Madonna tenía 24 años cuando lanzó su primera canción en solitario, Everybody. Era 6 de octubre de 1982, fecha que cambiaría para siempre la historia de la música. Nacía la que terminaría convirtiéndose en la 'reina del pop'. Soberanía que su majestad mantiene más de cuatro décadas después en las que, con ahora quince álbumes de estudio a sus espaldas, compuso himnos como Like a Prayer, Like a Virgin, Vogue, Hung Up y La Isla Bonita.

Pero su legado no se limitó únicamente a su talento como artista. Madonna rompió los moldes del mainstream, transgredió a nivel sexual, tomó las riendas de toda su corporalidad y look, y dio visibilidad al sida cuando era un tabú envuelto en estigmas, desafió al Vaticano y subió la bandera palestina al escenario de Eurovisión en Israel.

“Siempre abrió camino”, afirma Eduardo Viñuela, Doctor en Musicología y autor de la biografía Bitch She's Madonna (Dos Bigotes). Un camino que sigue ampliando con el lanzamiento de su nuevo disco, Confessions II, este viernes, siete años después del anterior, a punto de cumplir 68.

“Está haciendo algo que no hizo nadie, que es envejecer siendo mujer en un género musical como el pop. No estamos hablando de una artista de country, ni de blues, ni de jazz, sino del pop, que siempre se asoció a la juventud”, valora el experto, que incide en que la cantante fue y es blanco de edadismo: “Se le criticó mucho, cuestionando que por qué no se retira; que además tiene un componente de género, porque desde luego no es algo que le digan a Bruce Springsteen”.

Leyre Marinas, publicista y Doctora en Periodismo, analizó en Fucked Feminist Fans. Los orígenes del #MeToo desde la cultura pop musical las conexiones que registradas en los últimos treinta años entre la música, los movimientos feministas y el sexismo divulgado por los medios de comunicación, en las que Madonna cuenta con su propio apartado.

Para la investigadora, la artista “sufrió y sufre todas las normas de vigilancia y control sobre absolutamente todo lo que pueda atravesar a cualquier mujer. Ya sea por edadismo, su sexualidad, su talento, sus creaciones, su poder dentro de la industria musical y su influencia. Las críticas siempre han sido sexistas. No vas a encontrar a ningún hombre del pop, rock o cualquier otro género al que le digan 'deja de ocupar este espacio'”.

La doctora en periodismo incide en que desde el inicio de su carrera, la artista “obligó a que la sociedad se hiciera preguntas muy incómodas dentro del papel de las mujeres en la industria musical y los videoclips. Mostró su sexualidad sin estar subordinada a la mirada masculina. Siempre enseñó su deseo como herramienta de poder y de liberación; y a ella misma como mujer ambiciosa dentro de la industria. Eso rompía muchísimos esquemas”. “Su gran aportación fue demostrar que las mujeres podían llegar al poder y al éxito”, suma.

El intocable trono de la 'reina del pop'

Desde que Madonna fuera apodada como la 'reina del pop', la industria musical ha contó con un radar particular sobre quién sería su digna sucesora, creando una necesidad de relevo, realmente inexistente, fruto de la competitividad entre las mujeres impuesta por patriarcado y capitalismo. Sin embargo, ella fue a la contra, poniendo el foco en generar precisamente lo contrario.

“Desde los ochenta le persiguió ese buscar a la siguiente reina para cuando hiciera falta el relevo generacional. Mientras tanto, ella reivindicó la unión y validación a las figuras del pop de cada momento”, apunta Eduardo Viñuela, haciendo referencia a su apoyo a Christina Aguilera, Britney Spears, Nicki Minaj, Sabrina Carpenter –con quien tiene una colaboración en su último disco–, Arca y Charli XCX.

“En vez de rivalidad, está creando sororidad”, añade el experto, que aplaude que a su vez ponga en valor a figuras del pasado, como Tamara de Lempicka y Liza Minnelli.

Leyre Marinas comparte su valoración, aplaudiendo que en ese 'ir por delante', Madonna supo incluso “sacarle partido al jugo que podía haber en esa construcción cultural de la competitividad entre mujeres, de 'peleas de gatas'”, y cita como el gran epítome el icónico beso que se dio con Britney Spears en la gala de los MTV Awards celebrada en 2003.

“Fue un diálogo generacional. Una actuación plagada de safismo. No solo fue una provocación mediática, sino una transmisión simbólica de la reina del pop a su heredera. Ahora estamos más acostumbrados a ver colaboraciones y halagos entre artistas, pero en su momento rompió con ello bastantes esquemas”, reivindica.

El poder político de Madonna

Más allá del éxito de su música, Madonna siempre llevó el significarse políticamente por bandera, que en numerosas ocasiones derivó en polémicas. Uno de sus grandes hitos fue dar visibilidad a la lucha contra el sida en los ochenta, rompiendo por completo con el tabú que suponía en ese momento. “Fue un gran altavoz de este problema en un momento en el que estaba muy escondido”, recuerda y menciona otros hitos controvertidos como sus enfrentamientos con el Vaticano. “Al mercado no le interesa mucho cuando alguien mete mucho el dedo en la llaga, pero le dio igual”, explica.

El videoclip de Like a Virgin, que culminaba con la cantante bailando rodeada de cruces en llamas fue todo un escándalo en 1989, al que siguió que, un año después, Madonna llegara a ser amenazada por la Policía. Varios agentes le advirtieron de que si volvía a simular una masturbación durante su interpretación de la misma canción en un concierto en Canadá, sería arrastrada por escándalo público. Por supuesto su reacción fue hacerlo aún con más entusiasmo que sus actuaciones previas.

En su 'idilio' con la Iglesia faltaría sumarle el lanzamiento de la canción Papa Don't Preach en 1986, en el que hablaba sobre una adolescente que decidía seguir adelante con su embarazo, y que durante su tour internacional en 1987, dedicó al papa Juan Pablo II, que la institución entendió como una provocación directa, ofensiva e irrespetuosa.

En 2019 protagonizó otro momento histórico, esta vez sobre el escenario de Eurovisión. Con Israel como sede del concurso, la cantante incluyó en su puesta en escena a dos bailarines subiendo una escalinata tomados de la mano, con la bandera de Palestina e Israel cosidas en la espalda. “La música hace que la gente esté unida”, dijo la artista durante la gala. El gesto no gustó en el país anfitrión, cuya ministra de Cultura calificó de “error inapropiado”.

Madonna volvió a significarse sobre el genocidio en Gaza. De hecho, incluyó un alegato en su gira mundial de 2023. “Podemos unirnos de una forma oscura y malvada, o podemos unirnos para crear un espacio de luz y amor. Y si todos tenemos esta conciencia colectiva, podremos cambiar el mundo y traer paz no solo a Oriente Medio, sino a todo el mundo”, expuso durante sus shows.

“No se ha valorado nada político de lo que hizo”, critica Leyre Marinas, mencionando el citado beso con Britney Spears, pero también en su reivindicación de la sexualidad femenina, el feminismo en sí, la visibilidad sobre el colectivo LGTBIQ+ y rechazo al racismo. La Doctora en Periodismo considera que muchas veces la sensación de 'polémica' haya “eclipsado a veces el contexto sociocultural y político en el que han ido sucediendo”, empezando por el marco que acompañó el lanzamiento de cada uno de sus discos, que provocaron que discos como Erotica (1992) fuera todo un escándalo.

Leyre Marinas critica que hasta hay quien leyó sus polémicas como “incluso individualistas, o meras provocaciones de una artista que se subió a un escenario con un talento y éxito mundial, y que, sin embargo, no se le ha tomado en serio”. La investigadora apunta que “ocurre siempre como reacción a cualquier acción de mujeres o colectivos discriminados, que parece que pasan sin pena ni gloria, pero funcionan igualmente como intervención cultural, de representación y visibilidad”. “Esto también ayuda mucho a entender por qué Madonna sigue siendo una figura imprescindible dentro de la historia del pop y de la industria del entretenimiento en general”, concluye.

La capacidad de “augurar” el futuro

La cantante publica este viernes Confessions II y hay una sensación generalizada de que el final de su carrera quede aún muy lejos, también para ambos expertos. “Madonna augura el futuro y el público obedece. Da igual hablar de la industria musical, la estética o el apoyo público a comunidades discriminadas; ella siempre fue un paso por delante de las mortales y es la que guía”, alaba Leyre Marinas.

Eduardo Viñuela destaca que en su nuevo trabajo podría haber optado por acercarse a “la línea de lo que se escucha, quizás algo más de reguetón, pero lo que está haciendo es reivindicar la música disco”. Madonna sorprendió a sus fans con un concierto sorpresa en Times Square presentando su disco a principios de junio, del que también adelantó un cortometraje de trece minutos, Confessions II - The Film, disponible en YouTube.

“En un momento en el que todo es muy fugaz y líquido, en el que todo son eras que pasan muy rápidamente, solo hay que ver cómo Taylor Swift o Rosalía cambian cada dos años de concepto; ella se mantiene en una línea que ha estado muy presente en su carrera”, considera, “todavía le quedan muchas cosas por decir, y eso que ya todo lo que lleva haciendo muchos años está por encima de lo que se podría esperar de un artista”.

Delcy Rodríguez completó seis meses al frente del Gobierno interino bajo una “situación excepcional” fuera de los procedimientos constitucionales formales, pero avalada por el Tribunal Supremo de Justicia. El balance revela una gestión fragmentada entre promesas económicas y debilidad estructural. Ahora, los terremotos interrumpieron cualquier ilusión de transición, según algunos expertos.

Para Ricardo Sucre, politólogo venezolano, la gestión de Rodríguez tiene tres fases claramente diferenciadas. Los primeros tres meses, de enero a marzo, funcionaron como un período de “ajuste y construcción de estrategia”. Durante esta etapa, Rodríguez definió dos grandes ejes que simulaban un alejamiento del modelo chavista: una apertura económica al capital extranjero, particularmente estadounidense, y una narrativa de reconciliación que reconocía públicamente “las heridas infligidas por décadas de conflicto político”. El anuncio de dos fondos —social e infraestructura— quedó en suspenso y los resultados visibles de este periodo fueron limitados. La distribución de 300 millones de dólares a través de la plataforma Patria (programa social) funcionó como gesto de voluntad redistributiva, pero insuficiente para alterar percepciones sobre su capacidad operativa real.

Lo que Sucre detectó entonces fue la grieta estructural que definiría los seis meses: “Una visión ideológica que no priorizaba capacidad institucional, sino narrativa”. Las instituciones heredadas del chavismo permanecían intactas en su centralización “represiva”, sus mecanismos de control y su “desprecio” por procedimientos democráticos, dice. Solo cambiaban los discursos. A partir de abril, sin embargo, Rodríguez aceleró las señales de liberalización económica: licencias energéticas concedidas, anuncios de regreso de aerolíneas internacionales —American Airlines, United, Qatar Airways— y apertura del sector petrolero a inversionistas privados. El país comenzaba a “activarse” en los términos permitidos por el modelo estadounidense: energía y movilidad. La narrativa internacional mejoraba ligeramente. La Administración Trump respaldaba la alianza con más énfasis.

Rodríguez no gobierna Venezuela, sino que administra un territorio bajo tutela estadounidense

Ricardo Sucre — Politólogo

Pero los indicadores estructurales contradicen el optimismo discursivo. “Los uniformes desgastados de bomberos y rescatistas y la ausencia de tecnología punta, entre otros, revelaban un Estado cuya concepción de la gestión pública permanece limitada por una visión ideológica que no prioriza capacidad institucional, sino narrativa”, sostiene Sucre. Los servicios públicos centralizados siguen colapsados. La represión informativa continúa. Los periodistas son criminalizados bajo denuncias de “espionaje” o “sedición”. El aparato “represivo”, lejos de desmontarse, se reorganiza, sostiene el politólogo.

Operación María Corina Machado

Tras los devastadores terremotos, Rodríguez se enfrentó a su verdadera prueba: demostrar capacidad operativa. Sucre cree que la respuesta fue lenta, tardía, insuficiente en recursos: “Familias excavaban con las manos mientras equipos de rescate internacionales llegaban días después. El Gobierno no pudo responder porque estructuralmente no tiene la capacidad: centralización de servicios de emergencia que antes funcionaban descentralizados, decisiones políticas que priorizaron control sobre eficiencia, una élite gobernante que legó instituciones débiles”.

Lo más revelador fue lo que el desastre expuso de la estructura de poder. El intento de regreso de la opositora María Corina Machado revela lo que Sucre califica como “las verdaderas limitaciones de Rodríguez como gobernante”. Su incapacidad para permitir el ingreso de la opositora expuso que su autoridad es meramente administrativa, subordinada a decisiones tomadas en Washington, que obstaculizó el regreso de Machado.

“Rodríguez no gobierna Venezuela, sino que administra un territorio bajo tutela estadounidense”, concluye el analista. Sus decisiones políticas fundamentales requieren aval externo. Su narrativa de reconciliación se desmorona ante la realidad de que está gobernando desde la debilidad, incapaz de ejercer soberanía sobre asuntos tan elementales como permitir el regreso de una ciudadana a su propio país.

En opinión del experto, tras los terremotos, las elecciones están más lejos que antes. La reunión entre Machado y la oposición mayoritaria en Panamá, de donde salió una hoja de ruta, murió ante el intento forzado de la premio Nobel de la Paz de regresar al país para crear un crisis política en medio de la tragedia. Sucre denuncia que Corina Machado y su grupo iban a “montar un show” en La Guaira, epicentro de la devastación. Altos cargos del Gobierno de Trump calificaron el intento de Corina Machado de “oportunismo político grotesco”. “Quiere una foto distribuyendo nuestra ayuda”, denunciaba una de estas fuentes citadas por el medio Axios.

El Gobierno de Rodríguez también fue muy criticado por algunos sectores por su gestión del desastre. En un video que circuló en redes se puede ver a Diosdado Cabello conversando con un rescatista estadounidense. “Hay alguien justo allá que estamos intentando ayudar. ¿No quieres que ayudemos a esa persona?”, le dice este último, mientras Cabello parece pedir despejar el camino. Por otro lado, Topos Chile, un grupo no gubernamental, denunció que soldados venezolanos interrumpieron constantemente su labor bajo sospecha de “espionaje yanqui”. Otros grupos internacionales de rescate informaron de dificultades para entrar en el país y alguno señaló que no pudo hacerlo.

La cara de la represión

Delsa Solórzano, presidenta de Encuentro Ciudadano y miembro de la Plataforma Democrática que apoya a Machado, dice en declaraciones a elDiario.es que cree que la oposición se mantendrá unida y que continuará apoyando el plan de tres fases del secretario de Estado de Estados Unidos: “estabilización, recuperación y transición”. Sin embargo, Trump afirmó desde el primer minuto que la apertura democrática del país no está entre sus prioridades.

La opositora denuncia la existencia de 500 presos políticos pese a la liberación de 800 y de la “falta de separación de poderes”. “El poder Ejecutivo y Legislativo está en manos del ‘Rodrigato’ [el hermano de Delcy, Jorge Rodríguez, es presidente de la Asamblea]”, dice Solórzano, que también sostiene que la permanencia de Cabello invalida toda narrativa de ruptura. “No podemos olvidar cómo desde el Mazo Dando, Cabello, de quien dependen los cuerpos represivos del Estado, amenazó a políticos, periodistas y activistas. Tiene a un ministro del Interior que en ese programa decía a quién se iba a encarcelar. El ministro de Interior amenaza desde un canal estatal”.

Carlos Correa, defensor de derechos humanos y la libertad de expresión, identifica lo que él considera el obstáculo más corrosivo para la legitimidad de Rodríguez: la persistencia de “represión” informativa bajo discurso de “apertura democrática”. Aunque hubo mejoras relativas —reducción en detenciones de periodistas, menor cierre de emisoras—, indica que el “ecosistema mediático venezolano permanece deprimido y debilitado”. Durante el terremoto, la desinformación fue absoluta. El secuestro de Maduro se conoció por comunicados extranjeros, no por transparencia estatal. “La persistencia de lógicas represivas hacia la prensa mina cualquier narrativa de 'apertura' que Rodríguez intente construir”, señala Correa.

La fractura de la comunicación es irreparable porque es estructural. Mientras el Gobierno “afirma gobernar con transparencia y reconciliación”, simultáneamente “mantiene portales informativos bloqueados, criminaliza a periodistas en zonas de desastre y controla la información de Estado con lógica partidaria”. Correa es categórico: “Sin construcción de 'ciudadanía civil' mediante información transparente, sin comunicación de servicio público que sustituya la comunicación de chuchería, la legitimidad seguirá siendo frágil”. La consecuencia de esta estrategia contradictoria es previsible: “Cualquier gestión exitosa permanecerá invisible, amplificada solo por medios oficialistas, lo que refuerza la percepción internacional de autoritarismo que contradice su posicionamiento político”.

El consenso entre Sucre, Correa y Solórzano revela una verdad incómoda para Rodríguez: es imposible proyectar un gobierno transicional cuando se perpetúan simultáneamente las estructuras anteriores. La apertura económica y las promesas de reconciliación coexisten con la “represión” y la permanencia de figuras como Cabello. El pragmatismo económico se contradice con la incapacidad operativa ante desastres humanitarios. Washington la respalda públicamente, pero ese apoyo expone su falta de soberanía. Los elogios de diplomáticos estadounidenses sobre su “transparencia y preocupación por la gente” generan desconfianza.

Fueron excomulgados. Los miembros de la Fraternidad Sacerdotal Sal Pío X, el grupo ultraconservador conocido como los lefebvrianos, fueron expulsados de la Iglesia católica, después de que este miércoles consumaran su desafío al Papa León XIV y ordenaran a cuatro obispos sin el permiso de Roma, provocando un nuevo cisma.

Un decreto del Dicasterio para la Doctrina de la Fe, la institución encargada de proteger la integridad de la doctrina católica, firmado este jueves, señala que, “con todos los efectos jurídicos”, los cuatro clérigos consagrados y el obispo español Alfonso de Galarreta, que ofició la ceremonia, “han incurrido ipso facto en la excomunión”.

El documento amplía el castigo al obispo Bernard Fellay, por “haber participado directamente en la celebración litúrgica como co-consagrante”. Galarreta y Fellay son los dos únicos obispos consagrados por Marcel Lefebvre en 1988, también sin el visto bueno de Roma. Ya entonces fueron excomulgados y posteriormente perdonados por Benedicto XVI en 2009, tras varios meses de diálogos.

El Dicasterio para la Doctrina de la Fe insta también “a los clérigos y a los fieles laicos a no adherirse al cisma de la Fraternidad Sacerdotal San Pío X, pues incurrirían ipso facto en la pena de excomunión”.

Los lefebvrianos son una escisión ultra, que se niegan a aceptar algunos elementos fundamentales de la actual Iglesia, como varios puntos del Concilio Vaticano II. Por ejemplo, la apertura a otras religiones, el fin de las misas en latín o dejar de considerar a los judíos los asesinos de Cristo.

Pese a su vuelta al redil en 2009, los lefebvrianos mantuvieron en los últimos meses un nuevo pulso con el Papa León XIV, con quien solicitaron sin éxito reunirse. Prevost, no obstante, si les envió este martes una carta con “espíritu paterno”, para instarles a “dar marcha atrás en sus intenciones” y evitar la excomunión.

Este movimiento no surtió efecto y la Fraternidad San Pío X congregó el miércoles a miles de personas en la localidad suiza de Écône, donde consagró a Pascal Schreiber, Michael Goldade, Michel Poinsinet de Sivry y Marc Hanappier, provocando un nuevo cisma en la Iglesia.

En una nota explicativa, el Dicasterio hace hincapié en los “numerosos intentos de reconducir a los seguidores del movimiento iniciado por Monseñor Marcel Lefebvre a la plena comunión con la Iglesia católica”, que “han resultado infructuosos”. Una situación que “se ha agravado aún más a causa de las recientes consagraciones episcopales celebradas sin mandato pontificio, contra la voluntad del Santo Padre y en abierta violación del derecho canónico”.

Según indican desde Roma, tanto “los ministros sagrados como los fieles laicos implicados” han “constituido el delito de cisma”.

Un superviviente de los terremotos en Venezuela fue rescatado en la mañana de este jueves, tras ocho días bajo los escombros de un edificio en el estado de La Guaira (norte del país, aledaño a Caracas) y una operación de salvamento de casi 72 horas.

Hernán Gil había quedado atrapado en la garita de vigilancia del edificio ubicado en la localidad de Catia La Mar donde trabajaba, después de los terremotos de magnitud 7,2 y 7,5 del pasado 24 de junio.

Las labores de salvamento comenzaron formalmente a las 10:00 hora local (14:00 GMT) del lunes y, desde entonces, el grupo de unos 100 rescatistas, entre ellos chilenos, estadounidenses, portugueses, costarricenses y salvadoreños, estuvo en constante comunicación con él, hidratándolo y pasándole medicación.

El primer contacto con Gil por parte de equipos de salvamento se produjo el pasado domingo y, desde entonces, se había mantenido el contacto con él.

El vigilante se encontraba en “un paso subterráneo en una caseta de seguridad con 140 toneladas de escombros encima”, según dijo a EFE un portavoz de la Cruz Roja de Costa Rica, involucrada también en el rescate, quien señaló que se había replanteado la estrategia y que se estaba “buscando un nuevo acceso”.

Según voluntarios de la Cruz Roja venezolana, Gil pudo preservar su vida gracias a la garita, que fue su escudo de protección.

Su esposa, Gusbimar González, estuvo frente al edificio desplomado desde el pasado jueves, un día después de los terremotos.

Tras los terremotos de la semana pasada, a Venezuela llegaron entre 2.500 y 3.000 rescatistas extranjeros, según datos de la ONU, que coordina su actividad sobre el terreno.

En su último balance, el Ejecutivo venezolano indicó que unas 6.461 personas fueron rescatadas y al menos 2.295 murieron, mientras que 11.267 resultaron heridas.

EFE

“No quiero terminar los años que me quedan en un refugio” se lamenta Emilia Rada, una mujer de 73 años que se aloja en un polideportivo de La Guaira, donde viven centenares de personas una semana después del doble terremoto de Venezuela que destrozó o dañó gravemente sus viviendas sin saber cuándo podrán volver o si serán realojados.

Emilia pasa las horas sentada en una litera del refugio que han instalado varias agencias de la ONU en el Polideportivo José María Vargas, en plena zona cero de la devastación de los terremotos de magnitud 7,2 y 7,5 del pasado miércoles.

“El piso de arriba cayó dentro de mi apartamento. Gracias a Dios que yo no estaba en ese momento. Pero cuando llegué no pude hacer nada, no pude sacar nada, ni la documentación”, explicó a EFE.

La mujer, que hasta el sábado dormía en el suelo de una plaza de Tanaguarena, relató que salió de allí “aterrorizada porque los olores a muerto eran demasiado fuertes”.

“No voy a salir de aquí ni hoy ni mañana”, se lamentó y dijo que se está planteando ir a vivir al extranjero con algún familiar porque “no quiero terminar los años que me quedan en un refugio”.

El Gobierno de Venezuela cifró en las últimas horas en 12.841 las personas que perdieron su vivienda y la presidenta encargada, Delcy Rodríguez, prometió hace dos días que antes de que finalice el año habrán nuevas viviendas para aquellos que hayan perdido sus hogares.

Por su parte, la Agencia de Naciones Unidas para los Refugiados (Acnur) cifró en cerca de 16.000 las personas que debieron buscar un lugar alternativo para vivir, y este martes dijo que no todas lo consiguieron y deben permanecer en las calles.

Las autoridades venezolanas pidieron a las personas afectadas inscribirse en un sistema online del Gobierno llamado Patria, por el que se entregan ayudas sociales, para resolver “rápidamente” el tema de “habitabilidad” y llevarlos a “hoteles de la ciudad capital para que tengan un sitio donde pernoctar”.

La incertidumbre reina entre las personas afectadas. Charles Cordero, de 39 años, explicó desde un refugio con una pierna escayolada y una venda en el abdomen por impacto del temblor, que su casa presenta daños, en principio superficiales y que desconoce cuándo va a poder volver.

“No sabemos si vamos a poder regresar allá. Tenemos que esperar, no tenemos información precisa de que van a hacer con nosotros”, comentó.

No muy lejos de allí, en la urbanización Playa del Mar, la zona más afectada del municipio de Catia La Mar, José hace guardia delante de su edificio semi derrumbado sentado en una silla.

“Estoy aquí para que no se lleven nada. Hay mucho vandalismo sin conciencia”, explica este hombre de unos 60 años que se lamenta por haber perdido “treinta años” de su vida con el terremoto.

“Todavía no sabemos si podremos volver. Ya han hecho una evaluación pero quizá tienen que hacer una más después de las fuertes replicas”, dijo apesadumbrado.

En su último balance, El Ejecutivo indicó que unas 6.461 personas fueron rescatadas y al menos 2.295 murieron, mientras que 11.267 resultaron heridas.

EFE

Ya hay cifras de la regularización extraordinaria de migrantes en España. El plazo del procedimiento cerró con 1.174.978 solicitudes presentadas, un alcance que desborda las previsiones iniciales del Gobierno y marca un máximo histórico en comparación con procesos similares impulsados anteriormente en España, según confirmó el Ministerio de Inclusión, Seguridad Social y Migraciones. Del más de un millón de peticiones, el Ejecutivo admitió por ahora más de 609.737 expedientes, lo que supone que al menos ese número de personas recibió un permiso de residencia provisional hasta obtener la resolución definitiva. De ellas, 11.000 ciudadanos ya obtuvieron una respuesta favorable de manera definitiva.

La cifra total de solicitudes ayuda a dimensionar una realidad invisible y difícil de cuantificar: la de cientos de miles de personas que ya vivían y trabajaban en el país de forma irregular, muchas de ellas incluso sin acceso al padrón. Una población que, ahora, podrá salir de la clandestinidad, acceder a sus derechos y aportar como cualquier ciudadano, tras la puesta en marcha de una medida impulsada durante más de seis años desde la calle, a través del movimiento Regularización Ya, liderado por personas migrantes y racializadas. El balance definitivo de expedientes, que no alcanza los 1,2 millones, no coincide con las cifras publicadas por varios medios en la última semana, que aseguraban que el procedimiento había superado los 1,3 millones de demandas.

La mayoría de las solicitudes, un 67%, corresponde a ciudadanos latinoamericanos, como adelantó elDiario.es hace dos semanas y confirman ahora el balance oficial aportado por el Ministerio tras el cierre de las ventanillas. El dato ratifica que la mayor parte de quienes solicitaron la regularización no tuvieron que atravesar una frontera de manera irregular, sino que entraron en España en avión. La nacionalidad colombiana destaca entre todas las demás, acercándose al 30% de las peticiones registradas. Lejos en porcentaje, le sigue la marroquí, con un 13,4%; la venezolana, que representa el 11,7% de las solicitudes; y la peruana, con el 8,8%, según los datos oficiales a los que accedió elDiario.es. El Ministerio de Inclusión programó una convocatoria de prensa este jueves para detallar el balance oficial del procedimiento.

“La cifra pone en valor la necesidad de llevar a cabo un procedimiento de este tipo, porque va a permitir que cientos de miles de personas que ya residen en nuestros país, pero con miedo y sin derechos, afronten el futuro con ilusión y con esperanza”, declaró la ministra Elma Saiz, en un video difundido este jueves. “Estamos ante un verdadero hito de nuestra política migratoria y un trabajo colectivo del que podemos sentirnos orgullosos”, agregó la titular de Inclusión.

La medida tuvo un peso especial para los niños y adolescentes. Según el balance inicial del Ministerio, las peticiones ligadas a quienes tienen entre 0 y 15 años suponen un 11% del total, lo que puede explicarse con las facilidades que este proceso dio específicamente a los menores de edad, a través de la concesión automática en la mismo expediente de sus progenitores.

Sobre el perfil de los solicitantes, los hombres presentaron más solicitudes que las mujeres, aunque en porcentajes próximos. Ellos representan un 57% de las peticiones mientras que ellas, el 43%. Por edad, el 81% de los demandantes tienen menos de 45 años. Y seis de cada diez solicitantes tienen menos de 34 años, unos datos que fueron enfatizados por el Secretario de Estado de Seguridad Social, Borja Álvarez, para explicar cómo puede impactar la regularización en el mercado laboral y en la aportación de los empleados extranjeros a las arcas públicas.

Algunas cifras empiezan a dar cuenta del previsible efecto positivo de la regularización en las contizaciones a la Seguridad Social. Según los datos oficiales, de las 608.000 personas cuya petición fue admitida a trámite, 159.097 ya se encuentran dadas de alta en la Seguridad Social. Ese dato, sin embargo, no significa per sé que esos ciudadnos se han afiliado debido al procedimiento extraordinario, porque entre ellos se encuentran solicitantes de protección internacional que podrían estar ya cotizando con anterioridad. El Ministerio no aclaró por el momento el número de nuevas altas que fueron posibles exclusivamente por el procedimiento extraordinario, pues matizan que se trata de un balance preliminar y aún se encuentran cruzando los datos para hacer una fotografía más detallada de su impacto en el mercado laboral.

El secretario de Estado de Seguridad Social remarcó que el 83,4% de las personas regularizadas que están dadas de alta se enmarcan en el Régimen General, en el que el contrato indefinido es la modalidad que predomina entre las afiliaciones de quines han recibido el permiso de residencia provisional por la regularización. Por tipo de actividad, los setores que concentran el mayor número de altas son: Hotelería (38.776), Comercio (20.195), Actividades Administrativas (19.327) y Construcción (18.310).

En el primer semestre de 2026, la afiliación de trabajadores extranjeros a la Seguridad Social se convirtió en “uno de los principales motores del crecimiento del empleo en España”, recuerdan desde el Ministerio. Según Álvarez, el ritmo de aumento “se fue acelerando” desde finales del mes de abril, cuando comenzó el proceso de regularización extraordinaria de migrantes.

Del total de solicitudes recibidas, el 79,6% corresponde a migrantes en situación irregular que llevan más de cinco meses de residencia continuada en España, que podían justificar su arraigo a través de vínculos laborales, familiares o a través de la demostración de su situación de vulnerabilidad. Por su parte, el 20,4% restante representa a solicitantes de protección internacional, que se acogieron a la vía creada específicamente para ellos, que permite el paso del régimen de estancia por asilo a la obtención de un permiso temporal de residencia y trabajo en caso de haber llegado antes del 1 de enero de 2026 y carecer de antecedentes penales.

Catalunya y Madrid concentran más solicitudes

Las autonomías que recibieron un mayor número de expedientes son Catalunya, donde se presentaron más de 257.000 peticiones; y la Comunidad de Madrid, con 202.000. También destacan las cifras de los tramites presentados en las ventanillas de la Comunidad Valenciana y Andalucía, lo que encaja con las regiones con más población nacida en el extranjera.

La secretaria de Estado de Migraciones, Pilar Cancela, destacó el papel que ha tenido en todo el proceso todos los actores del proceso. “Las cifras evidencian el esfuerzo histórico realizado por las instituciones y sociedad civil, que han empujado para que nadie se quede fuera de este proceso y conseguir una sociedad de acogida efectiva, con derechos y obligaciones para todos”, señaló. Según sus datos, el 58% de las solicitudes telemáticas fueron presentadas por abogados, seguidos por funcionarios habilitados (16,8%), gestores administrativos (8,4%), las propias personas interesadas mediante certificado digital (7,3%), entidades del Registro de Colaboradores de Extranjería (5,1%) y graduados sociales (3,6%).

Cancela hizo hincapie en el peso que han tenido las organizaciones colaboradoras en la preparación de los expedientes, el acompañamiento de muchos demandantes en cada trámite, especialmente en la emisión de los certificados de vulnerabilidad, el informe que generó un cuello de botella durante las primeras semanas de la entrada en vigor de la medida. Un total de 495 entidades del Tercer Sector y organizaciones sindicales colaboran durante todo el proceso en labores de asesoramiento, acompañamiento y orientación a las personas solicitantes.

El número de solicitudes registradas no suele coincidir con el de las personas que finalmente serán regularizadas. Las proyecciones iniciales del Ejecutivo, ya superadas, estimaban la recepción de 750.000 peticiones, de las que calculaban aceptar unas 500.000, teniendo en cuenta las duplicidades de expedientes que pueden producirse en este tipo de procedimientos, así como el descarte de casos que no cumplen los requisitos. Fuentes gubernamentales aseguraron a elDiario.es que todas las personas que registraron una solicitud recibirán una respuesta, negativa o positiva, por lo que descartan que el silencio administrativo se interprete como una denegación.

Por ahora, casi el 52% de las solicitudes fueron admitidas a trámite, aunque el Gobierno continúa estudiando los expedientes a un ritmo que todavía no cumplió con el plazo de 15 días anunciado. Con la causa abierta por PP y Vox en el Tribunal Supremo, y ante una mínima —aunque poco probable— posibilidad de paralización cautelar del procedimiento, el Ejecutivo afirmó que tratará de agilizar la tramitación en los próximos días para aumentar la seguridad jurídica de quienes solicitaron la regularización.

Las principales nacionalidades se ajustan a las recogidas por el Instituto Nacional de Estadística en los últimos años, cuyos estudios incluyen los países de procedencia de los residentes en España a través de los registros del padrón. En 2022, Colombia se convirtió en el principal país de origen de los nuevos inmigrantes, por delante de Marruecos. Las llegadas de ciudadanos colombianos continuaron en aumento en 2023 y 2024, hasta cristalizar en un histórico “sorpasso” migratorio, por el que los residentes en España nacidos en el país latinoamericano superaron a los nacidos en Marruecos.

Entre las más de 608.000 personas cuya solicitud fue admitida a trámite está Missael. Tras abandonar Perú, el joven viajó a España con visado de turista, como suele ocurrir con la mayoría de migrantes latinoamericanos asentados en el país. Una vez expirado su permiso, se quedó sin papeles hasta que consiguió solicitar asilo, lo que le permitió contar con una autorización temporal mientras se estudiaba su caso. Hace casi más de medio año, la denegación de su petición de protección internacional lo empujó de nuevo a la clandestinidad.

“Después de ocho meses sin papeles, he vuelto a cotizar. Sin papeles todo es más duro. Es como si te quedas en una pausa. Cotizas, vas a un ritmo, te deniegan el asilo y te quedas sin nada. A esperar otra vez un permiso para trabajar. Pero ahora estoy otra vez dado de alta”, explicó a elDiario.es hace un mes.

Desde entonces, trabaja por las noches en una pizzería de Huelva, donde intercala turnos de repartidor y atención al público, mientras continúa con sus estudios de Formación Profesional. Cuatro días después de recibir la autorización provisional ligada a la admisión a trámite, consiguió un empleo en el que cotizar. Durante el tiempo en que no tenía papeles, reconoce, no dejó de trabajar, aunque lo hacía de forma irregular, en empleos más precarios y menos estables. Ahora está dado de alta en la Seguridad Social y recuperó sus derechos como ciudadano. Antes no existía; ahora salió de la invisibilidad.

A Donald Trump le gusta vincularse con aquellos referentes que, según sus valores, representan el éxito. Y tiene especial querencia por el deporte, donde siempre busca ganadores con los que se quiere identificar. Así, pasaron por el Despacho Oval futbolistas como Cristiano Ronaldo, además de los luchadores que casi se matan celebrando el cumpleaños presidencial en la Casa Blanca, como Ilia Topuria. Trump también se hizo fotos en la residencia oficial con los campeones de la MLS, el Inter de Miami, con Leo Messi al frente; y saludó durante su discurso del estado de la nación a los campeones del equipo olímpico de hockey sobre hielo, intentando convertirlo en una victoria política personal. “Nuestro país vuelve a ganar”, afirmó Trump mientras dedicaba varios minutos de su discurso al triunfo del equipo.

Hasta tal punto es así, que el verano pasado fue incapaz de contenerse y se saltó todos los protocolos para posar con los campeones del Mundial de Clubes de la FIFA que ganó el Chelsea al Paris St. Germain.

Y ya avisó que participará en la entrega de la copa del mundo tras la final, el próximo 19 de julio en el MetLife Stadium (Nueva Jersey), el mismo escenario donde el Chelsea levantó el trofeo el pasado 13 de julio de 2025.

¿Entregará el presidente Trump el trofeo del Mundial?, le preguntaba la Fox al presidente de la FIFA, Gianni Infantino, hace unos días: “Estaremos junto al presidente disfrutando de la final y, por supuesto, entregando el trofeo al ganador juntos. Por supuesto, estamos juntos todo el tiempo”.

La organización de Infantino convirtió el Mundial en una oportunidad que el presidente de EE.UU. no solo no quiere desperdiciar, sino que está buscando explotar al máximo.

“Las cifras de la FIFA son mucho mayores que las de cualquier otro Mundial de la historia”, publicó esta semana Trump en Truth Social: “Esto supone un gran homenaje a los Estados Unidos de América. ¡Gracias a todos!”.

Es decir, el Mundial de fútbol como homenaje a EE.UU., en el momento en que celebra su 250º aniversario de la independencia con una colección de fastos que incluyen la Fan Zone de la FIFA en plena explanada del National Mall, donde Trump inauguró la Great American State Fair, una feria para conmemorar el aniversario, desangelada, con apenas asistentes y conciertos vacíos en un Washington DC que llegó a registrar 37ºC a la sombra.

Además, en su post, Trump obvia el pequeño detalle de que Estados Unidos no organiza el torneo en solitario, sino que es una competición compartida con México y Canadá.

Fox, el brazo mediático del presidente de EE.UU., está a la cabeza de esa asimilación entre el Mundial y el 250º aniversario, cuyos valores trumpistas de la historia mirada a través de los ojos del movimiento MAGA dejan fuera a buena parte del país.

Un artículo de opinión de Jillian Anderson King en la web de Fox compila todo lo que el trumpismo quiere hacer con el Mundial: “Los aficionados del Mundial están descubriendo la grandeza de Estados Unidos, una versión de Estados Unidos que sus medios de comunicación nunca les habían mostrado”.

“Mientras Estados Unidos se prepara para celebrar su 250.º aniversario”, afirma el texto, “recibimos un regalo inesperado de millones de visitantes del Mundial: un nuevo recordatorio de lo que hace que Estados Unidos sea excepcional. La lección que se desprende de todo esto es sencilla. Las cosas que los estadounidenses suelen dar por sentadas —la abundancia, las oportunidades, la seguridad, la innovación, la generosidad y la libertad— siguen siendo extraordinarias para gran parte del mundo. No porque Estados Unidos sea perfecto, sino porque Estados Unidos es libre. Y la libertad, tras 250 años y con un pueblo dispuesto a trabajar por ella, a luchar por ella, produce algo por lo que el resto del mundo recorre miles de millas solo para ser testigo de ello”.

Todos esos mensajes van de la mano de la campaña de la agenda autoritaria de Trump, que el Mundial tan pronto opaca como pone en evidencia, sobre todo en lo relacionado con la represión de la migración.

Así, a aficionados de países con prohibición para viajar, como Senegal, Congo, Haití o Irán, no se los deja entrar en el país. Y también afectó a un árbitro somalí y a jugadores africanos sometidos a registros y controles de seguridad prolongados.

Además, la Administración Trump obligó a la selección de Irán a alojarse en Tijuana (México), a pesar de que sus partidos se disputaban en Estados Unidos, y aparte de su personal le impidió la entrada a EE.UU.

“Este es un Mundial desastroso”, dijo Mehdi Taremi, capitán de la selección nacional de Irán, en una rueda de prensa: “No podemos quedarnos en el país y tenemos que viajar cada vez que jugamos sin poder recuperarnos. Ahora no podemos quedarnos en Seattle y tenemos que volver a Tijuana. Esto no es justo”. Tras empatar los tres partidos, la selección iraní quedó eliminada de la siguiente ronda.

No es el primer Mundial que se celebró en un país gobernado por alguien que socava las reglas de la democracia. Al contrario, la FIFA no tiene ningún problema en llevar su negocio a países autoritarios y teocracias, como Rusia (2018), Qatar (2022) y Arabia Saudí (2034), por no hablar de Marruecos, coanfitriona del Mundial de España y Portugal (2030).

Pero no es algo que haya ocurrido solo en época reciente. El Mundial de 1934 de Italia se celebró bajo la dictadura fascista de Benito Mussolini –como dos años después los Juegos Olímpicos en la Alemania nazi de Adolf Hitler–. Y, más recientemente, el Mundial de 1978 en Argentina, tuvo lugar bajo la dictadura militar, de Jorge Rafael Videla.

En todos los casos, el gran acontecimiento deportivo se intentó usar para dar un giro positivo a la imagen de cada país anfitrión.

En el caso de Argentina, además, la trama llega más lejos: la FIFA le permitió horarios diferentes para cada partido de la segunda fase, con lo que Argentina necesitaba ganar por más de cuatro goles contra Perú para pasar a la fase final, cosa que hizo: ganó 6-0, después de una visita al vestuario peruano del propio Videla, acompañado de Henry Kissinger, ex secretario de Estado de EEUU y operador político de las dictaduras latinoamericanas.

En paralelo, en Francia, se creó el COBA, (Comité pour le boycott de la coupe du monde de football en Argentine), un movimiento político y social cuyo objetivo era boicotear el Mundial de Videla. En pocos meses, pasaron de ser un grupo pequeño a coordinar más de 200 comités locales en toda Francia y alrededor de 20 en el exterior.

Durante el Mundial, el COBA organizó partidos de fútbol simbólicos en plazas públicas y actos culturales alternativos en toda Francia para escenificar protestas bajo lemas como “No al fútbol entre los campos de concentración” para visibilizar lo que ocurría en Argentina.

La Policía Nacional de España tiene una orden judicial de detención contra el comunicador Vito Quiles, que vinculó esa decisión a sus “denuncias masivas” contra el entorno del presidente del Gobierno español, Pedro Sánchez. El propio Quiles comunicó este miércoles en la red social X que un juzgado, sin precisar cuál de los que siguen causas judiciales sobre él, acordósu detención. Fuentes jurídicas indicaron a Europa Press que la Policía recibió esa orden aunque por el momento no pudo ser ejecutada al no localizarlo en su lugar de trabajo.

“Un juez ha ordenado detenerme tras una campaña de denuncias masivas del entorno de Sánchez tras mi encuentro con Begoña Gómez. El Gobierno utiliza la justicia para perseguir a sus rivales sin motivo, pero luego se victimizan cuando juzgan su corrupción. Ni un paso atrás”, expresó Quiles en su perfil.

Fuentes del estudio de Ospina Abogados que representa a Quiles aseguró a la agencia EFE que no tiene constancia oficial de esa orden de detención pero conocen que la Policía acudió al lugar de trabajo de Vito Quiles para arrestarlo, si bien no se encontraba en ese lugar en ese momento. Desde el estudio aseguraron que Vito Quiles se encontraría en su domicilio y que tiene previsto acudir mañana a una comisaría para aclarar este asunto.

Las mismas fuentes precisaron que el agitador tiene abiertas varias causas en diferentes puntos de España, como en Madrid, donde se lo investiga por presuntos delitos de revelación de secreto y acoso a la presidenta de Red Eléctrica, Beatriz Corredor, y en Sevilla, donde una jueza lo procesó por supuestas calumnias contra el secretario general de Facua, Rubén Sánchez.

La Fraternidad Sacerdotal San Pio X, una congregación ultraconservadora cuyos miembros son conocidos como los lefebvrianos, consumaron su desafío al Papa León XIV y ordenaron a cuatro obispos en la localidad de Écône (Suiza), sin el permiso de Roma. Esta desobediencia al poder de la Santa Sede supondrá su excomunión —es decir, dejarán de pertenecer a la Iglesia católica—, como ya ocurrió en 1988.

A la ceremonia, celebrada este miércoles en el valle del Ródano y retransmitida por las redes sociales en varios idiomas, donde los lefebvrianos ordenaron a cuatro obispos, acudieron unas 15.000 personas, entre fieles y curiosos. El acto se llevó a cabo bajo el rito anterior al Concilio Vaticano II, del que reniegan los ultras, de espaldas a los fieles y en latín.

Esta congregación, fundada en 1970 por el arzobispo francés Marcel Lefebvre está en contra de algunos preceptos del Concilio Vaticano II, como el fin de las misas en latín, la apertura a otras religiones o dejar de considerar a los judíos asesinos de Cristo. Juan Pablo II ya excomulgó a su fundador y a los cuatro obispos que ordenó en 1988 sin su beneplácito, mientras que Benedicto XVI en 2009 levantó la excomunión aunque habían continuado un enfrentamiento con la Iglesia.

La ceremonia estuvo presidida por el español Alfonso de Galarreta y el suizo Bernard Fellay, los dos únicos obispos que quedan de los consagrados por Lefebvre en 1988. De ahí la urgencia por ordenar a otros cuatro.

En la ceremonia fueron consagrados el suizo Pascal Schreiber, el estadounidense Michael Goldade y los franceses Michel Poinsinet de Sivry y Marc Hanappier, que sufrirán excomunión inmediata. Es previsible que el Vaticano informe y ofrezca detalles de esa decisión. Un estrecho colaborador de Prevost ya advertía la semana pasada de que León XIV “lo tiene muy claro”: “La respuesta no puede ser otra que la excomunión”.

Este martes, el papa León XIV exhortó en una carta a los “lefebvrianos”, “con espíritu paterno” y “de todo corazón”, a “dar marcha atrás” en sus intenciones, avisando 'in extremis' de una excomunión.

Sin embargo, el superior general de la FSSPX, Davide Pagliarini, en su homilía en Écône aseguró que pagarán cualquier precio para servir a la Iglesia. “Nos consideran rebeldes pero no solo queremos servir a la Iglesia, como una madre en dificultad que sufre, a veces traicionada”, dijo. “Nos acusan de no amar al Papa, de no respetarlo, pero porque amamos al Papa, no queremos verle humillado cuando se pone en el mismo plano de los falsos pastores, de las falsas religiones como hemos visto en varias situaciones”, continuó.

El papa y el Dicasterio de la Doctrina de la Fe ya les advirtió en varias ocasiones de que con estas ordenaciones incurrirían en un “acto cismático” que implicaría la excomunión de los implicados, como ya ocurrió en el pasado. La Sociedad Sacerdotal de San Pío X que está compuesta por 720 sacerdotes y aproximadamente medio millón de fieles, repartidos por todo el mundo, quedaría apartada de la Iglesia católica.

Los intentos de rescatar a personas con vida tras el doble terremoto que dejó cicatrices en Caracas y devastó el estado La Guaira, en la costa de Venezuela, continuaron este martes, seis días después de la tragedia que causó al menos 1.943 muertos, principalmente por el colapso de numerosos edificios.

Pero, entre los equipos, las esperanzas de encontrar más supervivientes bajo los escombros comienzan a desvanecerse. Los rescatistas de Ecuador y Estados Unidos suspendieron sus operaciones a primera hora del martes en Macuto, en La Guaira, tras más de 40 horas de trabajo al dejar de recibir respuesta de una madre y sus tres hijos atrapados bajo un edificio de nueve plantas, según informa Reuters. Este miércoles, el equipo neerlandés de búsqueda anunció que da por concluida su misiónal reducirse las posibilidades de encontrar a personas con vida.

Mientras siguen los trabajos a contrarreloj y circulan vídeos de rescates “milagrosos”, como el de un niño de tres años tras seis días atrapado entre los escombros, los venezolanos que vivieron el temblor tratan de recomponerse de una experiencia común para muchos: la vulnerabilidad ante un desastre que escapa al control.

Claudia Nazoa se encontraba en su apartamento de Caracas cuando comenzó el seísmo. La cineasta lo describe como “infernal”: el rugido, la destrucción de una vida material acumulada durante años. Su prioridad fue salvar lo que importaba. Evacuó entre escombros e inundaciones, se fue a casa de una amiga con incertidumbre sobre su futuro. Félix Ruz vivió el terremoto con su familia. Las salidas quedaron bloqueadas. Este transportista en Caraballeda durmió en el coche, afrontó restricciones y careció de servicios básicos. Pero también presenció actos de solidaridad.

Un rugido

Claudia Nazoa es sobrina de uno de los poetas más famosos de Venezuela: Aníbal Nazoa. Dacha, como la llama todo el mundo, vive en el barrio de San Bernardino, otra de las zonas castigadas en Caracas junto con Altamira. Sobrevivió al terremoto del miércoles en el piso ocho de su edificio junto a una amiga. Aunque fue rescatista y vivió el terremoto de Caracas de 1967 cuando era adolescente, asegura que no es comparable en absoluto. “Esto fue infernal”, dice.

Estaban degustando vinos que Dacha había traído de Madrid cuando sonó una alarma antisísmica a las 18:00 horas. “Mi amiga me dice: 'Está temblando'. Empezó a moverse el suelo de una manera terrible”, relata. El apartamento se movía como “una coctelera” mientras ambas se aferraban a las vigas de su piso. “Sentimos cómo el mundo se caía alrededor. Era un ruido, un rugido como una fiera enorme”, cuenta a elDiario.es.

Vi cómo se caía mi vida alrededor de mí, cómo se destrozaban los recuerdos de toda una vida de viajes

Claudia Nazoa

Su piso estaba lleno de antigüedades, colecciones de frascos de farmacia antiguos, cuadros y objetos de arte que se destruyeron. “Yo vi cómo se caía mi vida alrededor de mí, cómo se destrozaban los recuerdos de toda una vida de viajes”, dice. Sin embargo, su prioridad era distinta: “Lo único que me importaba era mis gatas. Lo único que me importaba en ese momento era que mis animales estuvieran vivos”.

El apartamento se inundó cuando se reventaron las cañerías del piso de arriba. “Salimos corriendo por las escaleras oscuras, bañadas de agua como si nos hubiéramos tirado a la piscina”. En la calle escucharon gritos de vecinos atrapados y ambas lograron ayudarlos a salir.

Los bomberos evacuaron preventivamente el edificio. Dacha permanece refugiada en casa de una amiga sin saber si su piso será habitable. Cuando pudo, regresó a por sus gatas. “Caminé sobre por lo menos 30 centímetros de vidrios rotos, de recuerdos rotos, de vida rota”.

“Caminaba e iba dándole gracias al universo, gracias a Dios, porque estoy viva y mi familia está viva y está entera. Estamos en un shock colectivo”, asegura. Denuncia, además, que funcionarios públicos cobran entre 1.000 y 2.000 dólares a familiares en la morgue para devolverle los cadáveres y que en ningún momento nadie se ha acercado a su edificio a hacer una inspección para saber si es habitable o no.

Ayuda incondicional

Félix Ruz vivía en una casa de tres pisos en Caraballeda, La Guaira —epicentro de la devastación—, y él alquilaba un piso en la plata baja. Cuando pasaron los terremotos, decidió salir de allí con su familia inmediatamente. Mientras bajaba por Caraballeda, vio los edificios caídos y las grietas que se abrieron en las calles. Su vivienda no colapsó, pero se quedó sin agua, sin luz y no tenía comida. “Realmente la experiencia fue complicada, muy duro porque no podíamos salir”, dice al elDiario.es.

El desalojo fue complejo. El puente del río San Julián que atraviesa Caraballeda quedó fracturado, igual que las estructuras de Los Corales y Caraballeda. La salida de la zona se hizo difícil.

Los rescatistas que llegaron unas horas después pedían silencio para trabajar. Ruz se desplazaba con sus niños, de 12 y 4 años, y su esposa. Durmió en el coche durante las primeras noches a la intemperie. Observó que los efectivos policiales restringían el paso a La Guaira a quienes no tenían salvoconducto. “Es un momento crítico, todos estamos angustiados, la gente no sabe qué hacer”, dice.

Las primeras noches las pasó en el kilómetro cero en un puesto de la Guardia Nacional, que está en la autopista que conecta a Caracas con La Guaira, donde recibió atención. La Guardia Nacional apoyó el proceso y le dieron colchones y comida.

En búsqueda de ayuda, se fue a Caracas a echar gasolina y luego a Fuerte Tiuna, el complejo militar más importante del país. Allí le dijeron que podía encontrar abrigo en El Parque del Este. Ruz, que es gandolero y transportista, advierte de que hay personas que se escudan en donaciones para entrar a saquear casas y edificios y recomienda que se dejen en centros de acopio para evitar que se dispersen.

El hombre permanece incomunicado. No hay agua potable. Su casa está alquilada, pero las réplicas sísmicas lo mantienen en vilo. “La Guaira está contaminada”, dice. En su experiencia en el refugio, ha recibido ayuda de todo tipo, hay comida y agua de sobra. La solidaridad ha sido total. Mientras la tragedia pasa, Ruz y su familia están seguros.

 El presidente de la Asamblea Nacional de Venezuela, Jorge Rodríguez, informó este martes que asciende a 1.943 el número de muertos por los terremotos de magnitud 7,2 y 7,5 del 24 de junio, mientras que la búsqueda de sobrevivientes entre los escombros de edificios derrumbados ingresó en su fase crítica.

Los sismos dejaron 10.571 heridos, a la vez que 15.866 personas permanecen damnificadas y otras 22.619 reciben atención en centros de salud, señala el reporte oficial.

Rodríguez detalló que los equipos de emergencia lograron rescatar a 6.461 personas. Precisó que entre 13.400 y 13.500 personas consiguieron evacuar la zona del desastre por sus propios medios o con ayuda de sus familiares durante las primeras horas de la crisis.

La presidenta encargada, Delcy Rodríguez, informó que un contingente de más de 3.300 rescatistas procedentes de 27 países -coordinados por la Organización de las Naciones Unidas (ONU)- ya opera en las áreas críticas para reforzar las tareas de excavación y auxilio.

En tanto, la plataforma Desaparecidos Terremoto Venezuela señala que un total de 40.738 siguen sin contacto, mientras que 15.742 ya fueron localizadas sobre un total de 81.323 reportadas como buscadas.

Sobre el mismo tema, la ONG Comité Internacional de Rescate (IRC) estimó que “casi 50.000 personas” continúan desaparecidas en La Guaira y Caracas bajo los escombros de estructuradas colapsadas. Además, dijo que sus equipos en el terreno y los de aliados han podido constatar la falta de necesidades básicas para los sobrevivientes, como agua potable.

“La respuesta no está a la altura de la magnitud de las necesidades humanitarias. Los servicios médicos de los centros de salud y las unidades móviles están desbordados, los refugios están a plena capacidad y los servicios de agua y electricidad siguen interrumpidos en todas las zonas afectadas”, indicó el IRC en el comunicado.

“Los rescates que quedan son muy difíciles”: los desafíos de las brigadas en La Guaira a medida que se agota el tiempo

“Nos quedan los rescates más difíciles y más riesgosos”, reconoció desde La Guaira Exequiel Gallardo, miembro del Grupo USAR de Bomberos de Chile, reportó la cadena estadounidense CNN.

El reloj avanza y cada hora cuenta para los posibles sobrevivientes que siguen bajo los escombros tras los terremotos en Venezuela, mientras los miles de brigadistas internacionales que llegaron al país enfrentan un escenario que crece en complejidad.

“Estamos llegando a una etapa en donde los rescates que quedan son los rescates imposibles, muy difíciles. Después del día 5, en el mundo ya estos rescates se conocen como rescates milagrosos. Porque no es normal o es muy poco frecuente que gente sobreviva tantos días. La lucha no de esas personas no es solo contra el reloj, sino también contra la deshidratación”, detalló.

Después de sacar a las víctimas que estaban en zonas más accesibles, restan los que pueden estar atrapados bajo varios pisos de escombros.

Sismos generaron 1,2 millones de toneladas de escombros en el estado La Guaira

Según una evaluación preliminar del Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo (PNUD), los terremotos del 24 de junio en Venezuela generaron aproximadamente 1,2 millones de toneladas de escombros en las zonas más afectadas del estado costero de La Guaira.

Para determinar ese volumen, el organismo empleó RAPIDA, una herramienta de evaluación de pronta respuesta que procesa datos de forma automatizada, informó el diario El Nacional.

Del total estimado, cerca de 915.000 toneladas corresponden específicamente a restos de edificios dañados o colapsados por los sismos de magnitud 7,2 y 7,5 del 24 de junio.

En forma complementaria, aproximadamente 332.000 toneladas provienen de la destrucción de artículos domésticos, mobiliario urbano y pertenencias personales.

Delcy Rodríguez promete nuevas viviendas antes de fin de año para quienes hayan perdido su hogar

La presidenta encargada de Venezuela, Delcy Rodríguez, prometió que antes de que finalice el año habrá nuevas viviendas para quienes hayan perdido sus hogares por los terremotos del 24 de junio y dejó al momento un saldo de 1.719 fallecidos y más de 5.000 heridos.

“El Ministerio de Vivienda y Hábitat está elaborando proyectos para la construcción de viviendas en el menor tiempo posible; hay miles de soluciones antes de que finalice el año”, señaló Rodríguez en la instalación del Estado Mayor para la Creación de Campamentos Transitorios y la Planificación de Construcción de Viviendas transmitido por el canal estatal VTV.

La mandataria dijo que también están en reuniones con expertos y organismos internacionales que están brindando opciones de soluciones habitacionales inmediatas, reportó la cadena CNN.

Además, dijo que en este momento están desplegados ingenieros y arquitectos en los estados La Guaira, Miranda y Caracas para inspeccionar la habitabilidad de viviendas que fueron afectadas por los terremotos.

Cruz Roja Venezolana proyecta atender a 300 mil afectados por los terremotos en un lapso de 2 años

La Cruz Roja Venezolana ejecutará un plan de atención integral estimado para asistir a más de 300 mil personas durante los próximos 24 meses, tras el doblete sísmico de magnitudes 7,2 y 7,5 que sacudió Venezuela el pasado 24 de junio.

Así lo informó Luis Farías, presidente de la institución quien detalló el alcance de los programas de contingencia y el impacto humano de la tragedia.

“Cada historia es un mundo, hay personas que han perdido no nada más todo lo material sino que posiblemente son ellos los únicos de sus familias que quedan vivos”, manifestó Farías al describir las devastadoras consecuencias emocionales y materiales que dejaron los movimientos telúricos en la población, reportó el diario El Universal.

Con información de NA.

El anticomunismo le ganó la batalla al 'antifujimorismo' en la segunda vuelta de las elecciones presidenciales en Perú, de la que salió victoriosa, por un margen muy estrecho, la candidata de derecha Keiko Fujimori (Lima, 1975), que el 28 de julio se convertirá en nueva mandataria.

Tras varias semanas de recuento, Keiko (Fuerza Popular), como se la conoce popularmente, se impuso en el recuento del 7 de junio al postulante de izquierda Roberto Sánchez (Juntos por el Perú) por alrededor del 0.27% (en votos, una diferencia de 49.641 boletas), según el recuento oficial de la Oficina Nacional de Procesos Electorales (ONPE). La paradoja electoral es que mientras Sánchez ganó dentro del Perú, la presidencia se la arrebató Fujimori con el apoyo de los peruanos residentes en otros países.

Hija mayor del fallecido expresidente Alberto Fujimori (1990-2000), Keiko conquistó la primera magistratura peruana en su cuarto intento: en 2011 perdió con Ollanta Humala, en 2016 le ganó Pedro Pablo Kuczynski y en 2021 cayó ante Pedro Castillo. La saga de derrotas se extendió en estas elecciones de 2026, pero por solo durante unos días en los que Sánchez remontó la ventaja inicial de la otrora primera dama con una diferencia mínima que, sin embargo, no pudo sostenerse una vez procesados los votos en el extranjero.

El triunfo de la administradora de empresas de ascendencia japonesa revela que el anticomunismo de la sociedad peruana, posicionado en contra de Sánchez, exministro y heredero político del exmandatario Pedro Castillo (hoy encarcelado por un fallido golpe de Estado en 2022), tuvo un peso ligeramente mayor que el “antifujimorismo” en torno al cual se organiza la vida política peruana desde hace más de dos décadas.

Continuidad del fujimorismo

Alberto Fujimori (1938-2024) abandonó el poder en el año 2000, pocos meses después de ganar las elecciones para un tercer mandato consecutivo. El escándalo de los “vladivideos”, una serie de grabaciones que revelaban sobornos de su asesor Vladimiro Montesinos a figuras políticas, empresariales y mediáticas del Perú, desató una presión interna que lo llevó a escapar del país y refugiarse en Japón. Sin embargo, su caída no supuso la muerte definitiva del fujimorismo. Sus hijos Keiko y Kenji tomaron la posta y fueron ganando presencia política, en especial a partir de la segunda década de los años 2000.

La politóloga y analista Eliana Carlín dice que la corriente política abierta por Alberto Fujimori solo se debilitó por unos años tras la fuga del “dictador”. “Las figuras emblemáticas del fujimorismo siguieron siendo parte del ecosistema político del país, y especialmente Keiko Fujimori desde el año 2011”, recuerda. “En las cuatro campañas electorales en las que ha pasado a segunda vuelta ha habido un despliegue enorme de recursos económicos que vienen de los empresarios y de los poderes fácticos, aliados tradicionales de su padre”.

Desde el Congreso de la República, Keiko Fujimori ha dirigido una bancada que ha tomado medidas que favorecen a la impunidad, al crimen organizado, que criminalizan a quienes defienden los derechos humanos y un triste etcétera

Eliana Carlin — politóloga

Esta interpretación es compartida por el periodista de investigación Gustavo Gorriti, responsable de destapar más de un escándalo de corrupción vinculado a los Fujimori y a otras figuras políticas del Perú. Entrevistado en días pasados por el programa Hildebrandt en sus trece, Gorriti planteó que el de Keiko no puede considerarse un “próximo gobierno”, sino uno que continúa, “porque es un gobierno que ha sido básicamente dominado por la coalición mafiosa cuyo buque insignia ha sido el fujimorismo”.

Formada en administración de empresas en universidades de Estados Unidos (Boston, Columbia), Keiko ingresó a temprana edad a la política peruana, al convertirse en 1994 en la primera dama más joven del país y de la región. Con solo 19 años, retornó del extranjero para reemplazar en el cargo a su madre, Susana Higuchi, quien se había separado de Alberto por discrepancias políticas, al punto de ser despojada de su condición de primera dama.

La carrera de la presidenta electa dio un salto definitivo en 2006, cuando se convirtió en congresista nacional en representación de Lima con una votación entonces histórica. Tres años después fundó Fuerza Popular, el partido que aún lidera y que la ha llevado a la presidencia tras tres intentos frustrados.

La popularidad de Keiko entre los fujimoristas no la libró de escándalos de corrupción que la condujeron a prisión por más de 16 meses entre 2018 y 2020, acusada de lavado de activos aportados por la firma Odebrecht para su campaña electoral. El caso, que manchó y condenó a más de un expresidente peruano, fue archivado por una sentencia del Tribunal Constitucional peruano y liberó de culpa a Fujimori.

A las sombras propias de su trayectoria política se suman las heredadas por su padre, un mandatario que, si bien llegó a la presidencia por la vía electoral, se ganó con los años, dentro y fuera del Perú, el calificativo de “dictador” por su inclinación a la acumulación desmedida de poder y los probados delitos de lesa humanidad cometidos durante sus años de gobierno.

Fujimori padre llegó a disolver el Congreso para evitar la fiscalización legislativa, un hecho calificado como “autogolpe” de Estado, y mandó a ejecutar torturas, esterilizaciones forzadas y asesinatos en nombre de su lucha contra los grupos guerrilleros Sendero Luminoso y MRTA. Por algunas de estas violaciones a los derechos humanos, como las matanzas de Barrios Altos y La Cantuta, donde un comando paramilitar mató a 25 personas sospechosas de colaborar con Sendero Luminoso, fue condenado a la cárcel. Tras ser detenido y extraditado desde Chile en 2005, la justicia peruana le fijó una pena de 25 años de prisión que, sin embargo, no cumplió efectivamente. En 2017, recibió un indulto humanitario.

Lejos de tomar distancia del oscuro “legado” de su padre, Keiko siempre lo reivindicó, más aún tras la muerte del expresidente en 2024, a los 86 años y producto de las consecuencias de un cáncer.

Lejos de la reconciliación social

Keiko reconquistó el gobierno para el fujimorismo con una agenda liberal y conservadora. Los pilares de su plan, denominado “Perú con Orden”, son la seguridad, el crecimiento económico y el desarrollo social. Para luchar contra la inseguridad prometió en la campaña crear centros de comando y videovigilancia altamente tecnologizados mediante el uso de Inteligencia Artificial (IA). También propone construir cuatro megacárceles de máxima seguridad y cortar el acceso a telefonía móvil en los recintos penitenciarios, una estrategia que involucraría el papel activo de las Fuerzas Armadas.

En materia económica anunció bajar el déficit fiscal del PIB en un 1% hasta el fin de su mandato, en 2031. En lo tocante a desarrollo social, ofreció reducir la pobreza en un 15%, construir 3.000 colegios y aplicar la telemedicina para una mejor cobertura de salud. Un asunto al que su plan le presta especial atención es la corrupción estatal, a la que prevé desterrar mediante un “shock digital” que apele a la IA, la publicación en tiempo real de las licitaciones y la creación de un observatorio ciudadano de compras públicas.

Más allá del contenido concreto de su programa de gestión, en el discurso con el que Keiko llega al gobierno los sectores críticos perciben un incontestable tufo autoritario, como el que destilaba su padre. Eliana Carlín cree que, más allá de la estrecha diferencia del balotaje que ha dejado al Perú profundamente dividido, políticamente se ha impuesto el “autoritarismo”. La analista duda que la asunción de Fujimori contribuya a cerrar las heridas que abrió el decenio de Alberto: “Lamentablemente, no auguro un tiempo de reconciliación nacional. Desde el Congreso de la República, Keiko Fujimori dirigió una bancada que tomó medidas que favorecen a la impunidad, al crimen organizado, que criminalizan a quienes defienden los derechos humanos y un triste etcétera”. Carlín entiende que el modus operandi del fujimorismo en el Congreso peruano es el de “Alberto Fujimori: minando el Estado de derecho, debilitando las instituciones y estigmatizando a todo aquel que se presente con una perspectiva crítica. Eso no va a cambiar en un régimen de Keiko”.

El periodista Gorriti, por cuyo secuestro fue también juzgado Alberto Fujimori, desliza un matiz respecto a la interpretación de la politóloga. “Dudo que ella (Keiko) vaya a buscar iniciar su gobierno con las acciones de mano dura que una parte de su gente debe haberle aconsejado”, declaró en la citada entrevista a Hildebrandt. “Lo más probable es que, inicialmente, para tratar de bajar la oposición con concesiones y tal y como lo hizo eventualmente su padre, va a tratar de dar la imagen de una gobernante más moderada”.

Gorriti presume que esta estrategia obedecería a la necesidad de enfrentar a una oposición “mucho más sólida de la que hay ahora, que no hay oposición”. El gobierno peruano está bajo la presidencia interina de José María Balcazar, el octavo mandatario de los últimos 10 años durante los cuales el Congreso peruano ha impedido a los mandatarios electos y a los interinos cumplir los periodos previstos por ley.

Controlado en el último tiempo por el fujimorismo y otras fuerzas afines de derecha, el Congreso que le espera a Keiko volverá a ser bicameral tras 26 años. Carlín entrevé que esta reforma podría depararle una mayor estabilidad a la presidenta electa, “no solo por su fortaleza dentro del Legislativo, sino porque los poderes fácticos como la empresa, las Fuerzas Armadas y la gran prensa apoyan de manera abierta y notoria al fujimorismo, como lo hicieron en la década del noventa”.

Otro factor que se perfila favorable para la administradora de 51 años es el mapa geopolítico de la región, hegemonizado por gobernantes de derecha cercanos a la administración de Donald Trump. Carlín lo describe sin ambages: “Ahora mismo, Sudamérica está en un momento de giro ultraconservador para el cual Fujimori no solo va a ser funcional, sino que imagino que será el reflejo de su padre, entreguista de los recursos y soberanía”.

Aun teniendo estas perspectivas alentadoras, lo peor que podría hacer Fujimori es pecar de exceso de confianza, sobre todo teniendo en cuenta la volatilidad de la política peruana y eventuales giros en el contexto internacional. Mientras Gorriti alerta sobre las elecciones de medio mandato de EE.UU. previstas para noviembre de este año, y cuyos resultados podrían alterar el comportamiento de los mandatarios de derecha, Carlín cree que la correlación de fuerzas parlamentaria en Perú también “puede variar, y Fujimori tiene que estar muy atenta a eso”.

La cifra de personas fallecidas por los terremotos de magnitud 7,2 y 7,5 que sacudieron a Venezuela el pasado 24 de junio ascendió a 1.943, según informó este martes el presidente de la Asamblea Nacional, Jorge Rodríguez. El nuevo balance oficial también reportó 10.571 heridos, 15.866 damnificados y 22.619 personas atendidas en centros de salud.

Los datos representan un incremento respecto del parte difundido el lunes, que contabilizaba 1.719 muertos y 5.034 heridos, mientras continúan las tareas de búsqueda y rescate en las zonas más afectadas.

En paralelo, la plataforma Desaparecidos Terremoto Venezuela, que recopila reportes de familiares y equipos de emergencia, indicó que 42.655 personas permanecen sin contacto, mientras que 15.097 fueron localizadas, sobre un total de 57.752 denuncias registradas desde el inicio de la emergencia.

La búsqueda continúa entre los escombros

En este contexto, la Organización de las Naciones Unidas (ONU) confirmó que enviará 10.000 bolsas mortuorias a Venezuela como parte de la asistencia humanitaria desplegada tras la catástrofe. La decisión fue acordada con las autoridades venezolanas y busca reforzar la capacidad de respuesta frente a la magnitud del desastre.

El coordinador de la ONU en Venezuela, Gianluca Rampolla Del Tindaro, explicó que el organismo espera que el número final de víctimas sea inferior a esa cantidad, aunque evitó hacer proyecciones por encima de los datos oficiales mientras continúan las tareas de rescate. No obstante, reconoció que el nivel de destrucción hace prever que el balance podría seguir aumentando.

Rampolla precisó además que unas 2.500 estructuras resultaron afectadas, muchas de ellas con colapso total.

El operativo internacional de asistencia

La ONU también informó que 27 países desplegaron más de 40 equipos internacionales de búsqueda y rescate, integrados por más de 2.000 rescatistas y alrededor de 160 perros especializados, que trabajan en las zonas devastadas por los sismos. Durante las últimas horas, esos equipos lograron rescatar con vida a numerosas personas que permanecían atrapadas bajo los escombros.

El organismo internacional estimó, además, que alrededor de 50.000 personas continúan desaparecidas, aunque aclaró que esa cifra corresponde a una proyección operativa y no al balance oficial venezolano. Mientras disminuyen las posibilidades de encontrar sobrevivientes con el paso de las horas, las tareas de búsqueda continúan de manera ininterrumpida con apoyo de decenas de países y organizaciones internacionales.

Derrota para Trump en el Supremo. En efecto, el alto tribunal de Estados Unidos rechazó este lunes admitir a trámite el recurso del presidente de EE.UU. contra el veredicto del jurado que le impuso una indemnización de 5 millones de dólares a favor de E. Jean Carroll en 2023 por abuso sexual y difamación.

Los abogados de Trump habían alegado que las acusaciones que dieron lugar al veredicto de 5 millones de dólares se basaban en resoluciones probatorias “muy sensacionalistas”, incluidas aquellas que permitieron el testimonio de otras dos mujeres que acusaron al presidente de abuso sexual hace décadas. Trump negó las acusaciones de las tres mujeres.

La decisión se produce en un momento en que el tribunal emite sus dictámenes sobre los casos más importantes de este período de sesiones, muchos de ellos clave para la agenda de Trump. Trump ya expresó públicamente su frustración por las derrotas ante el Tribunal Supremo en términos muy personales, incluyendo insultos cuando la mayoría anuló los aranceles globales que él había impuesto al amparo de una ley de poderes de emergencia.

Los abogados de Carroll habían instado a los magistrados a desestimar el caso. Argumentaron que el testimonio de las mujeres eran relevantes porque las acusaciones eran similares, y que las decisiones del juez Lewis Kaplan estaban en consonancia con otras dictadas en todo el país.

Carroll, columnista de consejos desde hace mucho tiempo y antigua presentadora de un programa de entrevistas de televisión, declaró en el juicio celebrado en 2023 que Trump convirtió un encuentro amistoso en la primavera de 1996 en una agresión violenta en el probador de Bergdorf Goodman, una tienda de lujo situada frente a la Torre Trump.

El jurado también consideró a Trump responsable de difamar a Carroll cuando este negó su acusación en 2022.

Un jurado también concedió a Carroll 83,3 millones de dólares adicionales tras un segundo juicio por difamación. Trump también está recurriendo esa sentencia, aunque aún no llegó al Tribunal Supremo.

Trump logró eludir con éxito otras cuantiosas sentencias judiciales, incluida una multa civil por fraude en Nueva York de más de 500 millones de dólares que fue anulada por un tribunal de apelación de Nueva York.

El Supremo también le concedió una amplia inmunidad frente a la persecución penal en 2024, aunque posteriormente rechazó por un estrecho margen su intento de suspender la imposición de la pena en su caso de Nueva York relacionado con el pago de dinero a cambio de silencio a la actriz Stormy Daniels.

Israel asesinó este lunes con un dron en Gaza a Malik Wael Abu Shaweesh, un niño de ocho años. No es un caso aislado. Desde la entrada en vigor del alto el fuego, Israel mató sigilosamente y fuera de los focos a 1.048 personas, lo que supone una media de cuatro al día. El asesinato de este niño palestino llega solo unos días después de un demoledor informe de la Comisión Internacional Independiente de Investigación de la ONU que acredita, documenta y prueba el asesinato “deliberado” de niños.

El informe no tuvo mucho eco en medios porque acredita una realidad que ya sabíamos, que Israel comete genocidio, pero creo que merece la pena una mención porque hay partes aterradoras. La investigación relata cómo soldados israelíes utilizaron a niños como práctica de tiro. Un doctor que asistió a Gaza en una misión médica afirmaba a los investigadores: “Basándome en el tipo de lesiones y las partes del cuerpo atacadas, llego a la conclusión de que los soldados israelíes estuvieron disparando deliberadamente a adolescentes en un juego de tiro al blanco, atacando una parte diferente del cuerpo cada día... Existe un patrón muy claro”.

Lo que tenemos ahora son dos acuerdos que Israel puede contraponer uno contra el otro y EEUU es firmante en los dos. En el acuerdo firmado por el Gobierno de Líbano, Israel está autorizado a establecer una zona de seguridad dentro del país. Sin embargo, en el MoU entre Irán y EEUU, la retirada, el cese de todas las operaciones militares y el respeto a la soberanía e integridad territorial de Líbano es incondicional

Daniel Levy — exnegociador israelí

En otro caso, los investigadores probaron cómo tras el acoso y los ataques de Israel al hospital pediátrico de Al Nasr, donde ni siquiera alegaron que era utilizado por Hamas, Israel ordenó una evacuación forzosa de 30 minutos en la que los más vulnerables no pudieron salir. Entre ellos, cuatro bebés abandonados en sus incubadoras en la UCI y encontrados semanas después con sus cuerpecitos en estado de descomposición conectados todavía a unos respiradores y máquinas que no funcionaban.

Te cuento todo esto por rescatar el informe de la ONU de la semana pasada y para recordar que, aunque Gaza ya no está en la agenda gracias a un acuerdo impulsado por Trump que no se cumple, Israel sigue matando. La segunda fase del acuerdo que contemplaba la retirada israelí de la Franja nunca llegó (aunque Hamas entregó a todos los rehenes) y, no solo continúa el genocidio sin una retirada a la vista, sino que las tropas de Israel expandieron su presencia más allá de la línea acordada en la primera fase.

EE.UU. firma acuerdos contradictorios

Si las cosas no cambian, Irán va por el mismo camino: un anuncio grandilocuente sobre un acuerdo de alto el fuego que permite desviar la atención sin resolver los problemas estructurales del conflicto y que da paso a un escenario de violencia de baja intensidad.

Un intercambio de ataques entre Irán y EE.UU. pone en serio peligro las negociaciones. Desde la firma del memorándum de entendimiento, EE.UU. estuvo desviando una proporción cada vez mayor de tráfico marítimo del estrecho de Ormuz por la ruta que bordea la costa de Omán, llegando incluso a más de la mitad de los niveles que había antes de la guerra. Irán considera que eso viola el acuerdo y el jueves dijo que cualquier paso por rutas no establecidas por Teherán lo haría sin garantías. Ese mismo día, la Guardia Revolucionaria atacó un barco comercial, apoyando sus posiciones políticas con la fuerza. EE.UU. respondió el viernes con bombardeos en Irán y el sábado Irán atacó otro petrolero, así como nuevos objetivos en Baréin. EE.UU. se vengó con nuevos ataques a una escala mayor e Irán lanzó bombardeos contra Kuwait y de nuevo Baréin.

Mientras eso ocurría, EE.UU. anunciaba el viernes un nuevo acuerdo entre Israel y Líbano bajo el amparo y la firma de Washington. Un acuerdo que contradice directamente el marco de entendimiento entre EE.UU. e Irán. Mientras el acuerdo entre Washington y Teherán ordena un “cese inmediato y definitivo de las operaciones militares en todos los frentes, incluido el Líbano”; el acuerdo entre Líbano, Israel y EE.UU. autoriza las operaciones militares de Israel en Líbano y condiciona su retirada al desarme de Hezbollah.

“Lo que tenemos ahora son dos acuerdos que Israel puede contraponer uno contra el otro y EE.UU. es firmante en los dos. En el acuerdo firmado por el Gobierno de Líbano, Israel está autorizado a establecer una zona de seguridad dentro del país. Sin embargo, en el MoU entre Irán y EE.UU., la retirada, el cese de todas las operaciones militares y el respeto a la soberanía e integridad territorial de Líbano es incondicional”, señalaba Daniel Levy, exnegociador israelí y presidente del US / Middle East Project. 

“En el acuerdo con Líbano, Israel tiene luz verde para permanecer en el territorio libanés hasta que se cumplan determinadas condiciones sobre las que Israel tiene mucho poder de decisión. Esto es un gol en propia puerta masivo por parte del Gobierno de Líbano. Ahora Israel puede decir que, de acuerdo con el pacto, Israel tiene derecho a quedarse. Si tienes un ejército de ocupación en otro Estado no puede permanecer estático y no operativo. Va a llevar a cabo operaciones”, aclara Levy.

Un regalo escondido para Israel

Esto, a su vez, pone en peligro el alto el fuego en Irán, que ya demostró estar dispuesto a usar la fuerza y lanzar nuevos ataques si considera que Israel viola el pacto al atacar a Hezbollah en Líbano. De hecho, poco después de la firma del acuerdo, Irán lanzó varias oleadas de misiles contra Israel como respuesta a los bombardeos de Netanyahu sobre Beirut.

Además, expertos en derecho internacional criticaron el polémico acuerdo trilateral entre EE.UU., Líbano e Israel por incluir una “cláusula de impunidad para los crímenes de guerra”, denunciaba Kenneth Roth, exdirector ejecutivo de Human Rights Watch y profesor en Princeton. La cláusula en cuestión señala que “Israel y Líbano se comprometen a llevar a cabo medidas de buena fe entre las que se incluye el cese de todas las acciones hostiles o adversas en instituciones políticas o legales internacionales”.

Existe una brecha fundamental entre las partes. Israel cree haber asegurado su derecho a permanecer en una zona de seguridad, mientras que el gobierno libanés insiste en que la primera fase debe incluir una retirada israelí completa

Danny Citrinowicz — Instituto de Estudios de Seguridad Nacional (INSS)

Danny (Dennis) Citrinowicz, investigador sénior del Instituto de Estudios de Seguridad Nacional (INSS), afiliado a la Universidad de Tel Aviv, se muestra escéptico ante el acuerdo con Líbano. “En primer lugar, existe una brecha fundamental entre las partes. Israel cree haber asegurado su derecho a permanecer en una zona de seguridad, mientras que el gobierno libanés insiste en que la primera fase debe incluir una retirada israelí completa”, dice. “En segundo lugar, el supuesto central del acuerdo, que Hezbollah será desarmado, es muy cuestionable. Es probable que ni las Fuerzas Armadas Libanesas ni Israel logren ese objetivo en el futuro previsible. Como resultado, la cuestión de las armas de Hezbollah podría convertirse en la justificación para una presencia militar israelí indefinida. Apoyo la diplomacia, pero me preocupa que este acuerdo coloque al Gobierno libanés en una posición extremadamente difícil sin darle las herramientas para tener éxito”, añade.

Israel aceptó a regañadientes el alto el fuego en Gaza ante la presión de EE.UU., que luego miró para otro lado para que Netanyahu pudiese continuar la masacre sin retirarse de la Franja. También criticó el acuerdo que puso fin a la guerra en Irán en medio de tensiones y presiones de Washington para, unas semanas después, celebrar un nuevo acuerdo bajo el amparo de EE.UU. que le permite seguir ocupando Líbano e ignorar el acuerdo anterior que le obligaba a detener todas sus operaciones militares.

EE.UU. siempre tiene un regalo escondido para Israel.

Contenido publicado por elDiario.es por Javier Biosca Azcoiti, para su blog "La semana internacional".

La Oficina Nacional de Procesos Electorales (ONPE) confirmó este lunes la victoria de Keiko Fujimori en la segunda vuelta presidencial de Perú, luego de completar el escrutinio del 100% de las mesas correspondientes a los comicios celebrados el 7 de junio.

De acuerdo con los resultados definitivos, la candidata de Fuerza Popular obtuvo el 50,135% de los votos válidos, mientras que Roberto Sánchez, de Juntos por el Perú, alcanzó el 49,865%. La diferencia entre ambos fue de 49.641 votos, uno de los márgenes más estrechos registrados en una elección presidencial peruana.

En términos absolutos, Fujimori reunió 9.223.396 votos, frente a los 9.173.755 cosechados por su rival.

La confirmación del escrutinio pone fin a un proceso electoral que mantuvo la incertidumbre durante varias semanas debido a la escasa distancia entre los dos candidatos. Ahora resta la proclamación oficial de los resultados por parte del Jurado Nacional de Elecciones (JNE), prevista, como máximo, para el 3 de julio, según informó su presidente, Roberto Burneo.

El cuarto intento que terminó en victoria

Con este resultado, Keiko Fujimori, de 50 años, logra acceder por primera vez a la Presidencia tras cuatro postulaciones. Había competido sin éxito en las elecciones de 2011, 2016 y 2021, en todas ellas derrotada en la segunda vuelta.

La dirigente es líder de Fuerza Popular e hija del expresidente Alberto Fujimori, quien gobernó Perú entre 1990 y 2000. Durante los últimos años, su figura se mantuvo como una de las más influyentes y, al mismo tiempo, más polarizantes de la política peruana, en un escenario marcado por la fragmentación partidaria y la inestabilidad institucional.

Un sismo de magnitud 4,6 sacudió este lunes una zona en el norte de Venezuela, la misma devastada por el doble terremoto del pasado miércoles que ya causó al menos 1.450 muertos y 3.150 heridos, según el Servicio Geológico de Estados Unidos (USGS).

El temblor, que obligó a numerosas personas a salir nuevamente de sus viviendas, tuvo una profundidad de 10 kilómetros y su epicentro está localizado a 27 kilómetros al norte de la localidad de Caraballeda en La Guaira, una de las ciudad con mayor afectación por los dos terremotos del 24 de junio.

La Fundación Venezolana de Investigaciones Sismológicas (Funvisis) dijo que la magnitud fue de 4,2.

El quinto día después del doble terremoto que sacudió una región en el norte del país petrolero, un nuevo movimiento sobresaltó a la población, que ha venido reportando en las últimas horas más de 400 réplicas por las que se mantienen en vigor medidas de prevención, como el no uso de ascensores o el corte del servicio de gas natural en algunas zonas, en particular Caracas, la capital del país.

Este domingo, la búsqueda de supervivientes avanzaba, mientras la presidenta encargada, Delcy Rodríguez, pidió mantener esas labores y anunció planes para atender a las personas que perdieron sus viviendas por los numerosos derrumbes.

Los trabajos de rescatistas nacionales y extranjeros continuaron, principalmente, entre las ruinas de edificaciones del estado costero de La Guaira (norte, aledaño a Caracas), la zona cero de la devastación por los sismos de magnitud 7,2 y 7,5 del pasado miércoles y donde están instalados centros logísticos de los equipos internacionales.

Gobiernos de otros países actualizaron el domingo las cifras de sus connacionales fallecidos, entre ellos 17 españoles, 7 portugueses y 46 lusodescendientes, de los cuales ocho eran menores, así como tres chilenos.

Entre los desaparecidos, se cuentan 150 españoles y 83 portugueses y lusodescendientes.Las autoridades venezolanas informaron de al menos 3.150 personas heridas, una cifra menor a la de 3.238 anunciada el sábado, sobre lo que no hubo explicaciones, y de 12.721 familias damnificadas.

Además, Caracas aseguró que 33 personas han sido rescatadas con vida, sin precisar desde cuándo.

EFE

Casi toda la familia de Ligia Level vivía en tres bloques de apartamentos a lo largo de la Avenida Hotel, una franja costera con complejos turísticos salpicados de palmeras y condominios de gran altura en la costa caribeña de Venezuela.

Cuando un doble terremoto sacudió la región el miércoles por la tarde, esos edificios y las vidas que los habitaban se derrumbaron. Al menos 1.430 personas han muertos y, según la ONU, podría haber más de 50.000 desaparecidos por los sismos. El Ministerio de Exteriores de España ha registrado seis españoles fallecidos, 14 entre los escombros y 133 no localizados.

Level, de 67 años, saltó desde la ventana de su primer piso, fracturándose el pie al intentar ponerse a salvo. Sus familiares parecen haber tenido menos suerte.

El jueves, se sentó frente a uno de los tres edificios, Residencias Villamar, preguntándose si existía alguna posibilidad de que su sobrina y su sobrino hubieran sobrevivido, tal vez saltando desde su apartamento del quinto piso a un colchón en el exterior.

Level creía que su madre y su hermana, que vivían al lado en un condominio llamado Residencias Anna Mar, casi con toda seguridad habían muerto. “Las hemos perdido”, solloza mientras espera junto a los escombros noticias y la llegada de ayuda del gobierno.

“Por favor, necesitamos urgentemente ayuda internacional. Cualquier ayuda y a quien podamos conseguir”, implora, mientras los voluntarios buscan supervivientes entre los escombros ante la ausencia de equipos de protección civil. “No estábamos preparados para algo así; no estamos acostumbrados a esto”.

“Cualquier información puede ser crucial”

El Hotel Avenue se encuentra en La Guaira, una ciudad portuaria deteriorada que rodea el principal aeropuerto internacional de Venezuela, devastado por el terremoto.

En un discurso televisado, la presidenta interina de Venezuela, Delcy Rodríguez, declaró que La Guaira era la zona más afectada por lo que calificó de “fenómeno sísmico sin precedentes” y lamentó la “auténtica tragedia” que había azotado a los habitantes de la región. “Esperamos salvar el mayor número de vidas posible”, prometió durante su visita a la “zona cero” el jueves, asegurando que los equipos de rescate internacionales ya estaban llegando.

El hermano de la presidenta interina, Jorge Rodríguez, presidente de la Asamblea Nacional, informó que 250 edificios habían sido destruidos, la mayoría en La Guaira.

Mientras los hermanos Rodríguez hablaban, las redes sociales se llenaban con los nombres y rostros de desaparecidos durante el desastre, que redujo grandes zonas de La Guaira —y pueblos cercanos como Catia La Mar y Caraballeda— a un amasijo de metal, concreto y polvo.

Uno de ellos fue identificado como Carlos Ravelo, piloto de aerolínea, y visto por última vez también en Residencias Villamar. “¡Cualquier información podría ser crucial para ayudarnos a encontrarlo!”, suplicaba un mensaje en un folleto en línea difundido por amigos.

Del mismo edificio también desaparecieron la familia Bencomo, los Lonardys, Marysville y Paola, quien, según una petición de ayuda en línea, dirigía una guardería local.

Otras publicaciones sugerían que familias enteras han desaparecido durante la catástrofe: grupos de cuatro, cinco o incluso seis miembros, incluyendo niños pequeños, se han perdido a causa del peor terremoto de Venezuela desde octubre de 1900.

Familiares de los desaparecidos han acudido en masa a los centros médicos de Caracas, la capital, con la esperanza de que hubieran sido trasladados allí.

Nos tomó cuatro horas sacarla con la ayuda de algunos amigos

Diego González — rescatista

A las afueras del hospital público Domingo Luciani, David Guevara busca en las listas manuscritas de pacientes los nombres de sus tías, Andrea Laya y Gabriela Fleritt.

Viven en Residencias Las Palmas, otro bloque de apartamentos en La Guaira, pero no han sabido nada de ellas desde el terremoto. “Hemos hablado con los vecinos, pero no las encuentran”, dice Guevara, cuyo sobrino Sebastián, de siete años, ha sido operado por lesiones en brazos y piernas tras ser hallado con vida.

Las listas de “pacientes del terremoto” revelan el impacto multigeneracional del desastre. Entre los pacientes operados figuran dos niños de cuatro años llamados Ana y Axiel, un niño de seis años llamado José y otro de siete años, Jesús. Mientras tanto, el centro de traumatología ha acogido a María, de 73 años; a Antonio, de 19; y a Carmen, de 55.

“Había mucho miedo, pánico e histeria”

La Guaira ya había experimentado otras tragedias antes, la más notoria en 1999, cuando varios deslizamientos de tierra mataron a más de 15.000 personas a principios de los 14 años de mandato del expresidente Hugo Chávez. Pero incluso en comparación con ese episodio, las escenas de la calamidad de esta semana descritas por los supervivientes resultan escalofriantes.

La catástrofe fue captada por la cámara de dos pescadores que se encontraban en alta mar mientras su ciudad se derrumbaba. “Dios mío!”, se escucha exclamar a uno de ellos, mientras enormes nubes de polvo envuelven las zonas costeras de La Guaira, donde viven sus familias.

Héctor Morán Cirkovic se encontraba junto a la piscina del Club Náutico Playa Grande, unos cientos de metros al norte de Residencias Anna Mar, cuando 40 segundos de intenso temblor derrumbaron edificio tras edificio.

Fue brutal y muy rápido. No tuvimos ni cinco segundos para salir. Todos gritaban y estaban en estado de shock, pensando que la vida se había acabado

Héctor Morán Cirkovic — Afectado por el doble terremoto.

“Fue brutal y muy rápido. No tuvimos ni cinco segundos para salir. Todos [a nuestro alrededor] gritaban y estaban en estado de shock, pensando que la vida se había acabado. Había mucho miedo, pánico e histeria”, dice Cirkovic, un arquitecto jubilado de 61 años.

Cirkovic recuerda haber visto cómo cinco edificios se derrumbaban “verticalmente delante de mis ojos”. En total, vio cómo unos 30 edificios cercanos se desplomaban.

El ingeniero Francisco Garcés, en declaraciones al canal de televisión estatal VTV, comparó la fuerza de los terremotos con la energía liberada por una bomba atómica. “Acabamos de presenciar… un evento sísmico extraordinario, extraordinario para el país y también para el planeta”, dijo señalando que el terremoto liberó 32 veces más energía que el sismo de magnitud 6,5 que azotó la misma región en 1967.

Garcés advirtió sobre réplicas a medida que las placas tectónicas del Caribe y Sudamérica, responsables del cataclismo, continuaban moviéndose, y dijo que una vez concluidas las labores de rescate, los ingenieros deberán estudiar por qué La Guaira sufrió daños tan graves.

“La gente trabaja con las manos desnudas”

Por ahora, la prioridad sigue siendo encontrar sobrevivientes, aunque las esperanzas comienzan a desvanecerse y crece la frustración por la aparente lentitud de la respuesta del gobierno. Treinta y seis horas después de que los terremotos consecutivos devastaran la costa norte de Venezuela, los afectados aún se lamentaban por la falta de ayuda oficial.

El sábado, más 1.600 rescatistas han empezado a llegar al país y a trabajar en la búsqueda y el socorro de las personas que siguen atrapadas. El jueves, el secretario de Defensa de Estados Unidos, Pete Hegseth, declaró que, por orden de Donald Trump, había movilizado tropas para “apoyar al pueblo venezolano” en estos momentos de necesidad. EEUU envió un equipo de respuesta ante desastres de más de 250 personas. Al menos otros 15 países también han enviado sus propios equipos.

El rescatista Diego González relata que pasó horas desenterrando a su prima Helari Rodríguez, de 34 años, de entre los escombros de Residencias Belo Horizonte, un edificio de apartamentos en la localidad costera de Catia La Mar. “Nos tomó cuatro horas sacarla con la ayuda de algunos amigos”, dice. “La gente trabaja con las manos desnudas. Las herramientas son esenciales. Pero Catia La Mar está destruida; muy pocos edificios habrán sobrevivido”.

Rotny Bombart, un paramédico de 33 años, ha acudido al mismo hospital para tratar una herida en el brazo que sufrió tras pasar cinco horas desenterrando a su madre, María Eugenia, de un edificio de 15 pisos derrumbado en La Guaira. Bombart finalmente la encontró tras oírla pedir auxilio.

“Nada te prepara para esto”, dice, recordando los cuerpos desmembrados, personas muertas y niños entre escombros que ha visto en la zona del desastre, donde apenas ha llegado la ayuda gubernamental.

La supervivencia política y económica de Cuba del último cuarto de siglo se entiende con nitidez si se acude a la biografía de Eusebio Leal Spengler (1942-2020), ensayista e investigador cubano, conocido como El historiador de La Habana. Su ciudad. La que le vio nacer y morir y, por encima de todo, la que le impregnó de su espíritu reformista indomable. Leal, discípulo de Emilio Roig, de quien heredó la nomenclatura de su cargo, hizo suyo también su reto, surgido en los ochenta, de restaurar íntegramente La Habana Vieja, declarada Patrimonio de la Humanidad por Unesco. Pese a no tener acceso a créditos multilaterales por el veto de EEUU a una Cuba sometida al más prolongado embargo de la era moderna por decisión unilateral de su vecino del norte, después del triunfo de la revolución comandada por Fidel Castro que acabó, en 1959, con el régimen de Fulgencio Batista.

Leal, figura de reconocido prestigio dentro y fuera de la isla, se las ideó para seguir la estela de su mentor a través de una singular estrategia que combinó la lavada de cara de áreas como la del cinturón marítimo que rodea su puerto (El Malecón) o las de las plazas Vieja, de Armas o de la Catedral mientras creaba servicios sociales y proyectos habitacionales. Con una mezcla de aperturismo económico y emprendimiento privado que le reportó una red de recaudación de ingresos, principalmente recabados desde el negocio turístico. Haciendo uso, por ejemplo, de no pocos señuelos para captar divisas como el de los hoteles Ambos Mundos (donde se alojó el escritor Ernest Hemingway, gran amante de la isla), Santa Isabel, palacio colonial transformado en estancia de lujo o Conde de Villanueva, mansión del XVIII convertida en boutique hotelera especializada en turismo cultural.

Todo ello formó parte del llamado modelo Habaguanex, de la Oficina del Historiador, la gestora que reinvertía los beneficios larvados por el turismo en viviendas, escuelas, centros de mayores y servicios sanitarios del casco histórico. Sin préstamos del exterior, Leal tiró de ingenio y de la argucia cubana para revitalizar una ciudad que se movía entre la imagen decrépita del paso del tiempo y la belleza decadente, pero aún visible, de la Joya del Caribe. Al tiempo que demostraba que el rígido régimen revolucionario podía dejar margen de maniobra a una administración de la economía dotada de mayor pragmatismo privado. 

La Habana Vieja de Leal pudo ser un laboratorio del socialismo de mercado que en la actualidad parece inspirar las reformas liberalizadoras urgentes que el sucesor de los hermanos Castro --de Fidel y de Raúl-- ha impuesto para tratar de quitarse el yugo que le ha colocado la Administración Trump y su vuelta a la Doctrina Monroe. El gobierno de Miguel Díaz-Canel desea importar ahora el modelo instaurado por China bajo el mandato de Deng Xiaoping. Mientras desde Washington se presiona para que se materialice un cambio del orden político en su archienemigo regional.   

Cuba está más acorralada que nunca. Incluso más que tras la extinción de la Unión Soviética. El país no recuerda unos episodios de alarma socio-económica similares desde el llamado Periodo Especial que siguió a la caída del Muro de Berlín y la ruptura de sus alianzas geoestratégicas con el Kremlin de la vieja URSS. El escenario, agravado por el cierre de los flujos energéticos de crudo venezolano tras la detención de Nicolás Maduro, es de suma emergencia. Así lo admite el propio Díaz-Canel, cuando enfatiza que los problemas del país “no pueden atribuirse sólo al bloqueo estadounidense, sino también a la burocracia, la ineficiencia y los obstáculos internos que frenan la producción”. Todo un viraje de la narrativa oficial.

Detrás de las palabras de Díaz-Canel subyace un ejercicio de supervivencia. Cuba sigue alejada de las instituciones multilaterales, sin acceso a créditos del FMI ni a financiación de proyectos del Banco Mundial o instituciones regionales como el IADB, siglas en inglés del Interamericano de Desarrollo. Y sin rastro de que la oculta, aunque efectiva, diplomacia panda china, emita señal alguna de una cooperación intensa con La Habana. Pese al estrangulamiento de Washington, que no ha tenido reparo alguno en enviar a su jefe del Pentágono, Pete Hegseth, a Guantánamo como signo del rescate de la Doctrina Monroe en la versión Trump 2.0 y su inserción en la nueva Estrategia de Seguridad Nacional americana de 2025. Cuba está en su punto de mira.

La Monroe responde a la recuperación de la visión hemisférica de la década de los sesenta que eligió a la comunidad latinoamericana como prioridad exterior estadounidense. Su patio trasero. Restablecida ahora por obra y gracia del secretario de Estado, Marco Rubio, originario de la isla, adalid de los exiliados cubano-americanos de Florida y obsesionado con el derrocamiento del régimen, aduce ahora el riesgo de que potencias extrarregionales --alusión velada a China y su mano invisible inversora, comercial, financiera e industrial-- hagan uso de su poder e influencia geoestratégica en el continente.

Diagnóstico de choque con tratamiento ‘made in China’

La reacción de La Habana ante el cuello de botella energético, el desabastecimiento de bienes y servicios --muchos de ellos, de primera y urgente necesidad, con riesgo de desnutrición de niños y ancianos-- ha sido casi inmediata, con la aprobación de un amplio recetario de 176 medidas que supone, de facto, la mayor liberalización económica desde el triunfo de la revolución. Bajo la inspiración de las agendas reformistas del gigante asiático y, en menor medida, de Vietnam.

Quizás la de mayor enjundia sea la creación de la banca privada y el fin del monopolio financiero del Estado. Por primera vez desde las nacionalizaciones de la década de los sesenta. En busca de facilidades crediticias a empresas y hogares y de una mayor capacidad de atracción de capital dentro de un sistema productivo con serias dificultades para canalizar la inversión que demanda la modernización de su economía. En paralelo, se permitirá la entrada de accionariados privados en empresas públicas. Incluso foráneos. Todo un cambio de paradigma que rompe la esencia de la revolución castrista y la aproxima al modelo chino, en el que el Estado conserva y se reserva el control de sectores estratégicos, pero comparte capital y gestión con socios privados.

Pero Canel también abrirá el sector inmobiliario. Mediante autorizaciones de proyectos privados que anticipan liberalizaciones de suelo y demandan flujos de capital para rehabilitación urbana, construcción residencial y desarrollo turístico. Del mismo modo, la diáspora cubana dejará de ser un fenómeno externo. Los varios millones de nacionales residentes fuera de la isla tendrían seguridad jurídica, según La Habana, para repatriar fondos y realizar inversiones. La repatriación de talento y de las tasas de ahorro de sus exiliados están detrás de esta medida que se completa con ventajas para constituir pymes privadas porque --reconoce el ejecutivo cubano-- el Estado no dispone de recursos suficientes para seguir siendo el motor productivo del país.  

Junto a estos giros económicos irrumpen ajustes y devaluaciones monetarias. Cuba flexibiliza la política cambiaria para acometer depreciaciones del peso, corregir su distorsión con las grandes divisas globales y acercar así su valor oficial a la realidad económica. Estas maniobras implican riesgos inflacionarios y posibles pérdidas de poder adquisitivo. Además de instaurar un proceso de reducción de las trabas burocráticas, uno de los grandes cuellos de botella estructurales que pesa sobre el tejido productivo cubano. La reforma también incluye docilidad regulatoria para quienes produzcan, exporten o inviertan. Esencialmente, mediante recortes de requerimientos y permisos del sistema centralizado vigente durante más de seis décadas. 

En consecuencia, la inversión extranjera se erige en la tabla de salvación ante la falta de créditos multilaterales y de financiación internacional con la que suplir la escasez de divisas y modernizar las infraestructuras. Además de revitalizar sectores estratégicos como el energético, el industrial o el turístico. Un intento evidente de convertir la economía planificada en una de mercado que deja sin despejar la incógnita de si será factible la cohabitación pacífica entre el régimen político y la cambiante arquitectura productiva cubano y de si estas transformaciones se producirán con o sin conflictividad social, alertan los expertos.

Visión panorámica de los expertos

A diferencia de China, Cuba “no emprende esta reconversión desde una posición de fortaleza de su economía”, alerta Ricardo Torres, economista cubano y docente en la American University de Washington. Algo similar opina Carmelo Mesa-Lago, profesor en la Universidad de Pittsburgh y una de las voces más críticas en el exilio hacia el sistema productivo de la isla. A su juicio, el aperturismo de Díaz-Canel es un “reconocimiento implícito” de que el modelo estatal imperante no es capaz de crear prosperidad ni de disponer de divisas suficientes para sustentar su tejido productivo“.

Ted Henken, del Baruch College de Nueva York recalca que las nuevas medidas “reconocen una realidad que existe sobre el terreno”, la de que miles de pymes privadas “se han convertido en actores esenciales para el abastecimiento, el empleo y la generación de ingresos”.

Pero el éxito de la operación del delfín político de Raúl Castro no dependerá sólo de su habilidad para sujetar las riendas de Cuba. “La presión económica estadounidense sobre la isla ha dejado de ser una estrategia sancionadora” dice Stephen Walt, profesor de Asuntos Internacionales en la Harvard Kennedy School. Ahora, con la versión Trump 2.0, se ha transformado en “una táctica de asfixia con profundas implicaciones geopolíticas y humanitarias”, explica en Foreign Policy.

En apenas unos meses, Trump, que ha dado vía libre a Rubio para implantar la Doctrina Monroe, ha endurecido las multas a entidades vinculadas al conglomerado militar Gaesa, ha ampliado las restricciones financieras y energéticas y ha obtenido, además, un importante respaldo jurídico del Supremo estadounidense, al permitir a ExxonMobil reclamar compensaciones millonarias por activos expropiados tras la revolución de 1959.

Walt apunta a que la combinación de embargo, sanciones secundarias y presión sobre el sistema energético es una versión moderna de cerco económico. En línea con su colega Joseph Nye, que ostenta el estatus de profesor emérito en Harvard, y que recuerda que la influencia de la Casa Blanca “resulta más eficaz cuando contrarresta la coerción con poder para ordenar consensos”. Nye admite que bajo la perspectiva del actual inquilino del Despacho Oval, se corre el riesgo de provocar el efecto contrario y castigar a una economía que trata de avanzar con mecanismos de mercado y precisa que refuerza la narrativa histórica del régimen sobre la hostilidad de EEUU y dificulta que las reformas generen los recursos necesarios para estabilizar el país.

El número de víctimas fatales por el doble terremoto que sacudió a Venezuela el miércoles pasado ascendió este sábado a 1.430, según el último balance oficial difundido por el presidente del Parlamento, Jorge Rodríguez. Además, las autoridades informaron que 3.328 personas resultaron heridas, mientras continúan las tareas de búsqueda de sobrevivientes en las zonas más afectadas.

“A esta hora estamos contabilizando que 1.430 hermanos y hermanas han fallecido”, señaló Rodríguez en una alocución transmitida por la televisión estatal.

El país atraviesa su cuarto día de emergencia tras los sismos de magnitud 7,2 y 7,5, que afectaron especialmente al estado costero de La Guaira, donde se concentra la mayor parte de las operaciones de rescate y asistencia humanitaria.

Continúa la búsqueda de sobrevivientes

Mientras el balance de víctimas sigue en aumento, las tareas de rescate avanzan con apoyo internacional. Más de 1.600 rescatistas llegados desde distintos países participan de los operativos para localizar personas atrapadas bajo los edificios colapsados.

La presidenta encargada de Venezuela, Delcy Rodríguez, afirmó que la prioridad del Gobierno sigue siendo encontrar con vida a quienes permanecen atrapados.

“El proceso de rescate de las personas que están con vida es nuestra prioridad”, sostuvo durante una comparecencia pública.

Ayuda internacional y distribución de alimentos

El Gobierno venezolano informó que durante la madrugada distribuyó 2.600 toneladas de alimentos y agua potable en La Guaira para asistir a más de 69.000 familias afectadas por la catástrofe.

Según datos oficiales, en las últimas horas arribaron 17 vuelos internacionales con brigadas de rescate y ayuda humanitaria, mientras se espera la llegada de otras misiones en las próximas 24 horas. Equipos provenientes de Argentina, España, México, Chile, Colombia, Ecuador, Estados Unidos, Italia, Suiza, República Dominicana, El Salvador y Países Bajos, entre otros países, participan de las tareas de asistencia.

Además de los rescatistas extranjeros, miles de voluntarios venezolanos colaboran en la remoción de escombros y en la atención de los damnificados.

Las imágenes satelitales difundidas durante la jornada muestran la magnitud de la destrucción provocada por los terremotos, especialmente en La Guaira, donde continúan las labores de búsqueda mientras las autoridades advierten que el número de víctimas podría seguir aumentando en las próximas horas.