En febrero de 2025, un juzgado de Peñarroya-Pueblonuevo falló a favor de un padre, extinguiendo -con efectos retroactivos desde 2018- la pensión alimenticia que estaba abonando a su hijo. Esta demanda civil la formuló cuando tuvo conocimiento de que su vástago llevaba años trabajando, pero ni él ni su madre se lo habían trasladado para que dejara de pasarle la pensión. Aunque el juzgado le dio la razón, denegó al padre la posibilidad de recuperar el dinero ya abonado desde esa fecha, lo que ha provocado que la Audiencia Provincial de Córdoba haya anulado el proceso por un defecto de forma.

La sentencia de primera instancia estimó parcialmente la demanda interpuesta por el progenitor al quedar acreditado que su hijo trabajaba de forma continuada desde enero de 2018. Basándose en el “principio de flexibilidad” de los procedimientos de familia, el juzgado acordó que la pensión quedaba extinguida desde el momento en que el hijo empezó a trabajar. Por su parte, el hijo aceptó que se extinguiera la pensión, pero su madre no contestó a la demanda.

No obstante, el juzgado rechazó la petición del padre de obligar a la madre y al hijo a devolver las cantidades percibidas durante estos siete años. El magistrado de instancia argumentó que dicha reclamación era “extemporánea”, ya que no se incluyó en la demanda inicial y se planteó “por sorpresa” durante la vista. Además, aludió a la jurisprudencia del Tribunal Supremo sobre el carácter consumible de los alimentos para denegar el reembolso.

Contra esta sentencia, el padre formuló un escrito alegando abuso de derecho y enriquecimiento injusto, además de cuestionar la interpretación del juzgado. Antes de entrar a valorar si el padre tiene derecho o no a recuperar su dinero, la Sección Primera de la Audiencia de Córdoba ha decretado la nulidad de las actuaciones porque la madre solo conocía la demanda original, tendente únicamente a la extinción del pago de la pensión, pero nunca fue informada de que en el juicio se iba a pedir también que devolviera miles de euros. Según la Audiencia, resolver sobre ello cuando una de las partes no tenía conocimiento ha generado una situación de indefensión que ha invalidado el proceso.

Además, la Audiencia ha calificado como “improcedente” el razonamiento utilizado en la sentencia de instancia. Así, los magistrados han argumentado que si este juzgado consideraba que la petición del padre para recuperar el dinero era “extemporánea”, no debería haber entrado a valorar si procedía o no basándose en la jurisprudencia del Tribunal Supremo. Según la Sala, “si la pretensión es inadmisible, resulta innecesaria cualquier argumentación para su estimación o desestimación”.

Con esta decisión, la Audiencia ha obligado al juzgado de instancia a notificar legalmente la sentencia a la madre. El objetivo es garantizar que ella pueda conocer la reclamación y defenderse o recurrir si lo desea. Solo una vez cumplido este trámite, el caso regresará a la Audiencia Provincial para que los magistrados decidan definitivamente sobre la devolución de las pensiones abonadas desde 2018.

El hombre que durante la noche de este jueves, 2 de abril, fue detenido por “increpar” y aproximarse “con una actitud agresiva” y “vociferando” al presidente de la Junta de Andalucía, Juanma Moreno, mientras realizaba una visita institucional al municipio de Cabra (Córdoba) ha pasado este viernes a disposición judicial para esperar la decisión del juzgado de guardia. Según ha avanzado Abc, el juez ha decretado su puesta en libertad con cargos, investigado por un presunto delito de desobediencia a la autoridad.

En contexto, fuentes policiales confirmaron a Europa Press que los agentes de la Policía Nacional “invitaron al individuo” a abandonar el lugar. No obstante, el mismo comenzó a “empujar a los policías” e hizo “caso omiso” a sus indicaciones. Finalmente, fue detenido por un presunto delito de resistencia a la autoridad.

Así, este varón habría “reprendido” a los profesionales mientras los mismos intentaban “velar por la seguridad” de los allí presentes, dado el estado “alterado” de este individuo.

Moreno se encontraba en el referido municipio cordobés durante una visita al Ayuntamiento, en la que mantuvo una reunión con su alcalde, Fernando Priego. Además, visitó la hermandad de la Piedad y asistió a la salida de la hermandad de Nuestro Padre Jesús Preso.

La Sección Tercera de la Audiencia Provincial de Córdoba ha ratificado íntegramente la sentencia que condena a un hombre una pena global de dos años y cuatro meses de prisión por un delito de maltrato habitual y otro continuado de amenazas hacia quien fuera su pareja. El tribunal ha desestimado así el recurso de apelación del acusado, avalando la contundencia del relato de la víctima y la gravedad de un comportamiento encaminado a anular su libertad.

Según recogen los hechos probados de la sentencia, la relación entre el condenado y la víctima comenzó en marzo de 2019 y se prolongó hasta marzo de 2021. Durante ese tiempo, el agresor instauró un clima de “hostigamiento, humillación, menosprecio y desvalorización” hacia su pareja. Las vejaciones verbales eran constantes, dirigiéndose a ella con insultos como “loca” e “inútil”, asegurándole que “no valía para nada”. El control que ejercía sobre la vida de la mujer era, según el tribunal, absoluto. El fallo detalla que el hombre le impedía relacionarse con sus amistades y, una vez que tuvieron un hijo en común, le prohibió trabajar.

La convivencia, según el tribunal, ha estado marcada por episodios de gran agresividad. En una ocasión, el condenado le lanzó una pinza a la cara de forma violenta tras quitársela de las manos y arrojó una pizza al patio con desprecio. Sin embargo, el nivel de intimidación alcanzó su punto más crítico cuando el acusado, en diversas discusiones en el domicilio común, sacaba una pistola que guardaba en una caja fuerte y se la exhibía a la mujer, con el único propósito de crear en ella un estado de “angustia y temor”. Además, las amenazas verbales también eran recurrentes. El hombre llegó a decirle expresiones como: “Te voy a matar, que eso me cuesta a mí lo que valga un cartucho” o “yo lo tengo ya todo vivido y me da igual, denúnciame que te estoy esperando”.

La violencia continuó tras la ruptura

Una vez que la víctima puso fin a la relación en marzo de 2021, la violencia siguió. Según la sentencia, cuando la víctima contactó con un abogado para gestionar la custodia de su hijo, el condenado se presentó en la puerta de su vivienda y la amenazó directamente con “Te voy a hacer lo de Hernán”. Un año y medio después de esa amenaza, el condenado abordó a la víctima en un centro de terapia infantil diciéndole “me quieres nada más que por el dinero”. Momentos después, en la puerta de la escuela infantil del menor, se inició una nueva discusión por el pago de la pensión de alimentos. En ese lugar, el agresor volvió a retarla al grito de “denúnciame, que te estoy esperando” mientras le apuntaba con la mano simulando tener una pistola. Como consecuencia de este maltrato sostenido durante dos años, la víctima ha desarrollado un trastorno adaptativo que requiere de tratamiento psiquiátrico.

En su resolución, la Audiencia Provincial ha rechazado los argumentos de la defensa, que pedía la absolución alegando falta de pruebas. Los magistrados han subrayado que el testimonio de la mujer ha sido “contundente, coherente y mantenido en el tiempo”, contando además con la corroboración de los informes de la Unidad de Valoración Integral de Violencia de Género (UVIG).

Además de las penas de prisión, el tribunal ha confirmado la privación del derecho a la tenencia de armas durante cinco años, mismo periodo para el cual le ha impuesto la prohibición de comunicación y de alejamiento respecto de la víctima.

La plaza número 6 de la Sección de Instrucción del Tribunal de Instancia de Córdoba ha condenado al conductor de un camión grúa por un delito de homicidio imprudente en concurso con un delito de lesiones imprudentes al realizar un giro prohibido que provocó la muerte de una mujer. Aunque el juzgado no ha apreciado responsabilidad penal en el motorista que conducía el vehículo en el que iba la víctima, sí ha considerado que le faltó pericia durante el siniestro, por lo que ha reducido la responsabilidad civil del condenado al 85%.

Los hechos ocurrieron en torno a las 14:45 del 2 de marzo de 2023, cuando el condenado circulaba con una grúa por la avenida Carlos III. Al llegar a la altura de la calle Cinco Caballeros, y tras reanudarse la marcha en un semáforo, el gruista efectuó una maniobra de giro a la derecha para abandonar la avenida. Dicha maniobra estaba expresamente prohibida por una señal horizontal, que obligaba a seguir recto. Al girar, el camión invadió el espacio por el que circulaba la motocicleta en la que viajaba como ocupante la esposa del conductor. Pese a que el motorista intentó una maniobra evasiva, colisionó con el lateral del camión. La víctima salió despedida y fue atropellada por la rueda delantera derecha del vehículo pesado, falleciendo en el acto.

Por estos hechos, el juzgado ha impuesto al gruista -camionero de profesión- una pena de un año de multa (con una cuota diaria de seis euros, sumando 2.160 euros) y la privación del derecho a conducir vehículos a motor por un periodo de un año.

Por otro lado, el tribunal ha decretado la libre absolución del motorista. Aunque el atestado policial sugería una responsabilidad compartida porque el motorista circulaba por una zona que ya se había convertido en arcén, el magistrado ha aplicado la teoría de la imputación objetiva. En ese sentido, el juzgado defiende que el riesgo principal y determinante fue creado por el gruista al ignorar la señalización obligatoria y no comprobar su derecha antes de girar, interrumpiendo un tránsito que no debía ser obstaculizado.

Sin embargo, en el ámbito civil, el juez sí ha apreciado una “impericia” del 15% por parte del motorista “al no haber sabido controlar la motocicleta que pilotaba ante el sorpresivo obstáculo que se le interpuso, quedando acorralado -precisamente por ocupar zona de estrechamiento no habilitada para circular- entre el camión que se le interpuso y el bordillo de la derecha, al que llegó a golpear o rozar en su intento por evadir la colisión”. De este modo, el juzgado ha estipulado que la responsabilidad del condenado debe situarse en el 85% de la cuantía total de los daños.En relación con las indemnizaciones para la familia -representada por la abogada María del Mar Jiménez Sánchez-, estas ascienden a cerca de 350.000 euros.

El condenado y la aseguradora Helvetia, S.A. deberán indemnizar de forma conjunta y solidaria a los familiares con las siguientes cantidades (ya ajustadas al porcentaje de responsabilidad). La resolución aún no es firme y puede ser recurrida ante la Audiencia Provincial de Córdoba en un plazo de cinco días.

El Ayuntamiento de Córdoba se personará en un proceso judicial abierto en el Juzgado de lo Contencioso Administrativo número 3 de la ciudad. Todo porque un vecino ha interpuesto una demanda contra la administración municipal por los daños sufridos en su propiedad, supuestamente causados por el crecimiento de las raíces de un naranjo de la vía pública.

Según consta en el expediente de la Asesoría Jurídica, el origen del conflicto se remonta al 20 de octubre de 2025, fecha en la que el afectado presentó una reclamación patrimonial inicial contra el consistorio. En aquel momento, el vecino denunció que las raíces del árbol habían provocado la rotura de la acometida de agua de su vivienda, lo que derivó en una inundación de la planta baja del inmueble.

La vía judicial se ha activado tras la desestimación presunta por silencio administrativo de su reclamación original. Al no obtener respuesta por parte del Consistorio en los plazos legales, el demandante ha decidido elevar el caso a los tribunales mediante un procedimiento contencioso abreviado.

Por su parte, la Asesoría Jurídica municipal ya ha comunicado a la Junta de Gobierno Local su intención de personarse en el procedimiento para defender los intereses del Ayuntamiento, en cumplimiento de la obligación legal de las entidades locales de defender sus bienes y derechos.

El caso seguirá ahora su curso en el Tribunal de Instancia de la Plaza número 3, donde se determinará si existe responsabilidad municipal en los daños causados por el arbolado público.

Condenan al Ayuntamiento a indemnizar a un motorista por un socavón sin señalizar

Además, la Junta de Gobierno Local ha recibido comunicación este lunes de una sentencia firme del Juzgado de lo Contencioso Administrativo del Tribunal de Instancia de Córdoba que obliga al Ayuntamiento a indemnizar a un ciudadano tras sufrir un accidente de moto provocado por las deficiencias del firme.

El incidente ocurrió en la calle Sanchuelo, donde el demandante sufrió una caída al transitar sobre un socavón en la calzada que se encontraba sin señalizar. Ante la falta de respuesta del Consistorio a su reclamación inicial, presentada el 9 de abril de 2025 —lo que legalmente se conoce como desestimación por silencio administrativo—, el afectado decidió llevar el caso a los tribunales.

Aunque la pretensión indemnizatoria original del motorista ascendía a 630,43 euros, el tribunal ha dictado una estimación parcial del recurso. En su fallo, el juez ha reconocido el derecho del accidentado a ser indemnizado por la administración local con una cuantía de 158 euros, más los intereses legales correspondientes desde la fecha de la sentencia hasta su pago total.

La resolució tiene carácter de sentencia firme, lo que significa que no admite recurso ordinario alguno. Por este motivo, la Asesoría Jurídica municipal ha recomendado a la Junta de Gobierno Local que adopte el acuerdo de acatar el fallo y proceda al pago de la compensación reconocida al motorista.

La Sección Segunda de la Audiencia Provincial de Córdoba ha confirmado la condena a un hombre por abusar sexualmente de una mujer al tocarle sus partes íntimas mientras paseaba por su novio por La Corredera. El tribunal ha ratificado la multa de 3.600 euros tras desestimar los argumentos de la defensa que cuestionaban la presunción de inocencia y el estado mental del acusado.

El incidente tuvo lugar sobre las 23:50 del 6 de agosto de 2022. Según los hechos probados, la víctima paseaba por La Corredera cuando el condenado la abordó por detrás. Con ánimo libidinoso, el hombre le levantó la falda y le tocó tanto los glúteos como la zona vaginal, llegando a realizar los tocamientos por debajo de la ropa interior.

Ante la agresión, la mujer reaccionó propinándole un empujón para apartarlo, lo que derivó en un forcejeo. El acusado intentó huir del lugar, pero fue perseguido por la propia víctima hasta que su marido logró interceptarlo y retenerlo hasta que llegó la Policía Nacional, que lo detuvo. Por estos hechos, el Juzgado de lo Penal número 1 lo condenó a 20 meses de multa con una cuota diaria de seis euros. La magistrada de instancia optó por esta pena pecuniaria en lugar de la prisión atendiendo a la “entidad de los hechos” y a las circunstancias personales del acusado, quien carecía de antecedentes penales.

Aunque la condena por abusos se mantiene “por la gravedad de la conducta”, la Audiencia ha estimado parcialmente el recurso de la defensa y ha dejado sin efecto la pena de tres años de inhabilitación especial para trabajar con menores que se había impuesto inicialmente. Los magistrados explican que, según el actual Código Penal, esta inhabilitación solo puede imponerse cuando la pena principal es de privación de libertad y no cuando se impone únicamente una multa.

Por último, la Sala también ha rechazado aplicar eximentes por trastorno psíquico. Aunque el acusado presentó un diagnóstico de trastorno psicótico de un año después de los hechos, el reconocimiento médico realizado justo tras su detención determinó que no presentaba alteraciones y que actuó “sin pérdida de noción de la realidad”.

La Sección Tercera de la Audiencia Provincial de Córdoba ha vuelto a anular una sentencia del Juzgado de lo Penal número 6 y ha instado a repetir el juicio contra un hombre por quebrantar una orden de alejamiento que, pese a ello, fue absuelto. La Sala ha estimado el recurso del Ministerio Fiscal tras detectar graves deficiencias en la resolución original, calificándola de “arbitraria” y carente de una motivación lógica.

Los hechos que han provocado la anulación de la sentencia ocurrieron la tarde del 23 de abril de 2025, alrededor de las 18:00. Según el relato de hechos que la propia sentencia de instancia dio por probado, el acusado caminaba por una calle de Córdoba junto a su expareja y la hija menor de ambos. En ese momento, agentes de la Policía Nacional que patrullaban la zona lo reconocieron porque días antes se les había dado a la fuga en un patinete. Al detenerlo, comprobaron que sobre él pesaba una orden de alejamiento y prohibición de comunicación dictada por el Juzgado de Instrucción número 3 de Lucena en marzo de 2023, la cual le impedía acercarse a la mujer a menos de 150 metros.

A pesar de que el Juzgado de lo Penal número 6 de Córdoba declaró probado que el hombre estaba junto a la mujer, la jueza lo absolvió alegando que el testimonio de la víctima no le generaba una convicción “sin ningún género de dudas”, además de que no cumplía “los requisitos que exige el Tribunal Supremo”, y que la prueba documental era insuficiente.

Sin embargo, la Audiencia Provincial ha sido especialmente dura con este razonamiento. Los magistrados de la Sección Tercera han señalado una “incongruencia omisiva” insalvable: que la jueza reconozca que el hombre estaba allí, pero luego lo absuelva sin explicar por qué ese hecho no constituía un delito. Según el tribunal, en la sentencia anulada, la magistrada “se limitó a utilizar frases genéricas que encajan en cualquier supuesto” y “meros formulismos”, sin explicar cuáles son esos requisitos del Supremo que no cumple la testifical de la víctima y sin analizar realmente lo que ocurrió en la vista oral.

Lo más grave, según el tribunal, es que la magistrada “omitió por completo la valoración de pruebas fundamentales”, como fueron las declaraciones de los policías, y el fallo no ha sido razonado. En consecuencia, la Audiencia ha declarado la nulidad total de las actuaciones y ha devuelto el caso a Instrucción para que se juzgue en otro juzgado.

El consejero de Justicia, Administración Local y Función Pública, José Antonio Nieto, ha señalado que la jueza que investiga el accidente ferroviario en Adamuz (Córdoba), en el que murieron 46 personas, aún no ha resuelto sobre la solicitud de personación de la Junta de Andalucía en dicho procedimiento, aunque ha confiado en que “será que sí”.

Así lo ha dicho Nieto este sábado en el acto institucional de reconocimiento a quienes ayudaron a las víctimas del accidente ferroviario, donde ha sido cuestionado por los periodistas respecto de esa personación y donde ha recordado que la han solicitado para “garantizar que toda la instrucción y luego el juicio llegue a buen término”.

Según ha indicado, hay algunas solicitudes que se han denegado y otras que ya se han permitido, pero sobre la de la Junta no han recibido notificación alguna “ni en un sentido ni en el otro”. Así, ha apostado por “dejar que se vean todos los escritos que se han presentado por las distintas partes”. “Entendemos que será positiva, pero todavía no se ha producido”, ha incidido

El consejero se ha referido a la figura del comisionado creada “para que esté al lado de las víctimas” y que ya está trabajando con “el objetivo fundamental de estar en contacto con las personas que han sufrido de una u otra forma el accidente”. Al respecto, ha indicado que “prácticamente todas las que iban en el tren y sufrieron algún tipo de lesión han recibido su llamada o han recibido su visita”, lo que ha considerado “positivo”.

Preguntado sobre la creación de una comisión en el Parlamento andaluz, ha señalado que al haberse disuelto por la convocatoria de elecciones andaluzas, “será una de las primeras funciones del nuevo Parlamento la constitución de esa comisión que el presidente ya ha dicho que quiere que sea del diálogo y del acuerdo entre todos los grupos políticos donde se definan qué medidas y qué contenidos son los que tienen que desarrollar”.

“Lo que nosotros queremos es que las víctimas del accidente sientan que su administración, la Junta de Andalucía, está cerca de ellos y les va a ayudar en aquello que necesiten. Ese es nuestro objetivo y ese es nuestro reto y en esa línea es en la que queremos que se desarrolle”, ha dicho el consejero.

Según ha apuntado, también trabajarán, aunque será algo que se prolongará “durante bastante tiempo”, en “garantizar que el proceso judicial se cierra de una forma correcta, que las personas que han sufrido el accidente se vean compensadas en la manera que la justicia determine y que si ha habido alguna responsabilidad, también quede verificada y definida en esa causa judicial”.

Cuestionado por el refuerzo del juzgado que lleva la investigación, ha destacado la labor de la jueza y ha aseverado que se está haciendo un esfuerzo “notable”, al tiempo que ha apuntado que no se les ha pedido más refuerzos, pero que “si se solicitaran, evidentemente, los atenderemos y trataremos de que no haya ninguna carencia que lastre o dificulte la instrucción de ese procedimiento”.

Nieto ha esperado que las personas que permanecen hospitalizadas se recuperen y ha señalado que “hay otras heridas que no se ven, que son heridas que están en el alma, que están en la mente y que afectan a muchas personas que iban en ese tren, a muchos familiares de los que iban en el tren y ya no están con nosotros y a ellos no los podemos olvidar”.

Así, ha considerado que “es la hora de intentar cerrar ese luto, cerrar esa presión, hacer que también llegue la primavera a esas personas que lo han pasado mal aquí y que en el recuerdo nos quede la parte positiva de Adamuz”, en referencia a que se convirtió en un lugar “donde también estalló una empatía y una colaboración por parte de la ciudadanía que va a quedar siempre en nuestro recuerdo”.

“No nos olvidamos del trabajo que hicieron todos los cuerpos que participaron en paliar los daños de ese accidente, desde las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad, todo el dispositivo de Protección Civil, el dispositivo sanitario; bomberos, el trabajo que hicieron también los forenses, que en ese momento fue clave; y los vecinos de Adamuz para intentar con su presencia, con su ayuda, con sus mantas, tratar de paliar ese frío que a todo se nos metió en los huesos”, ha dicho.

La Plaza 1 de la Sección de lo Mercantil del Tribunal de Instancia de Córdoba ha concedido el Beneficio de Exoneración del Pasivo Insatisfecho (EPI) a una vecina de la capital cordobesa, logrando así extinguir las deudas que la mujer arrastraba desde hace dos décadas, que ascendían a 29.414,75 euros.

Según ha informado la Asociación del Ayuda al Endeudamiento, la situación de insolvencia se originó en 2005 con la adquisición de una vivienda. El incremento del Euríbor en 2007 elevó las cuotas hipotecarias por encima de los 1.000 euros mensuales, cifra que superaba los ingresos de la unidad familiar, situados en 600 euros. A pesar de las dificultades, la afectada intentó mantener los pagos. La entidad bancaria le concedió algunas carencias temporales y posteriormente accedió a una reunificación de deudas, aunque esta medida solo sirvió para aumentar la carga económica. Con el paso del tiempo, la situación empeoró y la solicitante se vio obligada a priorizar el pago de la hipoteca, dejando de atender otros compromisos. Además, el préstamo hipotecario contaba con el aval de su abuela, quien firmó como garante aportando una doble garantía sobre la vivienda. 

Finalmente, en 2019, la situación se volvió insostenible y la mujer logró negociar con la entidad bancaria una dación en pago, entregando la vivienda para cancelar parte de la deuda. A pesar de ello, quedó pendiente un préstamo residual con la entidad. La afectada continuó viviendo de alquiler junto a sus dos hijas y su abuela, que entonces tenía 90 años. Poco tiempo después, la abuela falleció y la entidad bancaria se quedó con la vivienda. Además, tras una revisión de la renta del alquiler, el precio subió de forma significativa, obligando a la familia a trasladarse a otra vivienda. 

Tras la entrega del inmueble, la mujer todavía mantenía deudas con varias entidades financieras y con administraciones públicas. Posteriormente, el cierre de un pequeño negocio durante la crisis del COVID-19 consolidó el estado de insolvencia.

El juzgado ha identificado a la mujer como una “deudora de buena fe” por lo que, tras analizar su caso, la ha exonerado de todas las deudas contraídas con entidades bancarias y otros proveedores de servicios. Además, siguiendo el criterio de la Audiencia Provincial de Córdoba, la exoneración de deudas con la Agencia Tributaria (AEAT) y la Seguridad Social la ha limitado a un máximo de 10.000 euros por organismo. En relación con los tributos locales, el fallo ha determinado que las deudas con administraciones locales (como el IBI o tasas municipales) no son susceptibles de exoneración según la jurisprudencia actual.

Con relación a este último apartado de la sentencia, desde la asociación han señalado que la misma se formuló “días antes” de que el Tribunal Supremo fijara criterio sobre la exoneración de las deudas con administraciones locales, aclarando que estas pueden también pueden ser exoneradas dentro de los límites legales. La entidad ha pedido aclaración para que se aplique este criterio en el caso de esta cordobesa.

La Sección Tercera de la Audiencia Provincial de Córdoba ha dictado una sentencia en la que ha condenado a un hombre, por dos delitos de maltrato, pero lo ha absuelto de los cargos más graves que pesaban sobre él, incluyendo agresión sexual, maltrato habitual y amenazas.

Según la sentencia, a la que ha accedido este periódico, el tribunal considera acreditado que, en una fecha no determinada de verano, cuando el hijo menor del procesado tenía casi siete años, se produjo un incidente en el salón del domicilio familiar. El niño no lograba alcanzar una zapatilla que se había colado bajo el sofá y, ante la insistencia de su padre para que la cogiera, este terminó propinándole una “colleja” en la nuca con la palma de la mano. Aunque no constan lesiones, el tribunal ha subrayado que este acto no puede ampararse en el “derecho de corrección” de los padres, ya que fue una descarga de frustración desproporcionada ante un “hecho nimio”.

El episodio más violento ocurrió el 19 de marzo de 2022 durante el almuerzo. Tras un altercado previo con su hija, el acusado comenzó a propinar fuertes bofetadas a su esposa, que sufre una grave discapacidad visual y a quien zarandeó y tiró con fuerza al suelo. La agresión fue tan violenta que la mujer perdió el sentido momentáneamente y sufrió diversas lesiones faciales e inflamación que tardaron cinco días en sanar. Todo esto ocurrió delante de los dos hijos menores de su pareja.

Pese a las condenas por estos hechos, el tribunal ha absuelto al acusado de los delitos más graves debido a la falta de pruebas. En primer lugar, la mujer lo denunció haber sido forzada a mantener relaciones anales en 2019. Sin embargo, los magistrados han señalado que la denuncia fue “tardía” e “inconsistente”. Además, los informes forenses determinaron que no había pruebas objetivas de violencia sexual y que las lesiones físicas mencionadas por la mujer estaban relacionadas con una patología previa y no con la supuesta agresión.

En segundo lugar, la acusación particular sostenía que la mujer vivía en un clima de aislamiento social y vejaciones constantes, pero el tribunal también ha rechazado esta acusación sobre la base de lo manifestado por los testigos durante el juicio. Estos declararon que el acusado estaba “siempre pendiente” de su mujer, incluso retransmitiéndole los partidos de fútbol debido su discapacidad. Otra acusación que formuló la mujer tiene que ver con que el procesado habría esgrimido un cuchillo contra ella el día de la agresión de 2022. Sin embargo, el tribunal ha considerado que existían testimonios contradictorios entre los hijos y debido a que la mujer, por su estado de inconsciencia y su ceguera legal, no pudo percibir la supuesta amenaza. En último lugar, el procesado ha sido absuelto de un presunto maltrato ocurrido en 2020 relacionado. Según la mujer, su pareja la arrastró a la cocina y le dio bofetadas en la cara. Sobre este episodio, los hijos relataron varias discordancias que han llevado al tribunal a absolver al procesado.

En consecuencia, por la agresión a su esposa, ha sido condenado a un año de prisión y a la privación de la patria potestad durante tres años. También se le ha impuesto la prohibición de comunicarse o aproximarse a ella a menos de 500 metros durante cinco años. Por la colleja a su hijo, la Audiencia le ha impuesto 60 días de trabajos en beneficio de la comunidad y la inhabilitación de la patria potestad por dos años. Asimismo, no podrá aproximarse al menor durante un año y nueve meses.

Respecto a la responsabilidad civil, el tribunal no ha impuesto indemnizaciones económicas porque la mujer renunció expresamente a ellas y, en el caso del hijo, los magistrados consideran que no existió un daño moral indemnizable dada la “liviana entidad” del golpe recibido.

La Sección Tercera de la Audiencia Provincial de Córdoba ha dictado una sentencia de conformidad por la que ha condenado a un hombre a una pena de 18 años y dos meses de prisión por maltratar a su pareja, amenazarla e intentar asesinarla con un destornillador en Pozoblanco. Además, ha sido condenado por agredir a su hija durante este último episodio, que se produjo en agosto de 2023 en la piscina del camping de la localidad. La Fiscalía pedía 29 años de prisión.

Según la sentencia, los hechos sufridos por la víctima revelan un historial de violencia sistémica y control que el tribunal ha calificado como un “clima de terror continuado”. La pareja inició su relación en 2010, fruto de la cual nació su hija que hoy es menor de edad. Desde el inicio, el condenado mantuvo una actitud violenta y de control absoluto sobre su pareja.

De forma cotidiana, el agresor le propinaba puñetazos, bofetadas, tirones de pelo y patadas, seleccionando preferentemente zonas del cuerpo no visibles con la ropa para ocultar las agresiones. El control se extendía a su entorno social, con insultos constantes y escenas de celos. Estos episodios ocurrían habitualmente en el domicilio común y eran presenciados en su mayoría por la hija. Con el tiempo, el nivel de agresividad aumentó, coincidiendo con el inicio del consumo de estupefacientes por parte del condenado. Para mantener a la víctima en un estado de miedo permanente, el hombre llegó a colocar cuchillos en la habitación.

De manera detallada, el tribunal ha considerado probado que, en septiembre de 2022 durante la feria de Pozoblanco, el acusado propinó puñetazos en el brazo porque a su novia porque hablaba mientras él quería silencio. En junio 2023, tras propinarle fuertes puñetazos, el procesado fue a la cocina, cogió un cuchillo y le cortó el brazo izquierdo, requiriendo puntos de sutura. En otro incidente, esta vez, en verano de 2023, llegó a pinchar a su pareja dos o tres veces con un arma blanca.

En agosto de ese mismo año, y días antes del ataque en la piscina, la pareja discutió en el coche. En un momento dado, el condenado la obligó a bajarse del vehículo en un camino, la hizo arrodillarse y le puso un destornillador en el cuello mientras la amenazaba de muerte.

El intento de asesinato en el camping

El 9 de agosto de 2023, sobre las 13:00, la familia llegó a la piscina del camping municipal de Pozoblanco. El acusado, que presentaba un estado muy alterado, sacó del maletero un destornillador de 21 centímetros de colores rojo y amarillo.

Aprovechando que su novia caminaba delante de él y cargaba con bolsas, lo que le impedía defenderse, el condenado se aproximó por la espalda con el fin de acabar con su vida. Le asestó un total de 24 puñaladas en diversas zonas del cuerpo. El ataque solo cesó cuando los presentes en el camping intervinieron para auxiliar a la mujer.

En medio de la agresión, la menor intentó interponerse para proteger a su madre. Su padre, lejos de detenerse, le propinó un fuerte golpe en la cara, causándole una herida cerca del ojo derecho que requirió asistencia médica.

A consecuencia de las 24 puñaladas, la víctima sufrió un neumotórax bilateral y laceraciones pulmonares, pasando por intervenciones quirúrgicas de alto riesgo. Necesitó 375 días para estabilizar sus lesiones y le han quedado secuelas físicas y estéticas importantes.

Para la reducción de la pena, el tribunal ha aplicado la atenuante de toxifrenia al considerar que el consumo de drogas del acusado afectaba parcialmente sus facultades. De este modo, las condenas han sido las siguientes: un año y nueve meses de prisión por malos tratos habituales en el ámbito familiar, dos años de prisión por un delito de lesiones con instrumento peligroso, un año y tres meses de prisión por un delito de amenazas no condicionales, 11 años de cárcel por un delito de asesinato en grado de tentativa y nueve meses de prisión por cada uno de los tres delitos de malos tratos en el ámbito familiar.

Además, la sentencia le ha impuesto la prohibición de comunicación y aproximación a la mujer durante 37 años y 15 respecto de su hija. Asimismo, ha sido inhabilitado para el ejercicio de la patria potestad respecto de la niña durante tres años y deberá cumplir una medida de libertad vigilada de ocho años una vez finalizada su estancia en prisión.

Finalmente, en concepto de responsabilidad civil, deberá indemnizar a su pareja con un total de 134.350 euros, mientras que deberá abonar 1.100 euros a su hija.

La jueza del Tribunal de Instancia de Montoro, plaza número 2, Cristina Pastor Recover, ha requerido a la empresa pública Adif, a través de una providencia, que en un plazo de cinco días “aclare y complemente los hechos y motivos técnicos por los que se procedió a la sustitución del carril de 36 metros de longitud en el punto kilométrico 317,264 de la vía 2”.

La magistrada, que instruye el caso del accidente ferroviario en Adamuz, reclama que se identifique a la empresa suministradora del carril defectuoso y al responsable de la empresa suministradora que informó del defecto, así como la persona que aconsejó a Adif la sustitución preventiva. En la misma providencia reclama los nombres de los trabajadores y técnicos con los que la empresa suministradora y su director técnico “trataron la incidencia y trabajador y/o responsable de Adif que autorizó el cambio de carril”.

Junto a ello, la jueza oficia a la Guardia Civil de Córdoba “para que proceda a la práctica de diligencias de investigación para el esclarecimiento de la sustitución de carril de 36 metros de longitud en el punto kilométrico 317,264 de la vía 2 y si el supuesto defecto pudo hacerse extensivo a otros cupones de la vía 1 y vía 2 incluidos en los puntos kilométricos que van desde el 321,098 al 315,974”.

También da un plazo de cinco días a Adif “para que certifique ante este órgano judicial que el nuevo carril instalado cuenta con certificado de calidad y demás constancia documental necesaria para asegurar su trazabilidad”, además de que “aclare y complemente las causas técnicas que motivaron la sustitución de 42 metros de carril de la vía 2 entre los puntos kilométricos 317,300 y 317,342”.

La Audiencia Nacional ha confirmado que una empresa de jamones de Fuente Obejuna deberá reintegrar la totalidad de una subvención de 71.480,30 euros recibida para la modernización de sus instalaciones, una ayuda que provenía de los fondos destinados a reactivar las zonas mineras. Uno de los requisitos de estas subvenciones es la generación de empleo en la zona, condición que la entidad no habría cumplido.

Los hechos se remontan a noviembre de 2012, cuando el Gobierno concedió a la cárnica cordobesa una ayuda máxima de 75.000 euros, diseñada específicamente para generar empleo alternativo en las comarcas que sufrían el cierre de las minas de carbón.

A cambio de esta subvención, la empresa se comprometió a un ambicioso proyecto de modernización de sus instalaciones con una inversión de 318.926,89 euros. Una condición sine qua non Para recibir esta ayuda era que la empresa debía mantener sus 15 empleos existentes y crear uno nuevo a tiempo completo en Fuente Obejuna. En 2013, la Agencia de Innovación y Desarrollo de Andalucía (IDEA) certificó que la inversión se había realizado y se pagaron los 71.480 euros finales. Sin embargo, el compromiso no terminaba ahí: la empresa debía mantener esa plantilla de 16 personas al menos hasta el 31 de diciembre de 2015.

La sorpresa llegó en febrero de 2017. Tras revisar los informes de vida laboral y la plantilla media de la Seguridad Social, la Administración descubrió que durante el periodo de mantenimiento, la empresa solo disponía de 12 trabajadores, frente a los 16 comprometidos.

Ante esta situación, el Instituto para la Transición Justa (ITJ) inició un procedimiento de reintegro total. La empresa recurrió, alegando que los 14 o 15 trabajadores que declararon al principio incluían también a los empleados de una “tienda que poseen en Málaga”. Según su versión, si se sumaban los centros de Córdoba y Málaga, el empleo sí se había mantenido. Pero la Audiencia Nacional ha rechazado esta “alambicada interpretación”.

En ese sentido, el fallo subraya que los fondos mineros tienen como objetivo fundamental “promover la localización de proyectos de inversión empresarial en las zonas de la minería del carbón” para generar “actividades económicas alternativas”. Por ello, “los nuevos puestos de trabajo han de crearse en dichas zonas, entre las que no se encuentra Málaga”.

Además, la sentencia analiza que el día antes de pedir la ayuda, la empresa tenía 21 empleados en total: 14 en Córdoba y siete en Málaga, por lo que los trabajadores que había en Fuente Obejuna “constituían el parámetro sobre el que incrementar y mantener el empleo en un trabajador, condición que no fue cumplida”.

Por último, la Audiencia Nacional también ha rechazado que la empresa devolviera un 20% de la ayuda, tal y como pedía subsidiariamente. En su defensa, la entidad apelaba al “principio de proporcionalidad”, ya que la inversión en maquinaria sí se había realizado. Sin embargo, el tribunal ha insistido en que la creación y mantenimiento del empleo en el municipio es un “requisito mínimo” e indispensable. Al no haber mantenido siquiera el personal inicial en la zona del Guadiato, se considera un “incumplimiento total”, lo que obliga a la empresa a devolver la ayuda íntegramente.

Fernando Ostos Sobrón (Córdoba, 1963) inicia una nueva etapa al frente de la Fiscalía Provincial de Córdoba con la experiencia que otorgan sus años de gestión y la energía de quien, asegura, tiene proyectos por culminar. Tras renovar su cargo como fiscal jefe de Córdoba, puesto al que llegó en 2021, atiende individualmente casi una decena de medios de comunicación en una jornada maratoniana.

Con un plan “minucioso y ambicioso” bajo el brazo, según la Fiscalía General del Estado, en la siguiente entrevista, Sobrón radiografía la provincia de Córdoba en la que la justicia se mueve entre la delincuencia tradicional y los nuevos desafíos digitales. Además, advierte que el fenómeno del parcelismo, lejos de frenarse, sigue ganando terreno en el mapa cordobés. Y aborda, aunque sucintamente, la tragedia de Adamuz en una defensa por que las víctimas no se enteren del avance de la causa por los medios de comunicación y sí por las instancias judiciales. Insiste en que la justicia no puede perder de vista a la víctima.

PREGUNTA (P). Después de este primer mandato que inició en 2021, ¿de qué logro se siente más satisfecho?

RESPUESTA (R). Más que de logros, prefiero hablar de objetivos. La Fiscalía es un grupo de trabajo donde el trabajo de uno vincula al del otro. Mi función como fiscal jefe es coordinar y dirigir a los 37 fiscales que forman la plantilla. He pretendido que haya una buena relación y armonía entre los compañeros para que el trabajo redunde en beneficio de la sociedad. Hemos dedicado tiempo a todas las especialidades, pero hemos potenciado especialmente áreas como Violencia y Delitos Económicos. De hecho, se va a proponer dividir la sección de delitos económicos para separar lo que son delitos propiamente dichos de los cometidos por funcionarios públicos en el ejercicio de su cargo. También se ha potenciado la sección de Ordenación del Territorio y Medio Ambiente**. La especialización es un criterio que la Fiscalía General impulsa desde hace años porque es fundamental en temas complejos, como el urbanismo. No todos podemos saber de todo y nos beneficiamos de los compañeros más preparados en esas materias.

P. ¿Por qué ha decidido renovar en el cargo?

R. En los primeros cinco años llegas con mucha ilusión e ímpetu, pero luego te das cuenta de lo que puedes y no puedes hacer. Ahora que ya tengo la formación y la experiencia de saber cómo funciona todo, sigo teniendo ilusión y ganas. No es por orgullo personal, ya estoy en la última parte de mi carrera profesional, pero creo que puedo hacer una buena labor aquí.

P. ¿Echa de menos ir a juicio?

R. Quizás eso sea lo que más echo de menos. Me gusta mucho ir, y trato de hacerlo en verano cuando hay bajas o si hace falta, aunque a veces me surgen gestiones de última hora como fiscal jefe que me lo impiden.

P. La Fiscalía General del Estado ha calificado su nuevo plan para Córdoba como “minucioso y ambicioso”. ¿Qué pilares destacaría?

R. Va en la línea de lo que te he comentado antes: creación de grupos, impulso de las especialidades y, muy importante, la protección de las víctimas. He intentado mejorar la coordinación en materias que están muy relacionadas, como civil, menores y violencia, porque a menudo un mismo caso tiene aspectos penales y civiles, como la custodia de unos niños en un asunto de violencia sobre la mujer.

P. Siempre se dice que a la Justicia le hacen falta medios. ¿Está contento con el número de profesionales que integran su plantilla?

R. Nuestras funciones son infinitas y la sociedad cada vez nos pide más, por lo que siempre harán falta medios proporcionales. Intento ser objetivo en mis informes; no pido fiscales por pedir, sino basándome en el incremento de trabajo, la población de Córdoba y el número de asuntos. En casos como la tragedia de Adamuz, la Fiscalía General y la Superior fueron sensibles y se facilitó un fiscal de refuerzo de forma casi inmediata.

P. ¿Cuáles son los delitos más comunes en la provincia actualmente?

R. Por volumen, los más frecuentes son los delitos patrimoniales (robos, hurtos) y los delitos contra las personas. Dentro de estos, las estafas han subido muchísimo debido a las nuevas formas de comisión. Sin embargo, los que más trabajo dan, por su complejidad, son los delitos económicos y los cometidos por funcionarios públicos. También nos preocupan especialmente los delitos contra la libertad sexual y todos aquellos que afectan a víctimas vulnerables.

P. En la última memoria conocida de la Fiscalía Provincial de Córdoba, de 2023, ya se alertaba del aumento del parcelismo. Aún no hay datos del último informe, pero, ¿cuál es la realidad ahora?

R. El fenómeno no solo no remite, sino que ha aumentado en la provincia. Nosotros vamos a seguir en la misma línea: todo el mundo debe saber que para construir se necesita una autorización y esta solo se concede si la obra está dentro de la ordenación. Aunque no toda construcción irregular se convierte automáticamente en delito, cuando estimamos que hay indicios y el tribunal condena, las sentencias llevan aparejada la demolición de lo construido. La Fiscalía la pide y los jueces la están acordando. Es algo que los ciudadanos ya saben, también, a través vuestra, la de los medios de comunicación.

P. Las defensas suelen alegar diversos motivos para evitar estas demoliciones.

R. Es el derecho y la obligación de las defensas utilizar todos los argumentos legales para evitar la condena o reducirla

P. ¿Hay zonas concretas de la provincia donde este incremento sea más preocupante?

R. No quiero señalar ningún lugar en concreto, pero conocemos perfectamente que existe un incremento año tras año increíble de construcciones fuera de ordenación. Lo que hay que transmitir es que esto nos afecta a todos. Quien construye fuera de ordenación luego pretende que se lleven servicios públicos hasta su puerta, y eso lo tienen que pagar el resto de ciudadanos con sus impuestos, incluso aquellos que viven en un piso de 50 metros cuadrados que les ha costado mucho dinero y por el que pagan sus tributos. No es un capricho de la Fiscalía; estamos defendiendo algo muy importante. Además, es especialmente grave cuando se construye en lugares protegidos, en zonas con peligro de incendio o en áreas inundables, lo cual supone un riesgo incluso para los propios habitantes. Los tribunales y el Tribunal Supremo hace tiempo que unificaron criterio en relación con la demolición.

P. Hablemos de la tragedia de Adamuz. Más allá de lo penal, ¿cómo se acompaña a las familias ante un proceso que se antoja lento?

R. Estamos comprometidos con una investigación completa y en el menor tiempo posible, aunque intervienen muchas instituciones y peritos. Lo más importante para la tranquilidad de las víctimas es que tengan información y que las decisiones que tomemos estén bien fundadas. Solo así se da tranquilidad a las familias. Estamos coordinados con la Fiscalía de Huelva, ya que muchas víctimas eran de allí, y estamos abiertos a recibir a asociaciones de víctimas si es necesario.

P. ¿Qué papel cree que pueden jugar las acusaciones populares en este proceso?

R. El papel que ellas quieran jugar. Yo no puedo decirles qué hacer; está en lo que ellos estimen que pueden aportar. Espero que su personación en la causa sirva para mejorar la investigación. Todo lo que suponga una ayuda para el proceso me parece fantástico.

P. ¿Está echando en falta ayuda en estos momentos?

R. Por ahora, a los tres fiscales les está dando tiempo a conocer bien la documentación que se está recibiendo. Ya veremos más adelante si hace falta más ayuda, reforzar el equipo o tomar otras medidas; si es necesario, se hará.

P. ¿Qué puntos pueden resultar los más complicados en el procedimiento: la dificultad técnica o la magnitud del caso?

R. Es que todo va unido; la magnitud y la técnica son inseparables. Sin embargo, el gran problema que podemos tener los fiscales es que no somos expertos en muchas de las cuestiones que se investigan. Por ello, dependemos de los informes técnicos que nos den luz sobre el tema. Mi intención es tratar de que esa luz sea clara y que esos informes sean comprensibles tanto para nosotros como para todas las partes implicadas.

P. ¿Se han designado ya los tres peritos que la jueza había solicitado?

R. Todavía nos, pero el juzgado está en ello.

P. ¿Quiere jubilarse en el cargo?

R. Por razones administrativas podría jubilarme ya, y en mi pensamiento actual hay pocas probabilidades de renovar dentro de cinco años. Hay gente muy preparada que puede asumir el cargo.

P. ¿Y dar el salto a la política?

R. No. Aunque uno nunca puede decir “no” de forma absoluta, lo cierto es que jamás me han ofrecido un cargo en política y es algo que ni siquiera me he planteado. Le digo que no, e incluso si me nombraran presidente del Gobierno, le aseguro que tampoco cogería ese cargo; simplemente no está en mi pensamiento. Ahora bien, existen muchos tipos de cargos. Si me ofrecieran un cargo técnico que me permitiera mantener mi perfil profesional de independencia, podría decir “¿por qué no?”. Pero cuando hablamos de política de primera línea, como presentarse a unas elecciones generales no me veo en absoluto. Y no es por falta de respeto, al contrario, respeto muchísimo la labor de los políticos porque considero que su trabajo es muy difícil y contentar a todo el mundo es complicadísimo. Yo he dedicado toda mi vida a otro tipo de trabajo y dar ese paso sería muy complejo; tengo el máximo respeto por quienes se dedican a administrar y coordinar a los ciudadanos.

La Sección de lo Contencioso-Administrativo del Tribunal de Instancia de Córdoba plaza número 3 ha dictado una sentencia que establece un límite claro a las expectativas de los deudores que buscan acogerse a la Ley de la Segunda Oportunidad para eliminar sus deudas con las administraciones locales. El magistrado ha desestimado el recurso de un vecino de la capital, confirmando que las deudas que mantiene con el Consistorio, relativas al Impuesto de Bienes Inmuebles (IBI) y al de Vehículos, debe pagarlas íntegramente, independientemente de que se encuentre en un proceso de insolvencia.

El caso se remonta a una reclamación contra el Ayuntamiento de Córdoba por una deuda acumulada de 2.106,46 euros debido a los impagos e intereses. El hombre basaba su defensa en que un juzgado de lo Mercantil ya le había concedido previamente el beneficio que otorga la Ley de la Segunda Oportunidad tras un concurso de acreedores “sin masa”.

Sin embargo, el magistrado ha dado la razón a los servicios jurídicos del Ayuntamiento de Córdoba. Según la sentencia, la ley solo contempla dos excepciones muy específicas para el perdón de deudas públicas: aquellas cuya gestión recaudatoria competa a la Agencia Estatal de Administración Tributaria (AEAT), con un límite de hasta 10.000 euros, y deudas por créditos de la Seguridad Social, bajo las mismas condiciones y límites. El fallo judicial subraya que la ley no menciona expresamente a las entidades locales en este catálogo de excepciones, las deudas con el Ayuntamiento permanecen fuera del beneficio de exoneración.

El magistrado no le ha impuesto el pago de las costas procesales al reconocer que el alcance de la exoneración de créditos públicos genera todavía “serias dudas de derecho” en los tribunales debido a la complejidad de la normativa y la reciente jurisprudencia europea. Esta resolución es firme.

El Tribunal de Instancia (Sección Contencioso-Administrativo) plaza número 4 de Córdoba ha ratificado una sanción de 200 euros y la pérdida de seis puntos del carnet de conducir a un ciudadano que fue denunciado por llevar el teléfono móvil en la mano mientras circulaba por la avenida Al Nassir. La sentencia desestima el recurso del conductor y establece que la normativa actual prohíbe expresamente sujetar el dispositivo al volante, sin que sea necesario probar que se estaba utilizando para hablar.

Los hechos ocurrieron a las 11:00 del 21 de febrero de 2024, cuando un agente de la Policía Local detectó al demandante conduciendo un coche por esta avenida con el móvil en su mano izquierda. El infractor recurrió la multa ante la Justicia alegando que no estaba utilizando el teléfono y solicitó como prueba su registro de llamadas para demostrar que la línea no tuvo actividad en ese momento.

Sin embargo, el fallo judicial aclara que la infracción se comete por el simple hecho de “utilizar, sujetándolo con la mano” el aparato. El juez califica de “irrelevante” el registro de facturación de la operadora, argumentando que estos dispositivos permiten múltiples usos (como mensajería, aplicaciones o navegación) que no dejan rastro en el listado de llamadas y que podrían realizarse incluso sin una línea contratada.

Asimismo, la sentencia valida la presunción de veracidad del agente al no apreciarse “intereses espurios” en la denuncia y considera que su ratificación es prueba de cargo suficiente. Al ser una resolución firme, no cabe contra ella recurso ordinario alguno y el conductor no ha sido condenado a pagar las costas procesales.

La Sección Segunda de lo Penal de la Audiencia Provincial de Córdoba ha absuelto a los tres jóvenes que estaban procesados como autores de un delito de intento de asesinato y otro de lesiones. Los hechos por los que han sido juzgados, y absueltos, ocurrieron el 31 de julio de 2021 en el recinto ferial de El Arenal. Durante un botellón, se produjo una pelea que acabó con un joven herido muy grave y un vehículo destrozado a pedradas.

Los magistrados sostienen su sentencia en la falta de pruebas contra los tres procesados. Para el fallo fue clave el juicio oral, donde la defensa, llevada a cabo por la abogada María del Mar Jiménez, insistió en las contradicciones en las declaraciones de los testigos y las víctimas. La propia Fiscalía tildó de “errática” la investigación policial.

El suceso se desencadenó alrededor de las 5:00, cuando un grupo de amigos celebraba un cumpleaños. Según recogen los hechos probados, un individuo se acercó al grupo para pedir una botella de alcohol y, tras una discusión, logró llevársela. La tensión aumentó cuando esta persona regresó acompañada de entre veinte y treinta individuos y llegó a exhibir una navaja.

En medio de este clima agresivo, la situación estalló de forma violenta. Uno de los hermanos que participaba en el botellón recibió un botellazo en el rostro por parte de una persona que no pudo ser identificada. Al intentar defenderlo, su hermano salió tras el agresor, pero fue rodeado y derribado al suelo por varios individuos. Fue en ese momento cuando le asestaron dos puñaladas en el costado con un arma blanca que nunca fue hallada.

Heridas de extrema gravedad

Las lesiones sufridas por el apuñalado fueron de tal magnitud que, según los informes forenses, habrían sido mortales de no haber recibido atención médica inmediata. El joven sufrió una herida penetrante que le causó una laceración hepática, una herida en el diafragma y una pequeña laceración pulmonar. Debido a la pérdida de casi un litro de sangre y al riesgo vital, tuvo que ser ingresado en la UCI y someterse a intervenciones quirúrgicas de urgencia. Como secuela permanente, le queda una cicatriz de 32 centímetros en el abdomen.

Además de las agresiones personales, un grupo de personas comenzó a lanzar piedras contra el vehículo Seat León de las víctimas, causándole daños valorados en más de 2.600 euros.

A pesar de la gravedad de lo ocurrido, el tribunal ha considerado que no existe una prueba de cargo suficiente para condenar a los acusados J.A.M., A.C.C. y Y.C.B.. En el caso del acusado de intento de asesinato, J. A. M. la sentencia destaca la debilidad de las pruebas. Durante el proceso, se llegó a identificar hasta a tres personas distintas como autores del apuñalamiento, y en el juicio oral, los testigos volvieron a señalar a una persona de origen magrebí que no era el acusado.

Respecto a A. C. C., a quien se le imputaba el botellazo, el tribunal señala que el reconocimiento fotográfico realizado por la víctima estuvo “viciado” por informaciones previas obtenidas en redes sociales y rumores. Además, resultaba poco verosímil que el acusado pudiera agredir por la espalda a alguien con quien estaba discutiendo de frente.

Finalmente, sobre Y. C. B., la absolución es calificada de “manifiesta” ante la “orfandad probatoria absoluta”. Ni siquiera se pudo acreditar su presencia en el lugar de los hechos, y su imputación inicial se basó en un reconocimiento irregular que no fue ratificado en el juicio.

La sentencia, dictada el 17 de marzo de 2026, declara de oficio las costas procesales y deja sin efecto las medidas cautelares. No obstante, se ha reservado la posibilidad de que los afectados ejerzan acciones civiles por los daños en el vehículo en un procedimiento aparte.

El Juzgado de lo Contencioso-Administrativo número 4 de Córdoba ha desestimado la demanda de una ciudadana que reclamaba al Ayuntamiento de Córdoba una indemnización de 54.381,58 euros tras sufrir una grave caída en el Bulevar del Gran Capitán. La sentencia concluye que el desperfecto en la vía pública no tenía la entidad suficiente para generar una responsabilidad patrimonial de la administración.

Los hechos se remontan al 8 de febrero de 2023, alrededor de las 19:15, cuando la mujer caminaba por el acerado a la altura del edificio de Hacienda. Según la reclamación, la mujer pisó una “losa totalmente suelta” que se levantó al ser pisada por el viandante que la precedía, provocando que tropezara y cayera al suelo. La zona presentaba un “desnivel notable” que, según la mujer, unido a la gran afluencia de personas por las semifinales del Carnaval en el Gran Teatro, impidió que advirtiera el peligro. Como consecuencia del impacto, la mujer sufrió una fractura subcapital de fémur que requirió cirugía y le dejó secuelas.

Sin embargo, el juez sostiene que el desperfecto consistía en una losa de 40x40 centímetros con un “desnivel máximo de 4 cm”. Para el magistrado, este tipo de irregularidades en el pavimento deben considerarse como “riesgos socialmente admitidos como propios de la vida en común”, siendo los daños derivados de ellos “más una cuestión de tolerabilidad social que de objetivo resarcimiento” por parte del Ayuntamiento.

La sentencia recalca que el sistema de responsabilidad patrimonial no implica que la Administración deba convertirse en una “aseguradora universal de todos los riesgos” para prevenir cualquier eventualidad dañosa, ya que esto transformaría el modelo jurídico en un “sistema providencialista” no contemplado en la ley.

El magistrado también ha abordado el argumento de la aglomeración de gente aquel día. Lejos de ser una atenuante para el peatón, el fallo considera que el aumento de ciudadanos en la zona “conduce a extremar la diligencia al deambular” y no puede asumirse como un factor que disminuya el cuidado que debe prestar quien camina por la calle. En este sentido, la resolución recuerda que los ciudadanos deben emplear una “mínima diligencia y atención” para sortear deficiencias menores que no lleguen a ser baches o socavones de riesgo objetivo.

En consecuencia, el magistrado ha decidido desestimar íntegramente el recurso. La sentencia no es firme y contra ella cabe interponer recurso de apelación ante el Tribunal Superior de Justicia de Andalucía.

El Tribunal Superior de Justicia de Andalucía (TSJA) ha condenado al Ayuntamiento de Córdoba al Consistorio al pago de intereses de demora a la empresa Elecnor Servicios y Proyectos S.A.U. por el retraso en el abono de los trabajos realizados en 19 colegios de la ciudad, unas obras que se complicaron debido a los errores en el plan diseñado originalmente por la propia administración local.

Según la sentencia del TSJA, el origen del conflicto se sitúa en los contratos para la adecuación de las instalaciones eléctricas al nuevo Reglamento Electrotécnico para Baja Tensión en 19 colegios cordobeses. Durante la ejecución de los trabajos, la empresa constató que la realidad de los centros no coincidía con lo que el Ayuntamiento había previsto en su plan.

Según consta en la sentencia, Elecnor tuvo que realizar unidades de obra no previstas para “subsanar deficiencias del proyecto original”. Estos trabajos adicionales fueron ordenados por el Ayuntamiento y resultaban “necesarios para la correcta finalización del servicio”. Sin estas variaciones, las mejoras eléctricas en los 19 colegios no habrían podido terminarse adecuadamente.

A pesar de que el Ayuntamiento ordenó y recibió las obras, el pago se bloqueó internamente. El motivo fue que el Consistorio no tramitó el preceptivo “modificado” del contrato, una irregularidad administrativa que la sentencia califica como “imputable exclusivamente al Ayuntamiento de Córdoba”. Este hecho provocó que la Intervención municipal pusiera reparos a las facturas, obligando a realizar un reconocimiento extrajudicial de crédito.

Aunque el Ayuntamiento terminó pagando el principal de la deuda (352.075,97 euros) en noviembre de 2024, se negó a abonar los intereses generados por ese retraso. En un primer momento, el Juzgado de lo Contencioso-Administrativo número 2 dio la razón al Consistorio al declarar la demanda “inadmisible”, pero el TSJA ha revocado ahora esa decisión por considerar que vulneraba el derecho a la tutela judicial efectiva de la empresa.

Así, el TSJA ha basado su condena en la doctrina del enriquecimiento injusto. El tribunal ha argumentado que la Administración no puede beneficiarse de unas obras que eran necesarias para el interés general y que ella misma encargó para arreglar sus propios fallos, y luego usar su mala gestión administrativa como excusa para no pagar intereses por la demora.

El fallo judicial establece que el Ayuntamiento debe abonar a Elecnor el interés legal del dinero devengado desde el momento en que se presentó la reclamación administrativa, el 14 de mayo de 2024, hasta que se hizo efectivo el pago del principal en noviembre del mismo año.

La Sección Segunda de la Audiencia Provincial de Córdoba prevé celebrar el próximo miércoles un juicio a un hombre acusado de agredir sexualmente a una menor de 16 años y enseñarle vídeos pornográficos.

Según el escrito de conclusiones provisionales, el acusado, mayor de edad y sin antecedentes penales, habría usado su teléfono móvil para mostrar vídeos de carácter pornográfico a la menor. Asimismo, el escrito fiscal detalla que, en algunas ocasiones, el acusado llegó a tocar las partes erógenas de la víctima y le mostró sus propios genitales.

Por estos hechos, el Ministerio Público califica la conducta del acusado como un delito de agresión sexual a menor de 16 años, un delito continuado de exhibicionismo y un delito continuado de provocación sexual. En total, la Fiscalía interesa penas que suman ocho años de prisión, de los que seis son por el primer delito.

Además de la pena de cárcel, la Fiscalía ha solicitado la prohibición de comunicarse o aproximarse a la menor a una distancia inferior a 300 metros durante un periodo de cinco años, cinc años de libertad vigilada y la inhabilitación especial para cualquier profesión, oficio o actividad que conlleve contacto con menores de edad por un tiempo de cinco años adicionales a la suma de las penas de prisión.