente.

MSF sigue presente en la Franja con más 1.200 trabajadores palestinos y mantiene su compromiso de seguir prestando asistencia en Palestina durante el mayor tiempo posible.

Acababa de meter la llave en la cerradura de la entrada de su vivienda, cuando un coche “frenó muy cerca”. Quienes bajaron del vehículo no iban uniformados, pero el exdiputado de Podemos en la Asamblea de Madrid, Serigne Mbaye, supo al instante que eran policías de paisano. El activista y secretario de Antirracismo de la formación morada estaba a punto de entrar en su vivienda, donde iba a ayudar a un amigo senegalés a hacer el currículum, pero acabó detenido por un presunto delito de atentado a la autoridad y otro de lesiones, acusado de intentar huir de una identificación policial. La versión de Mbaye y los otros seis detenidos -vecinos que trataron de ayudarle, entre los que se encontraba el periodista de El Salto, Martín Cúneo- es muy diferente.

Las imágenes difundidas por El Salto muestran a Serigne Mbaye tirado en el suelo mientras un agente lo inmoviliza con la rodilla sobre él. Varios vecinos increpan a los agentes y les piden que paren, sin éxito. Según la Delegación del Gobierno, los hechos se iniciaron sobre las 19.45 horas por el aviso del posible robo en un vehículo por parte de dos hombres. En la zona —aseguran— son “habituales” este tipo de sustracciones, por lo que había activado un dispositivo policial específico. Los agentes desplegados en el efectivo trataron de identificar en el lugar a dos individuos (Serigne Mbaye y su amigo) que consideraron sospechosos. Según la versión oficial, uno de ellos lo hizo sin incidentes, mientras que el otro (supuestamente el exdiputado) “se negó reiteradamente, mostró una actitud de enfrentamiento con la Policía y trató de huir, lo que obligó a la intervención para evitar su fuga”.

Serigne Mbaye atiende a elDiario.es horas después de la detención, después de regresar a Urgencias para ser atendido por segunda vez por las lesiones provocadas durante la detención. El exdiputado presenta una versión muy diferente a la oficial. Niega haber huido de la intervención policial y asegura que los agentes actuaron con agresividad desde el primer momento, exigiéndole que se colocase frente a la pared para ser cacheado, “sin explicar los motivos”. No es la primera vez que le ocurre. Ha perdido la cuenta de las veces que ha sido parado por la calle por la Policía mientras hacía cualquier actividad rutinaria, algo que, recuerda, no suele ocurrir a las personas blancas. “Es obvio que es una práctica racista”, zanja el senegalés.

Antes de nada, ¿cómo está? ¿cómo se encuentra, físicamente y emocionalmente, después de la detención?

Emocionalmente estoy jodido. Y, físicamente, también: se ha visto lo que se hizo, la violencia que se utilizó y tengo el cuerpo hecho polvo. Tengo una herida en la frente, tengo dolor fuerte de cuello y en el hombro. He tenido que ir Urgencias otra vez esta mañana y estoy de baja. Estoy jodido también por mi curro, por el hecho de tener que estar de baja por eso. 

¿Qué pasó? ¿Cómo se sucedieron los hechos antes de la detención?

Salí del trabajo y pasé por Lavapiés para recoger cosas que me habían mandado de Senegal a través de un amigo que había estado allí. Quería darme las cosas y me pidió ayuda para hacer un currículum. Así que fuimos a mi casa. Cuando llegué al portal, saqué las llaves, metí la llave en la cerradura para abrir y, justo cuando iba a entrar, un coche frenó de golpe cerca de donde estaba. Cuando escuché el frenazo, me giré y, aunque iban de paisano, supe que eran policías. Me quedé mirando para ver qué pasaba.

Yo ya estaba entrando en el portal, pero me impidieron la entrada. Vinieron directamente súper agresivos, nos empujaron, a mí sobre todo porque llevaba una bolsa y me decían que qué llevaba dentro. Con mucha agresividad, me hablaban de un coche y yo no sabía de qué hablaban. Les decía que yo no venía de ningún coche, que venía de mi trabajo. Me decían que si llevaba algo punzante y me dijeron que me pusiese contra la pared que me tenían que registrar. Justo había un vecino, que empezó a decirles a los agentes: “¿Qué pasa aquí? Es un vecino, vive aquí, esta es su casa”, para tratar de decir a los policías que no era un delincuente. 

Ahí se pusieron más agresivos y pidieron refuerzos. En ese momento me tiran al suelo. Yo les pregunto: “¿Por qué me tenéis que tirar?”. Y me dijeron que me iban a llevar a comisaría. Mientras, mi vecino llamó a los demás vecinos, que empezaron a bajar, algunos incluso descalzos, para pedir a la policía que me dejasen. Yo les decía que me dejasen en paz.

Llegaron mogollón de policías y la agresividad policial fue tremenda. Detuvieron a otros compañeros. En ese momento, mis llaves estaban colgadas en la puerta y los agentes utilizaron mis propias llaves para meterse dentro entraron en el patio, donde había niños y detuvieron a tres personas. 

Según la versión oficial, la Policía recibió un aviso de un posible intento de robo de un coche y su aspecto, supuestamente, encajaba con el vuestro. En ese contexto, la Policía dice que se acercaron a ustedes para identificarles y usted se negó e “intentó huir”. Le iba a preguntar que por qué se había negado pero, según su versión, ¿ni siquiera se produjo esa petición tal? 

No fue así. Metí la llave y vinieron como flechas, directamente, hablando de un coche y no sabía nada de qué me hablaban. Si están buscando a alguien, pueden preguntar de una manera decente, dime el motivo de manera legal y tranquila, y yo podría explicarles que venía del trabajo, pero no lo hicieron así. Lo hicieron de una manera muy violenta, llegaron dando por hecho que soy esa supuesta persona. Venían agitadísimos, a liarla, diciendo directamente que me pusiese contra la pared para registrarme. Yo preguntaba que por qué me iban a registrar… Cuando mi vecino apareció, creo que se pusieron nerviosos y me dijeron que me llevaban a comisaría. 

Ellos dicen que la descripción de quienes supuestamente intentaban robar el coche correspondía a un hombre negro y uno de origen magrebí. Pero mi amigo no es magrebí, es negro. Tampoco coincide. Con eso ya se veía que no éramos nosotros las personas que buscaban, ¿por qué venían tan decididos? Cuando vi que se ponían agresivos conmigo, le dije a mi amigo que se metiese en mi casa. Era una persona que acababa de volver de Senegal y quería evitar que le detuviesen también a él. 

Tampoco intenté huir en ningún momento. ¿De qué iba a huir y a dónde? Si estaba en mi casa. Cuando frenaron el coche, yo ya había metido la llave para entrar. Si hubiese querido huir, podría haber entrado y no me hubiesen alcanzado. Me quedé mirando para ver qué pasaba. No tenía ninguna intención de correr.  

No intenté huir en ningún momento. ¿De qué iba a huir y a dónde? Si estaba en mi casa. Cuando frenaron el coche, yo ya había metido la llave para entrar. Si hubiese querido huir, podría haber entrado y no me hubiesen alcanzado. Me quedé mirando para ver qué pasaba. No tenía ninguna intención de correr.  

La Policía dice que cinco policías resultaron heridos. ¿Qué sabe de eso? ¿Qué ocurrió?

No es verdad. Se han inventado esas lesiones. Si hay lesión, se han autolesionado. En los vídeos se ve claramente lo que ocurrió. Las imágenes son las imágenes. En ningún momento he hecho nada. No he levantado la mano a ningún policía. 

Denuncia que ha sido una actuación policial racista. ¿Por qué?

Si hubiese ocurrido una vez, quizá podríamos llegar a pensar que ha sido casualidad o un error. Pero pasa tantas veces, a mí y a tantas personas negras, que hay un punto en común que lo explica: es racismo estructural. Hay un sesgo racista porque asumen que somos culpables por ser negros.

Vienen a por mí porque, según su versión, supuestamente les han dado el aviso de que otro negro y un hombre magrebí son sospechosos de robar un coche. Cuando, mi amigo no era magrebí sino negro pero, directamente, llegan asumiendo que soy la persona que dicen buscar y actúan con violencia, humillándome.

Si la policía no se da cuenta de que eso no es casual... Cuando hechos como estos pasan tantas a personas de piel diferente, es obvio lo que se denuncia. Es obvio que están son practicas racistas.

¿Hubo algún incidente más en comisaría o durante el trayecto?

Después de que cogiesen nuestra filiación, nos preguntaron quién quería ir al médico. A mí me llevaron al médico. Dos vecinos están en el hospital. Uno recibió golpes dentro de la casa. Al otro le han jodido la rodilla y está en el hospital.

Cuando me detuvieron, tuvimos que caminar, unos 400 metros, hasta meterme en un coche. Había un montón de coches de policía por todas partes y los vecinos miraban. La Policía intentaban que me callase, pero no me iba a callar. Gritaba: “Esto es la prueba total del racismo policial, han venido a la puerta de mi casa, para ponerse violentos y llevarme a comisaría. Mientras lo decía, me iban apretando las esposas, para hacerme daño. Cuando me metieron en el coche, me metieron empujándome y cerraron dando un golpe fuerte, con violencia. En comisaría, me apretaron las esposas de tal manera que, cuando me llevaron al médico, no me podía sentar, no podía hacer movimientos. Pedí que me las quitasen. Cuando me las quitaron, les dio cosa al ver cómo estaban mis muñecas. La policía dijo: ”Podría habernos dicho antes y las aflojábamos. Les dije que lo había dicho varias veces. Y eso se ha reflejado en el parte médico para que se vea claramente la intención de torturar de esa manera. 

Serigne, ¿cuántas veces le ha parado la Policía por la calle pidiendo que se identifique (en un contexto que no sea una manifestación o una protesta)?

Solo en este año 2026, en poco más de tres meses, ya van tres. La primera, dejé a mi hija en el colegio y, cuando iba al trabajo, me identificaron y me detuvieron por una acusación de desobediencia y falta de respeto a la policía. Ahí también dijeron que les llamaron, curiosamente, por el robo de un móvil. El perfil que buscaban era el de un africano y correspondía al mio porque, decían, tenía dos móviles. Pero vieron que tenía dos móviles cuando me registraron, no antes. La Delegación del Gobierno me mandó propuesta de sanción de 700 euros. Y recurrí poniendo todo mi historial con la Policía desde 2021 hasta ahora.

Cuando era diputado en la Asamblea de Madrid y me pararon en Madrid varias veces. En la estación de tren de Valencia en un viaje con diputados y eurodiputados me sacaron de la cola del AVE solo a mí, al negro, para identificarme. Todo esto ha quedado registrado ante el Ministerio del Interior y el Defensor del Pueblo. 

En 2023, me pararon y me detuvieron en la estación de Atocha.Fui denunciado por desobediencia y resistencia y llevado a la comisaría. Entonces dijeron también que estaban haciendo controles de prevención del hurto. 

En esta casa, nada más mudarme, me paso algo similar. Tenía la puerta medio abierta y me sacaron fuera de la calle para identificarme. Fue el 31 de julio de 2023, pero eso quedó en nada. 

Son tantas que ni recuerda exactamente el número… Fíjese que a mí, siendo blanca, nunca me ha pasado. ¿Qué curioso, no?

Ese es el tema. Todo lleva un denominador común. Hay quien dice si le paran, que entregue la documentación y ya está. El problema es por qué nos paran. No una, sino tantas y tantas veces. Las personas blancas lo veis todos los días. Gente de todas las edades, hasta de 70 años, que nunca jamás en su vida le ha parado de repente la Policía para pedir la documentación. Nosotros, los negros, encadenamos semanas, meses, de paradas, de vivir bajo la sospecha constante. Que te pare la Policía a ti, y no a tus amigos blancos, para preguntar si llevas marihuana o droga. Eso es por algo. Hay un sesgo racista.

Pero todo eso lo niega el Gobierno. En 2022, desde Podemos preguntamos por ello en el Congreso. El 24 de julio de 2022 nos respondieron que no había controles por perfil étnico y racial, ya que están prohibidos.  

Las personas blancas lo veis todos los días. Hay gente de todas las edades, hasta de 70 años, que nunca jamás en su vida le ha parado de repente la Policía para pedir la documentación. Nosotros, los negros, encadenamos semanas, meses, de paradas, de vivir bajo la sospecha constante. Que te pare la Policía a ti, y no a tus amigos blancos, para preguntar si llevas marihuana o droga. Eso es por algo. Hay un sesgo racista.

¿Qué se siente cuando se está por la calle, andando tranquilamente, y la policía se acerca y entre todas las personas que hay, solo le paran a usted?

Violencia. Es tan violento que camines tranquilamente, que te paren, que te registren y ver que, claramente, lo han hecho porque tienes una piel diferente. Cuando ocurre, la gente te mira y pensará: “Habrá hecho algo”. Es una sensación tan triste y dolorosa que te afecta psicológicamente. 

Los últimos casos que denuncia han ocurrido cuando era diputado en la Asamblea de Madrid o posteriormente, cuando ya era una persona que sale en los medios, que forma parte de una formación política y que ha tenido un cargo público. ¿Cuando no era conocido o cuando no tenía papeles era aún más frecuente?

Muchos amigos y compañeros españoles me han dicho que yo soy activista porque la Policía me ha hecho ser así. Me paraban tantísimo... Antes de tener los papeles, pero también cuando los tuve e iba a trabajar. Era constante. Estás sacando dinero en un cajero y, mientras sacas, te das la vuelta, y escuchas “caballero documentación”. Y tener que decirles que se alejen porque estaba sacando dinero de mi cuenta. Que hagan eso y que te quiten la cartera para registrarte. Todo eso me ha pasado a mí.

Durante un montón de meses, cada vez que pasaba por Nuevos Ministerios para ir a trabajar, siempre estaban y siempre me paraban. Había momentos que, cuando me acercaba, tenía el NIE en el bolsillo y me lo pegaba en la frente con saliva. Hasta se reían. He llegado tarde al trabajo por eso muchísimos días. Todo eso lo hemos vivido y lo seguimos sufriendo. No me pueden decir que no ocurre.

Cuántas veces he llegado al trabajo diez minutos tarde mientras ves que tus compañeros blancos llegan puntuales. No un día, muchos. Y tener que despertarte todos los días 10 minutos antes para evitarlo, porque tenemos que pagar ese precio por ser lo que somos. 

Oigo de fondo a su hija pequeña. ¿Cómo se le explica a una hija que la policía para a su padre sin haber cometido ningún delito? 

Mi hija pequeña lo ve todo. Es muy difícil, porque hay cosas que no queremos que vivan, pero ayer lo tuvieron que vivir. Tenemos que hablarlo con ellas, tienen que saber que la Policía hace un trabajo selectivo y discriminatorio. Se lo decimos porque mi hija tiene que ser consciente de que eso pasa, que es por esa razón por la que han parado tantas veces a su padre, y no otra. Le explicamos cómo tiene que reaccionar si algún día le pasa cuando crezca o por si lo presencia. 

Cuando murió Mame Mbaye, yo estaba allí y tenía a mi hija en brazos. Estaba hablando con la policía, el cuerpo de Mame detrás y la gente gritando. Eso se le quedó en la cabeza y fue muy difícil explicárselo entonces pero, poco a poco, cuando va creciendo, se lo vamos explicando.

En su colegio a veces van policías para dar talleres. Está bien para enseñarles cómo cruzar o no, pero es complicado cuando les dicen que la policía es buena porque para a los delincuentes. Entonces, tiene que saber que a mí me paran sin haber hecho nada. Que a muchas personas negras les paran sin haber hecho nada, solo por ser negras. Lo tiene que saber porque no queremos que piense que hay algo malo en ella, en nosotros, por nuestro color de piel, Tiene que saber que es el sistema el que falla, que es culpa del racismo estructural.

El Partido Popular Europeo está totalmente entregado a las políticas de la ultraderecha en inmigración. Este jueves, los populares han unido su voto a los grupos de ultraderecha del Parlamento Europeo para sacar adelante la medida que permite la apertura de los centros de deportación de personas migrantes que se encuentran en situación irregular fuera del continente, siguiendo la estela de la ultraderechista italiana Giorgia Meloni en Albania. 

La propuesta salió adelante con 389 votos a favor, 206 en contra y 32 abstenciones. La votación en el pleno se realizó tras tres solicitudes separadas de los grupos políticos Socialdemócrata, Verdes y La Izquierda, que impugnaron las decisiones del 9 de marzo de 2026 adoptadas en la Comisión de Libertades Civiles.

La votación se produjo tras el fracaso de las negociaciones con los liberales (Renew) y los socialistas en la Comisión de Libertades Civiles (LIBE). Los conservadores ya habían alcanzado acuerdos a puerta cerrada con eurodiputados de extrema derecha para votar conjuntamente a favor de un texto, según reveló la agencia de prensa alemana DPA. Desde Vox se admitió que este texto “es el más contundente de la historia de la Unión Europea en materia de inmigración”.

La ONG en defensa de los derechos de las personas sin papeles, PICUM ha explicado que “los eurodiputados electos públicamente están eligiendo poner a cientos de miles de personas, incluidos niños, en riesgo de daños irreparables. El texto permite a los Estados miembros detener a menores y adultos, separar familias y enviar personas a centros de deportación en países en los que nunca han estado. Cinco países de la UE – Alemania, Países Bajos, Austria, Dinamarca y Grecia – ya están colaborando en planes para establecer estos centros, aunque aún no se dispone de información sobre los países de destino”.

Según PICUM, esta medida “también otorgan amplios poderes para restringir la libertad de movimiento, registrar pertenencias, imponer medidas de ”seguridad“ desproporcionadas y compartir datos personales con países que carecen de garantías adecuadas”.

La posición del Parlamento se suma a un texto que podría normalizar y aumentar la aplicación de políticas de inmigración al estilo ICE en toda la Unión Europea. La propuesta de la Comisión exigiría a los Estados miembros desplegar medidas amplias e indefinidas para detectar personas indocumentadas, lo que podría derivar en vigilancia invasiva, perfiles raciales y obligaciones para los empleados públicos de denunciar a personas sin documentación. La posición del Consejo sobre el borrador del Reglamento de Retorno respalda redadas policiales en espacios públicos y viviendas privadas, con muy pocas garantías.

Silvia Carta, responsable de incidencia de PICUM declaró que “esta votación marca un punto de inflexión peligroso, ya que las fuerzas de centroderecha rompen el cordón sanitario para alinearse con la extrema derecha y aprobar una agenda profundamente represiva. Esta alianza tóxica allana el camino para la detención masiva, la separación de familias y las deportaciones, normalizando abusos que hemos visto con ICE en Estados Unidos y poniendo en riesgo innumerables vidas”.

En una Europa cada vez más restrictiva con la inmigración y la presión de la extrema derecha, el enfoque de España choca con su alrededor. Mientras los países vecinos buscan reducir la llegada de inmigrantes, el número de trabajadores extranjeros en suelo español supera cifras récords. Ante ese escenario el Gobierno, a través de la Oficina Nacional de Prospectiva y Estrategia (ONPE) de La Moncloa, encargó un informe para contestar a una pregunta: ¿Cómo sería España en los próximos 50 años si las entradas de inmigrantes se mantienen al ritmo actual? ¿Qué pasaría si, por el contrario, se aplicase una política restrictiva y se redujesen las llegadas en un 30%?“. 

La respuesta, plasmada en un informe de la ONPE al que ha accedido elDiario.es, describe un país envejecido y encogido, con un 25% menos de habitantes en comparación con otro escenario en que las llegadas de inmigrantes se mantuvieran al ritmo actual. Un país con nueve millones menos de trabajadores, lo que podría acarrear la pérdida de riqueza, hasta “un 22% del PIB”, y un fuerte golpe para sectores como la agricultura, los cuidados y la hostelería. Un país en el que, para mantener el actual sistema de pensiones, cada cotizante debería aportar en torno a 2.000 euros más cada año que si se mantuviese el flujo migratorio actual, según las conclusiones del primer borrador del estudio.

Este es el retrato de uno de los escenarios que plantea el estudio 'España ante el reto migratorio' , con el que la Oficina Nacional de Prospectiva y Estrategia analiza cómo cambiaría España hasta 2075 en función de los distintos niveles de inmigración. No es una predicción, advierten sus autores, sino un ejercicio de escenarios: comparar qué ocurre si se mantienen los flujos actuales o si, por el contrario, se reducen de forma sostenida en un 30%. Cuáles serían, por tanto, las consecuencias de seguir la línea dura de la inmigración que promueven otros Estados europeos. 

En España, desde hace más de una década, la población solo crece gracias a la llegada de personas del exterior. En este contexto, el impacto demográfico conforma el primer escalafón de los efectos de la reducción de la inmigración planteada por la ONPE. En un escenario con flujos migratorios similares a los actuales, la población se situaría en torno a los 55 millones de personas en 2075, frente a los 49 millones actuales. Sin embargo, si las entradas bajasen un 30%, España estaría habitada por una cuarta parte, quedándose en los 40 millones de habitantes, según sus proyecciones.

Impacto en el mercado laboral

Como consecuencia directa, descendería el número de trabajadores. Según el documento, ante un hipotético endurecimiento de las políticas migratorias, España contaría con nueve millones de personas en edad laboral menos que si se mantuvieran las llegadas. Los flujos migratorios marcarán, por tanto, el crecimiento económico futuro: las proyecciones de la ONPE apuntan a que el Producto Interior Bruto podría caer un 14% en 2055 y un 22% en 2075 respecto al escenario con inmigración sostenida. Este efecto equivaldría a perder “unos 18.000 euros menos por habitante al año”, apunta el documento.

El informe pone como ejemplo el efecto que la caída de las entradas podría tener en los sectores que concentran mayor número de extranjeros en la actualidad: la agricultura, la hostelería y los cuidados. En el campo, la falta de trabajadores podría provocar el abandono de “más de 220.000 explotaciones en 2075”, casi tres de cada diez actuales. En la hostelería, hasta 90.000 bares y restaurantes podrían desaparecer, cerca de la mitad del total, según sus estimaciones. Y en los cuidados, el desequilibrio proyectado afectaría en una población cada vez más envejecida: mientras los ciudadanos dependientes aumentarías cerca de un 60%, la oferta de trabajadores de los cuidados podría caer un 28%, con lo que la ONPE calcula que más de 45.000 personas dependientes podrían quedar sin atención suficiente. 

El deterioro también alcanzaría a la sanidad pública, uno de los sistemas más sensibles al envejecimiento. Con menos inmigración, advierte el informe, la capacidad asistencial quedaría tensionada por una doble vía: más pacientes y menos profesionales. “La migración ha contribuido a completar plantillas en atención primaria, urgencias, zonas rurales y determinados hospitales”, recuerdan los autores. En el escenario de baja inmigración, España podría perder alrededor de 63.000 médicos especialistas y cada facultativo tendría que atender a un 4% más de pacientes en 2075, recoge el estudio. 

Más impuestos

A menos población activa y más personas jubiladas, las cuentas públicas también se verían afectadas. En 2075, cada trabajador tendría que aportar unos 2.000 euros más al año para sostener el sistema de pensiones en un escenario de baja inmigración. El gasto en pensiones aumentaría hasta un 1,2% adicional del PIB y la recaudación caería, obligando a subir impuestos o recortar prestaciones. La inmigración, concluye el informe, “no resuelve por sí sola el problema, pero actúa como uno de los principales amortiguadores del envejecimiento”.

El informe introduce un matiz al debate fiscal: con menos inmigración, algunos gastos públicos podrían reducirse (por ejemplo, en educación u otros servicios ligados a una población más joven), pero sería insuficiente. “La reducción del gasto asociada a una menor población no compensa la caída de ingresos”, advierten los autores. En sus cálculos, aunque el Estado gastaría algo menos en ciertas partidas, la pérdida de población activa provocaría una caída mucho mayor en la recaudación por cotizaciones e impuestos. Es decir, la clave no está tanto en el volumen de gasto como en quién lo sostiene: con menos trabajadores y menos actividad económica, la base fiscal se reduce y el equilibrio de las cuentas públicas se vuelve más frágil.

Los expertos recuerdan que la inmigración “tiene efectos positivos más allá del ámbito estrictamente económico” y que “contribuye a la cohesión social y al dinamismo de la sociedad” , en un contexto en el que la llegada de población extranjera también se asocia a una mayor diversidad social y a una mayor capacidad de adaptación e innovación.

La metodología del estudio parte de un ejercicio de prospectiva que compara distintos posibles caminos: un escenario de inmigración similar a la actual y, por el contrario, otro en el que un hipotético endurecimiento de las políticas migratorias redujesen en un 30% las llegadas durante décadas. Para ello, los autores construyen varios modelos demográficos y económicos hasta 2075 en función de diferentes niveles de inmigración, combinando datos del INE, proyecciones de población y variables como empleo, productividad o gasto público. A partir de ahí, simulan cómo evolucionarían indicadores clave (como el PIB, las pensiones o la sanidad) en cada escenario. “No se trata de anticipar qué ocurrirá, sino de entender las consecuencias de distintas decisiones”, subraya el documento. El objetivo, sostienen fuentes de la ONPE, era buscar una herramienta para medir el impacto que tendrían las políticas migratorias en la España de las próximas décadas.

Fuentes del Ministerio de Migraciones, consideran que las conclusiones del informe refuerza el enfoque de la política migratoria del Gobierno frente al endurecimiento generalizado en Europa. “España está liderando un modelo distinto al de muchos países, pero lo hace basándose en la evidencia científica, en datos demográficos, económicos y sociales, y en una defensa decidida de los derechos humanos”, sostienen desde el departamento dirigido por Elma Saiz.

“El informe confirma que sin migración, no se explicaría que España lleve siete años creciendo por encima de la media europea, que tengamos a más personas trabajando que nunca y que hayamos registrado el menor índice de paro en 17 años”, sostienen fuentes del Ministerio, quienes consideran que el estudio “complementa las razones” aportadas para sacar adelante la próxima regularización extraordinaria de inmigrantes, cuyo borrador aguarda la luz verde del Consejo de Estado y su próxima aprobación en el Consejo de Ministros.

Liberada tras un año en manos del ICE. Leqaa Kordia, la última persona que permanecía bajo custodia de inmigración tras la represión de la Administración Trump contra el activismo propalestino en los campus universitarios, ha sido puesta en libertad este lunes tras pasar un año detenida.

Leqaa Kordia, de 33 años y originaria de Cisjordania —donde vivió hasta 2016, año en que se mudó a Nueva Jersey—, había permanecido recluida en un centro de detención de inmigración de Estados Unidos en Texas desde el pasado mes de marzo. Su detención estuvo relacionada con su participación en una protesta frente a la Universidad de Columbia en 2024.

“No sé qué decir. ¡Soy libre! ¡Soy libre! Por fin, después de un año”, declaró Kordia a los periodistas tras salir del centro de detención, informa The Associated Press.

Un juez de inmigración había ordenado su liberación bajo fianza en tres ocasiones. La Administración Trump impugnó las dos primeras resoluciones, pero Kordia fue puesta en libertad este lunes tras pagar una fianza de 100.000 dólares, dado que las autoridades no impugnaron la tercera decisión judicial.

Kordia expresó que deseaba regresar a casa y abrazar a su madre “con todas sus fuerzas”. No obstante, afirmó también que continuaría luchando en favor de las personas que aún permanecen recluidas en el centro de detención: “Hay mucha injusticia en este lugar. Hay muchas personas que, para empezar, no deberían estar aquí”.

Kordia figuraba entre las numerosas personas detenidas el año pasado después de que la Administración Trump comenzara a utilizar sus facultades de control migratorio contra ciudadanos extranjeros que habían criticado o protestado contra el genocidio de Israel en Gaza; muchos de ellos eran estudiantes y académicos de universidades estadounidenses.

Entre ellos se encontraba Mahmoud Khalil, exestudiante de posgrado de la Universidad de Columbia que participó en las protestas del campus. Khalil permaneció detenido durante tres meses en una cárcel de inmigración en Luisiana antes de ser puesto en libertad.

Rümeysa Öztürk, estudiante de la Universidad de Tufts y coautora de un artículo de opinión en el que criticaba la respuesta de su universidad ante Israel y el genocidio, estuvo detenida durante seis semanas.

Otros no lucharon por permanecer en el país: una estudiante de doctorado de la Universidad de Columbia huyó de EEUU después de que le revocaran la visa y agentes de inmigración se presentaran en su apartamento universitario, informa AP.

Las detenciones de estudiantes como Khalil suscitaron la condena de diversos cargos electos y defensores de los derechos civiles. Sin embargo, Kordia no era estudiante ni formaba parte de ningún colectivo, y su caso permaneció en gran medida fuera de la atención mediática mientras se prolongaba su detención.

Kordia relató que se unió a una manifestación celebrada en 2024 frente a la Universidad de Columbia después de que Israel matara a decenas de sus familiares en Gaza, lugar con el que mantiene profundos lazos personales.

Fue una de las aproximadamente 100 personas detenidas por la policía municipal durante aquella protesta; no obstante, los cargos en su contra fueron desestimados.

Posteriormente, el Departamento de Policía de la ciudad de Nueva York facilitó información sobre su arresto a la Administración Trump, alegando que se le había comunicado que dicho expediente era necesario en una investigación sobre lavado de dinero.

Kordia fue arrestada el 13 de marzo de 2025, durante una comparecencia rutinaria ante el Servicio de Inmigración y Control de Aduanas de EEUU (ICE) en Nueva Jersey. Fue detenida y trasladada en avión al Centro de Detención Prairieland, situado al sur de Dallas.

Las autoridades federales han acusado a Kordia de permanecer en el país más tiempo del permitido por su visado, al tiempo que han sometido a escrutinio los pagos que ella enviaba a sus familiares en Oriente Medio.

Kordia afirmó que el dinero estaba destinado a ayudar a sus parientes, quienes se encontraban sufriendo la ofensiva israelí.

Tricia McLaughlin, entonces portavoz del Departamento de Seguridad Nacional (DHS), había criticado a Kordia por lo que calificó como “la provisión de apoyo financiero a individuos que residen en naciones hostiles a Estados Unidos”.

En un comunicado enviado la noche del lunes, el DHS declara: “Los hechos de este caso no han cambiado: Leqaa Kordia se encuentra ilegalmente en el país tras haber violado los términos de su visado. La Administración Trump está comprometida con el restablecimiento del Estado de derecho y del sentido común en nuestro sistema de inmigración, y continuará luchando por el arresto, la detención y la expulsión de aquellos extranjeros que no tienen derecho a permanecer en este país”.

Un juez de inmigración dictaminó que existían “pruebas abrumadoras” de que Kordia decía la verdad con respecto a los pagos realizados.

Recientemente, Kordia tuvo que ser hospitalizada durante tres días tras sufrir una convulsión que se produjo después de que se desmayara y se golpeara la cabeza en el centro de detención, una instalación de gestión privada.

Durante la audiencia celebrada el viernes, los abogados de Kordia expusieron que ella padecía una afección neurológica que se había agravado durante su detención, lo cual la situaba ante un riesgo elevado de sufrir convulsiones. Asimismo, reiteraron que su defendida podía residir con familiares con ciudadanía estadounidenses y que no representaba ningún riesgo de fuga.

La jueza de inmigración, Tara Naslow, coincidió: “He escuchado testimonios. He visto miles de páginas de pruebas presentadas por la parte demandada, y muy pocas pruebas presentadas por el gobierno en todo este asunto”.

El alcalde de la ciudad de Nueva York, Zohran Mamdani, declaró en X que solicitó su liberación cuando se reunió con el presidente Donald Trump el mes pasado: “Agradezco que Leqaa haya sido puesta en libertad esta noche, saliendo de la custodia del ICE tras más de un año de detención por alzar la voz en defensa de los derechos de los palestinos”.

Primero fue su jefa, Kristi Noem, cesada por Donald Trump hace diez días al frente del Departamento de Seguridad Nacional. Y ahora es el ejecutor de la represión migratoria, Greg Bovino: el responsable del ICE que comandó la mano más dura posible de estado en estado y de ciudad en ciudad deja el puesto con 55 años, según informa medios estadounidenses.

El jefe de Aduanas y Protección Fronteriza (ICE) se jubilará a finales de marzo tras 30 años en la agencia. Bovino fue relevado del mando de la represión en Minneapolis tras el asesinato de Alex Pretti el 23 de enero a manos de un agente federal.

Bovino, como Noem, tildó de “terrorista” a Pretti, sin prueba alguna y en contra de todas las evidencias que se fueron descubriendo después gracias a los vídeos grabados por los vecinos.

La salida de Bovino se produce tras la reasignación de la secretaria de Seguridad Nacional, Kristi Noem, con quien mantenía estrechos vínculos. Noem pasará a ser responsable del Shield of Americas, una alianza militar entre EEUU y los gobiernos latinoamericanos amigos de Trump para permitir a Washington realizar operaciones militares en sus territorios en una supuesta cruzada contra el narcotráfico.

Tras el relevo de Bovino en enero, Trump envió al zar de la frontera, Tom Homan, a Minnesota para rebajar la operación del ICE, bautizada como Operation Metro Surge—, hasta su desmantelamiento con la marcha de Minnesota.

Bovino dirigió las redadas del ICE en importantes ciudades de EEUU, entre ellas Los Ángeles, Chicago, Charlotte, Nueva Orleans y Minneapolis, sembrando el pánico en las calles de feudos demócratas, precisamente.

“El mayor honor de toda mi vida fue trabajar codo a codo con agentes de la Patrulla Fronteriza en la frontera y en el interior de Estados Unidos, bajo algunas de las condiciones más difíciles que la agencia haya enfrentado jamás”, declaró Bovino a Breitbart.

Los VII Premios Desalambre se convirtieron en un espacio de debate y reflexión bajo la pregunta ‘¿Qué pasaría si no estuviéramos? La crisis de la ayuda humanitaria global’, que analizó la situación de las organizaciones de ayuda humanitaria en un momento, el actual, con necesidades crecientes por conflictos y crisis y cada vez menos ayuda oficial a este tipo de proyectos.

Bajo la moderación de Gabriela Sánchez, la mesa reunió a Virginia Saiz, directora general de Plan International en España; Isla Ramos, directora general de Save The Children en España; y María del Mar Líndez, directora general de Aldeas Infantiles SOS, quienes coincidieron en que la pregunta sobre la ausencia de las ONG no es solo hipotética en un mundo “cada vez menos solidario y más bélico”, en palabra de Saiz.

La conversación arrancó con una crudeza necesaria para un panorama desolador: la caída de la ayuda oficial al desarrollo entre un 9 y un 17% en 2025 y el desmantelamiento de grandes sistemas de donación como USAID (United States Agency for International Development, por sus siglas en inglés) en un movimiento que, según los datos aportados, podría provocar que “14 millones de personas puedan morir de aquí al 2030”.

Uno de los puntos más críticos del debate fue la denuncia de las llamadas “crisis olvidadas”, con el foco puesto en el conflicto de Sudán. Isla Ramos describió una realidad de “crisis sobre crisis” en la que el colapso del Estado y la inseguridad extrema impiden que la información llegue a los medios. También compartió el desolador mensaje que le transmite su equipo sobre el terreno: “Las personas en Sudán nos dicen que nos hemos olvidado de ellos”.

Pese a este silencio mediático, las organizaciones reivindicaron su papel de primera respuesta en contextos donde nadie más llega. Virginia Saiz recordó que, ante la emergencia sudanesa, su organización fue la primera en responder, logrando entregar “kits de alimentos a 12.000 familias”. Esta labor de terreno, según la experta, es lo que permite que las comunidades mantengan un hilo de esperanza cuando las estructuras estatales desaparecen.

Saiz incidió en que el trabajo de las organizaciones es mucho más complejo que la imagen simplista y paternalista que se suele tener del “blanco del norte que llega a dar comida a los niños pobres”. Defendió un modelo basado en soluciones locales y en la incidencia política, subrayando que llevan a cabo “un enfoque de soluciones”, como lograr leyes contra el matrimonio infantil o políticas de desarrollo en países como República Dominicana o Uganda.

Por su parte, Isla Ramos lanzó una serie de preguntas punzantes, en la línea del propio título vertebrador del debate, para subrayar la relevancia del sector en el terreno: “Si no existieran las ONG, ¿quién sería el primero en llegar y el último en marcharse?”. Ramos hizo hincapié en el papel de estas organizaciones como conectoras de las comunidades con las instituciones internacionales y como altavoces de denuncia, cuestionando directamente: “¿Quién alzaría la voz? ¿Quién daría voz a todas esas personas?”.

Reinvención del modelo de ayuda

El debate también abordó la necesidad de una autocrítica profunda sobre el modelo de ayuda. Virginia Saiz fue tajante al señalar que la crisis financiera actual es “el golpe que el sector necesitaba para reinventarnos” y para alejarse definitivamente de la mirada colonial. Según Saiz, es imperativo reconocer que “el sur de hoy no es el sur de hace 30 o 40 años” y que el papel de las ONG del norte debe ser el de trabajar como iguales, apreciando las capacidades y la sociedad civil ya existente en cada país. En este mismo aspecto quiso incidir Mar del Mar Linde, que resaltó la importancia de ayudar “a desarrollar capacidades para buscar soluciones” en los propios países.

Linde trasladó también la reflexión al ámbito de la protección de la infancia, tanto en contextos de guerra como en la realidad cotidiana de España. Recordó que en 2024 se registraron 55.010 niños y niñas en el sistema de protección español y enfatizó que “detrás de este número hay 55.010 situaciones y vidas vulnerables”. Para Linde, la labor de las organizaciones es vital para garantizar un “entorno protector y seguro”, factores determinantes para que estos menores tengan oportunidades de futuro y no caigan en la exclusión social.

La mesa concluyó con un sentimiento de urgencia a dar respuesta a las crecientes necesidades y una reivindicación del papel de las ONG no solo como gestoras, sino como observadoras y denunciantes. La pregunta inicial se respondió con una advertencia sobre la invisibilidad: sin estas organizaciones, miles de niños y comunidades perderían su red de apoyo y su capacidad de ser escuchados. Como recalcó Gabriela Sánchez al final del encuentro, la prevención y el apoyo sostenido son lo único capaz de cambiar trayectorias de vida que, de otro modo, estarían condenadas al olvido.

En un mundo marcado por conflictos activos y discursos de odio, la VII edición de los Premios Desalambre reivindicó el periodismo y el activismo que mantienen el foco en los derechos humanos. Conducida por los periodistas Juanlu Sánchez y Gabriela Sánchez, la gala visibilizó proyectos del tercer sector y reconoció el trabajo de periodistas y ONG en causas de interés público.

Ignacio Escolar, director de elDiario.es, abrió el evento subrayando la importancia de la sección Desalambre en el periódico, como una apuesta por “combatir los discursos de odio y por hacer pedagogía en defensa de los derechos humanos”

La gala no solo premió el poder del trabajo bien hecho, sino que dejó reflexiones incómodas sobre la mesa, como qué sucedería si las ONG dejasen de proteger o si el periodismo dejara de mirar allá donde muy pocos miran. Gabriela Sánchez, recién llegada de Ucrania, relató su experiencia en un hospital subterráneo en Zaporiyia, donde, se descubrió mirando el móvil para seguir la situación que acababa de estallar en Irán. El foco mediático es volátil. “¿Cómo se sentirán en otros conflictos civiles, como en Sudán, donde el foco muchas veces ni siquiera ha llegado a estar del todo nunca?”, se preguntaba la periodista.

Esta y más preguntas tuvieron su lugar durante la mesa ‘¿Qué pasaría si no estuviéramos? La crisis de la ayuda humanitaria global’, en la Virginia Saiz, directora general de Plan International en España, Isla Ramos, directora general de Save The Children en España, y María del Mar Líndez, directora general de Aldeas Infantiles SOS, analizaron la crisis financiera del sector, que ah sufrudo un desplome de hasta el 17% en ayuda oficial. 

“Se estima que tal vez 14 millones de personas pueden morir de aquí al 2030”, advirtió Saiz sobre el imipacto del desmantelamiento de fondos, y defendió un modelo de ayuda lejos de la mirada colonial y simplista, centrado en soluciones complejas y locales.

Isla Ramos puso el foco en la desoladora realidad de Sudán, donde la inseguridad es tan extrema que apenas se puede informar y compartió el duro mensaje que le llega desde sus equipos en el terreno: “Las personas en Sudán nos dicen que nos hemos olvidado de ellos”. También quiso reivindicar que las ONG son “las primeras en llegar y las últimas en marcharse”, destacando su trabajo en la conexión de las comunidades con las instituciones internacionales.

Por su parte, Mar del Mar Linde aterrizó el debate a la realidad nacional al señalar que en España se registraron 55.010 niños y niñas en el sistema de protección en 2024. Linde subrayó que garantizar un “entorno protector y seguro” es determinante para evitar que estos menores caigan en la exclusión social, recalcando que la prevención y el apoyo sostenido cambian trayectorias de vida.

Tras el debate, comenzó la entrega de premios, este año diseñados por el artista Eugenio Merino, que reforzó el mensaje de denuncia de la gala. Una chapa de hierro grabada que simboliza una suela pisando la Declaración de los Derechos Humanos, derechos sistemáticamente pisoteados y vulnerados.

El galardón a la Mejor Campaña de Comunicación resultó en un empate ex aequo para Save the Children por su campaña ‘Cambiando una palabra’, que utiliza la inteligencia artificial para denunciar sesgos algorítmicos sobre la infancia en conflicto. Alicia Moreno afirmó, al recogerlo, que si pudiera eliminar una palabra del diccionario de la infancia, sería ‘guerra’.

El otro premio de comunicación fue para la Coordinadora Valenciana de ONGD por ‘El Tarot de la Cooperación’, una iniciativa que se acerca a los códigos de los jóvenes para hablar de justicia climática y feminismo. “Una ida de olla que ha funcionado”, describió Elena Balaguer la campaña, de la que destacó la carta de ‘La Antorcha’ como símbolo de la esperanza que ilumina el camino frente al auge de los discursos fascistas.

El premio al Activista del Año fue para el periodista y fixer palestino Kayed Hammad. Aunque no pudo recogerlo en persona, estuvo presente a través de un vídeo de agradecimiento en que recordó que “el genocidio no ha terminado y tenemos que seguir hablando de Gaza”. “No nos olviden, por favor”, insistió, mientras sus hijos recibían por él el galardón. Su labor ha sido vital para que el periodismo español pueda poner voz y rostro al sufrimiento en la Franja.

En la categoría de Mejor Trabajo Periodístico, el premio fue para Afromayores, de Lucía-Asúe Mbomío y Laurent Léger. Un trabajo que visibiliza la vejez de las personas negras en España, a menudo tratadas como eternos recién llegados. Mbomío explicó que el proyecto nació de una urgencia personal tras el diagnóstico de demencia de su padre y buscando honrar a quienes les precedieron: “¿Qué sucede con quienes nos han allanado el camino y le han puesto luz?”.

Uno de los protagonistas del proyecto, Marcos Suka, mostró con su testimonio el “otro lado”, la importancia de una geriatría abierta y libre de violencias racistas. Señaló que el proyecto permite que la sociedad descubra que “existen negros viejos”, lo que obliga a normalizar que los inmigrantes “son personas, no números”.

El premio a la Perseverancia fue para Pepe Naranjo, referente del periodismo en África, que definió su labor como un ejercicio de justicia: “Siento que tenemos que volver una y otra vez... para contar bien esta historia hay que ir al otro lado”. Reivindicó un periodismo “pausado, con cariño y con respeto a la gente” y relató cómo recorrió Senegal, Mauritania y Gambia para seguir el rastro de un naufragio y encontrar a los verdaderos protagonistas de la historia.

Naranjo también aprovechó el escenario para denunciar la precariedad de los periodistas freelance que cubren grandes acontecimientos internacionales: “Me parece que es un drama que todavía hoy se estén cubriendo grandes acontecimientos con periodistas freelance, a los que apenas les da para vivir”.

“Palestina lo ha cambiado todo”

El momento más emotivo de la noche llegó con el premio a la Trayectoria Profesional, otorgado a los 382 trabajadores humanitarios de la UNRWA asesinados en Gaza. Cristina Poveda, de UNRWA España, recogió el premio señalando que la cifra ya ha ascendido a 391 en las últimas semanas y definió el reconocimiento como “profundamente triste y de gran consuelo a la vez”, recordando que el 99% de sus trabajadores son refugiados palestinos que se dejan la vida por su propia comunidad.

Poveda citó a la periodista Olga Rodríguez para afirmar que “Palestina lo ha cambiado todo”, obligándonos a defender no ya los derechos humanos, sino el concepto mismo de humanidad. Denunció que el sistema internacional humanitario ha saltado por los aires al no respetarse la protección de civiles ni de personal de socorro, pero aseguró que la agencia continuará su labor “hasta el último día, pase lo que pase”.

La gala cerró con la foto de familia y reconociendo, una vez más, a quienes siguen mirando hacia otras realidades que, aunque no siempre atraen audiencias masivas, son fundamentales para la justicia social.

Un nuevo asesinato por parte de agentes federales del ICE que había pasado inadvertido hasta ahora: el primero desde el inicio de la represión migratoria por parte de Donald Trump. Y que ha sido desvelado al conocerse los vídeos del momento en que Rubén Ray Martínez recibió tres disparos a quemarropa por parte de un agente.

El vídeo del tiroteo mortal del ciudadano estadounidense Ray Martínez, ocurrido en Texas en marzo de 2025, pone en duda las afirmaciones del Departamento de Seguridad Nacional de que un conductor embistió intencionadamente a un agente con su coche inmediatamente antes de ser asesinado.

Los vídeos, incluidos los de las cámaras corporales de los agentes, ofrecen el primer relato visual del tiroteo contra Rubén Ray Martínez, de 23 años, durante una excursión a la playa. El pasado viernes se publicaron horas de grabaciones y otros registros policiales tras una solicitud de acceso a registros públicos presentada por The Associated Press y otros medios de comunicación.

La muerte de Martínez fue la primera de al menos seis tiroteos mortales por parte de agentes federales desde que el presidente de EEUU, Donald Trump, lanzó su campaña de represión migratoria, y es otro de los varios casos en los que los vídeos han puesto en duda las versiones iniciales de la Administración.

Los Rangers de Texas cerraron su investigación sobre el tiroteo del 15 de marzo de 2025 después de que un gran jurado se negara la semana pasada a presentar cargos penales contra el agente especial supervisor de Investigaciones de Seguridad Nacional Jack Stevens, quien hizo los tres disparos mortales, según los registros publicados por el Departamento de Seguridad Pública de Texas.

En una declaración escrita incluida en los archivos, Stevens afirmó que disparó para proteger a sus compañeros, a los agentes de policía y al público de lo que temía que fuera un posible ataque terrorista destinado a causar víctimas en masa. Un portavoz del DHS afirmó el mes pasado que el agente de HSI –dependiente del ICE– disparó en defensa propia después de que el conductor “atropellara intencionadamente” a su compañero, “lo que provocó que éste quedara sobre el capó del vehículo”.

Los vídeos de las cámaras corporales recién publicados, tomados desde detrás del coche de Martínez, desmienten que el vehículo atropellara a un agente.

Otro vídeo muestra a Joshua Orta, que viajaba en el coche con Martínez, diciendo a los investigadores que su amigo no tenía intención de hacer daño a los agentes federales, sino que “entró en pánico” porque temía ser arrestado por conducir en estado de embriaguez.

“No sabía qué hacer. Estaba claro que no quería ir a la cárcel”, dijo Orta: “Pero atropellar a un agente... él no haría eso”.

Aunque los medios de comunicación locales informaron en ese momento de que en el tiroteo estaba involucrado un agente policial, el DHS no reveló que sus agentes estaban involucrados hasta que la AP y otros medios de comunicación lo contaron el mes pasado.

Martínez acababa de cumplir 23 años cuando él y Orta iban desde su ciudad natal, San Antonio, hasta South Padre Island, un popular destino de fiesta durante las vacaciones de primavera. Bebieron con amigos y fumaron marihuana antes de volver a la ciudad, dijo Orta a los investigadores.

Martínez conducía su sedán Ford azul cuando, poco después de medianoche, se encontraron con la escena en la que los agentes de policía de South Padre dirigían el tráfico alrededor de una colisión entre dos coches en una concurrida intersección. Según los documentos, en el lugar también se encontraban tres agentes de HSI de un grupo de trabajo de seguridad fronteriza marítima redirigidos para llevar a cabo la aplicación de la ley de inmigración.

En las imágenes de las cámaras corporales captadas por dos de los agentes de policía, se puede ver el coche de Martínez acercándose lentamente a la intersección, aparentemente en línea recta, mientras se indicaba a los vehículos que giraran a la izquierda. El coche de Martínez reduce la velocidad hasta casi detenerse por completo para dejar pasar a los peatones por el paso de cebra. Una vez que los peatones se apartan, el coche se adentra lentamente en la intersección antes de detenerse de nuevo cuando se acercan los agentes de HSI, gritando instrucciones al conductor para que se detenga.

Uno de los agentes de HSI, identificado en los documentos como el agente especial Héctor Sosa, se coloca delante del coche. Stevens está en el lado del conductor y se acerca a la puerta.

“Sácalo, sácalo”, se oye gritar a uno de los agentes.

El coche de Martínez comienza a avanzar lentamente y a girar a la izquierda, donde circulaban otros vehículos. Stevens, en el lado del conductor del coche, mantiene el ritmo y parece inclinarse hacia la ventanilla abierta del lado del conductor. Mientras los agentes gritan a Martínez que se detenga, Stevens saca su arma y dispara rápidamente tres tiros a través de la ventanilla antes de retroceder rápidamente.

“Disparos, disparos”, grita uno de los agentes de policía que lleva una cámara en su radio. Todo el incidente transcurre en unos 15 segundos. El Ford azul se detiene rápidamente y varios agentes sacan a Martínez del vehículo y lo esposan. También sacan a Orta del asiento del copiloto y lo esposan.

Martínez permanece esposado y en el suelo, inmóvil, durante aproximadamente un minuto antes de que los paramédicos que ya se encontraban en el lugar del accidente de tráfico anterior comiencen a prestarle asistencia médica.

El informe de la autopsia muestra que los tres disparos realizados por Stevens alcanzaron a Martínez, y que las balas atravesaron su brazo izquierdo antes de entrar en su torso y perforarle el corazón, los pulmones, el hígado y otros órganos. El informe de la autopsia también revela que el nivel de alcohol en sangre de Martínez era del 0,12 %, muy por encima del límite legal para conducir en Texas, que es del 0,08%.

En una declaración escrita de tres páginas entregada a los Rangers de Texas casi dos meses después del tiroteo, Stevens afirmó que disparó su arma cuando Martínez “aceleró hacia delante, golpeando al agente especial Sosa, que acabó sobre el capó del vehículo”. También dijo que evitó por poco ser atropellado, al ser golpeado por el lado del conductor y “provocar que se rompiera el espejo del vehículo”. Una foto de la escena mostraba el espejo dañado, pero aún en el coche.

Al disparar, el agente dijo que “aún tenía frescos en la mente” los recientes acontecimientos nacionales e internacionales, entre ellos el de un hombre que semanas antes había conducido una camioneta pick-up contra una multitud que celebraba el Año Nuevo en Nueva Orleans.

“El conductor tenía los ojos muy abiertos, los puños apretados sobre el volante y miraba más allá de los agentes que se encontraban en el lugar, ya que no obedecía las órdenes verbales repetidas y en voz alta de varios agentes de la ley”, escribió Stevens: “Este es un comportamiento que he observado en mi formación y experiencia como indicador previo al ataque y señal de desobediencia, ya que el sospechoso mira en la dirección de su movimiento previsto y no muestra signos de obediencia. Esta trayectoria de movimiento, si no se hubiera mitigado, habría provocado numerosas víctimas, utilizando el vehículo como arma».

Según informó la AP el mes pasado, una investigación interna del Servicio de Inmigración y Control de Aduanas de Estados Unidos reveló que el agente atropellado por el coche fue tratado por una lesión de rodilla no especificada en un hospital cercano y dado de alta. Los vídeos recién publicados muestran al agente después del tiroteo arrestando a Orta y caminando sin ninguna lesión visible ni cojera.

Orta dijo que Martínez había estado bebiendo esa noche —varios chupitos y una cerveza— y había fumado marihuana cuando se acercó al control de tráfico donde se había producido un accidente de tráfico anteriormente.

Un agente vio una bebida alcohólica abierta cerca de Martínez, pero le indicó que siguiera circulando y girara a la izquierda. En lugar de eso, Martínez siguió recto, hacia el accidente y más agentes.

“Fue entonces cuando entró en pánico y giró el volante, y no pisó el acelerador a fondo, pero avanzamos un poco y supongo que pensaron que estaba tratando de atropellar al policía o algo así”, dijo Orta. Orta dijo que su coche se detuvo por completo al principio. Luego, Martínez giró a la izquierda con el coche “apenas moviéndose”.

“Vi al agente subirse al capó. No es que lo golpeara, sino que, ya sabes a qué me refiero, le atrapó los pies”, dijo Orta: “Se movía lentamente y ellos empezaron a disparar”.

Orta murió el 21 de febrero en un accidente de coche en San Antonio.

Los abogados que representan a la madre de Martínez, Rachel Reyes, dijeron en un comunicado que los vídeos recién publicados y otras pruebas mostraban que su coche apenas se movía cuando Stevens disparó a quemarropa.

“Este conjunto de pruebas no justifica el asesinato de Rubén”, dijeron los abogados Charles M. Stam y Alex Stamm: “Aun así, seguiremos buscando la total transparencia hasta que tengamos todos los datos. Ni nosotros ni el público hemos visto todavía todas las pruebas que tiene el Gobierno”.

El Partido Popular Europeo se ha unido con los grupos de la ultraderecha en la Eurocámara, Europe of Sovereign Nations (ESN), European Conservatives and Reformists (ECR) y Patriots (PfE), para sacar adelante la normativa “más dura jamás planteada en materia de retornos y expulsiones de inmigrantes”. Las ONG aseguran que la medida “desmantela garantías fundamentales de derechos humanos”.

En un primer momento se estaba negociando una propuesta entre el grupo de los socialdemócratas y los liberales, pero ante el fracaso para llegar a un acuerdo, los Populares Europeos han presentado un texto alternativo del proyecto de ley, que ha sido respaldado por los grupos de extremaderecha.

La eurodiputada de los Verdes/ALE y ponente del Reglamento de Retorno, Melissa Camara, ha explicado que “el texto adoptado por el comité, con mayoría de derecha y extrema derecha, refleja una ideología racista y populista, y pondrá en peligro vidas y violará la dignidad de las personas. Los principios básicos del estado de derecho se ven ampliamente vulnerados. El PPE ha mostrado nuevamente que sus posiciones sobre políticas migratorias están alineadas con los grupos de extrema derecha”.

Silvia Carta, responsable de la Plataforma para la Cooperación Internacional con Migrantes Indocumentados (PICUM), ha comentado que “esta votación sella una alianza tóxica entre fuerzas de centroderecha y extrema derecha, después de semanas de acuerdos en la sombra para eliminar las últimas salvaguardas. Pone en riesgo a cientos de miles de personas, incluidos niños, de ser detenidas en toda Europa y permite que los Estados miembros separen familias, enviándolas a centros de deportación en países donde nunca han estado”.

La medida pone sobre la mesa actuaciones tan controvertidas como la posibilidad de que los Estados miembros puedan establecer centros de deportación fuera de la UE, incluso para familias con niños. También convierte los retornos forzosos (deportaciones) en la opción predeterminada para las personas en situación irregular. Con esta medida se amplía masivamente el uso y la duración de la detención por motivos migratorios, incluso para niños: de 18 a 24 meses, con posibilidad de medidas restrictivas de movimiento y control pasados los dos años. Además, va a exigir que los Estados miembros impongan restricciones geográficas para todas las personas en el procedimiento de retorno.

También introduce medidas como prohibiciones de entrada de duración indefinida que podrían determinarse a nivel nacional (incluido “permanente” en casos donde se invoquen riesgos de seguridad), sanciones económicas o limitación de asistencia financiera y sanciones penales para personas que no cooperen con su deportación. Permite a los Estados declarar situaciones “de emergencia” en las que se ignoren salvaguardas durante la detención, como limitar la revisión judicial de decisiones de detención, incluso para familias y niños, cuando haya “números excepcionalmente altos” de personas esperando su deportación.

El jefe de la delegación de VOX en el Parlamento Europeo, Jorge Buxadé, ha comentado sobre la medida que “hoy el Parlamento Europeo da el primer paso para las deportaciones y la reemigración que Europa necesita. Es solo el primer paso, pero un gran paso. Europa empieza a reconocer el problema migratorio y a dotarse de herramientas para afrontarlo”.

Por su parte, Sarah Chander, directora de Equinox Initiative for Racial Justice, apunta que “la votación revela el control total de la extrema derecha sobre la política migratoria de la UE. Desde marzo del año pasado, la Comisión, el Consejo y ahora el Parlamento Europeo han complacido voluntariamente los deseos de políticos extremistas en toda Europa. Ahora vemos que ni siquiera se requiere el respaldo de políticos centristas, y Europa legisla su propio marco estilo ICE”.

La acción humanitaria atraviesa un trance que ya no se explica como una única crisis, sino que se asemeja más a un cambio de época. Al mismo tiempo que aumentan los conflictos, los desastres climáticos y los desplazamientos forzosos, el dinero público que sostiene la respuesta humanitaria se está contrayendo. La Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económico (OCDE) proyectó para 2025 una caída de la ayuda oficial al desarrollo de entre el 9 y el 17% y advirtió sobre el impacto especialmente en regiones como el África subsahariana.

Al mismo tiempo, se cumple un año desde que la administración Trump de EEUU anunció que eliminaba más del 90% de los contratos de la agencia de ayuda humanitaria USAID, uno de los principales donantes globales, y recortes en decenas de miles de millones de dólares en asistencia internacional. La caída de fondos se mide, además, en cierres y despidos y, por supuesto, en retos para las organizaciones que trabajan en el terreno. Según la Red de Aprendizaje Activo para la Rendición de Cuentas y el Rendimiento en Acción Humanitaria (ALNAP), en 2025 ocho agencias de la ONU, ocho grandes organizaciones internacionales y el Comité Internacional de la Cruz Roja recortaron en total más de 31.000 puestos.

El giro de Washington no se lee solo en clave contable. El medio Foreign Policy lo sitúa en un contexto de creciente inquietud por la influencia de China y Rusia en regiones como África y por la capacidad de Estados Unidos de aguantar el pulso en la región. La orden ejecutiva que congela la asistencia exterior marca el comienzo de un nuevo ciclo en el que la ayuda se subordina explícitamente a la agenda America First.

Una oportunidad tras el golpe

El desplome de USAID también está forzando un debate: ¿por qué el sistema está diseñado para que quien pone el dinero desde lejos decida a distancia? Y, sobre todo, si la retirada del principal donante obliga a diversificar fondos, ¿puede eso acelerar un reequilibrio de poder hacia organizaciones y autoridades locales?

Ese debate, a menudo resumido en la palabra “localización”, está en el centro del enfoque que defiende Plan International España. La organización trabaja en la defensa de los derechos de la infancia y la igualdad de las niñas, así como la prestación de ayuda humanitaria en guerras, emergencias y contextos de conflicto. Virginia Saiz Gomis, nueva directora general de la organización en España, explica en una entrevista con elDiario.es que el contexto es “muy polarizado” y complejo, con decisiones tomadas desde el Norte Global para recortar cooperación mientras se multiplican crisis y conflictos.

El cambio pasa por trasladar el mando de control. “Si visitas una comunidad donde trabaja Plan International, el trabajo es 100% local y está en manos de jóvenes, grupos de mujeres y autoridades del lugar”, apunta Saiz. El cambio no es “traumático” para la organización, pero sí exige transferir cada vez más decisiones porque “una parte considerable del dinero de la ayuda internacional sigue viniendo desde el norte”.

Prioridades más allá del Norte o Sur Global

El principal nudo del sistema no es que la financiación llega desde el norte, sino que, en general, llega con condiciones. Saiz describe que “los donantes son muy estrictos y muy poco flexibles”, lo cual lleva a una rendición de cuentas compleja. Su diagnóstico es que el cambio no puede quedarse en que “las organizaciones internacionales transfieran”, sino que también implica la movilización de donantes bilaterales y privados, flexibilizar las reglas del juego y aceptar que el control total desde un despacho no es compatible con que se tomen decisiones realmente locales.

Cuando quienes viven el problema deciden, los proyectos tienen más legitimidad, duran más y generan apropiación

Virgina Saiz Gómez — Directora general del Plan International España

Desde Perú, Amalia Alarcón, gerente regional de Programas para América Latina y el Caribe en Plan International, indica que el efecto de esas reglas es que muchas organizaciones acaban adaptando su agenda a lo financiable. En Colombia, recuerda, algunas iniciativas terminaban “disfrazando” proyectos de igualdad de género como contribuciones a la paz porque ese era el marco que atraía fondos. “La escucha suele darse desde la entidad que necesita dinero hacia quien lo da, y no al revés”, insiste.

Para Saiz, acercar decisiones al terreno tiene varias ventajas inmediatas: por un lado, menos intermediarios, por otro lado, más cercanía respecto a la gente afectada y una tercera ventaja, decisiva, relacionada con la legitimidad. “Cuando quienes viven el problema deciden, los proyectos tienen más legitimidad, duran más y generan apropiación”, apunta la directora de Plan International.

A su vez, el sector insiste en que la localización no solo debe implicar el traslado de la responsabilidad, con sus riesgos asociados, sino también el de recursos y autonomía. “A veces el socio local no necesita manuales ni más fortalecimiento, pues ya tienen metodologías y auditorías propias”, insiste Alarcón. “Incluso herramientas que se presentan como ‘evaluaciones mutuas’ rara vez lo son de verdad. El ‘mutuo’ termina siendo asimétrico porque la entidad internacional sigue actuando como ‘el donante social’”, añade.

El poder también reside en las entidades internacionales

El cambio no es solo norte-sur, también implica tensiones internas. Alarcón subraya que en organizaciones grandes existen relaciones de poder entre la oficina de un país y las sedes regionales y globales, además de las sedes recaudadoras. “El cambio es lento porque llevar las decisiones cerca del terreno exige tocar presupuestos, recursos humanos y estructuras”, apunta.

Plan International pone un ejemplo concreto con el caso de Bolivia. “Hemos cerrado como Plan International, es decir, como implementador directo. No para salir del país, sino para que sean los socios los que implementen. Nuestro papel ya debe pasar solo por [analizar] la incidencia y [facilitar] el acceso. Tenemos el privilegio de llegar a espacios internacionales que son más difíciles para las entidades locales. Nuestro rol es conectar y abrir puertas”, explica Alarcón.

Si la retirada de USAID implica menos cobertura y endurecer las prioridades, el golpe llevará al colapso. Si, en cambio, se acelera una redistribución del poder, podría abrirse una ventana para los países más afectados: más financiación directa y flexible para actores locales, más cooperación regional y sur-sur, menos cadenas de subcontratación y más capacidad de decisión allí donde se viven las crisis.

Saiz Gomis lo resume como un ajuste de roles, no como un conflicto: “El norte puede aportar recursos y conocimiento, pero debe dominar menos, permitir más y ser más flexible”.

El Servicio de Inmigración y Control de Aduanas de Estados Unidos (ICE) ha detenido a una periodista de un medio de comunicación en español en Tennessee. Los agentes no tenían una orden judicial, según los documentos judiciales presentados por su abogado. El escrito judicial presentado este viernes por el ICE, por su parte, dice que la reportera no fue arrestada sin una orden judicial, informa The Associated Press.

Estefany Rodríguez Florez, reportera del medio de comunicación en español Nashville Noticias, que ha publicado artículos críticos con el ICE, fue arrestada el miércoles y está detenida a raíz de las operaciones de represión migratoria del ICE, según los documentos presentados en el tribunal federal de Nashville.

Sus abogados solicitaron su liberación inmediata, pero el ICE ha pedido a un juez que deniegue la solicitud.

“El ICE ha detenido a una periodista sin orden judicial”, declaraba el congresista demócrata Joaquín Castro (Texas): “Es solicitante de asilo, tiene permisos de trabajo válidos y está casada con un ciudadano estadounidense. Su detención pone al descubierto la maquinaria de crueldad de la Administración Trump, que está atacando a la prensa libre y violando nuestros derechos. Esta ilegalidad y crueldad deben terminar”.

Rodríguez, ciudadana colombiana, entró legalmente en Estados Unidos y lleva cinco años viviendo en el país, según muestran los documentos judiciales presentados por su abogado. Tiene un permiso de trabajo válido y ha solicitado asilo político y estatus legal a través de su marido, que es ciudadano estadounidense.

El documento presentado por su abogado no especifica el motivo de su solicitud de asilo.

Rodríguez estaba con su marido en un vehículo identificado como de Nashville Noticias cuando fue rodeada por varios vehículos y fue llevada a un centro de detención, según informó el medio de comunicación en un comunicado.

El ICE programó una reunión con Rodríguez sobre su caso, pero se reprogramó dos veces, primero porque la oficina estaba cerrada durante una tormenta invernal y la segunda vez porque un agente no pudo encontrar su cita en el sistema, según afirmaron sus abogados en los documentos judiciales.

A continuación, se fijó una nueva reunión para el 17 de marzo.

Cuando fue detenida, a Rodríguez no se le mostró ninguna orden de detención, solo un documento de inmigración en el que se le indicaba que compareciera ante el ICE.

Su abogado, Joel Coxander, ha hablado con un agente del ICE que le indicó que no había ninguna orden de detención contra ella en el momento de su arresto, según afirmó su abogado en los documentos judiciales.

Sin embargo, en un escrito judicial presentado por un abogado del ICE, se afirma que el lunes se emitió una orden de detención válida contra Rodríguez y que su visado que le autorizaba a permanecer en EEUU había expirado.

El escrito afirma que su detención y encarcelamiento “no violan ninguna ley ni normativa”.

En un comunicado, la portavoz del ICE, Melissa Egan, afirmó que Rodríguez fue detenida durante una “operación policial selectiva” y que permanecerá bajo custodia mientras su caso se tramita en los tribunales.

Rodríguez se incorporó a Nashville Noticias en 2022, donde cubría temas sociales, familiares, de salud, policiales y de inmigración, según la declaración del medio de comunicación.

“Necesita reunirse con su hija pequeña y su marido para continuar su proceso legal dentro del marco permitido por la ley”, decía la declaración.

El tránsito entre la infancia y la edad adulta es un trance existencial lleno de incertidumbre que se complica en el caso de los menores tutelados por el Estado cuando salen del sistema de protección al cumplir la mayoría de edad. Carentes de las redes familiares del resto de la población, el riesgo de pobreza y exclusión social se multiplica, como constata la ONG Aldeas Infantiles en un informe sobre esta situación. Toda ayuda resulta crucial para salir adelante con garantías, como constatan en conversación con elDiario.es dos de los propios beneficiarios de los programas de acompañamiento a extutelados que desarrolla la organización.

Hamid tiene un objetivo claro: convertirse en educador social. Una meta a la que mira con ilusión, mientras estudia integración social, y que no es casual. La experiencia de haber vivido en el sistema de protección y, sobre todo, el ejemplo de quienes le acompañaron allí ha labrado sus aspiraciones profesionales. “He coincidido con personas maravillosas y educadores que me han salvado la vida”, explica. “Desde mi experiencia y sabiendo cómo se sienten las personas que están en la situación en que estuve yo, creo que sería de gran ayuda en un futuro ser educador”, añade.

Cuando Hamid, de origen marroquí y afincado ahora en Granada, imagina el escenario sin el apoyo psicosocial y la asistencia recibida de Aldeas Infantiles SOS España, organización dedicada a proteger a niños, niñas y jóvenes que han perdido el cuidado parental o están en riesgo de perderlo, no duda. “Seguramente no estaría estudiando, ni tendría el título de la ESO. Mi situación sería muy diferente”.

No habla solo de títulos o de empleo, también habla de supervivencia y de lo que significa cumplir la mayoría de edad con la incertidumbre de los papeles, el miedo a quedarse en la calle y la necesidad básica de una orientación adulta en un momento en el que, de un día para otro, “tienes que abandonar la que ha sido tu casa un tiempo”.

[Sin apoyo] seguramente no estaría estudiando, ni tendría el título de la ESO. Mi situación sería muy diferente

Hamid — Estudiante de origen marroquí afincado en Granada

A cientos de kilómetros, Sara (nombre ficticio) pone palabras a su pasado: lo que marca la diferencia no es solo el techo o el dinero, sino tener derecho al error. “A mí, Aldeas Infantiles me ha permitido equivocarme”, resume. “Me han dado tiempo para madurar, para reparar y para sostener una vida que no se aprende a gestionar de golpe”, explica por teléfono. En su caso, que Aldeas Infantiles siguiera apostando por ella, incluso en un mal momento, le cambió la vida. “Me ayudaron a creer en mí misma y no sentirme una fracasada”, apunta.

Según el último boletín con datos estadísticos de 2023 de medidas de protección a la infancia y la adolescencia elaborado por el Ministerio de Juventud e Infancia, en España hay alrededor de 52.000 niños, niñas y adolescentes que crecen en acogimiento, siendo Castilla y León, Galicia, Cantabria y Andalucía las comunidades autónomas con el mayor porcentaje.

Un cumpleaños que no llega igual para todos

Miguel Ángel Gallardo, director del Programa de Jóvenes de Aldeas Infantiles SOS en Andalucía, explica con una frase lo que se repite como un eco para los extutelados: “La mayoría de edad es un salto al vacío”. Lo es para cualquiera, pero con una diferencia abismal. La juventud tutelada, dice, se enfrenta a esa frontera “sin red social”, con “vivencias de trauma, abandono, de maltrato” y con menos margen de error que otros jóvenes de su misma edad.

Como explica Gallardo, en la España de 2026, si ni siquiera para la mayoría de los jóvenes la emancipación a los 18 años es realista, para quienes salen del sistema de protección, el listón es todavía más alto. “No solo se trata de pagar un alquiler o encontrar un trabajo, sino de hacerlo mientras se aprende lo que otros aprenden en casa. Los jóvenes que encontramos cargan con una mochila emocional muy pesada”, añade.

Según el último boletín con datos estadísticos de 2023 de medidas de protección a la infancia y la adolescencia elaborado por el Ministerio de Juventud e Infancia, en España hay alrededor de 52.000 niños, niñas y adolescentes que crecen en acogimiento

Aldeas Infantiles SOS desarrolla su Programa de Jóvenes para acompañar a quienes han crecido bajo la tutela al cumplir la mayoría de edad, a través de proyectos de autonomía y recursos residenciales. Según los datos que proporciona la entidad, solo en 2024 atendieron a 1.406 jóvenes, dentro de un programa que incluye ocho proyectos de autonomía y pisos dirigidos a jóvenes extutelados.

Además, cuentan con pisos para “jóvenes sin referentes familiares”, donde se acompaña su acceso a permisos, formación y empleo. En la práctica, ese acompañamiento se traduce en lo que Sara enumera: un piso, manutención, apoyo emocional, ayuda con trámites y orientación según las necesidades. Y en lo que Hamid define como condición para poder imaginarse distinto y cubrir lo básico para que la meta no sea “solo sobrevivir”.

A su vez, en las conversaciones con Hamid y Sara se repite una palabra: el estigma. Hamid, por su parte, cuenta que, al decir que viene de un centro de menores, muchas veces la pregunta automática es “¿qué has hecho?”. Y añade que, siendo de origen marroquí, el prejuicio se carga aún más de sospecha. “Hay muchos estereotipos y siendo de Marruecos lo asocian directamente a la delincuencia”. Sara, por su parte, describe cómo en su ciudad se relacionan los programas de acompañamiento a jóvenes extutelados como una amenaza, mezclando protección con castigo.

¿Qué pasa si no existiera el apoyo?

La respuesta aparece cuando se les pide que describan “el después”. Hamid recuerda el miedo de aquellos días, y no el miedo a no quedarse sin comida, sino a un futuro sin protección legal. Sin papeles, ni contrato o permiso de trabajo. En su relato, el apoyo de Aldeas Infantiles no era un complemento, sino más bien lo que le permitió poner orden a sus prioridades. “Si no tuviese unas necesidades básicas cubiertas sería muy difícil conseguir mis objetivos. Comer y tener un sitio donde dormir para así estar bien emocionalmente”, apunta.

No solo se trata de pagar un alquiler o encontrar un trabajo, sino de hacerlo mientras se aprende lo que otros aprenden en casa. Los jóvenes que encontramos cargan con una mochila emocional muy pesada

Miguel Ángel Gallardo — Director del Programa de Jóvenes de Aldeas Infantiles SOS en Andalucía

Sara describe esa misma idea desde el impacto psicológico del cambio. “Es muy violento pasar de estar, a los 17 años, constantemente rodeada de educadores a, un día después, sola en un piso y no tener a nadie cerca”. Sin una ayuda externa, advierte, los problemas cotidianos como la compra, el alquiler o la incertidumbre generalizada se convierten en “arenas movedizas”. “No habríamos podido salir de esa soledad sin que alguien te extienda la mano”.

Gallardo, por su parte, enmarca esa estrategia de acompañamiento como una de las principales misiones de Aldeas Infantiles. “Hay que estar ahí cuando el Estado deja de estar y sostener ese tramo, frágil, en el que no basta con sobrevivir, sino que hay que aprender a vivir”, añade.

Los datos avalan las declaraciones de Gallardo y las historias de vida de Hamid y Sara. Según datos desprendidos de la Encuesta de la Federación de Entidades para la Emancipación Juvenil (FEPA) de 2024, nueve de cada diez jóvenes tutelados y extutelados estudia, trabaja o compagina ambas cosas, siendo el empleo la principal fuente de ingresos para el 38% de los jóvenes.

En su nueva entrega, la VII edición de los Premios Desalambre, organizados por elDiario.es para reconocer el trabajo de periodistas y organizaciones sociales en defensa de los derechos humanos, ya tiene ganadores. Este año, los galardones ponen el foco en miradas que corrigen ausencias, como la de las personas negras mayores en España, en el periodismo sostenido que abre camino en la cobertura de África y las migraciones, en un activismo y trabajo incansable sobre el genocidio en Gaza desde dentro y en campañas del tercer sector capaces de reconectar la cooperación con la sociedad civil utilizando códigos culturales contemporáneos o la inteligencia artificial. 

Los premios Desalambre de este año reconocen como mejor trabajo periodístico a Afromayores, un proyecto audiovisual y fotográfico alojado en redes sociales que visibiliza y amplifica las voces de personas africanas y afrodescendientes mayores en España. Por su parte, el premio a la perseverancia en trayectoria profesional recae en Pepe Naranjo, periodista especializado en migraciones desde Senegal y otros puntos del continente africano, por una trayectoria marcada con la constancia en la cobertura de la región, abriendo espacios informativos y generando conversación pública sobre realidades que, a menudo, quedan en los márgenes. 

En el ámbito del tercer sector, este año el jurado ha reconocido el trabajo de dos entidades en la categoría de mejor campaña de comunicación. Los premiados son el 'Tarot de la Cooperación', de la Coordinadora de ONGD de València, una iniciativa dirigida especialmente a población joven que utiliza la simbología del tarot para conectar retos globales con la realidad local y activar conversación. Y 'Cambiando una palabra', de Save the Children, una campaña que visibiliza las dos caras de la infancia en un momento en el que el mundo digital gira en torno al potencial de la inteligencia artificial.  

Por otro lado, el galardón a mejor activista en defensa de los derechos humanos ha recaído en Kayed Hammad, periodista, productor e intérprete gazatí con una trayectoria de años acompañando a medios internacionales y dando testimonio desde Gaza sobre el impacto humano de la guerra y el asedio en Palestina. 

Premios Desalambre en la categoría de periodismo:

Premios Desalambre en las categorías de activismo y ONG:

La entrega de premios se producirá el próximo jueves 12 de marzo de 2026 a las 19:00 horas en CaixaForum en Madrid. El jurado de la VII edición de los Premios Desalambre ha estado compuesto por Juan Luis Sánchez, cofundador y subdirector de elDiario.es; Javier Biosca, redactor jefe de internacional de elDiario.es; Gumersindo Lafuente, editor de la revista de elDiario.es y exdirector adjunto del periódico; Olga Rodríguez, periodista especializada en Oriente Medio y derechos humanos y cofundadora de elDiario.es; Moha Gerehou, periodista y activista antirracista; Cristina Fuertes, responsable de comunicación interna de la Coordinadora de ONGD; y Pilar del Río, periodista, traductora y presidenta de la Fundación José Saramago. 

Afromayores

El Premio Desalambre para el mejor trabajo periodístico escrito o multimedia es para Afromayores, un proyecto coordinado por Lucía-Asué Mbomío Rubio y Laurent Leger Adame, que visibiliza a las personas negras mayores de 65 años en España. El trabajo de fotografías y video-entrevistas, alojado en Instagram y YouTube, es una forma de reconocer la presencia de dicho colectivo de edad y de deshacer las lógicas asociadas a la persona migrante. Además, Afromayores no es solo un proyecto periodístico o fotográfico, sino que también ha implicado la organización de exposiciones, mesas redondas o encuentros intergeneracionales en los que los y las protagonistas del proyecto también son partícipes. El jurado ha recalcado la originalidad del trabajo y la trascendencia narrativa que abarca el proyecto desde una pequeña iniciativa. 

Pepe Naranjo, premio a la perseverancia

El ganador al premio que reconoce una trayectoria de perseverancia es Pepe Naranjo, periodista freelance. Desde 2011, reside en Senegal, desde donde ha publicado decenas de crónicas y reportajes para distintos medios, sobre todo El País. En los últimos años ha puesto el foco en el conflicto del Sahel con reportajes desde Mali, Burkina Faso y Níger. Autor de Cayucos (2006) donde ilustra la primera crisis de los cayucos, Los invisibles de Kolda (2009), una reconstrucción sobre uno de los peores naufragios de la ruta canaria y El río que desafía al desierto (2019), una recopilación de crónicas sobre África. El jurado ha destacado su perseverancia en la comunicación de las migraciones en España y desde el continente africano, la participación y organización de eventos y encuentros, así como su estrecha colaboración con entidades del tercer sector desde el periodismo. 

Mejor campaña de comunicación: un galardón para Save the Children y la Coordinadora Valenciana de ONGD 

En esta edición de premios Desalambre, el galardón a la mejor campaña de comunicación recae en dos entidades. Por un lado, para el Tarot de la Cooperación de la Coordinadora Valenciana de ONGD. La campaña premiada es fruto de meses de trabajo participativo con jóvenes de toda la Comunitat Valenciana. A lo largo de ese tiempo, la Coordinadora se ha reunido con colectivos juveniles que trabajan en justicia climática, feminismo y cooperación al desarrollo, con espacios de barrio y organizaciones colaboradoras. El resultado ha sido una campaña que utiliza la simbología del tarot para hablar de crisis climática, soberanía alimentaria, comercio de armas y racismo, entre otros temas. 

La otra campaña premiada es Cambiando una palabra, de Save the Children. Una campaña que visibiliza situaciones de infancia en distintos lugares con imágenes creadas por inteligencia artificial. La organización ha utilizado esta herramienta para concienciar y en la que los propios usuarios pueden comprobar por sí mismos cómo cambian las imágenes al modificar una sola palabra en los prompts dentro de las plataformas de inteligencia artificial. 

Kayed Hammad

El Premio Desalambre al activista del año es para Kayed Hammad, periodista, activista, intérprete y cineasta palestino. Desde Gaza, Hammad ha explicado el impacto del genocidio y ha colaborado como fixer con distintos medios de comunicación. Después de meses de trámites, consiguió salir de Gaza con su familia. Ahora, Hammad continúa trabajando para visibilizar la realidad del pueblo palestino y, a la vez, defiende el rol de los intérpretes y fixers como él, imprescindibles para garantizar el trabajo periodístico. El jurado ha recalcado su inagotable presencia y colaboración con los periodistas, así como la importancia de su activismo. 

Premio a una trayectoria profesional 

Además de los cinco galardones repartidos en las categorías de Periodismo y ONG/Activismo, elDiario.es concederá un reconocimiento especial a una trayectoria destacada en el ámbito de las ONG, un premio honorífico que pone en valor una labor continuada de trabajo en el tercer sector. El anuncio del ganador se producirá durante la gala el próximo jueves 12 de marzo de 2026.

Las personas finalistas son:

Ali tenía 13 años cuando le explotó un proyectil cerca mientras jugaba al fútbol. Perdió una pierna. Su hermano Nour, de nueve, terminó con una lesión medular que le provocó paraplejia. Su madre emprendió un camino desesperado por varias ciudades en Sudán en busca de atención médica en un país donde la guerra ha vaciado hospitales y carreteras. En ese trayecto, la ayuda humanitaria fue lo único que encontró en forma de red: apoyo para el transporte, material escolar y artículos de manutención básica. Lo suficiente para que sus dos hijos volvieran a la escuela.

Historias y testimonios similares se repiten en Sudán desde hace más de 29 meses de conflicto abierto, con un impacto devastador sobre los menores. Pero fuera del país, Sudán se desliza por los márgenes, aparece y desaparece en medios de comunicación eclipsado por otras guerras y urgencias. Mientras, dentro, se acumulan las señales de una catástrofe sostenida con una violencia generalizada, desplazamientos masivos, brotes de cólera y hambruna confirmada en zonas de Darfur el Norte y Kordofán del Sur. 

La guerra civil en Sudán, que estalló en abril de 2023 entre las Fuerzas Armadas Sudanesas (SAF) y las Fuerzas de Apoyo Rápido (RSF) sigue agravándose y transformando el país en una catástrofe humanitaria. A finales de octubre de 2025, las paramilitares RSF capturaron Al Fasher, última capital estatal bajo control gubernamental en Darfur del Norte, marcando un punto de inflexión político y militar al expulsar al ejército en vastas zonas del país y fragmentar aún más el control territorial. 

La caída de Al Fasher y las ofensivas en otras regiones han estado acompañadas por atrocidades generalizadas, incluidas masacres de civiles y violencia sexual. Una misión independiente de la ONU ha alertado de que las acciones de las RSF en este enclave muestran “indicios de genocidio” contra comunidades no árabes, con asesinatos masivos y violencia sistemática que pueden reflejar intención genocida por parte de la milicia. 

La mayor crisis humanitaria del planeta

“La mayor crisis humanitaria del planeta” suena a frase hecha hasta que se escucha a quien trabaja allí. “No es una afirmación retórica”, dice Francesco Lanino, subdirector de Programas y Operaciones de Save the Children en Sudán durante una conversación con elDiario.es. “Es una descripción basada en la realidad sobre el terreno. Es una combinación devastadora de guerra activa, desplazamientos masivos y colapso casi total de servicios básicos”, añade. 

Lanino pone un ejemplo que da cuenta del riesgo: “Alrededor de 375.000 personas están en hambre extrema al borde de la hambruna en Darfur”. Describe asentamientos improvisados, niños desnutridos y familias que dependen completamente de la ayuda humanitaria. “Esta crisis no se está estabilizando. Está empeorando”, insiste el subdirector desde Sudán. 

Muchas familias nos dicen que sienten que el mundo se ha olvidado de ellas. Ese sentimiento tiene consecuencias reales. Menos presión diplomática, menos recursos y menos protección para la protección civil

Francesco Lanino — Subdirector de Programas y Operaciones de Save the Children en Sudán

Según datos proporcionados por Save the Children, más de 15 millones de niños y niñas necesitan ayuda urgente, casi seis millones han sido desarraigados de sus hogares y más de 10 millones están expuestos a violencia en primera línea. A ello se suma que hasta el 70% de los hospitales en zonas de conflicto han cerrado y 13 millones de menores siguen sin poder acudir a las aulas. Más de 3.000 centros educativos se utilizan como refugios. 

Shiroug, nacida y criada en Sudán, es doctora, pero en sus ratos libres se dedica a su verdadera pasión: la ilustración. Actualmente vive en el estado de Al Jazirah, un lugar, cuenta, “relativamente seguro por el momento”. Cuando empezó la guerra, tuvo que dejar su casa en Jartum y desde entonces ha tenido que desplazarse, al menos, un par de veces. En el barrio en el que creció “ya no hay seguridad, está casi abandonado y no hay electricidad”, dice a este medio. 

A la pregunta de cómo se vive el día a día, Shiroug responde con una emoción sostenida. “En Sudán domina la preocupación, el futuro es desconocido y la poca estabilidad que queda en los estados más seguros es temporal”, apunta la joven. Habla también del cansancio de la juventud: “En los últimos años, incluso antes de la guerra, los jóvenes han pasado por muchas cosas sin poder procesar realmente lo que está sucediendo”.

El silencio como multiplicador del daño

Shiroug expresa su frustración por la escasa atención que suscita la guerra a nivel mediático. “Al principio había poca cobertura y, cuando llegó, ya era tarde. El genocidio de Al Geneina ocurrió tres semanas después del inicio de la guerra y apenas se cubrió en medios de comunicación internacionales”, explica. “Al Fasher solo ocupó titulares tras el asedio de la ciudad, y después, otra vez, silencio”, añade Shiroug.

“Sudán no es tanto un conflicto olvidado, sino más bien un conflicto ignorado. Me sorprende que con la magnitud de las atrocidades y la crisis humanitarias en Sudán no se hable ni la mitad de lo suficiente”, dice a elDiario.es Mohamed Amro, presidente de Casa de Sudán, organización radicada en Madrid.

En Sudán domina la preocupación, el futuro es desconocido y la poca estabilidad que queda en los estados más seguros es temporal

Shiroug — Doctora sudanesa

Además, Amro apunta a una idea que atraviesa las conversaciones con la diáspora sudanesa. “Por relevancia o magnitud, la crisis humanitaria de Sudán debería estar en todos los medios cada día, pero no lo está”. Lamino coincide con este diagnóstico y aporta algunos motivos: “Primero, la complejidad del conflicto con múltiples actores armados, frentes cambiantes y acceso muy limitado para periodistas y observadores internacionales y, segundo, que vivimos en un momento de acumulación de crisis globales que compiten por atención y financiación”. Pero advierte: “El sufrimiento no desaparece porque no esté en los titulares, simplemente se vuelve más silencioso y peligroso”. 

Ese silencio, según Lanino, también tiene consecuencias medibles: “Muchas familias nos dicen que sienten que el mundo se ha olvidado de ellas. Ese sentimiento tiene consecuencias reales. Menos presión diplomática, menos recursos y menos protección para la protección civil”, insiste el representante de Save the Children. 

Darfur y la violencia dirigida

En algunas regiones del país, especialmente Darfur, se habla abiertamente de limpieza étnica y genocidio. Lanino explica que, como organización humanitaria, no les corresponde hacer “calificaciones legales” y que debe determinarlo una investigación independiente. Pero sí pueden describir patrones: testimonios consistentes de ataques contra civiles, violencia dirigida a comunidades concretas, destrucción de viviendas y desplazamientos forzados. “Cuando ves que la gente huye no solo de combates, sino porque siente que está siendo perseguida por su identidad, es una señal extremadamente preocupante”, dice. 

Amro denuncia un giro más étnico del conflicto y de dinámicas que les recuerdan a ciclos previos de violencia en Darfur como la violencia étnica contra grupos de la región, como los fur o los masalit. 

Entre la cautela jurídica y la denuncia política hay un punto en común: la urgencia de proteger a los civiles, garantizar el acceso humanitario y sostener mecanismos independientes de investigación y rendición de cuentas.

Una de las “pocas estructuras operativas que resisten”

En muchas zonas de Sudán, especialmente en áreas afectadas por desplazamientos masivos, “las organizaciones humanitarias como Save the Children se han convertido en una de las pocas estructuras operativas que quedan cuando las instituciones públicas colapsan o dejan de funcionar”, apunta Lanino. No se trata solamente de repartir ayuda, sino también de sostener “sistemas mínimos” donde ya no existen. 

Según información proporcionada por Save the Children, la organización trabaja en 13 de los 18 estados de Sudán, con 15 oficinas y más de 450 empleados en colaboración con 31 organizaciones aliadas, tanto nacionales, como internacionales o instituciones gubernamentales. 

La acción de la organización abarca salud, nutrición, agua y saneamiento, protección infantil, seguridad alimentaria y educación, además de respuestas de emergencia como refugios y artículos no alimentarios. Aun así, la propia entidad subraya el límite de su alcance. “No podemos sustituir a un Estado ni garantizar seguridad. Podemos salvar vidas y reducir riesgos, pero la protección real requiere que cesen los ataques contra civiles, que se respete el derecho internacional humanitario y que haya voluntad política para estabilizar el país”, cuenta Lanino.  

¿Qué pasaría si las ONG se retiraran de Sudán? “Las consecuencias serían inmediatas y muy graves”, sentencia Save the Children. En muchas zonas de Sudán, la ayuda, dice, “es la principal y a veces la única fuente” de alimentos, agua potable, atención sanitaria básica y protección infantil. “Muchas de las familias que he conocido dependen completamente de esa asistencia para sobrevivir. No existe un sistema público capaz de sustituirla. Sin apoyo, las familias se verían obligadas a reducir aún más las comidas, asumir riesgos extremos o recurrir a estrategias negativas como el trabajo infantil”, añade. Por eso, concluye Lanino, no sería solo una “reducción de servicios”, sino “un golpe directo” a la supervivencia y a la protección de millones de niños. 

Save the Children, al igual que otras ONG internacionales, trabaja con los miles de voluntarios que integran las Salas de Respuesta a Emergencias (ERR), redes ciudadanas que, entre otras cosas, gestionan comedores comunitarios y hospitales y ayudan a evacuar a civiles heridos. “Nuestro objetivo es brindar ayuda mutua basada en la economía solidaria”, explican las ERR. La red se extiende por los 18 estados del país, donde coordinan unidades para entregar ayuda esencial allí donde la infraestructura tradicional no llega, convirtiéndose en un salvavidas para la población.

Obstáculos, falta de respuesta y urgencia

Sostener la última línea humanitaria implica operar entre combates activos, cambios en el control territorial del país, bloqueos administrativos y logísticos, carreteras inseguras y permisos que se retrasan. A ello se suma, y como advierten desde Save the Children, una “falta de financiación sin precedentes” y una “falta crítica de acceso humanitario”. Lanino, quien considera que la respuesta internacional “no está a la altura”, insiste en que “las necesidades están creciendo rápidamente, pero los recursos no aumentan al mismo ritmo”. 

Mohamed Amro defiende la importancia de la información y la normalización de conversaciones sobre Sudán en el debate público y político. “Hay que hacer presión desde los medios a los dirigentes políticos para que gobiernos como el de España actúen”, apunta. La joven Shiroug, desde dentro del país, reclama campañas que expongan complicidades externas, recaudación para apoyar a supervivientes y sistemas de salud y presión, incluso boicots, contra actores entre los que señala a Emiratos Árabes Unidos, que ha sido acusados en repetidas ocasiones de sostener a las fuerzas paramilitares RSF.

Lanino fija un horizonte concreto: en los próximos seis meses debe garantizarse un acceso humanitario “seguro, sostenido y predecible”, medidas reales de protección de civiles e infraestructuras esenciales y financiación suficiente. De lo contrario, advierte, la crisis seguirá profundizándose y marcará a toda una generación.

La noche del 3 de febrero el hospital de Médicos Sin Fronteras (MSF) en Lankien, Sudán del Sur, fue alcanzado por un ataque aéreo de las fuerzas gubernamentales. El almacén principal quedó destruido y perdimos la mayor parte de los suministros esenciales. El hospital, del que habíamos compartido las coordenadas GPS con el Gobierno y las partes en conflicto, había sido evacuado y los pacientes dados de alta horas antes, después de que recibiéramos información sobre un posible ataque contra la ciudad. Éramos el único proveedor de servicios sanitarios que atendía a unas 250.000 personas en Lankien y Pieri donde uno de nuestros centros de salud fue saqueado casi al mismo tiempo. Estos ataques suponen que las comunidades locales se quedarán sin asistencia sanitaria.

El caso del hospital de Lankien está lejos de ser esporádico. Dirijamos la mirada al vecino del norte, a Sudán, asolado por un conflicto caracterizado por una flagrante falta de respeto por la ayuda humanitaria y la asistencia médica. En 2025, fue el país con más víctimas mortales entre personal sanitario y pacientes: 1.620. Cuando cayó Al Fasher (Darfur) tras más de 500 días de asedio de las Fuerzas de Apoyo Rápido, la Organización Mundial de la Salud (OMS) alertó del asesinato de al menos 460 pacientes y acompañantes en el Hospital Materno Saudí de la ciudad. 

Los ataques contra el personal sanitario y humanitario se han convertido en la nueva normalidad. En 2025, el Sistema de Vigilancia de Ataques contra la Atención Sanitaria (SSA) de la OMS informó de 1.348 ataques contra instalaciones médicas que causaron la muerte de 1.981 trabajadores médicos, humanitarios y pacientes. Esto supuso un aumento dramático de las muertes, que duplicaron las 944 de 2024. 

Tendencias alarmantes

Palestina y Sudán ilustran tres tendencias alarmantes recogidas en el informe de MSF La atención médica, en el punto de mira: un desprecio creciente del derecho internacional humanitario por parte de las partes beligerantes, entre ellas, los Estados, el impacto desproporcionado en el personal local, y los ataques contra el transporte médico y humanitario (incluidas ambulancias y vehículos de suministro).  

Una vuelta de tuerca de la narrativa que justifica estos ataques es el salto del ‘error’ a la ‘pérdida de protección’ que les otorga el derecho internacional humanitario, bajo acusaciones de colaboración con el enemigo. Créanme cuando les digo que no hay nadie más interesado en preservar la estricta neutralidad de nuestras instalaciones y actividades que nosotros. Nos jugamos la vida en ello. Y la de nuestros pacientes. Pese a ello, en Gaza, Ucrania, Sudán y otros contextos, las acusaciones son recurrentes contra las agencias de Naciones Unidas y las ONG humanitarias. 

En Palestina, el número de trabajadores humanitarios asesinados supera al de cualquier otro país desde 1997, año en que la AWSD comenzó a recopilar datos

Como hemos visto en el caso de Lankien, los ataques contra las instalaciones y servicios médicos y el personal de salud ya sean deliberados o resultado de acciones militares indiscriminadas o de errores, privan a la población civil de un servicio esencial cuando sus necesidades son extraordinarias. 

Los Estados, detrás de la mayoría de los ataques

En 2023 y 2024, Israel fue responsable de los niveles más altos de violencia contra las misiones médicas y humanitarias. Según la OMS, al menos el 53% de los ataques y el 67% de las muertes de personal médico en esos años se produjeron en Palestina y Líbano, donde se atribuye a las fuerzas israelíes la inmensa mayoría de los ataques.

El personal local soporta la peor parte. Entre 2021 y 2025, los trabajadores contratados localmente representaron el 98% de los asesinados, según la Base de Datos sobre la Seguridad del Personal Humanitario (AWSD). 

En Palestina, el número de trabajadores humanitarios asesinados supera al de cualquier otro país desde 1997, año en que la AWSD comenzó a recopilar datos. Esto confirma a Palestina como uno de los epicentros de la violencia contra el personal humanitario (el otro es Sudán) con niveles de agresión sin precedentes, especialmente contra los trabajadores palestinos, que representan el 98% de las víctimas mortales. 

El derecho internacional humanitario establece que los heridos y los enfermos deben ser protegidos y atendidos, y proporciona protección subsidiaria a los transportes sanitarios. Sin embargo, los desplazamientos son cada vez más peligrosos. Según la AWSD, entre 2014 y 2020, 967 trabajadores humanitarios fueron atacados (muertos, heridos o secuestrados) en “la carretera”. En el periodo posterior, más corto, 2021-2025, aumentaron los ataques hasta los 1.057 trabajadores humanitarios. 

La impunidad es el elefante en la habitación. Los Estados, los principales responsables del 81% de los ataques en 2024 según la Coalición para la Salvaguarda de la Salud en los Conflictos armados, no los investigan adecuadamente ni exigen responsabilidades. Su reacción es pura hipocresía y una muestra de doble moral de buena parte de los miembros del Consejo de Seguridad de la ONU. Todo ello, casi diez años después de la resolución 2286 del Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas que condenaba y pedía el fin de los ataques. 

El derecho internacional humanitario prohíbe atacar instalaciones médicas y exige salvaguardar su capacidad y la del personal médico para prestar servicios vitales. La erosión de estas normas tiene consecuencias peligrosas también para los civiles. En Gaza resulta más que evidente. Israel ha exhibido una impunidad total posibilitada por aliados que juraron “respetar y hacer respetar” el mismo derecho internacional humanitario que agoniza con cada ataque a lugares que hasta hace poco se reclamaban como protegidos. 

Más de 100 Estados han rubricado su apoyo a Declaración sobre la protección del personal humanitario y reconocen la necesidad de revertir estas “tendencias mortíferas”. Si no se toman medidas decisivas, las normas fundamentales de la acción humanitaria, la atención médica y la protección de los civiles seguirán desmoronándose.

Suecia ya no es el país generoso, abierto y solidario de 2015, cuando recibió a 163.000 personas solicitantes de asilo, la mayoría procedentes de Siria. Ese año, dentro de la Unión Europea, solo Alemania acogió a un número mayor de refugiados. Esta política de puertas abiertas quedó definitivamente enterrada desde que el actual Gobierno conservador llegó al poder en 2022 con el apoyo parlamentario de la ultraderecha.

En los últimos cuatro años, el Ejecutivo encabezado por Ulf Kristersson ha impulsado una serie de medidas orientadas a convertir al país en un entorno abiertamente hostil para quienes llegan en busca de protección. El Gobierno ha calificado este giro como un “cambio de paradigma” en materia migratoria y lo justifica por lo que considera un “fracaso de las políticas de integración” aplicadas durante décadas en el país escandinavo.

Para incentivar el retorno de refugiados a sus países de origen, este año ha entrado en vigor una de las medidas más significativas que el Gobierno conservador prometió aprobar cuando entró en el poder, la denominada “subvención para la repatriación”. Antes de 2026, el Ejecutivo ofrecía 10.000 coronas suecas (900 euros) como apoyo económico a los refugiados que decidían dejar voluntariamente de vivir en Suecia. Desde enero, esta cifra de dinero ha aumentado hasta 350.000 coronas (35.000 euros) a cambio de que estas personas renuncien a su permiso de residencia en la nación nórdica y decidan volver a su país de origen o ir a otro país donde tengan derecho a establecerse.

El Gobierno sostiene que la idea de dar dinero da una nueva oportunidad en sus países de origen a las personas que, afirma, se sientan excluidas a pesar de llevar ya tiempo viviendo en el país. “No nos dirigimos a las personas que han aprendido el idioma y se han integrado en la sociedad, sino a aquellos que anhelan volver a casa y no quieren integrarse”, dijo anteriormente el ministro de Inmigración, Johan Forssell.

Sin embargo, los expertos creen que es poco probable que la medida resulte efectiva, pese al aumento drástico de la ayuda. La Cruz Roja Sueca la rechazó, refutando que fuera adecuada para el objetivo de combatir la exclusión.

No funciona como el Gobierno tenía previsto

La medida ha tenido un efecto inmediato ya desde enero. Ese mes, según datos de la Agencia de Inmigración, 272 personas solicitaron recibir la ayuda. Durante todo el año pasado solo se recibieron 109 peticiones y finalmente solo se otorgó en un caso, que cumplió con los requisitos. Entre los solicitantes, la mayoría son personas llegadas desde Siria que huyeron hace una década, y entre ellos hay medio centenar que son menores de edad.

El Gobierno decidió seguir adelante con la medida a pesar de que el propio grupo de expertos que lo asesora, antes de aprobar la ley, desaconsejó hacerlo, argumentando que el incentivo para la repatriación sería una medida inefectiva y dificultaría a la integración de otros inmigrantes en la sociedad sueca.

La retórica sobre los refugiados ha cambiado en pocos años, con el añadido de que el partido de los socialdemócratas también apoya el endurecimiento de las leyes

Henrik Emilsson — Experto en migración de la Universidad de Malmö

De hecho, según la agencia de migración sueca, a pesar de la oleada de peticiones, la idea planteada por el Gobierno no acaba de salir bien. Las autoridades han rechazado dar la ayuda a 82 personas y solamente se ha aprobado una solicitud, mientras que el resto sigue pendiente de resolución. Henrik Emilsson, experto en migración de la Universidad de Malmö, dice a elDiario.es que esto es la prueba de que la medida es inefectiva, ya que “las personas a las que el Gobierno sueco quiere animar a regresar a su país no solicitan la ayuda, pero, en cambio, lo hacen otras que no cumplen con los requisitos”. “La mayoría de los inmigrantes considera que el permiso de residencia vale más que 35.000 euros”, asegura.

La agencia migratoria concluyó que el dinero no es un factor decisivo para fomentar las repatriaciones de refugiados, sino que hay razones emocionales como la seguridad, la pertenencia o la reunificación familiar mucho más importantes que los incentivos económicos. “La gente necesita sentir que hay algo a lo que volver y que recibe apoyo en su país de origen”, dijo Leila Pacula Nielsen, experta de la agencia.

“El retorno es un derecho humano y debe realizarse por iniciativa libre e informada del individuo. Ningún incentivo económico debe crear una sensación de coacción o socavar la libertad que es fundamental en nuestra visión de los derechos humanos. Esto corre el riesgo de tener el efecto contrario”, argumentó en la misma línea la Cruz Roja Sueca. “Basándonos en nuestra experiencia en el apoyo a personas que están considerando la repatriación, podemos afirmar que los incentivos económicos no son el factor decisivo”, señaló la entidad, que destacó el riesgo que pueden suponer este tipo de propuestas en un momento de “polarización creciente, en la que el racismo y la xenofobia se han normalizado cada vez más en el debate público”.

El Gobierno conservador se enfrenta, además, a una serie de municipios que se niegan a aplicar la medida, entre ellos las tres ciudades más pobladas del país, Estocolmo, Gotemburgo y Malmö, que han comunicado al Gobierno central que no colaborarán para llevarla a cabo, en una reacción que se convirtió viral en las redes sociales en otoño.

“Un impacto muy grave en la vida de las personas”

Hace un año, el Ejecutivo sueco sacó pecho de que por primera vez en medio siglo el país había tenido más emigrantes que inmigrantes, y lo utilizó para señalar que sus políticas estaban dando resultados. “Es consecuencia de unas políticas que en algunos casos son simbólicas, pero, en otros, tienen un impacto muy grave en la vida de las personas”, dice el experto Henrik Emilsson.

Organizaciones internacionales y grupos de la sociedad civil como Amnistía Internacional en Suecia y Civil Rights Defenders han expresado graves preocupaciones ante el endurecimiento de las leyes migratorias en Suecia, al considerar que pueden vulnerar los derechos humanos y propiciar la estigmatización de las personas migrantes.

A pocos meses de las elecciones generales, los medios de comunicación suecos se hacen eco de cada vez más casos de adolescentes de familias de refugiados que al cumplir los 18 años reciben una carta de la administración anunciando que deben abandonar el país y volver a su lugar de origen, a pesar de haber sido escolarizados en Suecia, hablar el idioma, tener trabajo y llevar años viviendo allí. Esto ocurre porque, desde 2023, el Gobierno cambió las normas para obtener el permiso de residencia para los solicitantes de asilo, y ahora la administración considera que, al cumplir los 18 años, se es ya un adulto independiente y ya no se puede obtener automáticamente los papeles basados en el estatus de refugiado de los padres.

“La retórica sobre los refugiados ha cambiado en pocos años, con el añadido de que el partido de los socialdemócratas también apoya el endurecimiento de las leyes”, dice Emilsson. El experto augura que la inmigración volverá a ser un tema central en las elecciones y que los socialdemócratas, que actualmente son el partido con más representación en el Parlamento, dirán a sus votantes que pueden “ser tan o más duros con los inmigrantes que los partidos de centroderecha o los populistas”.

El experto también señala que hoy es casi imposible obtener asilo por razones humanitarias en Suecia, lo que ha generado un cambio enorme. “Antes los refugiados solían llegar desde Alemania o Dinamarca en tren, ahora simplemente se quedan en Alemania porque no quieren arriesgarse a hacer un esfuerzo extra para llegar hasta aquí”, concluye.

Un refugiado casi ciego de Myanmar, que estaba desaparecido desde que fue liberado de una cárcel de Buffalo y puesto bajo la custodia de la Patrulla Fronteriza de EEUU, ha sido hallado muerto en una calle del centro de la ciudad de Buffalo (Nueva York), según han informado este miércoles las autoridades municipales.

Agentes de policía de la ciudad, situada al norte del estado de Nueva York, localizaron el cadáver de Nurul Amin Shah Alam, de 56 años, el martes por la noche, según informó un portavoz del Departamento de Policía de Buffalo.

Shah Alam estaba desaparecido desde el 19 de febrero, cuando agentes de la Patrulla Fronteriza de EEUU lo dejaron en una cafetería a kilómetros de su casa tras su puesta en libertad de una cárcel del condado, donde había pasado gran parte del último año a la espera de juicio por cargos penales que dieron lugar a un acuerdo de declaración de culpabilidad por un delito menor.

Los detectives de homicidios están investigando las circunstancias de la muerte de Shah Alam, dijo el portavoz. La presidenta de CAPAC –el caucus Asiático-Americano del Congreso–, la demócrata Grace Meng (Nueva York), y el congresista Tim Kennedy (demócrata por Nueva York) han emitido la siguiente declaración conjunta sobre la muerte de Nurul Amin Shah Alam: “Estamos indignados por la trágica muerte de Nurul Amin Shah Alam. Los agentes de la Patrulla Fronteriza de los Estados Unidos abandonaron a un hombre que estaba casi ciego, no hablaba inglés y padecía graves problemas de salud a kilómetros de su hogar sin notificar a su familia. Esta decisión fue un profundo incumplimiento del deber y de la decencia humana básica que le costó la vida a un hombre. Debe haber una investigación completa y exhaustiva sobre por qué ocurrió esto.

“Como miembros del Congreso, exigiremos respuestas y responsabilidades a la Administración Trump, incluyendo a Kristi Noem, el Departamento de Seguridad Nacional y la Oficina de Aduanas y Protección Fronteriza de los Estados Unidos”, añaden.

El alcalde de Buffalo, Sean Ryan, demócrata, dijo en un comunicado el miércoles que la muerte de Shah Alam era evitable y que era el resultado de una decisión “inhumana” de las autoridades federales de inmigración.

“Un hombre vulnerable, casi ciego e incapaz de hablar inglés, fue abandonado solo en una fría noche de invierno sin que se hiciera ningún intento por dejarlo en un lugar seguro”, ha afirmado Ryan, informa Reuters: “Esa decisión de la Oficina de Aduanas y Protección Fronteriza de Estados Unidos fue poco profesional e inhumana”.

En una declaración a Investigative Post, un medio de comunicación con sede en Buffalo, un portavoz de la CBP dijo que los agentes dejaron a Shah Alam en una cafetería después de determinar que había entrado en el país como refugiado y no podía ser deportado: “Los agentes de la Patrulla Fronteriza le ofrecieron llevarlo en coche, y él aceptó ir a una cafetería, que se consideró un lugar cálido y seguro cerca de su última dirección conocida, en lugar de ser liberado directamente desde la estación de la Patrulla Fronteriza. No mostró signos de angustia, problemas de movilidad o discapacidades que requirieran asistencia especial”.

Las temperaturas en Buffalo, una ciudad cerca de la frontera con Canadá, estaban por debajo de cero el fin de semana pasado.

La Fiscalía del Condado de Erie dijo que Shah Alam fue detenido hace un año tras un incidente que terminó con heridas leves a dos agentes de policía de Buffalo, informa Reuters.

Shah Alam fue puesto en libertad bajo fianza este mes después de aceptar un acuerdo con la fiscalía, según informó la Fiscalía.

Tras la detención de Shah Alam, el Servicio de Inmigración y Control de Aduanas de Estados Unidos emitió una orden de detención migratoria, una solicitud formal para tomar bajo custodia a un no ciudadano tras su puesta en libertad prevista tras su detención penal.

En respuesta a esa orden de detención migratoria, la Oficina del Sheriff del condado de Erie se puso en contacto con la Patrulla Fronteriza de Estados Unidos antes de la puesta en libertad de Shah Alam, según informó un portavoz de la oficina del sheriff.

Mohamad Faisal, uno de los hijos de Shah Alam, dijo en un mensaje de texto que la detención de su padre hace un año se debió a un malentendido con los agentes de policía. Shah Alam, que no hablaba inglés, había salido a dar un paseo y había estado utilizando una barra de cortina que había comprado como bastón, dijo Faisal.

Shah Alam se perdió y entró en la propiedad de un residente de Buffalo que llamó a la policía, dijo Faisal. Cuando Shah Alam no entendió las órdenes de la policía de soltar la barra de cortina, lo arrestaron, dijo su hijo. Tras su puesta en libertad la semana pasada, “nadie nos dijo a mí, a mi familia ni a mi abogado dónde habían dejado a mi padre”, dijo Faisal, quien dijo que Shah Alam no sabía leer, escribir ni utilizar dispositivos electrónicos.