El ministro de Economía, Luis Caputo, anunció este jueves que la empresa Meitner Energy Latam presentó una propuesta para construir en el complejo nuclear Atucha un reactor nuclear modular pequeño (SMR, por sus siglas en inglés), una iniciativa que demandaría una inversión estimada de US$ 1.200 millones y que sería financiada íntegramente con capitales privados estadounidenses.

El anuncio fue realizado tras una reunión que el titular del Palacio de Hacienda mantuvo junto al secretario de Asuntos Nucleares, Federico Ramos Nápoli, con el CEO de Meitner Energy Latam, Teófilo Lacroze, y el director de Asuntos Externos y Nuevos Negocios de la compañía en Argentina, Pablo Franzetti.

A través de un mensaje publicado en sus redes sociales, Caputo sostuvo que el proyecto prevé la construcción del reactor ACR-300, un reactor modular pequeño (SMR) de Generación III+ con tecnología PWR y una potencia aproximada de 300 megavatios eléctricos (MWe).

Según indicó el ministro, la iniciativa se desarrollará “sobre la base de una patente argentina” y demandará una inversión cercana a los US$ 1.200 millones. Además, aseguró que durante las etapas de desarrollo, construcción, puesta en marcha y operación se generarían alrededor de 2.000 puestos de trabajo directos.

“Seguimos trabajando para impulsar la tecnología nuclear que promueve el desarrollo energético argentino”, expresó Caputo.

El proyecto forma parte de la estrategia que el Gobierno viene impulsando para promover el desarrollo de reactores modulares de pequeña escala, considerados una de las principales apuestas de la industria nuclear para los próximos años por su menor tamaño, costos más bajos y la posibilidad de fabricarlos de manera modular.

La iniciativa también se inscribe dentro del Plan Nuclear presentado por el presidente Javier Milei a fines de 2024 y contempla que el emprendimiento sea financiado exclusivamente con inversión privada, sin aportes del Estado. Detrás del proyecto se encuentra Meitner Energy, empresa vinculada a la firma tecnológica rionegrina Invap, desarrolladora de la patente, y respaldada por el grupo inversor estadounidense Ansari Group.

El anuncio se produce apenas dos días después de una fuerte crisis en la Comisión Nacional de Energía Atómica (CNEA), donde decenas de trabajadores fueron despedidos. Los gremios denunciaron un proceso de desmantelamiento del organismo y realizaron protestas en la sede central, mientras que el Gobierno ratificó su decisión de avanzar hacia un esquema con una mayor participación del sector privado en el desarrollo de la actividad nuclear.

En ese contexto, el Ejecutivo sostiene que el nuevo modelo busca atraer inversiones privadas para acelerar proyectos estratégicos y consolidar a la Argentina como un actor relevante en el mercado internacional de tecnología nuclear.

La morosidad en los préstamos de las familias argentinas volvió a subir en mayo y alcanzó el 12,7%, en una tendencia que ya suma 19 meses consecutivos de incremento y que dejó a cerca de 7 millones de personas fuera del circuito formal de financiamiento.

El dato surge de un informe de la consultora 1816, elaborado a partir de estadísticas del Banco Central de la República Argentina. Según el análisis, la tasa de irregularidad en el pago de créditos se multiplicó por más de cinco en menos de dos años: pasó de 2,5% en octubre de 2024 a 12,7% en mayo de 2026.

El fenómeno golpea con mayor fuerza a los jóvenes. Entre quienes tienen préstamos activos, 4 de cada 10 personas menores de 35 años presentan problemas de pago. La mora llega al 42,8% en el grupo de 18 a 25 años, al 39,3% entre 26 y 35 años y al 31% en la franja de 36 a 45 años.

El informe también marca diferencias entre los distintos actores del sistema financiero. Mientras que la banca pública mantuvo el nivel de préstamos para evitar una caída más pronunciada del crédito, las entidades privadas recortaron de manera significativa la oferta de financiamiento durante los primeros meses de 2026.

La situación más delicada se observa en las entidades no financieras, que concentran alrededor del 17% del mercado de crédito a las familias, donde la morosidad trepó al 32,2%. Hace apenas un año y medio, ese indicador rondaba el 10%.

De acuerdo con los cálculos de la consultora, el 27% de las personas que tomaron préstamos ya no son consideradas “sujetos de crédito” debido a su situación de mora. Sin embargo, los analistas señalaron que el bajo peso del crédito en la economía argentina atenúa el impacto macroeconómico. “Lo positivo es que el peso del crédito en la economía local es tan pequeño que eso no significa que el PBI no pueda continuar creciendo en los próximos 12 meses”, indicaron.

De cara a los próximos meses, el mercado sigue de cerca los datos de junio y julio. La expectativa está puesta en el “efecto aguinaldo” y en la posibilidad de que ese ingreso adicional permita a las familias cancelar parte de sus deudas y frenar una tendencia de deterioro que ya lleva casi dos años. Mientras tanto, el Gobierno mantiene como prioridades el control del tipo de cambio y la reducción de la volatilidad de las tasas de interés.

Con información de la agencia NA

El Gobierno nacional incrementó los salarios estatales fijando nuevos valores para las retribuciones y adicionales de áreas específicas del sector público, mediante el Decreto 553/2026 publicado este martes en el Boletín Oficial.

La medida, que lleva la firma del presidente Javier Milei, junto a la del flamante jefe de Gabinete, Diego Santilli, y la del ministro de Desregulación y Transformación del Estado, Federico Sturzenegger, entrará en vigencia con subas escalonadas a partir del 1 de julio y el 1 de agosto.

Esta actualización surge del acuerdo alcanzado el pasado 18 de junio por la Comisión Negociadora del Convenio Colectivo de Trabajo General, en el que se dispuso un nuevo incremento retributivo para el personal estatal.

Docencia, Cultura y Comunicación

El decreto modifica las escalas salariales de instituciones educativas dependientes de la Nación. En la Escuela Nacional de Bibliotecarios de la Biblioteca Nacional, el cargo de Rector percibirá $222.053,90 en julio y ascenderá a $226.272,93 en agosto.

Asimismo, el cargo de Bedel del ISER (ENACOM) fue fijado en $118.132 para julio y $120.377 para el mes siguiente. Para el personal docente retribuido por hora cátedra de la administración central, el valor se estableció en $8.650 (julio) y $8.815 (agosto).

Adicional por Antártida y responsabilidad fiscal

Al mismo tiempo, se establecieron nuevos montos en el adicional remuneratorio por servicios en la Antártida para el personal militar, el cual se fijó en $1.539.083 a partir de julio, incrementándose a $1.568.326 en agosto.

Por otro lado, los profesionales del Tribunal Fiscal de la Nación verán actualizada su “Asignación por Responsabilidad Fiscal Jurisdiccional”. Aquellos con títulos de posgrado y responsabilidades en la producción de sentencias de fondo percibirán un adicional de $890.556 en julio, que subirá a $907.476 en agosto.

Actualización de viáticos para el servicio exterior y Curia Castrense

La normativa también sustituyó la tabla de viáticos para el personal del Servicio Exterior y cargos extraescalafonarios. Los montos diarios varían según la región:

En cuanto a la Curia Castrense, se establecieron las remuneraciones para los integrantes del Obispado. El Obispo Auxiliar o Vicario Castrense percibirá $1.907.227 en julio y $1.943.464 en agosto, mientras que el Obispo Castrense mantendrá una remuneración equivalente a la de un Subsecretario.

La normativa aclara que la Comisión Técnica Asesora de Política Salarial del Sector Público será el organismo encargado de dictar las normas aclaratorias o complementarias que resulten necesarias para la implementación de estos nuevos valores.

Con esta medida, el Gobierno busca alinear las asignaciones específicas de estos organismos con los incrementos generales otorgados al resto de la Administración Pública Nacional.

Diversos diputados de la oposición, el kirchnerista Rodolfo Tailhade, el socialista Esteban Paulón y la cívica Mónica Frade, reclamaron este lunes una investigación sobre la negociación en marcha entre el gobierno de Javier Milei y Aeropuertos Argentina, concesionaria de Corporación América, de la familia Eurnekian, para que el contrato de 1998 que vence en 2038 se prorrogue en 2056, con opción a extenderlo incluso a 2066.

La administración de Milei -que trabajó en Corporación América de 2008 a 2021- había firmado en septiembre pasado un acta acuerdo en ese sentido y lo había ratificado en el Organismo Regulador de Aeropuertos (Orsna) en una reunión secreta, pero el pasado día 10 la dejó sin efecto después que a principios de mes quien firmara aquel convenio, Facundo Leal, expresidente del ente de control, fuera arrestado con US$2,3 millones y drogas en su departamento de Palermo Chico. Todos los documentos fueron publicados el pasado viernes por elDiarioAR.

El acta acuerdo, sin embargo, quedó como antecedente de trabajo para una nueva negociación que ha comenzado, según consta en el acta de la reunión también secreta del 10 de junio en el directorio del ORSNA, que ahora encabeza Noelia Ruiz. Aquel pacto, que se frustró antes de llegar a la firma del propio Milei, también contemplaba incluir el plan de inversiones 2026/2030 de Aeropuertos en el Régimen de Incentivo de Grandes Inversiones (RIGI) y la privatización del 15% que el Estado tiene en esta empresa de Corporación América.

“¿Algún fiscal en la sala? En @eldiarioar revelaron un tremendo escándalo de corrupción que, por el chorro de Adorni y el Mundial, está pasando desapercibido: Milei, ex empleado de Aeropuertos Argentina, arregló en secreto la entrega de los aeropuertos hasta 2066 a su ex patrón Eduardo Eurnekian, dueño de AA”, escribió Tailhade en la red X. Paulón, en tanto, analiza la presentación de un pedido de información sobre la negociación contractual y Frade, de la Coalición Cívica, también está preparando un requerimiento. “Además, el ex empleado Milei le permite a su ex patrón Eurnekian meter el acuerdo en el RIGI y le promete la privatización del 15% de AA que tiene el Estado. En definitiva, un acto de corrupción de miles de millones de dólares”, criticó el diputado de Unión por la Patria (UP).

“Las negociaciones secretas (ilegales) las lleva adelante otro gran corrupto, Juan Pazo (a quien en 2024 denuncié por evasor cuando asumió en AFIP), que participa del negociado en representación del Timba Caputo”, prosiguió Tailhade en referencia al exjefe de la agencia recaudatoria y el actual ministro de Economía. “Pazo no se fue del gobierno 'para dedicarse a la actividad privada', como le dijeron a la gilada: sigue cobrando 15 palos por mes como director, justamente, de AA”, aportó un dato novedoso el diputado.

“El otro negociador fue Leal, quien como titular del ORSNA firmó las resoluciones y el contrato, antes de que le encontraran millones de dólares y drogas en la casa y quedara preso”, continuó Tailhade. “A este corrupto ya lo investigan por curros millonarios en la obra pública de los aeropuertos, causa que tiene los mismos protagonistas. Vamos a seguir el tema, porque es muy grave, porque los medios van a ocultarlo a fuerza de pauta, y porque atrás están el propio Milei y el malandra del Toto Caputo”, cerró el legislador su mensaje en redes sociales. La causa a la que se refiere se inició por una denuncia de la diputada exlibertaria Marcela Pagano, del bloque Coherencia.

AR/CRM

A partir del próximo miércoles 1º de julio, las tarifas de los servicios públicos y las prestaciones privadas sufrirán un nuevo ajuste en sus valores. Este incremento se correlaciona con la inflación del 2,1% registrada en mayo y sumará presión al índice de precios del próximo mes, poniéndole un límite a la desinflación.

A continuación, el detalle rubro por rubro de cuánto costará cada servicio en el Área Metropolitana de Buenos Aires (AMBA) y el resto del país.

Tarifas de servicios públicos: Luz, gas y agua

Los entes reguladores ya convalidaron los nuevos cuadros tarifarios que impactarán en las boletas del próximo mes de la siguiente manera:

Nuevo cuadro tarifario del transporte público

El transporte registrará variaciones en todas sus modalidades en el AMBA, con fuertes subas en colectivos, trenes y subterráneos.

Colectivos en CABA y Provincia de Buenos Aires

Subtes y Trenes

Peajes y Verificación Técnica Vehicular (VTV)

Moverse en auto particular también será más caro a partir de julio, tanto por los accesos como por los controles obligatorios:

Aumentos en contratos de alquiler

El impacto de las actualizaciones de las locaciones de vivienda variará según el tipo de contrato vigente:

Prepagas, colegios privados y telecomunicaciones

Los servicios regulados del ámbito privado también confirmaron sus respectivos esquemas de ajuste para el inicio del mes:

En el oficialismo y en el empresariado hay quienes consideran que la gota que derramó el vaso del escándalo de Manuel Adorni fue que la discusión sobre su eventual moción de censura en el Senado suspendiera el debate de leyes clave para ciertos sectores y empresas tecnológicas, como Palantir, del norteamericano residente en Buenos Aires Peter Thiel. El combo de proyectos de leyes que crean las empresas sin humanos, que elimina límites a la extranjerización de tierras y que otorga rebajas extraordinarias de impuestos y aranceles a la importación con el Súper Régimen de Incentivo de Grandes Inversiones (Súper RIGI), pensadas a la medida de Thiel y otros tecnomagnates, enfrentaba frenos con Adorni en el medio. Ya no.

Pero no sólo apoyan los empresarios tecnológicos y extranjeros que se beneficiarán con esas normas. Otros proyectos como el de la eliminación de los octógonos negros que advierten sobre la insalubridad de los alimentos también es un deseo del establishment. Se suman quienes veían que el caso del ahora exjefe de Gabinete estaba esmerilando la popularidad del presidente Javier Milei y sus expectativas de reelección en 2027, al combinarse con un consumo que sigue barranca abajo.

Por eso la bolsa de Buenos Aires reaccionaba este lunes con un alza leve de su índice S&P Merval del 1,4%, las acciones argentinas en Nueva York subían hasta 4,3% en el caso de Edenor y los bonos también se apreciaban, reduciendo el riesgo país 2%, a 428 puntos básicos. En cambio, otros hombres de negocios vinculados al mercado interno advierten de que nada cambia su triste realidad recesiva.

“Influyó bastante”, comenta una fuente de La Libertad Avanza (LLA) en el Congreso sobre el impacto de la obstaculización de la agenda legislativa de su partido por los intentos de la oposición de tratar la moción de censura a Adorni. “La parálisis de todas esas leyes, poner todo el tiempo a los legisladores en el el ojo de la tormenta, sobre si iban a decidir rajarlo o no, y la presión de gobernadores tuvo mucho que ver. La realidad es que ni propios ni ajenos podían verlo más. No había forma de sostenerlo”, agregan en el oficialismo.

Un informante de LLA en el Gobierno niegan que la traba a las leyes pro Thiel fuera el desencadenante: “Adorni ya tenía el boleto picado. Sólo seguía por un capricho de Milei”. “Acá se seguía trabajando al mismo ritmo. Ya en el Congreso entiendo era otra historia”, se refiere otra fuente del Ejecutivo a las iniciativas reformistas libertarias. Un alto cargo del Gobierno ratifica: “No creo que haya una vinculación directa entre la renuncia de Adorni y la demora en los proyectos de ley”.

“La salida de Adoni ayuda a que el Gobierno ponga foco a seguir avanzando con las reformas y cambios políticos que más tarde o más temprano generan mejoras en el entorno económico”, opina el mandamás de uno de los principales grupos empresarios de la Argentina, que apoya las reformas en líneas generales. Coincide en que su recambio facilitará la aprobación del Súper RIGI, las empresas sin humanos y la inviolabilidad de la propiedad privada -incluye la desregulación para extranjeros, los desalojos exprés y la eliminación de restricciones a la venta de campos incendiados- y otras por venir.

“Dios quiera que mejoren el clima y las relaciones. Esta nueva gestión es prometedora, conocen más la realidad económica y empresarial del país”, sostienen en otro de los principales conglomerados del país, en referencia al reemplazante de Adorni, Diego Santilli. Uno de los presidentes de las principales cámaras empresariales del país concuerda: “Todo cambio genera expectativa. En esta oportunidad, es muy positiva”.

Pero están también los empresarios vinculados a la industria, el consumo masivo y la construcción que siguen en la lona de las ventas. “No creo que la salida de Adorni cambie nada. Habrá que ver cómo evoluciona el nuevo jefe de Gabinete, pero las expectativas pasan por otro lado y no sé si puede mejorar algo, excepto que despeje dudas que son más políticas que económicas”, comenta un consultor de empresas. En una compañía proveedora de supermercados lo confirman: “No tenemos perspectivas de ningún cambio en la política económica en lo que respecta a incentivos o mejor clima para el consumo”.

“La crisis de Adorni no afectaba la capacidad de compra de la gente, pero sí tenía frenada la agenda legislativa y la Argentina necesita que la ley de etiquetado se derogue, es una ley antialimentos y desinforma a la gente”, comentan en una de las mayores firmas de alimentación. “Con la salida de adorni quizás se reactive esa agenda”, se ilusionan quienes pretenden derogar una norma que difienden desde organizaciones de la sociedad civil hasta las de cardiólogos y nutricionistas.

“Cualquier cambio, positivo o negativo, no está relacionado con Adorni”, observan en otra gran empresa de consumo masivo. “No tenemos un negocio en el que tenga impacto. Entiendo que para el mundo financiero y otros pueda tenerlo”, añaden.

AR/MC

La provincia de Córdoba obtuvo una calificación de 100 puntos en el Índice de Cumplimiento de la Ley de Responsabilidad Fiscal, alcanzando el nivel de cumplimiento estricto de las normas de transparencia vigentes, según un ranking elaborado por la Asociación Argentina de Presupuesto y Administración Financiera Pública (ASAP).

La provincia gobernada por Martín Llaryora presentó la totalidad de la información requerida por la normativa nacional, que incluye la publicación del Presupuesto 2026 y los datos de ejecución de gastos, stock de deuda y planta de personal correspondientes al cierre del ejercicio 2025.

El desempeño de Córdoba la sitúa en el Grupo I de la clasificación, un espacio que comparte únicamente con las provincias de Entre Ríos y Santa Fe.

Según los datos recabados, Córdoba cumplió con la presentación del Presupuesto del ejercicio, el esquema de Ahorro-Inversión-Financiamiento, el detalle de gastos por finalidad y función, el stock de deuda pública y los niveles de ocupación del sector público con fecha de corte al 31 de diciembre de 2025.

El estudio se basa en un relevamiento realizado durante los primeros quince días de abril de 2026 sobre los sitios web oficiales de las provincias.

El informe de ASAP señala que “se identificó, por un lado, un deterioro en el promedio respecto al último informe publicado en septiembre 2025 (pasó de 74,3 a 70,9 puntos)”. Si se realiza la comparación con marzo de 2025, la caída es de 6,8 puntos.

En el análisis nacional, solo siete jurisdicciones lograron mejorar su puntaje respecto al semestre anterior, mientras que otras siete experimentaron retrocesos y ocho permanecieron sin cambios. Entre las mejoras más significativas se encuentra Tucumán, que subió 55 puntos, y Santa Cruz, con un incremento de 45 puntos.

Por el contrario, las caídas más profundas se registraron en Tierra del Fuego, con una pérdida de 60 puntos, seguida por Jujuy y Río Negro, ambas con un descenso de 55 puntos.

El monitoreo de la ASAP se divide en cinco grupos de cumplimiento: estricto, alto, intermedio, bajo y nulo.

El informe excluye del análisis a las provincias de La Pampa y San Luis, dado que no están adheridas al Régimen Federal de Responsabilidad Fiscal y Buenas Prácticas de Gobierno.

El objetivo de este monitoreo semestral es contribuir a la transparencia y difusión de las cuentas públicas provinciales.

En las conclusiones, ASAP destaca que Córdoba, Entre Ríos y Santa Fe “repiten la puntuación máxima, lo que da cuenta de un cumplimiento estricto de los requerimientos relevados”.

El ministro de Desregulación, Federico Sturzenegger, dice que los jovenes están volviendo al país, pero cada vez más argentinos se van y más jovenes dejan de estudiar para buscar trabajo precario y un quinto de ellos no lo encuentran. Hace un mes, Sturzenegger viajó a Austria y contó que antes de que llegara Javier Milei a la Casa Rosada temía que sus hijos emigraran. Incluso confesó que estaba decidido a pedirles que se marcharan al exterior si ganaba el peronismo. Pero después comentó entre lagrimas: “Los jóvenes están volviendo al país”. “Perdón que me emocione”, se disculpó. El problema es que se emocione con lo que sería una fake news.

La Argentina no elabora estadísticas sobre emigración. Ni en este gobierno ni en los anteriores. Por eso, los investigadores que se dedican a estudiar el fenómeno migratorio como Cecilia Jiménez Zunino, socióloga de la Universidad de Córdoba e investigadora del Consejo de Investigaciones Científicas (Conicet), toma como referencia las estadísticas oficiales de España, principal destino de emigración de los argentinos. Según el Instituto Nacional de Estadística (INE) de España cada vez más argentinos viven en España: a fines de 2025 sumaban 476.000 nacidos en Argentina, incluidos los que tienen pasaporte europeo.

En los primeros dos años de gobierno de Milei aumentó la cantidad de argentinos en España a razón de 30.000 por año. Se trata de un promedio apenas inferior a los 31.000 que se radicaban cada año en la gestión de Alberto Fernández, cuando se disparó la emigración. En la administración de Macri se iban a razón de 10.000 por año y en los 12 años del kirchnerismo, 4.000. El peor momento fue la crisis de 2001: 58.000 por año. Ahora estamos en la mitad, pero no hay datos para festejar de emoción.

La Argentina es el quinto origen del flujo actual de inmigrantes en España, detrás de Colombia, Marruecos, Venezuela y Perú, según datos de 2025. No son datos de jóvenes argentinos emigrantes en  España sino sobre el total de compatriotas de todas las edades en ese país. Pero confirman que el fenómeno de la emigración, que se disparó en el gobierno de los Fernández, continúa. Y ocurre en un contexto difícil para los jóvenes en Argentina, esos mismos que estaban cansados del peronismo en el que se criaron y que encontraron en Milei un presidente.

De por sí en la Argentina y en la mayoría del mundo, los jóvenes sufren más desempleo y más trabajo precario que los demás adultos, pero este problema se agravó en lo que va del gobierno de Milei, según el director del programa Capacitación y Estudios sobre Trabajo y Desarrollo (CETID) de la Universidad de San Martín, Matías Maito. En la kilométrica cola de 4.000 personas que hace un mes se formó para conseguir 60 empleos en un frigorífico de Moreno, un joven de 18 años confesaba al canal C5N: “Estoy terminando el secundario online porque dejé en quinto año porque tuve que trabajar. Trabajé de mantenimiento desde los 16 años, en un local, en negro. Trabajé en limpieza también”.

“Desde la asunción del actual gobierno crece mucho la participación de los jóvenes en el mercado de trabajo, es decir, jóvenes que en general interrumpen sus estudios o relegan o destinan una menor cantidad de tiempo en sus estudios para incorporarse al mercado laboral a buscar un trabajo”, advierte Maito. Siempre la tasa de actividad, es decir, la de quienes trabajan o buscan hacerlo, es más baja entre los jóvenes de 18 a 24 años que en el promedio de todas las edades porque están terminando la secundaria o estudiando en un terciario o una universidad. Pero entre el último trimestre de 2023, final del anterior gobierno, y el mismo periodo de 2025, esta tasa subió del 52,8% al 53,7%.

Trabajo precario para los jóvenes

“Muchos de esos jóvenes consiguen trabajo, pero en general se da en condiciones precarias, como subocupados –es decir, trabajan menos horas que las deseadas–, en la informalidad y es un trabajo que en general sirve como una fuente adicional de ingresos para los hogares”, cuenta Maito. “¿Por qué se da esta necesidad de que los jóvenes se incorporen tempranamente al mercado de trabajo? Justamente porque en un contexto en donde los ingresos no logran acompañar el ritmo de la inflación, más personas en un mismo hogar tienen que trabajar y generar ingresos para que ese hogar logre de alguna forma llegar a fin de mes”, prosigue el investigador del Cetyd. Todo sea para ayudar a la familia, que ya no les puede bancar el estudio. Mirado desde lo macroeconómico, esta desinversión en capital humano, al igual que el ajuste presupuestario de la universidad, impacta en el futuro desarrollo del país.

Los últimos datos del Instituto Nacional de Estadística y Censos marcan que en el primer trimestre de 2026, la desocupación entre quienes tienen hasta 29 años rondó el 15%. Es prácticamente el doble de la tasa general, del 7,8%. “Entre la población más joven, de 18 a 24 años, el problema es todavía más grave, porque la desocupación alcanza al 20%”, señala Ana Rameri, economista del Instituto de Pensamiento y Políticas Publicas (Ippyp). “Es decir, uno de cada cinco jóvenes que busca trabajo no lo consigue.”

“Pero el problema no termina ahí, porque cuando logran insertarse lo hacen de lleno en las formas más precarias del mercado laboral”, coincide Rameri con Maito. “Casi ocho de cada diez jóvenes atraviesan una inserción vulnerable, ya sea por desempleo, informalidad, precariedad contractual o insuficiencia de ingresos. De hecho, los jóvenes tienen una tasa de asalarización superior al promedio, pero con una informalidad mucho más elevada. Mientras el empleo no registrado alcanza el 37% de los asalariados, en general supera el 62% entre los jóvenes. Son trabajos inestables, de bajos ingresos y con escasa protección social, que muchas veces obligan a priorizar la supervivencia cotidiana y restringe las oportunidades de continuar estudiando o formándose.”

En los primeros dos años de gobierno libertario, el empleo privado registrado cayó 1,9% en la Argentina, pero sobre todo cayó entre quienes tienen entre 18 y 24 años, un 8%. Los jóvenes son el eslabón mas débil a la hora de despedir. Con menos antigüedad en las empresas, es más barato echarlos. En cambio, creció 6% entre los de 46 a 55 años porque el mercado ahora valora más la experiencia. Y aumenta hasta 11% entre los de más de 65 años, lo que tiene su aspecto positivo, el hecho de que no se descarta a los más añosos, pero también su flanco negativo, dado que la jubilación no alcanza y hay que seguir trabajando. En el mundo de la inteligencia artificial se reemplazan más los jovenes, que tienen tareas más rutinarias, mientras se requiere gente más madura para controlar que la IA haga bien su tarea.

Pobres y endeudados

Pero encima este desempleo y este trabajo precario juveniles derivan en una mayor morosidad de créditos con bancos, billeteras, tarjetas y casas de electrodomésticos. “Cruzamos datos de morosidad tardía con desempleo y el sector joven es el más castigado por la dificultad de acceso al mercado de trabajo y por el menor ingreso”, apunta Ricardo Delgado, socio de la consultora Analytica. Así como el 27% de los argentinos está en mora, entre los jóvenes el rojo impago llega a casi el 40%, lo que les complica no sólo el presente sino también el acceso futuro al crédito formal.

Encima crecen las sospechas de que algunos se endeudan para apostar online, esta pseudo salida laboral y pseudo entretenimiento que ha llevado a que en los consultorios de ludopatia ya no aparezcan sólo los cincuentones y sesentones sino adolescentes de 15 años hasta jóvenes de 25. Un flagelo que está agravando con este Mundial, el de más partidos de la historia, todos para apostar. En el consultorio del psiquiatra Federico Pavlovsky llegan pacientes endeudados, amenazados por sus acreedores, tanto que hay quieren irse del país.

Obviamente no es el motivo principal de emigración. Pero el flujo al exterior continua. La socióloga Jiménez Zunino comenta que 1,2 millones de argentinos viven afuera, según la Organización Internacional de Migraciones (OIM). Cuatro de cada diez están en España. Otros están EE.UU., Italia, en países limítrofes o Israel. “Hay una emigración persistente y por goteo”, afirma la investigadora. Los datos de argentinos emigrados a España muestran que todavía para muchos compatriotas la Argentina sigue siendo poco atractiva. Para los jóvenes que deben dejar de estudiar para trabajar porque no les alcanza y consiguen malos empleos o nada, no es país para quedarse.

AR/MG

Javier Milei renunció el 9 de diciembre de 2021 a Corporación América, el grupo de Eduardo Eurnekian y sus sobrinos Hugo y Martín, para ser diputado y desde entonces debían dejar pasar tres años, según la ley de ética pública, antes de firmar cualquier decisión sobre quien fuera su empleador durante 21 años e incluso su impulsor mediático. Ese plazo finalizó el 9 de diciembre de 2024, cuando Milei ya cumplía un año al frente de la presidencia. Todavía no rubricó nada, pero su gobierno llegó a firmar en septiembre pasado un acta acuerdo para prorrogarle la concesión de Aeropuertos Argentina de 2028 a 2056, con la opción de otra extensión hasta 2066, con inclusión en el Régimen de Incentivo de Grandes Inversiones (RIGI) y privatización del 15% que el Estado tiene en esa empresa. Pero ahora se renegocia un nuevo acuerdo.

¿Qué sucedió en el medio? El Acta Acuerdo de Readecuación Contractual (ver abajo) fue firmada el 26 de septiembre de 2025 por el CEO de Aeropuertos Argentina, Daniel Ketchibachian, y el entonces presidente del Organismo Regulador del Sistema Nacional de Aeropuertos (Orsna), Facundo Leal.

Al mes siguiente, el 23 de octubre, en un reunión “secreta”, según consta en el acta del ORSNA (ver abajo), el directorio de este ente lo ratificó, con la firma de Leal, la entonces vicepresidenta, Noelia Ruiz, y el resto de sus integrantes. En febrero pasado, el abogado mendocino renunció al cargo porque también había dimitido como secretario de Transporte su coprovinciano que lo había llevado al cargo, Luis Pierrini.

Pero el problema fue que Leal cayó preso este 1 de junio después de que le allanaran su departamento de Palermo Chico con US$2,3 millones en dólares, euros, pesos, otras monedas sudamericanas y hasta chelines tanzanos, además de ketamina, MDMA y cocaína. Está investigado por presunta corrupción de cuando presidía la empresa estatal de satélites Arsat en el gobierno anterior. Como muchos otros, pasó de massista a libertario.

Luego de la caída de Leal tras las rejas, era difícil que al acta acuerdo por él firmada recibiera la aprobación de la secretaria Legal y Técnica, María Ibarzabal Murphy, para que después lo termine de rubricar el presidente Milei. Faltaban esos ganchos para consagrar la extensión. Así fue que Ruiz, sucesora de Leal en la presidencia del ORSNA, reunió al directorio del organismo este 10 de junio y en otra reunión “secreta”, según su acta (ver abajo), dejó sin efecto tanto el convenio como la ratificación que ella misma había hecho. Se argumentó por escrito que el acta acuerdo no había sido refrendada aún por Aeropuertos Argentina y que la constitución de un nuevo directorio a partir del reemplazo de Leal por Ruiz en febrero pasado justificaba la necesidad de “evaluar el estado del proceso y adoptar las decisiones que el interés público requiera”.

Por eso, el nuevo directorio del ORSNA que encabeza Ruiz dispuso “la reanudación del procedimiento de negociación contractual, oportunamente iniciado en la reunión del 27 de diciembre de 2024, estableciendo en este acto nuevas bases operativas orientadas a mejorar la motivación, el análisis del impacto económico-financiero y la fundamentación técnica, con especial referencia los aspectos abordados en el acta acuerdo de fecha del 26 de septiembre de 2025, la que servirá como antecedente de trabajo”. Es decir, se dejó sin efecto el preacuerdo de Leal, pero servirá como referencia para que lo vaya a rubricar Ruiz. Ambos han respondido en este gobierno al asesor presidencial Santiago Caputo, pero el exfuncionario llegó por Pierrini, que a su vez respondía al exjefe de la Agencia de Recaudación y Control Aduanera (ARCA) Juan Pazo. Ella, en cambio, es apodada La Killer de Santi.

En aquella reunión también secreta de 2024 (ver abajo) el directorio del ORSNA había instruido a su entonces presidente, Hernán de Arzuaga Pinto, a renegociar el contrato. Y eso que el anterior gobierno peronista ya había prorrogado en noviembre de 2020, en plena pandemia, el contrato que en principio duraba de 1998 a 2028 y que podía extenderse por diez años más. En la gestión de Alberto Fernández, con el argumento del impacto de la extensa cuarentena en la paralización de vuelos y del consiguiente cobro del servicio aeroportuario, se prolongó la concesión hasta 2038, a pesar de que faltaban entonces ocho años para su vencimiento.

En 2024, otra vez con el razonamiento de que el Covid-19 prolongó las restricciones aéreas hasta mediados de 2021, el gobierno de Milei y la empresa de los Eurnekian comenzaron a dialogar sobre prorrogar el contrato que vencía 14 años más tarde. Ahora le faltan 12 años a la concesión. En el acta de 2024, el ORSNA alegaba que la ley Bases permitía la renegociación de contratos de obras públicas e incluía en ese universo la administración de los aeropuertos de casi todo el país y sus necesidades de inversión. También le reconocía a la empresa que se le había roto la “ecuación económica” de su negocio. No hay que olvidar que en la pandemia, cuando sólo era un economista mediático, Milei era un férreo opositor a ese aislamiento que el propio Fernández violó.

En 2025, el acta acuerdo ahora dejada sin efecto pero que servirá de antecedente establecía que el contrato iniciado por el gobierno de Carlos Menem se extendiera a 2056 con una tasa interna de retorno (TIR) del 14,3%. Es decir, 30 años de acá en más. Pero no sólo eso: se incluía una opción de otra prórroga hasta 2066, o sea, de acá a 40 años, con una TIR del 14,45%. Se argumentaba que la extensión resultaba necesaria para conferir “suficiente certeza, estabilidad y seguridad jurídica que posibiliten la obtención de una eficaz provisión de financiamiento para llevar adelante la ejecución de las inversiones previstas”. Suena extraño que se requiera tan largo plazo para acceder al crédito.

La otra opción que tendría la Argentina es que a futuro otro gobierno llame a licitación otra vez los aeropuertos para que los Eurnekian u otro grupo los gestionen desde 2038 en adelante. En Corporación América han conseguido que en Armenia –la tierra de donde migraron los padres del empresario de 93 años– y en Uruguay les prorroguen los contratos con el argumento de la pandemia. También ha habido otros casos en Grecia, República Dominicana y Georgia.

Sin embargo, en otros países desarrollados y latinoamericanos ni extendieron las concesiones ni duran 58 o 68 años, como establecía el preacuerdo del gobierno de Milei con los Eurnekian. En Brasil duran 20 o 30, con opciones de alargarlos cinco más; en Chile, de 15 a 30; o en Japón, de 30 con alternativa a diez más. Claro que también está el caso de Australia, con 50 años con prórroga por 49.

También se disponía que Aeropuertos Argentina presentaría su plan de inversión en el RIGI, que premia con desgravaciones impositivas y de aranceles a la importación, así como beneficios cambiarios, a inversiones que superen los US$200 millones. En el acta se hablaba de un plan de inversiones 2026/2030.

El otro punto clave del pacto consistía en disponer que el Estado se deshiciera del 15% que tiene en Aeropuertos Argentina con una oferta pública de acciones en la bolsa de Buenos Aires y en otras del país. Sería una manera de quitarse de encima la mano de cualquier gobierno en el directorio e incluso de que los Eurnekian recompren al menos parte de esos papeles.

Ya el periodista Carlos Pagni había adelantado en el diario La Nación el dato de la prórroga. Ahora que se conocen todas las actas secretas y los detalles del acta acuerdo frustrada, incluido los del RIGI y la privatización, habrá que ver cómo continúa el diálogo contractual entre el gobierno de Milei, representado por Ruiz, y el grupo económico de su exempleador. Se trata de una renegociación que deberán ratificar no sólo el directorio del ORSNA sino también por Ibarzabal Murphy, la Sindicatura General de la Nación (Sigen), la Procuración del Tesoro de la Nación y hasta el propio jefe de la Casa Rosada.

AR /MG

El servicio de internet satelital Starlink, de Elon Musk, dominó este sector prácticamente desde su lanzamiento. Sin embargo, un proyecto respaldado por el Gobierno chino se propuso desafiar su hegemonía. SpaceSail apenas cuenta con unos cientos de satélites en órbita terrestre baja, frente a los más de 10.000 de Starlink, pero la empresa asegura que ya dispone de los dispositivos suficientes para iniciar su primera aplicación comercial. Está expandiéndose a gran velocidad y, adelanta, entabló negociaciones con “decenas” de países para ofrecer cobertura de internet por satélite.

Según Blaine Curcio, fundador de la consultora Orbital Gateway Consulting, con sede en Hong Kong, SpaceSail se está dirigiendo “deliberadamente” a aquellos lugares donde Starlink enfrentó “problemas políticos o regulatorios”. En declaraciones al medio Rest of World, Curcio comparó esta estrategia con la del fabricante chino de coches eléctricos BYD, que aprovechó miles de millones en subsidios gubernamentales para adelantar a Tesla en ventas globales.

Aunque la reciente ronda de financiación de la empresa china se vio totalmente eclipsada por la histórica salida a bolsa de SpaceX —matriz de Starlink— por valor de 85.700 millones de dólares, cabe preguntarse si la creciente influencia global de China permitirá a SpaceSail abrirse camino.

¿Qué es SpaceSail?

El proyecto, denominado oficialmente Constelación SpaceSail o Qianfan (“Mil Velas”) en chino, fue lanzado en 2023 por la empresa estatal Shanghai Spacecom Satellite Technology (SSST), con el objetivo de proporcionar internet de banda ancha “rápido, seguro y fiable” en todo el mundo.

Lan Xinzhen, analista de la revista estatal Beijing Review, señala que SpaceSail también se concibió con la seguridad nacional en mente, y que eventualmente servirá de apoyo para “proyectos en el extranjero, el comercio marítimo y misiones diplomáticas”, sin depender de empresas o infraestructuras occidentales.

SSST cuenta con el respaldo del instituto de investigación estatal Academia China de Ciencias y del Gobierno Popular Municipal de Shanghái, que aportaron una financiación inicial de 6.700 millones de yuanes (unos 943 millones de dólares). Sigue siendo un proyecto financiado íntegramente por China, con inversiones limitadas a entidades corporativas u organizaciones económicas con sede en el país, excluyendo a Hong Kong y Macao.

La información pública disponible sobre la escala de las operaciones de SpaceSail es limitada. No obstante, según Qichacha, una plataforma de información empresarial china, SSST contaba con 343 empleados en 2024, los últimos datos disponibles. Su página oficial de LinkedIn indica una horquilla de entre 201 y 500 trabajadores, mientras que la plataforma de empleo china Jobui señala que la firma ofertó 224 puestos en 2024, lo que supuso un aumento significativo respecto al año anterior.

¿Cuántos satélites lanzó hasta ahora?

SpaceSail lanzó sus primeros satélites en agosto de 2024, poniendo en órbita 18 dispositivos de panel plano a bordo de un cohete denominado Larga Marcha 6A. Un segundo grupo de 18 satélites se lanzó dos meses después, seguido de un tercer grupo de otros 18 en diciembre.

En la actualidad, hay al menos 200 satélites activos de SpaceSail en la órbita terrestre, tras el duodécimo y más reciente lanzamiento a bordo del cohete Larga Marcha 8 en junio de este año. La compañía afirmó que ya cuenta con satélites suficientes para iniciar su primera aplicación comercial: el rastreo de buques en alta mar.

La empresa aspira a comenzar con servicios comerciales más amplios de cara a finales de 2026, cuando se espera que el número total de satélites activos en órbita alcance los 648. Su constelación constará finalmente de más de 15.000 satélites, lo suficiente para proporcionar una cobertura global completa, según SSST.

¿Cómo se compara SpaceSail con Starlink?

Starlink es el líder indiscutible del sector, con más de 12 millones de usuarios activos en 160 países y territorios. Opera una constelación de alrededor de 10.413 satélites, con planes de expandirse eventualmente hasta los 42.000.

SpaceSail se encuentra todavía muy por detrás, pero sus ambiciones son enormes. La firma asegura que tendrá más de 10.000 satélites operando en órbita de baja altitud para finales de 2030.

El analista Curcio advierte de que el éxito de SpaceSail no está en absoluto garantizado y que también afronta competencia interna dentro de China. SpaceSail debe competir por cohetes y financiación con su rival doméstico SatNet, otra empresa estatal china que está construyendo su propia constelación de satélites de tamaño similar, denominada Guowang. Sin embargo, SpaceSail sigue siendo el competidor más natural para Starlink, ya que SatNet se centra principalmente en las telecomunicaciones nacionales del interior de China y en la seguridad nacional.

Según informa, SpaceSail está negociando con 30 países para implantar su servicio, cosechando ya éxitos como alternativa a Starlink allí donde los acuerdos con la compañía de Musk se rompieron. Ya consiguió un contrato importante en Brasil, donde las autoridades chocaron con Musk en 2024 debido a la supuesta falta de moderación de contenidos en su plataforma social X. En febrero, la agencia reguladora de telecomunicaciones de Brasil, Anatel, autorizó a SpaceSail a comenzar sus servicios comerciales.

SpaceSail también ganó terreno en Kazajistán, donde registró una filial en enero de 2025, después de que las conversaciones con Starlink fracasaran debido a los requisitos de almacenamiento de datos y seguridad. En diciembre, la compañía firmó un acuerdo con el fabricante aeronáutico europeo Airbus para incluir SpaceSail como una opción de wifi a bordo de sus aviones.

Mientras el Gobierno defiende el Super RIGI como una herramienta para atraer inversiones de frontera tecnológica, distintas organizaciones –desde Amnistía Internacional hasta Greenpeace– sumaron más cuestionamientos al alcance y los efectos del proyecto y denuncian que la iniciativa implica un “un cheque en blanco para las Big Tech”.

En un documento afirman que la iniciativa que permitirá beneficios extraordinarios para grandes empresas tendrá escasas exigencias en materia de empleo, transferencia tecnológica o desarrollo local, lo que implica “30 años de garantías, sin exigencias”.

Amnistía Internacional, la Asociación Argentina de Abogados/as Ambientalistas, Greenpeace y la Fundación Ambiente y Recursos Naturales (FARN), son algunas de las 21 organizaciones de la sociedad civil que firman el documento.

Allí, sostienen que el Gobierno no presentó evidencia que permita demostrar la denominada “adicionalidad” de las inversiones, es decir, que los proyectos efectivamente dependan de estos incentivos para concretarse. Los autores citan datos de Fundar según los cuales, pese a que el Ejecutivo anunció inversiones por unos US$ 124.000 millones vinculadas al RIGI, hasta el momento sólo se habrían materializado desembolsos por US$ 762 millones.

Días atrás, la Fundación Mediterránea también había expresado sus críticas al proyecto. “Súper RIGI: otra isla en el océano de distorsiones”, se titula el documento de la Mediterránea, que redactaron en su Instituto de Estudios sobre la Realidad Argentina y Latinoamericana (Ieral), a cargo de Osvaldo Giordano, primer y fugaz jefe de la ANSES de Milei. “Un aumento sustancial en la inversión es condición necesaria para posibilitar un proceso de crecimiento sostenido”, señalaba el texto.

El proyecto que hoy trata la Cámara de Diputados crea un régimen especial para inversiones superiores a los US$ 1.000 millones destinadas a “nuevas actividades económicas”. Como contó elDiarioAR, contempla una reducción de la alícuota del Impuesto a las Ganancias del 35% al 15%, exenciones de derechos de importación y exportación, libre disponibilidad de divisas y estabilidad tributaria, cambiaria y regulatoria por 30 años.

Para sus impulsores, se trata de una herramienta destinada a captar inversiones que de otro modo no llegarían al país. Para sus críticos, en cambio, el proyecto amplifica los beneficios ya otorgados por el Régimen de Incentivo para Grandes Inversiones (RIGI) sin resolver los problemas detectados en su implementación.

La discusión sobre el costo fiscal ocupa un lugar central entre las objeciones. Según estimaciones citadas en el informe, los beneficios otorgados bajo el RIGI podrían representar más de US$ 1.000 millones anuales de gasto tributario una vez que los proyectos entren en régimen. Para el Super RIGI, el costo potencial sería aún mayor debido a la reducción adicional de impuestos y cargas patronales.

Otro de los cuestionamientos apunta a la definición misma de las actividades alcanzadas. El texto establece que podrán acceder al régimen aquellas actividades que no existan en el país o cuyo desarrollo sea experimental o piloto, pero deja en manos del Poder Ejecutivo la reglamentación de los criterios concretos para determinar qué sectores califican.

Los autores sostienen que esa redacción otorga una discrecionalidad excesiva a la administración nacional. Durante las reuniones informativas en Diputados, legisladores de distintos bloques plantearon reparos similares y reclamaron que los parámetros queden definidos en la propia ley.

Las críticas también alcanzan al capítulo institucional. El proyecto prevé que las controversias entre el Estado y las empresas adheridas puedan resolverse mediante arbitrajes internacionales, sin necesidad de pasar previamente por la Justicia argentina. Además, los beneficios otorgados quedarían protegidos durante tres décadas frente a eventuales cambios regulatorios.

Para los detractores del régimen, esa combinación implica una limitación significativa de la capacidad futura del Estado para modificar reglas tributarias, ambientales o laborales sin exponerse a litigios internacionales. “Ningún instrumento similar ofrece más de diez años de estabilidad irrevocable en sectores de alto dinamismo tecnológico”, señala el informe al comparar la iniciativa con experiencias internacionales.

La posibilidad de que el Super RIGI sea utilizado para atraer grandes centros de datos e infraestructura vinculada a la inteligencia artificial ocupa un capítulo especial del documento. La discusión cobró relevancia después de que trascendiera el interés de empresas tecnológicas internacionales por desarrollar proyectos de gran escala en la Patagonia.

Según los autores, los data centers plantean desafíos específicos vinculados al consumo de energía y agua, la concentración económica y la soberanía tecnológica. Como ejemplo mencionan las restricciones impuestas en los últimos años por Irlanda, Países Bajos y Dinamarca para limitar el impacto de estas instalaciones sobre sus redes energéticas.

El informe cuestiona además que el proyecto no incluya obligaciones concretas de transferencia tecnológica, inversión en investigación y desarrollo ni cesión de capacidad de cómputo para universidades y organismos científicos argentinos. En ese sentido, subraya una contradicción entre la búsqueda de inversiones en sectores de frontera tecnológica y el ajuste presupuestario aplicado sobre organismos como el CONICET, la Agencia I+D+i y otras instituciones del sistema científico.

Las organizaciones que firman el proyecto son:

Amnistía Internacional Argentina

Asociación Argentina de Abogados/as Ambientalistas (AAdeAA)

Asociación Gremial de Computación (AGC)

Asuntos del Sur

ATTAC Argentina

Centro de Estudios Derecho Al Futuro (CEDAF)

Colectivo de Acción por la Justicia Ecosocial

Fundación Ambiente y Recursos Naturales (FARN)

Fundación Biodiversidad

Géneras

Geopolítica y Bienes Comunes (GYBC)

Greenpeace Argentina

Grupo de Estudios sobre América Latina y el Caribe (GEAL)

Iciudad

Laboratorio Abierto de Inteligencia Artificial (LAIA)

Latam Lab

Salus Terrae

Taller Ecologista

The Common Initiative Argentina

Transnational Institute (TNI)

Equipo Transiciones

La Fundación Faro, que crearon los libertarios de Javier Milei para propagar sus ideas, presentó con casi un año de demora su primer balance, el de 2024, ante la Inspección General de Justicia (IGJ), dependiente del Ministerio de Justicia, y todavía no cumplió con la obligación de acercar las cuentas de 2025, pese a que debió haberlo hecho antes del 30 de abril pasado. Pero no sólo eso: omitió declarar quiénes eran sus grandes aportantes, pese a que debe hacerlo, y sólo los informó a la IGJ después de que elDiarioAR advirtiera sobre el faltante en un artículo publicado el 31 de mayo. El 1 de junio la IGJ reclamó el listado a la fundación, que los detalló tres días más tarde.

Entonces elDiarioAR volvió a solicitar a la IGJ el balance 2024 con el objetivo de conocer el anexo referido a los donantes. Pero esta dependencia que encabeza Alejandro Ramírez sólo suministró otra vez las cuentas de la fundación, pero no el detalle de los aportantes, sin más explicaciones. La respuesta lleva la firma de María Luciana Ducca, responsable de despacho y documentación de la IGJ. elDiarioAR consultó a Andrea Basile, jefa del Departamento Contable de Entidades Civiles de la IGJ y quien firmó la recepción del balance de Faro, pero la funcionaria remitió al área de prensa del organismo. “En la IGJ dicen que ya se dio todo lo que corresponde dar según el pedido”, explicó la responsable de comunicación del ministerio que encabeza Juan Bautista Mahiques.

Días antes, el portal Chequeado había formulado un pedido de acceso a la información específico a la IGJ para consultar los donantes. El organismo respondió lo siguiente: “Dicha declaración jurada no forma parte de los estados contables de la entidad y no constituye documentación registral de acceso público. En consecuencia, la Inspección General de Justicia ni ningún sujeto obligado se encuentra habilitada a suministrar información sobre ella, por prohibición expresa de la ley 25.246, vigente desde 2000”, en alusión a la norma de lucha contra el lavado de dinero. “La normativa vigente, independientemente de la entidad de que se trate, impone confidencialidad sobre toda la información recabada en cumplimiento de las obligaciones del régimen PLA/CFT”, se refirió a la Prevención del Lavado de Activos y Financiamiento del Terrorismo. “Divulgar esa información a personas no autorizadas por la ley implicaría una violación directa del marco normativo bajo el cual fue obtenida”, completó la IGJ.

Pero en 2017 regía esa misma norma antilavado, pero la IGJ bajo el gobierno de Mauricio Macri suministró a este cronista los balances de las tres fundaciones vinculadas al PRO, Pensar, Suma y Formar, con el detalle de quiénes eran sus principales donantes. Y así fue publicado en Chequeado y la revista Noticias. En ese momento se pudo saber que el Banco Ciudad, Subterráneos de Buenos Aires (Sbase), Autopistas Urbanas (AUSA), Adecoagro, Despegar, OSDE, Minera Alumbrera, IRSA, los banco Santander, Comafi y Galicia, Pan American Energy (PAE), la Fundación Banco Macro y Farmacity aportaron a esas fundaciones. Es decir, la administración de Cambiemos no tuvo problemas en entregar los balances con la lista de aportantes, pero ante el mismo tipo de solicitud la de La Libertad Avanza los oculta.

Por ahora no se sabe quiénes aportaron los $4.900 millones (U$S4,8 millones de entonces) que recabó Faro en 2024. En la cena inaugural de la fundación, en noviembre de aquel año, en el Yacht Club Puerto Madero, propiedad de los Neuss, amigos del asesor presidencial Santiago Caputo, estuvieron: los dueños de Globant, Martín Migoya y Guibert Englebienne; Bettina Bulgheroni, esposa de uno de los accionistas de Pan American Energy (PAE), amiga de Karina Milei, embajadora de la Marca País y ahora presidenta de la Iniciativa del Sector Privado de la Organización de Estados Americanos (OEA); Marcelo Mindlin, propietario de Pampa Energía; los productores agropecuarios Enrique Duhau y David Lacroze; el presidente de la estatal YPF, Horacio Marín, que niega haber puesto un peso y aclara que fue invitado; lo mismo que José Urtubey; Jorge O'Reilly, socio de la desarrolladora inmobiliaria Eidico; Claudio Belocopitt, de Swiss Medical; dos popes de los laboratorios, Sebastián Bagó y Eduardo Macchiavello, CEO de Roemmers; Miguel Boggiano, de Carta Financiera e integrante del consejo de asesores económicos del presidente; representantes de varias petroleras como Vista Oil & Gas (de Miguel Galuccio y Tecpetrol, del grupo Techint, de Paolo Rocca. Por supuesto que estuvieron Germán, Juan y Patricio Neuss, coorganizadores del evento y responsables de un grupo que se ha quedado con cuatro de las cinco eléctricas privatizadas por este gobierno, aspira a quedarse con Metrogas, no se descarta su ingreso en el negocio de la hidrovía del río Paraná y cuenta con intereses inmobiliarios y agrícolas.

Esta noche, otra vez en el mismo club, Faro recaudará fondos en una cena en la que hablará el presidente de la Nación. También comparecerá el nuevo vocero presidencial, Adrián Ravier, que oficiaba como economista de la fundación hasta que en diciembre pasado asumió como diputado. En esta organización donde los Neuss y Francisco Caputo, hermano del asesor, están involucrados en la recaudación de fondos, el presidente es Ignacio María Bilbao de la Vieja; el director ejecutivo, Agustín Laje, secundado por el chileno Axel Kaiser, y el director académico, Martín Krause.

AR/MG

El Gobierno aprobó la realización de operaciones de toma de deuda pública por hasta US$5.000 millones y cedió jurisdicción a favor de Nueva York, mediante el Decreto 478/2026 publicado este lunes en el Boletín Oficial.

La medida busca reducir el costo de financiamiento del Tesoro Nacional mediante préstamos con entidades financieras internacionales que contarán con garantías parciales de organismos multilaterales de crédito.

El decreto, que lleva las firmas del presidente Javier Milei, el jefe de Gabinete, Manuel Adorni, y el ministro de Economía, Luis Caputo, autoriza al Órgano Responsable de la Coordinación de los Sistemas de Administración Financiera a incluir cláusulas de prórroga de jurisdicción a favor de los tribunales federales y estaduales de Nueva York.

Esta autorización implica que la República Argentina renuncia a oponer la defensa de inmunidad de jurisdicción ante eventuales reclamos producidos en dicha sede judicial vinculados a estos contratos.

A pesar de la prórroga de jurisdicción, la normativa establece límites para resguardar el patrimonio nacional. El artículo 2 detalla que no habrá renuncia a la inmunidad de ejecución sobre una serie de bienes estratégicos, entre los que se destacan:

El Ministerio de Economía será el encargado de determinar los plazos, métodos y monedas para estas operaciones. Asimismo, queda facultado para designar a las instituciones financieras participantes, suscribir acuerdos, pagar comisiones de mercado y contratar agentes fiscales o calificadoras de riesgo.

Con información de la agencia NA

El expresidente de la Reserva Federal de EE.UU. Alan Greenspan murió a los cien años, según publican este lunes medios estadounidenses.

Nacido en marzo de 1926 en Nueva York, Greenspan estuvo al frente de la FED entre 1987 y 2006.

Influyente economista que casi durante cinco mandatos presidió la Reserva Federal, Greenspan murió a causa de complicaciones derivadas de la enfermedad de Parkinson que padecía, según informó su esposa Andrea Mitchell, corresponsal jefe en Washington y corresponsal jefe de asuntos exteriores de la cadena NBC News.

Greenspan, apodado el “Maestro”, fue el jefe de la Fed durante las presidencias de Ronald Reagan, George H.W. Bush, Bill Clinton y George W. Bush.

Hijo de un corredor de bolsa, la vida de Greenspan antes de las finanzas estuvo marcada por la música. El economista neoyorquino estudió clarinete en la prestigiosa Escuela Juilliard, donde se graduó el compositor John Williams, y realizó giras profesionales por Estados Unidos tocando el saxofón y el clarinete en la banda Henry Jerome.

Después de recorrer el país, comenzó la carrera de Ciencias Económicas de la que se licenció en 1948.

En 1968, se convitió en asesor de la campaña presidencial del candidato republicano Richard Nixon, y tras ocupar diferentes cargos en las administraciones del mismo Nixon, Gerald Ford y Ronald Reagan, fue nominado por este último para suceder a Paul Volcker al frente de la Reserva Federal de Estados Unidos.

EFE

El presidente de EE.UU., Donald Trump, puede resultar imprevisible, pero tiene un incentivo para respetar el acuerdo de paz que acaba de firmar con Irán: las elecciones legislativas de medio término de noviembre próximo, que había comenzado a perfilársele mal por el encarecimiento del combustible en una sociedad tan dependiente del auto grande y propio. El final del conflicto depende no sólo de ambos países sino también de lo que haga el primer ministro israelí, Benjamin Netanyahu. Pero en caso de sostenerse la tregua, provocará impactos económicos en el mundo en general y en la Argentina, así como el inicio de la guerra los había tenido también.

El barril de petróleo Brent, antiguo yacimiento escocés cuyo precio sirve de referencia en países como la Argentina, había arrancado 2026 en US$60, un nivel que si se perforaba podía ralentizar inversiones en yacimientos como Vaca Muerta. Con el inicio de los bombardeos de EE.UU. e Israel sobre Irán y la respuesta iraní atacando instalaciones de hidrocarburos en el Golfo Pérsico y cerrando el estrecho de Ormuz, por donde salen y entran los buques de la zona, el crudo llegó a tocar los US$120, el doble que a principios de año. Ahora está en US$80, 33% menos que en el peor momento del conflicto bélico, pero 33% más que cuando el mercado ni imaginaba que se desatara semejante guerra con parate productivo en la región que produce la mitad del petróleo mundial.

Cuando comenzaron a tronar las armas hubo quienes interpretaron que se trataba de una buena noticia económica para la Argentina, dado que se ha convertido en un país exportador de petróleo y gas gracias a Vaca Muerta y la construcción de gasoductos y oleoductos. Pero otros advirtieron que un conflicto que encarecía el combustible y todos los otros derivados del crudo, como los fertilizantes, iba a elevar la inflación local y global y, por tanto, iba a ralentizar la actividad económica criolla y planetaria, al tiempo que los capitales especulativos huirían de mercados emergentes, como el nuestro, para refugiarse en los ricos y seguros. ¿Ahora se desandará todo ese camino y ocurrirá lo contrario? En parte sí, en parte no.

“En qué valor se estabiliza el valor internacional del crudo en los próximos meses va a depender de la velocidad de la recuperación de la producción en Arabia Saudita, Irak, Kuwait y el resto del Golfo Pérsico y por la velocidad con que se recupere el almacenamiento a nivel internacional”, señala el consultor Nicolás Arceo. China, Japón y Corea del Sur, por ejemplo, evitaron el colapso de sus mercados gastando sus reservas de petróleo importado.

En EE.UU, el galón (3,70 litros) de nafta subió de US$2,80 a principios del año hasta US$4,55, un 62%, y ahora bajó a 2,90, 3% más que antes de la guerra. En la Argentina, en cambio, el gobierno libertario optó por no seguir los vaivenes tan bruscos del mercado y entonces la estatal YPF remarcó el litro de nafta un 30%, de $1.500 a $2.000, pero desde abril aplicó un buffer (amortiguador) por el que estabilizó el precio en la cumbre del barril, lo que se compensará ahora que se abarató la materia prima.

“La baja en el precio local del combustible más lento, que no se debería verificar en el corto plazo. Dependiendo de la evolución internacional, debería empezar a bajar recién en agosto o septiembre”, apunta el economista Arceo. Sus colegas Juan Francisco Pisano, analista financiero, y Orlando Ferreres, consultor, coinciden en que así como el encarecimiento del petróleo impulsó la inflación argentina en los meses anteriores, incluidas las tarifas de luz y gas, la merma del barril puede contribuir a la desinflación que se inició en mayo y que viene explicada también por la contracción monetaria. De todos modos, Ferreres advierte que todavía las tarifas de luz, gas, agua, colectivo y tren deben aumentar más para cubrir sus costos y dejar de depender de subsidios y de ahí que espera que la inflación cierre el año en 31,8%, apenas por encima de la de 2025.

En los primeros cinco meses del año, la Argentina aumentó sus exportaciones de energía un 33%, medidas en dólares. Es que subió 44% su valor y además se aprovechó la escasa oferta de Medio Oriente y la mayor cotización para enviar al exterior 8% más volumen. Eso explica por qué en mayo se batieron récords de exportaciones y superávit comercial en el país. Dado que se espera que el barril continúe por encima del nivel inicial del año, Arceo pronostica que la balanza energética elevará su saldo positivo de US$7.800 millones el año pasado a más de 10.000 millones en 2026.

Y eso que se espera que a partir de ahora ingresen al país menos dólares de exportaciones petroleras que en el comienzo del año porque ya pasó el pico de la cotización y de la escasez en el mercado mundial. “Cada suba de US$10 del Brent equivale aproximadamente a US$1.300 millones de exportaciones adicionales en términos anuales, y viceversa”, calcula Pisano.

“El aumento del precio internacional les otorga a las petroleras un flujo de caja adicional en torno a los US$5.500 millones, lo cual va a potenciar y permitir acelerar los niveles de inversión”, sostiene Arceo. Es decir, no pareciera necesitaran que el Gobierno haya incluido la extracción de crudo y gas en el Régimen de Incentivo de Grandes Inversiones (RIGI).

Por el contrario, la guerra no sólo les mejoró los valores del barril y del gas, también reforzó el posicionamiento de Vaca Muerta como proveedora segura de hidrocarburos. Es un proceso que había comenzado en 2022 con la invasión rusa de Ucrania, pero se potenció ahora. Hace una semana, en el festejo por el Día del Periodista el presidente de YPF, Horacio Marín, aseguró que ya tiene todo el gas natural licuado (GNL, el que se exporta por barco) contratado a largo plazo para vender a Europa, aunque también Asia lo demanda. La Argentina comenzará a exportar GNL en 2027, comenzando por Alemania.

El negocio del crudo se maneja con pedidos de corto plazo y durante la guerra de Irán en una petrolera local recibieron peticiones de la costa oeste de EE.UU., Singapur y otras naciones asiáticas, todas regiones que antes nunca lo habían hecho. En otra compañía argentina comentan el interés europeo y japonés por el gas y en una multinacional hablan de exportar más gas natural por gasoductos a Chile y Brasil.

“Así como el inicio de la guerra nos beneficiaba, el fin de la misma, con la posible caída del precio del petróleo y otras commodities como las agropecuarias, seguramente nos perjudicará un poco”, advierte Ferreres. No obstante, el campo, mientras espera que dentro de dos meses baje el gasoil, se ilusiona con un descenso de los fertilizantes, que en su mayoría produce el Golfo Pérsico, y que se llegue a tiempo para la siembra de trigo, que comenzó en mayo pero finaliza en julio.

Por eso, algunos economistas prevén que suba un poco el dólar, que estaba bastante barato en términos históricos. De hecho, en el último mes se elevó de $1.410 a $1.480, un 4,9%, bastante más que la inflación y que el rendimiento del plazo fijo o las billeteras virtuales. Sin embargo, a la vez que el aumento de las exportaciones petroleras crecerán a menor ritmo que en la primera mitad del año, también se espera el ingreso de divisas por el canal financiero por la menor inflación mundial que puede derivar en menores tasas de interés internacionales y, por tanto, en mayor apetito por mercados emergentes. Una entrada semejante contrarrestaría el impacto de los envíos del crudo y sostendría el tipo de cambio bajo.

“Un clima internacional más relajado, con menor inflación internacional por la caída de los precios del petróleo, facilita a los bancos centrales la baja de los tipos de interés, lo que hace que el Tesoro argentino pueda colocar deuda internacional, si así lo quisiera, más barata”, observa Pisano. El riesgo país estaba arriba de los 500 puntos básicos a principios de mes y bajó a 429. En la medida en que se reduzca por debajo de los 300, el ministro de Economía, Luis Caputo, prevé colocar deuda en los mercados internacionales para afrontar los abultados vencimientos pendientes en 2026 y 2027. De esta manera, ingresarían divisas y, al mismo tiempo, se liberaría financiamiento local que hasta ahora va al Estado y que en adelante iría al sector privado para impulsar el crecimiento económico.

Pero al menos dos integrantes de la Academia Nacional de Ciencias Económicas advierten en privado que también puede ocurrir que no se alineen los planetas y que el riesgo país se mantenga alto. Y que en caso de que efectivamente baje se consolidará un modelo económico basado en la producción de materias primas agrícolas, mineras y energéticas, con un tipo de cambio bajo, que alienten el consumo de productos y servicios importados, en detrimento de los locales, con altos costos para los alimentos, la industria y la construcción privada, con destrucción de empleo de calidad, creación de puestos de trabajo precarios, sin suficiente inversión en capital humano e infraestructura, y con los sectores más rezagados de la economía sosteniendo un Estado desfinanciado por las actividades más pujantes pero que menos tributan por el RIGI y si se aprueba en el Congreso, por el Súper RIGI.

AR/MG

El Gobierno nacional completó la adjudicación de la Vía Navegable Troncal con la selección de la firma Jan de Nul-Servimagnus como ganadora de la licitación pública, en el último paso del proceso de privatización de la estratégica vía por la que circula el 80% del comercio exterior argentino.

La adjudicación quedó formalizada mediante la Resolución 2026-36-APN-ANPYN#MEC de la Agencia Nacional de Puertos y Navegación, que dio por concluidas las evaluaciones correspondientes y cerró el proceso licitatorio.

Según informó el Gobierno, la empresa adjudicataria presentó la mejor oferta y el cierre del procedimiento no registró impugnaciones por parte de las compañías participantes, que convalidaron los dictámenes técnicos emitidos por la Comisión Evaluadora durante las distintas etapas de la licitación.

La firma del contrato está prevista para dentro de un plazo máximo de 30 días y, de acuerdo con lo informado oficialmente, activará una reducción del 13,5% en los costos logísticos.

Asimismo, el proyecto contempla obras de profundización de la vía navegable y la incorporación de tecnología destinada a mejorar la seguridad de la navegación y fortalecer las acciones de combate contra el narcotráfico.

De acuerdo al comunicado oficial, las obras previstas permitirán que los buques completen la carga en los puertos de origen, con el objetivo de generar ahorros adicionales, ampliar la frontera productiva e incrementar la competitividad de los sectores productivos e industriales.

El Gobierno destacó además que el proceso licitatorio contó con el respaldo de usuarios privados, entre ellos la Cámara de la Industria Aceitera de la República Argentina y Centro Exportador de Cereales, la Unión Industrial Argentina, la Bolsa de Comercio de Rosario, la Cámara de Puertos Privados Comerciales y la Cámara de Actividades Portuarias y Marítimas.

También señaló el acompañamiento de los gobiernos provinciales de Entre Ríos, Santa Fe, Corrientes, Chaco, Formosa y Misiones, que manifestaron su satisfacción por la conclusión del proceso.

De acuerdo con la información oficial, la licitación mantuvo criterios de transparencia pública y fue auditada en sus distintas etapas por la Conferencia de las Naciones Unidas sobre Comercio y Desarrollo (UNCTAD), organismo de la ONU que supervisó la aplicación de buenas prácticas internacionales en la gestión de infraestructuras soberanas.

La privatización de la Vía Navegable Troncal pone fin a la etapa de gestión estatal directa de la infraestructura y da paso a un esquema de inversión privada, mientras el Estado conservará funciones de control y supervisión.

El Tribunal de Defensa de la Competencia (TDC), órgano decisor de la Autoridad Nacional de la Competencia (ANC), resolvió imponer una serie de condiciones a la adquisición de Telefónica Móviles Argentina por parte de Telecom, controlada mayoritariamente por el Grupo Clarín, y advirtió que la operación solo podrá concretarse si la empresa cumple con los requisitos establecidos.

La decisión fue adoptada sobre la base de un informe técnico elaborado por el Ente Nacional de Comunicaciones (ENACOM) y tiene como objetivo evitar la formación de una posición dominante en el mercado de las telecomunicaciones que afecte a los usuarios y a la competencia.

Según informó la ANC en un comunicado, las medidas incluyen condicionamientos estructurales y conductuales destinados a prevenir una concentración excesiva y garantizar la competencia efectiva en beneficio de los consumidores.

Entre las principales exigencias, Telecom deberá desprenderse de 6 millones de clientes móviles junto con la infraestructura asociada. Los usuarios deberán ser transferidos a un nuevo competidor del sector en distintas regiones del país, incluyendo el Área Metropolitana de Buenos Aires (AMBA), la Región Norte y la Región Sur.

Además, la compañía tendrá que garantizar durante dos años el acceso de un nuevo operador a su infraestructura, espectro, sistemas y condiciones de interconexión, con el fin de asegurar la continuidad y calidad de los servicios mientras el nuevo competidor desarrolla su propia red.

La resolución también obliga a la devolución de un total de 130 MHz de espectro radioeléctrico. La medida contempla una restitución inmediata de 60 MHz a nivel nacional, devoluciones adicionales en zonas de alta concentración y la asignación del remanente al mercado secundario para que pueda ser utilizado por otras empresas.

En el segmento de internet fija, Telecom deberá ceder clientes a otros operadores en aquellas localidades donde la participación de mercado de la empresa resultante de la adquisición supere el 50%.

De acuerdo con la evaluación oficial, sin estos condicionamientos la operación podía concentrar cerca del 70% de los servicios de telecomunicaciones en un único grupo económico. Con la aplicación de las medidas, esa participación se reduciría a aproximadamente el 50%.

La ANC sostuvo que la adquisición solo será viable si se implementan todas las condiciones impuestas, con el propósito de evitar posiciones dominantes y preservar las alternativas disponibles para consumidores, empresas y potenciales competidores.

El organismo señaló que el objetivo es consolidar un mercado de telecomunicaciones abierto, dinámico y competitivo, resguardando la libre competencia y el desarrollo del sector.

Las principales condiciones impuestas por la ANAC a Telecom

• Desprendimiento de casi el 50% de su cartera: Telecom deberá ceder 6 millones de clientes móviles, junto con la infraestructura asociada, distribuidos estratégicamente entre el AMBA, la Región Norte y la Región Sur, a un nuevo competidor del sector de las telecomunicaciones.

• Acceso a infraestructura: la empresa deberá garantizar a un nuevo operador acceso a su infraestructura, espectro, sistemas y condiciones de interconexión por el término de 2 años, asegurando la continuidad y calidad del servicio mientras el competidor desarrolla su propia red.

• Devolución del espectro radioeléctrico: restitución de un total de 130 MHz, que incluye una devolución inmediata de 60 MHz a nivel nacional, devoluciones adicionales en zonas de alta concentración y la asignación del remanente al mercado secundario para su puesta a disposición de otras empresas.

• Reestructuración en internet fija: obligación de ceder clientes a otros competidores en aquellas localidades donde la participación minorista de la resultante de la adquisición supere el 50%.

• Estos condicionamientos permitirán que, una adquisición que podría haber dejado aproximadamente el 70% de los servicios de las telecomunicaciones en manos de un solo grupo económico, solo constituirá aproximadamente el 50% de los servicios.

• La operación solo será viable si se implementan estas medidas que evitan la consolidación de posiciones dominantes y garantizan que no se reduzcan las opciones disponibles para consumidores, empresas y potenciales competidores. El objetivo final es consolidar un mercado de telecomunicaciones abierto, dinámico y competitivo, libre de posiciones dominantes que puedan perjudicar a los usuarios y al desarrollo del país.

Con información de agencias.

Mientras los ojos estaban puestos en el Senado, donde por estas horas se define el futuro de Manuel Adorni, la Cámara de Diputados dio el primer paso para aprobar el Super RIGI. Con el apoyo del PRO, UCR y las fuerzas provinciales, La Libertad Avanza dictaminó el proyecto que crea un nuevo Régimen de Incentivo a las Grandes Inversiones para proyectos destinados al desarrollo de inteligencia artificial e infraestructura digital. Negoció algunos cambios cosméticos y consiguió las firmas, pero no las suficientes como para garantizarse que, el 24 de junio, podrá abrir el recinto sin dolores de cabeza. 

El problema tiene nombre y apellido y es el de Manuel Adorni. La defensa fallida del jefe de Gabinete –que argumentó que había ahorrado en negro durante años lo que había invertido en bitcoins y por eso no había declarado US$565.000 cuando asumió como funcionario en 2023– llevó a una rebelión en el cosmos de aliados que imposibilita avanzar con la agenda legislativa del Gobierno. Hasta que no se resuelva su situación en el Senado, en donde el peronismo avanza con una moción de censura en su contra, Martín Menem no querrá arriesgarse a convocar la sesión. 

Pese a las presiones de los aliados y los rumores internos de que Adorni podría dar un paso al costado –siempre desmentidos por la primera línea de funcionarios que conversan con el jefe de Gabinete–, el oficialismo consiguió el número para dictaminar el Super RIGI. La iniciativa está dirigida a inversiones mayores a US$ 1.000 millones e incluye exenciones impositivas y fiscales, facilidades aduaneras y cambiarias, y la garantía de que el régimen estará vigente durante 30 años (sin importar el cambio de gobierno).

 Acompañaron con su firma el PRO, la UCR, el MID, los misioneros y salteños de Innovación Federal, los tucumanos de Independencia y los sanjuaninos de Producción y Trabajo y el santacruceño José Luis Garrido. LLA también, pero se limitó solo a eso: firmar el dictamen. Cuando fue el momento de defender el proyecto, ningún oficialista quiso tomar la palabra. 

Para conseguir los apoyos de algunos aliados, el oficialismo modificó algunos artículos del Super RIGI para asemejarlo en RIGI original. Cómo el caso de los proveedores locales. La versión original del Súper RIGI no incluía ninguna exigencia a las empresas inversoras a que contratasen proveedores locales, es decir que habilitaba que trajeran toda la cadena de producción desde el exterior si así lo deseaban. La nueva versión les exige, como en el RIGI original, que se contraten proveedores locales en materia de bienes y servicios equivalente al 20% de la totalidad del monto destinado a la contratación de proveedores. Se incluyó, además, la creación de un resguardo público para transparentar los proyectos de inversión aprobados. Y se les exigirá que garanticen un mínimo de inversión en investigación y desarrollo en proyectos científicos de universidades nacionales. Con estos cambios, el oficialismo se aseguró el número para llevar el proyecto al recinto.

El plan original era sesionar el 24 de junio, el día después de la sesión convocada por la oposición para avanzar con la interpelación de Adorni. En el medio del escándalo del jefe de Gabinete, sin embargo, Menem esperará antes de convocar la sesión. No sabe qué puede llegar a pasar si abre las puertas del recinto.

MCM/MG

Que economistas peronistas y progresistas criticaran el Súper RIGI (Régimen de Incentivo de Grandes Inversiones) no es novedad: ya lo habían hecho el kirchnerista Centro de Economía Política Argentina (CEPA), el colectivo Misión Productiva, la fundación Fundar y la consultora Audemus, del exministro de Desarrollo Productivo Matías Kulfas. Pero sorprende que lo haga la Fundación Mediterránea, la entidad con sede en Córdoba que hace décadas sirvió de think tank para el exministro de Economía Domingo Cavallo y que le armó a Patricia Bullrich un plan económico en las últimas elecciones de la mano de Carlos Melconian. La misma que preside la constructora María Pía Astori, secundada por Marcos Brito (de la familia accionista del Banco Macro), Sergio Roggio (del grupo de construcción, el subte, el ferrocarril Urquiza y el negocio de la basura), Adriana y Roberto Urquía (dueños de Aceitera General Deheza, AGD) y Euclides Bugliotti (grupo Dinosaurio, de supermercados, hoteles, desarrollos inmobiliarios y parque solar), entre otros.

“Súper RIGI: otra isla en el océano de distorsiones”, se titula el documento de la Mediterránea, que redactaron en su Instituto de Estudios sobre la Realidad Argentina y Latinoamericana (Ieral), a cargo de Osvaldo Giordano, primer y fugaz jefe de la ANSES de Milei. “Un aumento sustancial en la inversión es condición necesaria para posibilitar un proceso de crecimiento sostenido”, arranca el texto. “Para lograrlo es imprescindible generar un ambiente más amigable para la producción eliminando el cúmulo de distorsiones acumuladas a lo largo del tiempo. Establecer reglas generales que hagan más fácil cualquier tipo de emprendimiento es el camino para revertir el crónico déficit de inversión. Apelar a regímenes especiales con incentivos para determinados tipos de proyectos, como el caso del Súper RIGI, es una estrategia con limitaciones y puntos débiles que es recomendable ponderar. Mejorar el RIGI es una alternativa superadora a la de crear un nuevo régimen especial”, advirtió la Mediterránea.

La advertencia llegó justo un día antes de que este miércoles se busque firmar en comisión en Diputados el dictamen del Súper RIGI. Habrá que ver si el oficialismo, el PRO, la UCR y los gobernadores peronistas de Salta, Tucumán y Catamarca recapacitan ante la advertencia. Por ahora el Gobierno apenas negocia que el Súper RIGI incorpore una exigencia de que 20% de la inversión se haga con proveedores locales, pero analistas advierten que ese porcentaje en el RIGI no está funcionando para adquirir materiales nacionales, únicamente cubre la obra civil. Hasta un campamento entero se traerá de China para el mayor proyecto minero, Vicuña, en San Juan.

“El Súper RIGI supone un desvío respecto de la estrategia original”, señala la Mediterránea, en alusión a la promesa del presidente de Javier Milei de que los beneficios del RIGI se extenderían a toda la economía, llámese rebaja del impuesto a las ganancias del 35% al 25%, eliminación de retenciones a la exportación y fin del cepo cambiario para empresas. “Una desventaja muy importante es que aumenta los costos administrativos, tanto para el Estado (responsable de administrar los regímenes especiales) como para las empresas (que tienen que demostrar que su proyecto encuadra en las reglas que regulan el régimen especial)”, arranca la fundación a enumerar inconvenientes.

“Otra desventaja importante de sumar regímenes especiales es que se generan señales ambiguas y riesgos de que se reduzca la prioridad a avanzar en las reformas que generen condiciones generales favorables para la inversión”, apunta. Temen que el resto de la economía quede sin ventajas, que sólo se favorezcan la minería y la energía con el RIGI y los centros de datos de inteligencia artificial con el Súper RIGI, mientras el campo, la industria, el comercio y la construcción siguen relegados.

“También merece considerar posibles impactos de estos grandes proyectos promovidos sobre el tipo de cambio”, señala el Ieral sobre el problema de que la lluvia de divisas que trae la producción de materias primas abarata el dólar y encarece la producción local de manufacturas y servicios. “La expansión de las exportaciones, en parte estimuladas por proyectos de gran envergadura promovidos a través del RIGI, y a lo que se podrían sumar los que genere el Súper RIGI, generan una oferta creciente de divisas. Esto sin dudas es positivo, pero tiene como derivación una probable apreciación del tipo de cambio real en el mediano plazo, aumentando la presión sobre sectores más mano de obra intensivos concentrados en los grandes aglomerados urbanos. Una eventual contracción de estos sectores, o su no expansión, tendría consecuencias sociales significativas en términos de empleo urbano”, señala hacia el final la Meditarránea, que concluye: “Este perjuicio cambiario que se ocasiona a las actividades urbanas que son las que más contribuyen al PBI y al empleo hacen más urgentes, prioritaria y esenciales las reformas generales para la inversión en toda la economía en lugar de seguir expandiendo regímenes especiales.”

AR/MC

El Banco Mundial aprobó este martes un paquete de garantías por US$2.000 millones que permitirá al gobierno de Javier Milei afrontar los vencimientos de deuda en moneda extranjera previstos para este año y 2027. Además, la iniciativa busca facilitar el regreso de la Argentina a los mercados internacionales de capital y mejorar las condiciones para acceder a préstamos de bancos internacionales.

Así lo confirmó el organismo, que calificó el paquete como “innovador”. La herramienta permitirá refinanciar la deuda en dólares que el ministro de Economía, Luis Caputo, negoció en abril pasado. La aprobación de la asistencia financiera se produjo luego de la reunión del Directorio del Banco Mundial y de la Agencia Multilateral de Garantía de Inversiones (MIGA, por sus siglas en inglés). Según señalaron en un comunicado, el objetivo es “crear empleo, impulsar la inversión y fortalecer la estabilidad económica”.

“La operación reducirá los costos de financiamiento del país, al tiempo que respalda una agenda más amplia de reformas orientadas a crear empleo, atraer inversiones en infraestructura y mejorar la inclusión financiera de las pequeñas empresas, entre otras medidas”, indicó el organismo.

En ese contexto, este miércoles llegará al país Susana Cordeiro Guerra, vicepresidenta del Banco Mundial para América Latina y el Caribe.

“Esta innovadora estructura de garantías contribuye a facilitar el regreso del país a los mercados internacionales de capital, movilizando financiamiento en condiciones más accesibles, al tiempo que respalda reformas que impulsan la inversión privada, la productividad y la resiliencia a largo plazo”, afirmó Cordeiro Guerra.

“En conjunto, las garantías cubrirán el 95% de los pagos del servicio de la deuda del préstamo comercial, lo que permitirá a la Argentina reducir sus costos de financiamiento y fortalecer la gestión de la deuda pública”, agregó la entidad.