“El progreso de una Nación se mide por la acogida a las personas con discapacidad”, dijo el papa León XIV el lunes en el Pequeño Cottolengo Don Orione de Claypole, donde viven más de 400 personas con discapacidad. “Sus vidas no son un peso para la sociedad, son una bendición”, agregó, en una institución que llegó a la visita reclamando por aranceles atrasados y faltantes de medicamentos.

Dos días después se reanudaron en los tribunales federales de Comodoro Py las indagatorias de la causa por la corrupción en la Agencia Nacional de Discapacidad (ANDIS). Según el cronograma fijado por el juez Ariel Lijo, entre el miércoles y este viernes estaban citados los empresarios de droguerías Matías Litmanovich, director de 20 de Junio; Delia Navarro, vicepresidenta de Scienza Argentina; los hermanos Yair y Joel Hendler, accionistas de Luley; Facundo y Juan Giudici, presidente y director de Ultra Pharma, respectivamente, y Fernando Oris de Roa, presidente de Droguería del Sud.

Son algunos de los 36 empresarios y ejecutivos que, según los fiscales Franco Picardi y Sergio Rodríguez, integraron un cartel administrado por la droguería Suizo Argentina, de la familia Kovalivker, para repartirse las compras de medicamentos de alto costo destinados a los beneficiarios del Programa Federal Incluir Salud, que atiende a titulares de pensiones no contributivas, entre ellas las de discapacidad. Según la acusación, entre mayo de 2024 y agosto de 2025 Suizo decidía antes de cada compulsa quién ganaba, a qué precio y quién quedaba “un escalón por detrás”.

La semana anterior habían pasado por el juzgado los dueños de Suizo, Jonathan y Emmanuel Kovalivker, y su director de Asuntos Corporativos, Sebastián Nuner Uner. Los tres se negaron a responder preguntas y presentaron escritos. Jonathan Kovalivker pidió la nulidad de la causa por haberse originado en audios “de origen ilícito” -los del exjefe de la ANDIS Diego Spagnuolo sobre el 3% de las coimas que irían a la secretaria general de la Presidencia, Karina Milei- y sostuvo que se le atribuye responsabilidad “meramente por ‘ser’ presidente de la empresa”. La droguería afirma que la ANDIS era uno de sus más de 10.000 clientes y que el 95% de su facturación proviene del sector privado.

El dictamen del 16 de octubre con el que los fiscales pidieron esas indagatorias contiene pruebas contra los Kovalivker y los demás empresarios que hasta ahora no se habían difundido, y a las que tuvo acceso elDiarioAR.

Las visitas a Nordelta

Entre marzo de 2024 y junio de 2025, según los registros de ingreso del barrio La Isla, en Nordelta, la casa de Jonathan Kovalivker recibió a directivos de varias de las droguerías que, en los papeles, competían con Suizo. Hernán Bagliero, entonces director suplente de Droguería del Sud, fue el 13 de septiembre de 2024 y el 13 de junio de 2025. Matías Litmanovich, director de 20 de Junio, fue el 28 de abril de 2025. Ramón Cereijo, socio del presidente de Dihemo, fue el 19 de marzo de 2024, y Marcos Hendler, socio de los dueños de Luley, el 11 de abril de 2025. Cereijo y Hendler ingresaron junto con Nuner Uner, a quien los fiscales señalan como el “número 2” de Kovalivker.

Además, Emmanuel Kovalivker tenía agendados en su teléfono a Bagliero y a Mario y Gastón Litmanovich, de 20 de Junio, a quienes los fiscales describen como “representantes de firmas” incluidas en la nómina de “empresas cartelizadas” de un cuaderno secuestrado al lobbista Miguel Ángel Calvete.

Emmanuel y la “Mesa de Antibióticos”

El dictamen sostiene que la relación de los Kovalivker con el médico Pablo Atchabahian —exfuncionario de la ANDIS al que los fiscales definen como “lobbista jerarquizado” de Suizo y uno de los jefes de la asociación ilícita— empezó antes de que Javier Milei llegara al gobierno.

En julio de 2023, Atchabahian participó, en representación de Log In, la empresa de logística del grupo, de una ronda de reuniones con laboratorios. Le mandó a Emmanuel Kovalivker un documento titulado “Mesa de Antibióticos”, que comienza: “La distribuidora Log In a través de Diego Viner, Emmanuel Kovalivker y del Dr. Pablo Atchabahian comenzaron una rueda de reuniones…”. En agosto, según los fiscales, en sus conversaciones “surgen posibles acuerdos y el inicio de un futuro proyecto que involucraría licitaciones”, y Emmanuel le dijo que avanzara. Ese mismo mes lo llamó “un gran soldado” de Suizo.

En septiembre, después de que Atchabahian le preguntara si lo habían llamado dos de los contactos de esa ronda, Emmanuel le respondió: “Y bueno, avanzaremos sin ellos, después veremos qué pasa”. Y en otro audio: “Y sí, Pablito, qué sé yo, si después sale mal, bueno, fracasamos en el intento, y vemos cómo no salir tan golpeados, viste, qué sé yo, pero si igual la guita no la ponemos nosotros”. El dictamen no explica a qué dinero se refería: los fiscales solo destacan el uso del “nosotros” como muestra de pertenencia a la firma.

El 31 de octubre de 2023, tras una reunión con laboratorios a la que Emmanuel finalmente no asistió, Atchabahian le envió archivos titulados “Ampi sulbactam 2” y “Ceftriaxona 2” —dos antibióticos— y le contó por audio lo conversado: “Se va a acordar precio, como para por lo menos ir todos con un mismo precio, y tratar de ir todos en las licitaciones, todos juntos, o sea todo juntos o con acuerdo de valores”. Este tramo no integra las imputaciones, que se concentran entre mayo de 2024 y agosto de 2025.

“Llamen a MAC”

Según el dictamen, el 22 de agosto de 2025, el mismo día en que la sede de Suizo fue allanada, Nuner Uner escribió en el grupo de WhatsApp “Directorio” de la empresa cómo proceder si los contactaba algún medio y avisó que estaban “trabajando en eso”. Diego Viner, director de Compras y primo de los Kovalivker, respondió: “Llamen a MAC”. Para los fiscales, MAC “no sería otro que” Calvete, el lobbista acusado de pagarle sobornos a Spagnuolo. Los mensajes tenían activada la autodestrucción.

Ese mismo 22 de agosto, según el peritaje, el celular de Eduardo Kovalivker, padre de Jonathan y Emmanuel y fundador de la droguería, fue “borrado, restaurado de fábrica y/o reconfigurado”, días antes de que lo entregara. Eduardo no está entre los citados a indagatoria.

El dictamen atribuye a la conducción de Suizo decisiones que no podían tomar “empleados infieles”. Una de ellas fue el desplazamiento de la directora de Presupuesto y Contabilidad de la ANDIS, Mercedes Soledad Capandegui: el 7 de marzo de 2025, ante una consulta del director nacional Daniel Garbellini, Atchabahian le respondió que había hablado con “Seba” —Nuner Uner— y que estaba de acuerdo con el despido. Otra, el vínculo con el propio Atchabahian: Suizo le pagó viáticos “como parte del directorio” y le reservó 33 pasajes aéreos, aunque no figuraba en ningún registro laboral ni facturaba a la empresa. “El ocultamiento del vínculo en los registros societarios fue una determinación que sólo pudo adoptarse desde los órganos de dirección”, concluyen los fiscales.

Un 287% de ganancia, días antes del escándalo

Los chats del área de Tratamientos Especiales de Suizo muestran que la libertad para fijar precios siguió hasta que estalló el escándalo del “3% para Karina”. En agosto de 2025, Martín Pinto, jefe de Control Comercial de Tratamientos Especiales de Suizo, le ofreció a Fernando Domínguez, coordinador de Tratamientos Especiales de la misma droguería, la marca Wilate, un medicamento para trastornos de la coagulación: “Fer, querido, tomate 450 mil pesos […] de costo”. “Dale, crack. Sí, lo tomo, dale, costo 450. Eso seguramente se lo vendo a Génesis”, respondió Domínguez.

Finalmente lo vendió Suizo de manera directa. En la orden de compra 384, abierta el 11 de agosto de 2025 -diez días antes de que estallara el escándalo de los audios de Spagnuolo-, la ANDIS pagó $1.742.401 por cada unidad de Wilate, por 130 unidades: $226,5 millones. Según los fiscales, Suizo “obtuvo una ganancia sobre el costo del 287,2%”. “Esto es tan solo una muestra de que la Suizo Argentina S.A. podía poner el monto que quisiera a ANDIS y este sería abonado”, sostienen.

Los socios del reparto

Para pedir la indagatoria de los dueños y directivos de las otras droguerías, los fiscales reunieron indicios de vínculo directo con Suizo o con funcionarios de la ANDIS. Estos son algunos de los que no habían trascendido:

Dihemo. El 13 de noviembre de 2024, Atchabahian ordenó a Garbellini “frenar y dormir un pago” a Dihemo “lo más que se pueda por estar jugando mal”, según el dictamen. Ese mismo día, Garbellini se autoenvió la foto de una anotación manuscrita: “Dihemo fraccionar los pagos de a poco” y, con una flecha, “Leandro Lopez bocón”. Leandro Antonio López es el gerente general de la droguería. Para los fiscales, el episodio muestra que, si las firmas “jugaban mal”, “se las castigaba”. Dihemo, además, aparece mencionada como una de las empresas “cartelizadas” en un cuaderno de Calvete.

20 de Junio. El mismo 13 de noviembre de 2024, Atchabahian pidió que se invitara a esa droguería a las compulsas. Hasta entonces, el emicizumab —un medicamento de Roche para la hemofilia— se le adjudicaba a Suizo; desde ese mensaje, 20 de Junio pasó a ganar esas compras en las compulsas de noviembre y diciembre de 2024. Según datos de ARCA, las ventas de Suizo a 20 de Junio crecieron “exponencialmente” desde junio de 2024. 20 de Junio y Luley fueron, además, clientas de Suizo durante el período investigado.

Disval. Atchabahian se ocupó “de manera personal de obtener los certificados” para dar de alta a Disval en el sistema de compras de la ANDIS. Una semana después de esa conversación, la droguería —que comercializaba medicamentos con Suizo— fue invitada a su primera compulsa.

Soldist y Seguermed. El 3 de junio de 2024, “once días antes del primer envío de planillas” del reparto, Luis Fernando Segura renunció a la gerencia de Soldist y cedió sus cuotas a Juan Ignacio Sabio, que pasó a ser socio mayoritario. Segura figura también como socio, con el 20%, de Seguermed, cuya gerente y dueña del 80% es Patricia Calderón. En una compulsa de cladribina, Soldist ofreció la marca Mavenclad cinco veces más cara que en la compulsa anterior, lo que para los fiscales pudo servir “para dotar a la cotización de la Suizo Argentina S.A. de un manto de falsa transparencia y competencia”.

Meta. En los chats internos de Suizo, Fernando Domínguez, coordinador de Tratamientos Especiales, comentó que Droguería Meta “se mandó una cagada”, por lo que buscaban otra droguería que cotizara en la ANDIS para medicamentos oncológicos.

Génesis. Domínguez le dijo a Andrés Arnaudo, presidente de Génesis, que consultara con “Seba” el precio al que esa droguería debía cotizar un medicamento. Domínguez también se jactaba ante un compañero de que iba a ser el que más vendía a otras droguerías “con este chanchullito que tenemos nuevo”, que los fiscales identifican con Génesis. Con el Copaxone de 20 mg, un fármaco para la esclerosis múltiple, Suizo le vendió a Génesis a $459.090 la unidad y Génesis se lo facturó a la ANDIS a $1.439.500: un 213% más.

Un testigo, Luis Cella, declaró ante la fiscalía que “simular compulsas” significa acordar entre oferentes para fijar precios altos y dividirse el mercado, y que “más o menos cada droguería debe tener el 20% de lo que compra Incluir Salud”. “Las principales son Suizo, Del Sud, 20 de Junio y Dihemo”.

A esas pruebas se suman otras centrales del caso que ya habían sido difundidas por la prensa:

Qué les imputan

A los Kovalivker, Viner, Nuner Uner, Zarbo, Domínguez y los directivos de las otras droguerías —Génesis, Dihemo, 20 de Junio, Soldist, Seguermed, Luley, Meta, Ultra Pharma, Del Sud, Disval, Hemipharm, Medipharma y Scienza— los fiscales les atribuyen asociación ilícita (a Jonathan Kovalivker y a Nuner Uner, como jefes), defraudación contra la administración pública y negociaciones incompatibles con la función pública. Lijo ordenó, además, la inhibición general de sus bienes.

Se trata de la hipótesis de la acusación. Las indagatorias continúan entre el martes próximo y el 26 de noviembre con los directivos de Del Sud, Dihemo, 20 de Junio, Disval, Hemipharm, Medipharma, Soldist y Seguermed, y con las ampliaciones de Atchabahian y Calvete.

 AR/CRM

Entre la recesión del segundo y tercer trimestre del año (quizás el cuarto no va tan mal) y la inflación que no sólo no baja sino que sube (2,2% en octubre), regresó este jueves un modo de protesta típico de la crisis de 2001. En la avenida Constitución al 7500, en Mar del Plata, organizaciones del Frente de Lucha Piquetero, entre las que se encuentra el Polo Obrero, cortaron una de las manos para protestar frente a un hipermercado Carrefour y reclamar alimentos. Nada de saqueos, como los generalizados de hace 25 años ni como los puntuales de 2013 o 2023. No es la primera vez en el gobierno de Javier Milei que ocurre este tipo de protestas frente a supermercados: el 1 de febrero de 2024, organizaciones de la UTEP se concentraron frente a supermercados de la Ciudad de Buenos Aires y el conurbano para reclamar alimentos para los comedores, en plena discusión de la ley Ómnibus en el Congreso.

Las movilizaciones a los súper han sido habituales en más de una Navidad, cuando el contraste entre los que tienen y los que no se exacerba. En su paso por la Argentina, el papa León XIV habló precisamente de quienes buscan trabajo y de quienes lo tienen pero aun así no logran cubrir las necesidades de su hogar. Está por verse la estela política que dejan el contenido y las formas del sereno pontífice estadounidense-peruano que cautivó a católicos y no creyentes. Un León que no ruge como Milei.

En abril pasado, “el Gobierno dio de baja el programa Volver al Trabajo, que beneficiaba a casi un millón de desocupados que trabajan en comedores, merenderos, limpieza de espacios públicos y recolección, y se está agravando la situación alimentaria”, comenta Eduardo Belliboni, referente del Polo Obrero que afrontará un juicio oral por una denuncia del oficialismo por administración fraudulenta, amenazas coactivas y extorsión a beneficiarios de planes sociales. “El municipio negó cualquier ayuda para las fiestas y las organizaciones resolvieron reclamar una ayuda a los grandes súper”, agregó Belliboni. Guillermo Montenegro retornó el mes pasado a la intendencia de Mar del Plata, después de estar menos de un año como senador bonaerense, apremiado por el deterioro social y de seguridad de su ciudad.

La macroeconomía ya no va bien: recesión más alta inflación se llama estanflación y constituye un problema grave que afecta las cuentas fiscales y la vida de la población. “El empleo formal volvió a caer en agosto”, advirtió este jueves en la red X el investigador del Instituto de Estudios y Formación de la Central de Trabajadores de la Argentina (CTA) Luis Campos, a partir de los nuevos datos de la Secretaría de Trabajo. “La sangría no para. En el mes perdieron su puesto 13.640 trabajadores registrados. Contra noviembre de 2023 se destruyeron 386.232 empleos formales.”

“En el sector privado van 15 meses consecutivos de caída de los asalariados formales”, continuó Campos. “Esta fase de destrucción empezó en junio de 2025 y ya superó con creces el retroceso del primer semestre de 2024. Contra agosto de 2023 se perdieron 309.882 puestos de trabajo. El empleo formal solo creció en Neuquén, Río Negro y muy marginalmente en Tucumán. El empleo registrado en casas particulares también cayó en agosto. Está relativamente estabilizado desde principios de 2025, en niveles que son un 11% más bajos que los de fines de 2019. El salario promedio relevado le ganó a la inflación y volvió a quedar por arriba de noviembre de 2023 (un 1,3%). El problema sigue siendo el nivel: en agosto la mitad de los asalariados registrados del sector privado cobró en mano menos de $1.445.482. El costo social no para de crecer”, concluyó.

Encima los precios no bajan. “Desinflación estancada. Sin estrategia frente a la inercia” se titula un informe que publicó este jueves la consultora C-P tras el dato de inflación de octubre. “La suba se explicó por los (precios) estacionales (5,5%) y los regulados (2,9%) -se refiere a verduras y tarifas-, mientras que destacó positivamente la baja del componente núcleo (1,5%)”, valoró la consultora de Federico Pastrana y Pablo Moldovan. El problema es que la núcleo tampoco parece estabilizada: “Estimamos que en noviembre la inflación marque un 2%. El componente núcleo marcaría una aceleración, producto de un mayor ritmo de alimentos sin estacionales, mientras que estacionales volvería a tensionar al alza. Los regulados volverían a mostrar ajustes en la zona del 2% mensual”, vaticina C-P.

Lejos quedó la promesa de Milei de que en agosto la inflación iba a empezar con cero, es decir, sería menor al 1%. Quizás sí estemos viviendo los mejores 18 meses en décadas, como vaticinó hace medio año el ministro de Economía, Luis Caputo, pero tal vez no nos estamos dando cuenta.

“La estabilidad de la inflación en la comparación interanual (33%, 15 meses en esos niveles) expone las dificultades de la estrategia desinflacionaria”, alertan Pastrana y Moldovan. “A pesar de que el Gobierno logra sostener el ancla cambiaria y salarial, con elevados costos en materia de actividad e ingresos, la política fiscal presiona sobre la inercia vía ajuste de regulados (tarifas) y profundiza las dificultades del programa para desinflar.”

Este panorama se traduce en un consumo en los autoservicios (supermercados chinos y almacenes) que se derrumbó 6,8% en octubre, con lo que acumula una baja del 2,5% en lo que va del año, según la consultora Scanntech. El mes pasado se compró 1,9% menos leche y 0,5% menos aceite, pero crecen las ventas de harina (18,9%) y fideos (14,2%), ingredientes de una dieta de una familia privada de carnes y verduras. Caen también los despachos de bebidas, artículos de cuidado personal y limpieza. Y no es que el comercio electrónico ande mejor: el último Cyber Monday derrapó 6%.

“La estanflación es una consecuencia de ajustar el gasto público para tener superávit y, después de que cayó la recaudación de impuestos, se tuvo que reajustar los envíos a las provincias y bajar el gasto público en materia de gastos de capital (inversión)”, explica el consultor Orlando Ferreres, que fue viceministro de Economía de Carlos Menem y le desea lo mejor al proyecto libertario. “Ahora necesitamos que el salario real crezca en 2027, por las elecciones, para poder ganarlas. Si no, no sé qué pronósticos podemos hacer con cierta confianza de que se cumplan”, advirtió. Pero está claro que una mejora de los sueldos luce como una utopía.

Hay quienes, pese a todo, sostienen el optimismo. “La cifra del IPC (índice de precios al consumidor) no es tan preocupante. El IPC núcleo cayó. Esto puede reflejar la debilidad del consumo”, reconoce Tim Hunter, analista de la consultora británica Oxford Economics. Es decir, si no sube tanto la inflación que no depende de las regulaciones como las tarifas ni de la estación como las frutas y verduras, es porque hay pocas ventas y los fabricantes y comerciantes no pueden remarcar.

En el relevamiento de bancos y consultoras de la firma FocusEconomics, la Argentina crecería sólo 1,7% en 2026 y 2,5% en 2027. Sin embargo, para el próximo año electoral hay quienes son muy poco optimistas: Banco Galicia prevé una expansión de apenas 1,7%; Deloitte Econosignal, 1,3%; EcoGo, de Marina Dal Poggetto, 1,1%; Equilibra, de Martín Rapetti, Lorenzo Sigaut Gravina, Diego Bossio y Lorena Giorgio, 1,7%, y el Itaú Unibanco, 1,5%. Entre los factores de fondo que limitan la actividad figuran la austeridad fiscal, la creciente incertidumbre empresarial sobre el resultado de las elecciones generales de 2027, la fuerte apreciación real del peso desde comienzos de año y la mayor competencia de las importaciones, según FocusEconomics.

La inflación, a su vez, se ubicaría en el 21,1% en 2027, según el consenso del mercado, aunque están los pesimistas que vaticinan hasta un 27%, como Ecolatina, la consultora donde los cálculos están a cargo de dos economistas de bajo perfil, Juan Pablo Paladino y Bruno Bonfanti. Habrá que ver si su pronóstico irrita a la dupla Milei-Caputo.

Claro que el ministro de Economía se molestó más por las interpretaciones sobre la visita del Papa. Católico, de misa frecuente en una iglesia de curas agustinos, la orden de Robert Prevost, Caputo escribió en X: “A la gente que no tiene fe le cuesta procesar situaciones como las vividas estos días. Le buscan un costado racional que no tiene y que idealmente avale sus sesgos, cualquiera sea. Es una reacción natural. Creo que la visita de @Pontifex_es fue extraordinaria para la grandísima mayoría de los argentinos, entre otras cosas, porque sus mensajes, profundos todos, hacen a las raíces de nuestra religión, y nada tuvieron que ver con la política. Esa fue la mejor parte. Fue sano”.

El ministro pareció olvidar el discurso inicial del viaje de León XIV, frente a él, Milei, el gabinete, el oficialismo y la oposición, en el que enumeró los sectores ajustados y enfrentados por las políticas del Gobierno, desde la discapacidad, las universidades, la ciencia, los jubilados, los trabajadores que no cubren sus gastos básicos y el medio ambiente hasta los pueblos originarios y los inmigrantes, ambos colectivos perseguidos por desalojos y deportaciones. Sólo le faltó al Papa agustino reproducir aquella frase de San Agustín de que “lo superfluo de los ricos es lo necesario de los pobres”. “Cuando se posee lo superfluo, se posee lo ajeno”, decía el santo 16 siglos antes de este presente en el que el único consumo que crece es el de lujo, mientras los que menos tienen vuelven a poner la ñata frente al vidrio del supermercado.

AR

En medio del debate sobre el rumbo económico de la Argentina, se presentó un programa alternativo con 15 propuestas orientadas a pensar un modelo de desarrollo que combine estabilidad macroeconómica, crecimiento productivo y distribución del ingreso. El documento cuestiona un esquema que, según plantea, consolida una economía dividida entre sectores exportadores primarios que crecen y una industria nacional y un empleo formal que retroceden.

Bajo el título Programa económico para un futuro mejor. 15 propuestas para pensar la Argentina que viene, el trabajo de la organización Futuros Mejores propone pasar de la crítica a la elaboración de alternativas y sostiene que la discusión económica no debería comenzar y terminar en el déficit fiscal, sino incorporar una estrategia de desarrollo que articule producción, estabilidad y equidad.

La iniciativa se organiza en cuatro grandes ejes: un plan productivo que aproveche las oportunidades de los sectores exportadores para desarrollar otras actividades; una estrategia macroeconómica que sostenga ese proceso; un programa distributivo que ubique al trabajo como motor de la equidad; y la construcción de un Estado inteligente y eficaz.

El resumen ejecutivo fue elaborado a través del diálogo con más de 40 espacios del campo nacional, popular y progresista. Futuros Mejores se define como una organización de jóvenes profesionales con experiencia en la gestión pública y plantea que su objetivo es discutir ideas por encima de nombres.

Industria, minería y energía: las propuestas para cambiar la matriz productiva

El primer capítulo del programa está dedicado a identificar los sectores que podrían convertirse en motores de crecimiento y generación de empleo. La propuesta apunta a vincular los recursos naturales con las capacidades productivas nacionales, para evitar que el desarrollo quede limitado a la extracción y exportación de materias primas.

Entre las actividades que busca impulsar aparecen la biotecnología agrícola, la electromovilidad, la química aplicada y el procesamiento local de los recursos mineros. El objetivo es desarrollar una red de proveedores nacionales que permita ampliar el valor agregado y multiplicar las oportunidades laborales.

El documento también incluye a la economía del conocimiento y al turismo como sectores capaces de generar divisas y empleo joven y federal.

Para fortalecer la industria, Futuros Mejores propone mejorar la competitividad a través de inversiones en infraestructura de transporte, transferencia tecnológica para pequeñas y medianas empresas, certificaciones de calidad y financiamiento productivo. La protección industrial, sostiene, debe estar vinculada con metas exigibles de productividad e innovación y tener plazos definidos.

Como antecedente, el documento señala que entre las pymes que participaron de programas de desarrollo de proveedores, el 85% contrató más personal y el 97% mejoró su productividad.

En materia agropecuaria, la propuesta busca superar la dicotomía entre campo e industria. Para eso plantea invertir en ferrocarriles de carga, puertos y caminos rurales, con el objetivo de ampliar la capacidad exportadora y, al mismo tiempo, garantizar el abastecimiento de carnes, lácteos y verduras a precios accesibles.

También propone que el Estado nacional recupere, junto con las provincias, presencia en la regulación de las terminales de almacenamiento y embarque. A su vez, plantea tomar como referencia la experiencia de YPF Agro para crear una agencia nacional de insumos que permita sustituir importaciones.

El potencial energético ocupa otro lugar central. La organización propone destinar parte de los recursos del superávit energético a ampliar las redes eléctricas de alta y media tensión y facilitar la integración de proyectos renovables. Además, plantea crear un fondo de desarrollo financiado con parte de la renta energética para impulsar proveedores nacionales, obras estratégicas y capacidades tecnológicas.

Inflación, dólar y deuda: qué orden macroeconómico plantea

El segundo eje del programa está dedicado a la política macroeconómica. Para Futuros Mejores, la reducción de la inflación debe abordarse de manera simultánea sobre sus tres causas, sin trasladar los costos del proceso a los trabajadores asalariados y los jubilados.

La propuesta incluye una acumulación sostenida de reservas y una inflación que permita a las familias, las empresas y el Estado recuperar la capacidad de planificación. También establece una secuencia de objetivos: estabilizar la economía frente a los shocks en el corto plazo, mejorar el perfil de la deuda y acumular reservas en el mediano plazo, y promover inversiones para el crecimiento con inclusión en el largo plazo.

En relación con el endeudamiento externo, el documento sostiene que el principio debe ser “crecer para pagar”. En ese sentido, propone ordenar los vencimientos y orientar el financiamiento externo hacia el desarrollo productivo y la infraestructura estratégica, en lugar de destinarlo a la fuga de capitales o la especulación.

La construcción de fuentes genuinas de divisas aparece como otra prioridad. Para conseguirlo, plantea diversificar las exportaciones, acumular reservas y regular los flujos de capitales.

Sobre la política cambiaria, el programa propone avanzar hacia un Tipo de Cambio Real Competitivo y Estable (TCRCE), mediante un esquema explícito de flotación administrada, con bandas predecibles e intervención activa del Banco Central. El objetivo es sostener la rentabilidad de la producción nacional, diversificar las exportaciones y preservar el poder adquisitivo mediante políticas de ingresos.

En materia fiscal, la organización propone compatibilizar el orden de las cuentas públicas con la estabilidad económica y la reconstrucción del mercado de deuda en pesos. También plantea evaluar el gasto público por sus resultados concretos: cuánto contribuye al desarrollo, a la creación de empleo y a la provisión de bienes y servicios.

Reforma tributaria, empleo y jubilaciones: las medidas distributivas

El tercer bloque reúne propuestas vinculadas con la distribución del ingreso y la protección social. Uno de los puntos es la reforma del sistema tributario, con el objetivo de hacerlo más progresivo. Para eso, el documento propone fortalecer los impuestos directos sobre los ingresos, los patrimonios y las rentas del capital, además de ampliar la base tributaria mediante la reducción de la evasión y la elusión.

También plantea revisar los regímenes de promoción y las exenciones vigentes, y condicionar su continuidad a la generación comprobable de empleo y valor agregado.

En el mercado laboral, Futuros Mejores identifica a las casas particulares, el comercio, la construcción y las microempresas como sectores donde se concentra la informalidad. Frente a ese escenario, propone diseñar políticas de formalización específicas para cada actividad, con mecanismos de fiscalización que aprovechen la bancarización y la presunción fiscal.

El trabajo en plataformas digitales también forma parte de la agenda. La organización propone reconocer las relaciones laborales que se generan en ese ámbito y garantizar negociación colectiva, cobertura frente a riesgos, aportes empresariales y transparencia algorítmica.

En cuanto al sistema previsional, el documento plantea ampliar las fuentes de financiamiento a través de la reducción de la evasión, la tributación de rentas extraordinarias y la revisión de exenciones. Además, propone reemplazar las moratorias temporales por un mecanismo de inclusión previsional permanente y reformular integralmente la Pensión Universal para el Adulto Mayor (PUAM), que, según el diagnóstico del programa, actualmente no funciona como un piso de ingresos suficiente.

La política social, por su parte, debería contemplar las distintas realidades de los trabajadores informales, las cuidadoras, los cuentapropistas, los cooperativistas y las personas desempleadas. La propuesta es establecer criterios específicos para cada situación, pero con acceso universal y requisitos claros que reduzcan la discrecionalidad.

Uno de los planteos más ambiciosos está vinculado con el trabajo de cuidados. El programa propone crear un Sistema Nacional de Cuidados que registre y remunere a las cuidadoras comunitarias, reconozca económicamente el cuidado familiar y amplíe la infraestructura de servicios y las licencias. Según las estimaciones incluidas en el documento, una política integral en este campo podría generar más de un millón de puestos de trabajo.

Un Estado con planificación y soberanía tecnológica

El último eje está dedicado al funcionamiento del Estado. Futuros Mejores propone construir un sistema de datos compartido entre las distintas áreas de gobierno para mejorar la planificación y la eficiencia de las políticas públicas.

En ese marco, plantea fortalecer el INDEC, ampliar su capacidad y frecuencia de producción estadística y avanzar hacia un organismo con mecanismos de trabajo auditables, que incluyan a la oposición política para garantizar mayor transparencia, calidad y confiabilidad en los datos.

La soberanía tecnológica también aparece entre las prioridades. El documento propone invertir en infraestructura digital pública, fortalecer el centro de datos de ARSAT y sostener la investigación local para que el país pueda almacenar, procesar y administrar su información estratégica.

La meta es que el Estado no se limite a ser cliente o regulador de tecnologías desarrolladas en el exterior, sino que también tenga capacidad de creación y desarrollo. Para eso, plantea impulsar alianzas regionales que permitan compartir costos, mejorar el poder de negociación y evitar la dependencia de corporaciones externas.

Una discusión sobre el modelo de desarrollo

Las 15 propuestas de Futuros Mejores buscan instalar una discusión que excede las variables de corto plazo. El documento plantea que la estabilidad macroeconómica debe estar al servicio de un proyecto productivo y que el crecimiento de los sectores exportadores tiene que traducirse en más empleo, valor agregado y desarrollo para el conjunto de la economía.

La iniciativa combina instrumentos de política industrial, cambiaria, fiscal y social con una mayor intervención estatal en áreas estratégicas. Su diagnóstico parte de la existencia de una economía desigual y propone una alternativa basada en la articulación entre producción, distribución y planificación pública.

NB

El gobierno de Javier Milei continúa sin poder frenar la inflación: el índice de precios se aceleró a 2,2% en octubre respecto al mes anterior, informó hoy el Instituto Nacional de Estadísticas y Censos (INDEC).

La magnitud de la suba del índice medido por el INDEC incluso superó las expectativas de analistas privados. La sociedad de bolsa Adcap había estimado una suba del 1,8% en octubre, 40 puntos básicos por encima de la cifra divulgada hoy.

El índice también superó al indicador de la Ciudad de Buenos Aires, que había registrado una suba del 1,9% en octubre respecto al mes anterior, según datos del Instituto de Estadística y Censos de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires (IPCBA) difundidos ayer.

El rubro que registró mayores alzas en la medición nacional fue el de vivienda, agua, electricidad, gas y otros combustibles (4,2%), impulsado por la suba de tarifas de servicios públicos y el aumento en los precios internacionales de la energía. El principal factor detrás del alza fue el aumento en el costo del gas, informó el INDEC.

Los precios regulados aumentaron 2,9% por las subas en las tarifas de gas y la reforma del régimen de Zona Fría, que impactó con más fuerza en las regiones Pampeana, Cuyo y Patagonia, según un informe de Adcap.

En segundo lugar, se ubicó el rubro Recreación y cultura, con un alza del 3,3%, seguido de Bienes y servicios varios (2,3%), prendas de vestir y calzados (2,2%), transporte (2,1%), comunicación (2%), y alimentación y bebidas no alcohólicas (2%).

Las dos divisiones que registraron las menores variaciones a nivel nacional fueron Bebidas alcohólicas y tabaco (0,8%) y Educación (1,3%), informó el instituto.

La variación acumulada del índice de precios es de 26,3% en lo que va de 2026, mientras que la suba interanual fue de 33,1% respecto al mismo mes del año pasado.

“El dato fue mayor al esperado”, señaló Lorenzo Sigaut Gravina, director de análisis macroeconómico de la consultora Equilibra. “Es el segundo mes consecutivo de aceleración, lo que muestra que efectivamente la inflación es un hueso duro de roer y que está enquistada en torno al 2% mensual, si uno ve la película de los últimos 12 meses”.

“Lo que impulsó mucho el mes pasado fueron los precios regulados, que subieron casi 3%, y los estacionales, que subieron 5% y pico, sobre todo por subas de verdura y, en menor medida, de ropa”, agregó el economista.

La suba en el índice estuvo impulsada fuertemente por verduras y tarifas, coincidió un informe de research de la administradora de activos Puente. En particular, habría impactado la modificación del régimen de zonas frías en el subíndice de regulados, añadió la firma.

“La corrección de precios relativos, las tarifas y los servicios regulados vienen subiendo por encima de la inflación de bienes,” explicó Ignacio Amigorena, economista de la Universidad Nacional de La Plata.

El aumento de los precios de la energía como resultado de la guerra en Medio Oriente también afectó los precios locales. “Si bien YPF viene amortiguando el traslado al surtidor, igualmente tuvo impacto”, explicó Amigorena. Además, según el economista, la demanda de activos en pesos sigue baja.

“Nadie quiere tener pesos ni bonos en pesos. Todo esto hace que sea muy difícil que las expectativas de inflación bajen del 2%”, añadió el economista.

Un informe de Adcap divulgado el miércoles destacó que la inflación “no logra perforar el 1,8%” mensual. La marca más bajo se registró en agosto de este año, cuando el índice registró un aumento del 1.7% respecto al mes anterior.

La inflación núcleo en el mes de octubre, en tanto, se ubicó en 1.5% mensual. “Esto fue el dato más bajo desde julio de 2025. Habrá que ver si el nivel general converge a la núcleo una vez que estos factores puntuales se superen, aunque es posible que se vea el impacto de zonas frías en noviembre también”, según Puente.

Para Sigaut, ese dato “abre un poco de esperanza para noviembre”. Una vez pasado el cambio de estación primavera-verano, que impacta en el rubro indumentaria, y si los precios estacionales están más tranquilos y los precios regulados no suben tanto como en octubre —ya hay una señal clara que fue el Gobierno aumentando subsidios en transporte en el AMBA—, la inflación podría volver debajo del 2% en noviembre, aunque siempre rozando el 1,8% o 1,9%, agregó el economista.

La multinacional estadounidense Stanley Black & Decker confirmó el cierre de su establecimiento dedicado a la fabricación de discos abrasivos y la desvinculación de los 61 empleados que se desempeñaban allí. La medida reaviva el debate sobre el impacto de la apertura comercial, la pérdida de competitividad industrial y el futuro del empleo fabril en la Argentina.

La decisión llegó de manera abrupta para los trabajadores. Cuando se presentaron a cumplir su jornada laboral en la planta de Justo Daract, en San Luis, encontraron personal de seguridad, representantes de recursos humanos y abogados de la compañía. La fábrica ya no volvería a producir.

Aunque la compañía descartó abandonar el país, el cierre representa uno de los movimientos industriales más significativos de las últimas semanas y se suma a una serie de señales de alerta provenientes de distintos sectores manufactureros.

El final de una planta que producía para la industria

La fábrica de Justo Daract producía discos abrasivos utilizados para cortar, desbastar y pulir materiales en actividades industriales, de construcción, minería, mantenimiento y reparación. La operación formaba parte del esquema productivo regional de Stanley Black & Decker, una de las mayores fabricantes mundiales de herramientas y equipamiento industrial.

Según informó la empresa, la decisión fue tomada luego de una revisión integral de la sustentabilidad y eficiencia de la planta frente a los cambios registrados en el mercado argentino. La firma calificó la medida como “difícil e inevitable” y aseguró que mantendrá sus operaciones comerciales en el país.

Desde la compañía sostuvieron además que su presencia en la Argentina no está en discusión y que continuarán trabajando con distribuidores, clientes y socios comerciales locales.

El comunicado: “Stanley Black & Decker confirma el cierre de su planta industrial en Justo Daract, provincia de San Luis. La planta fabricaba discos abrasivos, uno de los múltiples productos del portafolio local de la compañía. El cierre implica la desvinculación de los 61 empleados que trabajan en la planta. Stanley Black & Decker reafirma su pleno compromiso con la Argentina. La compañía seguirá operando en el país, como lo ha hecho durante más de 30 años, preservando sus valiosas relaciones con socios locales, distribuidores y clientes. Nuestra presencia en la Argentina no está en discusión”.

Importaciones, Brasil y caída de la demanda

Detrás del cierre aparecen varios factores que reflejan las dificultades que atraviesa una parte de la industria nacional.

Fuentes gremiales y empresarias coincidieron en señalar la creciente competencia de productos importados, particularmente provenientes de China, como uno de los elementos que erosionaron la competitividad de la planta puntana.

A eso se sumó la reducción de oportunidades en el mercado brasileño, uno de los principales destinos de exportación de este tipo de productos. Según diversas fuentes vinculadas al caso, cuando las ventas externas comenzaron a perder dinamismo, la planta intentó redireccionar parte de su producción al mercado interno, aunque sin resultados suficientes para sostener la actividad.

La contracción de la construcción y la paralización de buena parte de la obra pública también aparecen entre los elementos que deterioraron la demanda de productos vinculados con maquinaria y equipamiento industrial.

Un conflicto abierto por las indemnizaciones

El cierre abrió además una disputa entre la empresa y los trabajadores respecto de las compensaciones económicas.

La Asociación Obrera Minera Argentina (AOMA), sindicato que representa a los empleados de la planta, rechazó los términos planteados inicialmente y exigió el pago completo de las indemnizaciones.

Los trabajadores permanecieron en las instalaciones para custodiar las maquinarias y respaldar sus reclamos mientras avanzaban las negociaciones.

La controversia se profundizó porque distintas versiones públicas plantearon diferencias respecto de la aplicación de los mecanismos indemnizatorios previstos por la legislación laboral. Mientras el gremio denunció intentos de reducir los montos, la empresa afirmó que cumplirá con las obligaciones correspondientes y acompañará a los empleados afectados durante la transición.

La empresa se queda, pero cambia el modelo

El cierre de Justo Daract no implica la retirada de Stanley Black & Decker del mercado argentino.

La compañía confirmó que continuará operando en el país y que la producción de los discos abrasivos dejará de realizarse en esa planta para pasar a otros esquemas productivos, incluyendo terceros especializados.

La empresa también conserva otras operaciones industriales en territorio argentino, entre ellas instalaciones vinculadas a productos abrasivos y a su red comercial histórica.

La decisión refleja una tendencia cada vez más visible entre multinacionales industriales: mantener presencia comercial en el mercado local mientras reducen o transforman estructuras manufactureras que consideran menos competitivas.

Otra señal para la industria argentina

El cierre de la planta puntana trasciende los 61 puestos de trabajo perdidos.

La situación funciona como un indicador de las tensiones que atraviesa el aparato productivo argentino en un contexto de mayor apertura comercial, caída de la actividad en sectores clave y creciente presión de productos importados.

Para los defensores de la liberalización económica, se trata de un proceso de reestructuración inevitable que obliga a las empresas a ganar eficiencia y especialización. Para los sindicatos y sectores industriales, en cambio, representa una advertencia sobre el riesgo de una desindustrialización gradual y la pérdida de capacidades productivas construidas durante años.

Mientras ese debate continúa, en Justo Daract la discusión tiene una dimensión más concreta: 61 trabajadores intentan resolver su situación laboral después de que una de las marcas más reconocidas del mundo de las herramientas decidiera apagar definitivamente sus máquinas.

Con información de agencias.

El Instituto Nacional de Estadísticas y Censos (INDEC) dará a conocer el dato del Índice de Precios al Consumidor (IPC) de octubre, que, según estimaciones, se mantendría sin grandes variaciones a la de los últimos meses, en torno al 2%.

El organismo nacional informará detalles del costo de vida a las 16. El foco está puesto en si los precios siguen la senda alcista o si retoman la expectativa gubernamental de ubicarse por debajo del 2%.

La variación de los precios se fue desacelerando desde abril, pero desde julio se vienen intercalando meses de aceleración con otros de ralentización en el ritmo del IPC. En octubre se habría producido una leve desaceleración tras el avance de septiembre, según las consultoras relevadas por la Agencia Noticias Argentinas.

Entre 1,8% y 2,1%

El Relevamiento de Expectativas de Mercado (REM), que elabora el Banco Central sobre la base de las estimaciones privadas, previó que la inflación del décimo mes de 2026 habría sido del 1,8% y espera que la inflación interanual alcance el 30,4% a fin de año.

La Fundación Libertad y Progreso calculó la inflación de octubre en el 1,8%. Con este resultado, la inflación acumulada en el año alcanzaría el 25,9%, mientras que la variación interanual se ubicaría en el 32,7%.

Desde Equilibra calcularon que el Índice de Precios al Consumidor (IPC) se ubicó en el 1,8% en el décimo mes del año, lo que implica un descenso de 0,1 puntos porcentuales respecto de septiembre, y proyectaron una leve baja de la inflación núcleo al 1,6% (-0,1 puntos). También prevén un avance de la inflación subyacente al 1,9%.

Al explicar el resultado del mes, indicaron que “los precios estacionales liderarían por segundo mes consecutivo (+2,7%) impulsados por verduras (5,4%)” y agregaron que “los regulados subieron 1,8%, con transporte público (+3,3%) por encima del resto”.

En sintonía con otros índices, la medición de C&T Asesores Económicos precisó que el IPC tuvo un alza del 1,9%, “influido por los productos estacionales, que subieron muy por encima del promedio”. La inflación núcleo se redujo levemente al 1,8%.

Por su parte, Analytica estima que la inflación nacional en octubre pasado fue del 2%, una leve aceleración respecto al 1,9% registrado en septiembre. La principal presión sobre el índice proviene del rubro de alimentos y bebidas.

Solamente EcoGo proyecta un avance mayor en los precios minoristas, siendo del 2,1% para el décimo mes. Al explicar el dato, indicó que “la aceleración del índice general respondió al comportamiento de los rubros regulados (3,1%) y estacionales (3,7%)”.

Como referencia, la inflación de la Ciudad de Buenos Aires, que sirve como anticipo del dato nacional, subió al 1,9% en octubre, acelerándose levemente respecto de septiembre (1,8%) y sumando el segundo mes consecutivo en ascenso.

La variación de la inflación en el año, mes a mes

Empresas nacionales y multinacionales, junto con algunos de los principales empresarios de la Argentina, contribuyeron con más de tres millones de dólares para financiar la visita del papa León XIV al país, que se desarrolló entre el 8 y el 11 de noviembre. A los aportes económicos se sumaron donaciones de vehículos, equipamiento y distintos servicios necesarios para la organización de las actividades del pontífice.

De acuerdo con la información proporcionada por la Conferencia Episcopal Argentina (CEA), el sector privado reunió algo más de US$ 3 millones. Esa cifra no incluye las contribuciones realizadas mediante la provisión de bienes y servicios, que también formaron parte del operativo desplegado durante los cuatro días de la visita.

La nómina de empresas que colaboraron con la organización reúne a algunas de las principales compañías que operan en el país, entre ellas Corporación América, Santander, Edenor, Edemsa, Mercedes-Benz, Grupo Techint, Vista Energy, Toyota, Toyota Kansai, Movistar, Accenture, OSDE y PwC.

También figuran Mercado McCann, Hoopla, Dolmen Buenos Aires Hotel, Dòkita, Bodegas CARO, Quento Snacks, Establecimiento Metalúrgico GCD, De Petris, Marriott Buenos Aires, Andreani, Leguizamón Pondal, la Confederación Argentina de la Mediana Empresa (CAME), La Rural, la Universidad Católica Argentina (UCA), la Universidad Católica de La Plata (UCALP) y la Oficina del Libro de la CEA.

Además de las contribuciones institucionales, hubo aportes individuales de empresarios de distintos sectores de la economía. Entre ellos aparecen Jorge Brito, presidente del Banco Macro; José Luis Manzano, vinculado a Edenor y Edemsa; Eduardo Eurnekian, de Corporación América; Paolo Rocca, del Grupo Techint; Miguel Galuccio, de Vista Energy; y los hermanos Marcos y Alejandro Bulgheroni.

Una de las colaboraciones más importantes en términos materiales fue la de Toyota, que fabricó y donó dos papamóviles a partir de camionetas Hilux producidas en su planta de Zárate. Los vehículos fueron acondicionados por la empresa Vallé Equipamientos para permitir los desplazamientos del pontífice y su contacto con los fieles.

Por su parte, Santander y Mercedes-Benz participaron en el financiamiento de los kits destinados a los voluntarios que colaboraron con la organización de las actividades realizadas en Buenos Aires, Córdoba y Luján.

El esquema de financiamiento de la visita combinó fondos del Estado nacional, recursos de la Iglesia católica y contribuciones privadas. A estas fuentes se agregaron las donaciones de los fieles, canalizadas mediante colectas y a través del Programa FE.

De esta manera, una parte de los gastos que demandó la presencia de León XIV en la Argentina fue cubierta por un conjunto de compañías y empresarios de sectores tan diversos como la energía, las finanzas, la industria automotriz, las telecomunicaciones y los servicios.

Con información de la agencia NA

Durante años, Paraguay fue presentado como la excepción de la región: estabilidad macroeconómica, inflación baja, deuda moderada y un paraíso fiscal para la inversión. La intervención de Ueno Bank, el mayor banco digital del país, cambió el tono de la conversación. El 3 de noviembre, el Banco Central del Paraguay (BCP) abrió el procedimiento de resolución de la entidad, que tiene unos 3 millones de clientes y administra cerca de US$850 millones en fondos públicos. El presidente Santiago Peña fue socio del grupo dueño del banco hasta marzo de 2025, y la oposición anunció que impulsará su juicio político.

“La mirada del milagro económico paraguayo, así como se da a nivel internacional y como se habla aquí también, es solamente macroeconómica”, dice la economista Verónica Serafini, investigadora del Centro de Análisis y Difusión de la Economía Paraguaya (CADEP). Alhelí Cáceres, economista y presidenta de la Sociedad de Economía Política del Paraguay (SEPPY), va más lejos: “Yo no hablaría de un milagro económico, sino más bien de un modelo de acumulación de capital”. Y Salomón Ramírez Santa Cruz, empresario paraguayo radicado en la Argentina, donde fabrica calzado, lo resume a su manera: “El modelo paraguayo ya explotó”.

Crecimiento

Para Cáceres, el producto puede crecer por tres vías: por la presión de los precios internacionales, por una ampliación real de las capacidades productivas o por aumentos de productividad y competitividad. “En el caso paraguayo no estamos hablando de ninguno de esos”, sostiene. “No hay una transformación de la matriz productiva ni mayores niveles de productividad. Es un crecimiento que se sostuvo en el peso que siempre tuvo el sector primario exportador, con precios internacionales bastante volátiles”. Entre 2001 y 2025 creció al 3,5% anual promedio, incluso un 6,6% el último año.

Según la investigadora, Paraguay creció más que otras economías de la región, pero “fundamentalmente anclado a la variación de los precios de las materias primas” que exporta. Al desagregar el PIB aparece otra cara: los servicios y la intermediación son el sector que más empleo genera y el de mayor participación en el producto. El agro, además, sirvió históricamente para apalancar otras actividades, como la logística y la intermediación financiera.

Serafini recuerda que los economistas no ortodoxos advierten sobre el modelo desde hace años, incluso durante el auge de las materias primas. “Señalamos que no tenía un efecto multiplicador importante”, dice. Por eso, explica, Paraguay figura en los indicadores de desarrollo entre los niveles más bajos de América Latina: “Más cerca de Centroamérica que del promedio latinoamericano, y muy lejos del Cono Sur”. El índice de desarrollo humano (IDH) de la ONU ubica a Paraguay en el puesto 13 de los 19 países latinoamericanos, por detrás de Argelia y Cuba, apenas encima de Egipto y Líbano, en la posición 99 de los 193 de todo el mundo.

“Si hablamos de desarrollo, de un milagro, no solamente tenemos que ver las condiciones para las grandes inversiones o para la inversión extranjera directa, sino a la población en general”, plantea Serafini. La economista ubica un punto de quiebre. Los indicadores sociales mejoraron entre 2003 y 2013, pero empezaron a deteriorarse desde 2014. “No hemos hecho reformas en los sistemas de salud ni en los educativos”, afirma. Ramírez Santa Cruz pone el contraste en cifras propias: Paraguay “produce alimento para más de 100 millones de personas”, pero una parte de su población todavía pasa hambre. Cáceres agrega un factor que, dice, “no puede perderse de vista cuando uno analiza la economía paraguaya en su conjunto”: el costo socioambiental del modelo de acumulación basado en el agronegocio.

Inflación, déficit y deuda

La baja inflación, uno de los pilares del relato, “es bastante discutible”, según Cáceres. El primer problema es institucional: en Paraguay no hay un organismo independiente del Banco Central que mida los precios. “En la Argentina tenés el Indec. En Paraguay, el Instituto Nacional de Estadística no mide la inflación; solo lo hace el BCP, que es el mismo rector de la política monetaria”, explica. “La misma institución que debe regular la variación de precios establece los mecanismos para medirla.”

El segundo problema es la canasta. La investigadora señala que los alimentos subieron con fuerza mientras la inflación mensual oficial rondaba el 0%. Los datos del propio BCP lo muestran: en 2025 los alimentos aumentaron 7,1%, más del doble que la inflación general (3,1%), y desde agosto de 2023 acumulan una suba de 23%. En agosto de este año, en cambio, la inflación mensual fue de 0%. “Es relativo este tema de la inflación”, resume.

Serafini advierte que, si se miran los indicadores de manera desagregada, “aun a nivel macro ya muestran deterioro, incluso el nivel de deuda”. Coincide en que la estabilidad se fue deteriorando por dos vías: el déficit público y la inflación de alimentos. También advierte sobre la deuda del Estado. El ratio del pasivo sobre PIB (34%) puede parecer bajo frente a otros países, dice, pero con una presión tributaria de 11% del PBI (en Argentina es 27%) “lo que tenemos de ingresos tributarios no es suficiente para pagar la deuda”. Su recaudación es de las más bajas de Latinoamérica. “Por eso necesitamos endeudarnos para pagar deudas anteriores”. Cáceres agrega que el país arrastra “un déficit fiscal estructural desde hace décadas”, que se expresa en “un deterioro persistente de las condiciones de vida de la población”.

Impuestos e inversiones

El bajo nivel de impuestos está en el centro del problema. “Prácticamente no existen impuestos al capital. La mayor parte del peso recae sobre impuestos indirectos que gravan el consumo, como el IVA”, explica Cáceres.

Para la investigadora, el sistema es regresivo: carga el sostenimiento del Estado sobre los trabajadores, que son quienes más aportan a la recaudación vía IVA. “Los capitales más concentrados prácticamente no pagan impuestos. El sector financiero no paga impuestos sobre las ganancias, el sector agroexportador no paga impuestos por las exportaciones de soja o de carne”, afirma. Ramírez Santa Cruz lo dice con menos vueltas: hay “poco impuesto para los ricos”.

Serafini conecta la baja tributación con la calidad de la inversión. “Con eso es imposible financiar un país, una política productiva, una política industrial, una política energética”, dice. Eso, agrega, impide recibir inversión extranjera de calidad: llegan las inversiones que es posible desarrollar “con este bajo capital humano, con baja calidad de la infraestructura y de los servicios públicos”. “Aspiramos a inversiones de mayor calidad, pero para eso necesitamos invertir más. Y para invertir más necesitamos más recursos tributarios y mayor fortaleza institucional, y que no pase lo que está pasando hoy”, dice en referencia a Ueno.

Cáceres identifica tres imanes para el capital. El primero es regulatorio. El régimen de la ley 60/90, que promovía la inversión, fue reemplazado el año pasado por la ley 7548/2025, que amplió sus beneficios. A partir de inversiones de US$13 millones el Estado garantiza la repatriación total de las utilidades, sin exigir infraestructura u otra contrapartida que quede en el país. Esos proyectos quedan exentos del impuesto a los dividendos y utilidades durante diez años, y también del impuesto sobre los intereses de los préstamos que se remiten al exterior. Los incentivos tienen un tope de 20 años, que en grandes iniciativas puede extenderse.

El segundo imán es la mano de obra barata: “El grado de precarización de los trabajadores y de sus salarios es uno de los principales motivos de atracción”, según Cáceres. El tercero es la baja carga impositiva. “Mientras más baja sea la presión tributaria, más límites va a tener el Estado para maniobrar en política fiscal, social y de gasto público”, advierte. “Se construye una narrativa de estabilidad macroeconómica, baja inflación, casi un paraíso para las inversiones. Pero eso tiene un costo, y ese costo lo pagamos los trabajadores con condiciones precarias de vida.”

Pobreza, empleo y jubilaciones

Serafini admite que la pobreza bajó, pero aclara que “la población sigue viviendo en condiciones de mucha vulnerabilidad”. Según el INE, la pobreza monetaria bajó de 19,6% en 2024 a 16,0% en 2025, y la extrema, de 3,7% a 2,4%. El propio instituto estima que, sin las transferencias del Estado, la pobreza total habría sido de 19,9%. No se puede hablar de un milagro cuando el 70% de la población gana menos del salario mínimo y no cuenta con condiciones laborales mínimas, como la seguridad social“, dice. Para ella, los déficits más graves están en la protección social y la calidad del empleo.

Cáceres pone el foco en cómo se construyen las cifras. “Los datos se construyen para legitimar determinados relatos”, afirma. Según la investigadora, el INE cambió aspectos metodológicos que terminan reduciendo en las estadísticas la informalidad laboral, la desocupación y la pobreza. Por ejemplo, empezó a contabilizar en la medición de la pobreza el impacto en las familias del programa Hambre Cero. Ramírez Santa Cruz lo explica así: “Es una fantasía grande, en la que unos pocos se reparten y administran toda la riqueza del Paraguay, y hay gente que no participa en eso”.

Según Cáceres, la economía es “estructuralmente incapaz de incorporar todo el excedente de fuerza de trabajo que va generando la expansión del agronegocio”. La informalidad se ubicó en 60,1% en 2025, según el INE. “Eso significa que la gran mayoría nunca se va a jubilar, percibe salarios por debajo del mínimo legal y no tiene acceso a la seguridad social”, describe. “Esa es la economía paraguaya y así vive la población”. Paraguay también tiene uno de los niveles de sindicalización más bajos de la región, agrega.

Cáceres calcula que menos del 20% de los trabajadores aporta al sistema previsional. Serafini aporta los datos del otro extremo: solo el 10% de la población mayor tiene una jubilación contributiva, que en promedio ronda un salario mínimo. El 90% restante depende de la pensión no contributiva. Ha habido una ampliación de esas pensiones, un avance, reconoce Serafini, pero el monto equivale al 25% del salario mínimo. “Es totalmente insuficiente para una persona mayor, que necesita cuidados, medicamentos, alimentación especial, adaptar su vivienda para moverse con libertad”, enumera. “Una persona mayor necesita más que un salario mínimo, y la pensión es del 25%”. A eso se suma que “no tenemos políticas de cuidado en un país que está envejeciendo”.

Salud y educación

“No tenemos un sistema de salud”, afirma Serafini. Casi la mitad del gasto en salud sale del bolsillo de las familias. “Eso significa que si no tienen ingresos no pueden acceder al sistema, o acceden parcialmente, sin medicamentos ni los tratamientos que requieren”.

Cáceres describe un Estado “incapaz de garantizar en términos estructurales el acceso a servicios públicos elementales”. Recuerda que hace unos meses hubo una crisis sanitaria: los hospitales públicos no tenían medicamentos ni insumos, y la infraestructura era muy deficiente. Eso derivó en una huelga de médicos que duró dos semanas. “Paraguay no tiene salud, no tiene educación”, dice Ramírez Santa Cruz.

Serafini señala que el país invierte en educación entre 3% y 3,5% del PIB, “la mitad de lo que recomienda como mínimo” la Unesco, que es 6% o más. “En términos de capital humano y capacidades educativas estamos muy mal respecto del promedio de la región”, dice. Eso ubica a Paraguay entre los peores resultados latinoamericanos de las pruebas PISA, sólo mejor que Guatemala y en lectura por encima de República Dominicana. Cáceres enumera los déficits: faltan docentes, infraestructura y formación docente.

El caso Ueno: instituciones y poder

Para Serafini, el problema más grave que deja ueno es la debilidad de la gobernanza. Faltan normas que prohíban y penalicen la puerta giratoria de funcionarios que van y vienen del sector privado, el uso de información privilegiada y los conflictos de intereses. “Si hubieran existido esas normas se podría haber prevenido un poco más, aunque igual se pueden violar”, dice. La otra pata es la impunidad: “Cuando hay una sensación de impunidad porque el sistema judicial no funciona bien, se generan incentivos para violar las normas”.

El daño, advierte, va más allá de los ahorristas. Alcanza a la cadena de pagos, a la intermediación financiera y, a largo plazo, a los sistemas jubilatorios. Y golpea “la credibilidad y la confianza que tardamos décadas en construir después de la crisis bancaria de 1995”. Lo coyuntural, dice, se resolverá con la devolución de los recursos, al menos a los pequeños ahorristas, a los trabajadores y a las micro y pequeñas empresas, que son el 90% de los afectados. Reclama que se castigue a los culpables “para que no vuelva a pasar”.

Cáceres aclara que no se trata de un recambio de los grupos empresariales que dirigen la economía y la política del país. Lo nuevo, dice, es que el sector financiero especulativo “no tenía un peso tan relevante como el que está empezando a tener hoy”. Lee el caso como un síntoma político. A su juicio, Ueno expresa “una reconfiguración de las relaciones de fuerza y de poder, tanto político como económico”, en la que emerge “una nueva oligarquía financiera especulativa”. La describe como “una disputa intraoligárquica”. De un lado, la oligarquía tradicional, agroexportadora, comerciante, importadora y también vinculada al negocio financiero. Del otro, una oligarquía financiera liderada por Peña, que a través de Ueno y de “negociados con el Estado y con la plata pública” construyó “una espalda financiera para disputarle el poder político al expresidente paraguayo Horacio Cartes, líder del Partido Colorado”.

La investigadora recuerda la trayectoria de Peña. Viene del modelo inaugurado por Cartes en 2013. Trabajó en el BCP y en el Fondo Monetario Internacional, integró el directorio del Banco Central desde 2012 y fue ministro de Hacienda de Cartes entre 2015 y 2017. Desde 2018 fue director del Banco Basa, del grupo Cartes. Con esa experiencia en el sector privado llegó a la presidencia de la mano de Cartes y del Partido Colorado, y “empezó a jugar en su beneficio”. Por eso Cáceres no cree que una eventual destitución por juicio político cambie el rumbo económico. “Es la continuidad de un proyecto político económico de saqueo que no se inicia con Peña, pero que se consolida, se profundiza y se expande con su gobierno”, afirma.

Cáceres suma otro déficit del modelo: el debilitamiento de las capacidades técnicas del Estado. Describe una estructura productiva “anclada históricamente en aprovechar negociados con el Estado”, que no se diversifica ni desarrolla un tejido industrial.

Ramírez Santa Cruz habla de “una gran estafa”. Dice que el presidente está involucrado, fue accionista y facilitó fondos públicos para el banco. Según él, también están involucrados los funcionarios que responden a ese interés, y “más de la mitad de la población” resultó estafada. Efectivamente, son 3 millones de paraguayos, el 60% de la población adulta. El empresario atribuye el poder en Paraguay a grupos que califica de mafiosos y que “manejan la política”.

Peña fue socio del grupo dueño del banco hasta marzo de 2025. Desde que asumió, los depósitos del Estado en Ueno se dispararon hasta unos US$ 869 millones. La Fiscalía ordenó la detención de ocho personas vinculadas a la entidad, y quien renunció fue el presidente del BCP, Carlos Carvallo.

Migración y remesas

Ramírez Santa Cruz es uno de los más de un millón de paraguayos que, según dice, viven fuera del país “buscando oportunidades”. Zapatero oriundo de Avaí, en Caazapá, llegó a la Argentina a principios de los años 70, con 17 años. Es vicepresidente del club Deportivo Paraguayo y en 2023 fue candidato a concejal suplente de La Matanza por Unión por la Patria. Como fabricante de calzado, cuenta que fabricantes, trabajadores y proveedores del calzado “se están fundiendo” por la crisis del sector, y que se están organizando para enfrentarla. Para él, las remesas son las que sostienen el país: sumaron unos US$ 1.300 millones, el 2,5% del PIB, según sus cálculos. Aunque entre enero y mayo de este año cayeron 6%. “Es lo que mantiene a la familia humilde de Paraguay”, cuenta.

También tiene una advertencia para la Argentina, donde, dice, “siempre hay voces gritando que hay que imitar al Paraguay”. Cuando le preguntan si allá está todo perfecto, responde que no: “Nada es perfecto”. Y agrega: “El que recomendó que imitemos a Paraguay está haciendo lo mismo que en Paraguay se hace desde la dictadura en adelante”.

AR

El Gobierno argentino confirmó este viernes que avanzará con su reclamo contra el Reino Unido ante el Tribunal Internacional del Derecho del Mar, con el objetivo de frenar las actividades de explotación de hidrocarburos en la Cuenca Malvinas Norte, en aguas próximas a las Islas Malvinas, sobre las que ambos países mantienen una disputa de soberanía.

La presentación busca que el organismo internacional dicte medidas provisionales para impedir que continúen las operaciones petroleras autorizadas unilateralmente por las autoridades británicas. El tribunal celebrará audiencias los próximos 10 y 11 de noviembre en Hamburgo, Alemania, donde ambas partes expondrán sus posiciones.

Según informó la Oficina del Presidente, la Argentina presentó formalmente la solicitud el pasado 13 de octubre, en el marco de una estrategia jurídica destinada a proteger los recursos naturales y los derechos soberanos del país sobre la plataforma continental.

La iniciativa fue elaborada conjuntamente por equipos de la Secretaría Legal y Técnica, el Ministerio de Relaciones Exteriores, el Ministerio de Economía y la Procuración del Tesoro de la Nación.

El planteo argentino apunta a evitar que las actividades hidrocarburíferas impulsadas por el Reino Unido afecten los recursos naturales de la zona mientras se desarrolla el procedimiento internacional correspondiente.

El reclamo está vinculado con el desarrollo petrolero en la Cuenca Malvinas Norte, donde se encuentra el proyecto Sea Lion, impulsado por las empresas Rockhopper Exploration y Navitas Petroleum. La Argentina cuestiona las autorizaciones otorgadas por las autoridades británicas para avanzar con la explotación de esos recursos sin su consentimiento.

Para respaldar su posición, el Ejecutivo convocó a tres especialistas en derecho internacional con experiencia en litigios vinculados con la soberanía territorial, los recursos naturales y la resolución de controversias entre Estados.

Uno de ellos es Marcelo Kohen, exsecretario general del Institut de Droit International y exjuez ad hoc del Tribunal Internacional del Derecho del Mar. El jurista participó en la representación argentina durante el conflicto por la Fragata Libertad, que culminó en 2012 con una resolución del tribunal que ordenó la liberación del buque como medida provisional.

También integra el equipo Nico Schrijver, expresidente del Institut de Droit International y de la International Law Association, especializado en cuestiones relacionadas con la soberanía de los Estados sobre sus recursos naturales.

El tercer especialista convocado es Agustín Giustiniani, profesor de la Maestría en Solución de Controversias Internacionales de Ginebra (MIDS).

La participación de estos juristas forma parte de la estrategia del Gobierno para fundamentar el pedido de medidas provisionales ante el organismo internacional.

En su comunicado, el Ejecutivo reafirmó la posición histórica argentina sobre la soberanía de las Islas Malvinas, Georgias del Sur y Sandwich del Sur, así como de los espacios marítimos circundantes.

También sostuvo que continuará defendiendo los derechos del país sobre los recursos naturales de esas áreas y que rechazará cualquier actividad unilateral británica que considere contraria a sus derechos soberanos.

Por su parte, el Reino Unido rechaza el planteo argentino y sostiene que las actividades de exploración y explotación de hidrocarburos autorizadas en torno a las islas se desarrollan dentro del marco legal que considera aplicable al territorio.

La controversia que llegará al tribunal de Hamburgo no tiene por objeto resolver la disputa de soberanía sobre las Malvinas, sino determinar si corresponde adoptar medidas provisionales para detener las actividades petroleras cuestionadas por la Argentina mientras se sustancia el procedimiento internacional.

Las audiencias del 10 y 11 de noviembre constituirán así una nueva instancia del conflicto diplomático y jurídico entre ambos países por el aprovechamiento de los recursos naturales del Atlántico Sur.

Con información de la agencia NA

La inflación en la Ciudad de Buenos Aires en octubre fue del 1,9% con una leve aceleración con relación al 1,8% de septiembre, impulsada por aumentos en servicios públicos, alimentos y vivienda.

Con el resultado de octubre, el nivel general de precios en la Ciudad acumuló en 2026 un alza de 26,1%, mientras que la comparación interanual muestra un incremento de 32,5%.

Los aumentos más importantes se observaron en vivienda, agua, electricidad, gas y otros combustibles (2,2%), Alimentos y bebidas no alcohólicas (2,2%), Salud (2,2%) y Restaurantes y hoteles (1,6%).

En conjunto, estas cuatro áreas explicaron el 63% del incremento general registrado en la canasta minorista.

Los datos fueron informados por el Instituto de Estadística y Censos de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires (IPCBA).

El organismo técnico detalló además que durante el mes de octubre, tanto los Bienes como los Servicios registraron una suba de 1,9%.

Al analizar la división de Alimentos y bebidas no alcohólicas, que acumula una suba interanual del 31,7%, los mayores impulsos provinieron de “Verduras, tubérculos y legumbres (12,9%) y, en menor medida, de Pan y cereales (1,8%) y de Carnes y derivados (0,8%)”.

En sentido contrario, las caídas en el rubro Frutas (-3,2%) contribuyeron a moderar la presión sobre la categoría.

En la agrupación Vivienda (37,8% interanual), el alza mensual del 2,2% respondió a ajustes en gastos comunes y alquileres, sumados a los incrementos en las tarifas residenciales de gas por red (5,4%) y agua (2,2%).

En tanto, el área de Salud avanzó un 2,2% debido a las actualizaciones en las cuotas de la medicina prepaga.

Por el lado de los agrupamientos secundarios, los productos Regulados aumentaron un 1,8% mensual (41,4% interanual), mientras que la categoría Estacionales subió un 3,3% mensual (20,4% interanual).

Finalmente, la subcanasta Resto IPCBA —utilizada como proxy de la inflación núcleo— se elevó un 1,8% mensual y anotó una variación del 31,2% en los últimos doce meses.

Mientras la política sigue sin resolver el problema del endeudamiento de las familias argentinas y el Congreso se debate entre los proyectos oficialistas y opositores para ver si se consigue una ley que ayude a aliviar la angustia de millones de personas, el último informe de Mapa de la Deuda, a cargo de investigadores del Centro de Estudios para la Ciudad (CEC), determinó que en septiembre se sumaron casi 48.000 morosos más en el país, unos $328 millones más en apenas 30 días.

De acuerdo al relevamiento elaborado con registros oficiales de la Central de Deudores del Banco Central (BCRA), la morosidad familiar encadenó en septiembre más de doce meses consecutivos de deterioro sin freno, por lo que el endeudamiento de los hogares argentinos atraviesa su ciclo de deterioro más extenso y severo del que se tenga registro.

Según los datos, durante el noveno mes del año 47.748 deudores netos más pasaron a situación de morosos. La masa de nuevos incumplimientos se concentró principalmente en cinco grandes entidades acreedoras de consumo masivo y bancario: Tarjeta Naranja, Naranja Digital, Banco Galicia, MercadoLibre y Banco BBVA.

Cuatro millones de personas en mora crónica e incobrable

El dato más alarmante del informe refleja la consolidación de una crisis estructural de pagos: la cantidad de personas que acumulan más de un año sin poder cancelar sus compromisos (clasificadas en Situación 5 por el BCRA como “incobrables”) creció en 152.000 deudores en un solo mes.

Con este salto, el universo de deudores en cesación de pagos crónica alcanzó a los 4 millones de personas en todo el país, lo que representa un dramático 68% del total de personas en mora en la Argentina.

Intereses que asfixian: $328 millones más de deuda en mora

De acuerdo al informe, el monto total de deuda impaga volvió a pegar un salto en septiembre al incrementarse en 328 millones de pesos,exponiendo el doble mecanismo que estrangula a la economía doméstica:

Este comportamiento confirma que, ante la persistente caída del poder adquisitivo, las familias no sólo no logran ponerse al día, sino que la propia estructura de tasas del crédito de consumo agiganta los saldos impagos mes a mes.

El negocio del mercado secundario: un millón de familias perseguidas

La cronificación del atraso alimenta un mercado opaco y agresivo. De los 4 millones de argentinos en Situación 5 (“incobrables”), casi 1 millón de personas ya se encuentran en manos de entidades del mercado secundario de deuda.

Se trata de fideicomisos financieros y agencias de cobranza que compran a precio vil las carteras incobrables descartadas por bancos y emisoras de tarjetas, para luego desplegar esquemas de hostigamiento extrajudicial, intimaciones permanentes y demandas judiciales para forzar cobros desmedidos sobre sectores vulnerables.

“La foto de septiembre destruye cualquier relato de estabilización financiera familiar. Cuando casi 48 mil personas caen a la mora en 30 días y 4 millones de argentinos llevan más de un año sin poder pagar, el problema ya no es financiero ni de conducta crediticia: es una crisis de ingresos. Renegociar cuotas bajo este esquema de intereses termina arrojando a las familias a los brazos de estudios jurídicos y compradores de deuda que lucran con la desesperación cotidiana”, concluyeron desde el equipo de investigación del Mapa de la Deuda.

Mora y hostigamiento: herramientas para defenderse

De acuerdo a la información que suministra el Centro de Estudios para la Ciudad al brindar herramientas para que los morosos puedan defenderse, “tener una deuda pendiente puede ser una situación sumamente angustiante, pero bajo ninguna circunstancia anula tus derechos como ciudadano y consumidor. En Argentina, las prácticas abusivas de cobranza, como llamadas insistentes a deshoras, amenazas de embargo sin orden judicial o el contacto con tus familiares y compañeros de trabajo, están estrictamente prohibidas por la legislación vigente. Si estás sufriendo hostigamiento por parte de estudios jurídicos, empresas de cobranza o acreedores, existen herramientas legales, jurisprudencia que te respalda y canales oficiales gratuitos para denunciarlos”. 

El Estado Argentino y la ley de Defensa del Consumidor (Ley 24.240)

Sin importar en qué provincia te encuentres, la Ley Nacional N° 24.240 es tu principal herramienta de protección. La defensa al ciudadano radica en su Artículo 8° bis (Trato Digno), el cual establece que las empresas deben garantizar condiciones de atención y trato digno y equitativo a los consumidores y usuarios. 

¿Qué prácticas de cobranza son ilegales?

De acuerdo con las normativas de Defensa del Consumidor, los agentes de cobranza tienen estrictamente prohibido: 

Un dato clave: Si un estudio de cobranza o buffet jurídico contratado por una empresa comete un abuso, la empresa acreedora original es responsable ante la ley por las infracciones cometidas por sus intermediarios. 

Si una entidad financiera o una empresa proveedora de crédito vende efectivamente la cartera de créditos morosos a una empresa de cobranzas que adquiere esos créditos por cuenta propia, la gestora/cesionaria pasa a ser la titular del crédito y, en principio, es quien queda legitimada para reclamar el pago al deudor.

Pero ello no significa que la entidad originaria quede automáticamente liberada de toda responsabilidad frente al consumidor.

La cesión del crédito transmite el derecho de cobro, pero no borra los incumplimientos, infracciones o daños que la entidad originaria haya cometido durante la relación de consumo, ni permite que mediante una cesión se perjudiquen derechos que el consumidor ya tenía frente al proveedor original.

Esto es especialmente importante en materia de defensa del consumidor, porque la cesión de cartera no puede utilizarse como mecanismo para fragmentar artificialmente la relación de consumo y dejar al consumidor sin un sujeto responsable por las irregularidades producidas antes de la cesión.

El art. 399 CCyCN dispone: “Nadie puede transmitir a otro un derecho mejor o más extenso que el que tiene”. 

Por lo tanto, si el crédito original tenía un defecto, una excepción, una nulidad, una falta de exigibilidad, una prescripción, una indebida capitalización de intereses, un incumplimiento del deber de información, etc., la cesión no sanea ese defecto.

El cesionario adquiere el crédito en el estado jurídico en que se encontraba.

Esto se relaciona directamente con las defensas que el consumidor puede oponer al cesionario.

Procedimientos según tu jurisdicción

Aunque la Ley 24.240 aplica en todo el territorio argentino, la forma de realizar el reclamo formal y las normativas específicas varían según dónde residas.

En el ámbito Nacional

Si vivís en el interior del país o la empresa que te reclama tiene alcance nacional, podés acudir a la Dirección Nacional de Defensa del Consumidor.

Podés iniciar el reclamo de manera 100% digital, gratuita y sin intermediarios ingresando a través de la Ventanilla Única Federal. Necesitás tu DNI, los datos de la empresa acreedora (razón social y CUIT, si lo tenés) y adjuntar toda la prueba disponible que acredite el hostigamiento como capturas de pantalla de chats, registro de llamadas entrantes, correos electrónicos o cartas recibidas.

Iniciar un reclamo ante Defensa del Consumidor | Argentina.gob.ar

En la Ciudad Autónoma de Buenos Aires (CABA) y la Ley 6.171

La Ciudad de Buenos Aires cuenta con una de las legislaciones más específicas y estrictas del país en esta materia, la Ley 6.171, la cual regula de forma exclusiva la actividad de los Agentes de Cobranza Extrajudicial. En territorio porteño, esta norma prohíbe explícitamente comunicarse con el deudor en días sábados, domingos o feriados. Realizar llamadas o enviar comunicaciones en días hábiles antes de las 8:00 h o después de las 20:00 h. El uso de sistemas telefónicos de llamadas automáticas (“robocalls” de manera reiterada y molesta). El envío de correspondencia que exponga públicamente la condición de moroso del destinatario como por ejemplo, sobres abiertos o con inscripciones llamativas en el exterior.

Si vivís en CABA, podés asentar tu denuncia online en el portal oficial del Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, invocando el incumplimiento de la Ley 6.171 y el Artículo 8 bis de la Ley 24.240.

Denuncia online - Defensa al consumidor | Buenos Aires Ciudad

En la Provincia de Buenos Aires(PBA)

En territorio bonaerense, la defensa se canaliza a través de la Dirección Provincial de Defensa de los Derechos de los Consumidores y Usuarios, bajo el marco de la Ley Provincial 13.133.

Podés ingresar tu denuncia de forma virtual en la plataforma provincial o acudir directamente a las OMIC (Oficinas Municipales de Información al Consumidor) presentes en tu respectivo municipio bonaerense. Las OMIC brindan un espacio de conciliación local, gratuito y ágil.

Defensa de las y los consumidores | Provincia de Buenos Aires

También podés acudir a la Defensoría del Pueblo de la Nación para recibir asesoramiento a través del teléfono: 0810 333 3762. o vía email: defensor@defensor.gob.ar

¿Qué dice la jurisprudencia?

 El acoso para cobrar deudas no solo genera sanciones administrativas, sino que los tribunales la mayoría de veces fallan a favor de los consumidores mediante el concepto de Daño Punitivo, que son las multas aplicadas a las empresas para disuadir este tipo de conductas.

Diversos fallos judiciales en el país han condenado a bancos y financieras a pagar indemnizaciones a deudores que demostraron haber sufrido hostigamiento. En estos casos, la justicia determinó que, si bien el acreedor tiene derecho a reclamar lo debido, hacerlo mediante el avasallamiento de la privacidad, la dignidad y la salud psicofísica del deudor es un acto ilícito que debe ser penado económicamente.

¿Qué hacer si te están acosando?

Si te encontrás en situación de morosidad y te están acosando, seguí estos pasos prácticos para hacer valer tus derechos.

Cómo sigue el endeudamiento familiar en el Congreso

En un final polémico, y después de más de 15 horas de sesión, la Cámara de Diputados aprobó el 22 de octubre la vuelta a comisiones del proyecto sobre Endeudamiento Familiar, luego de que quedara en evidencia que el oficialismo no tenía los votos para sancionar su propia iniciativa, que hace hincapié en la transparencia crediticia y la educación financiera. 

La propuesta del Gobierno, que calificó el aumento de la morosidad como un problema “entre privados”, parte de la premisa de que el sobreendeudamiento es resultado de una falta de información sobre el acceso al crédito. Sostiene que los bancos y billeteras virtuales están obligados a mostrar el costo real de los créditos, así como garantizar el acceso al propio perfil crediticio y una liquidación completa de la deuda (capital original, refinanciaciones, intereses, comisiones). Exige una doble validación para los préstamos que se toman de manera online y un control parental mínimo para los casos de endeudamiento de menores de edad (se comprometen a notificarlos). 

El dictamen fue trabajado por la bullrichista Silvana Giudici y consiguió el apoyo del radicalismo y del PRO, pero fracasó en sumar las firmas de los aliados provinciales, como sí había logrado con el despacho de la ley de discapacidad.

La oposición, que fue la que forzó el debate sobre la crisis de millones de morosos, presentó otra propuesta. Luego de semanas de debate, el peronismo, el radicalismo y la Coalición Cívica acordaron unificar los más de 70 proyectos presentados y dictaminaron una iniciativa que crea un régimen especial de desendeudamiento y alivio financiero. 

La propuesta crea un régimen para refinanciar las deudas de todas aquellas personas que están en situación de mora de créditos al consumo hace más de 60 días o que, aun estando al día, destinen más del 30% de los ingresos familiares al pago de esas obligaciones. El tope para ingresar estará fijado en dos Canasta Básicas Totales –unos $3,2 millones– para el monto total del capital adeudado en créditos. 

El régimen de reestructuración pone un tope a las tasas de interés, que en algunas billeteras virtuales llegó a superar el 1000%. El límite a la tasa se fijará en base al TAMAR (Tasa Mayorista de la Argentina) de bancos privados, que hoy está al 26%, a lo que se sumará otro 25% adicional. Se habilita un plan de hasta 12 cuotas que no podrá superar el 30% de los ingresos de la persona deudora. 

Si bien la propuesta no incluye una condonación de las deudas –resultado de un duro debate interno de la oposición que, pese a la resistencia de la izquierda, acordó no incluir quitas para evitar que la propuesta tuviera costo fiscal–, sí propone eliminar todos los intereses punitorios. Suspende, a su vez, todas las ejecuciones, embargos y cobranzas extrajudiciales. 

La propuesta de los bloques opositores consiguió 27 firmas y la del oficialismo, 32, pero volvió a comisiones luego de que quedara en evidencia que La Libertad Avanza no tenía los votos para sancionar su propia iniciativa.

Con información de Mapa de la Deuda y agencias.

La onda expansiva del colapso financiero y la intervención de Ueno Bank en Paraguay, un terremoto institucional que derivó en la renuncia del presidente paraguayo Santiago Peña, cruzó la frontera y dejó a la deriva a casi mil trabajadores de las oficinas ubicadas en el barrio porteño de Belgrano. 

En la puerta de la oficina ubicada en el piso 12 de la calle La Pampa 1445, un numeroso grupo de personas aguardaban respuestas. Todos ellos pertenecen a Kaitel SRL, la sucursal argentina de la tecnológica paraguaya ITTI, firmas que integran el conglomerado del Grupo Vázquez, estrechamente ligado al banco intervenido por el Banco Central del Paraguay (BCP). 

“No nos están dando explicaciones y la gente de recursos humanos tampoco está dando la cara”, relató en diálogo con la Agencia Noticias Argentinas, Jorge Martín, uno de los damnificados. 

Según explicó, el esquema de cobro combinaba una porción del salario en pesos depositada en la Argentina a través de Kaitel SRL, y un complemento en dólares que se abonaba por intermedio de plataformas de contratación internacional como Deel. Sin embargo, tras el cierre de operaciones y la detención de directivos y accionistas en Asunción, la cadena de pagos se quebró de un día para el otro.

El comunicado de la empresa que recibieron los trabajadores

Queridos colaboradores:

Sabemos que estamos atravesando un momento de incertidumbre y preocupación, que nos afecta no solo como colaboradores, sino también a nuestras familias.

Queremos transmitirles que estamos siguiendo de cerca la situación y trabajando para comprender su alcance y las medidas que correspondan. Nuestro compromiso es mantenerlos informados con responsabilidad, transparencia y sobre la base de información oficial y verificada.

Sabemos que detrás de cada consulta hay una preocupación legítima. Queremos que sepan que estamos atentos y comprometidos a acompañarlos durante este proceso.

Agradecemos su comprensión.

Equipo de Personas & Cultura

Un mail irregular y la incertidumbre

Lejos de una comunicación formal o de una mediación de partes acorde a la legislación laboral argentina, la respuesta empresaria llegó vía correo electrónico. “Quedó todo cortado, no cobramos el sueldo de este mes, nos mandaron un mail totalmente irregular porque no hubo una comunicación fehaciente por carta documento de suspensión de actividades; fue sólo un mail donde dice que algunos estamos suspendidos y otros no”, describió Martín.

De acuerdo con las notificaciones internas difundidas entre el plantel, la empresa dispuso suspensiones por 30 días sin goce de sueldo, desde el 5 de noviembre hasta el 4 de diciembre inclusive e invocó razones de fuerza mayor, mientras que a otro grupo de empleados se le ordenó continuar cumpliendo funciones de manera remota. 

A estos últimos, según trascendió, la compañía admitió por escrito que busca fondos para cancelar el mes de octubre, sin garantías reales para lo que viene.

Para los trabajadores argentinos, el impacto es doble: por un lado, la angustia de no saber cómo afrontar los gastos cotidianos tras el incumplimiento salarial; por el otro, la desprotección de un esquema mixto que deja en una “zona gris” el cálculo de aportes, aguinaldos y una eventual indemnización si la crisis profundiza el vaciamiento de la firma.

Mientras en Paraguay el gobierno intenta contener la crisis política e institucional con leyes de emergencia para los ahorristas, en la vereda de Belgrano los empleados de ITTI/Kaitel continúan de pie frente a unas puertas cerradas, a la espera de que la tormenta financiera que tiró abajo un banco a cientos de kilómetros no termine arrasando con sus fuentes de trabajo. “Vamos a seguir acá hasta tener respuestas, somos trabajadores y trabajadoras comunes, no tenemos nada que ver con la política partidaria”, concluyó. 

Con información de agencias.

La cadena Supermercados Día cambiará de manos en la Argentina tras concretarse un acuerdo de venta por 53,8 millones de dólares con el grupo empresario encabezado por Francisco de Narváez. La operación, que se formalizará el próximo 12 de noviembre, implica la salida de la compañía española del mercado local, en un contexto de caída del consumo y dificultades para sostener la rentabilidad del negocio.

La adquisición se realizará a través de Dorinka, una sociedad vinculada al grupo comprador, que asumirá el control de la totalidad de las operaciones de Día en el país. Según lo previsto, durante los próximos días se completarán los trámites administrativos necesarios para concretar la transferencia.

La decisión de desprenderse de su filial argentina forma parte de una reorganización internacional de la empresa española, que anteriormente había vendido sus negocios en Brasil y Portugal. Con esta nueva operación, el grupo dejará de tener presencia en Sudamérica y concentrará sus recursos en el fortalecimiento de sus actividades en España.

La venta se produce en medio de un escenario adverso para el comercio minorista argentino. La contracción sostenida de las ventas de alimentos y productos de primera necesidad afectó los resultados de las cadenas de supermercados, que enfrentan una reducción de sus márgenes de ganancia y mayores dificultades para mantener sus operaciones.

Para la compañía española, la salida del país permitirá reducir su exposición a un mercado caracterizado por la inestabilidad económica y evitar nuevas necesidades de financiamiento para sostener su filial.

Del lado comprador, la incorporación de Día representa una expansión significativa de los negocios de GDN Argentina, el grupo de De Narváez que ya opera la cadena Changomás desde que adquirió las actividades locales de Walmart.

La compra permitirá sumar a su estructura un formato comercial diferente del que predomina en Changomás. Mientras esta última cadena tiene una presencia importante en el segmento de hipermercados y grandes superficies, Día se caracteriza por sus locales de proximidad, distribuidos principalmente en zonas residenciales y comerciales.

De esta manera, el grupo podrá ampliar su participación en el mercado supermercadista y combinar distintos modelos de venta, desde establecimientos de gran tamaño hasta comercios barriales orientados a las compras cotidianas.

Con la integración de ambas cadenas, el conglomerado pasará a contar con más de mil puntos de venta distribuidos en 22 jurisdicciones del país y una plantilla que superará los 15.000 trabajadores.

La operación representa uno de los movimientos empresariales más importantes del año en el sector supermercadista argentino y profundiza la concentración del mercado en un escenario de retracción del consumo, en el que las principales compañías buscan reorganizar sus negocios para sostener su competitividad.

Con información de la agencia NA

El riesgo país argentino continúa su escalada y este jueves alcanzó los 918 puntos básicos, su valor más elevado en más de un año, en medio de una jornada marcada por las caídas de los bonos soberanos y las acciones de empresas locales. El deterioro de los activos argentinos se produce en un contexto de turbulencias en los mercados internacionales, tras las elecciones legislativas de Estados Unidos.

El indicador elaborado por JP Morgan registra un incremento de 66 unidades respecto de los 852 puntos con los que cerró el miércoles, equivalente a una suba del 7,7%. De esta manera, acumula un avance del 16,7% en lo que va de noviembre y del 60,8% desde comienzos de 2026.

El nuevo salto lleva al riesgo país a niveles que no se registraban desde fines de octubre de 2025, cuando los mercados atravesaban una etapa de incertidumbre en la previa de las elecciones legislativas argentinas. En aquella oportunidad, el triunfo del oficialismo contribuyó a una recuperación de la confianza de los inversores y a una posterior reducción del indicador.

Sin embargo, el escenario internacional de los últimos meses presenta condiciones menos favorables para el gobierno de Javier Milei. La derrota electoral de Flávio Bolsonaro en Brasil y el revés sufrido por el Partido Republicano de Donald Trump en Estados Unidos sumaron incertidumbre a los mercados financieros y profundizaron la cautela de los inversores frente a los activos argentinos.

En ese contexto, los títulos públicos denominados en dólares registran retrocesos de hasta el 3%, encabezados por el Global 2046, que pierde un 2,6%. La caída de las cotizaciones de los bonos se traduce en un incremento del riesgo país, que refleja el mayor rendimiento exigido por los inversores para financiar al Estado argentino.

Las pérdidas también alcanzan a las empresas argentinas que cotizan en Wall Street. Entre los retrocesos más pronunciados aparece Mercado Libre, con una baja del 14,4%, seguida por Banco Supervielle, que cede un 5,8%, y Edenor, con una caída del 4,9%.

En la Bolsa porteña, el índice S&P Merval acompaña la tendencia negativa y retrocede un 3,1% medido en pesos y un 3,4% en dólares. El comportamiento de los activos refleja el deterioro del clima financiero y las dificultades que enfrenta la Argentina en un contexto de creciente volatilidad internacional.

La nueva suba del riesgo país vuelve a complicar las perspectivas de acceso al financiamiento externo, en momentos en que el Gobierno necesita sostener la confianza de los mercados y mejorar las condiciones para afrontar sus compromisos de deuda.

Con información de la agencia NA

Alumnas del Colegio Nacional Buenos Aires, uno de los más prestigiosos de Argentina, denuncian violencia de género por parte de sus compañeros. No son las únicas. Los casos más graves de este año ocurrieron en esa y otras nueve escuelas públicas y privadas de todo el país: alumnos varones crearon con inteligencia artificial imágenes de sus compañeras desnudas para difundirlas y venderlas por WhatsApp.

Las estudiantes se reúnen a debatir lo ocurrido en la vecina Plaza de Mayo. “Me impacta que un pibe de segundo año no tome conciencia de que está mal publicar una foto de su amiga, de su compañera”, dice una de ellas a DW. “Te da como una furia, como que no podés hacer nada”, agrega otra.

Varias coinciden en que falta educación de género. Una de ellas sostiene que muchos varones tienen normalizadas ciertas conductas, aprendidas en la crianza o por exponerse muy temprano a las redes, que describe como “un lugar lleno de odio”. “Es algo que sucede a nivel social, a nivel país, a nivel mundial”, resume otra.

De la “Revolución de las Pibas” al retroceso

Las alumnas tomaron el colegio durante un día como protesta. En un comunicado, la escuela enumeró las acciones de prevención de la violencia de género que desarrolla desde 2019. En este y otros establecimientos, las estudiantes denuncian insultos, golpes y fotos tomadas sin consentimiento que se viralizan con comentarios denigrantes.

Atrás quedó la ilusión de nuevas masculinidades y de la deconstrucción de los varones de 2018, cuando las adolescentes de entonces protagonizaron la llamada “Revolución de las Pibas” por el aborto legal y contra los femicidios. “Es el momento de volver a plantar las banderas tal como las supimos defender en 2018 y todos estos años”, afirma una alumna. “Estamos en 2026 y pasan cosas que pensábamos que no iban a volver a pasar”, lamenta otra.

Chiara De Rosa, estudiante del Nacional Buenos Aires, intenta comprender a sus compañeros. “Es muy difícil ser varón en esta época. Entiendo que no encuentren un lugar donde estar, pero no entiendo por qué no quieren ser ayudados, por qué no quieren entender o por qué la bronca es contra nosotras”, dice.

Falta de referentes

Sebastián Zoroastro coordina un curso de masculinidades en la Universidad Nacional de General Sarmiento. Admite que el machismo no se ha deconstruido y lamenta que el Gobierno de Javier Milei haya disuelto el plan nacional de educación sexual. A su juicio, a los jóvenes les faltan “referentes varones adultos” que muestren otra forma de ser varón. Esa alternativa, explica, tiene que ser distinta de la que transmiten los influencers misóginos de YouTube, los discursos conservadores y la reacción contra el feminismo, conocida como backlash.

Silvia Ongini, psiquiatra infanto-juvenil del hospital escuela de la Universidad de Buenos Aires, atiende a víctimas de fotos trucadas con inteligencia artificial. “Cuando se usa la imagen de alguien para producir imágenes de contenido sexual explícito, es abuso sexual, e incide en el psiquismo y en la emocionalidad”, advierte.

También trata a los agresores. Señala que muchas veces minimizan estas conductas, agresivas y violentas, o las interpretan como bromas. La especialista recuerda que la violencia de género en la adolescencia siempre existió, aunque antes estaba más naturalizada. Hoy persiste, y las redes sociales incluso amplifican su impacto.

Día tras día aparecen nuevos casos de escuelas donde alumnos varones son denunciados por sus compañeras. La Justicia avanza en algunas investigaciones, pero el desafío pendiente es transformar la mentalidad de los hombres.

AR

El campo argentino no es necesariamente un paraíso natural. En Sastre y Ortiz, un pueblo de 6.000 habitantes de la provincia de Santa Fe, una de las más fértiles del país, varios vecinos enfermaron por los agroquímicos que se aplican en los cultivos de soja y maíz que lo rodean, según los médicos.

Sonia González y Luis Blanco padecen hipotiroidismo y deben costearse la medicación de por vida. Él, además, tuvo cáncer. También lo tuvo la hija de Sonia, antes de cumplir un año. “Uno de los médicos nos llamó, nos mostró la placa que le estaban haciendo y nos dijo: ‘Esta gorda no sé si pasa la noche’”, recuerda González en diálogo con DW.

La niña finalmente se curó. Su caso y otros sirvieron para que los vecinos consiguieran que un juez prohibiera en 2018 fumigar a menos de 1.000 metros del pueblo. En agosto pasado, la Corte Suprema de Argentina ratificó ese fallo. “Hay muchos testimonios, incluso de médicos”, señala González. Entre ellos destaca el de una pediatra local que documentó en detalle los casos de dermatitis.

Efectos con dosis mínimas

Según un estudio publicado en julio por médicos de la Universidad de Rosario, en Sastre y Ortiz y en otros ocho pueblos santafesinos rodeados de cultivos fumigados, los casos de hipotiroidismo y de abortos espontáneos se multiplicaron por 2,5 entre 2008 y 2018.

“Ni siquiera es necesaria una dosis muy grande para que estos agrotóxicos tengan efectos en la salud. Con dosis nanomolares, muy, muy pequeñas, pueden afectar nuestros sistemas biológicos”, explica Alejandro Vallini, médico e investigador de esa universidad. “Y justamente esas disrupciones endocrinas, además de hipotiroidismo, pueden causar abortos”, añade.

El mismo equipo había publicado en 2023 otro trabajo según el cual en esos nueve pueblos había 2,6 veces más casos de cáncer que el promedio argentino.

Una investigadora despedida

En una investigación conjunta con la Unión Europea, la ingeniera agrónoma Virginia Aparicio, del Instituto Nacional de Tecnología Agropecuaria (INTA), halló plaguicidas en sangre, orina y heces de personas y animales del sudeste de la provincia de Buenos Aires. El organismo estatal acaba de exonerarla, con el argumento de que hizo un uso indebido del patrimonio del Estado.

“Son excusas”, responde Aparicio. “Estamos expuestos en general, pero particularmente en Argentina, porque se usa más glifosato y hay mayor concentración: nueve veces más que en Europa”, advierte.

La postura del sector agrario

La presidenta de la Federación Agraria Argentina, Andrea Sarnari, sostiene que la mayoría de los productores toma precauciones al fumigar y que hay estudios que avalan hacerlo a 100 metros de las poblaciones. “Hay que aplicar cuando el viento lo permite y no lleva las derivas más allá de lo normal”, indica. Según Sarnari, tampoco hay que circular con la maquinaria cargada por zonas urbanizadas o donde conviven grandes comunidades de personas o de animales, porque la mayoría de las regiones son agrícola-ganaderas.

Las recomendaciones incluyen además fumigar lejos de los cursos de agua y controlar dónde se lavan las máquinas. Pese a ello, los casos de enfermedades se repiten en el campo argentino. Más allá de Sastre y Ortiz, en distintos pueblos del país se suceden a diario denuncias de fumigaciones sin control, fallos que las frenan, fallos que las permiten y fumigaciones que desafían las prohibiciones.

AR

León XIV llegará el próximo domingo a Buenos Aires en la primera gira de un papa por Argentina en 39 años. Su antecesor, Francisco, nunca regresó a su país como pontífice para evitar divisiones políticas. El actual papa, en cambio, ya incidió en la política argentina antes de aterrizar: eligió visitar el Cottolengo Don Orione, un hogar para personas con discapacidad, uno de los colectivos más afectados por el ajuste del presidente Javier Milei.

El centro, ubicado en Claypole, en el sur del conurbano bonaerense, alberga a 415 residentes. Otras 220 personas asisten a su centro educativo terapéutico y a su escuela especial. León XIV estará allí el lunes 9.

Las autoridades del hogar describen los efectos de los recortes, que eliminaron la cobertura de medicamentos como anticonvulsivos y antipsicóticos. “Impactó en pañales y en medicación, que son esenciales para la sobrevida de las personas con discapacidad”, explica a DW Katherine Gómez, coordinadora del centro educativo terapéutico. Según relata, las pensiones de los residentes, que antes se destinaban a gastos como un acompañante terapéutico, ahora deben usarse para pagar sus medicamentos.

Una ley tras el anuncio papal

El proyecto de presupuesto 2027 del Gobierno prevé incluso más recortes en discapacidad. Sin embargo, después de que se anunciara que el papa visitaría el Cottolengo, los diputados oficialistas votaron junto a la oposición una ley para sostener al menos el gasto actual en el área. La norma aún debe pasar por el Senado.

El director del hogar, el religioso Jorge Silane, se reunió con todos los bloques parlamentarios para impulsar su aprobación. Ante la pregunta de si la visita de León XIV obró el milagro de que el Gobierno cediera, prefiere la cautela. “No quiero hablar de política. Pero veremos”, dice. Primero quiere ver aprobado el presupuesto nacional, que todavía no se discutió, y admite que la visita “puede cambiar, como no puede cambiar nada”.

Desde el oficialismo, el diputado de La Libertad Avanza Nicolás Mayoraz, uno de los negociadores de la ley, rechaza que el acuerdo haya surgido de la presión papal. Sostiene que el Gobierno presentó una “ley superadora” y que la oposición terminó acompañándola al conocer el texto. “Con relación a la visita papal, la verdad es que no tuvo influencia, más allá de que coincida el cronograma”, afirma.

“Los pibes se quedan encerrados”

Familiares y prestadores de servicios para niños, jóvenes y adultos con discapacidad protestan desde 2024 en reclamo de sus derechos. Entre ellos está la actriz Valentina Bassi, madre de un hijo con autismo, que también contactó a legisladores. Bassi advierte que muchos chicos se quedaron sin transporte, educación ni terapias.

“Los pibes se quedan en las casas encerrados, que es lo que pasaba hace muchos años. Es muy triste, es muy trágico, y por eso se tiene que revertir”, dice. Agradece la llegada del papa, aunque teme que todo “se esfume” cuando se vaya. “También siento que nuestra lucha fue importante”, agrega.

Mientras en el Cottolengo se preparan para recibir a León XIV, en toda Argentina se espera tanto su mensaje religioso como el eventual impacto político de sus palabras. Tras su paso por Claypole, se prevé que el Senado termine de sancionar la ley consensuada para evitar un nuevo recorte en discapacidad.

Que el Capitolio (Congreso de EE UU) haya pasado este martes al control de la oposición demócrata no impedirá que en la carrera electoral de 2027, ante una suba de la demanda de dólares contra pesos, el gobierno de Donald Trump active otra vez, como en los comicios de 2025, el swap (canje de monedas) para rescatar a su estrecho aliado Javier Milei. Un rescate semejante no requiere aprobación parlamentaria, sino que lo activa directamente el secretario del Tesoro, Scott Bessent. Sin embargo, la nueva mayoría demócrata lo podrá cuestionar en voz más alta y entonces se le hará políticamente más caro al presidente republicano. No por nada el riesgo país reaccionó al alza ante el resultado de las legislativas de EE UU.

“La ayuda hasta ahora nunca necesitó al Congreso y el marco legal está vigente”, explica una alta fuente del gobierno libertario. Un economista de acceso frecuente a la administración de Washington lo ratifica, pero advierte: “El rescate es del Tesoro, depende de Bessent, no pasa por el Congreso. Lo que lo complica es que Milei se ve cada vez más como un experimento fallido del que nadie querrá hacerse cargo”. Otra colega del mismo perfil, Marina Dal Poggetto, de la consultora Eco Go, lo confirma: “No necesita aprobación para hacerlo, pero si lo objeta no creo que sea lo mismo”.

Ya en las elecciones legislativas argentinas de 2025, cuando arreciaba la demanda de divisas y Bessent arrojó el salvavidas al gobierno libertario, condicionado a su triunfo, la oposición demócrata puso ese paquete como asunto crítico de la agenda pública de EE UU. Pero, claro, carecía de fuerza en tiempos de hegemonía republicana. Ahora su voz puede escucharse con más ímpetu ante una sociedad estadounidense que castigó este martes en las urnas a Trump.

“Un dato de color interesante de uno de los grandes ganadores de ayer, el candidato demócrata Abdul El-Sayed (Michigan), fue que criticó en su momento la ayuda que Trump y Bessent le dieron a Argentina”, comentó este miércoles en la red X el analista político Lucas Romero. El-Sayed había escrito en 2025: “No, no deberíamos rescatar al líder radical de la extrema derecha de Argentina. En cambio, deberíamos financiar Medicaid (seguro de salud) aquí en casa”. En 2027, otro rescate de Trump a Milei sería aún más cuestionado, y habrá que ver si los republicanos que aspiran a sucederlo en 2028 están dispuestos a pagar el precio.

En ese contexto, el riesgo país argentino reaccionó a la victoria demócrata con una suba del 2,5%, a 852 puntos básicos. El indicador de peligro de impago de la deuda se mueve al alza cuando cae la cotización de los bonos en dólares.

“Hay una discusión en el mercado sobre si el swap de US$20.000 millones se mantendrá, se eliminará o aumentará para evitar la influencia de China en la región”, opina el analista financiero Marcelo Lipovetzky. “Pero el riesgo país va a seguir subiendo, largo y tendido; para las elecciones podrías estar muy tranquilamente en la zona de 1.500. Porque no obedece a las métricas de Argentina, que son de las mejores de Latinoamérica en términos de superávit fiscal y balanza de pagos (la de divisas), sino al sentimiento de los inversores, que van a seguir vendiendo porque tienen miedo de volver a 2019 (triunfo peronista)”, agrega.

A Christian Reos, analista de la sociedad bursátil Allaria, le preocupa que el Gobierno no reaccione para revertir la caída de la demanda de bonos de corto plazo en dólares, que no atraen al mercado pese a que ofrecen un alto rendimiento del 18%. Son títulos que pocos meses atrás se colocaron al 6% u 8%. “El Gobierno podría salir a comprar, pero ahí se nota que la cantidad de dólares está justita... Mientras, el riesgo país sube porque no hay tomadores de bonos a largo plazo, ni inversores institucionales locales, ni extranjeros; queda todo en manos de fondos chicos e inversores minoristas. En Argentina no hay fondos de pensión ni seguros ni reservas en el Banco Central ni fondos en la Anses (Administración Nacional de la Seguridad Social) porque todo el capital fue comido por el kirchnerismo; por eso hay alta volatilidad e incapacidad de reacción del Gobierno”, opina Reos.

En la sociedad AdCap, de Javier Timerman, evalúan que “en general, el resultado implica un sesgo negativo para los activos argentinos, aunque la dinámica electoral local seguirá siendo el principal determinante de su desempeño”. “Si bien el mercado anticipaba una victoria demócrata, su magnitud superó lo incorporado en los precios. Además, el resultado llega en un contexto de creciente cautela y menor apetito global por el riesgo. Como referencia, los indicadores de High Yield (alto rendimiento) que seguimos ya se encuentran en niveles de mediados de marzo de 2025, previos a la fuerte corrección posterior al Liberation Day (el día en que Trump impuso aranceles al comercio mundial). Los activos globales que más han caído en las primeras horas luego del resultado están asociados al desarrollo de tecnologías relacionadas con la IA, por cautela ante la posibilidad de mayor regulación”, añaden en AdCap.

“Para Argentina, la principal inquietud es si el respaldo estadounidense al mercado cambiario volvería a estar disponible en 2027, en caso de ser necesario”, continúa el grupo de Timerman. “La derrota republicana introduce incertidumbre, pero creemos que está sobredimensionada: la administración Trump utilizó el Exchange Stabilization Fund (ESF, Fondo de Estabilización Cambiaria), cuyo uso no requirió aprobación del Congreso. Por eso, el interrogante pasa más por la disposición política a repetir el apoyo que por una restricción legislativa inmediata. Mientras tanto, la incertidumbre electoral doméstica podría sostener la demanda de cobertura, incluso con un dólar global más débil”.

En cuanto a los bonos soberanos en dólares, los que influyen en el riesgo país, “el resultado estadounidense constituye un factor adverso, aunque esperamos que su desempeño siga más ligado a la dinámica electoral argentina y a la acumulación de reservas”, prosiguen en AdCap. “Según nuestras estimaciones, la probabilidad de reelección de Milei se ubica cerca del 50%, desde un máximo de 83% en julio pasado”.

AR

Los activos financieros argentinos volvieron a mostrar un desempeño negativo este miércoles, en contraste con la recuperación de los mercados internacionales. El riesgo país subió 19 unidades, hasta los 850 puntos básicos, impulsado por una nueva caída de los bonos soberanos, que registraron pérdidas de hasta el 0,6%.

El indicador elaborado por JPMorgan avanzó un 2,3% durante la jornada y alcanzó así su valor más elevado de los últimos doce meses, en un escenario de creciente cautela entre los inversores respecto de la deuda argentina.

La tendencia local contrastó con la reacción de las principales bolsas del mundo, que operaron con ganancias luego de los resultados de las elecciones legislativas de Estados Unidos, en las que el presidente Donald Trump sufrió un revés político.

El retroceso de los títulos públicos argentinos volvió a presionar sobre el riesgo país, que mide la diferencia entre el rendimiento de los bonos soberanos y el de los títulos del Tesoro estadounidense. Su incremento refleja una mayor percepción de riesgo entre los inversores y encarece las posibilidades de financiamiento externo.

En ese contexto, Julián Colombo, director de Bitso para Sudamérica, advirtió sobre la incidencia que pueden tener los movimientos internacionales en la economía argentina. “Si la incertidumbre internacional eleva el costo del capital o reduce el atractivo de los activos emergentes, eso puede trasladarse a los bonos argentinos, al riesgo país y a las expectativas cambiarias”, señaló.

El especialista consideró que la capacidad de sostener el equilibrio fiscal, preservar la estabilidad monetaria y fortalecer las reservas internacionales será determinante para reducir la vulnerabilidad frente a las turbulencias externas.

En cuanto a las acciones argentinas que cotizan en Wall Street, el comportamiento fue dispar. Los papeles de YPF encabezaron las pérdidas, con una caída cercana al 7%, seguidos por Pampa Energía, que retrocedió un 4,2%, y Tenaris, con una baja del 3,1%.

En sentido contrario, Mercado Libre registró una suba del 5,6%, Globant avanzó un 4,6% y Corporación América ganó un 4,2%.

Las bolsas internacionales reaccionaron con fuertes subas

El panorama fue diferente en los principales centros financieros del mundo, donde los inversores recibieron favorablemente los resultados electorales estadounidenses. La derrota del oficialismo republicano abrió expectativas sobre un escenario de mayor equilibrio de fuerzas en el Congreso y sus posibles consecuencias sobre la política económica de Washington.

Los analistas de la firma financiera PUENTE señalaron que la reacción de los mercados estuvo vinculada con las perspectivas de una moderación del gasto público estadounidense y con las limitaciones que podría enfrentar la administración Trump para avanzar con determinadas iniciativas.

En Wall Street, el índice Dow Jones llegó a registrar una suba del 3%, mientras que el S&P 500 avanzó un 1,8% y el Nasdaq ganó un 1,4%.

Las bolsas europeas también mostraron resultados positivos. El FTSE 100 de Londres subió un 1,96%, el CAC francés un 2,14% y el DAX alemán un 1,89%. Las mayores ganancias se observaron en Madrid, donde el IBEX avanzó un 3,28%, mientras que la Bolsa de Milán mejoró un 2,38%.

La tendencia alcista se extendió a los mercados asiáticos. La Bolsa de Shanghái cerró con una mejora del 2,16%, Hong Kong ganó un 1,67% y el índice Kospi de Corea del Sur avanzó un 0,62%.

En paralelo, el precio internacional del petróleo continuó en descenso y perforó la barrera de los 100 dólares por barril, un movimiento que también influyó sobre las cotizaciones de las compañías energéticas.

De esta manera, mientras los mercados internacionales encontraron motivos para recuperar terreno, los activos argentinos quedaron al margen de esa tendencia. La persistente debilidad de los bonos soberanos volvió a impulsar el riesgo país y dejó en evidencia las dificultades que enfrenta la Argentina para recuperar la confianza de los inversores.

Con información de la agencia NA

La Sala II de la Cámara Federal de Casación Penal, con el voto de los jueces Alejandro Slokar y Ángela Ledesma, y con la disidencia del juez Guillermo Yacobucci, hizo lugar a la queja de las querellas contra los pronunciamientos que las apartaron de la causa por la criptomoneda $LIBRA. Las víctimas habían denunciado que su apartamiento cercenaba la garantía constitucional de acceso a la jurisdicción.

Slokar dijo que “pudiendo constituir los agravios invocados por la parte recurrente algunas de las causales previstas en el art. 456 del CPPN (Código Procesal Penal de la Nación), corresponde hacer lugar a la queja deducida de conformidad con lo dispuesto por la citada norma y el art. 463”. A su turno, la jueza Angela E. Ledesma adhirió a la propuesta, teniendo en consideración que se había alegado una cuestión federal suficiente para habilitar la instancia. En cambio, Yacobucci propició declarar inadmisible el recurso de queja por casación denegada deducido, con costas.

Con la apertura del recurso de queja, la Sala II emplazó a las partes para que mantengan su recurso y, transcurrido el plazo de ley, fijará audiencia para dictar sentencia sobre el asunto sometido a su conocimiento. Entretanto, se sustancia ante el juzgado federal n° 8 el recurso de apelación interpuesto por parte de la Procuraduría de Investigaciones Administrativas (PIA) contra el sobreseimiento que había dictado el juez Marcelo Martínez de Giorgi, a partir del dictamen del fiscal Taiano, a favor de los acusados Javier y Karina Milei, presidente y secretaria general de la Presidencia, respectivamente; los creadores del criptoactivo Hayden Davis, Mauricio Novelli y Manuel Terrones Godoy, entre otros colaboradores.

Los querellantes son los inversores bielorrusos Lapchenko Vladislav Andreevich y Krasutskaya Sviatlana Vitalievna y el argentino Martín Romeo, representados por el abogado Nicolás Oszust, y los también locales Juan Patricio Marchetto, Alan Vega, Matías Alejandro Paris y Braian Emanuel Quintero, que cuentan como letrados a Nicolás Rechanik y a Yamil Castro Bianchi.

AR/CRM