El juez laboral Raúl Horacio Ojeda repuso la vigencia del artículo 55 de la Ley de Modernización Laboral (27.802), uno de los puntos que había quedado suspendido tras la cautelar que frenó provisoriamente 82 artículos de la reforma impulsada por el Gobierno a partir de una presentación de la CGT. La decisión reactivó una norma que regula cómo deben actualizarse los créditos laborales en los juicios que todavía no tienen sentencia definitiva.

La resolución modificó parcialmente el alcance de la medida cautelar dictada semanas atrás por el mismo magistrado. En aquel fallo, Ojeda había considerado que existían indicios suficientes de que varios aspectos de la reforma podían vulnerar principios constitucionales del derecho del trabajo y por eso decidió suspender preventivamente su aplicación mientras se resolvía la cuestión de fondo.

Ahora el juez revisó uno de esos artículos y llegó a una conclusión distinta: mantener suspendido el mecanismo de actualización de las indemnizaciones podía generar un perjuicio para los propios trabajadores. Según explicó la periodista Daniela Mozetic en El Cronista, el magistrado entendió que dejar sin efecto ese criterio de cálculo podía afectar el valor real de los créditos laborales durante el tiempo que dura un juicio.

El artículo 55 establece que los créditos provenientes de relaciones individuales de trabajo se actualicen por el Índice de Precios al Consumidor (IPC) más una tasa anual del 3% en las causas que se encuentren en trámite y todavía no tengan sentencia firme al momento de la entrada en vigencia de la ley.

Ese punto no es técnico ni menor. La forma en que se actualiza una indemnización determina cuánto dinero termina cobrando un trabajador después de un juicio laboral, especialmente en procesos que suelen extenderse durante años. En un contexto de inflación, el mecanismo de actualización puede preservar o deteriorar el valor real de ese crédito.

La discusión judicial sobre este artículo aparece justamente en ese cruce entre derecho laboral e inflación. En marzo, por ejemplo, el Tribunal del Trabajo Nº 3 de La Plata declaró la inconstitucionalidad de la misma norma al considerar que el esquema fijado por la reforma podía reducir el valor real de las indemnizaciones durante el proceso judicial.

En ese fallo, los jueces analizaron un caso concreto de despido y concluyeron que el nuevo sistema de actualización podía implicar un recorte del crédito laboral respecto de los mecanismos utilizados anteriormente por distintos tribunales. La resolución puso el foco en el carácter alimentario de las indemnizaciones y en la necesidad de que mantengan su poder de compra mientras se desarrolla el litigio.

La decisión de Ojeda ahora introduce un matiz distinto dentro de esa misma discusión. El juez no cambió su postura general sobre la reforma laboral, cuya aplicación sigue suspendida en gran parte por la cautelar dictada tras la presentación de la CGT. Lo que hizo fue revisar un artículo puntual y considerar que su suspensión podía generar efectos contrarios a los que buscaba evitar.

El argumento se apoya en una característica estructural del sistema judicial laboral: la duración de los procesos. Los juicios por despido o reclamos salariales suelen extenderse durante varios años. En ese lapso, el monto reconocido en la sentencia necesita un mecanismo de actualización para no perder valor frente a la inflación.

Si ese criterio no está definido o queda suspendido durante el proceso judicial, el crédito laboral puede deteriorarse antes de que el trabajador llegue a cobrarlo. Esa fue la preocupación que llevó al magistrado a restablecer la vigencia del artículo 55.

La resolución no implica, sin embargo, que la reforma laboral haya quedado plenamente habilitada. La cautelar que suspendió 82 artículos de la ley sigue vigente, a la espera de que la Justicia resuelva el planteo de fondo sobre su constitucionalidad.

Ese proceso judicial recién comienza y ya produjo decisiones contradictorias en distintos tribunales. En pocas semanas, varios fallos cuestionaron aspectos centrales del nuevo esquema indemnizatorio, desde el pago en cuotas de las sentencias laborales hasta el propio sistema de actualización de los créditos.

En ese escenario, la discusión dejó de ser solamente jurídica o política. El eje de los litigios empezó a concentrarse en un aspecto material del derecho del trabajo: cuánto dinero cobra efectivamente un trabajador después de ganar un juicio.

La actualización de los créditos laborales define si una indemnización mantiene su valor frente a la inflación o si se licúa durante el proceso judicial. En un país con largos litigios y variaciones constantes de precios, ese cálculo puede modificar de manera sustancial el monto final que recibe quien perdió su empleo.

La decisión de Ojeda se inscribe en ese debate. El juez consideró que suspender el artículo 55 podía agravar el problema que la cautelar buscaba evitar: que un trabajador termine cobrando menos de lo que le corresponde cuando finalmente se resuelve su juicio.

Mientras la discusión de fondo sigue abierta en los tribunales, la reforma laboral continúa fragmentándose caso por caso en decisiones judiciales que revisan su impacto concreto sobre las relaciones de trabajo.

La constitucionalidad de la ley todavía no fue resuelta y los tribunales siguen analizando cómo afectan sus artículos al cobro efectivo de indemnizaciones y créditos laborales.

JJD

El cosecretario general de la CGT Jorge Sola celebró la decisión de la Justicia laboral que suspendió provisoriamente buena parte de la reforma laboral impulsada por el gobierno de Javier Milei y aseguró que el fallo confirma los argumentos que el movimiento sindical viene planteando desde que el proyecto comenzó a discutirse en el Congreso.

“Es un primer paso importantísimo de lo que estamos reclamando de fondo, que es la inconstitucionalidad”, afirmó Sola al referirse a la medida cautelar dictada por el juez laboral Raúl Ojeda, que suspendió la aplicación de 82 artículos de la reforma laboral a partir de una acción presentada por la central obrera.

Según explicó el dirigente sindical, la resolución judicial reconoce que los cuestionamientos planteados por la CGT tenían fundamentos suficientes para ser analizados por la Justicia.

“La cautelar nos da una mirada sobre que lo que planteábamos era verosímil, era creíble, y que tenía fundamentos para sostener que muchos de los artículos votados eran inconstitucionales”, sostuvo en declaraciones a AM 530.

Sola señaló que el fallo también ratifica la estrategia que la CGT adoptó desde el inicio del debate parlamentario de la reforma laboral: primero intentar frenarla en el Congreso, luego expresar el rechazo en la calle y finalmente recurrir a la Justicia.

“Dialogamos con los legisladores, discutimos el proyecto, reclamamos en las calles y con un paro general que no se votara esta reforma. Cuando la ley se aprobó dijimos que íbamos a presentarnos en la Justicia, y eso es lo que estamos haciendo”, explicó.

El dirigente destacó además que el impacto de la medida cautelar trasciende a la propia central sindical. Según indicó, el fallo beneficia a todos los trabajadores alcanzados por la legislación laboral y se suma a otras presentaciones judiciales que distintos sindicatos están impulsando en todo el país.

“Esto implica a todos los trabajadores y a todas las instituciones gremiales que los representan. Hay muchos gremios que también están haciendo presentaciones vinculadas a aspectos específicos de la reforma”, señaló.

En ese marco, sostuvo que los tribunales están analizando la reforma laboral a la luz de los principios constitucionales que protegen el trabajo.

“La Justicia está mirando todo con el prisma de la Constitución, y por ahora la reforma no lo está pasando”, afirmó.

Consultado sobre el alcance de la cautelar, Sola explicó que la suspensión judicial alcanzó a prácticamente todos los artículos que, según la CGT, afectaban derechos individuales y colectivos de los trabajadores.

“Todo lo que reclamó la CGT y que entendíamos que afectaba derechos laborales fue detenido provisoriamente hasta que se analice su constitucionalidad”, señaló.

El dirigente sostuvo que lo que quedó vigente de la ley responde más bien a decisiones de política económica del Gobierno, como los regímenes de incentivos o beneficios orientados a promover la contratación laboral.

“Quedaron en pie algunas decisiones políticas que el Gobierno considera que pueden fomentar el empleo, como ciertos incentivos o beneficios para pequeñas y medianas empresas”, explicó.

Sin embargo, Sola se mostró muy crítico respecto del sentido general de la norma y afirmó que la reforma laboral no respeta el espíritu protector del derecho del trabajo ni el principio de progresividad de los derechos laborales.

“Mi mirada particular es que la ley, en su conjunto, no representa el espíritu de protección del derecho del trabajo ni el principio de progresividad”, sostuvo.

El dirigente sindical consideró además que, incluso con los artículos que permanecen vigentes, la reforma enfrenta serias dificultades para aplicarse en la práctica.

“Creo que aun con lo que quede en pie hoy, la ley es inaplicable”, afirmó.

De todos modos, el dirigente reconoció que el proceso judicial recién comienza y podría escalar hasta la Corte Suprema. El Gobierno ya anticipó que apelará la decisión judicial.

“Sabemos que esto tiene un recorrido hacia adelante. El Gobierno va a apelar y probablemente el caso llegue a la Corte, que es la que finalmente interpreta qué es constitucional y qué no en la Argentina”, señaló.

Aun así, Sola se mostró optimista respecto del resultado final del proceso judicial y afirmó que existen fundamentos jurídicos sólidos para declarar la inconstitucionalidad de los artículos cuestionados.

Para el dirigente sindical, el fallo representa además un mensaje institucional sobre los límites del poder político frente a los derechos laborales.

“La Justicia está diciendo algo muy claro: hay violaciones a los derechos de los trabajadores que no se pueden hacer, por más que se tengan mayorías en el Congreso”, sostuvo.

Y concluyó: “La mayoría no garantiza que una ley sea constitucional. Lo que estamos defendiendo es que se respete el artículo 14 bis de la Constitución y los derechos de los trabajadores”.

JJD

La reforma laboral del gobierno de Javier Milei fue presentada como una de las grandes victorias políticas del oficialismo. Tras su aprobación, el Ejecutivo celebró la nueva ley como un cambio histórico destinado —según el discurso oficial— a modernizar el mercado de trabajo y reducir los costos laborales que, según su diagnóstico, frenan la creación de empleo. Pero a pocas semanas de su entrada en vigencia —el Presidente la promulgó el 6 de marzo—, la arquitectura de esa reforma empezó a mostrar una fragilidad inesperada. En los tribunales, ese edificio normativo que salió del Congreso comienza a verse más como un castillo de naipes: cada fallo judicial que lo cuestiona mueve una carta y lo hace tambalear.

El último golpe llegó desde el Juzgado Nacional de Primera Instancia del Trabajo Nº 63, que resolvió suspender provisoriamente la aplicación de 82 artículos de la reforma laboral a partir de una acción presentada por la CGT. La medida cautelar permanecerá vigente hasta que se resuelva la cuestión de fondo, es decir, si esos artículos son o no compatibles con la Constitución.

En términos prácticos, la decisión judicial pone en pausa buena parte del núcleo de la reforma. El planteo de la central obrera cuestiona la constitucionalidad de varios artículos por entender que afectan principios fundamentales del derecho del trabajo reconocidos por la Constitución y por tratados internacionales ratificados por la Argentina: la protección laboral, la libertad sindical, la tutela judicial efectiva, la no discriminación y el principio de progresividad de los derechos sociales.

El juez laboral Raúl Ojeda consideró que existen indicios suficientes de que algunos de esos cambios podrían vulnerar garantías constitucionales y generar daños difíciles de reparar si la ley comenzara a aplicarse plenamente. Por ese motivo, dispuso la suspensión preventiva de los artículos cuestionados mientras continúa el proceso judicial.

El magistrado también señaló que la implementación inmediata de la reforma podría generar efectos jurídicos difíciles de revertir sobre contratos y relaciones laborales vigentes, lo que justificó la suspensión cautelar mientras se discute el fondo del caso.

La resolución tiene un impacto significativo porque frena casi todos los artículos que están en el centro del debate sobre la reforma. Pero además confirma algo que ya empezaba a observarse: la norma impulsada por el Gobierno se está encontrando con un obstáculo creciente en los tribunales.

En efecto, este fallo se suma a una serie de decisiones judiciales que comenzaron a cuestionar artículos puntuales de la reforma laboral desde distintos tribunales del país. En Córdoba, por ejemplo, un tribunal declaró inconstitucional el artículo que permitía pagar indemnizaciones en cuotas al considerar que ese mecanismo desnaturaliza el carácter alimentario del crédito laboral.

En otro caso, el Tribunal del Trabajo Nº 3 de La Plata declaró inconstitucional el artículo que modificó la actualización de los créditos laborales en juicios en trámite. La sentencia sostuvo que ese cambio podía reducir significativamente el monto que cobran los trabajadores tras años de litigio.

La discusión judicial recién empieza

Distintas demandas impulsadas por sindicatos, organizaciones laborales y trabajadores individuales anticipan un recorrido largo en los tribunales, donde los diferentes artículos de la reforma serán analizados uno por uno.

La decisión del Juzgado del Trabajo Nº 63 se inscribe en ese proceso. Al tratarse de una acción colectiva presentada por la CGT, el expediente tiene un alcance potencial amplio y podría convertirse en uno de los casos clave para definir el futuro de la reforma.

El Gobierno, por su parte, ya anticipó que apelará la medida. El Ministerio de Capital Humano llevará el caso ante la Cámara Nacional de Apelaciones del Trabajo, que deberá revisar la suspensión mientras continúa el trámite del expediente principal.

Más allá del desenlace judicial, el episodio deja al descubierto una paradoja política para el oficialismo. La reforma laboral fue concebida como una de las banderas del programa económico libertario, pero su aplicación real empieza a quedar atrapada en una red de litigios.

Ese desgaste judicial coincide, además, con otros episodios que empiezan a erosionar la credibilidad del Gobierno. Entre ellos aparece el caso de corrupción que involucra nada menos que al jefe de Gabinete, Manuel Adorni, que atraviesa semanas de fuertes cuestionamientos y presiones políticas.

A ese frente se suma el desempeño de la inflación, el principal enemigo declarado del plan económico de Milei. Solo en el primer bimestre del año acumuló casi un 6%, y consultoras privadas anticipan que marzo podría sumar otro 3%. Todo esto ocurre en un contexto de paritarias pisadas, consumo debilitado y un escenario en el que los cierres de empresas y los despidos se repiten prácticamente a diario.

En ese clima económico y político, la reforma laboral —presentada como un punto de inflexión para el mercado de trabajo— empieza a enfrentarse con una realidad más compleja que la que expresan los funcionarios nacionales y el Presidente.

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La reforma laboral de Milei avanzó con un objetivo obvio: abaratar el costo del despido y del litigio laboral. Pero ese diseño empezó a chocar con un límite concreto: su aplicación real sobre trabajadores despedidos. Y ahí aparecieron los fallos.

En pocos días, los tribunales empezaron a desarmar dos piezas centrales del esquema: el recorte en la actualización de indemnizaciones y el pago en cuotas. La discusión dejó de ser política o técnica y pasó a ser material: cuánto y cuándo cobra un trabajador después de un despido. Ahí es donde la reforma empezó a crujir.

La reforma laboral se aprobó como un paquete cerrado, con fuerte impulso político y negociaciones orientadas a reducir costos empresariales. Pero su aplicación concreta empezó a desarmarse en tribunales casi de inmediato. En menos de dos semanas, la Justicia ya cuestionó cuánto se paga y ahora también cuándo se paga una indemnización.

Lo que el Congreso sancionó como “modernización” empezó a ser reescrito caso por caso en los juzgados. No por una discusión abstracta, sino por el impacto directo sobre trabajadores que, después de perder su empleo, ven reducido o diferido el cobro de un derecho básico.

Un trabajador que ganó su juicio por despido no cobrará su indemnización en cuotas, aunque la nueva ley lo habilitara. La Cámara del Trabajo de Córdoba declaró inconstitucional el artículo 56 de la reforma laboral y dejó sin efecto el mecanismo que permitía a las empresas pagar sentencias en hasta seis o doce meses, según su tamaño.

La decisión impactó de manera directa sobre uno de los momentos más críticos para cualquier trabajador: el cobro efectivo de su indemnización tras un despido. El caso “Ceballos Gabriel Axel c/ Iris Energía S.A.S. s/ despido”, resuelto el 17 de marzo de 2026 por la Sala VII, rechazó el intento de la empresa de aplicar el pago en cuotas previsto en la nueva normativa.

El tribunal no se limitó a un aspecto formal: cuestionó de fondo la lógica del artículo 56. La norma, incorporada por la Ley 27.802, modificó el artículo 277 de la Ley de Contrato de Trabajo y habilitó que las sentencias laborales se cancelaran en cuotas mensuales, incluso cuando ya existía una resolución firme.

Para los jueces, ese esquema desnaturalizó el sentido mismo de la indemnización. En la resolución sostuvieron que permitir el pago en cuotas resultó “irrazonable” y violó el principio protectorio del derecho laboral, el derecho de propiedad y las garantías constitucionales que protegen al trabajador.

El punto central del fallo fue el carácter alimentario del crédito laboral, una categoría jurídica clave que define su función concreta en la vida de quienes trabajan. La Cámara remarcó que el salario y las indemnizaciones no son una deuda cualquiera: son el ingreso que permite cubrir necesidades básicas como alimentación, vivienda, salud y vestimenta.

Desde esa perspectiva, dividir el pago en el tiempo implicó afectar directamente esas condiciones de subsistencia. El tribunal advirtió que diferir el cobro de la indemnización, en un contexto de inflación sostenida, produce un desfasaje que reduce su valor real y compromete la reparación que la ley debe garantizar.

“No se vislumbra una sola razón atendible para justificar el pago en cuotas”, señalaron los jueces. Y agregaron que esa modalidad impide garantizar el cumplimiento oportuno de una sentencia firme, lo que vacía de contenido el derecho reconocido al trabajador.

La resolución también cuestionó la razonabilidad de la norma en el contexto económico actual. Indicó que la variación constante de precios, frente a ingresos que no se actualizan al mismo ritmo, vuelve insuficiente cualquier compensación diferida en el tiempo.

En ese marco, el tribunal sostuvo que el artículo 56 vulneró el artículo 14 bis de la Constitución Nacional —que garantiza protección contra el despido arbitrario—, así como el derecho de propiedad y los principios de progresividad y no regresión en materia de derechos laborales.

El fallo se sumó a una serie de decisiones judiciales que comenzaron a cuestionar el núcleo indemnizatorio de la reforma laboral a pocos días de su entrada en vigencia. La semana anterior, un tribunal de La Plata y un juez de Córdoba declararon inconstitucional el artículo 55, que limitó la actualización de los créditos laborales en juicios en trámite.

En esos casos, la Justicia ordenó calcular las indemnizaciones con el régimen anterior, sin los topes introducidos por la nueva ley. La discusión no fue técnica: definió cuánto dinero efectivamente cobraron trabajadores que atravesaron años de litigio.

Con el nuevo fallo, el cuestionamiento dejó de centrarse solo en el monto de la indemnización y avanzó sobre el momento del cobro. Es decir, no solo cuánto se paga, sino cuándo se paga.

Ambos aspectos —actualización y forma de pago— forman parte de un mismo problema para quienes trabajan: la posibilidad real de acceder a una reparación plena tras un despido. La reforma intervino sobre esas dos variables al mismo tiempo.

La Ley de Modernización Laboral, promulgada el 6 de marzo de 2026, introdujo cambios que buscaron reducir los costos asociados al despido y a los juicios laborales. Entre ellos, la exclusión de ciertos conceptos del cálculo indemnizatorio, la modificación de la actualización de créditos, la creación de mecanismos alternativos como fondos de cese y la habilitación del pago en cuotas.

En ese esquema, el artículo 56 operó como una herramienta para trasladar en el tiempo el costo de las sentencias, incluso después de que la Justicia hubiera reconocido el derecho del trabajador.

La Cámara de Córdoba rechazó ese criterio y dejó sin efecto el intento de la empresa de acogerse a ese beneficio. En la resolución, además, declaró abstracto el pedido de aclaratoria presentado por la demandada, justamente porque la norma en la que se apoyaba fue considerada inconstitucional.

Los fallos dictados en menos de dos semanas mostraron que la aplicación de la reforma laboral ya entró en disputa en los tribunales. Tanto el monto como el cobro de las indemnizaciones quedaron bajo revisión judicial.

Hasta ahora, la ley sigue vigente, pero su capítulo indemnizatorio comenzó a fragmentarse en su aplicación concreta. En el caso Ceballos, el trabajador no cobrará en cuotas.

JJD

El Tribunal del Trabajo Nº 3 de La Plata declaró la inconstitucionalidad del artículo 55 de la Ley de Modernización Laboral y ordenó que un trabajador despedido cobrara su indemnización sin el recorte impuesto por la reforma. La sentencia dispuso aplicar el régimen anterior de actualización del crédito y dejó sin efecto el tope fijado por la nueva norma.

La decisión impactó de manera directa sobre cuánto dinero percibió el trabajador tras el despido, en un contexto donde la inflación deterioró el valor de los créditos laborales durante los procesos judiciales. El caso, “Martin c. Costa s. despido”, tuvo sentencia el 13 de marzo de 2026 y se conoció a partir de su difusión pública. Los jueces consideraron que el esquema impuesto por la reforma vulneró los artículos 14 bis, 16 y 17 de la Constitución Nacional.

El punto en disputa definió si la indemnización mantuvo o no su valor real durante el juicio. El artículo 55 estableció que, para causas en trámite sin sentencia firme al momento de la entrada en vigencia de la ley, los créditos laborales se actualizaran con una tasa pasiva con techo en IPC más 3% anual y un piso del 67% de ese cálculo. Ese criterio reemplazó el régimen previo utilizado en muchos tribunales.

Ese cambio afectó directamente a trabajadores que iniciaron juicios antes de la reforma y quedaron expuestos a cobrar menos por la misma indemnización. La actualización de los créditos no es un aspecto técnico: define cuánto de ese dinero conserva su poder de compra después de años de litigio.

El antecedente inmediato lo marcó un fallo en Córdoba, que también declaró inconstitucional el artículo 55. El juez Ricardo Gileta sostuvo el 10 de marzo que el trato diferencial entre juicios nuevos y en curso vulneró el principio de igualdad y afectó créditos de carácter alimentario. En ese caso, también se ordenó recalcular la indemnización con el régimen anterior.

Con la decisión de La Plata, el cuestionamiento judicial dejó de ser aislado y comenzó a consolidarse sobre uno de los núcleos de la reforma: el recorte en los costos asociados al despido. La norma buscó limitar la actualización de los créditos laborales en causas ya iniciadas, lo que trasladó el impacto de la inflación hacia los trabajadores que reclamaron judicialmente.

La discusión sobre indemnizaciones se inscribió en un paquete más amplio de cambios en las condiciones laborales. La Ley de Modernización Laboral, promulgada el 6 de marzo de 2026, modificó el cálculo indemnizatorio, habilitó esquemas como el banco de horas, alteró reglas de negociación colectiva y estableció nuevas restricciones sobre la actividad sindical.

En ese marco, el artículo 55 operó como una cláusula que redefinió cuánto cobraron los trabajadores en juicios ya en marcha. Según el fallo de Córdoba, su aplicación podía reducir significativamente el monto final respecto de los criterios anteriores, lo que explicó la rápida judicialización del tema.

JJD

La Libertad Avanza puso quinta y piso el acelerador en el Senado para convertir en ley la reforma laboral impulsada por el Gobierno el viernes próximo, así pueden ofrendársela a Javier Milei, justo dos días antes de la apertura de sesiones ordinarias del Congreso, que encabezará en carácter de presidente de la Nación y podrá jactarse del avance de su agenda gubernamental.

La jefa del bloque oficialista, Patricia Bullrich, junto al titular de la comisión de Presupuesto, Ezequiel Atauche, convocaron para las 10:00 de este viernes, horas después de la aprobación del texto en Diputados, a un plenario de comisiones con el objetivo de emitir dictamen incorporando la modificación que introdujo la Cámara baja sobre el régimen de licencias por enfermedad y accidentes no laborales. El dictamen ya fue firmado.

El oficialismo apunta a llevar el proyecto al recinto el viernes próximo, 27 de febrero, dos días antes de la apertura de sesiones ordinarias. La intención es tener ya sancionadas de manera definitiva tanto a la reforma laboral como al Régimen Penal Juvenil en esa misma jornada.

El Senado había aprobado la iniciativa en la madrugada del jueves 12 de febrero por 42 votos a 30, con respaldo del oficialismo y bloques dialoguistas. Sin embargo, como la Cámara de Diputados eliminó el artículo 44 —que reducía al 50% el salario durante licencias por enfermedad o accidentes ajenos al ámbito laboral—, el texto volvió a la Cámara alta para completar el trámite legislativo.

Qué cambios introduce la reforma

El proyecto que impulsa el Gobierno establece modificaciones estructurales en el régimen laboral vigente. Entre los puntos centrales figuran cambios en el sistema de convenios colectivos de trabajo y en la Ley de Asociaciones Sindicales, así como limitaciones al derecho de huelga en los servicios públicos.

La iniciativa también crea el Fondo de Asistencia Laboral (FAL) para financiar despidos, reduce indemnizaciones y establece un esquema de banco de horas que habilita compensaciones de jornada sin pago de horas extras.

Estos aspectos generaron rechazo de sectores sindicales y opositores, que advirtieron que el nuevo esquema modifica el equilibrio de negociación entre empleadores y trabajadores. Las críticas apuntaron especialmente a la reducción de costos asociados a despidos y a la posibilidad de reorganizar la jornada laboral bajo el sistema de banco de horas.

El debate volvió a colocar en el centro la discusión sobre estabilidad, salario e instrumentos de defensa colectiva de quienes trabajan. La limitación del derecho de huelga en determinados servicios fue uno de los puntos más controvertidos, al igual que la reforma del régimen indemnizatorio.

Para que la reforma quede sancionada, el Senado deberá pronunciarse sobre la versión modificada por Diputados. Si acepta la eliminación del artículo 44, la ley quedará aprobada en forma definitiva. Si insiste con el texto original, se abrirá un nuevo escenario parlamentario.

JJD, con información de NA

La Cámara de Diputados aprobó la reforma laboral impulsada por el Gobierno en una sesión extensa y cargada de tensión política, mientras la CGT llevó adelante un paro general sin movilización y distintos gremios realizaron protestas en el país. El proyecto obtuvo 135 votos afirmativos y 115 negativos en la votación en general, y fue girado al Senado para su tratamiento definitivo tras la eliminación del artículo 44, que establecía una rebaja salarial para trabajadores que sufrieran accidentes o enfermedades fuera del ámbito laboral.

La media sanción se produjo en un contexto de fuerte disputa parlamentaria y cuestionamientos al procedimiento. La sesión comenzó con 130 diputados presentes, aportados por La Libertad Avanza, el PRO, la UCR, el MID, Innovación Federal, Independencia, Elijo Catamarca y Producción y Trabajo. La oposición denunció irregularidades cuando el presidente de la Cámara, Martín Menem, sometió a votación a mano alzada el plan de labor, lo que derivó en un cruce directo con legisladores de Unión por la Patria que se acercaron al estrado para exigir una rectificación.

El oficialismo consiguió el respaldo de La Libertad Avanza, Fuerzas del Cambio (UCR, MID y PRO), Innovación Federal, Producción y Trabajo, Independencia y monobloques aliados. En contra votaron Unión por la Patria, la mayoría de Provincias Unidas, el Frente de Izquierda y otros bloques minoritarios.

El debate expuso con claridad el eje del conflicto: el alcance de los derechos laborales y el poder de negociación de quienes trabajan. El presidente de la comisión de Trabajo, Lisandro Almirón, defendió la iniciativa y sostuvo que “el marco regulatorio actual no hace otra cosa que expulsar a las personas de la formalidad”. Afirmó que “hace décadas que nuestro país tiene un problema de fondo grave que es la incapacidad de crear empleo genuino” y aseguró que el 55% de las personas se encuentra en la informalidad.

Desde la oposición sindical y política, las críticas apuntaron a un retroceso en derechos históricos. El diputado Sergio Palazzo advirtió que, de aprobarse la ley, se presentará “una catarata de pedidos de inconstitucionalidad” y acusó al oficialismo de “contrabandear detrás de la palabra modernización un brutal retroceso histórico en los derechos de los trabajadores”. Señaló además que la reforma “liquida el derecho de huelga” y afecta al sistema previsional a través del discutido Fondo de Asistencia Laboral (FAL).

Miguel Pichetto cuestionó el esquema de convenios por empresa previsto en el proyecto y afirmó que “va a ser peor” y qie “es un grave error”. Néstor Pitrola rechazó el argumento de los “costos laborales” y sostuvo que “la mayoría de los trabajadores están por debajo de la línea de pobreza”, en referencia a una canasta de $1.300.000.

Desde el oficialismo y sectores aliados, Lisandro Nieri argumentó que la legislación vigente “es vetusta y no les sirve a los trabajadores ni a los empresarios porque el costo laboral es muy alto” y vinculó la reforma con la reducción de la litigiosidad y la informalidad.

En paralelo al debate parlamentario, la central obrera resolvió un paro general sin movilización, decisión que generó cuestionamientos internos. Días antes, distintos dirigentes sindicales habían criticado esa modalidad. En una cobertura reciente, referentes gremiales advirtieron que la ausencia en la calle debilitaba la presión sobre los legisladores en una votación clave .

Otros gremios ya habían anticipado medidas de fuerza en caso de avance legislativo. El secretario general de la Federación de Aceiteros, Daniel Yofra, había afirmado semanas atrás: “Hay que salir a la calle ahora”. Y había confirmado que su organización iría a la huelga si prosperaba la ley. Desde la CGT, Jorge Sola había cuestionado el banco de horas previsto en el proyecto y sostuvo que “lo decide el patrón, no el trabajador” .

El impacto concreto sobre quienes trabajan se inscribió en un contexto de deterioro salarial. Según el Indec, el índice salarial del sector privado registrado acumuló un alza de 25,6% entre enero y noviembre de 2025, mientras la inflación fue de 27,9%, lo que implicó una caída real de más de dos puntos. En ese marco, gremios denunciaron pérdida de poder adquisitivo y congelamiento paritario en distintos sectores.

En la sesión también se produjeron otros episodios de alta tensión, como la denuncia de pérdida de quórum y el cruce por el uso de los micrófonos en el recinto. Unión por la Patria anunció que, si vuelve al Gobierno, derogará la norma. “Esta ley va a ser derogada inmediatamente”, afirmó Germán Martínez en el cierre del bloque.

El trámite parlamentario continuará en el Senado, donde el oficialismo convocó a un plenario de las comisiones de Legislación del Trabajo y de Presupuesto para emitir dictamen y llevar el proyecto al recinto antes del inicio de las sesiones ordinarias. Hasta el momento, el Gobierno no anunció modificaciones adicionales al texto aprobado en Diputados.

JJD, con información de NA

El paro general convocado por la CGT, sin movilización al Congreso —aunque sí lo harán diversos sectores del gremialismo y de la sociedad civil—, está en marcha desde las 0 de este jueves y puede condicionar la jornada laboral en todo el país. La medida impacta especialmente en el transporte público, que funciona de manera dispar, y reorganiza la rutina de millones de trabajadores en las horas previas a la sesión en la que Diputados debate la reforma laboral impulsada por el Gobierno.

Desde temprano, el eje del conflicto está en la calle y en el Congreso. A las 14 comienza el tratamiento en la Cámara baja del proyecto que La Libertad Avanza dicta con mayoría y que el oficialismo modifica tras retirar el artículo 44 sobre licencias médicas, luego de reconocer “un error” en su redacción. Si se aprueba con cambios, el texto regresa al Senado, donde la conducción oficialista diagrama su tratamiento en el recinto para el viernes 27 de febrero. La intención política es que el Presidente cuente con la ley sancionada para la apertura de sesiones ordinarias el 1 de marzo .

Para los trabajadores, lo que hoy se discute no es un trámite parlamentario sino un cambio concreto en sus condiciones laborales. El proyecto propone reducir el monto de las indemnizaciones, habilitar que las horas extras se compensen con tiempo en lugar de pago en dinero y crear el Fondo de Asistencia Laboral (FAL), con impacto en los aportes destinados a la Anses. También contempla la derogación del estatuto del periodista, lo que suma el rechazo de los gremios de prensa.

La CGT definió el paro en una reunión virtual de su Consejo Directivo y argumentó que es la cuarta huelga general durante la gestión de Javier Milei, para defenderse de las críticas por no haber convocado a una movilización. La central incluye a los sindicatos del transporte de pasajeros, por lo que se espera la paralización de colectivos, trenes, subtes y taxis.

Sin embargo, el Gobierno interviene de forma directa. A través de un comunicado, el Ministerio de Capital Humano intima a la Unión Tranviarios Automotor (UTA) y a La Fraternidad a abstenerse de realizar medidas de fuerza mientras se encuentren vigentes conciliaciones obligatorias. La advertencia contempla sanciones que pueden escalar hasta la pérdida de la personería gremial .

La presión oficial coloca a choferes y ferroviarios en el centro de la escena, porque su adhesión define el alcance real del paro. El Gobierno además anuncia que descontará el día a los empleados públicos que participen de la huelga, lo que introduce un costo directo para quienes deciden parar.

En el área metropolitana, la empresa DOTA comunica que sus colectivos están “a disposición de los conductores como todos los días”, lo que implica que no adhiere a la medida . La decisión genera un funcionamiento desigual del servicio y deja en manos de cada conductor la definición final.

El sistema financiero, en tanto, opera con normalidad. Las cuatro cámaras que representan a los bancos del sistema financiero local anuncian que hay servicios y, en consecuencia, mercados abiertos. La jornada combina así interrupciones fuertes en sectores clave con actividad plena en otros, lo que fragmenta el impacto de la huelga.

Mientras tanto, el Frente Sindical moviliza al Congreso. La convocatoria ocurre en medio de críticas internas a la CGT por haber planteado inicialmente un “paro de silencio” sin movilización, cuestionamientos que dirigentes de la UOM y ATE expresan en la previa del debate . La movilización busca incidir sobre los legisladores antes de la votación.

El trasfondo económico refuerza la tensión. Según el Indec, el índice salarial del sector privado registrado acumula un alza de 25,6% entre enero y noviembre de 2025, mientras que la inflación en ese mismo período es de 27,9%, lo que implica una caída real de más de dos puntos . En un escenario de pérdida de poder adquisitivo, la reforma se percibe como un nuevo retroceso en derechos laborales.

En estas horas previas a la sesión, el paro se mantiene con transporte afectado, advertencias oficiales vigentes y una movilización en marcha hacia el Congreso. El Gobierno sostiene su decisión de descontar el día a quienes adhieran y no anuncia cambios en esa postura.

JJD

Rodolfo Aguiar, secretario general de ATE Nacional, cuestionó la decisión de la CGT de convocar a un paro sin movilización ante el tratamiento en Diputados de la reforma laboral y sostuvo que la estrategia debilita la capacidad de presión del movimiento obrero. “Con este tipo de medidas va a ser muy difícil frenar a un gobierno que está completamente decidido a arrasar con todos y cada uno de nuestros derechos”, afirmó.

El dirigente recordó que la semana anterior se realizó una movilización sin paro y ahora se resolvió un paro sin presencia en la calle. Y agregó: “Hay dirigentes gremiales que le tienen miedo a la calle y los trabajadores no pueden pagar el costo de ese temor”.

Aguiar vinculó la discusión sindical con las modificaciones al proyecto aprobadas en el Senado. Según explicó, se eliminaron artículos que afectaban a las organizaciones gremiales pero permanecieron aquellos que impactaron sobre las condiciones laborales. “Se quitan justo aquellos artículos que perjudican a los sindicatos pero quedan los artículos que perjudican a los trabajadores”, sostuvo en declaraciones a AM 530 Somos Radio.

En ese sentido, planteó un interrogante directo sobre la representación sindical: “No podemos quedar desde el sindicalismo como que cambiamos plata por explotación, plata por más precarización para aquellas y aquellos que tenemos que representar”.

El secretario general de ATE definió la reforma como un punto de inflexión. “Esta ley es un punto de inflexión, hay un antes y un después en este movimiento obrero argentino”, afirmó. Y advirtió que, si la norma se aprobó, “hay una CGT que va a salir de este proceso absolutamente debilitada”.

Para Aguiar, el debate trascendió lo estrictamente legislativo y se inscribió en una disputa cultural. “El Gobierno ha logrado reemplazar el concepto de derecho por el de privilegio”, sostuvo. Y formuló la pregunta que sintetizó su crítica: “¿Es un privilegio cobrar dos veces al año el medio aguinaldo? ¿Es un privilegio que si me enfermo de cáncer y tengo que pasar por un proceso de quimioterapia, me sigan pagando el sueldo para poder sostener a mi hogar y mi familia?”.

También cuestionó la lógica oficial de promover empleo mediante la flexibilización. “No podemos aceptar que el Gobierno nos diga que está proponiendo una ley para crear empleo y empiece facilitando los despidos”, afirmó. Y añadió: “Las normas no crean empleo. Lo que crea empleo es la economía”.

ATE confirmó que sostendrá el paro con movilización. “De nada sirve un paro para quedarse en la casa. Cuando todos nuestros derechos están en riesgo, como ahora, nuestra casa, la casa de los trabajadores, es la calle”, aseguró.

Aguiar integró el Frente de sindicatos que reúne a más de cien organizaciones y que anunció que continuará en sesión permanente para definir medidas. “Seguimos en sesión permanente”, señaló.

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El día en que puede cambiar la historia de la legislación laboral en la Argentina, con un giro que distintos gremios anticipan regresivo para los trabajadores y favorable a las empresas, la Confederación General del Trabajo (CGT) decidió convocar a un paro del silencio: sin movilización, sin presencia orgánica en las calles, sin una concentración frente al Congreso. A pocas horas de que la Cámara de Diputados trate la media sanción llegada del Senado al proyecto de reforma laboral elaborado por el Gobierno de Javier Milei, son cada día más, y más elocuentes y enfáticas, las críticas de dirigentes de primera línea del sindicalismo a la decisión adoptada por la conducción de la principal central obrera del país.

Las objeciones no apuntaron a la necesidad de una medida de fuerza sino a su modalidad. Referentes sindicales cuestionaron que, ante una votación que definirá cambios en indemnizaciones, convenios colectivos, períodos de prueba y derechos colectivos, la central no haya impulsado una movilización masiva para presionar a los diputados. Para quienes reclaman presencia en el Congreso, la ausencia en la calle debilita la capacidad de intervención directa de los trabajadores en el momento clave del debate parlamentario.

Las expresiones de la UOM y ATE no son las primeras y se inscriben en ese clima de creciente malestar interno. En los días previos, referentes de aceiteros, bancarios y camioneros ya habían cuestionado la estrategia de la CGT frente al avance del proyecto oficial, con distintos matices pero una coincidencia central: la necesidad de combinar paro y movilización para no resignar capacidad de presión en el Congreso.

Osvaldo Lobato, secretario gremial de la CGT y dirigente de la UOM, confirmó que su organización no compartió la postura mayoritaria. “Creemos que hay que movilizarnos al Congreso, que es el lugar donde se va a discutir la ley, y se lo hicimos saber al consejo directivo”, afirmó en AM 530. La central resolvió el paro sin movilización tras un Zoom del consejo directivo en el que, según detalló, “mayoritariamente, no unánimemente, se tomó la decisión”.

Para Lobato, la eficacia de la conducción no se midió por la cantidad de paros sino por el resultado concreto de las medidas adoptadas. “Yo no creo que la capacidad de gestión de una organización como la Confederación General del Trabajo se mide por la cantidad de paros. Se mide por la efectividad de las decisiones y las medidas que toman”, sostuvo.

El dirigente advirtió que la reforma implica un retroceso estructural para quienes trabajan. “Hay puntos de la ley que son muy esenciales para la vida del movimiento obrero, para la vida del trabajador, y que si no hubiera sabido esto, directamente ni se discutirían”, planteó. También cuestionó la revisión anual de convenios colectivos: “Discutir convenios colectivos de trabajo todos los años es una locura. No podemos cerrar acuerdos salariales a veces en el año, vamos a estar discutiendo un convenio que tiene, no sé, quinientas páginas”.

En ese marco, Lobato rechazó la posibilidad de que esta CGT convoque a un paro por tiempo indeterminado. “Esta CGT no va a parar por tiempo indeterminado”, aseguró. Sin embargo, remarcó que la salida no es quedarse en la casa: “Yo creo que paro por tiempo indeterminado, pero hay que sacar la gente a la calle. Hay que mostrar el descontento. Si vos no mostrás el descontento, no llegás a nada. Hay que ir a la calle”.

La discusión no se limitó a la modalidad de la medida. Lobato también apuntó contra el rol de gobernadores y legisladores. “El gran responsable es el peronismo”, afirmó. Y agregó: “Gobernadores que son electos por el peronismo y después se hacen los personales y no les importa votar o mandar a los senadores o los diputados en contra de su propia gente”.

La disputa por la estrategia

Desde la Asociación de Trabajadores del Estado (ATE), Rodolfo Aguiar fue aún más directo. El secretario general del gremio estatal calificó la estrategia de la CGT como insuficiente frente a lo que definió como “la mayor ofensiva que en democracia se recuerde contra los trabajadores y sus organizaciones”.

“Primero fue una movilización sin paro y ahora un paro sin movilización. Con este tipo de medidas va a ser muy difícil frenar a un gobierno que está completamente decidido a arrasar con todos y cada uno de nuestros derechos”, afirmó. Y agregó: “Hay dirigentes gremiales que le tienen miedo a la calle y los trabajadores no pueden pagar el costo de ese temor”.

Aguiar vinculó la discusión sindical con las modificaciones introducidas al proyecto en el Senado. Señaló que se eliminaron artículos que afectaban el financiamiento sindical, pero se mantuvieron aquellos que impactaron directamente en las condiciones laborales. “Se quitan justo aquellos artículos que perjudican a los sindicatos pero quedan los artículos que perjudican a los trabajadores”, sostuvo. Y cuestionó: “No podemos quedar desde el sindicalismo como que cambiamos plata por explotación, plata por más precarización”.

El dirigente estatal advirtió que la modalidad elegida dejó el escenario despejado para el tratamiento legislativo. “Parece hasta que estuviera acordado. Se la vamos a dejar servida a los diputados. Hay una clara intención de dejar vacías las calles para que puedan sesionar”, planteó.

En las últimas horas, el oficialismo consensuó con sectores aliados una nueva redacción del artículo que modifica las licencias médicas, uno de los puntos más cuestionados del proyecto. El objetivo es introducir ese cambio y votar la reforma este jueves en la Cámara de Diputados. Como el texto eventualmente aprobado por esta cámara sería modificado, debería volver al Senado —donde la media sanción ya salió con una mayoría de votos contundente— para su sanción definitiva.

Derechos consagrados, en riesgo

Para Aguiar, la reforma implica un cambio conceptual profundo. “El gobierno ha logrado reemplazar el concepto de derecho por el de privilegio”, afirmó. Y ejemplificó: “¿Es un privilegio cobrar dos veces al año el medio aguinaldo? ¿Es un privilegio que si me enfermo de cáncer y tengo que pasar por un proceso de quimioterapia, me sigan pagando el sueldo para poder sostener a mi hogar y mi familia?”.

ATE confirmó que sostendrá el paro con movilización. “De nada sirve un paro para quedarse en la casa. Cuando todos nuestros derechos están en riesgo, como ahora, nuestra casa, la casa de los trabajadores, es la calle”, afirmó.

La fractura expuso un malestar que excedió la coyuntura. Lobato reconoció que la convivencia interna es posible “por ahora”. Aguiar anticipó que, si la ley se aprueba, “hay una CGT que va a salir de este proceso absolutamente debilitada”.

El eje del conflicto no es solo la reforma laboral sino el modo en que el movimiento obrero decide enfrentarla. Hasta el cierre de esta nota, la conducción de la CGT no modificó la modalidad de la medida.

JJD

La reforma que modifica indemnizaciones, aportes sindicales y reglas de negociación colectiva ya superó el Senado con 42 votos afirmativos y quedó en manos de la Cámara de Diputados, donde el oficialismo buscará convertirla en ley en las próximas semanas. El proyecto modifica más de 40 leyes y reconfigura aspectos centrales del régimen laboral.

Según el régimen aprobado, los empleadores que ingresen al esquema de formalización aportarán un 2% de contribuciones patronales y un 3% con destino a subsistemas de la Seguridad Social. Hasta hoy, esas contribuciones patronales a la Seguridad Social se liquidaron con alícuotas generales del 18% o del 20,40%, según el encuadre del empleador, de acuerdo con ARCA/AFIP.

Y en obras sociales, el proyecto mantuvo la contribución patronal del 6% prevista en la Ley 23.660, un punto que el dictamen original buscó reducir al 5%.

En paralelo, el Senado aprobó el capítulo de aportes compulsivos. El texto con media sanción estableció un tope del 2% de las remuneraciones para los aportes a favor de asociaciones de trabajadores, que hasta ahora variaron según cada convenio colectivo (por ejemplo, hubo acuerdos homologados con aportes solidarios del 1,5% o del 2,5%).

El proyecto también modificó alícuotas del Impuesto a las Ganancias, que pasaron del 30% al 27% y del 35% al 31,5%. Sin embargo, tras negociaciones con gobernadores, el oficialismo aseguró que no habrá recortes en Ganancias coparticipables, lo que preservó recursos provinciales . Sobre el financiamiento del Instituto Nacional de Cine y Artes Audiovisuales (INCAA), se resolvió postergar hasta el 1° de enero de 2028 la eliminación de asignaciones específicas que nutren su presupuesto .

Desde el sindicalismo y sectores académicos cuestionaron el alcance de la reforma. En un hilo publicado el 9 de febrero, el centro de estudios Fundar —organización dedicada al análisis y diseño de políticas públicas— advirtió que la ley habilita jornadas de hasta 12 horas con banco de horas, permite fraccionar vacaciones a criterio del empleador, debilita la negociación colectiva al trasladarla al ámbito de empresa y limita el derecho a huelga . También señaló que se creará un fondo para pagar indemnizaciones con recursos de la seguridad social .

El jefe del interbloque peronista, José Mayans, calificó el proyecto como “una ley abiertamente inconstitucional, que va a traer alta litigiosidad” . En el recinto sostuvo que “no va a generar trabajo esto. Este modelo no funciona, no le echen la culpa a los trabajadores” y cuestionó el tratamiento legislativo y la conformación de comisiones .

El impacto sobre quienes trabajan aparece como el núcleo del debate. La reforma habilita mecanismos de blanqueo sin sanción, reduce el cálculo de indemnizaciones y promueve esquemas como el banco de horas que, según dirigentes sindicales, trasladan poder de decisión al empleador. Jorge Sola, cosecretario general de la CGT, sostuvo que el banco de horas “lo decide el patrón, no el trabajador” y que el esquema “pone al trabajador en igualdad con el empleador, y eso es inconstitucional” .

La discusión se dio en un contexto de deterioro salarial. Según el Indec, el índice de salarios del sector privado registrado acumuló una suba de 25,6% entre enero y noviembre de 2025, mientras que la inflación alcanzó el 27,9%, lo que implicó una caída real de al menos 2,3 puntos porcentuales . En ese escenario, la Federación de Aceiteros advirtió que convocará a medidas de fuerza si la ley avanza .

Mientras se desarrollaba la sesión, en las inmediaciones del Congreso hubo represión y momentos de tensión con manifestantes. El Gobierno porteño informó que hubo alrededor de 40 demorados y una docena de detenidos, mientras que la Comisión Provincial por la Memoria afirmó que fueron 60. También se registraron heridos.

¿Y cómo está la Cámara baja para la batalla final?

En la Cámara de Diputados el oficialismo intentará acelerar el tratamiento del proyecto, con la intención de sancionarlo antes del inicio del período ordinario. Según pudo saber trabajAR, La conducción libertaria ya organizó un cronograma acotado en las comisiones de Trabajo y de Presupuesto, lo que le permitiría llevar el dictamen al recinto en la última semana de febrero.

El Gobierno apuesta a consolidar una mayoría con el acompañamiento del PRO, sectores de la UCR y bloques provinciales. El poroteo que circula en el oficialismo proyecta un número suficiente para alcanzar el quórum, aunque esa suma depende de acuerdos todavía abiertos con legisladores vinculados a gobernadores que plantearon reparos sobre el capítulo fiscal y sobre la creación del Fondo de Asistencia Laboral.

Ese fondo —que se financiaría con una retención del 3% del salario— aparece como uno de los puntos sensibles en la negociación. Algunos diputados plantearon interrogantes sobre su administración y sobre el impacto que tendría en empresas que no realicen despidos, lo que podría introducir tensiones en el tramo final del trámite parlamentario.

La definición en Diputados no sólo será política. De su votación dependerá si el esquema de indemnizaciones, aportes y reglas de negociación colectiva aprobado en el Senado se mantiene sin cambios o si se incorporan modificaciones que obliguen a devolver el texto a la Cámara alta, con el consiguiente retraso en su sanción definitiva.

JJD

El Senado debate este miércoles desde las 11 el proyecto de reforma laboral impulsado por el Gobierno nacional, luego de que el oficialismo introdujo una serie de modificaciones al textp para garantizar los votos necesarios y atenuar el rechazo sindical. El eje del conflicto volvió a centrarse en el impacto directo sobre los trabajadores, en un contexto de salarios que no lograron recuperar poder adquisitivo y paritarias rezagadas.

La jefa del bloque oficialista, Patricia Bullrich, anunció un acuerdo con bloques aliados para llevar el dictamen al recinto y sostuvo que se trató de “la primera ley de la democracia para hacer un cambio estratégico en las relaciones laborales”. La negociación incluyó concesiones a gobernadores, a bloques parlamentarios aliados y a la Confederación General del Trabajo (CGT), que había cuestionado puntos centrales del articulado original.

Uno de los cambios más relevantes fue la eliminación del artículo que preveía una rebaja del Impuesto a las Ganancias para grandes y medianas empresas. Ese punto había generado un fuerte rechazo de los gobernadores por el impacto fiscal sobre las provincias. La quita de ese artículo fue determinante para destrabar el apoyo político necesario para avanzar con la sesión.

En paralelo, el oficialismo cedió a reclamos históricos de la CGT vinculados al financiamiento sindical y de las obras sociales. Se mantuvo por dos años el aporte solidario a los gremios, con un tope del 2%, y se sostuvo el aporte del 6% destinado a las obras sociales, en lugar del recorte que planteaba el texto original. Estas modificaciones evitaron un desfinanciamiento inmediato de las organizaciones sindicales, uno de los puntos que había concentrado mayor resistencia.

También se mantuvo el aporte obligatorio a las cámaras empresariales, con un tope del 0,5%, y se descartó la posibilidad de que los salarios se paguen a través de billeteras virtuales. El dictamen estableció que los sueldos deberán abonarse exclusivamente mediante cuentas bancarias o en entidades de ahorro oficial, una demanda compartida por los sindicatos y el sistema bancario. El Gobierno argumentó que habilitar otros mecanismos podía generar “enormes problemas” para los trabajadores.

Con estos cambios, La Libertad Avanza llegó al recinto con el respaldo de la UCR, el PRO y bloques provinciales, y alcanzó un número que le permitió proyectar la sanción de la ley. El oficialismo cuenta 41 votos, aunque al cierre del día persistían dudas sobre la posición de algunos senadores provinciales. La construcción de mayorías quedó atada a concesiones explícitas, reconocidas incluso por la propia Bullrich, quien admitió que sin esos cambios no contaban con los votos necesarios.

Otro punto sensible del acuerdo fue la creación del Fondo de Asistencia Laboral (FAL) para cubrir despidos. El esquema final estableció dos categorías: un aporte del 1% para grandes empresas y del 2,5% para pymes, con la posibilidad de ajustes posteriores bajo control de una comisión bicameral. El fondo fue presentado como un mecanismo de contención, aunque los sindicatos cuestionaron que se avance en paralelo con cambios que abaratan y flexibilizan los despidos.

El dictamen también ratificó la decisión de derogar distintos estatutos laborales, entre ellos el Estatuto del Periodista, con un plazo de seis meses para negociar nuevos convenios colectivos. La medida generó alarma en sectores que advirtieron sobre un vacío normativo y una pérdida de protecciones específicas, en un escenario donde la correlación de fuerzas en la negociación colectiva aparece debilitada.

Protestas

Mientras el Senado sesiona, la conflictividad se traslada a la calle. La CGT y las dos CTA convocaron a una movilización frente al Congreso desde las 14.30 para rechazar el proyecto. Los gremios del transporte anunciaron un cese de tareas parcial desde las 13, sin paralización total, para facilitar la participación en la marcha. Las CTA y ATE, en cambio, dispusieron un paro de 24 horas.

En su convocatoria, la CGT sostuvo que la reforma “no es modernización” sino “ajuste sobre las y los trabajadores” y advirtió que implica una pérdida de derechos laborales, previsionales y provinciales. El mensaje apuntó a unificar el rechazo en torno a la defensa del trabajo y las jubilaciones, y a marcar un límite político al avance del oficialismo.

Dirigentes sindicales reforzaron ese posicionamiento. Andrés Rodríguez, secretario adjunto de la CGT, afirmó que el proyecto fue elaborado con un “criterio antisindical” y que busca desfinanciar a las organizaciones gremiales. Rodolfo Aguiar, de ATE, advirtió que los gobernadores que avalen la reforma “estarán firmando su propia sentencia de muerte” y reclamó que defiendan a los trabajadores de sus provincias.

Durante las horas previas al debate, distintas organizaciones sindicales desplegaron campañas de difusión para advertir sobre los efectos concretos de la reforma. Las piezas apuntaron a cambios en la jornada laboral, el pago de horas extra, las vacaciones, las indemnizaciones y la estabilidad del empleo, con un mensaje directo hacia quienes dependen de su salario para sostener sus ingresos.

El debate legislativo se desarrollará así en un clima de alta tensión política y social. Mientras el oficialismo celebró haber alcanzado un acuerdo parlamentario, los sindicatos dejaron en claro que la disputa no se agotará en el recinto.

JJD, con información de NA

El Poder Ejecutivo Nacional remitió al Senado el convenio para transferir la Justicia Nacional del Trabajo a la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, un acuerdo que establece el cierre del fuero laboral nacional con asiento en la Ciudad y el traspaso de sus competencias ordinarias a la Justicia porteña. La iniciativa quedó sujeta a la aprobación del Congreso y de la Legislatura porteña, y redefine el esquema judicial ante el que deberán litigar miles de trabajadores y trabajadoras.

Según detalló el sitio jurídico especializado Palabras del Derecho, el texto enviado al Parlamento dispuso una transferencia progresiva de la competencia material y funcional que hoy ejercen los juzgados nacionales del trabajo y determinadas salas de la Cámara Nacional de Apelaciones del Trabajo, limitada a los conflictos laborales ordinarios tramitados dentro del territorio porteño. La nómina de tribunales alcanzados quedó detallada en un anexo del convenio, que delimitó de manera expresa el alcance del traspaso.

El acuerdo excluyó de la transferencia un conjunto central de conflictos laborales, que permanecerán bajo competencia federal. En ese grupo se encuentran las causas en las que sea parte el Estado Nacional, cualquiera sea el poder u organismo involucrado; las acciones vinculadas al régimen de asociaciones sindicales; los litigios en materia de seguridad social; y los casos en los que exista competencia federal por materia o por las partes. Esos expedientes pasarán a tramitar ante los juzgados en lo contencioso administrativo federal.

El acuerdo establece que los trabajadores deberán litigar en fueros distintos según el tipo de reclamo, incluso cuando el conflicto tenga un mismo origen laboral. Las demandas por despido, salarios o condiciones de trabajo ordinarias quedarán en la órbita del nuevo fuero laboral porteño, mientras que los reclamos sindicales, previsionales o contra el Estado nacional seguirán un circuito judicial separado, con reglas procesales diferentes.

El envío del convenio al Senado se produjo luego de que el Gobierno avanzara por vía administrativa en la organización del traspaso. A través del Decreto 95/2026, publicado en el Boletín Oficial, el presidente Javier Milei delegó en el jefe de Gabinete, Manuel Adorni, la facultad de suscribir el acuerdo de transferencia y sus eventuales adendas, habilitándolo a coordinar el proceso con el Gobierno de la Ciudad. Una vez firmado, el convenio debe ser ratificado por el Congreso para entrar en vigencia.

Más allá de la coyuntura, el debate se inscribe en una discusión estructural que atraviesa al sistema judicial argentino desde hace más de tres décadas. Tal como explicaron Sebastián Guidi y Marcos Aldazabal en una nota publicada en elDiarioAR, la llamada Justicia Nacional es un resabio del esquema institucional previo a la reforma constitucional de 1994, cuando la Ciudad de Buenos Aires aún no era autónoma y sus jueces dependían del Estado nacional. A diferencia de otros organismos, la Justicia Nacional nunca fue transferida, lo que dio lugar a una anomalía que persiste hasta hoy: en la Ciudad conviven una justicia local y una justicia nacional, mientras que en las provincias existe un único poder judicial.

Desde la reforma constitucional, existe un consenso amplio en torno a que la Justicia Nacional debe ser transferida a la Ciudad, que pasó a tener un estatus equiparable al de una provincia. Sin embargo, esa transferencia nunca se concretó plenamente, y el resultado fue un sistema híbrido, con competencias superpuestas y un reparto que no responde a un diseño integral. En ese marco, el reciente fallo “Levinas” de la Corte Suprema volvió a colocar el tema en el centro del debate institucional.

En ese fallo, dictado a fines de 2025, la Corte Suprema resolvió que las sentencias dictadas por la Justicia Nacional con asiento en la Ciudad de Buenos Aires deben ser revisadas previamente por el Tribunal Superior de Justicia porteño antes de llegar al máximo tribunal, un criterio que equipara a la Ciudad con una provincia.

Según explicaron Sebastián Guidi y Marcos Aldazabal en elDiarioAR, la decisión no transfirió formalmente la Justicia Nacional, pero fortaleció el rol del tribunal superior local y empujó de hecho el proceso de traspaso, al modificar la cadena de revisión judicial vigente desde antes de la autonomía porteña.

El convenio ahora enviado al Senado buscó ordenar parcialmente ese escenario, al menos en materia laboral. No será una absorción inmediata sino un proceso escalonado destinado a garantizar la continuidad del servicio de justicia. Las causas iniciadas antes de la entrada en vigencia del acuerdo continuarán su trámite ante la Justicia Nacional del Trabajo hasta su finalización, mientras que los nuevos procesos que se inicien una vez operativa la transferencia deberán radicarse en el Fuero del Trabajo de la Ciudad.

Uno de los ejes del acuerdo fue el régimen transitorio para magistrados, funcionarios y empleados judiciales. El texto garantizó la intangibilidad de las remuneraciones, la estabilidad en el empleo y la preservación de los derechos previsionales y de carrera, y estableció que el Estado Nacional deberá transferir los recursos humanos, materiales y presupuestarios necesarios para el funcionamiento del fuero laboral porteño. La Ciudad, en tanto, asumió el compromiso de dictar las normas organizativas para su puesta en marcha.

En materia de control judicial, el convenio mantuvo la competencia de la Corte Suprema de Justicia de la Nación en los casos previstos por la Constitución. A su vez, dispuso que el Tribunal Superior de Justicia de la Ciudad de Buenos Aires ejercerá la función revisora sobre las causas del nuevo fuero laboral local, conforme al esquema de competencias establecido en la normativa porteña.

Desde el punto de vista de quienes trabajan en la Ciudad de Buenos Aires, el acuerdo implica una reorganización del acceso a la justicia laboral, al establecer que los reclamos ordinarios y aquellos vinculados a derechos sindicales, previsionales o al Estado Nacional seguirán vías judiciales diferentes, aun cuando deriven de una misma relación de trabajo. El convenio no incluyó definiciones sobre criterios de unificación procesal ni mecanismos específicos para evitar la dispersión de litigios, una cuestión que quedará abierta en la implementación.

La transferencia de la Justicia Nacional del Trabajo quedó supeditada a la aprobación del acuerdo por el Congreso, a su ratificación por la Legislatura de la Ciudad de Buenos Aires y al dictado de los actos administrativos necesarios para su implementación. Hasta tanto se cumplan esas instancias, el régimen vigente continuará aplicándose sin modificaciones, según estableció el propio texto remitido al Senado.

JJD

El Gobierno avanzó en las últimas horas en nuevas negociaciones con bloques dialoguistas del Senado para intentar aprobar la reforma laboral impulsada por La Libertad Avanza, pero el acuerdo quedó atado a definiciones pendientes en el capítulo fiscal y a cambios que afectan de manera directa las condiciones de despido, el financiamiento sindical y la protección del empleo. La presidenta del bloque oficialista, Patricia Bullrich, evitó dar precisiones sobre los consensos alcanzados y postergó los anuncios para la sesión prevista para este miércoles.

Las conversaciones se desarrollaron mientras creció la resistencia de gobernadores dialoguistas a la rebaja del impuesto a las Ganancias para empresas, un punto central del paquete fiscal que acompaña la reforma laboral. Desde las provincias señalan a la Casa Rosada el impacto negativo en sus recursos coparticipables, en caso de avanzar el proyecto con esta baja incluida.

Tras más de tres horas de conversaciones, Bullrich sostuvo que el oficialismo mantenía “un acuerdo grande” pero aclaró que las definiciones se comunicarán recién durante la sesión. “Estamos todavía terminando el debate”, afirmó, y agregó que el bloque resolvió no adelantar los cambios hasta cerrar el poroteo final. La estrategia dejó en suspenso aspectos centrales del proyecto que afectan directamente a los trabajadores, como el esquema de indemnizaciones y los aportes sindicales.

Una sesión atravesada por tensiones políticas

La agenda legislativa de este martes incluye una reunión de Labor Parlamentaria prevista para las 14, donde el oficialismo y el peronismo discutirán el formato de la sesión. Fuentes parlamentarias anticiparon momentos de alta tensión, tanto por el orden del debate como por los artículos que podrían quedar fuera del dictamen final.

En paralelo, trascendió el malestar con su propio gobierno de la vicepresidenta Victoria Villarruel, quien no participó de los encuentros entre el oficialismo y los bloques dialoguistas. Si bien estuvo presente el secretario parlamentario, Agustín Gustinian, la interna política sumó ruido a una negociación ya condicionada por el frente fiscal.

A una reunión de rosca realizada el lunes en el despacho del senador radical Eduardo Vischi asistieron representantes de distintos bloques provinciales y federales, entre ellos miembros del PRO, de Provincias Unidas, del Frente Renovador de la Concordia (Misiones), de Despierta Chubut, de Independencia (Tucumán) y de Primero los Salteños. La diversidad de actores da cuenta de la fragilidad del acuerdo y la necesidad del oficialismo de ceder en puntos sensibles.

El capítulo fiscal se convirtió en uno de los principales obstáculos. El proyecto incluyó una rebaja del impuesto a las Ganancias para grandes empresas del 35% al 31,4% y para medianas empresas del 31% al 27%, una medida que gobernadores rechazaron por el impacto en sus arcas a partir de 2027, estimado por fuentes parlamentarias en casi $2 billones.

Un vocero oficial admitió ante NA que, si no se reunían los votos necesarios, ese punto podría eliminarse del proyecto y tratarse en una ley aparte. El capítulo fiscal también contempló la eliminación de impuestos internos y la creación de un Régimen de Inversiones para medianas empresas, con amortización acelerada en Ganancias.

En el plano estrictamente laboral, uno de los focos de discusión fue el Fondo de Asistencia Laboral (FAL), que se financiará con el 3% de los aportes patronales destinados a ANSES. La UCR propuso que las pymes puedan utilizar ese fondo para financiar despidos, una iniciativa que generó fuertes cuestionamientos por trasladar el costo de las cesantías al sistema previsional.

Indemnizaciones, aportes y salarios

Sí hubo acuerdo en avanzar con un nuevo tope indemnizatorio: un sueldo por año trabajado, con un máximo de tres veces el salario promedio, pagadero en hasta 12 cuotas para grandes empresas y 18 para pymes, con actualización por inflación más 3% anual, en lugar de tasas judiciales. El esquema implicó una reducción del costo del despido y una mayor previsibilidad para el empleador, a costa de limitar la reparación económica para el trabajador despedido.

Otro punto de conflicto fue la propuesta de volver voluntarios los aportes sindicales, rechazada por el sindicalismo por su impacto directo en la afiliación y en la capacidad de organización colectiva. También quedó abierta la discusión sobre eliminar contribuciones empresarias a gremios y cámaras, una medida que debilitó el financiamiento de la negociación colectiva.

Finalmente, el proyecto incluyó cambios en la forma de pago de salarios: se debatió si los sueldos deberán abonarse exclusivamente a través de entidades bancarias o si se habilitarán billeteras virtuales, una alternativa rechazada por las cámaras bancarias y que planteó interrogantes sobre la protección del salario y la trazabilidad de los ingresos laborales.

JJD, con información de NA

El secretario general de la Unión Obrera de la Construcción de la República Argentina (UOCRA), Gerardo Martínez, cuestionó con dureza el proyecto de reforma laboral impulsado por el Gobierno y sostuvo que “no sirve” porque no genera empleo, no aborda la informalidad y responde a una lógica ideológica antisindical. El dirigente advirtió que el debate público se concentró en aspectos tributarios mientras quedaron relegadas las consecuencias concretas para quienes trabajan.

Martínez planteó que, en términos generales, una reforma laboral debería permitir que los trabajadores ganen derechos en un contexto de cambios tecnológicos y productivos. Sin embargo, remarcó que eso no ocurre con el proyecto oficial. “Yo creo que tendríamos que ganar, pero no es lo que observo en mi análisis y en las realidades concretas de lo que representa esta ley”, afirmó en una entrevista con Infobae. Para el dirigente, la iniciativa no propone un esquema de transición de la informalidad a la formalidad ni políticas concretas de creación de empleo.

En ese sentido, subrayó que la informalidad laboral no es un fenómeno exclusivo de la Argentina, pero cuestionó que el proyecto no incluyera herramientas para revertirla. “Esta ley en ningún momento habla de generación de puestos de trabajo como para ir en un proceso de transición de la informalidad a la formalidad”, sostuvo. Desde su mirada, el texto respondió más a un mensaje político hacia el exterior que a una discusión sobre trabajo. “Este proyecto responde más a un mensaje del ‘rock star Milei’ en su vínculo con Estados Unidos”, afirmó.

El dirigente de la construcción enmarcó el debate en un escenario global atravesado por transformaciones profundas, como la automatización, la inteligencia artificial y la robotización. Señaló que, a nivel internacional, se discute cómo redistribuir el trabajo y redefinir el vínculo entre capital y trabajo, pero advirtió que la reforma local no se inscribió en esa discusión, sino que avanzó sobre derechos ya existentes.

Martínez también se refirió a la situación específica del sector que representa. Confirmó que la construcción perdió alrededor de 60.000 puestos de trabajo en la primera etapa del actual Gobierno, tras la paralización de la obra pública nacional. “De una manera inédita y sin explicación, se frenó la obra pública”, señaló. Explicó que parte de ese impacto se amortiguó por la reactivación de la actividad privada y por la absorción de trabajadores por parte de gobiernos provinciales, pero remarcó que el daño inicial fue significativo.

Consultado sobre la posibilidad de diálogo con un Gobierno que paralizó la obra pública, Martínez sostuvo que el diálogo es una obligación mutua. “Tenemos la obligación de hablar y ellos tienen la obligación de dialogar”, afirmó, aunque aclaró que esa herramienta pierde sentido cuando las decisiones ya están tomadas. En ese marco, relató su paso por el llamado Consejo de Mayo, del que decidió retirarse al advertir que no se discutía un proyecto concreto, sino consignas generales sin capacidad real de modificación.

“Nunca se discutió la composición de un ordenamiento, como se discute un proyecto de ley”, afirmó. Y agregó: “Cuando observé que había una determinación política y una metodología de hecho consumado, decidí retirarme, porque no iba a convalidar eso”. Según explicó, el diálogo formal coexistió con una dinámica en la que el contenido central de la reforma ya estaba cerrado.

Martínez advirtió que el proyecto avanzó sobre derechos colectivos e individuales y que varios artículos rozaron valores constitucionales. Señaló como ejes problemáticos la ultraactividad de los convenios, la prevalencia de convenios por empresa, la posibilidad de crear sindicatos de empresa y las limitaciones a la acción gremial. “Buscan romper el modelo sindical argentino”, sostuvo, y remarcó que ese modelo no niega la inversión ni la rentabilidad, sino que establece reglas de negociación colectiva.

En ese punto, fue explícito al definir el sentido del proyecto. “Hay una intencionalidad ideológica antisindical”, afirmó. Para el dirigente, la iniciativa no apuntó a modernizar relaciones laborales, sino a debilitar la representación colectiva de los trabajadores, en un contexto donde el salario perdió poder adquisitivo y el empleo formal retrocedió.

El titular de la UOCRA también abordó las críticas recurrentes contra el sindicalismo, vinculadas a la falta de representatividad y a la distancia con los trabajadores. Reconoció que existe una interpelación social real, en especial entre los sectores más jóvenes, y sostuvo que los sindicatos deben modernizarse y reconstruir el vínculo con quienes trabajan. Sin embargo, rechazó la demonización generalizada. “Dentro de la ley, todo; fuera de la ley, nada”, afirmó, y defendió el rol del sindicalismo como herramienta de defensa colectiva frente a intereses económicos concentrados.

En relación con el fondo de cese laboral que rige en la construcción, Martínez explicó que no puede extrapolarse de manera obligatoria a todas las actividades, ya que responde a características específicas del sector. Señaló que cualquier adaptación debe surgir del acuerdo entre las partes y no de una imposición legal generalizada.

Sobre el futuro del proyecto, el dirigente consideró que la reforma probablemente se apruebe, al entender que el Gobierno cuenta con los votos necesarios. Aun así, aseguró que el sindicalismo dará pelea con argumentos en el Congreso. “Tenemos capacidad para discutir y defender los intereses que representamos”, sostuvo.

JJD

La convocatoria de la Confederación General del Trabajo a una movilización sin paro contra la reforma laboral del Gobierno abrió una discusión interna en el movimiento obrero. Una de las críticas más directas surgió desde la propia conducción cegetista: Osvaldo Lobato, secretario gremial de la CGT e integrante de la Unión Obrera Metalúrgica, cuestionó esa estrategia y anunció que su gremio parará actividades este miércoles desde las 10 y se movilizará a la plaza del Congreso.

En una entrevista en AM 530 Somos Radio, Lobato sostuvo que la UOM resolvió avanzar con medidas de fuerza porque “las instancias de negociación nunca estuvieron sobre la mesa, porque no era negociación, era imposición”. Según explicó, esa definición surgió del debate interno del gremio frente al avance del proyecto de reforma laboral y al deterioro del empleo industrial.

El dirigente señaló que la postura de la UOM fue clara desde el inicio del proceso legislativo. “Quizás podría haber sido antes, fuimos bastante prudentes, pero ante la situación general que vive el movimiento obrero, la UOM, a través de sus cuerpos orgánicos, decidió tomar la decisión de ir a la calle”, afirmó. En ese marco, recordó las movilizaciones realizadas en Córdoba y Rosario y confirmó que el miércoles el gremio realizará un cese de actividades y movilizará al Congreso.

La definición marcó una diferencia explícita con la conducción de la CGT, que convocó a movilizar sin paro. Consultado sobre esa decisión, Lobato indicó que no participó de las reuniones donde se definió la estrategia general. “Yo como secretario gremial no fui invitado a ninguna reunión, ni con los gobernadores”, sostuvo, aunque aclaró que la central estuvo representada por el triunvirato.

Sin embargo, cuestionó el resultado de esa línea de acción. “La mayoría decidió que había que agotar las instancias de diálogo, y lo hicieron con el mismo resultado que nosotros sabíamos que íbamos a tener: nada”, afirmó. Para Lobato, la diferencia entre movilizar con o sin paro no es secundaria y tiene consecuencias concretas sobre la participación real de los trabajadores.

“No entiendo cuál es la diferencia entre parar a las diez de la mañana y convocar a una movilización. Los que tienen que ser partícipes no son los dirigentes, son los trabajadores, que son y van a ser los grandes perjudicados”, sostuvo. En ese sentido, rechazó equiparar el impacto de la reforma sobre la dirigencia sindical y las bases. “No seamos hipócritas de creer que los dirigentes estamos tan perjudicados como lo van a estar los trabajadores”, agregó.

Lobato también cuestionó el contenido del proyecto impulsado por el presidente Javier Milei. Desde su mirada, la reforma no respondió a un debate laboral genuino. “Esta ley es una ley absolutamente hecha en los estudios jurídicos de las multinacionales”, afirmó, y consideró que no implicó una modernización sino “un retroceso a la época de la esclavitud”.

En esa línea, sostuvo que el objetivo central del proyecto fue debilitar al movimiento obrero organizado. “Para este proyecto económico, el único muro que quedaba era la CGT y el movimiento obrero, y lo van a tratar de destruir totalmente”, advirtió. Según señaló, la ofensiva actual buscó eliminar la capacidad de representación y defensa colectiva de los trabajadores.

El dirigente metalúrgico también apuntó contra gobernadores peronistas que acompañaron la reforma. Mencionó el caso de Tucumán, donde, según relató, 70 trabajadores perdieron su empleo mientras el gobernador respaldó el proyecto oficial. “Va a tener cada vez más ciudadanos tucumanos sin trabajo”, afirmó, y extendió esa crítica a otras provincias industriales.

“No se dan cuenta que los desocupados que van a venir son ciudadanos de su provincia, que ya están viniendo”, sostuvo. Para Lobato, el respaldo de algunos mandatarios respondió exclusivamente a negociaciones fiscales. “No he visto ningún gobernador discutiendo los derechos de los trabajadores”, remarcó.

En otro tramo de la entrevista, el dirigente hizo una autocrítica sobre el estado del movimiento obrero. Reconoció que la representatividad sindical se deterioró con el paso del tiempo y que no se logró recuperar la cercanía con los trabajadores en la dimensión necesaria. Pero fue más allá y lanzó una de las definiciones más duras: “La solidaridad de la CGT no existe más”.

Según explicó, esa fractura se expresó con claridad entre gremios industriales y de servicios. “No es lo mismo la realidad de un gremio de servicios que no tiene un solo despido, que la de los metalúrgicos o los textiles, a los que les cierran empresas permanentemente”, afirmó. Desde su mirada, esa diferencia explicó parte de las tensiones actuales dentro de la central.

La UOM, indicó, se movilizará de manera orgánica y diferenciada. “Las 54 seccionales del país, en mayor o menor medida, van a venir a la movilización”, señaló, y aclaró que el gremio no se concentrará con las regionales de la CGT, sino directamente en el Congreso.

Las declaraciones de Lobato expusieron una discusión estratégica abierta dentro de la CGT en la antesala del debate en el Senado. Mientras la conducción convocó a una movilización sin paro, gremios industriales como la UOM anunciaron medidas de fuerza concretas, en un escenario donde la reforma laboral avanzó y el impacto sobre el empleo y los derechos de quienes trabajan quedó en el centro del conflicto.

JJD

El debate por la reforma laboral del Gobierno sumó en las últimas horas un nuevo eje de tensión política: gobernadores de distintos signos reclamaron a la Casa Rosada eliminar o modificar la rebaja del Impuesto a las Ganancias para empresas incluida en el proyecto de “modernización laboral”, al advertir que la medida recorta recursos coparticipables y afecta de manera directa a las finanzas provinciales.

Según la Noticias Argentinas, la presión provino tanto de mandatarios aliados como opositores y se intensificó a pocas horas de que el Senado comience a debatir la iniciativa en sesiones extraordinarias. El reclamo se apoyó en el impacto fiscal que tendría la reducción del tributo, que forma parte de los ingresos que la Nación distribuye a las provincias.

El conflicto se volvió central porque los gobernadores condicionaron su respaldo legislativo a la reforma laboral a la resolución de este punto. En la mesa de negociaciones, exigieron que el Gobierno nacional asuma el costo fiscal, modifique el esquema o postergue la medida. De lo contrario, advirtieron, el apoyo político quedará en duda.

De acuerdo a la información oficial citada por NA, la rebaja del Impuesto a las Ganancias para sociedades y empresas —incluida en el proyecto que impulsa el presidente Javier Milei— implicaría una pérdida estimada de hasta $3 billones en recursos coparticipables. Ese impacto explica la resistencia de los mandatarios, incluso de aquellos que acompañan el rumbo general del Ejecutivo.

Entre los distritos más afectados se encuentran Buenos Aires, Santa Fe y Córdoba, que lideran el ranking de provincias con mayor pérdida proyectada, con un índice estimado superior a $1 billón en cada caso. La advertencia encendió alarmas en los gobiernos provinciales, que enfrentan restricciones presupuestarias en un contexto de ajuste y caída de la recaudación real.

Los gobernadores aliados al oficialismo, como Gustavo Sáenz, Osvaldo Jaldo y Raúl Jalil, expresaron su disposición a acompañar la reforma laboral, pero reclamaron garantías fiscales concretas. En ese marco, plantearon dos alternativas: que la Nación absorba el costo de la rebaja o que la medida se postergue hasta 2027.

La tensión se instaló cuando el Ejecutivo defendió la reducción del impuesto como un instrumento para mejorar la rentabilidad empresaria y estimular la inversión, aun cuando el costo recaiga sobre las provincias. Para los mandatarios, el esquema implica trasladar el ajuste a los territorios sin compensaciones claras.

Desde el Gobierno nacional, sin embargo, la posición se mantuvo firme. Según NA, el Ejecutivo insistió en sostener la rebaja de Ganancias, aunque en las últimas horas comenzó a evaluar alternativas para no poner en riesgo la sanción de la reforma laboral. Entre ellas, se analizó la posibilidad de sacrificar el capítulo fiscal para garantizar la aprobación del proyecto impulsado por La Libertad Avanza.

La negociación dejó expuesta la lógica que atraviesa el tratamiento legislativo: la reforma laboral se convirtió en una ficha de canje en una disputa ajena a las condiciones de trabajo. Mientras se discuten impuestos, coparticipación y costos fiscales, el contenido laboral del proyecto —que modifica normas centrales de la relación entre empleadores y trabajadores— quedó subordinado a acuerdos políticos.

En el otro extremo, gobernadores que ya rechazaron la reforma mantuvieron una posición intransigente. Gildo Insfrán, Sergio Ziliotto, Gustavo Melella y Axel Kicillof ratificaron su rechazo a la reforma laboral, con o sin modificaciones en el Impuesto a las Ganancias.

Ese posicionamiento marcó un límite político claro: para esos distritos, el problema no es solo fiscal, sino el contenido mismo del proyecto, que consideran regresivo para los derechos laborales y perjudicial para quienes trabajan.

El escenario refuerza una constante del debate actual: las condiciones de empleo quedan fuera del centro de la discusión, mientras el foco se desplaza hacia la ingeniería fiscal y las negociaciones de poder. La reforma laboral avanza así como parte de un paquete más amplio, donde los derechos de los trabajadores funcionan como variable de ajuste en un intercambio entre Nación y provincias.

A horas de que el Senado abra el debate, el Gobierno enfrenta un dilema político: sostener el capítulo fiscal y arriesgar apoyos clave, o ceder en Ganancias para asegurar la sanción de una reforma laboral cuestionada por sindicatos, trabajadores y sectores de la oposición. En ninguno de los escenarios, el eje del debate se corre hacia la protección del empleo o la recuperación del salario, que continúan ausentes de la negociación.

JJD

La Confederación General del Trabajo se prepara para una movilización clave este miércoles frente al Congreso de la Nación, en rechazo al proyecto de reforma laboral impulsado por el Gobierno. La convocatoria coincidirá con la apertura del debate legislativo en el Senado de la Nación y se inscribirá en un escenario de conflictividad gremial en ascenso, atravesado por la pérdida salarial y por crecientes reclamos de acción directa contra la iniciativa oficial.

El anuncio lo realizó el viernes Jorge Sola, cosecretario general de la CGT, quien recordó que la central obrera activó un plan de acción desde diciembre, cuando el Ejecutivo presentó el proyecto de “modernización laboral”. “Apenas se presentó este proyecto de pretendida ‘modernización laboral’, el 18 de diciembre, realizamos una convocatoria multitudinaria en Plaza de Mayo, que fue replicada en cada una de las provincias”, afirmó.

Según explicó, aquella movilización marcó el inicio de una etapa de confrontación con el Gobierno frente a una iniciativa que, desde la mirada sindical, afecta derechos laborales centrales y redefine la relación entre capital y trabajo. El nuevo punto de inflexión se produjo con la confirmación del tratamiento parlamentario. “Dado que el próximo 11 de febrero se va a abrir la sesión de debate, en la Cámara de Senadores, vamos a movilizar a la plaza del Congreso para llevar adelante nuestra protesta”, sostuvo.

La CGT convocará a concentrar a partir del mediodía frente al Congreso, con la participación de sindicatos confederados, federaciones y organizaciones gremiales de distintos sectores. “Esa movilización será multitudinaria y contundente, con todos los trabajadores y sus organizaciones gremiales”, remarcó Sola, y subrayó que el objetivo será interpelar de forma directa a los legisladores.

En paralelo, la central definió una jornada de movilización federal, con protestas frente a las casas de gobierno provinciales. “Frente a cada una de las casas de gobierno de las provincias el mismo día se llevará a cabo una similar movilización para demostrar también en todo el país nuestro rechazo a esta propuesta de ley”, indicó el dirigente.

La convocatoria cegetista se produce en un contexto de presión creciente desde las bases y desde gremios combativos, que cuestionan la falta de definiciones más duras frente al avance legislativo del proyecto. Mientras la CGT anunció la movilización, otros sectores ya resolvieron medidas de fuerza concretas.

El frente de sindicatos estatales encabezado por ATE convocó a un paro nacional para el mismo miércoles, con movilizaciones simultáneas en todo el país, y advirtió que no esperará el avance del debate para salir a la calle. Desde ese espacio señalaron que la reforma también afecta de lleno al empleo público y habilita la profundización de esquemas precarios como el uso de monotributistas en organismos estatales.

En la misma línea, el secretario general de La Bancaria, Sergio Palazzo, pidió a los gobernadores no convertirse en “verdugos de los trabajadores” y anticipó un paro si la reforma avanza. “No hay un solo artículo de esa ley que sea favorable a los trabajadores”, afirmó, y sostuvo que la respuesta sindical debe ser previa y simultánea al tratamiento legislativo.

También desde los gremios industriales se multiplicaron las señales de ruptura con la estrategia moderada. La UOM alineó a sindicatos dentro y fuera de la CGT para definir un plan de lucha común y cuestionó la falta de movilización frente a lo que definieron como una ofensiva estructural contra los derechos laborales. En ese espacio se debatió la adhesión al paro del día del tratamiento y la necesidad de rodear el Congreso con columnas de trabajadores.

Los Aceiteros, por su parte, confirmaron que irán a la huelga si la ley avanza. “Hay que salir a la calle ahora”, sostuvo su secretario general, Daniel Yofra, quien expresó una abierta desconfianza hacia el Congreso. “No tengo esperanzas en los legisladores. Ya han demostrado que pueden votar en contra de los trabajadores fácilmente”, afirmó.

El telón de fondo del conflicto es la pérdida sostenida del poder adquisitivo. Según datos del Indec, los salarios registrados subieron 25,6% entre enero y noviembre de 2025, frente a una inflación del 27,9%, lo que implicó una nueva caída real. En sectores como el transporte, el deterioro fue mucho más profundo: los choferes de la Línea 60 acumularon una pérdida real del 61,87% en dos años y continúan sin paritaria.

En ese marco, la reforma laboral se discute mientras los ingresos pierden contra los precios y se profundiza la precarización. Uno de los puntos más cuestionados del proyecto es el llamado banco de horas, que permitiría a las empresas reorganizar unilateralmente la jornada laboral. “El banco de horas lo decide el patrón, no el trabajador”, advirtió Sola, quien calificó el esquema como inconstitucional y regresivo.

Mientras el Javier Milei apuesta a aprobar la reforma en sesiones extraordinarias sin cambios sustanciales, el movimiento obrero ingresa en una fase de coordinación forzada por la urgencia. La movilización del miércoles aparece así no solo como una protesta contra el proyecto, sino como una respuesta a la presión interna de los gremios que exigen pasar del rechazo discursivo a la acción directa.

Hasta el cierre de esta nota, la CGT mantuvo la convocatoria sin modificaciones. La central confirmó que la concentración comenzará al mediodía y que las movilizaciones provinciales se realizarán en simultáneo. El Senado abrirá el debate con la protesta en la calle y con paros ya definidos por sectores clave, en un escenario donde el conflicto dejó de ser potencial y se volvió inmediato.

JJD

Sergio Palazzo, secretario general del gremio bancario y diputado nacional de Unión por la Patria, advirtió que si el Senado avanza con la reforma laboral del Gobierno, las centrales sindicales deberán responder con una medida de fuerza antes y durante el tratamiento. En una entrevista radial, el dirigente pidió a los gobernadores no prestar sus votos para aprobar la iniciativa y sostuvo que “sería traicionar a la clase trabajadora”.

“El Presidente solo tiene 20 senadores y nosotros 28. El resto son los gobernadores o espacios provinciales, que estimo no van a ser los verdugos de los trabajadores”, afirmó en diálogo con AM 530. Palazzo cuestionó que se esté negociando “el paquete fiscal a cambio de derechos laborales” y llamó a rechazar en bloque el proyecto que el Ejecutivo buscará aprobar en febrero, durante las sesiones extraordinarias.

Según el dirigente, no hay posibilidad de reforma positiva: “No hay un solo artículo de esa ley que sea favorable a los trabajadores”, sostuvo. “Todos son perjudiciales. Ya sea por afectar directamente un derecho o por inclinar la balanza a favor de sectores empresariales”, remarcó.

El proyecto de “modernización laboral” promovido por el oficialismo incluye cambios en la Ley de Contrato de Trabajo, en el régimen de asociaciones sindicales y en la ley de negociación colectiva. También introduce figuras como el banco de horas, que permite a las empresas reorganizar unilateralmente la jornada laboral.

Palazzo consideró que la iniciativa constituye un “retroceso de más de 100 años” en materia de derechos y criticó la estrategia de fragmentar el tratamiento parlamentario: “Pareciera que la discusión se reduce a ‘me sacás esto y yo te acompaño’. Pero no se trata solo de recursos fiscales, se trata de derechos fundamentales”, afirmó.

Durante la entrevista, recordó que la reforma ya fue frenada en diciembre por falta de consenso legislativo y por la movilización de la CGT durante el tratamiento en comisión. Sin embargo, advirtió que si el Gobierno insiste en el Senado, “tendrá que haber una acción gremial más fuerte”.

“Yo soy de los que entienden que la medida de fuerza tiene que ser previa al tratamiento. Inclusive el día del debate tiene que haber interrupción de actividades y una fuerte movilización al Congreso”, anticipó. En esa línea, señaló que la CGT debería convocar a un Consejo Directivo para definir un plan de acción común. “Es responsabilidad de todos. No solo de los legisladores, también de los trabajadores, los gremios y las centrales”, agregó.

Palazzo también apuntó contra la conducción política de algunos bloques aliados al oficialismo. “Si ya tuvieran los votos, el Gobierno habría adelantado las sesiones para tratar la reforma. Pero no los tienen. Eso quiere decir que hay margen para frenarla”, planteó. Según el dirigente, las conversaciones entre legisladores radicales y Patricia Bullrich revelan que hay sectores dispuestos a votar en general, aunque pidan cambios puntuales. “Pero aun con cambios, la ley implica inevitablemente pérdida de derechos”, insistió.

Consultado sobre la posibilidad de presentar un proyecto alternativo, relativizó su alcance: “No se pueden tratar proyectos que no sean del Ejecutivo durante extraordinarias”, recordó. Aclaró que el bloque de Unión por la Patria ya presentó 283 proyectos de reforma laboral en los últimos dos años, todos a favor de los trabajadores. “El proyecto de Kelly Olmos es uno más dentro de ese conjunto. Si conseguimos dictamen de mayoría, van a estar incluidos allí”, explicó.

La Bancaria ratificó su alineamiento con un rechazo total al proyecto del Gobierno, tanto en el plano legislativo como sindical. “Estamos muy convencidos de frenar esta reforma laboral. Ojalá ni siquiera llegue a tratarse”, concluyó.

JJD

El Frente de Sindicatos Estatales y Gremios de Empresas Públicas, encabezado por ATE, anunció un paro nacional para el 11 de febrero, fecha en la que el Senado comenzará a debatir la reforma laboral impulsada por el Gobierno de Javier Milei. La decisión fue tomada tras una reunión que reunió a representantes de diversos sectores del Estado, incluidas áreas sensibles como salud, justicia, energía, vialidad y educación.

La convocatoria no será una medida aislada. Los sindicatos adelantaron que se organizarán movilizaciones simultáneas en distintas provincias para presionar a los gobernadores que respaldan el proyecto oficial. “Tenemos que hacerles sentir todo nuestro rigor a los mandatarios. Nos quieren vender por dos pesos a todos los trabajadores”, denunció el secretario general de ATE, Rodolfo Aguiar.

El sindicalista remarcó que la huelga debe ser parte de un plan de lucha más amplio, que incluya acciones previas y posteriores. “No podemos esperar al 11 para reaccionar. Tenemos que estar en la calle antes de que el proyecto comience a tratarse”, sostuvo. En ese marco, ATE y los gremios que integran el frente evalúan establecer un cronograma de protestas escalonadas en las provincias que expresen apoyo al oficialismo.

La reforma laboral, uno de los ejes centrales del paquete de leyes que el Gobierno buscará aprobar en las sesiones extraordinarias de febrero, propone modificaciones estructurales que también afectan al empleo estatal. A pesar de que el Ejecutivo sostiene que la iniciativa se orienta al sector privado, desde ATE advirtieron que numerosos organismos públicos se rigen total o parcialmente por la Ley de Contrato de Trabajo, que el proyecto busca modificar.

Entre las dependencias involucradas mencionaron a PAMI, ANSES, Vialidad Nacional, AFIP, Aduanas, la Administración General de Puertos, Nucleoeléctrica Argentina, Yacimientos Carboníferos Río Turbio (YCRT), ACUMAR, el Hospital Garrahan, Dioxitek, Intercargo y Belgrano Cargas.

Además de los cambios propuestos en indemnizaciones, jornada laboral y período de prueba, el frente sindical denunció un punto crítico que afecta directamente al Estado como empleador: la eliminación de la presunción de relación laboral en el caso de monotributistas. Según ATE, este punto busca “perpetuar el fraude tanto en el Estado nacional como en provincias y municipios” mediante el uso extendido de contrataciones precarias bajo esa figura tributaria.

“El Gobierno pretende quitarle protección a los trabajadores y multiplicar el poder de los patrones. Esto no puede terminar en nada bueno”, alertó Aguiar. También señaló que se trata de un intento de retroceder “más de 100 años” en materia de derechos laborales, al socavar garantías básicas y principios constitucionales. “No podemos ser testigos pasivos de la vulneración de la Constitución. Al Gobierno hay que ponerle límites y decir basta”, afirmó.

En la reunión donde se resolvió la medida participaron también representantes de gremios judiciales, portuarios, docentes e investigadores universitarios, jubilados, abogados laboralistas, exjueces del fuero laboral y académicos especializados. Todos coincidieron en que la reforma representa un intento de “desestructurar el sistema de empleo público” y debilitar la organización sindical.

Mientras La Libertad Avanza avanza en las negociaciones con gobernadores y bloques aliados, y Patricia Bullrich inicia contactos en el Senado para garantizar la sanción del proyecto, el anuncio del paro eleva la tensión social y gremial. La jornada del 11 de febrero aparece como un nuevo hito de conflicto entre el Gobierno y el movimiento obrero.

JJD