El barómetro municipal de opinión ciudadana correspondiente al mes de abril hecho público por el Ayuntamiento de València deja una doble lectura, según denuncia Compromís: “Una ciudadanía implicada en su bienestar y un Gobierno, el de la alcaldesa María José Catalá, que evita someterse a la evaluación pública, puesto que el PP y Vox llevan casi un año sin preguntar a los valencianos cómo valoran su gestión, eliminando del cuestionario una de las partes más básicas de cualquier encuesta pública”.

Este infobarómetro, puesto en marcha en el anterior mandato en el que Gobernaban Compromís y el PSPV, con Joan Ribó como alcalde, siempre incluía un primer apartado en el que se preguntaba a los ciudadanos su valoración de la ciudad en general y por temas como la limpieza, la seguridad, las zonas verdes o servicios como la Policía Local o el transporte público de la EMT.

Sin embargo, tanto en esta última encuesta como en la anterior del mes de diciembre se ha suprimido este apartado. En la anterior, dedicada a la temática de la Innovación, sí que se preguntó por la gestión municipal y las respuestas no fueron especialmente satisfactorias para el equipo de Gobierno: un 23,9 de los encuestados consideraba que la ciudad había mejorado, frente a un 29,5% que afirmaba que había empeorado y un 45,6 que decía que estaba igual. De cara al futuro, un 20,6% pensaba que mejoraría, frente a un 23,6% que apostaba a que empeoraría y un 52,5% que pensaba que seguiría igual. Con todo, la nota media a la gestión municipal fue de un 5,2 sobre 10.

“Catalá tiene miedo a la prueba del algodón de la opinión ciudadana. Por eso lleva casi un año ocultando las preguntas sobre la valoración de la gestión municipal. Pero ni así puede esconder el fracaso: su último barómetro dice que casi la mitad de València no tiene suficientes instalaciones deportivas”, asegura la portavoz de Compromís per València, Papi Robles.

Más allá de esta ocultación, desde el segundo partido de la ciudad destacan que el propio estudio dibuja una realidad clara: los valencianos quieren vivir mejor, pero el Ayuntamiento no está a la altura. “Los valencianos hacen los deberes. Tienen hábitos saludables, hacen deporte y se preocupan por su salud. Pero el gobierno no acompaña con servicios públicos suficientes ni accesibles”, ha remarcado Robles.

La coalición valencianista señala especialmente tres ámbitos clave que el barómetro deja en evidencia: el acceso al deporte, el coste de la vida y la salud. En este sentido, denuncian que tres de cada cuatro valencianos no han utilizado nunca un servicio deportivo municipal. “La oferta pública deportiva debe ser de calidad, pero sobre todo debe ser accesible. Si la gente no usa los servicios municipales, es que algo no funciona: o no llegan, o no se los pueden permitir, o simplemente no existen en su barrio”, ha señalado Robles.

También alertan del impacto del coste de la vida en el bienestar. “Cuando la gente dice que no puede comer tan bien como le gustaría porque los alimentos saludables son caros, no estamos ante un problema de hábitos, sino de desigualdad. Eso también es responsabilidad del Ayuntamiento”, ha apuntado la portavoz valencianista.

Para Compromís, el mensaje de fondo es que hay una ciudadanía preparada para cuidarse y una administración que no acompaña. “Lo que pide la gente es sencillo: servicios públicos de calidad, accesibles y una ciudad que facilite vivir mejor. Y eso, ahora mismo, no está pasando”, ha recordado Robles.

El Valencia CF ha sorteado numerosas piedras en el camino para poder reiniciar las obras del nuevo estadio ubicado en la avenida de las Cortes Valencianas. Así, ha superado disputas políticas logrando poner de acuerdo al PP, PSPV y Compromís (algo realmente meritorio con la actual polarización) para mantenerle las plusvalías urbanísticas en la parcela de Mestalla, en la avenida de Aragón, eso sí, condicionado a que se cumplan los plazos de las obras; ha superado diversos recursos judiciales, si bien queda alguno pendiente de resolución; y lo más importante, ha logrado la financiación necesaria para hacer frente al proyecto, principalmente con un crédito de 237 millones de euros de Goldman Sachs.

Sin embargo, un nuevo imprevisto puede poner en serias dificultades la consecución del estadio, cuyo presupuesto asciende a 280 millones, impuestos incluidos. El contexto internacional con la guerra de Irán y el cierre del estrecho de Ormuz ya está provocando importantes aumentos en los costes de los materiales de obra, lo que puede afectar directamente a las previsiones financieras que tenía la entidad deportiva. Si bien es cierto que es pronto para saber hasta qué punto se verá afectado este y cualquier otra gran infraestructura, puesto que en parte dependerá la duración del conflicto, las diversas patronales del sector ya hablan de aumentos de los precios de los materiales de entre el 40% y el 44%.

Por ejemplo, desde la Federación de Empresas Valencianas de la Construcción (Fevec), su presidente, Francisco Zamora, ha alertado del fuerte impacto que el actual conflicto en Oriente Medio está teniendo sobre el sector. “Estamos registrando incrementos de costes que oscilan entre el 30% y el 40%, dependiendo del tipo de obra, debido principalmente al encarecimiento de materias primas, la energía y las dificultades en la cadena de suministro”, ha señalado.

Zamora ha subrayado que esta situación genera incertidumbre en el sector, afectando tanto a la viabilidad de nuevos proyectos como al desarrollo de obras ya en marcha. “Muchas empresas pueden ver comprometidos sus márgenes e incluso la continuidad de algunos contratos, especialmente aquellos firmados antes de esta escalada de precios”, ha explicado, por lo que ha pedido a las administraciones medidas urgentes que permitan mayor flexibilidad al sector.

La Federación de Contratistas de Obras de la Administración de la Comunitat Valenciana (Fecoval) cifra el aumento de los costes de la construcción en un 44%.

Según los datos oficiales ofrecidos en abril del pasado año por FCC, constructora que ejecuta los trabajos, el coste de finalizar el nuevo estadio es de 194,6 millones de euros, que se elevarían a 280 millones sumando el IVA, los gastos generales y el beneficio industrial. Aplicando un aumento del 40% sobre el presupuesto base (sin impuestos) saldría un incremento de unos 77 millones de euros.

En cuanto a la financiación, el club firmó el pasado año con Goldman Sachs un crédito de 237 millones de euros para financiar las obras. A esta cuantía se suman los 80 millones de los que ya disponía por el crédito de CVC facilitado por La Liga (de los que ya ha utilizado unos 30 millones) y los 35 millones que percibirá de Atitlán por la parcela de 40.000 metros cuadrados de uso terciario en la que se levantará una torre de uso hotelero y otra de oficinas. En total, 352 millones de euros.

Así pues, se tratan de cifras muy ajustadas, por lo que cualquier mínimo sobrecoste obligaría al Valencia CF a buscar recursos adicionales. Y es que, un eventual retraso de las obras por falta de liquidez podría implicar la pérdida de los derechos urbanísticos del suelo de Mestalla, tal y como establecen las fichas urbanísticas aprobadas por acuerdo en el pleno municipal de julio de 2024. La futura venta de esta parcela es una de las principales garantías para devolver parte del crédito de Goldman Sachs.

Al respecto, a preguntas de elDiario.es sobre si se está trabajando en algún plan de contingencia en caso de que se produzca un incremento de los costes previstos de las obras, desde el Valencia CF han declinado hacer comentarios.

Lo cierto es que existe un precedente que no invita al optimismo en lo que a aumento de costes se refiere. El Roig Arena ya sufrió las consecuencias de la inflación como consecuencia de la guerra de Ucrania, si bien es cierto que es un conflicto que se mantiene en el tiempo, mientras que en el caso de irán la duración es a estas alturas impredecible.

El presupuesto inicial del Roig Arena fue de 220 millones, pero finalmente solo el recinto acabó costando 365 millones de euros. El incremento asociado a la guerra se estima en casi 100 millones, mientras el resto se debe a mejoras en el proyecto, principalmente en todo lo relacionado con la insonorización.

Una vez recibidas y analizadas las valoraciones de las distintas asociaciones federadas, la junta directiva de la Federació d’Associacions Veïnals de València (FAAVV) se ha reunido este miércoles 1 de abril para hacer balance conjunto y emitir un informe que será enviado al Ayuntamiento.

En este informe se recoge la petición de que la reunión del Bando Fallero sea convocada antes de que finalice el mes de abril para recoger de manera conjunta y reciente los problemas ocasionados y permitir que las mejoras puedan ser efectivas para el próximo ejercicio antes de que caigan en el olvido. Entre las cuestiones incluidas se encuentran aspectos como la instalación prematura de carpas, la actividad comercial descontrolada y ocupación de espacio público, las deficiencias en la EMT, o el descontrol respecto a los petardos. En definitiva, la FAAVV destaca la necesidad de más participación y diálogo en favor de la sostenibilidad de unas fiestas que cada año se mueven más al límite, entre la masificación descontrolada y el turismo desbocado.

Además, desde la Federación se destaca que es una situación que se extiende desde el centro hasta todos los barrios de la ciudad y periferia. Por eso, la entidad vecinal propone la creación de mesas de trabajo específicas por cada distrito. Es necesario analizar y valorar la fiesta desde la realidad de cada barrio, más allá de la visión general de la ciudad, para adaptar las soluciones a las necesidades reales de los vecinos y vecinas de cada zona.

Para la FAAVV se hace necesaria la convocatoria de estas Mesas de Diálogo dado que, en Fallas, València se convierte en una ciudad sin ley, en la que se impone la ley del más fuerte y con lo que se rompe el marco de convivencia y convierte nuestras fiestas en un espacio inhóspito ligado al turismo de sol y borrachera.

Entre la insostenibilidad y el turismo desbocado

Este escenario ha provocado que la fiesta ya no sea disfrutable para los vecinos y vecinas, que huyen de la ciudad –quienes pueden—, ni para las personas falleras, que se ven colapsadas; ni tan siquiera para turistas. Solo se beneficia el vandalismo y quienes promueven un turismo de borrachera que degrada nuestro patrimonio y convivencia.

Desde las asociaciones vecinales y la Federación, el objetivo es claro: trabajar por una sostenibilidad que beneficie a la ciudad, al vecindario y a la propia fiesta de las Fallas.

Carpas y ocupación del espacio público

Una cuestión constante en todos los análisis recibidos desde las asociaciones vecinales ha sido la instalación prematura de carpas. Se han instalado carpas desde el 4 de marzo. La ciudad se ve condicionada y vallada durante más de un mes para estructuras que apenas tienen uso real hasta los días finales de las Fallas y en determinados días.

Las vallas se colocan desde el primer día del montaje, bloqueando pasos y extendiendo el problema semanas antes de la fiesta. En algunos barrios ya empezó la ocupación del espacio público en el mes de febrero para la instalación de las luces y los pórticos luminosos, que enlazaron con las instalaciones de las carpas en la primera semana de marzo. Asimismo, la excesiva antelación en el corte de calles genera problemas críticos para quienes deben ir a trabajar y, lo más preocupante, dificulta o impide el acceso de los servicios de urgencias a zonas residenciales.

La FAAVV insiste en que las carpas deben instalarse únicamente desde el día de inicio de los actos falleros, el día 13 de marzo. Los eventos previos pueden realizarse sin necesidad de invadir la vía pública de forma tan lesiva. O bien se puede hacer de manera eventual sin tener que dejar una instalación fija durante semanas.

También señala la entidad vecinal que se sigue ahondando en el no respecto al derecho al descanso en lugar de ir derivando a otros horarios la organización de verbenas y otros eventos con excesiva contaminación acústica.

Control de la pirotecnia y la seguridad

Desde la Federación y sus asociaciones vecinales se señala la urgencia de un cambio en la normativa y un refuerzo sancionador respecto a la pirotecnia. Desde el 22 de febrero se han tirado petardos de forma indiscriminada. El incumplimiento de horarios y zonas permitidas es total, afectando gravemente a la salud de personas con sensibilidad acústica, al descanso de trabajadores y trabajadoras y al bienestar de los animales. Falta información, educación y, sobre todo, vigilancia.

Además, en los barrios fuera del centro, la presencia de policías ha sido escasa o nula, lo que ha facilitado los actos de gamberrismo y vandalismo, así como el uso indiscriminado de toda clase de artefactos pirotécnicos en zonas de tránsito vecinal.

Actividad comercial descontrolada y ocupación de aceras

La FAAVV denuncia también que se ha producido una proliferación de venta ilegal de bebidas y comida, incluso con personas ejerciendo la venta desde sus casas hacia la calle sin ningún control legal o sanitario. Asimismo, se observa un exceso abusivo de puestos de comida, mojitos, churros y patatas que multiplica la oferta, atrayendo más masificación y ocupando más espacio público si cabe.

Las aceras han sido invadidas no solo por el mobiliario fallero (vallas, arena…), sino también por la ampliación de terrazas de bares que han llegado a trasladar mobiliario urbano para extenderse más aún en la calle. A esto se suma el aparcamiento de motos en las aceras por la escasez de plazas de aparcamiento.

Gestión de residuos y salud pública

Las entidades vecinales denuncian también que el número de urinarios portátiles químicos es totalmente insuficiente para el volumen de visitantes. Esto ha derivado en la presencia de orines por todas partes, degradando fachadas, portales y plazas. Además, los pocos instalados han presentado un mal estado de conservación, sin la limpieza frecuente necesaria, convirtiéndose en focos de infección.

Por otra parte, el traslado de los contenedores habituales por la ubicación de los monumentos se reclama que se haga con preaviso expuesto en los portales de las comunidades vecinales. Pues, por inercia y falta de información, en muchos casos se deposita la basura en la calle donde antes estaban los contenedores, agravando la acumulación de residuos en las aceras.

Movilidad y deficiencias en la EMT

Se han observado cambios en los trayectos de las líneas de la EMT incluso antes del 6 de marzo, desconectando barrios enteros de forma prematura. Los desvíos en las rutas de autobuses se iniciaron en los primeros días de marzo sin dar la información adecuada y sin que desde la App de la EMT se diese una información rigurosa de las frecuencias de paso de las distintas líneas en tiempo real.

Faltan autobuses por línea. La demanda de la población no ha sido atendida, provocando buses que no admiten más pasajeros, dejando a residentes de barrios periféricos sin servicio real. Además, se ha permitido libertad absoluta para el estacionamiento de vehículos privados en zonas peatonales y delante de vados.

Mobiliario urbano e iluminación

La retirada de farolas para permitir el montaje de fallas se realiza con muchos días de antelación y su reposición tarda demasiado una vez quemada la falla. Muchas calles se han quedado sin iluminación necesaria durante días tras las Fallas.

Denuncian también las asociaciones que no se están restaurando los desperfectos sobre el pavimento tras la instalación de las carpas. Los tacos metálicos atornillados al suelo destrozan el firme año tras año. A pesar de que las ordenanzas obligan a su reparación, el Ayuntamiento no está haciendo cumplir esta condición para dar los permisos.

También se ha observado mucho mobiliario urbano y contenedores quemados o destruidos. Paralelamente, se ha detectado iluminación de alumbrado público en zonas acotadas encendida a plena luz del día, lo que hace preguntarse quién paga este derroche energético.

Además, se sigue permitiendo la colocación de banderas y cables en árboles y farolas, a menudo con publicidad comercial.

Propuestas para mejorar

Desde la FAAVV no queremos criminalizar la fiesta; queremos salvarla mediante la sostenibilidad. Por ello, solicitamos la reunión del Bando Fallero antes de que acabe el mes de abril. Un encuentro inmediato para realizar una valoración conjunta y reciente de estos problemas, permitiendo que las mejoras puedan ser efectivas para el próximo ejercicio antes de que caigan en el olvido.

Proponemos también la creación de mesas de trabajo específicas por cada distrito. Es necesario analizar y valorar la fiesta desde la realidad de cada barrio, más allá de la visión general de la ciudad, para adaptar las soluciones a las necesidades reales de los vecinos y vecinas de cada zona-

El pròxim 11 d’abril, una data de profunda significació en la memòria col·lectiva valenciana per fer 33 anys de l’assassinat de Guillem Agulló, Rafa Xambó presentarà la seua nova obra titulada L’assassinat de Guillem: mentides, feixistes i togues. Aquesta publicació, editada per Rebel, arriba com un treball definitiu de 422 pàgines en què l’autor fusiona el seu rigor acadèmic com a doctor en Sociologia i professor de la Universitat de València amb el seu compromís cívic per la dignitat i la memòria.

El llibre s’emmarca en la sòlida trajectòria de Xambó en l’estudi crític de la comunicació, seguint el deixant d’altres obres de referència com Dies de premsa. En aquesta investigació, Xambó fa una dissecció quirúrgica de la campanya d’ignomínia que va seguir la mort del jove de Burjassot. Mitjançant l’anàlisi de més de 450 peces periodístiques i desenes de vídeos, l’autor revela com determinats altaveus mediàtics, estaments judicials i cossos armats van col·laborar per construir una ‘realitat alternativa’».

L’objectiu d’aquesta operació térbola era, segons detalla el llibre, transformar el que va ser un assassinat polític en una simple baralla entre joves, criminalitzant Guillem per tal de protegir els seus botxins. L’obra subratlla que el crim no va acabar amb la ganivetada al cor l’any 1993, sinó que va ser l’inici d’una estratègia política per a esborrar la memòria de la víctima i perpetuar la impunitat.

A través del pròleg de Núria Cadenes i l’epíleg de David Fernández, el text posa en relleu la importància de la denúncia pública per a traure a la llum els mecanismes de tergiversació que van fracassar en el seu intent d’imposar l’oblit. Malgrat el poder que detenien els responsables d’aquest relat oficial, el país va respondre convertint Guillem Agulló en un símbol de llibertat.

Aquest nou volum de Rafael Xambó s’erigeix en un acte de justícia contra el silenci, analitzant de manera minuciosa la relació entre feixisme, dret, mitjans de comunicació i política al País Valencià. Trenta-tres anys després, la publicació de L’assassinat de Guillem reivindica que el nom del jove antifeixista és el símbol d’un poble que es nega a oblidar, tancant un cercle d’investigació imprescindible per entendre els estructures de poder mediàtic i la lluita per la veritat històrica.

La junta de Gobierno local ha aprobado este jueves el convenio entre el Ayuntamiento de València y el Valencia CF para la regulación del uso del nuevo estadio por parte del Consistorio y que contempla la continuidad de las gestiones municipales para la construcción del Polideportivo de Benicalap.

Para la concejala de Deportes del Ayuntamiento de Valencia, Rocío Gil, “este convenio es el instrumento para poder albergar en nuestra ciudad competiciones deportivas masculinas y femeninas de primer nivel, destacando las pruebas internacionales de atletismo y los mejores campeonatos de fútbol tanto a nivel nacional como internacional, incluido la Copa Mundial FIFA 2030, que ambas partes ya hemos recogido en el convenio porque esperamos que Valencia finalmente pueda ser sede de uno de los partidos del Mundial en nuestro país”.

Según el texto del convenio, al que ha tenido acceso elDiario.es, el Ayuntamiento no abonará al club canon o alquiler alguno por el uso de las instalaciones, pero correrá con los gastos asociados de su uso, incluido el montaje de las pistas de atletismo en el caso de ser necesaria su instalación.

Según el texto que han acordado ambas partes, el Ayuntamiento de València podrá disponer del Nuevo Estadio de fútbol en la Avda. de les Corts Valencianes para la celebración de los siguientes acontecimientos deportivos, tanto masculinos como femeninos: “Competiciones oficiales internacionales de atletismo del más alto rango europeo o mundial; competiciones oficiales internacionales de selecciones nacionales de fútbol, igualmente de rango europeo o mundial, organizadas por la UEFA o por la FIFA, como son las Nations League, las Eurocopas o las Copas del Mundo, y específicamente la celebración de aquellos partidos que le puedan corresponder como sede de la Copa Mundial de la FIFA 2030 de selecciones nacionales masculinas de fútbol que se celebrará en España, junto con otros países; finales de competiciones oficiales europeas de clubs de fútbol organizadas por la UEFA, como son actualmente la Champions League, la Europa League y la Conference League. Finales de las competiciones oficiales nacionales de clubs fútbol, como son la Copa del Rey y la Copa de la Reina”.

El documento establece que “la utilización por parte del Ayuntamiento de València de las instalaciones del nuevo estadio será a título gratuito, sin que el Valencia CF pueda exigir al Ayuntamiento el pago de cantidad alguna por tal concepto”.

Sin embargo, “la adquisición e instalación de la pista de atletismo o de cualquiera otra instalación deportiva que fuera necesaria para la celebración de la competición internacional del más alto nivel correrán por cuenta y cargo del Ayuntamiento de València, al igual que cualesquiera otros costes en que sea necesario incurrir para la adaptación y utilización del estadio, incluidos los costes operativos, los de organización y explotación de las actividades que en él se realicen y los tributos que de forma directa o indirecta se deriven de la celebración del evento deportivo. A este respecto, el proyecto del nuevo estadio contempla una solución técnica que permite la instalación de una pista de atletismo”.

El convenio insiste en su punto seis en que “si bien el Ayuntamiento de València no deberá abonar al VCF contraprestación económica alguna por la cesión del uso del estadio, el Ayuntamiento deberá correr con cuantos gastos e impuestos, directa o indirectamente, se deriven de dicha cesión y de la celebración del evento deportivo, de la adaptación del estadio para su celebración y de la devolución del estadio en las mismas condiciones previas a la cesión de uso; de tal forma que el VCF no tenga que incurrir o soportar ningún tipo de gasto o coste operativo, tributario o de cualquier otra índole, como consecuencia de dichos conceptos. Asimismo, el Ayuntamiento asumirá, durante el tiempo de cesión, la plena responsabilidad de los daños y perjuicios de cualquier índole que a terceros pudiera causar la celebración de dicha competición”

Además añade que “fuera de los acontecimientos deportivos relacionados expresamente en esta cláusula, el régimen de uso del Nuevo Estadio por parte del Ayuntamiento de València para la celebración de otro tipo de eventos deportivos distintos solo procederá previa la celebración por ambas partes de un convenio específico que así lo establezca, que deberá negociarse por estas de buena fe”.

En cuanto a los plazos para solicitar el estadio, establece el punto uno que “el Ayuntamiento de València deberá cursar la oportuna solicitud al VCF, al menos, con un año de antelación a la celebración del correspondiente evento deportivo. En todo caso, con carácter previo a la presentación por el Ayuntamiento de València de su candidatura para la celebración del evento deportivo, aquel deberá coordinarse con el VCF a fin de garantizar la disponibilidad del estadio para la eventual celebración de dicha competición”.

Construcción del Polideportivo Municipal Benicalap

El convenio entre Ayuntamiento y Valencia CF también supone un avance para el futuro del Polideportivo Municipal Benicalap porque como ha explicado Rocío Gil, la aprobación de mañana significa “un paso más en el Polideportivo Municipal de Benicalap puesto que ya se remite el proyecto de obras para comenzar el expediente de contratación necesario para su construcción”.

Este Polideportivo contempla la creación de un Pabellón Deportivo colindante con la calle Dr. Nicasio Benlloch que a su vez estará dividido en dos pabellones con capacidad para 176 y 139 personas y en el que, por ejemplo, se podrá desarrollar Gimnasia Deportiva en uno de ellos y en el otro una pista de fútbol sala o similar.

Asimismo, habrá una piscina climatizada con área de playa y dos vasos, la principal de 25x10 metros para natación en calle y otro menor de 10x6 más enfocado a grupos pequeños monitorizados y matronatación. También se contemplan las zonas de vestuarios y técnicas de ambos espacios.

En el exterior del Polideportivo se reserva espacio para pistas deportivas al aire libre, espacios ajardinados así como el parque expositivo de los restos arqueológicos del antiguo Molino de la Marquesa, que tendrá acceso independiente.

La Fundación Deportiva Municipal realizó una actualización del proyecto del Polideportivo para adaptarlo a las necesidades actuales y actualizar su valor, que finalmente es de 11.270.045,06€, IVA incluido, importe que equivale al presupuesto base de licitación (de la obra de construcción del polideportivo municipal. Esta cantidad fue depositada por el Valencia CF ante la Tesorería Municipal, así como el 5% correspondiente a la actuación de la puesta en valor de los restos arqueológicos y de la reconstrucción de la chimenea protegida.

Cubierta fotovoltaica

Este convenio también contempla unas obligaciones por parte del Valencia CF, entre las que destaca la instalación de una cubierta fotovoltaica con el objeto de favorecer la generación de energías renovables y no contaminantes y como medida de sostenibilidad ambiental e innovación tecnológica.

Asimismo, en el Nuevo Estadio y su entorno se creará un ámbito urbano que aglutine espacios de encuentro e hitos y elementos simbólicos y funcionales destinados a su uso por los aficionados, turistas y público en general, como pueda ser algún monumento representativo, el museo del club u otros espacios museísticos, locales de reunión para las asociaciones peñas y de exfutbolistas del club, etc.

Compromís dice que “desaparece” a la zona museística

La portavoz de Compromís, Papi Robles, ha criticado que “Catalá ha firmado un convenio a la baja para la ciudad y al alza para el València CF., por lo que ha renunciado a defender el interés público” y ha añadido que “lo más grave es que el Ayuntamiento pierde capacidad real de uso del nuevo estadio” puesto que “ya no podrá decidir sobre un equipamiento que también es de la ciudad, sino que queda supeditado a los intereses del club”.

Según Robles, Catalá ha aceptado “un modelo en el que la ciudad solo puede pedir permiso para utilizar un espacio que también debería tener función pública” y ha lamentado que también desaparece un elemento fundamental: “La zona museística para la afición, que sí estaba prevista en propuestas anteriores. Estamos hablando de un espacio de memoria, de identidad y de retorno social para la afición y para la ciudad, que el gobierno de Catalá ha dejado caer sin ninguna explicación. Es incomprensible que se renuncie a un proyecto que conectaba el club con la ciudad y con su historia”.

La céntrica plaza de Sant Agustí mejorará de aspecto gracias al proyecto que tiene previsto aprobar este jueves la Junta de Gobierno Local. El Ayuntamiento de València ha destinado para ello un presupuesto total de 14,9 millones de euros, que comprende la renaturalización de la avenida de L’Oest, la plaza de Sant Agustí y el tramo de la calle de Sant Vicent Màrtir entre la calle de Guillem de Castro y la plaza de Espanya. La alcaldesa de València, María José Catalá, ha adelantado este miércoles los detalles del proyecto, que será ejecutado por la UTE Escalera de Color, que resultó ganadora en 2022 del concurso de ideas que convocó el Ayuntamiento de València.

“Con esta actuación ganamos espacio para el peatón y logramos un itinerario a pie de calidad que une el Mercat Central con la plaza Espanya; ganamos en seguridad vial y ganamos en estética. Con este proyecto, damos un paso más para que València gane en identidad, generando un espacio urbano con criterio y que dignifica nuestro patrimonio”, ha afirmado la alcaldesa. “La ciudad debe reconocerse a sí misma, los valencianos debemos reconocer nuestra ciudad y acabar con la amalgama de diseños de los últimos años que no correspondían a una identidad propia y única”, ha añadido.

Ejecución por fases

Debido a la envergadura de la intervención prevista en el proyecto y a las dificultades técnicas y económicas que comporta su ejecución, el personal técnico del Servicio de Obras y Mantenimiento de Infraestructuras ha dividido la actuación municipal en tres fases. La fase 1 arrancará en septiembre del presente año (Sant Agustí) y contará con un presupuesto de 4.195.171,95 euros; la fase 2 empezará en septiembre de 2027 (Sant Vicent) y dispondrá de una inversión de 4.202.484,94 euros, mientras que a la fase 3 se iniciará en septiembre de 2028 (avenida de L’Oest) y se ha reservado una partida económica de 6.551.173,97 euros. El proyecto de remodelación urbana se ejecutará en un ámbito de más de 30.000 m2.

La alcaldesa ha resaltado que este proyecto supone “la tercera gran operación de reurbanización del Plan Valentia que presentamos, tras las de la calle Colón y la plaza de L’Ajuntament”. “En octubre de 2024, y una vez definidos los criterios del Plan Valentia, adjudicamos la redacción del proyecto de ejecución al equipo ganador a quien pedimos que se ajustara al manual estético del centro histórico”, ha añadido.

Más zonas verdes y peatonales

Catalá ha detallado los grandes rasgos del proyecto: “Se ampliará en 3.800 m2 la superficie peatonal, lo que supone más de 18.500 m2. Se ganarán 2.631 m2 de zonas verdes y se triplicará el número de árboles, ya que se plantarán 264 árboles nuevos. Además, se colocarán 16.218 m2 de pavimento de piedra natural de Ulldecona para crear un lenguaje estético unitario en los tres tramos, en sintonía con el entorno del Plan Valentia”.

Respecto al mobiliario urbano, la alcaldesa ha precisado que el Ayuntamiento instalará 194 nuevos bancos; 425 m2 de nuevas pérgolas y espacios de sombra y 26 nuevos puntos de alumbrado. En relación con la distribución del tráfico rodado, “la planta viaria quedará definida con dos carriles en la avenida de L’Oest y tres carriles en Sant Vicent Màrtir. Las siete paradas de EMT existentes, que dan servicio a 22 líneas, se mantienen y contarán con nuevos andenes con mayor espacio longitudinal”.

La UTE Escalera de Color presentó su proyecto definitivo de ejecución el pasado 9 de marzo de 2026, después de subsanar diversos reparos señalados en los informes técnicos de los servicios municipales competentes en la materia. La Comisión Técnica de Patrimonio ha dictado igualmente un dictamen favorable al respecto, ya que el ámbito del proyecto está parcialmente incluido en el entorno de bienes de interés cultural como la Iglesia de Sant Agustí, el Museo y Colegio del Arte Mayor de la Seda y el Mercat Central. Una vez la Junta de Gobierno declare conforme la prestación realizada por la unión temporal de empresas y apruebe técnicamente el proyecto, el siguiente paso será la licitación pública de la ejecución de las obras de manera independiente por cada una de las tres fases previstas.

La alcaldesa ha señalado que “el proyecto ha estado sometido a un proceso de diálogo con las entidades sociales y vecinales afectadas; porque hemos querido que esta actuación cuente con el mayor consenso posible”. Por último, María José Catalá ha anticipado que la próxima semana se enviará a contratación la primera de ellas, la que afecta a la plaza de Sant Agustí, para iniciar todo el procedimiento administrativo“. Una vez adjudicado, el plazo estimado de las obras es de unos ocho meses.

Compromís y PSPV critican el retraso y el aumento de costes

La portavoz de Compromís per València, Papi Robles, ha lamentado que “Catalá llega tarde y mal a un proyecto que ya estaba muy avanzado por el anterior gobierno del Rialto, con concurso de ideas incluido con la intención de convertir progresivamente el centro en un espacio peatonal” y ha añadido que “el sectarismo de Catalá y su obsesión por paralizar todo lo que venía del Gobierno anterior nos deja como resultado que València ha perdido tres años en una actuación clave para el centro; sus ‘pensaetes’ son solo excusas para no hacer su trabajo”.

Según Robles, “lo que más evidencia la mala praxis de Catalá es que no han reactivado este proyecto por convicción, sino porque los comerciantes y el vecindario la obligaron a rectificar; es el mismo patrón de siempre: primero lo paralizan todo, después hacen propaganda y finalmente acaban haciendo lo que ya estaba previsto, pero tarde y peor”.

La concejala socialista Elisa Valía ha lamentado que María José Catalá haya guardado en un cajón durante tres años el proyecto que desarrollaron los socialistas desde Urbanismo para reurbanizar la plaza de San Agustín, San Vicente y la avenida del Oeste. “Apenas ha cambiado un par de cosas de nuestro proyecto. La primera, el coste porque ha triplicado el presupuesto máximo que se había previsto para su adjudicación. Y la segunda, facilitar el giro por Sant Pau para que los coches puedan atravesar el centro sin restricciones”, ha manifestado.

“María José Catalá ha presentado el proyecto de reurbanización de la plaza de San Agustín, Avenida del Oeste y San Vicente, volviendo a demostrar que no tiene ningún proyecto para la ciudad, que solo vive de proyectos heredados iniciados por nuestro gobierno. Lo ha tenido tres años en un cajón para anunciar la versión negacionista del mismo proyecto con el triple de coste”, ha señalado.

El presidente del Gobierno valenciano, Juan Francisco Pérez Llorca, ha salido al paso este miércoles de las críticas de la oposición durante la sesión de control de las Corts Valencianes sobre el traslado de su pareja en comisión de servicios del Ayuntamiento de Finestrat a la Diputación de Valencia.

Tanto el portavoz del PSPV, José Muñoz, como el de Comrpomís, Joan Baldoví, han vuelto a acusar al jefe del Consell de enchufismo entre otras cuestionas porque el traslado de una administración a otra implicaría que su pareja duplicaría su retribución. Como avanzó elDiario.es, Vanesa Soler Sillero, hasta ahora administrativa del Ayuntamiento de Finestrat, que dirigía como alcalde el propio Pérez Llorca desde 2015, tenía una retribución de 25.652 euros al año, sin contar pluses, según los datos oficiales de la Relación de Puestos de Trabajo (RPT). Ahora, en su nueva plaza como secretaria de dirección del Centro de Asistencia a Municipios de la institución provincial, cobrará unos 52.070,50 euros brutos al año como mínimo.

Para tratar de aplacar las críticas de la oposición, Pérez Llorca ha desmentido que Soler vaya a duplicar su sueldo: “La señora Soler ha salido del Ayuntamiento de Finestrat cobrando 38.017,88 euros. Como no tengo nada que esconder les doy todos los datos y ustedes van a continuar con su mentira y con su relato, pero me da igual, tengo la conciencia tranquila y sé cuál es mi forma de actuar y de hacer las cosas, y por eso me ha dado tanto éxito electoral”.

La afirmación de Pérez Llorca, arroja nuevas dudas e interrogantes puesto que aflora un importante aumento sobre el sueldo base en la categoría C1, cifrado en los mencionados 25.652 euros al año. Al afirmar el presidente que salió del Ayuntamiento de Finestrat cobrando 38.000 euros, se puede deducir que se le fueron aplicando pluses y complementos que no se han explicado, un hecho relevante teniendo en cuenta que fue alcalde entre los años 2015 y 2025.

A preguntas de elDiario.es sobre el detalle de esta diferencia de casi 13.000 euros, ni desde presidencia ni desde el Ayuntamiento de Finestrat no han aportado por el momento explicaciones.

El PSPV y Compromís hablan de enchufismo

En la sesión de control, el portavoz del PSPV, José Muñoz, ha asegurado que la mujer de Pérez Llorca fue enchufada en el Ayuntamiento de Finestrat en el 2008 y ha tildado al president de la Generalitat de ser “un jeta con trienios”. Muñoz ha pedido a Pérez Llorca que “se haga un favor, a él y a todos los valencianos, dimita y convoque elecciones porque la Comunitat Valenciana ya no resiste más políticas racistas ni actuaciones indecentes como estas”.

En este sentido, el dirigente socialista ha acusado a Pérez Llorca de “mentir al decir que su pareja es funcionaria de carrera y repetir el mismo modus operandi que hace 18 años en el Ayuntamiento donde por aquel entonces era portavoz” y ha subrayado que “no es machismo, es enchufismo de manual”. Además, ha explicado que – tal y como demuestra la portada de El País de 17 de mayo de 2008 – el Ayuntamiento de Finestrat donde Pérez Llorca era alcalde y anteriormente portavoz colocó a 34 personas militantes y afines del PP entre las que se encontraba Vanesa Soler, actual pareja del presidente, una actuación que, ha apuntado, “usted ya defendía diciendo que todo era legal, como dice ahora que la ha enchufado en la Diputación de Valencia”: “Es exactamente el mismo modus operandi, Pérez Llorca no solo es un jeta es un jeta con trienios”.

En su réplica, Pérez Llorca ha insistido en que nunca ha mentido puesto que Vanesa Soler entró a trabajar a la administración, cuando no era su pareja, hace 20 años: “Se presentó a unas oposiciones que se convocaron el 24 del 11 de 2009, se convocaron oposiciones vacantes de 4 plazas en una plantilla, se presentaron 24 aspirantes y las pruebas consistían en un examen práctico, uno teórico, si lo pasaba una entrevista y luego ya se tenía en cuenta la antigüedad. Había un bolsa de trabajo. Fue adjudicataria de una de esas cuatro plazas sin tener ningún vínculo ni ninguna relación sentimental conmigo. Durante ese tiempo juró su cargo como funcionaria interina y siguió trabajando en la administración hasta que consolidó su plaza en un proceso de estabilización”.

Más tarde, la intervención del síndic de Compromís, Joan Baldoví, también ha incluido referencias al supuesto “enchufe” de la pareja de Pérez Llorca, e incluso ha mostrado un enchufe desde el atril.

“Usted ha estado más pendiente de enchufar a la mujer en la Diputación, a pocos metros de donde usted trabaja, que del problema de los trabajadores de la cerámica de Castellón, el problema de la vivienda o la huelga educativa”, ha criticado Baldoví.

José María Tomás Llavador habla despacio, pero con una convicción que no deja espacio para ambigüedades. Lleva décadas ejerciendo como arquitecto y, desde esa experiencia, observa la crisis de la vivienda no como un fenómeno coyuntural, sino como un problema estructural que ha dejado de ser únicamente urbanístico para convertirse —dice— en “una urgencia casi democrática”.

Lo hace, además, en un momento en el que ha decidido dar un paso al frente. Tras semanas de conversaciones con colegas, confirma que prepara su candidatura para presidir el Colegio Territorial de Arquitectos de Valencia, una decisión que vincula directamente con la falta de voz del colectivo en uno de los debates centrales de la sociedad actual. “La vivienda es nuestra función principal como arquitectos”, sostiene. Y, sin embargo, lamenta que el colegio haya permanecido ausente. “No ha intervenido en ninguna propuesta ni en el diálogo con la administración. No sabemos qué piensa”.

Ese silencio institucional es, para él, uno de los motivos que explican su salto a la arena colegial.

Tomás Llavador no rehúye el diagnóstico. La falta de acceso a la vivienda afecta tanto a la ciudadanía como a los propios profesionales. La arquitectura, recuerda, tiene en la vivienda su eje central, pero el sistema actual no está garantizando ese derecho básico. Frente a ello, plantea una medida concreta y de aplicación inmediata: impulsar vivienda pública de alquiler a precios realmente asequibles. “Debe situarse por debajo de un tercio del salario mínimo”, explica, fijando un umbral claro para que la solución sea efectiva.

El problema, como tantas veces, es el suelo. Y ahí introduce su propuesta clave: movilizar el suelo dotacional destinado a educación u otros usos sin utilizar y que ya está en manos de la administración. “El suelo dotacional no utilizado puede transformarse en vivienda social de alquiler. Es un proceso relativamente rápido”, afirma.

A su juicio, no se trata de sustituir al mercado privado —que seguirá produciendo vivienda libre—, sino de que la administración asuma su papel como promotora en el ámbito social, ya sea mediante empresas públicas, consorcios o fórmulas de colaboración.

El paso adelante: la candidatura “del cambio”

La crítica al colegio no es retórica. Es el punto de partida de su proyecto. “En las próximas semanas anunciaré mi candidatura a presidir el Colegio Territorial de Arquitectos de Valencia”, confirma. Habla de un “cambio profundo” en el papel de la institución, tanto hacia dentro —en defensa de la profesión— como hacia fuera —en su interlocución con la sociedad y las administraciones—. La candidatura, explica, se está gestando junto a un grupo de arquitectos y arquitectas que comparten ese diagnóstico.

Su primera medida, si resulta elegido, sería precisamente activar ese diálogo que ahora echa en falta: convocar reuniones para plantear propuestas concretas sobre vivienda pública y abrir canales estables con la administración.

Pero la vivienda no es el único frente. Tomás Llavador dibuja un panorama preocupante para la profesión, marcado por la precariedad y la degradación de las condiciones laborales. Denuncia que la actual política de contratación pública, centrada en primar el precio, ha hundido los honorarios hasta niveles insostenibles. “Hay contratos por debajo incluso de los convenios salariales”, advierte.

Las consecuencias son directas: pérdida de calidad en los proyectos, precarización de los estudios y una fuga constante de talento joven hacia otros países europeos, pese al alto nivel de formación en las escuelas valencianas. Para revertir esta situación, reclama un compromiso institucional claro: que las administraciones garanticen honorarios dignos en los concursos públicos desde el primer día. “No se puede trabajar a pérdidas”, resume, como a su parecer aboca la ley de contratos públicos.

Arquitectos jubilados: pensiones insuficientes

Uno de los puntos más duros de su diagnóstico aparece al hablar de los arquitectos jubilados. Describe un sistema que, a su juicio, ha fallado en lo esencial. “Tenemos pensiones de entre 400 y 900 euros”, señala, cifras que sitúan a muchos profesionales por debajo de la media del sistema español. El origen del problema, explica, está en una aplicación deficiente del modelo de mutualidad. Y, de nuevo, critica la falta de reacción del colegio ante esta situación. Su propuesta pasa por abrir un proceso de escucha y diálogo con los afectados para construir soluciones que garanticen una jubilación digna.

Más allá de la vivienda y la profesión, Tomás Llavador también se detiene en la evolución urbana de Valencia. Considera que el proceso de peatonalización ha quedado a medio camino, especialmente en el centro histórico y en los antiguos núcleos de barrio. Más que grandes intervenciones, defiende una transformación más profunda en la manera de entender el espacio público: no solo como un lugar de tránsito, sino como un espacio de vida ciudadana.

El prolífico arquitecto de València, que tiene medio corazón en el municipio de Bocairent, sabe de qué habla cuando opina de urbanismo. Es el autor del rediseño de la Plaza de la Reina de València, que pasó de ser un parking de autobuses y taxis intransitable, a ser una de las plazas más concurridas de la capital. Recientemente, también ha sido el autor de la rehabilitación del mítico colegio mayor Lluís Vives de la Universitat de València.

El Ayuntamiento de València desoye a la Acadèmia Valenciana de la Llengua e impondrá en el pleno la denominación 'Valéncia/Valencia'. El Ejecutivo capitaneado por María José Catalá lleva este martes al pleno de marzo una doble petición: plantear alegaciones al informe del ente estatutario —la autoridad en materia lingüística— y pedir la denominación bilingüe con el acento cerrado, contra el criterio de los filólogos.

Según la propuesta, a la que ha tenido acceso elDiario.es, junto al informe de alegaciones se plantea que se reclame mantener la denominación bilingüe. La propuesta de resolución, firmada este mismo lunes, plantea que además de presentar el informe de alegaciones “solicita que se mantenga la forma bilingüe Valéncia/Valencia propuesta por la corporación”; que “en todo caso, se solicita que se mantenga la doble denominación” y se pide que se remita el acuerdo a la Generalitat.

El concejal de Cultura, José Luis Moreno, ha reclamado introducir este punto en el pleno de manera extraordinaria tras recibir el informe de alegaciones del académico Abelard Saragossà, que difiere del criterio del órgano estatutario. Si todo va según lo previsto, la mayoría de PP y Vox aprobarán la moción, que eleva la petición a la Generalitat. Es la administración autonómica la encargada de aprobar los cambios de denominación, a través de un procedimiento instruido por la Dirección General de Administración Local que culmina con un decreto del Consell.

El gobierno de Catalá lleva meses insistiendo en cambiar el topónimo para revertir la decisión de la izquierda, que bajo el mandato de Joan Ribó impulsó la denominación 'València', que sí era acorde al criterio filológico. Tras la propuesta de PP y Vox, la AVL emitió un informe en el que dictamina que la denominación adecuada desde el punto de vista histórico y lingüístico es la forma tradicional y única València y apunta que el Ayuntamiento no ha aportado “ningún argumento” que justifique la forma en castellano y la denominación bilingüe del topónimo. La Acadèmia “considera que la denominación correcta y adecuada desde el punto de vista histórico y lingüístico es la forma tradicional y única València” y que “en cualquier caso, si el Ayuntamiento de València decide proponer para la aprobación oficial la forma doble, en contra del criterio de la Acadèmia Valenciana de la Llengua, la solución bilingüe adecuada es València/Valencia”.

De seguir adelante con el cambio en el topónimo y aprobarse, la Generalitat podría incurrir en prevaricación administrativa, según apuntan fuentes académicas: los informes del organismo, que ha rechazado esta medida, son vinculantes. La responsabilidad se traslada al Ejecutivo autonómico al ser quien apruebe el decreto; el pleno municipal tan solo eleva la propuesta con sus alegaciones.

La Generalitat Valenciana recoge que los cambios de topónimo deben contar con un informe, preceptivo y vinculante, en el que la AVL podrá proponer alternativas “que considere más adecuada técnica e históricamente o advertir si hay incorrecciones lingüísticas”. En el caso de emitirse informe desfavorable por parte de l'Acadèmia Valenciana de la Llengua o del ministerio, se dará traslado a la entidad local interesada para que emita alegaciones en el plazo de un mes, como así ha sido.

Las alegaciones del Ayuntamiento

El académico Abelard Saragossà es autor del informe que pretende aprobar la denominación con acento cerrado. El filólogo también es el responsable de presentar las alegaciones del consistorio la AVL y mantiene su criterio, que señala que la ciudad se pronuncia con la 'e' cerrada y no abierta.

Saragossà llega a hacer un análisis jurídico del informe lingüístico: el documento oficial de la Academia, dice, difiere de la legalidad que han establecido las Corts Valencianes “un ayuntamiento puede elegir una forma secundaria para el nombre de la población”. Y añade: “Toda institución democrática puede tomar decisiones dudosas o erróneas. Pero el respeto y la lealtad entre instituciones valencianas pide considerar las causas que han impulsado las Corts Valencianes a establecer dicha legalidad. En cambio, el documento oficial de la Academia no cumple esa obligación (que es, a la vez, científica y social): habla sin exponer y analizar los motivos que han tenido las Corts Valencianes para dar el derecho en un nombre secundario”, apunta.

El Valencia CF ha salvado un nuevo escollo judicial para la finalización de las obras del nuevo estadio que se retomaron en enero del pasado tras 16 años de parálisis. La Fiscalía Provincial de Valencia ha archivado la denuncia en relación a la situación del proyecto arqueológico que el club debe realizar en la parcela del nuevo estadio del Valencia CF.

Fuentes del ministerio fiscal han informado a elDiario.es de que el archivo se produjo el pasado mes de agosto tras recabar un informe sobre el asunto por parte de la Unidad del Cuerpo Nacional de Policía Adscrita a la Comunitat Valenciana. Fue un mes antes cuando se designó fiscal instructor que solicitó el mencionado informe pericial sobre “la falta de incorporación de un proyecto arqueológico en las obras del polideportivo”, obras que no han arrancado y que ejecutará el Ayuntamiento junto al nuevo estadio. Los hechos investigados podían ser constitutivos de un delito de daños al patrimonio arqueológico previsto en el artículo 323 del código penal.

La investigación de la Fiscalía vino como consecuencia de una denuncia del exvicepresidente del club y portavoz de la plataforma Marea Valencianista, Miguel Zorío. En su escrito, solicitaba que se paralizaran las obras del nuevo estadio “por incumplir el promotor (Valencia CF), de forma reiterada, las exigencias del Jefe de Servicio de Infraestructuras de la Fundación Deportiva Municipal del Ayuntamiento de Valencia, y de su Directora Gerente, en dos informes técnicos emitidos el 18-11-24 y el 17-4-25, y en los que le recuerda al club, que el proyecto de Polideportivo Municipal presentado por los ejecutivos de Peter Lim al Ayuntamiento de Valencia no incorpora un proyecto arqueológico que recoja y valore todos los trabajos que sean necesarios para el correcto seguimiento de las excavaciones en las obras”.

Sin embargo, el mencionado informe pericial, solicitado por esta redacción y denegado por la Fiscalía, descartaría estos extremos, motivo por el que se ha archivado la denuncia. El pasado mes de noviembre, el Valencia CF ingresó en las arcas del Ayuntamiento de València medio millón de euros por los restos arqueológicos que aparecieron en su día cuando se excavó el solar donde está ubicado el Nou Mestalla y otros 11 millones de euros correspondientes al polideportivo que debe ejecutar el Consistorio.

En concreto, la cantidad de 563.000 euros ingresada debe servir para la reconstrucción de la chimenea protegida y puesta en valor de los restos arqueológicos que resulte posible en un espacio habilitado a tal efecto en la parcela GSP-1, así como documentación y almacenamiento de los demás restos arqueológicos, según lo establecido en el Convenio de Colaboración, suscrito entre el club y la administración local, y tal como figura en las fichas urbanísticas que regulan las contraprestaciones que debe cumplir el Valencia CF a cambio de los beneficios obtenidos en la futura explotación de la zona aledaña al Nou Mestalla.

El inicio de las obras del nuevo estadio en 2007 permitió dar con los restos del antiguo Molino de la Marquesa y dos caminos de época romana. Todo empezó a raíz de la antigua chimenea que se encontraba en el solar, cuyos restos están custodiados y que el club debe reconstruir junto al coliseo.

Los trabajos en el coliseo de la avenida de las Cortes Valencianas avanzan dentro de los plazos previstos con la instalación de los pilares y del anillo que servirán de soporte de la cubierta.

El caso de la Zona de Actividades Logísticas (ZAL) del Puerto de Valencia es el ejemplo más paradigmático del abuso de los poderes políticos y económicos frente a los derechos de los ciudadanos, además de un claro modelo de legitimación de la política de los hechos consumados.

Solo así se entiende el cambio de criterio del Tribunal Supremo con la legalización del mencionado recinto logístico cuya construcción supuso la expulsión de casi un centenar de vecinos de unas tierras de huerta productiva que quedaron arrasadas.

El alto tribunal rechazó esta semana el último recurso que quedaba por resolver de la asociación ambientalista Per l'Horta poniendo fin a más de dos décadas de litigios entre la Autoridad Portuaria de Valencia (APV) y la mencionada entidad junto a la asociación de vecinos la Unificadora de La Punta.

El conflicto social y jurídico de la ZAL se remonta al Convenio de Cooperación suscrito entre el Ministerio de Fomento, la Generalitat Valenciana y el Ayuntamiento de Valencia en octubre de 1.997 para promover el desarrollo de la ZAL del Puerto de Valencia. Dicho desarrollo se planteó sobre suelo que figuraba en el Plan General como “no urbanizable de especial protección agrícola”. Es por esto que dicho Plan Especial fue recurrido por las mencionadas entidades.

De este plan urbanístico nacieron sucesivas versiones que ya fueron anuladas por la Justicia con sendos pronunciamientos del Tribunal Supremo en dos ocasiones, en 2009 y 2015. La tercera versión de ese Plan, aprobada en diciembre de 2018 por la Generalitat valenciana, es la que finalmente ha validado el Supremo en un fallo de marzo de 2024 que fue un punto de inflexión por el cambio de criterio adoptado.

Un cambio de criterio que se produjo tras amenazar la multinacional MSC, con intereses en la ZAL y en la ampliación del Puerto de Valencia, con anular las inversiones que tenía previstas en el área logística, y tras declaraciones públicas de la alcaldesa, María José Catalá, anunciando la tramitación de diversas licencias antes de que se conociera el fallo.

Previamente, el Tribunal Superior de Justicia de la Comunitat Valenciana (TSJCV) anuló nuevamente el plan de 2018 al haberse tramitado con una evaluación ambiental simplificada en lugar de ordinaria, que es la que requiere de mayores trámites y garantías.

Tanto la APV como la Generalitat Valenciana recurrieron al Supremo, lo que dio lugar a un sorprendente fallo que tiraba por tierra sus anteriores resoluciones. Así, vino a decir que a pesar de asentarse el recinto sobre un suelo no urbanizable ya no era susceptible de ser revertido porque la obra de parcelación y viales ya se había realizado. Y por ese mimo motivo, no se requería una evaluación ambiental ordinaria, sino simplificada. Además, dice el fallo que la urbanización se había ejecutado porque no se paralizaron las obras cautelarmente. Algo que no se dio básicamente porque no hubo resoluciones judiciales en ese sentido. Así, se legitimaron los hechos consumados de una actuación a todas luces ilegal porque se finalizó en 2005, cuatro años antes que el primer pronunciamiento anulatorio del Supremo.

Consideran también los jueces que, atendidas las circunstancias especiales que concurren en este caso, “es evidente que a la Administración ya no le es posible ejercer sus potestades de restauración del orden urbanístico, reponiendo el estado del suelo al previsto en el Plan General de Ordenación Urbana de Valencia (suelo rústico con destino agrícola), que es el que formalmente le corresponde tras la anulación del Plan Especial, pues la Zona de Actividades Logísticas del Puerto de Valencia está totalmente desarrollada urbanísticamente y tiene una enorme extensión”.

Este cambio de criterio del Supremo cayó como un jarro de agua fría en las entidades vecinales y ecologistas. La asociación de la Unificadora de La Punta calificó “de sentencia política” el fallo del Supremo consideró que con esta interpretación se podrán amparar acciones ilegales en nuestros territorios pudiendo dar carta blanca a la urbanización ilegal de parques naturales o zonas protegidas como en su día era La Punta, “dando vía libre a constructoras y gobiernos que pongan por encima el interés urbanístico antes que la vida y la salud de las personas”.

Los vecinos de València rechazan la nueva normativa de apartamentos turísticos que el consistorio aprobará el próximo martes y consideran que es una “oportunidad perdida para recuèrar vivienda” para uso residencial. La Federación de Asociaciones de Vecinos duda sobre los compromisos trasladados por el consistorio, que asegura que srá prácticamente imposible abrir más apartamentos y se blindarán el 98% de las viviendas con un sistema de topes. Justo este sábado, cientos de personas se han manifestado a través de una cadena humana contra una colmena de apartamentos turísticos proyectada en los patios interiores de una edificio en el corazón de Russafa.

La norma, que ya ha superado todos los trámites a falta del sí definitivo en el pleno municipal, fija que los pisos de uso turístico no podrán superar el 2% del parque total de viviendas de cada barrio y distrito y solo podrán ubicarse en bajos o primeras plantas en edificios de uso mixto, siempre y cuando en el mismo rellano no existan viviendas. Necesitarán un acceso independiente del resto del edificio.

La Federación de Asociaciones de Vecinos apunta que la nueva redacción “deja fuera de ordenación alquileres de corta estancia, propiciando la expulsión de los residentes de sus barrios”. Consideran que la regulación no es restrictiva al no concretar medios ni instrumentos para perseguir y sancionar los incumplimientos, y porque habilita el alquiler vacacional en todos los edificios sin posibilidad de queja o denuncia.

La agrupación de entidades vecinales valora que la norma recoja algunas de sus reivindicaciones y que, en esencia, pone límites al crecimiento turístico, “un problema que se ha hecho bien visible estas Fallas, donde ha habido momentos que ni turistas ni falleros han podido disfrutar con seguridad de las mismas”. Además, aplauden el marco teórico de la norma -los 'candados' que presentó el concejal Juan Giner, un sistema de filtros excluyentes-, que establece unos limites máximos por distrito, barrio o manzana: “Es algo que se estaba esperando desde hace mucho tiempo”.

Según detalló el edil de Urbanismo y Vivienda, “de las 117 alegaciones presentadas, el Ayuntamiento ha estimado o incorporado al texto definitivo las principales peticiones de la Federación de Asociaciones de Vecinos sobre las que dispone de plenas competencias: los ratios de saturación por barrios y distritos, el censo municipal público de alojamientos turísticos, el plan de inspecciones o los mecanismos de reversión de apartamentos a uso residencial, que ya estaban previstos o han quedado reforzados en la versión definitiva”.

Sin embargo, prosigue la entidad vecinal, la norma no resuelve el problema de fondo en la ciudad: los apartamentos irregulares. “Sigue habiendo más de 9.000 apartamentos turísticos fuera de la ley. La principal oferta de alojamiento turístico de la ciudad, casi el doble que el alojamiento en hoteles, se mueve en la ilegalidad. Y este es el problema que la propuesta que tenemos delante no resuelve y con la que no podemos estar de acuerdo”, critican.

Russafa, contra una isla de apartamentos

En paralelo, en Russafa se ha creado un movimiento vecinal contra una 'isla' de apartamentos turísticos que se proyecta en el barrio. Vecinos de las calles Puerto Rico, Pintor Gisbert y Filipinas rechazan la construcción de 34 pisos turísticos en un patio que une las citadas calles, en terrenos que antaño ocupaba una nave industrial. Cientos de vecinos se concentraron este sábado frente a los edificios para frenar su construcción.

Se trata de un complejo de una treintena de apartamentos y dos sótanos con capacidad para aparcar 66 vehículos, que el vecindario considera incompatible con la convivencia en sus comunidades. La empresa promotora defiende que no eliminan vivienda residencial y que cumplen con lo que marca la normativa. El equipo de Urbanismo se reunió con algunos representantes y les aseguró que buscarían la fórmula para frenar este proyecto.

Los asistentes a la cadena humana alertan de que con el fin de la moratoria para las licencias de apartamentos turísticos “está prevista la activación de 240 viviendas turísticas sobre el barrio de Russafa y unas 5.400 en toda València”.

La historia siempre se repite, la primera vez como tragedia y la segunda como farsa. Es la música que suena ante la proyección de grandes eventos en València, una melodía que recuerda a la de los años dorados del PP valenciano, la época de “poner València —entonces, sin acento— en el mapa” a través de competiciones deportivas, que, siempre sobre el papel, traerán un retorno millonario.

El Ayuntamiento, la Generalitat y la Diputación anunciaron esta semana que la capital valenciana será la sede de la Sail GP, una competición de regatas que se conoce como “la Fórmula 1 del mar” por la velocidad que alcanzan los catamaranes. La acogida del evento requiere casi 4 millones de euros de dinero público, de los que 1,2 millones procederán directamente del Ayuntamiento de València. En este caso, las administraciones afirman que el retorno estimado es de 100 millones de euros, como aseguran que sucedió en Cádiz.

La alcaldesa, María José Catalá, señaló que la ciudad participará “activamente” en la competición y considera que es sede ideal, “por infraestructuras, capacidad hotelera y organizativa, instituciones públicas y privadas que apoyan, experiencia en eventos de primer nivel, especialmente en el ámbito de la vela”, ha subrayado. “Tenemos el mejor campo de regatas y un litoral que ofrece unas condiciones náuticas excepcionales, y tenemos unas instalaciones en La Marina, que será el corazón de esta competición, perfectamente preparadas para acoger a los equipos y al público”, aseguró la dirigente popular. De hecho, València “es una ciudad gran anfitriona de grandes competiciones deportivas internacionales: hemos sido sede de la Copa del América –ha recordado Catalá– y seguimos acogiendo competiciones de referencia como las 52 Super Series”.

La metáfora de la Fórmula 1 remitió rápidamente al pufo del circuito urbano, una obra millonaria que, más de una década después, sobrevive como poblado chabolista en la ciudad y sobre la que va a proyectarse un PAI de viviendas no aptas para el bolsillo medio.

Siguiendo el hilo, casi un bucle, tampoco serán para todos los bolsillos las entradas de las regatas, un deporte que suele estar ligado a las clases pudientes, a quienes pueden costearse el carné, la licencia y el vehículo. Para dar una pista, es Rolex quien patrocina la competición. En la web del evento deportivo, las entradas de un día se ofertan entre los 72 y 325 euros, en función de la zona de visibilidad. Las entradas para el 'vela beach club' son las más costosas y ya están agotadas. El espacio se promociona como una “sofisticada experiencia de hospitalidad a pie de agua”, que combina el espectáculo deportivo con “un lounge elegante y un servicio excepcional”.

La entrada convencional, en la grada frente al mar, incluye asientos tipo estadio y “un ambiente animado, con anfitriones dedicados en el Race Stadium”. La capital valenciana no cuenta con una tasa turística,pero la web de las regatas ofrece la posibilidad de realizar una contribución a la organización “para ayudar a compensar las emisiones de carbono generadas por los desplazamientos de los aficionados”. La aportación “financia proyectos certificados de reducción de carbono en todo el mundo, que ayudan a compensar la huella de SailGP”.

El campeonato 2026 se disputa en 13 destinos. Arrancó el pasado mes de enero en la ciudad de Perth (Australia), y ya ha celebrado otros dos encuentros, en Auckland (Nueva Zelanda) los días 14 y 15 de febrero; y en Sydney (Australia), los días 28 febrero y 1 marzo. Las próximas citas serán en Río de Janeiro (Brasil, 11-12 abril), Bermudas (Territorio británico de ultramar, 9-10 mayo), Nueva York (Estados Unidos de América, 30-31 mayo), Halifax (Canadá, 20-21 junio), Portsmouth (Reino Unido, 25-26 julio), Sassnitz (Alemania, 22-23 agosto), València (España, 5-6 septiembre), Ginebra (Suiza, 19-20 septiembre), Dubai (Emiratos Árabes Unidos, 21-22 noviembre) y Abu Dhabi (Emiratos Árabes Unidos, donde concluirá los días 28 y 29 de noviembre).

València tendrá un nuevo espacio para eventos en las inmediaciones del puerto. El Ayuntamiento acaba de conceder la licencia a Marina Port, la marca comercial de las empresas que gestionan la Marina, para construir un edificio de dos plantas que combinará oficinas con una sala de eventos, un nuevo espacio que podrá competir con el Veles e Vents.

La concejalía de Urbanismo y Licencias, encabezada por Juan Giner, ha autorizado en apenas seis meses los trabajos para desarrollar el inmueble, cuya licencia se pidió el pasado 31 de octubre. Será un edifico de oficinas en planta primera y una sala de eventos en la cubierta transitable, con emplazamiento en la calle Molls, mientras que la planta baja funcionará como acceso y espacio comercial.

Según la documentación, a la que ha tenido acceso elDiario.es, la planta baja tendrá un vestíbulo, recepción, vestuario, zona de aparcamiento de bicicletas, salas técnicas y ocho locales comerciales. En concreto, cuatro locales de 259 metros cuadrados, tres de 152 metros cuadrados y uno con superficie de 157 metros cuadros.

La primera planta se destinará a oficinas en las que se establecerán diferentes empresas, que serán espacios sujetos a concesión. Tendrá dos núcleos verticales, uno de acceso exclusivo, y sendos ascensores y escaleras para comunicar las plantas.

En la cubierta, se prevé una sala de eventos que cubra la totalidad de la planta, “con algunas zonas en planta baja y en planta primera”. Estos espacios también serán concesionables y tendrán un acceso independiente y exclusivo, conformando un sector diferente al del resto del inmueble. La sala, señala la resolución municipal, no ofrecerá “espectáculos ni actuaciones en directo”, aunque dispondrá de megafonía e hilo musical, previsto en el Plan Especial de la Marina Real Juan Carlos I. La sala de eventos no dispondrá de cocina propia y requerirá de servicio de catering externo.

Las obras tendrán que realizarse en los próximos seis meses y deben acabar antes de dos años. Una vez finalice la construcción, y antes del inicio de la actividad, la titular interesada deberá presentar en el Ayuntamiento declaración responsable ambiental.

Agraït amb la vida. Pese a los disgustos que le provocaba el mundo contemporáneo, que golpeaba sus ideales, Ricard Pérez Casado (1945-2026) estaba agradecido. Como explica su entorno, el exalcalde de València tenía particular interés en que vieran la luz unas memorias que comenzó a plasmar en 2017 y a las que dedicó ocho años de trabajo. Cuando el exalcalde falleció el libro acababa de llegar a Balandra Edicions.

La obra ha terminado de pulirse con ayuda del periodista José Manuel Alcañiz, la esposa del exalcalde, Julia Blasco, y el profesor Joan Romero, encargado de presentar el volumen en el Salón de Cristal del Ayuntamiento de València. “Vuelve a casa”, expresaba el catedrático emérito, amigo del exdirigente socialista, que pone en valor que la institución gobernada ahora por el PP reivindique al mandatario. Arropado por parte del equipo de gobierno local -la alcaldesa finalmente no ha asistido-, por la delegada del Gobierno, Pilar Bernabé, el exalcalde Joan Ribó y los grupos políticos del PSPV y Compromís, el profesor ha arrancado el primer acto de homenaje a Pérez Casado a través de sus memorias.

“Siempre antepuso su independencia a cualquier otra institución, fue el signo de su vida. Fue un espíritu libre y, por tanto, incómodo a menudo”, recalca Romero, que considera el libro una guía para entender una época, de una modernidad que le ha sorprendido. Leerlo ha sido como pasear de la mano de Pérez Casado o contemplar “un Cavanilles en miniatura”, en referencia al ilustrado y naturalista autor de las Observaciones sobre la Historia Natural, Geografía, Agricultura, población y frutos del Reino de Valencia.

Las memorias de Pérez Casado abordan su etapa previa a la entrada en la política institucional, el periodo 1945 a 1975: desde la infancia en una Nàquera todavía rural, en la que a diario le recordaban ser hijo de los vencidos, hasta la primera implicación en el Partit Socialista Valencià, deteniéndose en una década clave: la llegada a la ciudad de València, una ciudad en crecimiento y con un urbanismo aún por desarrollar, con la lengua luchando por recuperarse, en la que realiza sus estudios. La ciudad, que más tarde gobernaría con el PSPV, era entonces una urbe sin servicios, dividida por un 'río-cloaca' y con unas periferias abandonadas, señala Romero. Se entiende así su empeño en modernizarla, con proyectos como el Jardín del Túria o el Palau de la Música, y las primeras piedras del urbanismo contemporáneo en la capital.

Pérez Casado se detiene en las sombras de la ruralidad, que refleja en la Nàquera en la que se crió -y que para Romero, encarna muchas otras Nàqueras-, también las sombras de la urbe en desarrollo, las periferias marginales, el contacto con el mundo académico y sus estudios políticos. Recuerda el rol de las mujeres en la militancia antifranquista, que encarna su esposa, Julia, o el del periodismo valenciano - de la residencia en la dictadura a la conciencia democrática- con figuras como las de Josep Sorribes o Vicent Ventura.

Sus recuerdos, apunta Romero, son la base de su material literario: Pérez Casado usa su historia particular para recorrer la historia de la época, en un estilo que al profesor le recuerda a los Pasados singulares de Enzo Traverso, que abordan precisamente El yo en la escritura de la historia. Apunta, entre otras, la invitación de los servicios de inteligencia estadounidenses para pasar 21 días en el país, o los primeros pasos de la socialdemocracia en Valencia.

El alcalde socialista que gobernó la ciudad entre 1979 y 1988 era un “gran conocedor de su país, europeísta convencido y amante del Mediterráneo”, destaca el catedrático de Geografía Humana. Fruto de su amplia formación, Agraït a la vida constituye “un libro de historia, de geografía, de antropología social, de etnografía, de economía, de cultura, de política”. Una autobiografía para entender una época.

Un juzgado de València recomienda al Ayuntamiento que cambie de ubicación los festivales de música que se celebran en la Ciudad de las Artes y las Ciencias. El Contencioso número 8 ha dado la razón a los vecinos del entorno e insta al Ayuntamiento a adoptar medidas contra las molestias por ruido que generan los eventos, incluida la revocación de autorizaciones o su reubicación. Aunque la titularidad de CACSA es de la Generalitat, los vecinos denunciaron a la administración local por no tomar medidas sobre las molestias que genera el ruido.

La explanada de la Ciudad de las Artes y las Ciencias lleva años siendo uno de los espacios de moda para grandes eventos: solo en los próximos meses, en la temporada primavera-verano, están previstos en la Ciudad de las Artes y las Ciencias festivales como el de Les Arts, Big Sound, Love the 90's y FAR.

El fallo del Juzgado de lo Contencioso-Administrativo número 8, al que ha tenido acceso EFE, considera que el Ayuntamiento de València “ha vulnerado el derecho fundamental a la intimidad familiar e integridad personal” de los demandantes y fija una indemnización por daños morales a cada uno de los demandantes de 3.000 euros más intereses y al pago de las costas. Son, en total, 138.000 euros. El consistorio ha indicado que los servicios jurídicos municipales van a estudiar la sentencia, pero han recordado que los hechos denunciados se remontan a 2018 y la demanda a mayo de 2023, cuando la actual corporación municipal no había tomado posesión.

En su fallo, el juzgado considera que el Ayuntamiento “no ha probado que después de la reclamación objeto del proceso haya hecho algo eficaz para proteger o garantizar los derechos fundamentales de los demandantes, o para proteger y garantizar su medioambiente de dichas actividades al aire libre”. Tampoco, añade el escrito, “ha probado que haya medido los niveles de recepción en viviendas causados por tales actividades, incumpliendo así la Ley de Bases de Régimen Local, que establece que el Ayuntamiento es la Administración competente para impedir la existencia de contaminación acústica e inmisiones de ruidos no tolerables en su municipio, así como para proteger a sus ciudadanos frente a la misma”. Un tirón de orejas claro a la administración local.

Los vecinos, según el escrito judicial, denunciaron que tanto con la discoteca Umbracle, ubicada en la azotea, como con festivales musicales y conciertos en directo se producen transmisiones acústicas por vía aérea que “causan inmisiones de ruidos insoportables y no tolerables para el ámbito privado de las viviendas”. Aportaron informes que señalan que los niveles acústicos de recepción por vía aérea peritados alcanzan los 80 dBA, “no respetando los umbrales máximos tolerables de 45 dBA nocturnos y 55 dBA diurnos establecidos para transmisiones por vía aérea al ambiente interior domiciliario, exigidos en la Ordenanza municipal de Valencia contra la Contaminación acústica”.

El 11 de agosto de 2023 más de 200 vecinos de la zona denunciaron al Ayuntamiento las molestias por ruido, instando a la administración local a cumplimiento de su deber de vigilancia y la búsqueda de un emplazamiento alternativo para estas actividades.

“La exigencia normativa es clara”, apunta el fallo, pues “la inspección de una actividad que causa o es denunciada por ruidos debe realizarse directamente por el Ayuntamiento mediante su servicio de inspección o personal técnico inspector que tiene la condición de autoridad para ello y, única y necesariamente, mediante mediciones acústicas”. El fallo no es firme y cabe interponer recurso de apelación.

La oposición vuelve a aliarse en València y plantea una ofensiva contra los apartamentos turísticos. Justo el día en el que se aprueba en comisión la nueva ordenanza turística, que el PP defiende como una forma de 'blindar' la ciudad, Compromís y el PSPV presentan varias mociones para limitar la construcción de nuevos apartamentos turísticos y reclamar un estudio sobre la tasa turística.

Los grupos han presentado una moción conjunta para debatir en el próximo pleno sobre la isla de pisos turísticos que se proyecta en Russafa, a fin de “defender al vecindario y poner límites a las políticas del gobierno de PP y Vox que están expulsando a los vecinos y vecinas de la ciudad”. Aformaciones han advertido de que el proyecto de una colmena de apartamentos turísticos es “un ejemplo claro del modelo que está impulsando el gobierno de Catalá: más presión turística y menos ciudad para el vecindario”. “Hay alternativas y hay herramientas para frenar estos proyectos, pero el problema es que no hay voluntad política. El gobierno ha decidido mirar hacia otro lado mientras los barrios se tensionan y el vecindario es expulsado”, han denunciado Papi Robles y Borja Sanjuan, portavoces de Compromís y el PSPV.

La moción hace referencia a un proyecto turístico en marcha, al que los vecinos de un barrio hasta arriba de plazas para visitantes se oponen firmemente. Incluso han convocado este sábado una protesta en el barrio para hacer más evidente su rechazo. La empresa Puerto Rico Project 2022 adquirió hace cuatro años una nave abandonada incrustada en el patio interior de una manzana rodeada por las calles Puerto Rico, Pintor Gisbert, Cuba y Filipinas en la que pretende construir 34 minipisos turísticos de entre 29 y 33 metros cuadrados de superficie útil, además de 66 plazas de aparcamiento en un sótano de dos plantas.

Según Virginia Fuentes, una de las portavoces del movimiento vecinal, “la dinámica de ciudad neoliberal pone todos sus recursos, espacios y bienes subordinados a la especulación y al interés económico, donde los intereses del vecindario, su calidad de vida y su derecho a vivir pasan a un segundo o tercer plano”. Y es esta dinámica la que provoca “unos impactos terribles en su población, que cada vez encuentra más difícil poder habitarlo”. En definitiva, “la invasión de apartamentos turísticos en la ciudad transforma los barrios en escaparates que nos expulsan de nuestras casas y deterioran el tejido vecinal, así como las identidades de barrio”, denuncia.

Este miércoles, el PP también ha rechazado en la Comisión de Hacienda aprobar un informe sobre la tasa turística, planteado por el PSPV. Este nuevo rechazo a la tasa turística se ha producido en la comisión de Hacienda, donde el PP ha presentado una alternativa a la moción que habían presentado los socialistas para recuperar la tasa turística, aprobada por los partidos del Pacto del Botánico en las Corts en 2022 y derogada un año después por el PP y Vox.

El Palacio de Congresos de Valencia es un organismo complejo en sus cuentas. Así lo apuntaba un informe de la auditoría del Ayuntamiento, que alertaba del caos en las facturas y el riesgo de fraude en una empresa pública que ya ha sufrido dos estafas, y así lo deja ver el propio Ayuntamiento, que en apenas un año ha realizado varias contrataciones externas para auditar y reforzar la contabilidad de la entidad pública.

El pasado julio, el Ayuntamiento formalizó la externalización de la gestión administrativa del espacio municipal por 120.000 euros, con un contrato de dos años prorrogable otros dos. La mercantil adjudicataria, Dula Asesores, ganó el concurso al ser la única oferta, después de ser excluida del anterior proceso, que quedó desierto y en el que también fue la única que postuló. Como ya informó elDiario.es, el citado contrato comprende el servicio de asesoramiento contable y fiscal, tramitación laboral y de externalización de la gestión administrativa del Palacio de Congresos. Un encargo que hace referencia a contribuir a la “mejora continua del funcionamiento interno del Palacio, adelantándose a posibles incidencias en las auditorías de cuentas, tesorería y de cumplimiento y operativas”.

Sin embargo, el encargo a la firma de auditores parece no ser suficiente para abarcar toda la gestión del órgano. El pasado 6 de marzo, justo antes de la semana grande de Fallas, el Ayuntamiento aprobó una resolución para contratar a otra empresa con un fin muy concreto: realizar un estudio de las nóminas del personal. La resolución, a la que ha tenido acceso elDiario.es, apunta que “se han detectado incidencias de distinta índole en las nóminas de la plantilla” y que “resulta imprescindible” este análisis con “urgencia”. Según reconoce el consistorio, hay “incidencias” en la aplicación y cómputo de la carrera profesional, en la forma de repercutir el seguro médico suscrito con una entidad privada, -que puede afectar a las obligaciones con la Seguridad Social-, o las retenciones que se practican a cuenta del IRPF. Aunque la entidad ya cuenta con un responsable financiero, el Ayuntamiento considera que un profesional externo debe realizar un estudio y adecuar el sistema a la normativa.

Fuentes del organismo público apuntan que el encargo se debe a la necesidad de verificar que las subidas salariales retroactivas y los distintos complementos se han aplicado bien, como es el caso de la carrera profesional, un sistema de reconocimientos que en cada entidad se regula de un modo. En los últimos años se han aplicado complementos en el convenio y modificaciones en algunos conceptos con carácter retroactivo en los 22 miembros de la plantilla, entre los que han habido varias jubilaciones y bajas. Además, explican que el contrato con Dula Asesores no abarca este análisis y apuntan qu eno se ha detectado ninguna irregularidad, sino que se trata de un análisis preventivo.

En concreto, la resolución apunta que el despacho al que se encomienda el trabajo debe “realizar un estudio en su conjunto relativo a las nóminas del personal del Palacio de Congresos de Valencia, con el objeto de adecuarlas a la normativa de aplicación, regularizar, en su caso, las deficiencias observadas, y establecer un marco claro de actuación que evite esta situación en un futuro”.

El encargo señala que se ha de evaluar el proceso de elaboración y contenido de las nóminas de la plantilla del Palacio de Congresos desde el año 2022, de acuerdo con las RPT aprobadas, el Acuerdo Laboral vigente, el Plan de Carrera Profesional, y la normativa que resulte de aplicación e insiste en regularizar las deficiencias. Lo realizará la empresa Begur Legal SLP, un despacho especializado en la gestión de insolvencias, con sede en Catarroja.

El Síndic de Greuges, la figura que encarna al defensor del pueblo valenciano, abronca al Ayuntamiento de València por seguir negándose a registrar y publicar las actas del órgano municipal de emergencias. La institución estatutaria afirma que la falta de esta información, que la investigación sobre la dana de octubre de 2024 ha demostrado clave, hace que “el control de los órganos de coordinación sea imposible”, a raíz de una queja de Compromís.

La oposición solicitó una batería de documentación relacionada con la gestión municipal de las emergencias, tal como hizo el PP de María José Catalá cuando se encontraba en su lugar. Ya en 2021, con Joan Ribó como alcalde, el Síndic de Greuges recomendó a la Administración registrar las actas del Cecopal, “especificando, necesariamente, los asistentes, el orden del día de la reunión, las circunstancias del lugar y tiempo en que se ha celebrado, los puntos principales de las deliberaciones y el contenido de los acuerdos adoptados, con la finalidad de acreditar su existencia y facilitar su público conocimiento”.

Cinco años después, el órgano que encabeza Ángel Luna insiste en que deben publicarse las actas, algo que sí hacen municipios como Mutxamel o Elche, y no comprende los argumentos del consistorio que encabeza Catalá. El Cecopal reúne a los responsables de Policía, Bomberos, Protección Civil y otras áreas estratégicas del gobierno en situaciones de emergencia y preemergencia para coordinar las actuaciones en materia de seguridad.

El gobierno de PP y Vox apuntó en la respuesta al Síndic que el Cecopal no es un órgano común, sino que tiene “unas funciones y una singularidad que resultan ajenas a la estructura de naturaleza burocrática” y concluyó que “no hay actas de las sesiones del citado órgano, ni obligación legal” de tenerlas. Entre otras particularidades, defienden que no existe una secretaría que tome notas sobre las decisiones, y que la composición del órgano viene determinada por una norma de carácter supramunicipal.

El Síndic ya emitió una resolución en la que desestimó estas alegaciones. “La inexistencia de grabaciones o actas impide, no solo demostrar la existencia de los actos administrativos adoptados y el control de legalidad de estos, sino también su público conocimiento para exigir la posterior rendición de cuentas por parte del conjunto de la ciudadanía”, afirma la resolución, que subraya que es “indudable” que el Cecopal es un órgano administrativo de coordinación y, por tanto, se deben registrar por escrito los actos.

Ahora, pasado más de un mes, constata que el consistorio no ha tomado medidas para aceptar sus recomendaciones y procede a cerrar el expediente. Señala, como ya es costumbre, que “llegados a este punto se hace evidente que desde el Ayuntamiento de València no se han realizado las actuaciones necesarias para atender las recomendaciones del Síndic. Este comportamiento ha impedido conseguir, de manera efectiva, la satisfacción de los derechos reclamados por la persona promotora de la queja”.

El Tribunal Supremo ha desestimado el último recurso contra la Asociación Ciudadana Per l'Horta contra la decisión de la Generalitat Valenciana de aprobar definitivamente la Zona de Actividades Logísticas (ZAL) del puerto de València, por lo que la avala y pone fin a dos décadas de conflicto judicial y social.

En una providencia de la Sección Primera de la Sala de lo Contencioso-Administrativo del TS, fechada del 18 de marzo, a la que ha tenido acceso EFE, se argumenta la “falta de fundamentación suficiente” y “carencia de interés casacional objetivo para la formación de jurisprudencia, dado el marcado casuismo que preside las cuestiones suscitadas, vinculadas a los aspectos circunstanciados del pleito y su valoración” en la sentencia recurrida.

El recurso de casación fue presentado por la Asociación ciudadana Per l'Horta contra la sentencia de 30 de septiembre de 2025 por la Sección Primera de la Sala Contencioso Administrativo del Tribunal Superior de Justicia de la Comunitat Valenciana (TSJCV) que desestimaba el recurso previo contra la resolución de la Conselleria de Vivienda, Obras Públicas y Vertebración del Territorio que aprobó definitivamente el Plan Especial de la ZAL de València.

La asociación ciudadana lleva más de veinte años cuestionando este proyecto y denunciando la destrucción de tierras clasificadas como huerta protegida que fueron indebidamente expropiadas y urbanizadas, según su criterio.

Según recordó cuando presentó su último recurso, el precedente se remonta a julio de 1998, cuando el Gobierno valenciano del PP resolvió aprobar el Plan Especial de Ampliación del Patrimonio Público del Suelo de la Generalitat para el desarrollo de una ZAL en la zona de La Punta, que supuso la ocupación de más de 700.000 metros cuadrados de suelo de especial protección agrícola y la expulsión forzosa de casi un centenar de familias que vivían y trabajaban en esas tierras.

El planeamiento sucesivo fue dos veces anulado por sendas decisiones judiciales. La primera por sentencia del Tribunal Supremo de 17 de junio de 2009 y la segunda por el mismo TSJ en su sentencia de 13 de marzo de 2013, confirmada de nuevo por el Tribunal Supremo por sentencia de 25 de mayo de 2015, según Per l'Horta.

Pero en marzo de 2024, el Supremo modificó este criterio y afirmó ahora que la transformación física de los terrenos hace prácticamente inviable su recuperación para el uso agrícola al que aparecían destinados en el Plan General de València.

Por eso, el colectivo ciudadano preparó un nuevo recurso de casación contra la sentencia del TSJ de 30 de septiembre de 2025, que ahora ha sido desestimado. La entidad considera que la imposición de las costas supone “un aviso a entidades ciudadanas y defensoras del medio ambiente que pleiteen por los derechos ambientales”, por lo que van a recurrir “la tasación de costas que puedan presentar la Generalitat y Valencia Plataforma Intermodal argumentando los derechos a la defensa del medio ambiente y de justicia gratuita previstos en el Convenio de Aharus y la ley 27/2006”.

La APV afirma que el fallo aporta estabilidad

Por su parte, para la Autoridad Portuaria de Valencia (APV) la decisión del Tribunal Supremo (TS) es un paso más, adelante, en torno al Plan Especial de la ZAL del Puerto de València: “Se trata del último peldaño de un recorrido jurídico ante el Supremo que se ha extendido, en esta última versión del Plan Especial, durante más de siete años”.

La APV ha asegurado que desde el principio ha estado convencida de que todas las actuaciones se han desarrollado con pleno respeto a la legalidad vigente, a pesar de los sucesivos fallos judiciales que desde el primer momento paralizaron su puesta en marcha: “La inadmisión es también un reconocimiento y un aval al trabajo técnico, jurídico y administrativo realizado durante años; un esfuerzo colectivo en el que han participado numerosos profesionales”

Asimismo, “esta resolución aporta estabilidad a las iniciativas empresariales vinculadas a la ZAL; a proyectos que han apostado por este espacio como base para su desarrollo futuro”.

Desde la APV han insistido en que “la ZAL se consolida así como un enclave estratégico para la actividad logística y como un elemento relevante para el crecimiento económico del entorno portuario; pero, sobre todo, esta decisión tiene un impacto directo en el barrio de Natzaret y en València ciudad, que  ven reforzada la certidumbre sobre inversiones y en forma de empleo de proximidad”.