Una vez consumado el cierre tecnocrático con el ascenso del teco Carlos Cuerpo a la vicepresidencia primera, el gobierno continúa moviendo ficha en la batalla accionarial para el control de empresas del Ibex-35. De algunas de estas partió, por una parte, un mensaje en 2015 que muchos interpretamos como un cordón sanitario contra el presidente Pedro Sánchez; y, por otra, fondos que financian a los medios que han pintado una caricatura autocrática del jefe del ejecutivo. 

Indra no es una batalla menor: es una de las grandes empresas españolas de tecnología relacionada con el armamento y la seguridad. Privatizada en los años 90, el Estado volvió a su capital cuando el gobierno de Mariano Rajoy nacionalizó Bankia. Con Sánchez, la Sociedad Estatal de Participaciones Industriales (SEPI) ha ampliado su presencia a una cifra en torno al 28%.  

La noticia más reciente es la dimisión de Ángel Escribano, empresario que había ascendido a presidente de la compañía una vez marchado su directivo Marc Murtra para Telefónica. Concesionario de numerosos contratos estatales, Escribano es propietario de una empresa familiar también accionista de Indra, lo que, en vista del conflicto de intereses latente, ha terminado con su proyección al frente de este gigante. 

Su sucesor es Ángel Simón, afín en el pasado al partido socialista catalán, como también lo es Maurici Lucena, presidente de Aena, Murtra, de Telefónica, o Joan Clos, antiguo mentor de Murtra, que ocupa en la actualidad la presidencia de la patronal inmobiliaria Asval. Simón viene del holding financiero CriteriaCaixa, que gestiona participaciones relevantes en empresas como Naturgy, Telefónica o CaixaBank, donde el Estado, a través del Fondo de Reestructuración Ordenada de la Banca (FROB), estaba presente en un 18% a finales de 2025. Allí Simón chocó con el factótum de la Fundación La Caixa, Isidre Fainé.  

La llegada de Ángel Simón a Indra se produce en un momento en el que el ambiente bélico internacional y la extorsión verbal del presidente norteamericano hacen previsibles inversiones millonarias armamentísticas que colocan a Indra en el centro de la economía pública y privada. Este papel estatal comienza a recordar a los consensos socialdemócratas que juzgaban desaconsejable dejar en manos de corporaciones privadas los sectores estratégicos. 

Pero subyace, además, la continua pugna de un gobierno en minoría que no ha querido entregar la cuchara en ese otro ámbito del poder que es el de la gran corporación. Con su presencia relevante en Telefónica, el ejecutivo cuenta con resortes mediáticos que estuvieron en manos del Partido Popular durante treinta años; su influencia en Movistar y en RTVE es sobresaliente; el rechazo del principal accionista de PRISA, el armenio francés Joseph Oughourlian, al plan gubernamental de lanzar una televisión privada con su apoyo corre paralelo al refrendo de este, también presidente del fondo Amber, a las pasadas decisiones de Escribano en Indra. Con la caída de este último no solo llega, por tanto, una presidencia mejor vista por el Gobierno, sino, además, una respuesta contundente al levantisco gestor de uno de los principales grupos editoriales en España. 

La batalla continúa y, por fin, podemos verla en su dimensión más amplia: la que abarca también al mundo de la gran empresa. Será clave conocer los próximos planes de Indra y las decisiones corporativas del nuevo presidente. El Gobierno español continúa haciendo de la necesidad virtud y entendiendo, con razón, que la política en un mundo de corporaciones hegemónicas y con una visión privada del país ha de extenderse más allá de esa difusa separación entre público y privado. Una línea divisoria que, a juzgar por el flujo de puertas giratorias y relaciones clientelares, nadie se ha tomado nunca demasiado en serio. Va siendo hora de hablar de ello en una voz algo más alta.

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Andrés Villena acaba de publicar 'Las élites que dominan España. Una historia alternativa desde 1939' (Libros del KO)

Hace ya demasiado tiempo que un sinnúmero de irresponsables está utilizando indebidamente a los jueces para intereses particulares. No se trata solamente de las querellas que embarran la vida política del país y que, no pocas veces, acaban en nada, pero que hacen un daño tremendo a las personas que son imputadas, a su reputación e incluso a la opinión pública. También cabe hablar de las querellas que interponen, con cualquier pretexto, abogados temerarios simplemente para amedrentar a la parte contraria de un conflicto, con el objeto de llegar más rápidamente a un acuerdo. Se trata de casos que no debieran ni empezar y que, pese a los esfuerzos de varios jueces de instrucción, comienzan con demasiada frecuencia. 

La anterior conducta temeraria no sólo afecta a la jurisdicción penal. La administrativa sufre también las demandas de personas que saben que no tienen ninguna razón, pero que acaban iniciando la vía judicial para presionar en un conflicto que tienen perdido, y en el que sólo quieren ganar tiempo obstaculizando la labor de las administraciones para obtener una posición de fuerza que, eventualmente, les dé réditos económicos o incluso ideológicos. Por último, también la jurisdicción civil sufre sus males. Fondos de inversión o grandes empresas interponen de manera masiva demandas que carecen de futuro, sólo para amedrentar a algunos asustados o ingenuos deudores, siendo que algunos ni siquiera deben nada. En otras ocasiones, son las compañías las que fuerzan, con sus incumplimientos, a reclamar judicialmente a los consumidores para que esas empresas cumplan lo que debieran hacer de forma automática. Sucede con enorme frecuencia con las compañías aéreas y telefónicas. Los tribunales están hartos de esas reclamaciones en las que el consumidor tiene más razón que un santo, sucediendo, simplemente, que las empresas ganan tiempo incumpliendo, especulando así con sus propios clientes, los consumidores, sabedores de que la mayoría no reclaman por tan poco dinero, cobrando ilegítimamente las empresas cantidades que, globalmente consideradas, son enormes, engañando a esos clientes.

Estas últimas reclamaciones, que colapsan los tribunales civiles, se resolverían con eficientes aplicaciones de inteligencia artificial destinadas a ayudar a los jueces, que están por construir, además de con normativas más exigentes que obligaran a las compañías a restituir su dinero a los clientes con exactamente la misma facilidad y rapidez con las que cobraron de ellos. Pero el resto de las reclamaciones citadas, las penales y las administrativas sobre todo, son culpa de haber olvidado un poco todos, jueces, abogados y ciudadanos, que la jurisdicción penal es una herramienta muy excepcional, y que la administrativa no puede entrometerse en la labor política o incluso técnica de las administraciones, que es más amplia de lo que tantas veces se supone. 

Empezando por la jurisdicción penal, rige para la misma, y para todo el Derecho Penal, un principio llamado ultima ratio, que significa que el Derecho penal –y los jueces y fiscales que lo aplican– sólo se pondrá en funcionamiento en casos en que sea evidente la existencia de un delito, no cayendo en la trampa de forzar las normas y las investigaciones hasta que aparece algo que podría ser lejanamente delictivo, actuando a partir de entonces de una manera, a veces, un tanto obsesiva para perseguir aquello que nunca debió ser perseguido, o que tuvo que ser trabajo de jueces no penales. De las deudas se ocupan los jueces civiles y, cuando un deudor se retrasa, no puede suponerse que está estafando o ha cometido un delito de apropiación indebida. Cuando alguien tiene una conducta íntima poco aceptable desde el punto de vista moral, no hay por qué asumir automáticamente que ha cometido una agresión sexual. Las críticas, también las sarcásticas, no suelen ser delito de odio, y además es fácil saberlo leyendo sólo la querella, sin más trámites. Incluso un insulto no tiene que suponer automáticamente una querella, sino que los jueces civiles –es decir, no penales– se pueden ocupar de ese desencuentro de una manera más rápida, eficaz y hasta lucrativa. Cuando un juez se equivoca, no se puede pensar sin más que está prevaricando, pues ese delito solamente se puede reconocer en los supuestos más extremos en que un juez se pone las leyes por montera y hace lo que sus instintos le dictan.

Los ejemplos son infinitos, y el resumen sería que, en la actualidad –al contrario de lo que sucedió históricamente– si un juez no penal puede resolver ese conflicto, es ese juez el que tiene preferencia. Solamente esta última afirmación sacaría de los archivos de los tribunales penales un sinnúmero de procesos que, además, están en vía muerta y acabarán en nada, pero que colapsan la institución.

En el terreno administrativo el tema es más delicado. El abuso de algunos ciudadanos sucede con no pocas reclamaciones en oposiciones en las que una comisión da, legítimamente, la victoria a otro candidato porque aprecia que su currículum es más valioso que el suyo por criterios técnicos fundamentados. Los jueces sólo pueden anular esa valoración en supuestos de arbitrariedad, lo que supone que la comisión, simplemente, le ha adjudicado la plaza a quien le ha dado la gana sin ningún motivo científicamente sostenible. Pero existiendo esa motivación razonable, que expresa el criterio de la comisión, los jueces no pueden sustituir por su propio criterio el de la comisión, porque sería tanto como decir que son esos juzgadores, y no esa comisión, quienes otorgan plazas en la administración pública.

Pero también acontece que se les someten a los jueces decisiones de las administraciones que entran dentro de la simple política, como, por ejemplo, cuando una zona de una ciudad se peatonaliza. Las leyes dan un margen amplio a las administraciones para que hagan urbanísticamente en la ciudad aquello para lo que los ciudadanos los eligieron, precisamente porque son decisiones políticas, de manera que serán esas administraciones y sus representantes elegidos por la ciudadanía, y no los jueces, quienes decidan el futuro de la apariencia externa de la ciudad. Sin embargo, demasiadas veces se les someten a los jueces materias de puro gusto estético en las que no debieran entrar, porque ese gusto es, como se puede entender fácilmente, una cuestión política. Sucede hasta con monumentos de valor incuestionable en el que algunos ciudadanos se ven afectados por las obras para culminarlos. Siempre habrá quien quiera paralizarlo todo para intentar conseguir más dinero en las expropiaciones.

Y ha pasado incluso con la eutanasia de una joven que decidió morir voluntariamente, al amparo de la ley. Dos decenas de expertos dictaminaron a favor de la petición de dicha joven, pero hubo que esperar dos años a que varios tribunales confirmaran que, efectivamente, la ley se estaba cumpliendo debidamente en un caso, además, que no suscitaba tantas dudas, con independencia del juicio moral que merezca la eutanasia, que era lo realmente complejo, pero que en absoluto era ni podía ser el objeto de ese juicio.

Puede que algún día se extienda el pensamiento –sobre todo en la jurisprudencia del Tribunal Constitucional– de que la Justicia no debe ocuparse de todos estos conflictos, siendo mucho más ágil que los jueces pronuncien inadmisiones a trámite en casos especialmente evidentes de utilización indebida de los tribunales, es decir, de mala fe, sin merma del derecho de defensa. La respuesta a un ciudadano no siempre merece un proceso judicial completo, sobre todo cuando es evidente, desde el principio, que no le asiste la razón y que sólo desea instrumentalizar a los jueces para finalidades ajenas al proceso judicial.

¿Por qué las organizaciones empresariales españolas han decidido no sentarse a debatir sobre la participación de los trabajadores en las empresas? La pregunta es relevante porque lo que está en juego no es una ocurrencia política coyuntural, sino el desarrollo de un mandato constitucional que lleva casi medio siglo pendiente.

El pasado 2 de febrero el Ministerio de Trabajo y Economía Social presentó el informe “Democracia en el trabajo”, elaborado por una comisión internacional de expertos en relación con el artículo 129.2 de la Constitución española. Este precepto establece dos mandatos: los poderes públicos deben promover eficazmente las diversas formas de participación de los trabajadores en la empresa y facilitar su acceso a la propiedad de los medios de producción.

No se trata de una idea nueva. La participación de los trabajadores en la empresa ya figuraba en la Constitución de 1931, que preveía su presencia en la dirección, la administración y los beneficios empresariales. Sin embargo, pese a estar recogido en la Constitución vigente desde 1978, el artículo 129.2 apenas ha tenido desarrollo efectivo y sigue siendo una promesa constitucional pendiente.

El informe presentado por el Ministerio analiza esta situación y pone de relieve una paradoja evidente: mientras en España el debate parece novedoso, en gran parte de Europa la participación de los trabajadores en la gobernanza empresarial es una práctica consolidada desde hace décadas.

La Unión Europea lleva años promoviendo este modelo. Diversas directivas y resoluciones comunitarias reconocen sus ventajas y recomiendan a los Estados miembros facilitar su implantación. En países como Alemania, Austria, Francia, Suecia o Países Bajos, los trabajadores participan en los órganos de administración o vigilancia de las sociedades.

La participación financiera también está bastante extendida. En Francia o Suecia los trabajadores poseen participaciones relevantes en el capital de numerosas empresas. Incluso fuera de Europa existen modelos consolidados, como el sistema ESOP en Estados Unidos.

España no es completamente ajena a estas experiencias, aunque su desarrollo ha sido limitado. La participación de los trabajadores se ha concentrado principalmente en el ámbito de la economía social: cooperativas, sociedades laborales y cajas de ahorro, y en determinados casos derivados de la normativa europea.

Aun así, existen experiencias relevantes tanto en empresas públicas como privadas. También en sociedades europeas con presencia en España donde los trabajadores participan en órganos de administración o vigilancia.

El informe parte de un diagnóstico más amplio sobre los desafíos que afrontan nuestras economías: desde la sucesión empresarial en las pymes hasta la crisis de competitividad e innovación, pasando por la gobernanza de la inteligencia artificial, la creciente desigualdad o la fragilidad de nuestras democracias.

En este contexto, reforzar la participación de los trabajadores no es solo una cuestión laboral. Puede contribuir a mejorar la innovación, la resiliencia empresarial, la calidad del empleo y la sostenibilidad social.

Por ello, el informe propone avanzar hacia una democratización progresiva de la empresa mediante diversas medidas: una futura ley que fomente la participación de los trabajadores, incentivos fiscales, instrumentos en contratación pública, la creación de fondos ciudadanos o indicadores que permitan evaluar el desarrollo de la democracia corporativa.

Para debatir estas propuestas, el Ministerio de Trabajo convocó el pasado 12 de marzo la mesa de diálogo social. Los sindicatos acudieron y destacaron la importancia de reforzar la democracia, y en particular en la empresa.

Las organizaciones empresariales, en cambio, decidieron no asistir. En su lugar calificaron la propuesta en los medios de comunicación como un ataque populista al mundo empresarial, un ejercicio de intervencionismo o incluso una amenaza al derecho de propiedad.

Estas afirmaciones merecen algunas aclaraciones.

En primer lugar, la participación de los trabajadores en la empresa no es una idea radical ni marginal. Es una práctica extendida en numerosas economías avanzadas y defendida desde posiciones políticas muy diversas.

En segundo lugar, numerosos estudios muestran que estos modelos no reducen la inversión. Al contrario, suelen mejorar la productividad, la innovación, la calidad de la organización del trabajo y la estabilidad a largo plazo de las empresas.

Además, la propuesta objeto de debate no plantea “regalar” empresas a los trabajadores. Lo que plantea es que los convenios colectivos o los acuerdos de empresa puedan establecer mecanismos de participación de las personas trabajadoras en las decisiones estratégicas y en el capital. Solo en ausencia de acuerdo se prevé una participación mínima, similar a la existente en otros países europeos. 

La participación en la gobernanza empresarial puede adoptar diversas formas: desde mecanismos reforzados de consulta a través del comité de empresa hasta la presencia de representantes de los trabajadores en los consejos de administración o supervisión. De hecho, el informe propone adaptar la legislación española para permitir sistemas de gobernanza dual, habituales en la mayoría de las economías europeas.

En última instancia, el objetivo es sencillo: que las empresas españolas dispongan de herramientas similares a las de otros países europeos para afrontar los desafíos de una economía basada cada vez más en la innovación y en los activos intangibles.

Por eso sorprende que este debate no haya querido abordarse por la patronal en el espacio natural para hacerlo: el diálogo social. 

Nos llama la atención que el debate sobre el registro de jornada y el dictamen del Consejo de Estado – al que se ha adjetivado de “demoledor” por sus numerosos comentaristas – no se hayan subrayado dos circunstancias a nuestro juicio definitorias del núcleo del problema jurídico y político que se está dilucidando. 

La primera, el incumplimiento masivo que se está produciendo en las empresas mediante la realización de horas extraordinarias no remuneradas. No es una cantidad baladí. Según las estimaciones más seguras, en 2025, se realizaron una media de 2,5 millones de horas extraordinarias no pagadas a la semana, afectando a cerca de 441.000 trabajadores que no recibieron remuneración ni descanso por su trabajo. Este fenómeno supone un ahorro ilegal para las empresas de 3.243 millones de euros anuales, con una media de 5,6 horas no pagadas por trabajador semanalmente, además de una sensible afectación de la salud de las personas trabajadoras.

La segunda, la relación directa que existe entre el tiempo de trabajo, los descansos y la salud laboral. Es una relación evidente que ha sido puesto de manifiesto por el Tribunal de Justicia de la Unión Europea, que exige implantar sistemas objetivos, fiables y accesibles para registrar la jornada diaria de cada persona trabajadora, garantizando el cumplimiento de los tiempos de descanso y límites horarios, una obligación que busca proteger la seguridad y salud de las personas empleadas y se aplica en todos los sectores, incluyendo en una reciente sentencia a las personas trabajadoras al servicio del hogar familiar. Esta doctrina es la que justamente provocó la reforma del Estatuto de los trabajadores (ET) en el 2019 para acomodar la legislación española a esta exigencia del derecho europeo. Este enfoque permite a nuestro juicio abordar de forma productiva el problema planteado por el dictamen del Consejo de Estado sobre la competencia del gobierno en la regulación de este sistema de control del tiempo de trabajo.

La STJUE C-55/18 exige un “sistema objetivo, fiable y accesible” de registro de la jornada diaria que permita verificar el cumplimiento de los límites de la Directiva 2003/88. No se limita a recomendar un control cualquiera. El dictamen admite la referencia a esa sentencia, pero relega la discusión al plano de la “oportunidad técnica” y se detiene sobre todo en los costes empresariales y en las objeciones de las patronales sin realizar referencia alguna a los resultados que está arrojando hoy un sistema de llevanza del registro de jornada en papel. Eso invierte el orden de fuentes: la prioridad no es la comodidad de la empresa, sino la garantía de un derecho social fundamental de origen europeo. Este deber empresarial no resulta cumplido satisfactoriamente con la implantación de un sistema cualquiera de llevanza del registro de jornada. Por el contrario, la normativa exige que se tenga en cuenta la evolución de la técnica (digital en los tiempos actuales) como principio básico de la prevención de riesgos laborales en la adopción de esta medida preventiva (art. 15.1.e LPRL). La concepción que denota el dictamen sobre la gestión algorítmica y digital, que actualmente integra los esquemas organizativos de la gran mayoría de las empresas, parece hacer honor a la naturaleza secular de la institución y se ancla en las empresas con torno, taquilla y paquete de folios en plena época de la IA y la transformación digital, evitando que el avance tecnológico se ponga al servicio de los derechos de los trabajadores.

En el debate público entre los creadores de opinión más solicitados parecería que la potestad reglamentaria en materia laboral es inexistente en materia de tiempo de trabajo. Y, sin embargo, tanto respecto del tiempo parcial (art. 12 ET), como de las jornadas especiales (art. 34.7 ET) y horas extraordinarias (art. 35.2 ET) está explícitamente reconocida. Pero es que además y con carácter general, el art. 6 de la Ley de Prevención de riesgos laborales (LPRL), prescribe la competencia de las normas reglamentarias del gobierno para establecer los “requisitos mínimos que deben reunir las condiciones de trabajo para la protección de la seguridad y la salud de los trabajadores”, de donde cabe por consiguiente deducir una competencia plena del reglamento para la regulación de los estándares mínimos de protección de la salud y seguridad de las personas trabajadoras, garantizando el cumplimiento de los límites horarios y los tiempos de trabajo y de descanso. El dictamen apenas explora esta clave y trata el registro como un mero instrumento de control horario y de relaciones colectivas. Pero si el tiempo de trabajo es un factor de riesgo reconocido, la opción reglamentaria de reforzar el registro es una manifestación típica de la potestad del art. 6 LPRL, no un “exceso ultra vires”. La STC 35/1992 y la doctrina reiterada del Tribunal Constitucional entienden que la reserva estatal abarca también el desarrollo reglamentario necesario para garantizar la efectividad de los derechos laborales básicos, entre ellos los relativos al tiempo de trabajo y descansos. El Consejo de Estado no puede invocar esa doctrina y, al mismo tiempo, negar en la práctica al Gobierno la posibilidad de fijar estándares técnicos mínimos del registro horario sin vulnerar la ley.

No cabe leer el art. 37.9 ET como una cláusula excluyente de la intervención reglamentaria, que atribuya un estatus de inmunidad a la negociación colectiva, los acuerdos de empresa o, en su defecto a la decisión unilateral del empresario en la regulación del registro diario de jornada, sino que, por el contrario, debe leerse la mención a la “organización y documentación” del mismo como un momento posterior de desarrollo y aplicación de la norma que lo diseña. Además, atribuir a la negociación colectiva y, en su defecto, a la decisión unilateral del empresario la arquitectura del registro en un contexto de alta precariedad y debilidad representativa en las pymes supone naturalizar la asimetría de poder. Un reglamento que fija estándares mínimos homogéneos reduce el margen de discrecionalidad empresarial y protege a quienes carecen de representación, que son precisamente los más expuestos a jornadas abusivas y horas extra invisibles. Los estudios citados en la propia memoria de impacto muestran que el control horario mejora más la salud y la conciliación de las mujeres. Sin embargo, el dictamen silencia este ángulo.

Por lo demás, la lectura que proponemos es coherente con la dicción del precepto, que sitúa como un elemento determinante para la puesta en práctica del registro la decisión unilateral del empleador, que es la que se aplica si no llega a un acuerdo en la empresa con la RLT. No cabe por tanto interpretar que la voluntad del titular de la empresa encarne en última instancia un poder regulador excluyente de la intervención pública que fija los estándares mínimos de protección en materia de control del tiempo de trabajo. Un enfoque progresista debe remarcar además que la jornada difusa y prolongada agrava la doble jornada femenina y penaliza especialmente a quienes tienen responsabilidades de cuidados y peor posición negociadora. Negar instrumentos de control robustos significa, de facto, reproducir desigualdad de género y de clase.

Se requiere, por tanto, un cambio de enfoque en el análisis de la regulación por el Gobierno del instrumento que garantiza el control horario en los lugares de trabajo. Y este es el que suministra la conexión ineludible con la salud laboral, propiciando el entorno de trabajo saludable que impone como principio universal la OIT a partir de la reforma de su Declaración de Principios y Derechos Fundamentales en el trabajo en el 2022

Este cambio de perspectiva habría también aminorado las prevenciones del Dictamen sobre el respeto a la privacidad e intimidad de las personas trabajadoras en el control de la salud en el trabajo. El dictamen, al reforzar la lectura de la AEPD, se preocupa más por la eventual afectación a la privacidad que por la opacidad estructural que protege el fraude en tiempo y cotizaciones. Se trata de una inversión de prioridades incompatible con el mandato del art. 9.2 CE de remover obstáculos reales a la igualdad y con el art. 28 CE sobre libertad sindical y control de las condiciones de trabajo. La STC 142/1993 de 22 de abril, la crítica a la denominada “intimidad económica” en materia de salarios y otras condiciones de trabajo y la defensa de la capacidad de control de datos esenciales para lograr el cumplimiento de la norma, son elementos de reflexión muy valiosos para analizar que determinadas condiciones de trabajo como el tiempo de trabajo y los descansos no pueden ser considerados incluidos dentro de una esfera de intimidad personal que requiere, por el contrario, su conocimiento para garantizar no solo la aplicación efectiva de la norma imperativa, sino también las facultades de vigilancia y control del cumplimiento de la misma que nuestra legislación encomienda a los órganos de representación de las personas trabajadoras en la empresa como una función esencial de los derechos de representación colectiva y de acción sindical. 

Ya habrá tiempo para examinar con más calma la “gran consistencia jurídica” que se expresan en las 106 páginas del Dictamen del Consejo de Estado, su apasionamiento y su retórica, pero nos parece que el Real decreto cuestionado, por el contrario, avanza correctamente en la aplicación de la norma que establece el control horario como forma de garantizar el derecho fundamental a la salud y seguridad en el trabajo, en definitiva del derecho a la vida y la integridad física de las personas trabajadoras en el desempeño concreto de su actividad.

Cosas extrañas están ocurriendo en los mercados. El lunes pasado, 15 minutos antes de que Donald Trump publicara un anuncio de que se habían llevado a cabo “conversaciones productivas” con Irán, los operadores petroleros apostaron 500 millones de dólares sobre el precio futuro del petróleo. La declaración de Trump provocó una caída en los precios del petróleo crudo, y parece que algunas personas sabían que el anuncio se avecinaba, por lo que se hizo una apuesta rentable. No tengas envidia; simplemente algunas personas nacen con suerte.

No sabemos si las transacciones se realizaron con un conocimiento previo de los acontecimientos políticos, pero es una coincidencia tremenda. Todo parece “anormal”, dijo un analista petrolero a la BBC.

Las operaciones sospechosamente sincronizadas, si se realizaron realmente con conocimiento privilegiado, serían solo una parte de una bonanza de apuestas más amplia que reduce los acontecimientos políticos a una de las tantas oportunidades inesperadas para obtener ganancias. Tomemos Polymarket, un mercado de predicción en línea que despegó a principios de la década de 2020 y le permite apostar por cualquier cosa, desde el resultado del Super Bowl, hasta si Trump va a invadir otro país.

Previamente al ataque estadounidense contra Irán, varias cuentas nuevas en esa plataforma predijeron el momento de los bombardeos estadounidenses/israelíes, solo 24 horas antes de que ocurrieran. El mismo patrón se identificó después del golpe de Estado estadounidense en Venezuela en enero. Una sola cuenta, creada solo unos días antes de que ocurriera la acción militar, ganó más de U$400,000. Como resultado de estas transacciones, la gente se pregunta naturalmente si es posible que el presidente de los Estados Unidos o sus asociados se benefician ilegalmente del poder político, al tiempo que descubren que es casi imposible responder a esa pregunta. La Casa Blanca niega que la familia Trump haya participado en conflictos de intereses.

Los mercados de apuestas están aumentando en popularidad precisamente porque su actividad tiene pocas barreras de entrada y es difícil de rastrear. Las apuestas se hacen con criptomonedas como bitcoin, y, por lo tanto, dejan menos huellas y no tienen las restricciones bancarias tradicionales. Y las plataformas están descentralizadas, abiertas a usuarios globales y son muy difíciles de regular y ser cerradas Internacionalmente desde una sola jurisdicción. Los mercados financieros siempre han creado y negociado instrumentos especulativos basados en la anticipación de los movimientos de precios de un activo, pero los mercados de apuestas convierten el futuro en un activo sobre el que se puede apostar en función de un número casi ilimitado de escenarios, hasta e incluyendo cómo se interceptarán los misiles.

No sería exagerado especular sobre si algunas de esas apuestas sospechosas provienen directamente de una administración Trump descaradamente autoenriquecida. Desde que Trump asumió el cargo, su familia ha lanzado varias empresas de criptomonedas. Una investigación de The New York Times a principios de este año encontró que Trump ganó al menos U$1.500 millones en el primer año de su segundo mandato.

Esto no sugiere que Trump esté alertando activamente a cierta gente, pero tampoco parece inconsistente con la ética que ha exhibido hasta ahora. Hay otras posibilidades; que se trata de un conflicto desordenado rodeado de una gran y difusa banda de lacayos privados y profesionales. No es inconcebible que la gente simplemente recoja la información, y luego actúe y la transmita.

Pero hay un cambio cultural más amplio, que se está consolidando en la Casa Blanca y difundiendo en plataformas de apuestas. Es el de monetizar todo lo que sea posible, desde la presidencia hasta su presencia en línea, y convertir al público en marcas. Hay una promesa de que cualquiera puede lograr el mismo éxito que los estafadores. Es toda una industria. Los influencers en la manosfera venden plataformas de inversión dudosas, con la sugerencia implícita de que esta es la ruta para acceder a los lujosos estilos de vida que publican en las redes sociales. El anzuelo es que los exitosos de la sociedad tienen una fórmula, una fórmula secreta, una ventaja privilegiada, y que tú también la necesitas.

Detrás del apetito por estos esquemas hay una realidad a largo plazo: la reducción de las posibilidades de vivir una vida decente con un horario nueve a cinco que permite obtener una hipoteca, algunos ahorros, estabilidad laboral y una jubilación digna. Y con ello ha llegado la denigración cultural de trabajar para otro, la glorificación de ser tu propio jefe, de no volverte un mueble más con un trabajo de oficina. Optimice su dinero, tenga un pequeño ajetreo lateral especulando sobre los mercados de apuestas, obtenga un flujo de ingresos pasivos, ¡incluso el presidente de los Estados Unidos tiene uno!

Luego está el tipo de irrealidad que Trump ha inyectado en el mundo. Su tratamiento de todo como entretenimiento y espectáculo ha convertido la política en otra rama del deporte. Es a la vez un payaso malhumorado y un maestro de ceremonias todopoderoso de un circo global donde cada día es una sorpresa: ¿su decisión será pacífica o morirá gente? Haz tus apuestas.

Pero la política estadounidense siempre ha sido desconcertantemente laxa al regular los intereses financieros de quienes están en el poder. Los miembros del Congreso pueden comprar y vender acciones individuales, al tiempo que están al tanto de todo tipo de discusiones y regulaciones con respecto a las industrias que cotizan en bolsa. Nancy Pelosi ha amasado una fortuna durante su mandato y un “rastreador Pelosi” permite a otros seguir sus operaciones e imitarlas para replicar sus logros extraordinarios. El derecho a ganar dinero se extiende más allá de la oficina. Hillary y Bill Clinton convirtieron décadas de servicio público en una máquina de hacer dinero, ganando cientos de millones de dólares con discursos y consultorías, acumulando más dinero del que necesitan.

La pregunta que se cierne sobre gran parte del segundo mandato de Trump es si representa una aceleración de la dinámica que lo precedió, o si es un nuevo tipo de político. La respuesta puede ser ambas, dependiendo del escenario. Al impulsar abiertamente su fortuna y la de su familia, ha violado normas que veían aceptable cierto enriquecimiento de los cargos políticos pero no la descarada transformación de la Casa Blanca en una empresa privada. En la forma en que ha utilizado la oficina para vender la marca Trump ha roto con el decoro político, y ha igualado y acelerado una cultura más amplia de codicia sin escrúpulos.

Puede que nunca sepamos si estas transacciones sospechosas del mercado están directamente vinculadas a Trump, pero sí sabemos que encajan con el entorno actual: una cultura política desregulada, rapaz y especulativa que se está convirtiendo en un gran esquema global para enriquecerse.

La guerra actual ha sacudido al régimen iraní, pero no ha acercado al país a un cambio democrático. Al contrario, refuerza un patrón bien conocido en los sistemas autoritarios: la presión militar externa rara vez produce transformaciones internas. En su lugar, permite al poder consolidar el control, reprimir la disidencia y ocultar las crisis más profundas. El debate en España y en Europa se ha detenido a menudo en el rechazo a la guerra, sin afrontar la cuestión más difícil: cuál debería ser el resultado político.

Desde la intensificación de los ataques a finales de febrero, Irán ha entrado en una fase marcada por el conflicto externo y una represión interna reforzada. El liderazgo ha utilizado la guerra para reinterpretar el descontento interno como una cuestión de seguridad nacional, justificando una represión más dura en un contexto de creciente presión interna. El levantamiento de enero de 2026 lo ilustra claramente: en lugar de abrir un espacio para el cambio, la guerra ha contribuido a cerrarlo.

En este contexto de represión intensificada, el régimen ejecutó los días 30 y 31 de marzo de 2026 a cuatro presos políticos de la Organización de los Muyahidines del Pueblo de Irán (OMPI): Mohammad Taghavi (59) y Akbar Daneshvarkar (59), seguidos por Babak Alipour (34) y Pouya Ghobadi (33). Estas ejecuciones evidencian una campaña sistemática para eliminar a la oposición y sembrar el miedo.

Una guerra sin estrategia política

La idea de que los bombardeos pueden provocar un levantamiento popular parte de una comprensión equivocada de la naturaleza del Estado iraní. La guerra y los bombardeos aéreos no crean las condiciones para la movilización democrática. Al contrario, proporcionan a los regímenes en crisis un escudo que les permite cerrar filas, reprimir la disidencia con mayor eficacia y ocultar los fallos estructurales.

A menudo falta un vínculo claro entre la presión y el resultado político. La acción militar, las sanciones o la diplomacia se tratan con demasiada frecuencia como fines en sí mismos, sin integrar el factor decisivo: el papel del pueblo iraní y de la oposición organizada.

Este ha sido un argumento central de la resistencia iraní durante años. La política de apaciguamiento y de compromiso con los mulás —impulsada por el comercio, el petróleo, el temor a la escalada nuclear, los proxies regionales, el terrorismo y la toma de rehenes— no constituía una alternativa a la guerra. Fueron políticas fallidas y contraproducentes que reforzaron al régimen y acabaron desembocando en la guerra. La advertencia de Churchill sigue siendo pertinente: «Se os dio a elegir entre la guerra y el deshonor. Elegisteis el deshonor, y tendréis la guerra».

La idea de un “colapso desde el aire” espontáneo es, por tanto, ilusoria. El régimen no es una estructura hueca que vaya a derrumbarse bajo presión externa. Es un sistema de seguridad capaz de absorber golpes y utilizar las amenazas externas para afianzar la cohesión interna. No se derrumba desde arriba; es cuestionado y, en última instancia, derrocado desde dentro.

Esta perspectiva ha sido defendida durante mucho tiempo por el Consejo Nacional de la Resistencia de Irán, liderado por Maryam Rajavi, que aboga por una república democrática basada en la soberanía popular y elecciones libres. Ha rechazado de forma constante tanto el apaciguamiento como las soluciones militares externas, defendiendo una “tercera vía”: el cambio impulsado por el pueblo iraní y la resistencia organizada.

El papel de la resistencia organizada

El cambio democrático en Irán no es espontáneo ni el resultado de una intervención extranjera. Requiere una fuerza estructurada dentro del país capaz de mantener la presión sobre el régimen.

Desde hace más de una década existe en Irán una red clandestina de resistencia que opera en todo el país, conocida como las Unidades de Resistencia. Estas estructuras, vinculadas a la OMPI, han desempeñado un papel activo en la movilización y el sostenimiento de las protestas, incluido el levantamiento de enero, pese a una represión intensa. Según informes, tras esos acontecimientos, más de 2.000 miembros de estas unidades han desaparecido, es decir, han sido detenidos en secreto o asesinados. La reciente formación de un ejército clandestino de liberación, tras el levantamiento de enero, refleja un intento de organizar la resistencia de forma más coordinada.

Más allá del “no a la guerra”

El conflicto actual también ha puesto de manifiesto los límites de los eslóganes predominantes en Europa. Los llamamientos a un alto el fuego o al “no a la guerra” son necesarios, pero no suficientes. Oponerse a la guerra sin abordar la estructura política de fondo corre el riesgo de congelar la crisis en lugar de resolverla.

Para los actores europeos, incluida España, la conclusión es clara: decir no a la guerra es insuficiente si se deja intacto el sistema existente. Una política seria debe reconocer el derecho del pueblo iraní a lograr un cambio democrático.

Las ilusiones del cambio desde el exterior

La guerra también ha puesto de relieve la debilidad de las narrativas basadas en la intervención externa. Reza Pahlavi, hijo del depuesto sha, y sectores de su base de apoyo de extrema derecha han descrito el conflicto como una “guerra humanitaria”, sugiriendo que los ataques militares podrían allanar el camino para un cambio político.

Esta visión es profundamente errónea. La guerra no favorece los levantamientos populares; tiende a sofocarlos. Proporciona al régimen la justificación necesaria para intensificar la represión y silenciar la disidencia. La hipótesis de un colapso espontáneo desde el aire refleja un desconocimiento de la estructura y la resiliencia del régimen.

Esta distorsión también ha sido alimentada por ciertos medios. La cadena Iran International, cuya financiación ha sido vinculada por diversos informes a Arabia Saudí, y en ocasiones amplificada por BBC Persian, ha contribuido según críticos, a una percepción distorsionada del panorama opositor.

Una república democrática desde dentro

La cuestión central no es si el régimen está bajo presión, sino qué fuerza puede transformar esa presión en un resultado democrático. Sin el papel activo del pueblo iraní y de una resistencia organizada, ninguna presión externa producirá un cambio democrático. La verdadera cuestión para Europa es si está dispuesta a reconocer de dónde puede surgir ese cambio en Irán.

Tengo 73 años muy bien llevados. Y como la práctica totalidad de la gente de mi edad, no tengo abuela ... ni abuelo, ni padre, ni madre. Todos han muerto. Unos cuando les tocaba; otros nos dejaron bastante antes. Por lo vivido, cada día soy más consciente de que a mí me va tocando. Es un asunto que no tiene remedio y, además, he perdido todo interés en buscárselo.

Cuando era muy joven oí un dicho que me quedó grabado. “Mira que es mala la muerte que siempre la dejamos para lo último”.

Pasaron años en la inconsciencia porque no me tocaba. Hasta que una cuñada con la que tenía a una relación estrecha, enfermó de un cáncer fulminante. Me rebelé ante su muerte inminente. Mi médica, al comprobar que mi bajón se acercaba a la depresión, sentenció enfadada: “Antonio, es que somos mortales”.

Con el tiempo y la despedida a varios seres queridos y cercanos, la muerte ha dejado de ser tabú. La desaparición de mi madre a los 96 años me ha enseñado muchas cosas. Mujer católica a la vieja usanza con una capacidad para adaptarse a las múltiples vicisitudes que le tocó en suerte, supo y pudo disfrutar de una vida plena. Hasta que a los 90 años los achaques comenzaron a complicarle el día a día. Sus tres o cuatro últimos años fueron los de una mujer completamente dependiente; eso sí muy bien cuidada por la atención de sus múltiples hijos, el concurso bondadoso y constante de varias cuidadoras latinoamericanas, unas con papeles y otras sin ellos, y un esfuerzo económico que no todos se pueden permitir.

Pese a su deterioro físico, mi madre mantuvo hasta el mismo día de su muerte la clarividencia de la mujer especial que siempre fue. Pese a su postración terminal nunca expresó deseo de tirar la toalla y solía decir que, ante el final inevitable, “pensaba ponérselo muy difícil al Señor”.

Como digo, tengo 73 años muy bien llevados... pero sé que me va tocando. Soy esposo, padre, abuelo, amigo, de izquierdas, viajero, jugador de pádel, cocinero; todo ello en activo. Soy periodista jubilado pero no he tirado ni la pluma ni el ordenador a la basura. He tenido una vida plena y, además, pertenezco a una generación con suerte. No hemos sufrido guerras en carne propia y podemos presumir de haber protagonizado la modernización de un viejo país con una historia torturada.

Me queda vida. Quizá 20 años o más. Pero ya me va tocando. Como comentamos en las conversaciones de viejos “estamos en tiempo de descuento”.

Cuando miro hacia adelante y planifico lo que me espera, sé que, como ya ha ocurrido con anterioridad, poco a poco tendré que ir renunciando a algunas cosas incompatibles con el deterioro inevitable. Pero, en la medida que las lesiones me lo permitan, voy a exprimir mi buena vida hasta el último momento.

Sé, no obstante, que me va tocando y debo planificar el último momento. Desde luego tengo hecho hace años mi testamento vital. Y en coherencia, mi mujer y mis hijos saben que no quiero prolongar ni medio minuto mi vida por medio de artificios médicos.

Pero voy un punto más allá. Disfruté de mi madre cuando estaba en plena vitalidad y la cuidé hasta el último aliento en su postración, respetando su voluntad. Pero en ningún caso quiero para mí sus años postreros.

Voy a vivir mientras pueda mantenerme de forma independiente. Si tengo que caer a plomo sobre la vida cotidiana de mi mujer y de mis hijos, para malvivir y sufrir durante unos días, meses o años más, desisto.

Mi madre está ahora en ninguna parte y seguro que no es tan feliz como lo fue cuando disfrutaba rodeada de todos los que la querían y admiraban. Pero estoy persuadido que, en la nada, está más tranquila que en esos “minutos o días de prórroga” que permaneció completamente imposibilitada. Ella los quiso vivir, y su voluntad fue respetada. Yo desde luego no los quiero vivir.

Como el devenir es imprevisible, no sé cuando o si en algún momento tendré que acogerme a la ley de eutanasia. Si los tribunales de expertos previstos en la norma tienen que evaluarme, les pediré que entiendan que pido una muerte digna solo en el momento en el que estoy persuadido que una vida digna es inviable.

No pienso consentir que, como a algunos, la aplicación garantista de la ley de eutanasia, me aboque a una dependencia larga y a una muerte indigna en medio de sufrimientos.

La desregulación se presenta como técnica, neutra y lógica: menos presión normativa, más competitividad. En Europa y Estados Unidos vemos cómo ese relato se traduce en decisiones concretas que están reconfigurando la economía global. Pero detrás de la retórica de la “simplificación normativa” en Bruselas o del desmantelamiento de leyes ambientales en Washington impulsadas por Trump, se esconde otra realidad: no se trata de liberar al mercado, sino de concentrar poder. 

Los proyectos de ley denominados “ómnibus” prometen eficiencia administrativa, pero, en realidad, reducen obligaciones de información, aplazan controles y debilitan la protección social y ambiental. El planteamiento es el mismo en todas partes: las normas ralentizan las empresas y una comunidad empresarial ralentizada nos empobrece. Pero ese razonamiento parte de una premisa que no es cierta, la de que todo el mundo quiere lo mismo del mercado.

Dos agentes, un mercado

Hace más de un siglo el economista estadounidense Thorstein Veblen expuso una distinción que rara vez se ha tomado en serio desde entonces. En la teoría de la empresa comercial (1904) escribió que el capitalismo tiene dos lógicas fundamentalmente diferentes. Por un lado, está la «industria», que organiza a las personas, los conocimientos y los recursos para fabricar algo útil. Por otro lado, el «negocio» acumula capital sin importar lo que cueste.

Ambos operan en el mercado, pero los fines nos son los mismos. La persona al frente de la empresa utiliza el mercado para producir y vender. Su interés radica en una economía saludable con clientela que tenga poder adquisitivo, una competencia leal e instituciones que funcionen. La persona “de negocios” utiliza el mercado para maximizar los beneficios, no necesariamente con una producción mejor, sino que paga menos a las personas empleadas, al gobierno y a la sociedad. Para esa persona el mercado no es un lugar de intercambio, sino de extracción. Todo lo que no hay que pagar aumenta la rentabilidad (impuestos, costes laborales, daños medioambientales, riesgos para la salud, etc.). 

Eso explica por qué la desregulación resulta tan atractiva para quienes acumulan capital, aunque rara vez sea la persona al frente de la empresa quien más la exige.

La clase política que impulsa la desregulación tiene en mente a quienes dirigen o poseen grandes empresas con influencia. Considera que las normas son una carga general, desde el panadero que quiere crecer hasta la start-up innovadora, pero precisamente estas pequeñas y medianas empresas son las que menos capacidad tienen de influir en Bruselas. El poder de presión detrás de los proyectos de ley ómnibus europeos proviene de sectores lo suficientemente grandes como para ayudar a redactar las normas que los alivian. Quien hornea el pan no se beneficia de un ómnibus. La industria química, el sector financiero y la agroindustria sí lo hacen. 

El derecho a repercutir los daños

La desregulación no elimina costes, los transfiere a la sociedad. En 2023, las empresas del IBEX 35 generaron alrededor de 84 millones de toneladas de CO₂ de emisiones directas, cerca del 30 % del total nacional, pese a que representan aproximadamente el 10% del PIB y el 7,1% del empleo. Si se incluyen las emisiones declaradas a lo largo de toda su cadena de valor, la cifra asciende a 369 millones de toneladas. Son costes climáticos que no figuran como pasivo en sus balances, pero que sí reaparecen después en forma de deterioro ambiental, presión sobre el sistema sanitario y pérdidas económicas colectivas. De hecho, en España los costes sanitarios y laborales asociados a la contaminación se sitúan ya en torno al 3,5% del PIB.

Eliminar normas para “ahorrar costes” es trasladar la factura a la sociedad: Permitir daños a la salud aumenta los beneficios de las empresas, pero acorta la esperanza de vida de la población; pagar salarios insuficientes a las personas empleadas mejora los resultados operativos, pero aumenta la pobreza. 

Contracción disfrazada de crecimiento

Lo que se presenta a priori como crecimiento económico es, desde un enfoque social, empobrecimiento colectivo. Los costes no desaparecen, reaparecen en otros lugares, como en las facturas de los hospitales, en los costes de purificación del agua, en las cosechas fallidas y en las condiciones meteorológicas extremas. No se trata de tener menos normas, sino normas más efectivas, justas y alineadas con el interés común. 

El lenguaje de las fuerzas del mercado sugiere un mecanismo neutral de oferta, demanda, precio y equilibrio. Pero un mercado nunca es neutro, es un conjunto de reglas que determinan quién gana. Las grandes empresas con grupos de presión en Bruselas y Washington ayudan a redactar los proyectos de ley generales que las eximen de sus obligaciones. Eso no son las fuerzas del mercado. Son las fuerzas del poder. Y mientras la confusión entre ambas cosas continúe, siempre ganará el mismo lado.

Hay dictámenes que iluminan y otros que, con solemnidad, oscurecen lo evidente. El reciente del Consejo de Estado sobre el registro de jornada pertenece a esta segunda categoría: no por lo que dice, sino por lo que decide no ver.

El registro horario no es una ocurrencia ni una excentricidad. Nació en 2019 para responder a una realidad inquietante: millones de horas extraordinarias sin pagar ni cotizar. Su propia exposición de motivos lo advertía con claridad: sin registro, las personas trabajadoras quedan indefensas y se facilitan jornadas por encima de los límites legales, con impacto en el salario, la conciliación y las cotizaciones.

No es un problema técnico, sino de derechos. Siete años después seguimos discutiendo si puede desarrollarse reglamentariamente mientras millones de personas ven vulnerados sus derechos por el descontrol de la jornada laboral. Resulta difícil no sorprenderse cuando, en nuestro ordenamiento jurídico, las jornadas especiales se regulan por real decreto desde 1995, pero el registro —ya establecido por ley— parece resistirse a ese mismo desarrollo. Como si ordenar el tiempo de trabajo fuera aceptable, pero controlarlo efectivamente resultara sospechoso.

La paradoja es evidente. El Consejo de Estado nació en 1526, bajo Carlos V. Cinco siglos después, en plena era de algoritmos e inteligencia artificial, parece que pasar del papel al registro digital exige poco menos que una reforma constitucional. Menos mal que su criterio no es vinculante, porque la recomendación, al mismo tiempo que pone barreras a los avances tecnológicos , nos devuelve al siglo XVI

Y ello pese a que el propio dictamen reconoce lo esencial: el descontrol de la jornada es un problema grave que afecta a la salud, la conciliación y la competencia leal. Es decir, admite el diagnóstico, pero rechaza el tratamiento. Además, desplaza el debate hacia lo caricaturesco: la protección de datos. De pronto, el problema no es trabajar gratis, sino registrar ese trabajo. No se protege a quien lo sufre, sino —parece— a quien lo impone.

El resultado es inquietante: la protección de datos como escudo de la opacidad. Llevado al extremo, obligaría a replantear incluso la actuación de Hacienda: ¿también las facturas o los registros contables deberían quedar fuera de control en nombre de la intimidad? El absurdo es evidente. Porque aquí no se trata de datos: se trata de derechos.

Los datos son tozudos. Cada semana se realizan millones de horas extraordinarias en España, muchas sin retribuir. Solo en 2025, 2,49 millones de horas semanales no se pagaron, afectando a 441.000 personas y generando más de 3.200 millones de euros anuales no abonados, según datos de la EPA. Traducido: A cientos de miles de personas trabajadores les roban más de cinco horas de su vida cada semana.

Quizá no sea urgente. Depende de dónde se mire. No lo es desde la cómoda distancia de un dictamen que pide “sosiego y reflexión”, pero sí para quien encadena jornadas ilegales, no puede conciliar o ve evaporarse su salario en horas invisibles.

Por eso se visualiza en este dictamen una cierta alineación con quienes llevan años resistiéndose a cumplir la ley. No se cuestiona un exceso regulatorio, sino que el control sea eficaz: que el registro sea, como exige el Derecho europeo, objetivo, fiable y accesible. Y eso, en la práctica, significa que no pueda manipularse.

Discutir si el registro debe ser digital, los plazos o las cargas para las pymes es legítimo. Pero no puede servir de coartada para sostener un sistema que aún permite prolongaciones de jornada no registradas ni pagadas. Entonces ya no hablamos de técnica jurídica, sino de normalizar una ilegalidad.

Además, el dictamen trata con ligereza una cuestión clave: la salud laboral. Controlar el tiempo de trabajo no es solo salario, es prevención. Jornadas excesivas y descansos insuficientes impactan directamente en la salud, algo que el propio Consejo de Estado reconoce.

Negar la urgencia es negar la evidencia. Puede no serlo desde un despacho que reclama “sosiego”, pero sí para quienes acumulan cada semana horas no pagadas. La pregunta es sencilla: ¿cuántas más hacen falta para que sea urgente?

El Gobierno debe decidir. Puede dejarse arrastrar por un dictamen no vinculante que debilita la reforma o garantizar que la ley se cumple y la competencia es leal.

Eso exige aprobar el real decreto, con los ajustes técnicos necesarios, pero sin tocar su esencia: un registro objetivo, fiable, accesible y no manipulable que proteja las horas trabajadas, la retribución y la salud.

Si al Consejo de Estado no le parece urgente, es legítimo. No responde ante los ciudadanos.

El Gobierno, sí.

El Real Decreto-ley 8/2026, aprobado el pasado 20 de marzo, ofrece la posibilidad de prorrogar miles de contratos de alquiler que finalizan entre este año y el siguiente. En un contexto de riesgos inflacionarios por el ataque de Israel y Estados Unidos a Irán y el Líbano, especulación inmobiliaria y más de 600.000 contratos de alquiler en riesgo de extinción, esta norma introduce una prórroga extraordinaria de dos años para los arrendamientos de vivienda habitual. Su objetivo es claro: proteger a los inquilinos y evitar desahucios masivos en un mercado donde el precio de la vivienda se ha convertido en un lujo inalcanzable para miles de familias.

¿Hasta qué punto es una medida proporcional y jurídicamente sólida?

La crisis de vivienda no es nueva y se viene agravando en los últimos años. Según el Informe de Intermón Oxfam publicado el 18 de marzo, el 85% de las personas inquilinas destina más del 30% de sus ingresos al pago de la renta y una de cada tres supera el 50%. La Ley Estatal de Vivienda del año 2023 no está consiguiendo revertir la tendencia alcista y, aunque en algunos territorios que la aplican (Cataluña, País Vasco, Navarra, …) se aprecian leves mejoras, en el conjunto de España la media sigue siendo crítica con algunas zonas al borde del colapso como las islas y muchos centros urbanos. Las llamadas “renovictions” o extinciones contractuales para explotar el inmueble con elevación constante de precios se han convertido en una práctica muy extendida en un mercado de alquiler enfocado a la optimización de beneficios con clara desatención de la función social de la vivienda.

Ante este escenario, el Gobierno ha actuado con una herramienta proporcional y temporal: una prórroga que no altera el equilibrio contractual, sino que lo extiende en condiciones estables, limitando la actualización de la renta al 2% anual. El inquilino gana seguridad residencial y el arrendador mantiene un ingreso estable tal y como ya viene percibiéndolo.

Además, contempla dos excepciones claras. Por un lado, no habrá prórroga si el arrendador necesita la vivienda para sí mismo o sus familiares directos. Por otro, la prórroga deja de tener validez si ambas partes acuerdan otras condiciones o firman un nuevo contrato.

El Tribunal Supremo avala estas medidas extraordinarias, como sucedió con las prórrogas de pandemia, apoyándose precisamente en su proporcionalidad y efecto temporal mientras se aplican otras medidas para resolver el problema de fondo. Es decir, se justifica como alivio temporal para articular otras medidas desde los poderes públicos, empezando por las Comunidades Autónomas que son las competentes directas en vivienda. Así, resulta proporcionado que la ley sirva para dar un respiro a los inquilinos, sin merma en los ingresos de los caseros, mientras se avanza para garantizar el derecho a una vivienda digna, promesa constitucional largamente incumplida.

¿Cómo acogerse a la prórroga?

Si el contrato finaliza antes del 31 de diciembre de 2027, se puede solicitar la prórroga ahora mismo. No es necesario esperar a que el propietario notifique su voluntad de no renovar. Basta con enviar una solicitud por escrito (burofax). Las organizaciones de defensa del derecho a la vivienda como los sindicatos de inquilinos están poniendo a disposición modelos de escrito para rellenarlos y enviar fácilmente.

Es importante hacerlo pronto ya que solo se puede solicitar la medida mientras el Real Decreto está en vigor. Junts, PP y Vox han anunciado su voto en contra en la votación que tendrá lugar dentro de pocas semanas pero el futuro no está escrito y la activación social de la creciente población inquilina en España puede hacer variar esa posición.

Una prórroga permite seguir jugando el partido. No resuelve todos los problemas pero ofrece un tiempo extra para quienes, de otro modo, se enfrentarían a desahucios o subidas de renta insostenibles.

Una encuesta de opinión realizada en Israel dos semanas después de la guerra contra Irán demostró lo que parecía un estado de euforia: sondeos realizados por think tanks como el Instituto de Democracia de Israel y el Instituto de Estudios de Seguridad Nacional (INSS) mostraban que casi el 80% del público apoyaba la guerra. Entre la población judía de Israel, esa cifra aumentaba al 91%.

La imagen real es más complicada. El INSS también encontró que entre los ciudadanos árabes, que son predominantemente palestinos y representan alrededor del 20% de la población israelí, alrededor de dos tercios se oponían a la guerra. Y la realidad siempre es más compleja que las cifras de las encuestas: desde Tel Aviv, puedo ver que los judíos israelíes que impulsan este apoyo arrollador están simultáneamente agotados por lo que ahora ya son más de tres semanas de huir de los ataques con misiles día y noche, y por el daño económico, social y físico de la guerra.

También hay incertidumbre sobre cuáles objetivos de guerra son realistas. En la primera semana, una encuesta del INSS encontró que el 22% de los israelíes pensaba que la guerra “colapsaría completamente” al régimen; en la segunda semana, esa cifra se redujo a la mitad (el resto creía que la guerra solo causaría daños moderados o bajos al régimen).

Pero más allá de estas dificultades e incertidumbres diarias, hay grandes razones generales por las que los judíos israelíes apoyan tanto la guerra. En primer lugar, hay un efecto general y típico de “unidad alrededor de la bandera”. Pero en la situación actual, muchos israelíes también creen, o esperan, que esta sea la guerra que redefina su realidad.

A los israelíes se les ha dicho repetidamente que Irán es un patrocinador, financiador y proveedor de armas de todas las amenazas contra Israel: Hamás, Hizbolá, Hutíes. De hecho, Benjamin Netanyahu quiere que los israelíes crean que Irán es en realidad la fuente de toda hostilidad hacia Israel (y una amenaza para el mundo en general). Hay pocos matices en este punto de vista, que el gobierno israelí describe en términos cada vez más reduccionistas: Irán comenzó toda esta hostilidad contra Israel debido al fanatismo religioso y al odio inexplicable. Con destruir el régimen iraní, la amenaza contra Israel termina. Los comentaristas y analistas dicen regularmente a los medios israelíes que tanto Hamás como Hizbolá serán sombras irrelevantes de sí mismos una vez que caiga el régimen iraní.

Netanyahu siempre ha preferido centrarse en Irán, una postura que le ha permitido poner el caso de Israel en el escenario mundial, participar en geopolíticas con grandes líderes de poder y posicionarse como un estadista creíble a los ojos del pueblo israelí. Dado que la República Islámica es realmente un régimen que busca exportar radicalismo y terror y desestabilizar y socavar a los estados vecinos, Netanyahu tenía sus argumentos.

Pero su foco en la amenaza iraní siempre sirvió a un doble propósito, como una desviación consciente y permanente de la ocupación israelí de Cisjordania y Gaza y del derecho palestino a la autodeterminación nacional. Netanyahu no cree que ninguna de estas cosas exista. En el mejor de los casos, en su opinión, los palestinos no son una nación con derechos políticos, sino un problema de seguridad que debe contenerse.

En una conferencia de prensa durante esta guerra (y en sus discursos de más alto perfil mucho antes), Netanyahu ha reiterado que Irán “construyó un 'eje del mal' con ejércitos terroristas de Hizbolá, Hamás, los hutíes, el régimen de Assad y otros”. De nuevo: Irán ciertamente cultivó a estos actores, pero retratar a Hamás como una mera extensión de Irán refuerza la tendencia israelí a pretender que en realidad no hay un problema palestino, solo actores externos hostiles a Israel.

Además del encuadre consciente de Netanyahu, la guerra contra Irán y contra Hizbolá en el Líbano está ayudando a los israelíes a alejarse de los palestinos, simplemente por omisión. La guerra está consumiendo todo el espacio en los medios de comunicación, entre el análisis militar de ambos frentes, la especulación sobre los próximos pasos de Estados Unidos y la cobertura sobria del frente interno, desde los daños por misiles hasta las dificultades de la sociedad civil.

En refugios subterráneos en las casas, hoteles, centros comerciales, estaciones de tren, el teatro nacional y el municipio de Tel Aviv, israelíes de todo tipo se esconden de los bombardeos a todas horas. En estos refugios, rara vez he escuchado ninguna discusión sobre política, algo muy inusual para los israelíes políticamente gregarios. La gente parece muy privada de sueño, demasiado enfocada en superar el próximo bombardeo y sus pérdidas comerciales o en hacer malabares con los trabajos mientras los niños no tienen escuela, como para pensar en los problemas que permanecerán mucho después de que termine la guerra con Irán.

Y bajo la cobertura de la guerra, Israel está empeorando aún más la situación de los palestinos. Aprovechando la furia en Israel después del 7 de octubre y la actual distracción en tiempos de guerra, los fundamentalistas religiosos de Israel y sus fanáticos socios ultranacionalistas en el gobierno, respaldados por el ejército, se han desquiciado en Cisjordania. La semana pasada, la policía fronteriza israelí atropelló a una familia, matando a los padres y dos hijos frente a los dos niños sobrevivientes; los colonos supuestamente aterrorizaron a una aldea palestina, golpearon a mujeres y niños y agredieron sexualmente a un hombre de la aldea. Semana tras semana, los colonos y el ejército roban cientos de ovejas, el sustento de los palestinos más pobres de la región.

Gaza está atrapada en el purgatorio; Israel ocupa más de la mitad de la tierra, y el resto está controlado por un Hamás resurgente, que lucha contra bandas armadas apoyadas por Israel. Más de 100 niños han muerto desde que comenzó el alto el fuego en octubre y enero pasados; pero los israelíes se han convencido de que la guerra ha terminado.

La cuestión palestina no desaparecerá. Hasta que los israelíes vean con la perspectiva conveniente la premisa de que el derrumbe del régimen de Irán resolverá todos sus problemas, y se reenfoquen en abordar las reivindicaciones palestinas de autodeterminación a través de la diplomacia, ningún resultado impresionante en Irán le dará a Israel la paz que dice querer.

En su defecto, incluso aplastar las capacidades de Irán no pondrá fin a los ciclos actuales de violencia en Israel y Palestina, ni cambiará el hecho de que la supresión, la represión, la violencia y la negación de la existencia de un grupo nacional llevará a este a aferrarse a su causa con mayor determinación. Esto hará más duradera su lucha e impulsará una mayor disposición a sufrir pérdidas hasta que logren el reconocimiento y la autodeterminación.

Nadie puede afirmar que un Estado palestino resolverá de alguna manera todos los problemas. Pero poner fin a este ciclo miserable a través del derecho natural a la autodeterminación de los palestinos, que disfrutan otras naciones del mundo, contribuirá en gran medida a poner fin a la mayor fuente de hostilidad contra Israel, aquí mismo en casa.

He de reconocerles que no sigo de cerca la actividad del Consejo de Estado, pero su dictamen sobre el Proyecto de Real Decreto en materia de control de la jornada de trabajo ha llamado mi atención. Quizás porque se refiere a una materia que ha marcado toda mi vida profesional y sindical. 

Hacerme con él no ha sido fácil y, como no me gusta opinar de oídas o a partir de titulares “demoledores”, he tardado más de lo aconsejable en hacerlo en un mundo en el que las noticias pierden actualidad a las pocas horas de saltar a la palestra. 

Una aceleración que, por cierto, choca con el sosiego y la reflexión que el Consejo de Estado reclama para sus funciones consultivas. Si se contrasta la multitud de requerimientos procedimentales que se establecen en la elaboración de las normas con los ritmos de la vida cotidiana, emerge una de las grandes disrupciones de nuestro tiempo. Instituciones y procedimientos pre-analógicos sometidos a la vertiginosa velocidad del mundo digital. 

Casi tan interesante como el cuerpo del informe me ha resultado la lectura de las alegaciones formuladas por los llamados a emitir su opinión. Más que previsible la oposición de las organizaciones empresariales. Curiosas, por ser prudente, las emitidas por otros ministerios distintos al de Trabajo.  

Las alegaciones de Economía “valoran positivamente la iniciativa y desfavorablemente su puesta en marcha”. Suena a nadar y guardar la ropa, para que nadie sospeche que a los ministerios de economía -desde que se creó el primero- nunca les ha gustado eso de ponerle obligaciones a las empresas.

El Ministerio de Transformación Digital y Función Pública alega el elevado coste que tendría para las administraciones públicas tener que aplicar la norma. Al leerlo me he preguntado qué sucedería con el propio ministerio si se aplicara este criterio a su propia existencia. 

Al final de la lectura del dictamen me he quedado con la impresión que en estas alegaciones hay más fuego aliado que observaciones tendentes a mejorar la elaboración de la norma. Más adelante lo explico con ejemplos, pero como espóiler ya les adelanto que, a la vista de las muchas cosquillas que se le busca al Decreto, parece que mucha gente le tenía ganas a esta norma y a sus impulsores.  

Sobre el fondo del asunto, parto de la idea pacíficamente aceptada de que las leyes para ser útiles requieren ser cumplidas y que al poder ejecutivo le corresponde poner los medios para garantizar y controlar su aplicación. Es evidente que en materia de jornada de trabajo eso no sucede, como demuestra la millonada de horas extras realizadas que detecta la EPA. Algunas más allá de los límites fijados en el estatuto de los trabajadores, una parte de las cuales ni tan siquiera se retribuyen. 

No hace falta ser un especialista, basta con tener la vista y los oídos atentos, para saber que el actual mecanismo de control de la jornada de trabajo no funciona adecuadamente. En román paladino, algunas, demasiadas, empresas aplican aquello de “hecha la ley, hecha la trampa”

Entrando en materia. Me ha provocado verdadero pánico jurídico la contraposición que hace el dictamen entre la regulación normativa del control de la jornada y la que establecen algunos convenios colectivos -la minoría, por cierto-. ¿Son conscientes en el Consejo de Estado de que sus argumentos nos pueden conducir a la negación del papel de las normas legales en la regulación de las relaciones de trabajo? 

Entre las principales razones que utiliza el dictamen para rechazar la norma emerge el habitual argumento de su impacto en las pymes. Es evidente que la realidad de las pequeñas es muy distinta a la de las grandes empresas. Y que el legislador y el Ejecutivo deben tenerlo en cuenta. Aunque ese argumento serviría para desmontar todas las obligaciones fiscales, de seguridad social, de salud laboral. Y no por eso dejan de aprobarse, entre otras cosas porque sería discriminar a las personas que trabajan en las pymes.

Por cierto, quizás ha llegado el momento de entender que el apoyo a las pequeñas empresas no consiste en encerrarlas en una burbuja. Pasa por ayudarlas a crecer, a que dejen de ser pequeñas y adquieran musculatura económica. Lo necesitan las pymes para subsistir y también el país. Deberían entenderlo, especialmente, aquellos que dicen estar muy preocupados por nuestra productividad. 

Sinceramente, me parece que es buscar tres pies al gato que se utilice como argumento contra el control digital de la jornada que hay lugares a los que no llega la conexión de internet. ¿Eso no afecta al resto de operativas de estas empresas, las financieras, por ejemplo? ¿La solución es dejar de digitalizar la relación entre empresas y administración? o ¿mejorar la cobertura? Este es uno de los muchos argumentos peregrinos utilizados por el Consejo de Estado para negar su voto favorable al proyecto de Decreto.  

Los redactores del dictamen se lo podrían haber currado un poco más. Argumentar que los datos que aporta la memoria del Decreto sobre horas extras no pagadas -basados en las estimaciones de la EPA- deberían cuantificarse mejor es grotesco. ¿Se han parado a pensar que por definición las horas extras no pagadas son de muy difícil comprobación? Especialmente, si no se dispone de un control eficiente de la jornada en los centros de trabajo. 

Incluso se pone en duda de que la aplicación del control de la jornada pueda tener una incidencia positiva en la conciliación personal de vida y trabajo. Se califica este apartado de la memoria como un objetivo a alcanzar no avalado por datos contrastados. Con este rigor del Consejo de Estado, el que exigen, pero no practican, no hay norma que supere las exigencias de la ley sobre la evaluación de los impactos de género. 

Hay un hilo conductor que recorre todo el dictamen: los constantes argumentos o más bien excusas puestas por el Consejo de Estado para dudar de la posibilidad de que la digitalización pueda entrar en el terreno de las obligaciones empresariales. Digitalización sí, para todo y más, menos para el control de la jornada de trabajo.

He de decir, en cambio, que me parecen razonables algunas de las observaciones realizadas en el dictamen con relación a la necesidad de mejorar la protección de datos personales que debe garantizar cualquier mecanismo de control de jornada. 

Aunque incluso en este apartado algunos de sus razonamientos producen sonrojo. La memoria del Decreto justifica su necesidad en las dificultades que tiene la Inspección de Trabajo para controlar la jornada con el actual modelo. El Consejo de Estado para descalificar esta justificación aporta un argumento que más bien parece un chiste de Forges sobre funcionarios. Así afirman que “el hecho de que un determinado grupo de funcionarios pueda hacer su trabajo con mayor facilidad no supone justificación suficiente”. Por favor, tápense un poco, que no se trata de la comodidad de inspectores o inspectoras de trabajo. Es que, con el actual sistema, no pueden ejercer correctamente sus funciones de control de la aplicación de la ley. 

También merecen atención, a mi juicio, las observaciones hechas sobre los plazos en la entrada en vigor de la norma. Ello es importante porque no se pueden establecer obligaciones a las empresas, ni a ningún administrado, hasta tener la seguridad de que tienen a su disposición los mecanismos necesarios para su cumplimiento. 

El tronco del dictamen hace referencia a un tema de alta complejidad jurídica. La alegación, que asume el Consejo de Estado, de que el control digital debe regularse por una norma con rango de ley y no puede serlo por un Decreto es más que dudosa. Sobre todo, si se tiene presente que la regulación de la jornada de trabajo y el establecimiento de un registro diario, que incluye el horario, viene ya establecido en una norma con rango de ley, el estatuto de los trabajadores, en su artículo 34.

No quiero cansarles, concluyo que me he quedado con la impresión de que los redactores del informe llegaron primero a la conclusión de que debían cargarse el proyecto de Decreto y luego se pusieron a buscar argumentos bajo las piedras para justificar su negativa a la aprobación del Decreto proyectado. 

No se alarmen, aunque a los legos les cueste entenderlo, esta es una lógica muy habitual en el funcionamiento de los Tribunales, primero se decide el fallo de la sentencia y luego se arman los fundamentos jurídicos. Si eso se hace, a menudo, con resoluciones judiciales no es muy exagerado pensar que se haya hecho también con un dictamen del Consejo de Estado que en definitiva es un trámite preceptivo, pero no vinculante para el poder ejecutivo.   

Espero que en el Ministerio de Trabajo y en el Gobierno sepan encontrar la fórmula para mejorar el texto de la norma y así aprobar el control digitalizado de la jornada de trabajo. Por el bien de nuestro sistema democrático. No hay nada que erosione más la confianza de la ciudadanía en las instituciones que las personas tenga la convicción, fruto de sus traumáticas experiencias, que las leyes se aprueban, pero no se cumplen y no se hace nada para hacerlas cumplir. 

Culminado el proceso que reconoció a Noelia la prestación de ayuda a morir y ahuyentada la bandada de aves rapaces que velaron sus últimas horas, llega el momento de examinar el camino recorrido y las circunstancias que han provocado una demora de casi dos años en el ejercicio de un derecho fundamental que cuenta con una de las regulaciones más garantistas de Europa y que el Tribunal Constitucional definió como la capacidad de “llevar a término un proyecto de fin de vida acorde con la dignidad humana”.

Nuestro sistema exige al Estado actitudes distintas en función de la naturaleza de cada derecho fundamental. Para garantizar el derecho a la libre circulación o la libertad de expresión bastará con que el Estado no interfiera en nuestra esfera de libertad. Otros derechos, en cambio, precisan una implicación que va más allá de la mera tolerancia. Sucede así, por ejemplo, con la interrupción voluntaria de un embarazo y la necesidad de que exista una red hospitalaria adecuada, gratuita y accesible a toda la población. De lo contrario, es fácil advertir que determinados derechos, aunque fundamentales, correrían el riesgo de convertirse en privilegios al alcance de unos pocos.

El derecho fundamental a la muerte digna forma parte de este segundo grupo: si concurren los requisitos previstos en la Ley Orgánica (entre otros, “sufrir una enfermedad grave e incurable o un padecimiento grave, crónico e imposibilitante”) no bastará con respetar la decisión del paciente, sino que el Estado (en palabras del Tribunal Constitucional) debe “contribuir a su efectividad”.

La experiencia de este proceso judicial es importante porque permite identificar cuestiones problemáticas que pueden dificultar el ejercicio efectivo de los derechos de los pacientes y nos da la oportunidad de discutirlas y proponer mejoras. Planteo aquí las tres que considero más relevantes:

1. La Ley contempla la posibilidad de que la denegación de la prestación de eutanasia pueda ser recurrida por el propio paciente ante un juez. No obstante, no dice nada respecto de las resoluciones que son favorables, pues parece lógico pensar que un paciente que ha solicitado la eutanasia no recurrirá luego la resolución que se la concede.

El Tribunal Constitucional recordó que ese silencio no convierte las resoluciones favorables en “irrecurribles” pero se limitó a señalar que podrían hacerlo el Ministerio Fiscal y “quienes ostenten legitimación”. En función de cuan generosa o restrictiva sea la interpretación judicial del círculo de personas legitimadas mayor o menor será el número de personas distintas al paciente que podrán levantar la mano para cuestionar ante un Juez el reconocimiento del derecho.

El caso de Noelia patentiza que no es una cuestión sencilla ni pacífica: la primera sentencia dio la razón a la Generalitat de Catalunya y declaró que su padre carecía de legitimación para impugnar su eutanasia; mientras que la segunda sentencia hizo el razonamiento inverso. Ambas, no obstante, ratificaron el correcto reconocimiento de su derecho a morir con dignidad y dentro de pocos meses (en otro caso parecido) el Pleno del Tribunal Supremo fijará doctrina sobre esta cuestión para que todos los órganos judiciales sigan el mismo criterio.

En mi opinión, la ponderación de intereses en juego conlleva que los familiares del paciente, por esa sola condición (si no concurren otras razones extraordinarias), carezcan de legitimación, sea cual sea su hoja de servicios como padre, madre o cónyuge: el amor y el dolor por la muerte de un ser querido merece toda la empatía, pero no es un título habilitante para impugnar una decisión voluntaria, libre y personal, anudada a la dignidad humana y médicamente verificada.

Abrir demasiado ese círculo implicaría otorgar, a efectos prácticos, un derecho de veto temporal (en este caso, nada menos que un año y ocho meses) a las familias de los pacientes disconformes con su decisión.

2. La única forma de evitar una instrumentalización de estos casos es exigir la tramitación preferente y sumaria que la Constitución y la propia Ley Orgánica de eutanasia imponen a este tipo de procesos judiciales. Al margen de cualquier consideración sobre ese derecho, no existen razones que puedan justificar el transcurso de 18 meses entre la primera resolución y la inadmisión definitiva por parte del Tribunal Supremo.

El sistema constitucional no penaliza postulados ideológicos (y ello incluye la refracción al conocimiento). Tampoco impide que quien así lo desee -tenga o no razón- acuda a los tribunales y trate de iniciar causas judiciales, incluso cuando sea con la declarada finalidad de lograr dos minutos de telediario. Me parece un error situar el foco del problema en la irresponsabilidad de colectivos que se limitan a intentar aprovechar las inercias que lastran el sistema judicial, estirar al máximo los tiempos del proceso y dormir el partido durante meses para torcer la voluntad del paciente por puro agotamiento o crear una sensación de temor al colectivo sanitario.

Por supuesto, una parte de esta estrategia escapa al control judicial. La respuesta social a estos fenómenos es un medidor fiable de la virtud cívica más que de la calidad legislativa y concierne al rigor deontológico de cada medio de comunicación darles o no alimento.

El proceso impulsado contra la eutanasia de Noelia nunca tuvo como finalidad genuina discutir su correcta concesión por parte de la Comisión de Garantía y Evaluación de Catalunya. Su ambición era más sencilla: dilatar el proceso al máximo y rentabilizar el circo mediático. Derogar de facto el ejercicio del derecho fundamental. No es necesario ni deseable prohibir nada a nadie. Bastaría con resolver con rapidez y garantías en un plazo de tiempo razonable.

3. La última cuestión está vinculada a la necesidad de establecer medidas dirigidas a evitar que un proceso de estas características revictimice al paciente. Existe un amplio consenso acerca de las mejoras derivadas de protocolos de actuación específicos en procesos que afectan ámbitos especialmente sensibles (infancia, violencia de género, capacidad…) y el proceso de Noelia, quizás por ser el primero, ha tenido grietas importantes en este aspecto que debemos mejorar entre todos.

Seguramente en otro tipo de proceso Noelia no habría tenido que cruzarse en el mismo pasillo del Juzgado con las personas que, según declaró ella misma, le llenaban la habitación del hospital de crucifijos y estampitas religiosas contra su voluntad. Con toda seguridad tampoco habría tenido que declarar en presencia de su padre. Quizás debamos preguntarnos si era necesario someterla a un interrogatorio judicial cuando, con buen criterio, pocos días antes dos doctores del Instituto de Medicina Legal y Forense habían elaborado un informe complementario a petición del Ministerio Fiscal donde se concluía que tenía plenas capacidades y también prestaron declaración.

Dicho lo anterior, lo más relevante es lo siguiente: todas las pruebas que se practicaron durante el proceso judicial fueron a petición del Ministerio Fiscal y la Generalitat de Catalunya a pesar de compartir el criterio de la Comisión de Garantía y Evaluación. Parecería razonable pensar que quien inicia un proceso judicial y solicita la paralización de una prestación de eutanasia afirmando que los informes médicos “no aportan verdadera información sobre la capacidad de la paciente” hubiera tratado, cuanto menos, de desplegar una mínima actividad probatoria en esa dirección (proponer el interrogatorio de los profesionales en cuestión o aportar informes de signo distintos que discutieran el criterio de los profesionales que examinaron a Noelia durante meses).

Esta sorprendente pasividad procesal quedaba compensada de largo con una incombustible actividad mediática arropada por una conga de cámaras y micrófonos que acudieron raudos a las puertas del Juzgado, a platós de televisión e incluso frente al hospital el último día de vida de la paciente en riguroso directo.

Quien quiera conocer en profundidad las razones médicas de la concesión de la eutanasia a Noelia tiene a su disposición las dos sentencias del caso en la página web del Consejo General del Poder Judicial (CGPJ). En nuestro país los procesos y las resoluciones judiciales son públicas por imperativo constitucional porque contamos con la certeza de que la transparencia es una garantía colectiva frente a arbitrariedades y una vacuna contra la ignorancia y el mal gusto.

Tras la II Guerra Mundial que causó la muerte de más de 70 millones de personas, de ellas cerca de 50 millones de civiles, la mayoría de las naciones vieron la necesidad de crear una organización que velara por el mantenimiento de la paz y la seguridad internacionales y de comprometerse contra las guerras, firmándose el 26 de junio de 1945 la Carta de las Naciones Unidas. 

Su preámbulo comienza subrayando que somos “nosotros los pueblos de las Naciones Unidas, resueltos a preservar a las generaciones venideras del flagelo de la guerra” y “a reafirmar la fe en los derechos fundamentales del hombre”, “hemos decidido aunar nuestros esfuerzos” para tal objetivo.

A tal fin establece en su art. 2 el compromiso de todos sus miembros de abstenerse de “recurrir a la amenaza o al uso de la fuerza contra la integridad territorial o la independencia política de cualquier Estado”, salvo expresa decisión del Consejo de Seguridad dirigida a “mantener o restablecer la paz y a seguridad internacionales” (art.42), e igualmente salvo el derecho de legítima defensa de un Estado frente a un ataque armado (art.51), defensa que deberá ser proporcionada.

Por su parte, la Declaración Universal de Derechos Humanos, proclamada en 1948 por la Asamblea General de la ONU, inicia afirmando que “el desconocimiento y el menosprecio de los derechos humanos han originado actos de barbarie ultrajantes para la conciencia de la humanidad” y que “es esencial que los derechos humanos sean protegidos por un régimen de Derecho” así como promover el desarrollo de relaciones amistosas entre las naciones, proclama en su artículo 28 que “toda persona tiene derecho a que se establezca un orden social e internacional en el que los derechos y libertades proclamados en esta Declaración se hagan plenamente efectivos”.

El mantenimiento de la paz, el rechazo de la guerra y la garantía de los derechos humanos constituyen el núcleo central de lo acordado con la creación de la ONU, ratificado por todos sus Estados miembros, incluidos Rusia, Estados Unidos e Israel. Todo ello constituye la ley, la legalidad internacional que obliga a todos los Estados, sin matices ni excepciones.

Del mismo modo, en Europa se crearon instituciones para preservar la paz y superar siglos de confrontaciones y guerras entre europeos. En 1949 el Consejo de Europa con el objetivo de promover tanto los derechos humanos como el Estado de Derecho y cuyo Convenio Europeo de Derechos Humanos se aprobó en 1950. Y más tarde la hoy Unión Europea, cuyo motor más potente ha sido el deseo de paz y la protección de los derechos humanos, así como el apoyo al multilateralismo.

El movimiento por los derechos humanos y la paz ha sido imparable, con convenios también en África, Asia y el continente americano.

La agresión militar de Trump y Netanyahu contra Irán, sin mandato de Naciones Unidas y sin defenderse de un ataque previo de esta última, supone que las reglas que rigen las relaciones entre los Estados de la comunidad internacional no solo han sido vulneradas de manera flagrante, sino que lo han sido con la desvergüenza de quien se ríe de ellas y las desprecia, porque es el más fuerte, que impone su ley, la propia, no la común acordada por todos. Nada justifica los salvajes bombardeos realizados por Estados Unidos e Israel en Irán y Líbano, que han causado la muerte de miles de personas, incluidas ya 100 niñas iraníes asesinadas en su colegio, además de un millón de desplazados y una crisis humanitaria de incalculables dimensiones.

Cierta y lamentablemente, a lo largo de estos ochenta años se han producido numerosas y muy graves vulneraciones de la Carta de Naciones Unidas, en los últimos tiempos Rusia con la invasión de Ucrania y antes Estados Unidos en su agresión a Irak, además de Israel con el genocidio de Gaza. Pero nunca se había cuestionado su legitimidad y necesariedad para el mantenimiento del sistema multilateral cimentado en normas.

Pero el caso de Trump desborda todos los anteriores por la arbitrariedad que implica y el nulo intento de dar una justificación mínimamente coherente de la agresión, que no sea mostrar al mundo el desprecio del Derecho Internacional y del multilateralismo, junto con la pretensión de Israel de ser la única potencia de la zona. 

Esta escalada bélica está generando un incremento de la inseguridad global y también graves consecuencias económicas para la población mundial, especialmente la más vulnerable, además de “pingües” negocios a las petroleras y a la propia familia de Trump.

Nos encontramos en un momento en el que se hace imperativo reivindicar la defensa del multilateralismo fraguado en torno a la Carta de Naciones Unidas. No podemos legitimar la arbitrariedad. Rechazamos la Ley del más fuerte y reivindicamos un sistema internacional basado en el imperio de la Ley. 

Como organizaciones de la sociedad civil comprometidas con la paz y los derechos humanos en todo el mundo, reclamamos a la comunidad internacional y en especial a la Unión Europea un compromiso rotundo con la paz que conlleve la firme condena de esta agresión, el cese inmediato de las hostilidades en Oriente Medio y la búsqueda de una solución basada en la diplomacia y el diálogo. La Unión Europea debe ser consecuente en la defensa de los principios consagrados en la Carta de Naciones Unidas con un trabajo permanente en defensa del multilateralismo.

Porque, con independencia del profundo rechazo que nos produce la teocracia iraní, la alternativa a la legalidad internacional es la arbitrariedad y barbarie, la vuelta a la razón del más fuerte, es decir, a la brutalidad y al salvajismo, con el olvido de los derechos humanos y de los principios kantianos de la paz perpetua. 

Reivindicamos el valor del ser humano, de su dignidad intrínseca y de sus derechos como piedra angular del orden internacional bajo el auspicio de Naciones Unidas, porque la paz es más que la ausencia de guerra, es generar las condiciones para el pleno ejercicio de los derechos humanos.

Hay remodelaciones que buscan cambiar el rumbo y otras que buscan protegerlo. En el tramo final de la legislatura, los gobiernos tienden a reordenar sus prioridades: reducir desgaste, asegurar la gestión y concentrar el capital político allí donde resulta más eficaz. La última remodelación del Ejecutivo responde, en buena medida, a esa lógica. No es solo un relevo de nombres, sino una redefinición del equilibrio entre técnica y política.

La salida de María Jesús Montero, el ascenso de Carlos Cuerpo a la vicepresidencia y la incorporación de Arcadi España apuntan en esa dirección. El cambio rompe además una inercia simbólica —la vicepresidencia económica deja de estar en manos de una mujer—, pero su significado profundo está en los perfiles. Frente al peso político, la exposición mediática y la capacidad de confrontación de Montero, el nuevo esquema pivota sobre figuras de bajo perfil, orientadas a la gestión y alejadas del foco.

Carlos Cuerpo se consolida así como eje del área económica. Su perfil técnico, vinculado a las instituciones europeas, encaja con la necesidad de proyectar solvencia en un contexto marcado por la guerra, la inflación y la continuidad de las políticas de protección. Los datos refuerzan esa apuesta: debutó en el CIS en abril de 2024 como un ministro prácticamente desconocido —apenas lo identificaba un 13% de los ciudadanos—, pero en pocos meses pasó a ser el mejor valorado del Gobierno. Hoy mantiene esa posición, con un 5,27, siendo el único que aprueba.

Ese perfil ha tenido una consecuencia política directa: su baja exposición al desgaste. Desde su llegada en enero de 2024, ha recibido solo 11 preguntas en el Congreso, tres de ellas del Partido Popular —apenas un 27%—. Más significativo aún: la oposición tardó más de un año en interpelarle por primera vez. No es solo menor fiscalización; es también la evidencia de que no ha sido un blanco eficaz en la confrontación.

La incorporación de Arcadi España profundiza en esa misma lógica. Su trayectoria en la Generalitat Valenciana, donde fue una pieza clave del Gobierno del Botànic junto a Ximo Puig, no solo le aporta experiencia en Hacienda y financiación, sino también en gestión política compleja. Fue, de hecho, uno de los perfiles encargados de engrasar las relaciones internas de la coalición, especialmente con Mónica Oltra, en un contexto no exento de tensiones.

Ese bagaje ayuda a entender su estilo. Arcadi España representa, en muchos sentidos, la antipolarización: un perfil que tiende a rebajar el conflicto, a buscar espacios de acuerdo y a evitar la sobreactuación política. Su forma de intervenir —contenida, prudente, casi académica— lo aleja de la lógica de confrontación permanente que domina la política nacional.

Y ahí reside precisamente el contraste con su predecesora. María Jesús Montero había asumido en los últimos tiempos no solo la gestión económica, sino también la tarea —o la carga— de responder a una oposición que ha convertido el Congreso en un espacio de hostigamiento constante, en una suerte de guerra de guerrillas parlamentaria. Arcadi España, por el contrario, no ha mostrado hasta ahora esa retórica de combate.

El mensaje del Gobierno es claro: en el último año de legislatura no se busca tanto generar impacto político desde la gestión económica como reducir fricción. En una cartera que acumula inevitablemente costes —y más en territorios como la Comunitat Valenciana, donde la cuestión fiscal es especialmente sensible—, la apuesta es por perfiles que amortigüen el desgaste.

Pero ese movimiento tiene una contrapartida. Al tecnificar el área económica, el Ejecutivo libera —y al mismo tiempo concentra— el capital político en una figura: Pedro Sánchez. La estrategia parece clara: proteger la gestión y capitalizar la política.

Los últimos datos del CIS apuntan en esa dirección. Entre sus votantes, Sánchez obtiene una valoración media de 6,9 y mantiene una alta fidelidad —más del 75% lo prefiere como presidente—, lo que refuerza su papel como principal activo electoral. Al mismo tiempo, sigue siendo un potente movilizador para la oposición, lo que intensifica la polarización.

En ese contexto, la defensa del decreto anticrisis en el Congreso ha funcionado como primer test del nuevo equilibrio. Para Cuerpo, ha sido su bautismo como vicepresidente económico; para el Gobierno, la prueba de que un perfil técnico puede sostener también el frente político cuando es necesario. La incógnita es si esta estrategia será suficiente. La política no desaparece: se reordena y tiende a concentrarse en menos actores. La tecnificación de los ministerios económicos libera el frente político, que se sitúa con mayor claridad en el núcleo del Gobierno.

Ahí, junto a Pedro Sánchez, todo apunta a que Félix Bolaños asumirá un papel central como principal interlocutor y, previsiblemente, como figura de confrontación frente a la oposición. Si María Jesús Montero había ejercido en los últimos años como uno de los principales diques políticos frente a la ofensiva parlamentaria de las derechas, su salida obliga a redistribuir ese rol.

El resultado es un Gobierno más técnico en los ministerios y más político en su núcleo. Menos confrontación en la gestión, más concentración del pulso político en torno a Sánchez y su núcleo.

La UE, uno de los mayores experimentos políticos del siglo XX, se encuentra en una situación compleja en la actualidad. La sucesión de conflictos externos en los últimos años ha puesto en evidencia algunas fragilidades internas que, aunque ya existían, se han hecho mucho más visibles. Numerosos diagnósticos realizados desde ámbitos académicos y políticos han demostrado que uno de los principales problemas comunitarios es la dificultad en el policy making interno. Adoptar internamente posturas comunes se ha convertido en uno de los principales retos de la integración europea, hasta el punto de que algunas de las tensiones más intensas de los últimos años se han originado dentro de la propia UE más que en amenazas externas.

El desacuerdo sobre los coronabonos durante la pandemia de COVID-19 es un ejemplo claro. El entonces primer ministro de Portugal, Antonio Costa, calificó de “repugnante” la actitud de determinados países comunitarios (Países Bajos y Alemania, entre otros) por mostrarse en contra de la emisión de coronabonos propuestos por países del sur de Europa para superar la crisis. Y este episodio no constituye una excepción, sino un patrón repetido. La incapacidad de adoptar posturas comunes sobre la relación trasatlántica, el ataque de EEUU contra Irak, el genocidio en Gaza o incluso la invasión rusa de Ucrania, que amenaza directamente a la propia UE demuestran la persistencia de divisiones.

Un breve repaso histórico sobre la creación y evolución del proceso de integración europea sirve para comprobar que el denominador común del proyecto ha sido la dificultad para establecer una postura común. El principal motivo de esto es que la UE (antes CEE) no es el resultado de una idea común sobre lo que lo que deben ser las instituciones europeas, sino el choque constante entre diferentes maneras de entender el proceso de construcción europea. En ese sentido, el historiador francés Laurent Warlouzet, publicó hace unos años un libro (Europe contre Europe, CNRS, 2022) en el que trataba de defender esta idea. La actual UE es el resultado de la tensión constante y del débil equilibrio entre tres visiones sobre el proyecto. En primer lugar, los defensores de una Europa construida sobre políticas sociales y sobre propuestas de cohesión territorial. En segundo lugar, un proyecto centrado en una Europa de los mercados, priorizando la liberalización económica y la unificación de mercados. Y, en tercer lugar, una visión que destaca la idea de UE como actor global y, por tanto, trata de prestar especial interés a la necesidad de defender sus intereses en el marco internacional. 

Asumir esta cuestión, nos permite dos cuestiones. Por una parte, desmitificar el proceso de construcción europea y superar las clásicas lecturas que generaron un relato excesivamente modélico sobre la creación y consolidación de los orígenes del proyecto común. Y por otra, comprender que la UE no obedece a un plan predeterminado y lineal, sino que su evolución ha estado condicionada por esas tensiones constantes, por los cambios en la propia idea de Europa (por lo que no se puede pensar que lo que se entiende por UE hoy sea lo mismo que lo que se entendía en la década de los cincuenta, sesenta o setenta) y también por el propio contexto de cada coyuntura histórica. En definitiva, como mostró K.K. Patel, la UE es fruto de la improvisación. 

En la actualidad, una de las cuestiones que más han complicado el proceso de construcción europea, no es la ausencia de una postura común, que ya se ha argumentado que nunca ha existido, sino el contexto actual. En los últimos años se han puesto en cuestión todos los pilares sobre los que se construyeron las instituciones europeas tras la II Guerra Mundial. En primer lugar, el mundo ha dejado de esta basado en normas (derecho internacional), lo cual complica la gobernanza internacional y las acciones de una institución que es causa y efecto de esas mismas reglas. Esto ha puesto en cuestión el “Efecto Bruselas” del que hablaba Anu Bradford. En segundo lugar, la crisis del orden liberal está erosionando el proyecto político-económico de las democracias occidentales sobre las que se construyó la UE. Esto está permitiendo que vuelvan con fuerza otros proyectos sobre la integración europea basados en ideas autoritarias y en la “Europa de las naciones”, algunos de los cuales retoman ciertas ideas de la década de los años treinta del siglo pasado. Y, por último, la puesta en duda de la cooperación entre países y organizaciones (multilateralismo) cuestiona y dificulta su propia relación con el mundo. El resultado es una intensificación de las fracturas internas y un ensanchamiento de la distancia entre los intereses de los Estados miembros.

La gravedad de la coyuntura actual no reside en la ausencia de un proyecto único y común (un ideal que, como se ha argumentado, nunca ha existido), sino en el hecho de que las visiones sobre la UE están hoy muy alejadas entre sí. En ese marco, y contrario a las clásicas ideas de que las crisis fortalecen a la UE, el contexto de crisis permanente no está actuando como un elemento que refuerce la unidad, sino como un factor que intensifica las diferencias y dificulta la posibilidad de alcanzar consensos.

Los ciudadanos europeos recibiremos un mensaje ES-Alert en el móvil que señalará el momento para hacer acopio de agua, alimentos, medicinas y pilas para hacer frente a 72 horas de crisis. Europa se prepara para almacenar comida y energía ante el cierre del estrecho de Ormuz durante el conflicto entre Irán, Estados Unidos e Israel. Tanto el Gobierno británico como la Comisión Europea tienen preparado el plan logístico que harán llegar a la ciudadanía en el momento crítico. 

El momento pánico está asegurado, por eso los Gobiernos se resisten a publicar esta información. Pero habrá que ir preparando el Kit de Supervivencia y no solo por una amenaza bélica. Puede que los drones no lleguen a nuestras casas, pero tampoco llegará el gas ni la compra del Mercadona. La crisis alimentaria está prevista si las rutas comerciales se cierran y amenazan los canales de suministros. 

Por eso, la orden de Bruselas a los 27 Estados no se limita a almacenar gas y petróleo, sino que se extiende a fertilizantes, aluminio, acero, minerales críticos y alimentos. Sí, ahora que hemos firmado acuerdos comerciales con medio mundo y parte del extranjero, el desabastecimiento está asegurado con el continuado castigo al campo europeo… 

¿Y cuáles son las medidas concretas del Plan de Resiliencia? ¿Recuerdan el famoso Kit de 72 horas que presentó de forma tan “graciosa” e irresponsable la Comisaria para la Gestión de Crisis e Igualdad, Hadja Lahbib, emulando a Mary Poppins? Aquellas instrucciones, que estaban en fase de preparación, se han reforzado pasando a la fase de ejecución.

En un vídeo oficial publicado y difundido por la Comisión Europea ahora hace un año, Hadja Lahbib comenzaba a sacar cosas de un bolso sin fondo, entre risas forzadas y frívola sorpresa, que se suponen necesarias para el caso de sufrir un ataque bélico o un sabotaje nuclear. El llamado Kit-72 horas contiene un conjunto de suministros básicos como agua, alimentos no perecederos, una navaja suiza, un botiquín, documentos de identidad, dinero en efectivo, una linterna, una radio a pilas y un cargador autónomo para el móvil. Se supone que podemos quedarnos sin servicios básicos como luz, agua e internet. Recordar que el anuncio del Kit venía acompañado por la hoja de ruta para estar preparados en caso de guerra: el “White Paper RearmEurope 2030”.

Ahora, con la guerra de Irán de fondo y solos ante el conflicto de Ucrania, la Unión Europea acaba de reforzar este escenario con nuevas recomendaciones para blindar el sistema agroalimentario frente a impactos climáticos y geopolíticos, con el Mecanismo de Respuesta Alimentaria. Ante la volatilidad de los mercados, se ha recomendado a los Estados que coordinen sus reservas nacionales de alimentos y fertilizantes, suministros médicos y combustible.

Entre las directrices del Plan de Resiliencia y del Mecanismo de Protección Civil, se obliga a los Estados a preparar planes de contingencia específicos para tres amenazas detectadas como “inminentes”: protocolos de racionamiento de combustible, plan de defensa para cables submarinos de datos y gasoductos, directrices para ayuntamientos en caso de ciberataques masivos con objeto de que puedan operar de forma manual servicios básicos como agua y basura. 

Todo ello irá acompañado de un proceso de educación a la población mediante simulacros civiles, formación escolar en primeros auxilios y jornadas de concienciación con pruebas de sistemas de alerta temprana a través de mensajes en el móvil del 112. Recordemos, el ES-Alert. Este plan se ejecutará de forma gradual y discreta para evitar un desabastecimiento real de productos básicos provocado por la alarma social.

Pero, sobre todo, ha emitido una instrucción urgente a los Estados miembros para comenzar la inyección de gas en los almacenes de forma inmediata, aprovechando la flexibilidad del Reglamento de Almacenamiento de Gas de la UE con objeto de mitigar la presión sobre los precios. No hemos llegado aún al Plan de Emergencia Nacional para el Combustible (National Emergency Plan for Fuel) del Reino Unido, que prepara el racionamiento del combustible con un límite de 30 libras por vehículo, o la prioridad para los servicios esenciales, como hospitales policía y transporte público.

En nuestro caso, la Unión Europea está coordinando medidas energéticas y de combustible como el llenado de depósitos de gas, la vigilancia de precios y otras medidas de ahorro voluntario, que deja en manos de los Estados y que pasaría, de nuevo, por promover el teletrabajo y reducir los límites de velocidad. Bueno, ya nos confinaron tres meses. Sin bromas.

Como nos hacemos trampas al solitario, en enero Bruselas aprobó un Reglamento por el que se establecen medidas estrictas para la eliminación gradual de las importaciones del gas ruso. Esto lo estamos haciendo desde 2022 con la inestimable ayuda de Estados Unidos, que nos prometió abastecimiento eterno -que no amor- y barato -lo ha subido un 40%- de Gas Natural Licuado (GNL). Sin alarmas.

Confiábamos además en el gas catarí y resto de países del Golfo. Esta ruta es la que está en peligro por el cierre del estrecho de Ormuz y los ataques iraníes a las refinerías de sus vecinos árabes. Como está siempre al quite, el presidente estadounidense Donald Trump acaba de hacernos chantaje: “Si no cumplís el acuerdo arancelario de la vergüenza, firmado en mi Golf Resort de Escocia, se acabó mi suministro de gas”. Sin ambages.

El presidente de Estados Unidos ha anunciado que ha abierto conversaciones con Irán, aunque se conocen pocos datos. Parece una sorpresa, pero no lo es. En los conflictos armados que carecen de legitimidad jurídica internacional, es decir, que no cuentan con el aval del sistema multilateral ni se ajustan a los principios de la Carta de las Naciones Unidas, como es el caso de la guerra de Irán, la potencia que inicia las hostilidades suele enfrentarse rápidamente a un problema estructural de legitimidad.

En el caso de Estados Unidos, cuando una intervención es percibida como unilateral, preventiva o impulsada por intereses geopolíticos más que por una amenaza inminente claramente reconocida, el programa nuclear, el coste reputacional se acumula desde el primer momento. Si además la decisión ha estado influida o impulsada por un aliado estratégico como Israel, que también participa activamente en la acción militar, el conflicto puede ser interpretado internacionalmente como una operación concertada al margen del derecho internacional, lo que refuerza las percepciones de ilegitimidad. En este contexto, la narrativa justificativa, basada en seguridad y la lucha contra amenazas, tiende a erosionarse frente a contra narrativas que enfatizan la agresión, el desequilibrio de poder y el impacto humanitario. La pérdida del “relato” no es un elemento accesorio, sino central, pues condiciona las alianzas (casi inexistentes), debilita apoyos internos y externos, y otorga una ventaja política y simbólica al adversario, aunque esté debilitado a escala militar.

A medida que el conflicto se prolonga y los resultados militares no son concluyentes, la potencia agresora puede quedar atrapada en una dinámica de lo que denominamos “trampa de compromiso”, donde retirarse implica asumir costes políticos internos (pérdida de credibilidad, desgaste electoral, cuestionamiento del liderazgo), y continuar la guerra incrementa los costes humanos, económicos y diplomáticos. Este fenómeno, ampliamente estudiado en la literatura sobre “guerras de elección”, se agrava cuando la decisión inicial no fue plenamente racional o estuvo mediada por percepciones sesgadas, presión de aliados o marcos ideológicos rígidos. En tales escenarios, la potencia no solo enfrenta dificultades operativas sobre el terreno, sino también una creciente deslegitimación global que limita sus opciones estratégicas. Los aliados se distancian, los foros multilaterales se vuelven críticos y la opinión pública internacional se moviliza en contra. El resultado es una guerra cada vez más difícil de ganar, no solo en términos militares, sino también políticos, donde la salida se vuelve compleja porque cualquier opción (escalar, negociar o retirarse) conlleva costes elevados, evidenciando cómo decisiones iniciales poco fundamentadas pueden encadenar a una potencia a un conflicto del que no puede salir sin pagar un precio significativo.

La única salida plausible pasa por un acuerdo diplomático que permita a todas las partes preservar una apariencia de éxito, evitando la lógica de vencedores y vencidos. Se trataría de construir un nuevo relato en el que el éxito no resida en la victoria militar, sino en la capacidad de haber concertado el fin de la guerra y contener sus costes, aunque ello no suponga una paz plena ni resuelva las causas profundas del conflicto. En este sentido, es necesario insistir en la irracionalidad de una guerra que difícilmente puede justificarse si se tienen en cuenta las oportunidades diplomáticas existentes antes del estallido del conflicto. Irán había expresado su disposición a renunciar al componente militar de su programa nuclear bajo mecanismos de verificación internacional. La opción por la vía militar supuso, por tanto, desestimar alternativas reales de desescalada y cooperación, convirtiendo el conflicto en un error estratégico y político de gran alcance. Esta decisión ha contribuido a situar a Estados Unidos en una dinámica de “síndrome del sacrificio”, en la que el peso de las declaraciones iniciales, a menudo formuladas con precipitación, limita la capacidad de rectificación y obliga a sostener una línea de acción cada vez más costosa, no tanto por su eficacia, sino por la necesidad de no desmentir el compromiso adquirido.

Una variante es la “trampa del sacrificio”, que opera a nivel narrativo y cultural y que forma parte de la cultura política profunda estadounidense e israelí, hasta el punto de convertirse en una lógica autónoma, difícilmente cuestionable desde dentro. La “trampa del sacrificio” en los conflictos bélicos del siglo XXI se manifiesta de manera recurrente y devastadora en varios escenarios, siendo quizás el ejemplo más emblemático el de Estados Unidos en Afganistán, donde tras veinte años de guerra, aproximadamente 2.400 soldados muertos en combate, decenas de miles de heridos, y un gasto que superó los dos billones de dólares, resultaba políticamente imposible reconocer la derrota y marcharse, porque hacerlo habría significado que todos esos sacrificios humanos y materiales no habían servido absolutamente para nada, de modo que sucesivos presidentes estadounidenses fueron reencuadrando retroactivamente los objetivos de la misión, para poder proclamar algún tipo de éxito: Obama habló de “transición responsable”, Trump negoció los Acuerdos de Doha en 2020 presentándolos como un triunfo diplomático personal, y Biden ejecutó la retirada final en 2021 argumentando que el objetivo original, que era eliminar a Bin Laden, ya había sido cumplido en 2011, ignorando convenientemente que la misión había mutado durante dos décadas hacia la construcción de un Estado democrático estable, narrativa que se derrumbó de manera humillante cuando Kabul cayó en apenas 72 horas y los talibanes recuperaron exactamente el mismo poder que tenían antes de que comenzara toda aquella guerra. Un patrón muy similar ocurrió en Irak con la coalición liderada por Estados Unidos y el Reino Unido en 2003, o Arabia Saudita y Yemen a partir de 2015. Hay muchos otros ejemplos.

Lo que todos estos casos tienen en común es ese mecanismo psicológico y político por el cual cuantas más víctimas, dinero y prestigio se ha invertido en una guerra, más difícil resulta detenerla, porque los líderes no buscan entonces la paz real sino una narrativa de paz que les proteja políticamente en casa, recurriendo sistemáticamente a los mismos instrumentos: reencuadrar retroactivamente los objetivos originales para que parezcan cumplidos, buscar un tercero mediador que otorgue cobertura diplomática al acuerdo, proponer congelamientos del conflicto que se presentan como paz pero son simplemente pausas indefinidas, transferir la responsabilidad del futuro a la parte local diciendo “ellos deben defender su propia libertad”, o simplemente esperar que una nueva crisis internacional desvíe la atención mediática. Las trampas del “compromiso” y del “sacrificio” son complementarias, aunque conceptualmente distintas, pues la primera es esencialmente estratégica y externa, y la segunda es moral y emocional. Pero ambas llevan al mismo resultado: prolongar conflictos más allá de lo racional, por lo que los Estados implicados, en este caso Estados Unidos, y, en menor medida, Israel, se ven obligados a salir del atolladero donde se han metido, guardando las apariencias para no mostrar que han quedado atrapadas en un callejón sin salida, por lo que aceptan una retirada que parezca honrosa, e incluso victoriosa.

En definitiva, la supuesta apertura de conversaciones diplomáticas entre Estados Unidos e Irán, no hace sino confirmar una verdad incómoda que la historia de los conflictos bélicos modernos ha demostrado con reiterada contundencia: iniciar una guerra sin haber evaluado con rigor sus consecuencias políticas, tanto para el agresor como para el agredido, equivale a adentrarse en un laberinto del que, tarde o temprano, se buscará la salida por la misma puerta que nunca debió abrirse. La irracionalidad no reside únicamente en los errores tácticos o en la subestimación del adversario, sino en algo más profundo y estructural: en la incapacidad o la negativa de quienes toman la decisión de ir a la guerra de asumir que el campo de batalla más determinante no es el militar, sino el político, el simbólico y el narrativo.

Cuando una potencia desencadena hostilidades sin legitimidad internacional, sin claridad sobre sus objetivos reales y sin una estrategia de salida viable, no está eligiendo entre la guerra y la paz, sino entre distintas formas de derrota política. Las trampas del compromiso y del sacrificio no son accidentes del camino, son la consecuencia lógica e inevitable de decisiones iniciales adoptadas bajo presión, sesgo ideológico o cálculo electoral, y no bajo la fría racionalidad que exige comprometer vidas humanas y el prestigio de un Estado. Por ello, cualquier proceso de negociación que se produzca en estas circunstancias no debe leerse como un acto de habilidad diplomática, sino como el reconocimiento implícito de un fracaso que se intentará disfrazar con el lenguaje de la victoria, perpetuando así la última y más perniciosa irracionalidad de toda guerra mal concebida: la de no poder terminarla sin mentir sobre cómo comenzó.

En noviembre de 1978 mi madre llegaba al aeropuerto de Barajas desde Buenos Aires con el exilio garabateado en la cara y un dolor inabarcable impregnado de derrotas en el corazón. De su mano íbamos mi hermana mayor y yo, y en su tripa nuestra hermana menor.

Dos años antes, un 24 de marzo, una junta de militares liderada por Jorge Rafael Videla tomaba el poder en Argentina a través de un golpe de Estado. Se iniciaba así uno de los periodos más sangrientos y crueles de la historia del país. Las torturas, asesinatos, secuestros, la desaparición forzada de personas, el robo de bebés y el miedo impuesto a toda la sociedad fueron sus señas de identidad.

La dictadura quiso borrar todo rastro de disidencia y con ella eliminar de raíz a una generación entera de pensadores y activistas. Entre ellos el compañero de mi madre, mi padre, el actor Diego Fernando Botto.

La memoria es constitutiva de nuestra identidad. Lo es porque somos el cúmulo de vivencias y hechos que nos precedieron. Somos el conjunto de amores, desamores, afectos, victorias, derrotas, trabajos, llantos, alegrías y rutinas que hemos ido acumulando a lo largo de nuestra vida. Si alguien nos arrebatara de repente alguna parte de nuestro pasado, sin duda modificaría nuestro presente. Ninguno de nosotros sería exactamente el mismo sin aquel beso que dimos por primera vez al amor de nuestra vida, sin aquel viaje con nuestra madre, sin aquel trabajo o aquel acto de rebeldía que tanto nos influyó…

Lo mismo ocurre a nivel colectivo. Lo que una sociedad decide recordar de sí misma y lo que decide olvidar termina conformándola como país. Si en España se decidiera hacer festivo el 18 de agosto, día del asesinato de Federico García Lorca o el 24 de agosto día en que tropas republicanas liberaron en 1944 París de los nazis este país seguramente tendría otra percepción de sí mismo. Lo que decidimos poner en valor de nuestro pasado habla de quienes somos como país en nuestro presente. 

Recordar de forma activa el 24 de marzo de 1976 dice algo de qué quiere ser Argentina como país, especialmente ahora que tiene un presidente negacionista en la Casa Rosada.

La memoria, por tanto, nos conforma y nos dota de identidad. Por eso la memoria histórica no es un espejo retrovisor para mirar el pasado sino un espejo frontal para entendernos en el presente.

Recordar hoy el 50 aniversario del golpe de Estado en Argentina no sirve solamente para honrar a las víctimas de la dictadura sino para entendernos un poco mejor. 

Nos permite entender que los fascismos nacen siempre con la patria en la boca y después son los primeros en venderla y traicionarla. Su único propósito es la defensa de los intereses de unas reducidas elites económicas. Nos permite entender que los fascismos en el pasado apelaron a la seguridad de la clase media para después abandonarla tras haber sembrado las condiciones de pobreza que generarían más inseguridad. Que tras la fervorosa defensa de la familia tradicional se esconden aquellos que pueden torturar mujeres embarazadas y secuestrar a sus bebés, como hicieron en Argentina. Nos permite entender que el monstruo de la deshumanización del adversario desemboca en atrocidades que sobrepasan la peor de nuestras pesadillas. Que siempre necesitan de un otro (pobre y de origen foráneo) al que dibujar como un ente organizado y poderoso para justificar el descenso a los infiernos de la violencia. Que las guerras a las que nos arrastrarán se ceban con nuestros muertos y nunca con los suyos.

Recordar nos permite codificar las señales a las que tenemos que estar atentos cuando la rueda de la historia gire con la voluntad de repetirse, ya sea como drama o como farsa.

Pero recordar el 24 de marzo del 76 también tiene otro sentido identitario para nuestro presente.

Nos permite entender que hubo una generación que se atrevió a soñar en voz alta. Soñaron ni más ni menos con robarle el fuego a los dioses y entregárselo a los humanos. Algunos hombres y mujeres arriesgaron lo mejor que tenían, incluso la vida, para que unos pocos dejaran de imponer su voluntad sobre el destino de unos muchos.Hubo una generación que, en circunstancias mucho más adversas y complejas que las nuestras hoy en día, se lanzó a conquistar la libertad y el derecho a la felicidad. El derecho -no divino, sino humano- de poseer los recursos que podrían generar alimento y cobijo para millones de personas. Soñaron con una sociedad distinta más justa y libre. 

A nadie se le escapa que la derrota fue colosal. Aceptar eso sin medias tintas es parte imprescindible de mirarnos en ese espejo con honestidad. 30.000 personas desaparecidas, decenas de miles de exiliadas, torturadas, muertas, el desastre de Malvinas y una herida abierta en el corazón del país que perdura hasta hoy.

En lo personal las heridas están ahí. Un noviembre de 1978 mi madre llegaba a Barajas con las derrotas puestas y la mirada clavada en el futuro. Con la necesidad de sobrevivir y arañarle aún al destino la posibilidad de una felicidad conquistada. Porque en el mero hecho de sobrevivir y ser felices había una victoria robada a la dictadura.

 Si algo nos devuelve el espejo de la memoria es la certeza de que esto que hoy somos hoy es producto de nuestras caídas y levantadas, de nuestros aciertos y errores. Hoy sabemos que llevamos en la sangre la herencia de aquellos que lucharon. 

Y quizá….no me cabe duda, un día, más pronto que tarde, encontraremos la manera de abrir las grandes alamedas y arrebatarle el fuego a los dioses.

En 2019, el politólogo y geógrafo electoral Jérôme Fourquet publicó El archipiélago francés. En este ensayo, el autor describía Francia, históricamente caracterizada por su República unitaria y su homogeneidad, como una nación fragmentada en múltiples islas sociales, culturales y territoriales que coexisten sin llegar a encontrarse. Las elecciones municipales de 2026 son una foto casi perfecta de aquel diagnóstico. No ha habido una sola Francia votando, sino muchas distintas.

De hecho, si uno lee las piezas periodísticas de estos días, los comicios locales dejan un auténtico mosaico sin un hilo conductor común. No hay una única imagen que simbolice con precisión el sentido de la noche electoral. La contundente victoria de Emmanuel Grégoire, nuevo alcalde de París, y su paseo en bicicleta abrirán periódicos internacionales y se compartirán en redes sociales, pero no captan el secreto de la Francia del interregno. 

Tras estos comicios, ha ocurrido algo insólito: todo el mundo se declara ganador. Desde las izquierdas irreconciliables, que también se presentan juntas, hasta la extrema derecha, pasando por el macronismo en vías de desaparición. Más allá de que la abstención fue histórica, sobrepasando el 42%, cada bloque político ha reivindicado su propia victoria. Alguien debe mentir, porque en un juego competitivo no todos pueden ganar. Pero esa ficción compartida nos dice algo relevante del momento político. Francia parece incapaz de producir una autocomprensión clara de sí misma.

Todo el mundo espera que Francia viva en 2027 un momento de clarificación en las elecciones presidenciales. Pero hoy avanza a través de un doloroso y oscuro interregno. En las elecciones municipales, se ha hablado poco de la importante crisis de vivienda que atraviesa el país, el asfixiante coste de la vida o el bloqueo político que deja la Macronie. 

Mientras tanto, los partidos tradicionales, como Los Republicanos y el Partido Socialista, que durante años parecían condenados a la irrelevancia, han demostrado una notable capacidad de resistencia. No tanto como maquinarias partidistas nacionales, sino como actores capaces de recomponerse, de tejer nuevas alianzas y de adaptarse para sobrevivir al nuevo contexto nacional. El Partido Socialista, junto a los ecologistas y los comunistas, gobiernan no solo París y Marsella, sino también Lyon – aquí con La Francia Insumisa. Los Republicanos gobernarán sobre entre diez y quince millones de franceses tras estas elecciones locales. 

Frente a ellos, los llamados “nuevos” actores del sistema político francés –Agrupación Nacional de Marine Le Pen y La Francia Insumisa de Jean-Luc Mélenchon– continúan avanzando. Su progresión es real, comparándola con las elecciones anteriores. Agrupación Nacional ha consolidado su poder territorial en el sur y sigue su avance silencioso en los pueblos y las ciudades medianas de la Francia periférica, sumando más de tres mil concejales en 84 departamentos. La Francia Insumisa ha conquistado alcaldías simbólicas como la de Saint-Denis y cuenta con mil concejales, pero se ha quedado fuera de las grandes victorias simbólicas del campo progresista. La presencia de ambas fuerzas crece de manera indiscutible, pero lejos de una nueva hegemonía.

Este doble movimiento de resistencia de lo antiguo y de avance insuficiente de lo nuevo en el contexto de “archipelización” es el rasgo central del momento político francés. Y explica, en parte, por qué todos pueden declararse ganadores: porque todos ganan solo desde su perspectiva unilateral. 

Las elecciones municipales de 2026 no han funcionado como un laboratorio de las presidenciales de 2027. No han ofrecido una prefiguración clara. No han permitido identificar un bloque dominante, ni siquiera una fuerza tractora en una izquierda en guerra civil. Más bien han reforzado la idea de una Francia sin centro de gravedad político.

Las grandes ciudades –París, Marsella, Lyon– constituyen, en este sentido, un primer nivel de lectura. En ellas, la extrema derecha ha irrumpido con fuerza, pero no ha conseguido sus objetivos. Pero esa resistencia no se ha articulado en la izquierda de una manera coherente y anticipatoria, sino a través de coaliciones variables y a menudo contradictorias.

En París, la victoria se construye sobre una alianza extensa en la que, significativamente, no participa La Francia Insumisa. En Marsella, la retirada del candidato insumiso fue una condición necesaria para evitar la división y asegurar el resultado. En Lyon, el triunfo solo ha sido posible gracias a una coalición de toda la izquierda, liderada por el alcalde ecologista, cuya legitimidad, sin embargo, se ve ya cuestionada por el recurso presentado por el derechista Jean-Michel Aulas.

El mínimo común denominador es que la izquierda francesa está fracturada en, al menos, dos, que parecen irreconciliables: los unionistas, que incluyen a la actual dirección del Partido Socialista de Olivier Faure y los de Mélenchon. Esas dos izquierdas no siempre dialogan y los pactos de última hora no ofrecen resultados concluyentes. Una izquierda de gobierno, pragmática, capaz de construir alianzas amplias en el ámbito local; y otra izquierda más confrontativa, de vocación marcadamente presidencial, que elabora su discurso en términos de ruptura con el establishment y con la otra izquierda. Una izquierda, que está siendo diabolizada, y que se está acostumbrando a jugar con el fuego de esa diabolización. Esa guerra por la hegemonía en el campo propio está limitando su capacidad para construir una alternativa común y está levantando muros entre sus respectivos electorados.

Así, la Francia que emerge de estas elecciones no es solo una Francia fragmentada, sino también una Francia territorialmente escindida. Una Francia de metrópolis abiertas y otra de periferias en repliegue. Una Francia integrada en los circuitos de la globalización y otra que se percibe a sí misma como abandonada. En ese contexto, la idea de una victoria clara pierde sentido. Ningún bloque ocupa una posición de centralidad indiscutida. 

Las municipales de 2026 no han resuelto la crisis política francesa. No hay fuerza, ni inteligencias suficientes para organizar un nuevo orden. Y, por último, si acaso pudiésemos decir que han dejado abierta la pregunta decisiva para el año 27: ¿habrá alguien capaz no solo de ganar elecciones, sino de recomponer una Francia común a partir de sus fragmentos? ¿Pueden la Francia de los pueblos y la Francia de las grandes periferias urbanas - la France des bourgs et la France des tours en expresión del diputado François Ruffin - reconciliarse en un proyecto de transformación compartido?

Sin ni siquiera viva la aspiración a esa reconciliación, el riesgo es que 2027 no solo no traiga una verdadera clarificación, sino que el interregno se alargue y la larga crisis francesa se cronifique.