El 62 coloquio del Instituto para el Desarrollo Empresarial de la Argentina (IDEA) abrió este miércoles en Mar del Plata con una adhesión total al proyecto libertario de Javier Milei. Bajo el lema “Invirtiendo la historia. 20 años: de promesa a potencia”, el presidente del coloquio y CEO del Grupo Financiero Galicia, Fabián Kon, lo dijo con todas las letras: “Apoyamos todas las medidas y reformas que el pais esta haciendo”.

Kon, que se hizo tiempo para organizar el coloquio 2026 mientras su banco renegocia las deudas morosas de las familias, recordó que esas reformas son las que se venían reclamando en los encuentros de años anteriores de IDEA, como la desregulación, la reforma laboral y del Banco Central, el equilibrio fiscal“. Pero la cita de este año plantea la pregunta de si podrá sostenerse la ”estabilidad“ para crecer y reducir la pobreza. Puso como ejemplos a Brasil, Uruguay y Polonia, aunque también citó otros casos como los de Australia, Irlanda, Chile e Israel.

“La inflación baja llevó de 4 a 10 años, incluso con crisis intermedias. Lo importante es que sostuvo el rumbo”, destacó Kon en medio de una coyuntura en que la economía comienza a contraerse el desempleo y la pobreza suben. :“Estabilidad son contratos que se cumplen”, sostuvo en otro pasaje de su discurso, lo que reflejó la preocupación de que un gobierno peronista venga en 2027 a revisar, por ejemplo, el Régimen de Incentivo de Grandes Inversiones (RIGI).

A las 18.30, cuando eran las 23.30 en París, Milei habló por videollamada ante los 1.000 asistentes al coloquio. Formuló promesas de más cambios si logra la reelección: “No vamos a cesar en reformas estructurales. Si ganamos, la velocidad será única e irrepetible”. “Nuestra gran apuesta es al capital humano y la apertura”, sorprendió el mismo presidente que viene ajustando el presupuesto de educación a la mitad. “Nosotros queremos convertirnos en un hub de la inteligencia artificial”, soltó. Prometió “salarios enormes y calda de la pobreza fabulosa por efecto riqueza”. Por ahora no lo estaría cumpliendo.

El Presidente observó que en los comicios de 2027 los argentinos decidirán “si quieren ser un país grande o miserable”. “Se van a jugar el futuro en la próxima elección. La opción de esperar (para invertir), es razonable”, se refirió implícitamente a las razones por las que caen las inversiones en 2026.

“El 70% apoya el cambio. No creo que los argentinos vayan para atrás”, opinó. “Obviamente que mi programa es seguir creciendo, acelerando el crecimiento, una vez pasado el test de abrazar cambio o un pasado decadente. Si gano, se va a desplomar riesgo país y la inversión va a volar. Si los argentinos deciden otra, pagarán las consecuencias”, amenazó Milei, que igual reconoció que otros países “han tardado más de 10 años en bajar inflación”.

No todos, pero muchos empresarios lo interrumpieron para aplaudirlo. Poco impartan sus ataques a la prensa. De hecho, la exposición de Milei fue moderada por el secretario general de redacción del diario La Nación, José del Río, a quien reprochó: “Usted tiene colegas que se ponen mal cuando salen datos buenos y celebran los datos malos”,  “hay dos colegas suyas, que trabajan en su canal, que insultaron a funcionarios del Gobierno” y “¿querés que diga los nombres de las periodistas que fueron?”. También lamentó cuando La Nación reprodujo sus propios dichos de las estadísticas oficiales de contracción económica: “Los datos oficiales están dando cualquier cosa”. “Esa cita fue recortada de una forma muy maliciosa por el medio en el que vos trabajás, José”, le recriminó Milei.

AR/MG

El 62° Coloquio de IDEA comienza este miércoles en Mar del Plata y reunirá a más de 1.000 participantes entre empresarios, dirigentes políticos, especialistas y referentes de distintos ámbitos para debatir cómo generar las condiciones para que la Argentina pueda sostener el crecimiento durante los próximos 20 años.

Bajo el lema “Invirtiendo la historia. 20 años: de promesa a potencia”, el encuentro propone cambiar el foco de la conversación. Durante tres jornadas, la agenda estará organizada en torno a cuatro grandes ejes: las megatendencias globales que están dando lugar a una nueva era; los pilares para una Argentina estable; las claves para la competitividad; y el desarrollo de las capacidades de las personas a través de la educación y el trabajo.

Está prevista la participación del presidente de la Nación, Javier Milei (desde Paris); el jefe de Gabinete, Diego Santilli; el ministro de Economía Luis Caputo; y el canciller Pablo Quirno, a través de charlas en formato virtual. Y la senadora Nacional por la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, Patricia Bullrich, que estará presente en Mar del Plata.

Luego de las palabras de apertura a cargo de Fabián Kon, presidente del 62° Coloquio y CEO del Grupo Galicia, la primera jornada pondrá el foco en las transformaciones que están modificando las reglas de la economía y la competencia global: la geopolítica, la inteligencia artificial y las nuevas tecnologías, los cambios demográficos, los recursos estratégicos y las nuevas dinámicas del capital.

Entre los especialistas que participarán se encuentran Margaret Myers, profesora y directora ejecutiva del Institute for America, China, and the Future of Global Affairs de Johns Hopkins University; Mark Esposito, profesor de Tech Policy en Northeastern University y Faculty Associate en Harvard University; Nicolás Aguzín, ex CEO de Hong Kong Exchanges and Clearing y miembro de los directorios de Mercado Libre, Globant y Pampa Energía; Guillermo Oliveto, CEO de W/Almatrends; Julen Baztarrica, socio de McKinsey y líder de la práctica de Energía; y Hernán Kazah, cofundador y managing partner de Kaszek.

En el cierre, Luis Lacalle Pou, expresidente de la República Oriental del Uruguay, ofrecerá su visión sobre la experiencia de estabilización uruguaya.

El jueves, en tanto, la conversación se enfocará en cómo construir las condiciones necesarias para consolidar la estabilidad y recuperar previsibilidad para la inversión y la planificación de largo plazo.

El programa contará con la participación de Pablo Goldberg, Managing Director, Head of Research y Portfolio Manager de Deuda de Mercados Emergentes en BlackRock; Andrea Castagnola, profesora visitante de la Universidad Torcuato Di Tella e investigadora afiliada del LawTransform CMI; Jimena de la Torre, consejera de la Magistratura de la Nación; Diego Luciani, fiscal general.

El debate abordará, entre otros temas, la estabilidad macroeconómica, las instituciones, la seguridad jurídica, la Justicia y la importancia de construir reglas y acuerdos de largo plazo que trasciendan los ciclos políticos.

La agenda educativa contará con Verónica Cipriota, directora ejecutiva de Enseña por Argentina; José Goity, ministro de Educación de Santa Fe; Mariano Narodowski, director del área de Educación de la Universidad Torcuato Di Tella; Ricardo Torres, socio fundador de Pampa Energía; y Luciana Paoletti, directora ejecutiva de IDEA.

La jornada cerrará con dos paneles políticos: “El futuro en tiempo presente: jóvenes y política” con Esteban Allasino, intendente de Luján de Cuyo; Leonel Chiarella, intendente de Venado Tuerto y presidente de la UCR Nacional; Gastón Granados, intendente de Ezeiza; Juan Manuel López, abogado y exdiputado Nacional por la Coalición Cívica; Nicolás Pakgojz, legislador de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires (Bloque LLA). Y “La agenda del Senado de la Nación”, con Patricia Bullrich, senadora nacional por la Ciudad Autónoma de Buenos Aires

Para el viernes, la conversación estará centrada en uno de los principales desafíos de la Argentina: transformar sus capacidades y recursos en mayor inversión, productividad y competitividad.

Ryan McInerney, CEO de Visa, será uno de los protagonistas de esta conversación, que también tendrá una fuerte mirada desde las empresas. El panel “Empresas en primera persona” reunirá a Rosana Cordero, CEO de Cordero; Ricardo Markous, CEO de Tecpetrol; Salvador Muñoz, presidente de Hijos de Salvador Muñoz; Christian Otero, cofundador de Lucciano’s; y María Eugenia Sampalione, directora ejecutiva de Newmont Argentina.

La discusión pondrá sobre la mesa los desafíos concretos para crecer y competir, desde los costos y la infraestructura hasta el sistema tributario, la transformación productiva y la inserción internacional.

El debate continuará con una mirada sobre el futuro del trabajo y los cambios que las nuevas tecnologías y las transformaciones económicas están generando en las formas de trabajar. Participarán Luciano Laspina, director ejecutivo de CIPPEC; Diego García, director general de CVC Corp; Alejandro Gorodisch, presidente de Farmacity; y Sofía Vago, CEO de Accenture.

La agenda se completará con el panel “Cómo se construye la influencia hoy”, con Cristian Jerónimo, cosecretario general de la CGT; María Migliore, cofundadora de Popurrí; y Diego Leuco, director de contenidos de Resumido. Y con una charla sobre la experiencia económica israelí a cargo de Esteban Klor, profesor catedrático en el Departamento de Economía de la Universidad Hebrea de Jerusalén.

Las palabras de cierre estarán a cargo Santiago Mignone, presidente de IDEA y socio de PwC Argentina.

Con esta agenda, el 62° Coloquio de IDEA buscará poner en discusión una pregunta central: cómo pasar de una etapa de estabilización a una estrategia capaz de sostener 20 años de crecimiento.

El comienzo de octubre, como sucede en cada mes, trae aparejado la puesta en marcha de nuevos aumentos en diferentes rubros que impactarán en la inflación y en el bolsillo de los argentinos en las próximas semanas.

A pesar de la desaceleración de la variación de precios en el último mes y de la expectativa gubernamental de que dicho proceso se siga profundizando, los incrementos en diferentes sectores continúan presionando el Índice de Precios al Consumidor (IPC).

Alquileres

Los inquilinos que hayan firmado contratos regidos por la derogada ley que regulaba al mercado de alquileres, deberán afrontar la última actualización obligatoria del Índice de Contratos de Locación, ya que durante octubre se cumplen los tres años del fin del régimen, que era el plazo mínimo en el cual se acordaban los vencimientos.

En los contratos que se actualizan libremente, los ajustes dependen de los plazos y el mecanismo en los que se fijaron. En base a la periodicidad y al ICL, en octubre los valores por ajuste trimestral subirán 6,72%, por ajuste cuatrimestral aumentarán 9,83%, por ajuste semestral treparán 17,04% y por ajuste anual el alza será de 31,67%.

Colectivos y subte

El boleto de los colectivos que circulan en la provincia y la Ciudad de Buenos Aires vuelve a aumentar en octubre, en un 3,6% y 3,7%, respectivamente. De esta manera, el pasaje con SUBE pasa a costar entre $920,48 y $1.507,58, dependiendo la cantidad de kilómetros recorridos y la jurisdicción.

Boleto de colectivos en PBA (Líneas del 200 en adelante)

Boleto de colectivos en CABA

En tanto que el pasaje de subte en el territorio porteño también exhibirá un incremento del 3,7%. Así, la nueva tarifa del subte con SUBE registrada pasa a costar $1.817. Mientras que la tarifa sin nominalizar subirá a $2.541,10. El premetro aumentará a $635,95.

Trenes

Los trenes metropolitanos tuvieron su último ajuste mensual en el inicio de septiembre, cuando el boleto mínimo subió un 14,29% hasta los $480 con SUBE registrada. En caso de fijarse un nuevo incremento, deberá ser publicado en los próximos días en el Boletín Oficial.

Peajes

Las tarifas de los peajes de jurisdicción porteña también subirán un 3,7% en octubre. Los nuevos valores para los vehículos livianos de 2 ejes en Autopista 25 de Mayo y Perito Moreno serán de $4.787,85 en hora no pico y de $6.785,16 en hora pico; en la Autopista Illia, Retiro II, Sarmiento y Salguero estarán en $1.994,73 en hora no pico y $2.820,85 en hora pico; en tanto que en Alberti serán de $1.516,26 en hora no pico y de $1.914,97 en hora pico.

Combustibles

La nafta y el gasoil subirán en el décimo mes del año, producto de la actualización parcial del impuesto a los combustibles líquidos y al dióxido de carbono. Además, se puede dar un alza mayor por el impacto del encarecimiento de los mercados energéticos a raíz del conflicto en Medio Oriente. Al igual que viene sucediendo en las últimas semanas, el incremento será aplicado directamente sin aviso previo.

Prepagas

Los planes de salud de las prepagas tendrán una suba en el mes que rondará entre el 1,9% y el 4,9%, dependiendo de la empresa, el plan y la región del país, por encima de la variación general de los precios en los últimos meses.

Servicios públicos

Las tarifas de servicios públicos seguirán con sus actualizaciones mensuales, en base a los esquemas respectivos vigentes. De esta manera, las facturas de electricidad, gas natural y agua llegarán con aumentos en octubre.

En el caso del agua, los usuarios del Área Metropolitana de Buenos Aires (AMBA) afrontarán un incremento del 2,7% en las tarifas de agua y desagües cloacales. Se mantienen el descuento del 15% para usuarios residenciales del zonal bajo y los beneficios de Tarifa Social para hogares vulnerables.

El consumo de los hogares en bienes y servicios cayó en agosto un 1,1% en comparación con el mismo mes de 2025, según el Indicador de Consumo (IC) que elabora la Cámara Argentina de Comercio y Servicios (CAC), publicado este martes. En la medición desestacionalizada, la baja frente a julio fue del 0,8%. El dato corta la mejora que la entidad había registrado el mes anterior y confirma que la recuperación del gasto de las familias sigue sin afianzarse.

El informe muestra una caída desigual entre los rubros. El más golpeado fue Transporte y vehículos, con un retroceso interanual del 11,4% que restó 1,5 puntos porcentuales al índice general. En esa línea, la CAC registró una baja del 18,6% en el patentamiento de automóviles. También cayó Recreación y cultura (-8,2%), que restó 0,7 puntos. En la otra punta, Vivienda, alquileres y servicios subió 4,8% e Indumentaria y calzado creció 4,9%, mientras que el resto de los rubros quedó prácticamente estancado, con una baja del 0,2%.

Entre los datos complementarios, la cámara consignó que el consumo masivo (el segmento de productos de consumo rápido, conocido como FMCG) había caído 2,6% interanual en julio. También señaló un retroceso real del crédito en tarjetas y en préstamos personales y prendarios, y un avance más moderado de los hipotecarios. Es un punto sensible: en los últimos meses, buena parte del consumo de las familias se sostuvo con financiamiento, en un contexto de endeudamiento creciente y aumento de la morosidad.

La CAC puso el foco en los precios. La inflación de agosto fue del 1,7% mensual y acumula 33,5% en los últimos doce meses, y la entidad advirtió que una desaceleración es “fundamental” para mejorar los ingresos reales de los hogares. El diagnóstico describe a una economía en la que el poder de compra todavía no alcanza para sostener un repunte del consumo.

El informe se conoció el mismo día en que el ministro de Economía, Luis Caputo, dio una presentación ante empresarios y ejecutivos financieros en la que defendió el rumbo del Gobierno sin hacer referencia a la caída del gasto. El funcionario destacó que la inflación se redujo un 84%, que la actividad creció 16,4% según el Estimador Mensual de Actividad Económica (EMAE) y que la cantidad de personas en situación de pobreza bajó en 12 millones, siempre según sus propias cifras.

El eje de su exposición fueron las reservas. “Teníamos una meta implícita de US$10.000 millones con el FMI y teníamos un escenario recontra optimista que era que, si las cosas salían muy, muy bien, tal vez llegábamos a comprar US$17.000 millones”, dijo. Y agregó: “Hoy ya estamos en US$14.350 millones. Si proyectamos esa tendencia, todo indicaría que vamos a estar más cerca de los US$20.000 millones de los que habla el presidente”. Según el ministro, “ahora hay dólares para la gente, para las empresas, para los que quieren remitir dividendos” y también para recomponer las reservas del Banco Central.

“Kirchnerismo, el infierno; Kicillof, el anticristo”

Caputo descartó cambios en el esquema cambiario de cara al año electoral. “No esperamos volatilidad cambiaria en 2027, pero nos preparamos como si fuera a pasar”, afirmó, y calificó a quienes reclaman una devaluación como “momias o miserables que solo piensan en sí mismos”. También sostuvo que el Gobierno se va a “concentrar en seguir bajando el costo argentino”.

El ministro volvió a cargar contra el gobernador bonaerense. “El kirchnerismo es el infierno y Kicillof es el anticristo, la gente lo ve así porque lo es”, dijo, y sostuvo que “la productividad no se genera pagándole sueldos de US$300 a los obreros”.

El optimismo oficial contrasta con lo que muestran el mercado y la economía real. El lunes, el riesgo país subió 27 puntos hasta los 628, su nivel más alto en seis meses, y el Merval cayó 4,8% en dólares. Según reportes del mercado, el Palacio de Hacienda usó el Fondo de Garantía de Sustentabilidad (FGS) de la ANSES para vender bonos y contener la caída. El indicador pasó de 485 puntos el 11 de septiembre a cerca de 630 en poco más de dos semanas. Con las compras de dólares como principal argumento del Gobierno y el consumo de las familias todavía en baja, la brecha entre el relato oficial y el bolsillo sigue abierta.

El empresario Cristiano Rattazzi volvió a reclamar la implementación de la dolarización en la Argentina, al definir al peso como una “basura” y una “moneda falopa” que depreció de manera constante los ingresos de la población durante décadas. Además, consideró que, si bien la situación económica general muestra avances en comparación con períodos anteriores, la falta de una definición monetaria de fondo genera incertidumbre e impacta de lleno en las decisiones de empresas y hogares.

Rattazzi enfatizó la necesidad de reemplazar la moneda local para proteger el poder adquisitivo, especialmente de los sectores más vulnerables. 

Sostuvo que el peso fue un mecanismo con el que se “ha estafado” a la sociedad año tras año y que funciona como una “moneda basura desde hace cien años”.

“¿Por qué a la gente pobre que usa la moneda le das pesos? Por lo menos a ellos dales dólares”, planteó, argumentando que recibir ingresos en divisas estadounidenses otorgaría una referencia de valor estable a quienes no disponen de herramientas financieras para protegerse de la inflación.

Asimismo, señaló con ironía que los pesos deberían quedar únicamente para los operadores del sistema financiero “para divertirse, hacer carry trade y todo eso”, mientras que los salarios de la población deberían expresarse en dólares.

Precios elevados, competencia e impuestos

Durante la entrevista brindada a la señal LN+, el empresario también abordó el costo de vida en el país, la apertura comercial y la estructura tributaria. Tras residir tres meses en Italia, afirmó que le llamó la atención el elevado costo de los productos en el mercado local. En ese marco, consideró que la apertura de importaciones y la competencia externa pueden presionar a la baja los valores internos.

El bisniesto de Giovanni Agnelli (fundador de FIAT) apuntó con dureza contra el sistema tributario argentino y tildó a las cargas fiscales de “horribles, distorsivas y absurdas”. En particular, remarcó que el impuesto a los Ingresos Brutos “mata la producción” al acumularse en toda la cadena productiva.

Por último, destacó la eficiencia de las cadenas de producción chinas y recomendó a las empresas privadas buscar alianzas estratégicas con firmas del país asiático para sostener la competitividad frente al avance de sus productos en los mercados globales. 

El riesgo país argentino registró este lunes una fuerte suba de más de 30 unidades y cerró en 642 puntos básicos, el nivel más alto en lo que va del año, en una jornada negativa para los bonos y las acciones locales.

El indicador que elabora JP Morgan alcanzó así su mayor valor desde diciembre pasado y acumula un incremento del 25,2% durante septiembre, en medio de una creciente cautela de los inversores hacia los activos argentinos.

El deterioro se reflejó también en los títulos públicos en dólares. Tanto los Bonares como los Globales llegaron a registrar pérdidas promedio del 1,8% durante la jornada.

La tensión financiera tuvo además su correlato en el mercado cambiario. El dólar oficial subió hasta los $1.550 para la venta en la pizarra del Banco Nación y marcó un nuevo máximo nominal.

El movimiento de los mercados se produjo en un contexto de datos económicos negativos. La contracción del Producto Bruto Interno (PBI) durante el segundo trimestre, a la que se sumó la caída de la actividad registrada en julio, abrió la posibilidad de que la economía ingrese en una recesión técnica.

A ese escenario se agregan el deterioro de los indicadores de desempleo y pobreza y las dudas de los inversores sobre la evolución de la economía durante los próximos meses.

En el frente cambiario, pese al desempeño favorable de las exportaciones, el Banco Central desaceleró el ritmo de compra de divisas, mientras aumentaron las intervenciones destinadas a contener las presiones sobre el mercado ante una mayor demanda privada.

Desde el Gobierno, en tanto, atribuyeron parte del incremento del riesgo país a la volatilidad del contexto financiero internacional y estimaron que las presiones sobre el indicador podrían comenzar a moderarse durante los próximos meses.

La combinación de la caída de los bonos, la suba del dólar oficial y el avance del riesgo país volvió así a marcar una jornada de tensión para los activos argentinos, con el índice de JP Morgan en su mayor nivel de 2026.

Con información de la agencia NA

Una pareja de jubilados que alquila en la Ciudad de Buenos Aires necesitó $2.526.219 en agosto para cubrir sus gastos básicos, mientras que para un matrimonio con vivienda propia la cifra fue de $1.714.568, según el relevamiento mensual de la Defensoría del Pueblo porteña.

La diferencia entre ambos tipos de hogares supera así los $800.000 mensuales y muestra el fuerte impacto del costo de la vivienda sobre el presupuesto de los adultos mayores.

Los datos surgen de la Canasta de Consumo para Personas Adultas Mayores correspondiente a agosto de 2026, que registró para una pareja inquilina un aumento del 2,2% respecto de julio y del 35,3% en la comparación interanual.

Para una pareja de jubilados con vivienda propia, en tanto, la canasta se incrementó un 2,4% mensual y alcanzó una suba del 38,3% frente a agosto de 2025.

La brecha se explica principalmente por el rubro vinculado con la vivienda y los servicios del hogar. Mientras que para una pareja propietaria ese componente representó $579.055, para quienes alquilan ascendió a $1.390.706.

En el caso de una pareja con vivienda propia, el gasto en alimentos llegó en agosto a $638.994, mientras que otros $187.337 correspondieron a salud y $235.895 a bienes y servicios personales.

Desde comienzos de 2026, la canasta para adultos mayores acumula una suba del 16,9% para los hogares propietarios y del 16,6% para los inquilinos.

La Defensoría releva seis tipos de hogares de adultos mayores y, en todos los casos, el incremento interanual se ubicó entre el 33,9% y el 38,5%.

Los medicamentos subieron otro 2%

El organismo también difundió el Índice de Precios de Medicamentos (IPM), que registró durante agosto un incremento promedio del 2% y acumuló una suba del 27,7% en los últimos doce meses.

Los mayores aumentos del mes se produjeron en los medicamentos cardiovasculares y para la presión arterial, que avanzaron un 3,3%. Se trata, además, de algunos de los fármacos de mayor consumo entre las personas mayores.

A continuación se ubicaron los psicofármacos, con un incremento del 2,8%, y los antiinflamatorios, que aumentaron un 1,9%.

El índice elaborado por la Defensoría monitorea mensualmente los precios de 99 medicamentos correspondientes a 34 principios activos y producidos por 37 laboratorios.

El relevamiento busca medir la evolución del costo de los medicamentos de uso frecuente entre los adultos mayores y, junto con la canasta de consumo, seguir el impacto de los precios de bienes y servicios esenciales sobre ese sector de la población.

Los datos de agosto muestran que la situación habitacional continúa siendo determinante: una pareja jubilada que debe pagar un alquiler necesitó más de $2,5 millones mensuales para afrontar sus gastos básicos, unos $811.651 más que un matrimonio de adultos mayores con vivienda propia.

El Gobierno aprobó la renegociación del contrato de Aeropuertos Argentina 2000, la concesionaria del grupo Corporación América de Eduardo Eurnekian, que le permitirá seguir operando los 35 aeropuertos del llamado Grupo “A” del Sistema Nacional de Aeropuertos hasta el 13 de febrero de 2056. La medida se oficializó este lunes mediante la Decisión Administrativa 27/2026, con la firma del jefe de Gabinete, Diego Santilli, y del ministro de Economía, Luis Caputo. En la misma edición del Boletín Oficial se publicó el Decreto 1074/2026, en el que Javier Milei se excusa de intervenir en cualquier asunto vinculado a la empresa por haber mantenido, antes de llegar a la Presidencia, “un vínculo profesional” con Corporación América.

Las dos normas llevan la misma fecha, el viernes pasado 25 de septiembre. Pero el acuerdo que aprueba la decisión administrativa ya había sido firmado el 1° de septiembre entre la presidenta del Organismo Regulador del Sistema Nacional de Aeropuertos (ORSNA), Noelia Ruiz, y Daniel Ketchibachian, en representación de la concesionaria, y es el resultado de una negociación que empezó después de que Milei asumió. Es decir, el apartamiento del Presidente se formalizó cuando el negocio ya estaba cerrado. El propio decreto aclara que “entrará en vigencia desde el momento de su dictado”, con lo cual no alcanza a nada de lo que pasó antes.

El texto de la excusación reconoce el conflicto: “Como es de público y notorio conocimiento, quien suscribe mantuvo, antes de asumir el ejercicio de la función pública, un vínculo profesional con el grupo empresario Corporación América”. Milei fue durante años economista jefe del holding de Eurnekian. El decreto se apoya en la Ley de Ética de la Función Pública, en la Ley de Procedimientos Administrativos y en el Código de Ética aprobado por el Decreto 41/99, que exige que la función pública “inspire confianza en la comunidad”. Como el Presidente no tiene un superior al cual elevar la excusación, la competencia pasa al jefe de Gabinete, en virtud del artículo 16, inciso 35, de la Ley de Ministerios, que le permite renegociar contratos de concesión “en caso de imposibilidad del Poder Ejecutivo”. El decreto consigna que intervino la Oficina Anticorrupción.

En concreto, el acuerdo suma once años al vencimiento vigente, fijado en 2038 por la prórroga que otorgó el gobierno de Alberto Fernández en 2020, y lleva la concesión hasta el 13 de febrero de 2049. Sobre esa base, se agregan otros siete años, hasta 2056, sujetos a dos condiciones. La primera es que antes del 30 de junio de 2027 la empresa demuestre, mediante el informe de una auditora internacional, que tiene los fondos o el financiamiento para una inversión directa adicional de US$600 millones, IVA incluido, destinada al “Plan Integral de Ezeiza”. La segunda, que el 75% de esas obras esté terminado antes del 31 de diciembre de 2031. Si no cumple, la concesión termina “de pleno derecho” en 2049. El contrato original, firmado en 1998 durante el gobierno de Carlos Menem, vencía en 2028: con esta readecuación, el grupo podría sumar 28 años más de explotación.

Aeropuertos Argentina concentra alrededor del 90% del tráfico aéreo del país y opera terminales como Ezeiza, Aeroparque y Córdoba, por las que pasan cerca de 43 millones de pasajeros al año. Por su escala, es uno de los contratos de infraestructura más importantes que administra el Estado. La excusación de Milei, que debía despejar dudas sobre la imparcialidad de la decisión, se conoció el mismo día que el resultado de una negociación llevada adelante por su propio gobierno durante casi tres años. Quedó para el registro formal un apartamiento que no tuvo efecto sobre el negocio: la firma que faltaba era la de Santilli.

La pandemia como excusa

La justificación oficial para extender el contrato es la pandemia. Los considerandos recuerdan que el tráfico internacional de la concesión cayó 76% en 2020 y 86% en 2021 respecto de 2019, y el doméstico, 77% y 62%. Según el acta, los ingresos de la concesión se redujeron 60% entre 2019 y 2020. Ese mismo argumento fue el que sostuvo la prórroga de diez años otorgada por el Decreto 1009/20, a cambio de inversiones por 606 millones de dólares. Seis años después, el acta sostiene que las proyecciones de aquel acuerdo “no tuvieron un debido correlato” y que el impacto de la pandemia en el sector “se extiende hasta la actualidad”. La renegociación se hizo bajo el artículo 7° bis de la Ley 17.520, modificada por la Ley Bases, y su reglamentación, el Decreto 713/24, que obliga al Estado a garantizar el equilibrio económico-financiero de las concesiones.

El eje del acuerdo es la rentabilidad. Según el ORSNA, la Tasa Interna de Retorno (TIR) del contrato era de 12,49% a fines de 2024; la empresa consideraba que era todavía más baja y reclamaba volver al 16,45% que, según su interpretación, surgía de los acuerdos anteriores. Una auditoría encargada por las partes la ubicó en 11,52%. El acta fija una TIR de 14,30%, que atribuye tanto al “sacrificio compartido” como a “las perspectivas positivas de la política económica implementada por el Gobierno Nacional”. Según fuentes de la negociación citadas por la agencia Noticias Argentinas, la empresa pretendía una tasa cercana al 17% y también había pedido ingresar al Régimen de Incentivo para Grandes Inversiones (RIGI), algo que el Ejecutivo rechazó.

El documento explica que para recomponer esa ecuación se privilegió la “variable plazo” por sobre cambios en tarifas o inversiones, que “tendrían mayor impacto en los usuarios”. Aun así, establece que el ORSNA deberá dictar los actos necesarios para “alinear las tasas aeroportuarias” a los valores de la nueva proyección financiera hasta 2056, que se publicarán después de la aprobación del acuerdo. La concesionaria seguirá aportando el 15% de sus ingresos totales al fideicomiso de obras del sistema, y la inversión de 600 millones de dólares queda por fuera de ese esquema.

Algunas cláusulas refuerzan la posición de la empresa. La obligación general de inversión se dará por cumplida cuando se alcance el monto previsto para cada período, “independientemente del avance físico de las obras”. El ORSNA y el Estado se comprometen a no exigir inversiones que superen las proyecciones sin compensar a la concesionaria. Se mantiene hasta el final de la concesión la exclusividad en la Región Metropolitana de Buenos Aires, que incluye Ezeiza, Aeroparque, San Fernando y El Palomar. Y se crea un panel técnico de tres miembros para resolver las controversias antes de que lleguen a la Justicia.

El acuerdo también cierra el frente judicial. La cláusula novena establece que el Estado y la concesionaria, “incluyendo los accionistas de este último”, no tendrán nada más que reclamarse por hechos anteriores al acta ni por los perjuicios derivados de la pandemia. La empresa deberá desistir en diez días hábiles de la demanda que inició contra el ORSNA por la Resolución 56/23, que tramita en el fuero contencioso administrativo federal y que, según el acta, es la única causa judicial en curso. El texto deja constancia de que la concesionaria pagó todas las multas firmes impuestas por el regulador.

MC

El banco estadounidense J.P. Morgan advirtió que la economía argentina tuvo en julio su peor desempeño mensual desde el confinamiento de abril de 2020 y, tras conocerse los últimos datos de actividad, recortó su proyección de crecimiento para el país durante 2026.

La entidad señaló que esperaba un resultado negativo para julio debido a la debilidad que ya había mostrado la economía durante el segundo trimestre, pero admitió que la contracción terminó siendo considerablemente mayor de lo previsto.

“Esperábamos un dato débil de actividad en julio, en línea con el contexto de debilidad que caracterizó al segundo trimestre. Sin embargo, la contracción informada superó ampliamente nuestra previsión de aproximadamente -1% mensual”, señaló J.P. Morgan en su análisis fechado el viernes pasado y firmado por los analistas Lucila Barbeito y Diego Pereira.

El Instituto Nacional de Estadística y Censos (INDEC) informó esta semana que el Estimador Mensual de Actividad Económica (EMAE) registró en julio una caída desestacionalizada del 2,9% respecto de junio.

En la comparación contra julio de 2025, la actividad económica retrocedió 1,4%, mientras que el componente tendencia-ciclo mostró una variación positiva de 0,2%. La magnitud de la contracción llevó a J.P. Morgan a poner el dato en perspectiva histórica.

“La economía argentina registró su peor desempeño mensual desde el confinamiento de abril de 2020”, destacó la entidad financiera.

El banco agregó que, dejando de lado episodios económicos excepcionales de las últimas dos décadas, es necesario remontarse varios años para encontrar retrocesos mensuales de semejante magnitud.

“Si se excluye el confinamiento de 2020, el shock financiero global de fines de 2008 y el período de estrés financiero de 2018-2019, ningún mes desde 2004 había registrado una caída mayor”, sostuvo J.P. Morgan.

El resultado de julio profundizó las señales de desaceleración que ya habían aparecido durante el segundo trimestre. Según los datos oficiales, el Producto Interno Bruto (PIB) había registrado entre abril y junio una caída desestacionalizada del 0,6% respecto del primer trimestre, aunque en términos interanuales todavía mostraba un crecimiento del 2%.

Además, el nivel de actividad desestacionalizado de julio quedó 4,5% por debajo del máximo alcanzado en marzo de este año, según el análisis de J.P. Morgan. El crecimiento acumulado entre enero y julio, en tanto, se redujo al 1,7%, frente al 2,2% que acumulaba hasta junio.

Ante este escenario, el banco estadounidense revisó a la baja sus perspectivas para la economía argentina y redujo de 2,7% a 1,5% su estimación de crecimiento para todo 2026.

J.P. Morgan proyecta, además, una contracción anualizada del 4% durante el tercer trimestre, luego del retroceso registrado en el segundo trimestre.

La evolución de agosto y septiembre será determinante para establecer si la economía completa dos trimestres consecutivos de contracción en términos desestacionalizados.

Los datos sectoriales de julio mostraron también un comportamiento dispar: de los 15 sectores relevados por el INDEC, ocho registraron caídas interanuales.

Entre los retrocesos más importantes estuvieron comercio mayorista, minorista y reparaciones, con una baja del 5,1%, y la industria manufacturera, con una contracción del 4,6% interanual. En sentido contrario, pesca registró un fuerte crecimiento interanual y la explotación de minas y canteras avanzó 8,4%.

El nuevo diagnóstico de J.P. Morgan se conoce después de que los datos oficiales confirmaran que la actividad económica perdió impulso durante el segundo trimestre y profundizó su contracción mensual en julio, aumentando la atención sobre la evolución de la economía durante la segunda mitad del año.

El gobierno de Javier Milei logró reducir, según el Instituto de Estadística (Indec), la pobreza del 40% heredado en el primer semestre de 2023, el último completo del peronismo, al 32%, menor al 35% del 2019 prepandémico. Pese a la suba de la primera mitad de 2026, aún puede jactarse de una baja. Claro que si se aplicara otra metodología más precisa y actualizada para medirla, la merma sería a alrededor del 38%, según coinciden las estimaciones preliminares de expertos del Centro de Estudios Distributivos (Cedlas) de la Universidad de La Plata, del Centro de Economía Política Argentina (CEPA) y del Observatorio de la Deuda Social de la Universidad Católica Argentina (UCA). Es decir, sólo 2 puntos porcentuales de merma respecto de 2023 y tres puntos arriba de 2019.

Otros países, en cambio, han logrado disminuir la pobreza respecto del nivel previo al salto que produjo el Covid-19 y las consiguientes cuarentenas. No son muchos en el mundo que lograron ese desempeño, la mayoría mejoró respecto del drama de 2020. Entre los pocos figuran Brasil, México y China. Ninguna de estas tres potencias usaron la receta libertaria de Milei.

Si se toma como referencia la estadística de pobreza del Banco Mundial sobre la cantidad de personas que sobreviven con menos de US$8,30 por día, ajustados por paridad de poder de compra, la Argentina se mantuvo en 14% entre 2019 y 2024, último dato disponible, mientras que México la bajó del 34% al 20%; Brasil y China, del 27% al 20%; Indonesia, del 69% al 62%; Honduras, del 53% al 48%; Paraguay, del 24% al 19%; El Salvador, del 33% al 28%; Costa Rica, del 15% al 9%; Chile del 8% al 4%; Colombia, del 40% al 36%; República Dominicana, del 17% al 13%; Vietnam, del 23% al 20% e India, del 69% al 62%.

“Son países que hicieron políticas diferentes, pero lo común es que todos crecieron”, se refiere Leopoldo Tornarolli, economista del Cedlas, sobre los casos exitosos de Latinoamérica en esta década. “Se recuperaron de la caída de la pandemia y después siguieron creciendo. En políticas sociales hacen transferencias directas de ingresos, como la Argentina”, agrega.

Pero enfoquémonos en los ejemplos de los países que más puntos porcentuales redujeron la pobreza: México, Brasil y China. En el caso de México, bajo el anterior gobierno de Andrés Manuel López Obrador (AMLO), sucedido por su correligionaria Claudia Sheinbaum, la mejora fue más por ingresos laborales que por ayudas sociales, aunque se destacó la Pensión para Adultos Mayores. Al igual que en Brasil, en el país latino de América del Norte influyó la suba del salario mínimo, a contramano de la Argentina de Milei, donde cada vez se licúa más y pierde el valor de referencia para el mercado.

En México, la economía creció de la mano de los servicios, pero también de las inversiones industriales. El llamado nearshoring, la deslocalización cercana, consistió en la radicación de fábricas en territorio mexicano para abastecer a EE.UU., en lugar de hacerlo desde China, dada las barreras que los gobiernos de Donald Trump y Joe Biden impusieron al gigante asiático. Al plan de atraer industrias que antes se instalaban en Asia, López Obrador y Sheinbaum sumaron las políticas salarial y social, el proteccionismo frente a los productos chinos y el Estado presente en el negocio energético. Se les cuestiona por los déficit fiscales, al igual que a Luiz Inácio Lula da Silva, pero sin llegar a los niveles del peronismo en la Argentina.

En Brasil, con el regreso al poder de Lula en 2023, se reestructuró y amplió el plan Bolsa Familia. Pero además de la asistencia social, la mejora salarial y la menor inflación redundaron en un progreso, combinado con una economía que creció por el agro y el consumo y, en menor medida, por los servicios y la industria. Al igual que México y en contraposición a Milei, el socio mayor del Mercosur despliega una política a favor de la producción de manufacturas. El desempleo descendió, a contramano de la Argentina. De ahí a que este buen desempeño se traduzca en reelección de Lula el próximo domingo frente a Flávio Bolsonaro es otro cantar: influye la polarización política, la corrupción a ambas bandas pero también problemas económicos como el alto endeudamiento, las altas tasas de interés, una actividad que se expandió sólo 1,9% y una inflación del 4,2% anual pero con presiones al alza.

En China, con un régimen de partido único, entre 2019 y 2020 se terminó la campaña para eliminar la pobreza rural, con una polémica relocalización de pobladores de zonas remotas en complejos urbanos y desarrollo industrial Entre 2021 y 2025 comenzó un plan para administrar la vulnerabilidad a largo plazo, identificando a los hogares con riesgo de ser pobres, con cobertura médica básica para que las enfermedades no empeore la economía familiar y con mecanismos para que los niños no dejen la escuela. En 2026, se pasó a un nuevo programa de asistencia permanente y focalizada, con transferencias y empleos del Estado.

El crecimiento chino, que ya no es tan potente como en el pasado, dejó de concentrarse en la construcción y el sector inmobiliaria y ahora se basa en manufacturas avanzadas, desde autos eléctricos y baterías hasta equipamiento de energías renovables, siempre con crédito estatal y apuntando a la exportación. También se enfoca en la alta tecnología. El gigante asiático ya no crece al 9% anual, como en las décadas en que despegó desde los 80, pero su expansión es aún mayor que la de Brasil o México: 8,6% en 2021, tras la pandemia; 3,1% en 2022, y alrededor del 5% de 2023 a 2025. La economía brasileña creció en ese periodo 4,8% en 2021, 3% de 2022 a 2024 y un moderado 2,3% en 2025. La mexicana mejoró aún menos: 6% en 2021, 3,7% en 2022, 3,1% en 2023, un flojo 1,4% en 2024 y todavía peor 0,6% en un 2025 de estancamiento.

AR /MG

El riesgo país argentino volvió a subir este viernes y superó los 610 puntos básicos, impulsado por una nueva caída de los bonos soberanos y en un contexto de mayor cautela de los mercados.

A mitad de la rueda, el indicador elaborado por JP Morgan avanzaba 33 unidades, un 5,7%, hasta ubicarse en 611 puntos, su valor más alto en cinco meses. El 8 de abril había llegado a los 610 puntos.

La suba de este viernes extendió a diez jornadas consecutivas la tendencia alcista y llevó el incremento acumulado durante la semana a 79 puntos básicos.

El deterioro del indicador se produjo en paralelo con una nueva baja de los títulos de deuda argentina. Entre los Bonar, las pérdidas llegaban al 2,1% en el AL41D, mientras que los Globales retrocedían hasta 3%, como en el caso del GD46D.

El nivel alcanzado por el riesgo país vuelve a alejar la posibilidad de que el Estado nacional acceda al mercado internacional para realizar una colocación voluntaria de deuda.

El escenario externo también suma presión sobre los activos argentinos. Entre los factores que inciden se encuentran la política de tasas de interés de la Reserva Federal de Estados Unidos, un contexto financiero internacional más adverso y el rendimiento del bono del Tesoro estadounidense a diez años, que se ubica por encima del 5%.

A esas variables se agregan las dudas de los inversores sobre la marcha del programa económico del Gobierno y los últimos indicadores de la economía argentina, entre ellos los datos de pobreza y la caída de la actividad en distintos sectores.

El presidente Javier Milei y el ministro de Economía, Luis Caputo, ratificaron esta semana durante su visita a Estados Unidos que no habrá modificaciones en el rumbo económico y aseguraron que el país dispone de los fondos necesarios para afrontar los vencimientos de la deuda pública.

Sin embargo, el mercado sigue con atención el impacto social y económico del programa y sus posibles consecuencias sobre la continuidad del proyecto oficialista.

El clima negativo también alcanzaba a las acciones de compañías argentinas que cotizan en Wall Street. Los ADRs registraban pérdidas de hasta 3%, encabezadas por Transportadora de Gas del Sur. En sentido contrario, Loma Negra avanzaba 1,2% y Corporación América ganaba 1,4%.

En Buenos Aires, el índice Merval retrocedía 1,5%, con mayoría de bajas entre los principales papeles. Transportadora de Gas del Sur perdía 2,6%, mientras que Loma Negra se destacaba entre las excepciones con una mejora de 1,8%.

Con información de la agencia NA

La actividad económica registró en julio una caída del 2,9% respecto de junio en la medición desestacionalizada y retrocedió un 1,4% en la comparación con el mismo mes de 2025, según informó el Indec.

El resultado profundizó la dinámica irregular que viene mostrando la economía durante 2026, con meses de recuperación seguidos por nuevos retrocesos. En los primeros siete meses del año, el nivel de actividad alternó subas y bajas, mientras que el acumulado interanual se ubicó en terreno positivo.

En la comparación con julio de 2025, siete de los quince sectores que integran el Estimador Mensual de Actividad Económica (EMAE) mostraron incrementos, mientras que los ocho restantes registraron caídas.

Entre las actividades con mejores resultados sobresalió la pesca, con un crecimiento interanual del 424,5%, seguida por la explotación de minas y canteras, que avanzó 8,4%. La agricultura, ganadería, caza y silvicultura, por su parte, creció 0,7%.

En conjunto, estos tres sectores aportaron un punto porcentual a la variación interanual del indicador.

En sentido contrario, el comercio mayorista, minorista y reparaciones retrocedió 5,1% frente a julio del año pasado, mientras que la industria manufacturera cayó 4,6%. Entre ambos sectores restaron 1,3 puntos porcentuales a la variación del EMAE.

También mostraron resultados negativos la construcción, con una baja interanual del 3,3%, y la intermediación financiera, que retrocedió 3%.

Para Facundo Beltramone, economista de la Fundación Libertad, los indicadores disponibles muestran “una señal de debilidad en el margen”. En términos desestacionalizados y respecto de junio, la producción industrial manufacturera cayó 5%, la construcción 4,6% y la producción minera 0,9%.

A ese escenario se sumó el comportamiento del comercio exterior: las exportaciones disminuyeron 4,9% y las importaciones 4,5% frente al mes anterior.

Los números de julio se inscriben en una trayectoria marcada por una elevada volatilidad. El EMAE desestacionalizado había aumentado 0,4% en enero, cayó 2,6% en febrero, rebotó 3,5% en marzo y volvió a retroceder 1,5% en abril y 0,5% en mayo. En junio había registrado una recuperación del 0,8%, que quedó más que compensada por la caída de julio.

“Más que una trayectoria lineal, durante 2026 aparece una economía moviéndose en forma de serrucho, alternando correcciones y recuperaciones mensuales”, explicó Beltramone.

La misma dinámica se observa al analizar los datos trimestrales. El Producto Interno Bruto (PIB) desestacionalizado creció 0,7% durante el primer trimestre respecto de los últimos tres meses de 2025, pero cayó 0,6% en el segundo trimestre frente al período enero-marzo. Pese a ese retroceso, el nivel de actividad se mantuvo 2% por encima del segundo trimestre del año pasado.

La caída del segundo trimestre fue algo menor que la esperada por el último Relevamiento de Expectativas de Mercado (REM), que había proyectado una contracción desestacionalizada del 0,9%. Para los próximos meses, el consenso de los analistas espera una recuperación del 1,1% en el tercer trimestre y del 1,3% en el cuarto.

Las estimaciones anuales también mantienen una perspectiva de crecimiento. Después de la expansión del 4,5% registrada en 2025, el último REM prevé un incremento del PIB del 2,1% para 2026, del 2,9% para 2027 y del 3% para 2028.

El proyecto de Presupuesto 2027 contempla un escenario más optimista para el año próximo, con un crecimiento del 4%, frente al 2,9% proyectado por el consenso relevado por el Banco Central.

De cumplirse las previsiones, la Argentina podría encadenar cuatro años consecutivos de expansión económica, algo que no sucede desde hace dos décadas. La última vez que el país completó al menos cuatro años seguidos de crecimiento fue en el ciclo que terminó en 2008.

Justina Gedikian, analista de renta fija de Cohen Aliados Financieros, consideró que el resultado de julio fue “bastante peor de lo que se anticipaba”.

Según explicó, la caída “borró con creces la leve mejora de junio” y dejó al indicador en su nivel más bajo desde marzo de 2025 y un 4,1% por debajo de diciembre. Además, señaló que el crecimiento acumulado interanual de los primeros siete meses se redujo al 1,7%.

Para Gedikian, el comportamiento sectorial muestra una actividad que continúa dependiendo fundamentalmente de los sectores primarios, mientras aquellos más intensivos en empleo presentan mayores dificultades.

“En lo que va del año, la actividad cayó en cuatro de los siete meses, lo que refuerza lo que venimos anticipando: una actividad sin motor propio más allá de los sectores primarios, que esta vez tampoco alcanzaron a sostenerla”, afirmó.

La analista advirtió además que, con los sectores más intensivos en empleo rezagados, “se achica el margen para mejorar el ánimo de la sociedad justo cuando empieza a asomar el calendario electoral de 2027”.

Con información de la agencia NA

La pobreza volvió a subir en el gobierno de Javier Milei. Había arrancando creciendo después de un brutal sinceramiento de precios en el inicio de la gestión vía devaluación del peso, tras la sobrevaluación que dejó la gestión anterior: del 40,1% del primer semestre de 2023 al 52,9% en el mismo periodo del año siguiente. Después, con la baja de la inflación logró reducirla al 28,2% en la segunda mitad de 2025, el menor nivel desde 2018. Claro que había polémica por la metodología de medición. Pero ahora ha vuelto a elevarse: saltó al 32,3% en el primer semestre de 2026, según el Instituto de Estadística (Indec).

La indigencia, es decir, la falta de recursos para comer, subió del 6,3% al 7,5% entre el segundo semestre de 2025 y el primero de 2026. El sociólogo Agustín Salvia, director del Observatorio de la Deuda Social de la Universidad Católica Argentina (UCA), explica la suba de la pobreza por diversos factores. Por un lado, los ingresos que crecen a menor ritmo que los precios de las canastas básicas, tanto la alimentaria, para evitar la indigencia, para la total, para sortear la pobreza, y que incluye gastos básicos de vestimenta, calzado, transporte, medicamentos, consultas médicas, educación, servicios de luz, gas y agua, equipamiento del hogar, entre otros rubros.

Por otro, el debilitamiento del mercado de trabajo. Se destruye empleo formal y es más que compensado por el informal y el cuentapropismo, en los que se gana entre 14% y 28% menos. Pero también aumenta la desocupación.

En tercer lugar, Salvia señala una distribución menos favorable de la recuperación de los ingresos. Es decir, se incrementa la desigualdad. No es extraño que haya un boom de llegada de marcas de lujo mientras el consumo masivo no encuentra piso, cae año tras año.

En cuarto término, menor dinamismo y mayor heterogeneidad de la actividad económica. El PBI cayó en el segundo trimestre y arrancó el tercero con una baja en julio. A su vez, los sectores que vuelan son los que menos empleo necesitan, como agro, hidrocarburos y minería, mientras siguen retrocediendo la industria, la construcción y el comercio, que son los que más trabajo generan.

En quinto lugar, la menor capacidad protectora de las ayudas sociales. Las jubilaciones, pensiones y asignaciones se actualizan por inflación pero con dos meses de rezago. Pero además el índice de precios al consumidor (IPC) se basa en una canasta de consumo desactualizada, que subestima el impacto de los tarifazos de servicios públicos. Esta es una de las polémicas no sólo en torno al IPC sino al propio índice de pobreza.

Por último, Salvia señala la mayor presión de tarifas, alquileres y servicios públicos, los gastos fijos que dejan menos ingreso disponible para las familias. Como estos rubros pesan poco en el IPC, también influyen menos en el dato de la cantidad de pobres. Por tanto, hay más inflación y más pobreza de la que calcula el Indec. Por la negativa del Gobierno a actualizar estos indicadores es que Marco Lavagna renunció a la dirección del Indec en febrero pasado. Milei y su ministro de Economía, Luis Caputo, prefirieron mantener sus estadísticas pero la realidad comenzó a colarse aún en ellas.

El investigador de la UCA, entre otros, ha señalado problemas en la medición de la pobreza: problemas en la captación de ingresos, de una canasta total construida con ponderadores desactualizados y del desfase entre los ingresos declarados y las canastas utilizadas, factores que durante un período de alta inflación alteran tanto los niveles como la evolución. Aunque el IPC haya bajado del 211% en 2023, aún se mantiene en 33%, entre los más elevados del mundo.

AR

“El riesgo país se mantiene en la zona de los 500 (puntos básicos), sube, fluctúa. Si aparecen pelotudos hablando por New York, sube, obvio, porque dicen: 'Uy, no, creíamos que era boludo, pero no tanto'', soltó este miércoles Javier Milei, que coincidió en esa ciudad norteamericana con el gobernador de la provincia de Buenos Aires y posible rival e las elecciones de 2027, Axel Kicillof, aunque con agendas paralelas, pero ambos con reuniones con inversores. El presidente no se hizo responsable de que el índice de peligro de impago de la deuda haya llegada a 556, el mayor nivel en cinco meses, por la menor acumulación de reservas y la caída de la actividad económica, que a su vez redunda en su mayor impopularidad. Otra fue la mirada de Kicillof.

En un encuentro el martes con una decena de fondos de inversión, entre ellos, Eaton Vance, Vanguard, GoldenTree, Mesarete y BlackRock, Kicillof, que por ahora no confirma su candidatura presidencial, fue llamado “proto precandidato” por uno de los ejecutivos de finanzas. El gobernador viajó en calidad de tal para hablar en teoría con los inversores en bonos bonaerenses. Además se juntó con empresarios de Microsoft, Mastercard, Google, MetLife, Dreyfus, a los que se sumó José Luis Manzano (dueño de Edenor, Metrogas, entre otras firmas) , participó de un evento con el alcalde de Nueva York, Zohran Mamdani, la revelación de la izquierda norteamericana, y el presidente español, Pedro Sánchez, y disertó en la Universidad de Columbia y en la New School.

Ante los inversores financieros, Kicillof relató en el inicio cómo el ajuste de Milei había afectado a la provincia de Buenos Aires, tanto a las transferencias de la Nación como a la herencia de obras públicas inconclusas. Advirtió que los recortes del Gobierno contra su distrito eran en materia de litigio, es decir, un pasivo contingente. Después explicó cómo suplió el faltante de recursos. “Fue una forma de admitir que había excedente de gastos”, razonó después uno de sus interlocutores. Otro de ellos destacó que sus bonos preferidos son los bonaerenses, pero aclaró que no es por mérito del gobernador ni su modelo económico.

Kicillof, acompañado de los ministros de Gobierno, Carlos Bianco, y de Hacienda, Pablo López, se refirió después al “daño colateral” del “programa de ajuste clásico sin programa de desarrollo” de Milei, y recordó la morosidad crediticia de las familias, el cierre de empresas y la pérdida de casi medio millón de empleos privados formales en su gestión. No explicitó ninguna medida para un futuro gobierno suyo. “Primero deberíamos saber qué va a dejar Milei cuando se vaya...”, suele decir Bianco.

Por eso Kicillof habló de objetivos. Criticó el peso sobrevaluado de la actualidad y sugirió que debería estar más depreciado. Razonó que el dólar barato es usado como método del Gobierno para bajar la inflación, pero alertó sobre el impacto en el encarecimiento de la producción local de bienes y servicios. Habló de proteger a la industria local y en eso se mostró de acuerdo con el proteccionismo de Donald Trump.

El gobernador opinó que el Régimen de Incentivo de Grandes Inversiones (RIGI) era innecesario para estimular la producción de Vaca Muerta, que ni las petroleras lo pedían y, por tanto, era un uso inútil de recursos fiscales. Pero no aclaró qué haría con el RIGI. “De las políticas de la gestión Milei la que se presenta como más difícil de ser modificada por una futura administración es el RIGI”, analizó el mes pasado en sus informes el analista político Ignacio Labaqui, muy consultado en Wall Street. Entre los motivos, figura el apoyo de los gobernadores andinos, inclusive los peronistas, a este carnaval de rebajas de impuestos y aranceles a la importación y también la amenaza de que cualquier inversor, sin importar si es local o del país que sea, puede demandar a la Argentina en tribunales internacionales.

Pero la pregunta es quién va a financiar una reconstrucción al menos parcial del Estado y sus funciones en educación, salud, jubilación y obra pública si los sectores económicos ganadores, la energía y la minería, tributan menos que los perdedores, como industria, construcción y comercio, y si los ricos cuentan con el respaldo de una reforma del impuesto de bienes personales que impide aplicarse nuevos gravámenes a su patrimonio hasta 2038. Por algo al diputado Máximo Kirchner -rival interno de Kicillof y de recorridas por el interior mientras crece la popularidad de su madre inhabilitada para ejercer cargos públicos- propuso esta semana un impuesto del 3% al 5% a la salida de capitales al exterior como método para recaudar los ingresos que cada vez escasean más en la economía libertaria.

El gobernador evitó ese tipo de definiciones, que hubiesen quizás irritado a unos inversores que lo miran con desconfianza. Cayeron bien algunas de sus frases: “¿A quién no le gusta que haya baja inflación?” y “no creo que haya que llevar el gasto por las nubes”. Cuando fue ministro de Economía de Cristina Fernández de Kirchner entre 2013 y 2015, era de los que sostenían que podía darse rienda suelta a las erogaciones, lo que fue criticado después hasta por Martín Guzmán, que ocupó ese mismo cargo con Alberto Fernández de 2019 a 2022.

“Es dificil estar muy entusiasmado con un candidato que nacionalizó YPF, como gobernador hizo una renegociación complicada de la deuda bonaerense y que tiene una ideología con la que la economía sufrió bastante”, reflexiona un inversor tras el encuentro neoyorquino, que igual atribuye la suba del riesgo país a la caída de la popularidad de Milei y a una campaña electoral que ha comenzado muy temprano en un contexto de suba de tasas de interés internacionales que daña a todos los mercados emergentes. Kicillof recordó que como ministro y gobernador siempre abonó los pasivos: es cierto que normalizó los pagos al Club de París (grupo de naciones acreedoras) e indemnizó a la petrolera española Repsol por la expropiación de YPF, pero incumplió el fallo de EE UU a favor de los fondos buitre.

Para Mauricio Monge, economista de la consultora británica Oxford Economics, quien observó desde Ciudad de México la gira de Kicillof, la mirada es distinta: “Es un buen paso que dio, pero me parece que los inversores aún seguirán del lado de Milei”. “Axel se está moderando mucho. Sabe que volver a las viejas prácticas de la izquierda no es algo que ni los inversores ni la gente en la Argentina quieren. Es muy pronto para saber si puede ganar, pero aparece como el rival de Milei. Prevemos que Milei se quede en el gobierno, no porque la gente esté contenta con él, pero puede ganar porque no hay un candidato fuerte”.

“Kicillof quiere mostrarle a los inversores que no se va a volver a las políticas pasadas, con déficits fiscales gigantescos financiados por el Banco Central, lo que traía problemas de inflación”, opina Monge. “Ahora la Argentina tiene un modelo exportador en pleno boom, con Vaca Muerta, el agro, que generan dólares de manera sana, sin préstamos”, destaca, para sostener que el eventual candidato presidencial del peronismo quiere mantener esas fuentes de divisas pujantes.

AR/MC

La planta bonaerense de Dánica dejará de producir desde el 30 de septiembre tras casi 90 años de historia luego de no poder revertir un extenso proceso de problemas económicos y operativos que incluyó reestructuraciones y reducciones de personal.

El anuncio del cierre definitivo de la emblemática fábrica de margarinas Dánica, ubicada en la localidad de Llavallol, se conoció mediante un comunicado de la empresa Dorada S.A. en el ingreso de la planta.

Al informar la decisión, la empresa argumentó que la misma se da como “resultado de un prolongado proceso que buscó revertir las dificultades económicas, productivas y operativas que afectaban la viabilidad del establecimiento”.

Al respecto, puntualizó que “llevó adelante distintas medidas destinadas a mejorar la competitividad de la planta, sostener su actividad y preservar las fuentes de trabajo” pero manifestó que “no fue posible alcanzar las condiciones necesarias para asegurar una operación sostenible”.

En este marco, expresó que “cumplido el plazo previsto en el último acuerdo y agotadas las instancias evaluadas para darle continuidad, la empresa resolvió el cierre definitivo de la planta” y detalló que “se dará inicio a la parada definitiva de las instalaciones conforme a las normativas ambientales vigentes”.

Ante esta situación, los cerca de 30 empleados que aún permanecían en la plantilla instalaron una carpa frente a la fábrica para organizar una permanencia por turnos, a la espera de respuestas oficiales.

El Sindicato de Obreros y Empleados de la Industria Aceitera de Capital Federal y Gran Buenos Aires (SOEIA), liderado por Ezequiel Roldán, presentó una denuncia ante el Ministerio de Trabajo de la provincia de Buenos Aires y solicitó la convocatoria urgente a una audiencia con los representantes de la firma.

Desde la conducción sindical manifestaron que la única notificación formal hasta la fecha fue el aviso pegado en el portón, ya que los trabajadores no recibieron cartas documento ni telegramas de despido.

En cuanto a la situación salarial, la empresa aseguró que los sueldos se abonarán hasta la fecha fijada para el cierre y que las indemnizaciones serán liquidadas conforme a la Ley de Contrato de Trabajo y la normativa vigente.

El conflicto actual representa el tercer intento de cierre de la planta en los últimos años. En abril de 2020, en plena pandemia, la compañía suspendió sus actividades atribuyendo la decisión a reclamos salariales, aunque reabrió dos días después tras un acuerdo con la administración provincial.

Posteriormente, a fines de 2024, la empresa impulsó un esquema de retiros voluntarios que redujo sensiblemente la dotación en áreas clave. Tras negociaciones sindicales, la planta reanudó operaciones en febrero de 2025 bajo un esquema limitado únicamente al proceso de envasado, empleando a unos 35 trabajadores, lejos de los 150 operarios con los que contaba previamente.

La fábrica de Llavallol comenzó a operar en 1939 bajo la iniciativa del inmigrante danés Christian Boll. En 1963, la marca se convirtió en pionera en la elaboración de margarina de origen vegetal en el país.

Tras pertenecer al grupo brasileño BRF entre 2011 y 2018, la firma pasó a manos del grupo frigorífico cordobés Grupo Beltrán a fines de 2018. Aunque la planta de Llavallol pasará a estar inactiva, el grupo continuará operando su fábrica de aderezos localizada en Córdoba.

Los gobiernos de Javier Milei y Donald Trump lanzaron este miércoles el “Corredor Andes-Atlántico”, un acuerdo de infraestructura que busca conectar las zonas mineras del noroeste argentino y Vaca Muerta con los puertos del Atlántico. El anuncio se hizo durante un foro sobre cadenas de suministro, energía e infraestructura en el consulado argentino de Nueva York, en el marco de la participación de Milei en la Asamblea General de la ONU, y quedó a cargo de Quirno y Landau, quienes rubricaron un memorando bautizado “U.S.-Argentina Build the Future Framework”. El documento contempla herramientas de financiamiento estadounidense por hasta US$7.000 millones para proyectos de energía, minería, transporte e infraestructura digital.

Para Washington, según remarcó el Departamento de Estado, la iniciativa “profundiza la integración económica” entre ambos países y constituye la primera asociación de un corredor global de infraestructura e inversión en el hemisferio occidental, dentro de la Asociación para la Infraestructura e Inversión Global del G7 —la misma que financia corredores en Lobito (África) y Luzón (Filipinas)—. El objetivo declarado por Estados Unidos no es solo abastecerse de litio, cobre, petróleo y gas argentinos, sino también “ampliar las oportunidades para sus empresas” como proveedoras de tecnología, equipos y servicios en las obras. El propio Quirno lo planteó en esos términos durante la presentación: “Invertir en Argentina es fortalecer la seguridad económica de Estados Unidos. Los beneficios se alcanzan a ambos países. La maquinaria estadounidense puede ampliar nuestra capacidad instalada y generar empleos calificados en su país de origen”, dijo, en una definición que sitúa buena parte del beneficio laboral directo del lado norteamericano. Landau, por su parte, dijo que la administración Trump está “muy enfocada en la diplomacia económica”.

El capítulo más concreto del anuncio es el energético, aunque con una salvedad que el propio texto reconoce: el Export-Import Bank de Estados Unidos (EXIM) le presentó a Argentina LNG —el proyecto de exportación de gas natural licuado que lidera YPF junto con la italiana Eni y la emiratí XRG— una propuesta de financiamiento de largo plazo por hasta US$6.000 millones para la compra de bienes y servicios estadounidenses. Esa propuesta “todavía no está aprobada”: es indicativa y no vinculante, y su otorgamiento definitivo requiere el visto bueno del directorio de EXIM. El proyecto prevé dos unidades flotantes de licuefacción frente a la costa de Río Negro, con capacidad conjunta de 12 millones de toneladas anuales y arranque de operaciones proyectado para 2031; hasta entonces, los socios estiman invertir US$29.000 millones, sobre una inversión total calculada en US$51.000 millones para toda la vida del proyecto.

El resto de las obras mencionadas en el documento carece, por ahora, de financiamiento estadounidense específico asignado. Entre ellas figuran un contrato superior a US$1.000 millones para un consorcio integrado por la estadounidense Pumpco junto con Bonatti y Contreras Hermanos, para el sistema de ductos de exportación (sujeto a la decisión final de inversión del proyecto); la concesión de la línea de alta tensión AMBA I, estimada en US$800 millones y respaldada por una garantía del BID; proyectos ferroviarios de cargas vinculados con las líneas Belgrano, San Martín y Urquiza; una conexión desde Vaca Muerta hasta Bahía Blanca; obras portuarias y de la Hidrovía; la ampliación de la red de fibra óptica de Arsat, con un préstamo del BID de US$49 millones para su primera etapa; y la adquisición de seis millones de usuarios de telecomunicaciones en la Argentina por parte de la firma estadounidense Metrotel. El propio texto aclara que reúne iniciativas en distintas etapas y que no fija un calendario de desembolsos.

El compromiso por 7.000 millones de dólares, insiste el documento, no equivale a un préstamo único: la Corporación Financiera Internacional para el Desarrollo de Estados Unidos (DFC) podría sumarse junto con inversores privados, y el propio marco no identifica todavía los proyectos que recibirán el resto de los fondos. La próxima instancia será en octubre, cuando Landau viaje a la Argentina y una delegación del Departamento de Estado, EXIM y DFC recorra Buenos Aires, Jujuy y Salta para relevar proyectos y avanzar en posibles operaciones. El Departamento de Estado adelantó además que usará sus herramientas de financiamiento para impulsar proyectos que incorporen “tecnología confiable” y planteó “excluir a actores que no operen según las reglas de mercado”, una referencia a la disputa con China por el control de las cadenas de suministro de minerales críticos en la región.

El horizonte fijado por el propio acuerdo —2027 para el grueso de las obras— coincide con el año en que vence el mandato de Milei y en el que buscará la reelección. Del anuncio en Nueva York participaron, además de Quirno y Landau, el ministro de Economía Luis Caputo, el presidente y chairman de EXIM, John Jovanovic, su directora comercial, Sarah Whitten, la directora de políticas de DFC, Caroline Vik, los embajadores Peter Lamelas y Alec Oxenford, y el subsecretario adjunto de Estado para Asuntos del Hemisferio Occidental, Juan Pablo Segura, hijo de argentinos.

Una misión técnica del Fondo Monetario Internacional (FMI) comenzó este lunes su visita a la Argentina para llevar adelante la tercera revisión del programa vigente con el Gobierno. Si es aprobada, la revisión destrabará un desembolso de US$900 millones, parte de los fondos que aún quedan pendientes para 2026.

El equipo llegó con el comienzo de la primavera y no tendría un encuentro con el ministro de Economía, Luis Caputo, que viajará a Nueva York junto al presidente Javier Milei para participar de Asamblea General de la ONU. La misión es encabezada por Joyce Wong, jefa de misión del FMI para la Argentina, quien mantendrá reuniones con los equipos técnicos del Ministerio de Economía. Una vez finalizados los encuentros en Buenos Aires, el Directorio Ejecutivo del organismo también deberá dar el visto bueno.

La visita coincide con un calendario de pagos exigente. El viernes 25 de septiembre el país enfrenta un vencimiento con el Fondo por US$803 millones. Después quedan un pago de US$840 millones para principios de noviembre y otro de US$344 millones para diciembre.

La revisión analizará el cumplimiento de las metas por parte de la administración de Milei. En el plano cambiario, el Gobierno llega con margen: frente a una pauta anual de compra de divisas de US$10.000 millones, el Banco Central (BCRA) compró más de US$14.200 millones. Respecto del objetivo de acumulación neta de reservas para 2026, fijado en US$8.000 millones, estimaciones de la consultora Analytica indican que el BCRA se ubica por encima de la meta, con unos US$9.000 millones.

Las cuentas públicas, en cambio, son el área de mayor complicación. Para 2026 el programa exige un superávit primario del 1,4% del Producto Interno Bruto (PBI), pero durante el primer semestre el Gobierno obtuvo 0,6%, apenas por debajo de la meta semestral de 0,7%. El desvío respondió a la postergación de la declaración jurada de Ganancias para personas humanas, a la caída generalizada de la recaudación derivada de la baja de tributos y al nivel de actividad económica. Para blindar el superávit, las autoridades asumieron compromisos durante la segunda revisión: postergar hasta el 1 de noviembre la implementación del Fondo de Asistencia Laboral (FAL), incrementar la recaudación por impuestos específicos y profundizar la focalización de los subsidios al transporte.

La misión retoma además las pautas que dejó a fines de julio la directora gerente del organismo, Kristalina Georgieva, en su paso por el país. Entonces instó a volcar el dinamismo de sectores clave como la minería, el petróleo y el gas hacia rubros relegados como la construcción, la logística y los servicios, y puso el acento en despejar trabas de infraestructura, abaratar y facilitar el acceso al crédito y fortalecer el mercado de capitales.

En ese contexto, el bloque Unión por la Patria de la Cámara de Diputados le dirigió una carta a Georgieva en la que le pide “un urgente análisis” del proyecto de Presupuesto 2027 que el Poder Ejecutivo envió al Congreso. Los legisladores sostienen que el texto “no cumple con los criterios mínimos de razonabilidad y transparencia que las cuentas públicas del país requieren”.

La carta está firmada por 21 diputados, autoridades del bloque e integrantes de la Comisión de Presupuesto y Hacienda. Afirman que el proyecto “muestra indicios alarmantes de inconsistencias, opacidad y de espacios de potencial discrecionalidad”.

El primer cuestionamiento apunta al gasto tributario. El Ejecutivo propone para 2027 un superávit primario de $15,4 billones, que según el propio Mensaje equivale al 1,1% del PBI. Los diputados señalan que ese cálculo no incluye el costo del Régimen de Incentivos para Grandes Inversiones (RIGI), creado por la Ley 27.742. El régimen tiene 23 proyectos aprobados, en gran medida del sector energético y minero, con una inversión total de US$49.766 millones y 108.450 empleos directos e indirectos. A partir de “diversos cálculos privados”, estiman que el gasto tributario ronda los US$3.359 millones anuales, el equivalente a 0,49 punto del PBI. Esa cifra representa cerca de la mitad del superávit propuesto y, advierten, podría poner “en severo riesgo la consolidación del resultado primario”. Una nota al pie aclara que el costo corresponde al proyecto en “plena ejecución” y que el 47% de la inversión se desembolsa hasta 2028 inclusive.

El segundo punto es la Jurisdicción 91, Obligaciones a Cargo del Tesoro, cuyos créditos ascienden a $14,9 billones, en torno al 1% del PBI y casi lo mismo que el superávit previsto. Están justificados de manera vaga como “diversas asistencias financieras para la atención de distintos sectores económicos y sociales”. Según la carta, esa imprecisión, sumada a la “endeblez” del cálculo de recursos, “preanuncia un espacio de enorme discrecionalidad potencial” para las autoridades económicas, que podrían ganar flexibilidad “a costa del financiamiento de políticas públicas prioritarias y en desmedro de las decisiones” del Congreso.

El tercer elemento es lo que describen como el “sideral aumento” de la inversión financiera neta: $17,4 billones en 2027 frente a $9,8 billones en 2026, que según la carta “se duplica en términos nominales”. El Mensaje la compone de cinco conceptos: inversiones financieras temporarias, adquisición de títulos del Fondo de Garantía de Sustentabilidad, incremento de caja y bancos, adelantos a proveedores y contratistas, y otras inversiones financieras. Los diputados dicen no comprender la razonabilidad de “desfinanciar políticas públicas prioritarias” o de endeudarse para acumular liquidez o financiar inversiones “invisibilizadas”, que carecen de justificación “al menos en el documento oficial”.

Su conclusión es que esos tres puntos “quitan razonabilidad” al proyecto y lo vuelven opaco e incierto en su ejecución. Y le recuerdan a Georgieva que el FMI no solo evalúa el desempeño macroeconómico y actualiza sus proyecciones, sino que también, cuando lo considera, “introduce modificaciones en metas cuantitativas originalmente pactadas”.

Al antropólogo y sociólogo Pablo Semán no le sorprendió la victoria de Javier Milei en las primarias presidenciales de 2023. Ya venía investigando a los jóvenes varones que le dieron el triunfo desde la pandemia de 2020. Este investigador del Consejo de Investigaciones Cientíticas (Conicet) ahora está detectando en sus encuestas cualitativas, en sus paneles de conversación con muchachos del conurbano bonaerense, pero también del interior de esta provincia, como Chascomús, o de Rosario, que comienza a aparecer una cierta desilusión con el emprendedurismo que se incluía dentro de la ideología libertaria, aunque ello no implica que hayan dejado de apoyar el experimento de Milei.

No es extraña la desazón. El sector privado registrado emplea a 240.000 personas menos que en 2023, mientras ahora hay 164.000 monotributistas más, incluidos choferes y repartidores de aplicación, y 506.000 trabajadores informales más, según datos del Instituto de Estadística (Indec). Pero que los pasaron de ser empleados del sector privado “en blanco” a uno “en negro” -como se dice en la calle- bajaron sus ingresos en 13,9% y aquellos que se reconvirtieron en trabajadores por cuenta propia, un 27,8%, según advierte la consultora C-P, de los economistas Federico Pastrana y Pablo Moldovan, a partir de los testimonios de personas concretas con esa trayectoria laboral que aparecen en los paneles de la Encuesta Permanente de Hogares (EPH) del Indec.

“Solamente muestran el empleo formal, como si el empleo informal no fuera empleo. Suelen degradarlo diciendo que no es empleo de calidad”, sostuvo Milei hace pocas semanas en el congreso anual del Instituto Argentina de Ejecutivos de Finanzas (IAEF). Al menos las estadísticas muestran que en el informal se gana menos y se carece de cobertura médica y de aportes a la futura jubilación. Como monotributista se cobra una cifra inferior aún inferior, se puede acceder a un puñado de obras sociales con pocas prestaciones, se aporta poco para el retiro y se carece de licencias por vacaciones, enfermedad o maternidad.

Los jóvenes quizás no han experimentado ese tránsito de empleado formal de una empresa a la precariedad o el emprendedurismo. Pero su visión sobre ambos comienza a cambiar, según constata Semán. “Hacia 2023 se expresó en las urnas un sentido común que se había forjado en los lustros anteriores: desde el punto de vista económico cada uno se las arregla como puede y con lo que tiene”, recuerda el autor del libro Está entre nosotros. ¿De dónde sale y hasta dónde puede llegar la extrema derecha que no vimos venir? (Siglo XXI, 2023). “Cualquier expectativa de asignación de recursos mediada o determinada por él estaba deslegitimada por su costo colectivo y por la arbitrariedad que se suponía que originaba. Estos eran los conceptos duros de un electorado que independientemente de su variabilidad se había volcado a posiciones en las que la sociedad era igual al mercado y sus contingencias.”

“Últimamente en una parte de los electores surgen formas de resignificación y desvío de esa posición”, ha descubierto Semán en sus diálogos frecuentes con jóvenes. “No nos referimos aquí a los que rechazan desde siempre o pasaron a rechazar directamente a Milei sino a aquellos que discuten desde adentro, desde su experiencia, los supuestos sociales que llevaron al gobierno al actual presidente.”

“En discusiones grupales y en entrevistas surgen posicionamientos reveladores de los modos, no la del quantum, de erosión de consensos sociales”, apunta el investigador del Conicet. Aparecen algunos que “ven de distintas maneras la clausura del camino de la 'autonomía económica'”.  “Cuando se discute, por ejemplo, sobre la crisis de ingresos y la imposibilidad de llegar a fin de mes nuestros interlocutores señalan que 'estaría muy bien tener un ingreso fijo'. Este señalamiento es muy significativo porque en contextos semejantes a los que hicimos este relevamiento pero hace cuatro años un posicionamiento como este hubiera significado recibir la crítica de parásito o de ser una persona poco valiente e incapaz de asumir el riesgo cotidiano. La simple afirmación de la preferencia por un ingreso fijo implica una discusión en uno de los supuestos básicos de aquel consenso que hoy está mostrando en este punto rajaduras más importantes que la variabilidad del voto.”

“En ese mismo contexto de interlocuciones grupales vemos emerger referencias a la dificultad de emprender”, continúa Semán. “'Emprender es cada vez más difícil', nos decía un interlocutor que también era consciente del carácter polémico de esa afirmación que se confrontaba a lo que antes aparecía como la solución a la mano de cualquiera que tuviera un mínimo de voluntad y no estuviese esperando que le solucionen los problemas, como se decía tan fácilmente en el mismo tipo de conversaciones y grupos sociales hace unos pocos años.”

“La decepción con el agotamiento de esa posibilidad aparece en otro de nuestros entrevistados: 'Yo todavía puedo emprender –se refería a un conjunto de actividades que iban desde lo que llamaríamos changas hasta la venta de productos por internet–, pero mi hermano ya no puede. Al final, como él, tenés que terminar muriendo en una fábrica'. El empleo fijo, objeto del repudio previo, es en este caso, aúnque denostado, visto como un destino inevitable”, continúa observando el sociólogo formado en la Universidad de Buenos Aires (UBA) y doctor en antropología de la Universidad de Río Grande do Sul, Brasil. “En la misma senda de la promesa imposible está el caso de una de nuestras entrevistadas que en los últimos tres años pasó de un pequeño emprendimiento textil del cual tuvo que vender las máquinas para pagar las deudas a la venta de perfumes consignados y de allí a la tentativa frustrada rápidamente de comprar y vender productos de Temu. Al final de ese recorrido nos decía: 'Siento que me muevo en arenas movedizas, finalmente mejor quedarse quieto'.”

“Esa decepción tiene grados más avanzados en una circularidad que no sabemos qué pronóstico tiene: la parálisis de los que no encuentran que más hacer, que han visto todos su proyecto fracasar y caen en accesos de ira como el que registramos en una plaza en que un repartidor de Rappi que intentaba cargar un mueble para reciclar y, al no poder hacerlo, gritó: '¡Mierda, qué vida de negro, hermano!'”, continúa Semán. “El trecho breve pero pleno de ribetes interpretables revela el enojo con el fracaso en términos de los parametros laborales y sociales que, incluso en la lona, se defienden. Sin embargo, a este grado de tensión le sucede una reacción más recurrente en muchos de nuestros interlocutores jóvenes. En muchos de ellos ya no hay palabras, sino, sobre todo inmovilidad y depresión: todo lo que aparece como problemas de salud mental es en realidad una sensación, esta sí ampliamente presente, de desazón que se expresa en retracción de todo tipo de proyecto. De un grupo de seis jovenes mileístas que entrevisté en 2023 dos estaban desocupados, dos deprimidos y dos con ingresos menores a los que tenían en 2023”, apunta.

Pero atención: la desesperanza no se traslada en voto opositor. :La distancia con los puntos propios del mileísmo social emergente en 2022/2023 surge, se manifiesta, pero no se redistribuye exclusivamente hacia la oposición a los valores mileístas o contra el Gobierno“, aclara Semán. ”A veces sedimenta como escepticismo, otras como renovación en un nivel menor de esperanza, pero como reaseguro de que el pasado no vuelve. Finamente, no faltan los que en el camino desarrollan nuevos argumentos para renovar esa misma esperanza y promueven la capacidad de adaptación“, concluye.

Eso se explica en parte por una reflexión posterior de Semán: “¿Pero qué otra cosa les queda a las personas? Una cosa es el emprendedurismo esperanzado y otra cosa es el emprendedurismo obligado y con pesimismo. Es el punto previo al decir 'yo ya no sé más qué hacer', 'no hay más salidas'”. Habrá que ver cómo evoluciona la economía y la situación social de aquí a un año, de un presente con riesgo de recesión, a las elecciones presidenciales para dilucidar si Milei logra reelegirse.

“Si bien el fenómeno de la informalidad trasciende a las políticas de este gobierno y está relacionado con la incapacidad de la economía de generar un crecimiento sostenido, desde 2024 se observa un crecimiento importante en el empleo asalariado privado no registrado y el cuentapropismo, que compensa parte de la caída en el empleo formal”, observa un informe de la consultora C-P. “Esto explica por qué la tasa de desempleo no crece a una velocidad mayor. El empleo informal opera como empleo refugio de parte de la destrucción de puestos de trabajo registrados, tanto en el sector privado como el público”, señala, aunque la desocupación aumentó en un año del 7,6% al 7,9%.

“El crecimiento de la informalidad –en un año subió del 43,2% al 45%– no solo está asociada a la caída del empleo registrado sino a la reproducción de la crisis de ingresos que atraviesa la economía argentina en la actualidad”, explican Pastrana y Moldovan. :La informalidad retroalimenta una economía de bajos ingresos y baja productividad, dado que no sólo deprime los ingresos familiares sino también la demanda interna.“

Los datos de los paneles de la EPH demuestran que “dentro de los trabajadores que tenían un empleo en el sector privado registrado y migraron a otro al año siguiente, el 26% consiguió un trabajo en el sector público, el 47% uno no registrado y el 27% en el cuentapropismo”, cuenta C-P. Sí, el Estado contrata: no el nacional, salvo los funcionarios libertarios, pero sí el provincial o el municipal. “Ahora bien, todos los trabajadores asalariados privados registrados que perdieron su trabajo y consiguieron otro como refugio sufrieron una caída importante de su ingreso real. Aquellos que consiguieron un empleo en el sector público, perdieron 5% de su poder adquisitivo. Solo lograron sostener sus ingresos quienes pudieron seguir teniendo un empleo registrado en el sector privado.”

“Los cambios regulatorios introducidos por la reforma laboral podrían estar afectando la dinámica del empleo formal, en un contexto donde estas tendencias se intensifican debido a que la economía real atraviesa un proceso de ajuste estructural”, advierten Pastrana y Moldovan. “Uno de los pilares de la reforma fue la flexibilización laboral, junto con la reducción de los costos de contratación y la facilitación de los despidos. Lejos de fomentar la creación de empleo privado registrado, esta agenda de flexibilización y reducción de costos laborales tiene un impacto limitado sobre la generación de empleo formal, mientras que sí favorece una mayor rotación e inestabilidad laboral, al abaratar las contrataciones y facilitar las desvinculaciones. Esto ayuda a explicar la reducción de personal en las empresas: en un escenario de alta capacidad ociosa y bajas ventas y producción, donde sobra personal, la mayor facilidad para despedir acelera las bajas y repercute de forma más directa e inmediata en la pérdida de empleo formal”, agregan.

AR

Las deudas en las familias volvieron a cruzar un máximo histórico. Según un nuevo informe del Banco Central la mora bancaria durante julio fue del 12,9%, la peor cifra en 20 años.

El indicador de irregularidad del crédito a nivel sistémico se ubicó en 7,7%, según el último Informe sobre Bancos del Banco Central. El deterioro se explica por una caída en el volumen total de préstamos, mientras la morosidad de las empresas se mantuvo estable en 3,6%.

Estos números muestran que el deterioro de la cartera de los bancos continúa y ratifican, a la vez, lo que las consultaras privada venían señalando. Según un informe del Instituto de Estadísticas y Tendencias Sociales y Económicas (IETSE), el  92,3% de los hogares argentinos registra algún tipo de deuda, mientras que casi nueve de cada diez obligaciones relevadas se encuentran impagas o en situación de incumplimiento.

El BCRA publicó su Informe sobre Bancos correspondiente a julio de 2026, en el que reportó que el ratio de irregularidad del crédito al sector privado se ubicó en 7,7% a nivel sistémico, levemente por encima del registro de junio, es decir un valor similar al pico de mayo.

Según el organismo, el deterioro mensual del indicador —tanto a nivel agregado como en el segmento de las familias— estuvo explicado por una disminución del saldo real del financiamiento total otorgado, más que por un salto en los créditos impagos, cuyo crecimiento real continuó desacelerándose.

En ese contexto, el crédito al sector privado en pesos cayó 0,9% real en julio, con una baja del 2,3% en los préstamos destinados al consumo, mientras que los créditos con garantía real crecieron 0,5% y las líneas comerciales no mostraron cambios significativos. El saldo real de crédito total al sector privado, sumando pesos y moneda extranjera, se redujo 1% en el mes, aunque acumuló un alza de 4,7% en la comparación interanual.

El pasado 10 de septiembre, el Fondo Monetario Internacional reconoció este jueves que está monitoreando el avance del endeudamiento de las familias en Argentina a pesar de la insistencia del Gobierno que lo plantea como un problema entre privados. 

 “Por supuesto, estamos monitoreando el reciente aumento de las tasas de morosidad de los hogares”, dijo la directora de Comunicaciones del FMI, Julie Kozack, durante una rueda de prensa en la sede del organismo, en Washington.. Sin embargo, señaló que no consideran que esto represente “un riesgo significativo para la estabilidad financiera” en Argentina.

El informe también midió la probabilidad de default estimada (PDE), un indicador complementario al de mora, que se redujo 0,2 puntos porcentuales en julio, hasta 2,4%. Al desagregarlo, la PDE de las familias bajó a 3,9%, mientras que la de las empresas se mantuvo casi sin cambios en 1,1%.

Pese al aumento de la morosidad, el BCRA remarcó que el sistema financiero conservó “elevados niveles de cobertura” frente al riesgo de crédito: las previsiones totales representaron 87,6% de la cartera irregular y 6,7% del crédito total al sector privado. Al considerar en conjunto la mora, las previsiones constituidas y el capital disponible de los bancos, el saldo de crédito irregular neto de previsiones se ubicó en 2,1% de la Responsabilidad Patrimonial Computable (RPC) a nivel agregado, un indicador que, según el organismo, refleja la capacidad del sistema para afrontar potenciales pérdidas crediticias.

La economía evoluciona y resulta difícil de anticiparla. Sobre todo cuando hay un gobierno como el de Javier Milei que cambia su propio programa económico en el tiempo. Al comienzo del experimento libertario, cuando el economista del insulto irrefrenable abandonó sus ideas de dolarización y cierre del Banco Central y adoptó el enfoque más ortodoxo que le acercó el ministro de Economía, Luis Caputo, en este panorama económico de elDiarioAR se preveía una recesión inicial con la devaluación inicial del peso y la licuación del salario. También una política monetaria restrictiva, como la aplicada por el presidente de la Reserva Federal de Estados Unidos entre 1979 y 1987, Paul Volcker, había derivado en dos recesiones en 1980 y 1982, antes de un fuerte repunte en 1983. Claro que Volcker contaba con una moneda fuerte como el dólar para estabilizar los precios.

La depreciación del peso inaugural de la gestión de Milei aceleró primero la inflación y eso licuó tanto el gasto público como la bola de letras (deuda) del Banco Central. Y así se bajó la inflación de un nivel alto (150% fue el último mes de la administración de Alberto Fernández, Cristina Fernández de Kirchner y su ministro de Economía, Sergio Massa) a uno moderado (33% actual). El primer impacto de la reducción del índice de precios al consumidor (IPC) fue positivo para la actividad económica: medio año después de la devaluación el PBI empezaba a reactivarse.

Doblegar la inflación alta es reactivante. Es que el Estado cobra menos impuesto inflacionario y la gente pasa a tener más dinero en el bolsillo: en lugar de abonar a razón de $25 de tributo por mes, como sucedió en diciembre de 2023, primer mes del gobierno de Milei, se pasó a pagar 2 o 3. Además, al reducirse la inflación, la población ya no tiene que salir a comprar con desesperación porque al día siguiente aumentan los productos y entonces dejan dinero en los bancos, que a su vez así se fondean para prestar. Las entidades financieras también se encontraron con capacidad prestable porque ya no debían adquirir las letras del Central. Así fue que apareció el crédito al sector privado, como un oasis en una economía que en un principio había caído en un desierto mayor al que había dejado el peronismo.

Otros dos factores contribuyeron no tanto a la actividad como al ingreso de dólares: el clima acompañó, se pasó de la sequía de 2023 a cosechas normales en 2024 y los años subsiguientes, mientras que el actual gobierno se benefició de la herencia del anterior en lo que hace a la reversión del déficit energético en superávit. Milei, a su vez, reforzó a estos sectores primarios con rebajas impositivas, entre otras ventajas de las que privó a otros rubros de la economía.

Allá por la segunda mitad de 2024 y la primera de 2025 resonaban los consejos de economistas, incluidos los del Fondo Monetario Internacional (FMI), de que la autoridad monetaria que preside Santiago Bausili acumule reservas. Desoyó. En paralelo, la oposición peronista le preguntaba a dónde había llevado el oro y sólo ahora respondió que a Suiza, al Banco Internacional de Pagos, el banco central de los centrales. La senadora Juliana Di Tullio descree y teme que esté en Londres.

Si se hubiese acumulado reservas por aquel entonces, se hubiese tenido que emitir pesos para comprar los dólares y parte de esa moneda hubiera terminado en la demanda privada de esas divisas, con lo que el descenso del IPC habría sido más lento que el actual. Pero en vez de 1,7% en agosto, podríamos tener un nivel más alto aunque tolerable, sobre todo teniendo en cuenta la gestión del mismo Massa que ahora delira con pelear otra vez por la presidencia.

Milei, Caputo y Bausili, en cambio, optaron por atrasar el dólar desde mediados de 2024 hasta ahora, lo que encarece y resta competitividad a la producción de bienes, no sólo manufacturas sino hasta producciones primarias también, y de servicios, desde turismo e informática hasta construcción. Apreciar el peso, abaratar la moneda norteamericana, la fórmula de siempre para bajar la inflación. Incluso en este 2026, en que por presión del FMI comenzaron a acumular reservas, tampoco juntan lo suficiente como para reforzar al Central ni para evitar la sobrevaluación del peso. Una sobreapreciación que también deriva de la bonanza del campo, Vaca Muerta y la minería, pero que se podría ecualizar al menos en parte.

Cuando llegaron las elecciones legislativas de 2025, como siempre, se reforzó el apetito argentino por el dólar y, como no habían acumulado reservas, debieron recurrir al salvavidas de Donald Trump. Ahora el equipo económico está preparando refuerzos para los comicios presidenciales de 2027, pero el hambre criollo por el verde siempre puede sorprender. De hecho, la demanda de la divisa ya está fuerte incluso en tiempos de estabilidad, cuando comprarla trae pérdidas.

Pero el año pasado el gobierno libertario no sólo recurrió al presidente de EE UU sino también empujó a una suba sideral de las tasas de interés para frenar las ansias de dólar. Así es que mataron el crédito y volvió el desierto al consumo, ya de por sí vapuleado por un salario que nunca se recuperó. Milei y compañía sostienen que la mora de los préstamos a las familias es un problema entre privados, pero fue su gobierno el que encareció la tasa hasta volverlos impagables. Y fue su gestión la que aplastó los sueldos por debajo de la inflación. Elevados intereses y devaluados ingresos explican la irregularidad crediticia y su futuro desalentador. Seis millones de argentinos quedaron morosos, pese a que no deben mucho, pero no les alcanza entre remuneraciones bajas, retroceso del empleo formal, aumento del informal, peor pago, e incremento del desempleo.

La desocupación subió en un año de 7,6% a 7,9% en el segundo trimestre de 2026 y la informalidad del 43,2% al 45%. Mientras, el PBI mejoró 2% interanual, pero bajó 0,6% en relación al primer trimestre. Si en el tercero vuelve a caer respecto del anterior, se podrá declarar técnicamente la segunda recesión en la era Milei.

El encarecimiento del crédito no sólo perjudicó al consumo sino a la construcción. Ahora el Gobierno intenta estimularla en parte aunque con sólo 18.000 préstamos hipotecarios. Pero además construir está caro en dólares, que es la moneda con la que se transan los inmuebles en la Argentina. Por más que el salario del obrero en particular y del trabajador en general esté bajo en términos de poder de compra, está alto en divisas en relación a los costos de construir y producir. Esto impacta también a las fábricas, además afectadas por la apertura de la competencia importada. Se destruyen empleos privados formales mientras se crean los de baja productividad, informales y cuentapropistas, como los de Uber o Rappi. La que consume es la clase media alta, la que compra autos chinos, pero el resto está peor. El único aliciente ha sido la recuperación de la asignación universal por hijo (AUH), deteriorada por el gobierno anterior, pero con el proyecto de Presupuesto 2027 se elimina su actualización por inflación y su valor se pone en duda a futuro.

Sin financiamiento, por el elevado endeudamiento y a pesar de las nuevas líneas para inmuebles y autos, y con salarios estancados, no se moverá la economía doméstica. La amenaza de la recesión pende de un hilo. A esos dos factores se agregan otros contractivos: el atraso cambiario y el ajuste fiscal y monetario pro cíclico, es decir, que refuerza el estancamiento. Como se cae la recaudación tributaria, entonces Milei mete más motosierra al gasto, y eso enfría más la economía.

El autodenominado topo que vino a destruir el Estado no puede renunciar su dogma. ¿Qué pasará si el Súper Niño deriva en inundaciones que dañan la cosecha y, por consiguiente, la recaudación tributaria? Habrá que ajustar el gasto, en lugar de aumentarlo, en contraposición a lo que sostiene el proyecto de presupuesto del año electoral. Encima esta iniciativa está calculada a partir de previsiones muy optimistas: la mayoría en el mercado descree que la economía crezca en 2027 un 4%, por lo que los ingresos públicos serían menores a los estimados por Caputo, y desconfía en que la inflación baje tanto como para acomodarse en 18% en diciembre del año próximo, con lo cual el nivel de gastos se encuentra subestimado.

En el Monitor Presupuestario de la Asociación Civil por la Igualdad y la Justicia (ACIJ) se puede constatar que si uno toma el pronóstico optimista de IPC del Gobierno, las erogaciones de la administración pública nacional -no abarca todo el gasto estatal federal- crecerán en 2027 10% respecto de 2026, aunque seguirán 26% por debajo del nivel de 2023. Si se adopta la referencia del Relevamiento de Expectativas del Mercado (REM), que elabora el Central, la inflación sería del 20%, las partidas crecerían 8% en relación al presente año y permanecerían 28% abajo de la herencia peronista.

En su primer informe del presupuesto, la ACIJ señala que el gasto nacional total aumentaría 5% respecto de 2026 pero se mantendría 26% debajo de 2023, en caso de cumplirse la proyección oficial de IPC. La ONG también advierte que el presupuesto de las universidades seguirá 32% inferior a lo estipulado por la ley de financiamiento de estas casas de estudios. Además, señala el ajuste en discapacidad: por un lado, señala que las prestaciones serán desiguales según la cobertura médica de cada persona y, por otro, se advierte que se elimina la pensión por protección social y se recorta 13,9% el Programa Incluir Salud. Se lamenta la discontinuidad de la Línea 144 para atender a víctimas de violencia de género y del Programa Acompañar, que las ayudaba en la independencia económica respecto de sus parejas violentas. Por último, se alerta que no se calcule cuánto le cuesta al Estado dejar de percibir impuestos y aranceles a la importación por el Régimen de Incentivo de Grandes Inversiones (RIGI), que, lejos de la teoría libertaria, escoge a sectores ganadores, en este caso a la energía y la minería sobre todo.

En contraste con el mercado doméstico, el exportador está mejor que nunca, camino al récord. A diferencia del boom de la soja durante el gobierno de Néstor Kirchner (2003-2007), cuando la irrupción de la demanda china benefició a la Argentina por precios, pero no hubo un salto en las cantidades exportadas, ahora se combina un alza circunstancial de cotizaciones de petróleo y gas por la guerra de Irán con un incremento sostenido de la producción de ambos frutos de Vaca Muerta. Con los dólares que dejaron de salir por la energía y que comenzaron a entrar, la economía argentina debería estar creciendo a altas tasas y la importación de maquinaria e insumos deberían ampliarse. Pero las divisas se van atesoramiento de dólares y viajes al exterior. La inversión cae, y no se le puede echar la culpa al fantasma del regreso del peronismo, sino más bien a la falta de rentabilidad y mercado y a un gobierno que promociona jueces de mala reputación que ponen en duda la seguridad jurídica. Magistrados que apenas ascienden libran a Milei, Caputo y a Federico Sturzenegger, ministro de Desregulación, de causas que pesan sobre ellos.

Pero el presidente confía en que con vencer la inflación los argentinos lo reelegirán. Claro que ahora se enfrenta a la llamada Curva de Phillips: si baja el IPC moderado actual, le sube el desempleo. Para cumplir su promesa de 2023, deberá ser estricto en su política monetaria, a costa del crédito. También en lo fiscal, por lo que seguirá con la motosierra y no podrá reducir los impuestos. Con la excepción de Vaca Muerta, que trae nuevos dólares, el resto de la economía pone en jaque las ilusiones del presupuesto. Pero aun así puede que a Milei le alcance para reelegirse ante un electorado que en buen parte rechaza volver al pasado peronista, aunque crece la angustia sin que nadie la capitalice.

En sus recientes informes, el consultor político Raúl Timerman analizó, por un lado, la figura influyente del sacerdote jesuita Rodrigo Zarazaga, que investiga la pobreza, forma a líderes políticos y acaba de llamar a armar una “coalición de argentinos de bien”. Por el otro, preguntó a la gente qué atributos debería reunir el próximo presidente y las respuestas predominantes fueron honestidad, transparencia, empatía e inteligencia. Se buscan candidatos...

AR/MC