Aunque no lo parezca, esta semana en las redes y medios de Argentina, se habló mucho sobre desigualdad. En los diarios, los nuevos requerimientos del FMI para que la Argentina “recaude más” incluyeron la idea de subir impuestos a los trabajadores -pero no a otros sectores-, aún cuando la mayor parte de ellos no le ganó a la inflación y, aun cuando su menor consumo es lo que explica la caída en la recaudación. Las redes por su parte, hablaron bastante de un fenómeno, no nuevo, pero sí magnificado en los últimos años, que es la presencia en medios, en política y en todos los espacios de poder de los “nepobabys”, los “hijos de”. Si siempre fue más fácil para ellos hacerse camino, ahora pareciera que son casi los únicos que pueden caminar y de paso, opinar e incidir desde un lugar que puede -peligrosamente- considerar su experiencia y oportunidades previas como si hubieran sido las de todos. Por último, Galperín habló de cómo un impuesto a los más ricos no alcanzaría para engrosar las arcas del Estado, y también abrió debate. Pero en esta nota quiero compartirles lo que está exactamente del otro lado del fenómeno de la desigualdad, algo que discutimos esta semana en el corazón del Barrio Mugica, ex villa 31.

Fui muchas veces a la 31, pero esta vez como el destino estaba bien dentro del barrio, me tocó tomar por primera vez un colectivo informal que es la única forma de ir 30 cuadras para adentro y que sale más caro que un colectivo normal. ¿Qué paradoja no? Sale de Retiro, que debe ser el lugar más conectado en transporte público -tren subte y colectivo- de toda la ciudad. Pero no hay ninguno de los colectivos oficiales que pueda hacer ese tramo. De eso fuimos a hablar, de cómo las herramientas para transformar la desigualdad están ahí nomás de nuestras manos, pero toca repensarlas - y usarlas-, aprendiendo de la experiencia. 

En Futuros Mejores, un espacio en el que trabajamos en construir agenda alternativa a este presente gris en distintos temas, nos preguntamos cuál debería ser hacia adelante la mejor política social para revertir la desigualdad. Mientras que las políticas universales para infancias van ganando consenso —y hasta los gobiernos de derecha las tienen que sostener—, las políticas sociales para las personas en edad de trabajar son siempre materia de discusión social y mediática. ¿Quiénes merecen recibir esas políticas? ¿Quiénes las gestionan? ¿Se les pide algo a cambio? Son algunas de las preguntas que encienden el debate. Pero, desde nuestra perspectiva, es mejor empezar por preguntarnos: ¿quiénes son y qué están haciendo las personas pobres en edad de trabajar en Argentina?

La sociedad repite “No quieren trabajar” “No consiguen trabajo porque no tienen educación”, se imagina a un señor tomando mate y mirando el techo todo el día. Pero cuando miramos las estadísticas oficiales encontramos que sólo el 7,9% de las personas pobres en edad de trabajar están desempleadas. El 59% de las personas pobres en edad de trabajar en Argentina ya tienen trabajo —en construcción, en comercio y en industria— y aun así son pobres. Otro 18% son amas de casa: mujeres que tienen el tiempo ocupado cuidando. El 60% de las trabajadoras de casas particulares laburan y son pobres y el 60% de los hogares monomarentales también. La gente “pobre” con infinito tiempo disponible es la excepción, no la norma. De hecho, las personas pobres trabajan un promedio de horas semanales superior al de las personas no pobres (41,8 horas y 40,2 respectivamente). ¿Y entonces que es lo que hace la diferencia? Uno de los factores parece ser la informalidad: entre los trabajadores pobres, la formalización es sólo del 41%, mientras que entre los no pobres es del 82%. Aunque los derechos parezcan “viejos”, todavía te transforman la vida, para ser o no ser pobre.

Frente a este panorama, en Argentina en los últimos 30 años la política social para personas en edad de trabajar se reversionó 10 veces, con distintas metodologías y coberturas y hoy el gobierno plantea eliminar el Volver al Trabajo y el acompañamiento social. Y no es sólo el gobierno. Muchos en el país, de un lado u otro de la grieta, creen que en un futuro mejor estas políticas van a desaparecer, creen que si el país “se desarrolla” no se van a necesitar. Sin embargo, la automatización del trabajo y el reconocimiento de la economía del cuidado traen todavía más cuestionamientos a la idea de que la sociedad entera puede resolverse en el mercado de trabajo. Por eso, los países con elevado nivel de desarrollo combinan políticas de ingreso universal, empleo, formación y remuneración de cuidados para las personas pobres en edad de trabajar.

Mirando los datos y contemplando lo que hace el resto del mundo desde Futuros Mejores escribimos una propuesta de 6 “mandamientos” :

Pero nuestras propuestas son en realidad una excusa para discutir con el resto de la sociedad, para salir del modo resignación y pasar al de imaginación. Eso hicimos en la 31 con La Poderosa, y otras 20 organizaciones sociales, académicas y políticas. Entre las organizaciones e instituciones presentes hubo acuerdo en que horas de trabajo y esfuerzo sobran pero lo que falta es empleo de calidad. Hubo acuerdo en la necesidad de, hacia adelante, eliminar los cupos sino planear políticas universales en su aplicación. La ley de salario social y de integración socio urbana son dos antecedentes que no debieran abandonarse sino ser puntos de partida.

Se planteó que una política social integral a futuro también ofrece servicios públicos, no sólo ingresos, esos servicios crean comunidad más que las transferencias. En esos servicios está también el transporte y las instituciones de cercanía. “Viajando perdemos 11 años de vida” decía una de las presentes. Se planteó también que si se quiere reconocer mejor a la economía popular se necesitan nuevas figuras cooperativas y nuevas figuras tributarias que superen el monotributo.

Otro acuerdo fue el de revisar las políticas de riqueza, y que se hace con ese excedente, a la par de pensar la pobreza. Si la mayor parte de la pobreza ya está trabajando, entonces la principal política social tiene que ser lograr que ganen mejor por eso que ya hacen, una política de distribución. Si el FMI quiere aumentar la recaudación de la Argentina…quizás debería empezar por pedir eso…más y mejor distribución.

*La autora es referenta de Futuros Mejores

Cada mañana, de lunes a viernes, millones de familias se sumergen en un ritual que despierta a ciudades, pueblos y parajes rurales. “Apurate, llegamos tarde”, “No te olvides el cuaderno”, resuenan en hogares donde el tiempo apremia. En ocasiones se oye también un “Comé algo antes de salir” (en los hogares donde el desayuno no es un lujo ausente). Las personas lo dicen mientras miran sus teléfonos celulares para informarse sobre las últimas noticias, interactuar con otros miembros de la familia por mensajes instantáneos o divertirse con memes sobre el resultado del partido de anoche o una crítica a los dichos del político de turno.

En tanto, algunos estudiantes llegan en autos que surcan la ciudad guiados por GPS, otros recorren el camino a la escuela en soledad, a pie por senderos montañosos, cruzando ríos en balsas o en colectivos abarrotados escuchando música desde sus teléfonos celulares. Muchos lo hacen sin siquiera un adulto que los acompañe, pero “compartiendo ubicación” porque en casa no hay quien pueda estar con ellos físicamente pero quieren tener certeza de dónde están, mientras que otros, en el camino, van pasando a buscar a compañeros y amigos, que los esperan viendo un video corto vertical en TikTok, la repetición de algún gol o haciendo apuestas en un sitio ilegal. Algunas interpelaciones tardías como “¿Hiciste los deberes?” resuenan un momento antes del ingreso a clase, mientras el último abrazo (o su ausencia) y la docente en la puerta completan un rito centenario que pone en marcha el pulso de las sociedades. La escuela no solo organiza el tiempo de las familias, es un motor que desde hace más de un siglo impulsa la construcción de lo colectivo.

Desde sus orígenes, la escuela fue el escenario de un proyecto de nación, una promesa de desarrollo personal y social, pero también un espacio de tensiones, donde se reprodujeron desigualdades y exclusiones. Durante décadas tuvo un carácter casi sagrado, ya que era el ámbito donde se aprendía a leer y escribir, a convivir, a disentir con respeto y a imaginar un horizonte común.

Las certezas que sostenían a la escuela (como el progreso lineal, la autoridad del saber acumulado o el aula como espacio legítimo de aprendizaje) se han disuelto. Hoy, la centralidad escolar se disputa con plataformas digitales, algoritmos y contenidos virales que irrumpen como nuevas formas de mediación cultural. Las redes sociales y los medios de comunicación, al igual que la escuela, moldean representaciones del mundo, con el potencial de abrir caminos hacia la inclusión o de perpetuar desigualdades.

Hace veinte años la psicoanalista argentina Silvia Bleichmar describió la escuela como “un lugar de formación de identidad, de formación de modelos de vida, de valor, de todo lo que alguna vez llamamos aparato ideológico del Estado” (Bleichmar, 2004).

Sin embargo, señalaba que “esto se ha ido deconstruyendo y ha quedado en manos de corporaciones”. Por eso, y siguiendo su línea de pensamientos, en tiempos en el que un pequeño grupo de empresas tecnológicas incrementan su poder a nivel global de manera exponencial, no es suficiente revisar contenidos, sino que es urgente preguntarse qué escuela imaginamos y qué tipo de ciudadanía habilita o excluye ese modelo, ya que el aula es uno de los pocos espacios donde aún es posible ser nombrado, escuchado y reconocido para reconstruir la trama social, sobre todo en los márgenes, donde la desigualdad arrasa. La escuela es mucho más que un espacio de transmisión de contenidos, es una trama viva donde se tejen vínculos, subjetividades, y sentidos compartidos.

En los sistemas educativos de América Latina, las plataformas, la inteligencia artificial y los algoritmos no irrumpen en una escuela abstracta, sino en instituciones reales, marcadas por tensiones y mandatos sociales incumplidos. Las desigualdades se hacen visibles en un mismo país, en una misma ciudad, en un mismo barrio, donde coexisten escuelas que cuentan con pizarras interactivas y docentes capacitados, con calefacción en invierno y aire acondicionado en verano, en tanto otras, sin regulación de temperatura, apenas garantizan pupitres y tizas o no cuentan con conectividad o carecen de electricidad.

Entonces, no se trata de una simple incorporación tecnológica, sino de una transformación que interpela la matriz educativa de la región: ¿qué tipo de educación puede ofrecerse en un continente donde la pobreza, la diversidad y la exclusión digital son parte del paisaje cotidiano? Esta pregunta no puede responderse sin considerar las múltiples brechas que atraviesan a las comunidades que habitan las escuelas. Porque, si bien las nuevas herramientas prometen personalización, eficiencia y nuevos modos de acceso al conocimiento, también contienen el riesgo de amplificar las desigualdades ya existentes. En ese entramado, la inteligencia artificial generativa irrumpe como promesa y amenaza. Puede ser una aliada pedagógica, pero también un factor de exclusión si no se la incorpora, como veremos, a través de una perspectiva crítica que eduque a las nuevas generaciones, transfiriendo autonomía para que los estudiantes puedan decidir más allá de algoritmos que los contabilizan como consumidores más que como ciudadanos. La humanidad se encuentra ante el nacimiento de la inteligencia artificial generativa y, como señala el investigador Carlos Scolari, su destino, como el de cualquier otra tecnología, se va a ir estabilizando, se volverá invisible hasta convertirse en un menú, en un botón dentro del software. Por eso es clave conocer su mecanismo de funcionamiento, ya que la escuela tiene hoy, antes que eso suceda, una ventana de oportunidad en la que aún puede observar y comprender.

Docentes y estudiantes, los hilos que sostienen la trama

“A mí me conmueve la vocación de seguir formando gente que tienen los maestros” señalaba Bleichmar en el año 2004. Esa frase, hoy, a más de veinte años de haber sido formulada, mantiene vigencia sobre todo al leer algunos de los datos que presenta el Informe mundial sobre el personal docente (Unesco - Fundación SM, 2025), una radiografía que revela los desafíos de esa profesión.

Entre otras cuestiones, el informe da cuenta de que el 60% de los líderes sindicales de docentes a nivel mundial (incluyendo la región) no acuerdan con la afirmación de que los docentes podían mantener un equilibrio saludable entre la vida laboral y personal, siendo las tareas administrativas una fuente común de estrés; que la carga de trabajo excesiva, las clases numerosas y la falta de recursos adecuados pueden contribuir al abandono docente; que la violencia física o psicológica contra los docentes es una preocupación creciente y que los bajos salarios o pagos irregulares pueden llevar a los docentes a buscar trabajos adicionales, afectando su bienestar y contribuyendo al ausentismo.

Se suman a esto las percepciones sobre la carrera profesional en América Latina, donde las estructuras de carrera han seguido en gran medida una progresión vertical basada en la antigüedad, con pocas oportunidades de reconocimiento meritocrático. A menudo esto implica que, para asumir más responsabilidades y mejorar sus condiciones, los docentes deben dejar el aula para hacerse cargo de roles administrativos.

Solo en América Latina y el Caribe se necesitan más de tres millones de docentes, la mayoría para reemplazar a quienes abandonan la profesión debido a la sobrecarga laboral, los bajos salarios y la falta de reconocimiento. Sin embargo, a pesar de este escenario, la escuela sigue latiendo en un contexto que afecta tanto a docentes como a estudiantes. Una joven profesora de escuela media con sólida formación académica sostenía en un encuentro universitario que no sabía por qué, pero había quedado atrapada –en el mejor de los sentidos– en las aulas de una escuela secundaria, en los desafíos que plantean los nuevos escenarios y los nuevos estudiantes. Es posible encontrar esta aseveración en muchas voces que sostienen viva la escuela a pesar de las tensiones mencionadas, a las cuales se suma la irrupción de la inteligencia artificial generativa.

Esta llegada al aula se suma a la larga lista de tecnologías que ingresaron a lo largo de la historia reciente; en muchos casos, estas tecnologías se integraron con escasa o nula formación docente desde una dimensión social y cultural, más allá del sentido utilitario.

Como sucede hoy, cada uno de esos ingresos tecnológicos fue generando expectativas y despertando temores. En el caso de la inteligencia artificial, hay quienes, alarmistas, la señalan como potencial reemplazo de la docencia. Un popular comunicador, por ejemplo, sostuvo esta idea señalando que esa tecnologíasiempre está disponible para dar mejores respuestas sin cansarse, y se preguntaba la diferencia entre esta y un docente. Hay voces que sostienen que la IA puede proporcionar herramientas valiosas para personalizar aprendizajes a cada estudiante, retroalimentar en tiempo real, liberar tiempo pedagógico y reducir la carga administrativa de los docentes.

Quien sostiene que el rol docente puede ser reemplazado por un sistema de innovación tecnológica desconoce los procesos que se viven en la educación; como opina Freire, “nadie educa a nadie, nadie se educa a sí mismo, los hombres se educan entre sí con la mediación del mundo”. Es que el acto educativo trasciende la transmisión de información, implica acompañar y potenciar el desarrollo del pensamiento crítico de una persona, una construcción dialógica de sentido y una mediación cultural. El docente es quien enseña a dudar, a preguntar y quien teje, junto a sus estudiantes, el vínculo entre los miembros de esas pequeñas islas que forman la comunidad llamada “aula”, en la cual se construyen puentes y balsas para la convivencia en sociedad.

Estudiantes, entre la cultura escolar y la lógica tiktokera

Las aulas del presente están habitadas por estudiantes que llegan cargados de sentidos construidos en espacios territoriales y digitales que no siempre encuentran reconocimiento en la escuela.

Cada uno trae consigo historias vividas en ambientes comunitarios y familiares, en barrios y pantallas, en silencios y alianzas compartidas en chats, en rituales, temores y deseos forjados entre hashtags y playlists.

En ese universo de recompensas instantáneas, donde el scroll infinito se vuelve un gesto automático, las redes sociales no solo informan o entretienen, sino que también configuran emociones, opiniones y vínculos. Desde la cama, en una plaza con mala conectividad o en una casa donde se comparte el celular, los y las adolescentes se encuentran con relatos de éxito sin esfuerzo, con cuerpos ideales, con discursos de odio que se viralizan más rápido, tal vez, que una idea solidaria.

Un tiempo que se expande en las pantallas, del que no se entra ni se sale: se habita. Se está ahí cuando se scrollea sin parar, cuando se responde a una story de Instagram como si fuera una conversación íntima y cuando se experimenta ansiedad por no estar conectado o por no recibir respuesta.

El filósofo francés Michel Serres acuñó el término “Pulgarcita” para describir a una generación revolucionaria: los jóvenes de la era digital que escriben con sus pulgares y han nacido en un mundo tan transformado que deben reinventar por completo los modos de vivir juntos, las instituciones y las formas de conocer(Serres, 2013).

Esta generación no tiene la misma cabeza que las anteriores. Su cognición se ha reorganizado completamente con lo digital: desde el celular, el GPS y la red acceden instantáneamente a personas, lugares e información. Ya no se desplazan por distancias físicas como las que conocimos, sino que navegan por dimensiones digitales infinitas.

Según Serres, Pulgarcita vive una vida completamente distinta a las generaciones anteriores. No habita el mismo espacio, no se comunica de la misma manera, no percibe el mismo mundo.

“Llevan la cabeza en el bolsillo”, señala el filósofo, porque ahí es donde pueden encontrar toda la información y el conocimiento que necesitan.

El destacado teórico de la comunicación, la cultura y las ciencias sociales y reconocido por sus estudios en América Latina Jesús Martín Barbero advierte que las y los jóvenes ya no se forman en la continuidad cultural que articulaba el pasado, el presente y el futuro. Habitan una cultura que perciben deslegitimada por la escuela. No es que la escuela haya perdido su lugar como espacio formativo, es que ese lugar ya no puede sostenerse desde una lógica que niega los otros saberes que circulan por fuera de sus márgenes, donde los estudiantes se comunican con otros lenguajes, otras escrituras, otros códigos en los que, en muchos casos, la palabra se fragmenta, se reemplaza por imágenes, se dispersa en memes de múltiples pantallas. El problema no es que el aula conviva con esos otros lenguajes, sino que muchas veces los ignora, porque está inmersa en una escuela que habla un idioma que muchos estudiantes ya no reconocen como propio.

El investigador argentino Fernando Peirone lo refiere como un escenario babélico y señala que el pacto sobre el que se fundó la escuela moderna, que consideraba la palabra escrita como organizadora del pensamiento, del vínculo con el conocimiento, de la evaluación, hoy está en crisis y “a diferencia de lo que ocurrió con las narrativas mítica y lógica, esta vez no se trata de un proceso de larga duración, sino de un lapso dramáticamente más corto que apenas abarca una generación”. Lo que implica tensiones, resistencias y conflictos que se vinculan con la experiencia vital de las instituciones y las sociedades en diferentes dimensiones existenciales, éticas inclusive.

En este escenario, la inteligencia artificial generativa ingresa al aula de la mano de los estudiantes muchas veces antes que de la mano de los docentes. No siempre aparece su utilización como respuesta al deseo de aprender; a veces la motiva la urgencia de entregar un trabajo o, frente a una consigna poco clara, es probable que los jóvenes elijan pedirle una respuesta a una aplicación antes que quedarse estancados. En un reciente trabajo, el investigador argentino Pedro de Bernardis Claro (2025) señala que los estudiantes la usan, fundamentalmente, de tres formas: como enciclopedia para buscar datos, como atajo para generar resúmenes o como fuente de plagio digital. Estas prácticas, lejos de fomentar el pensamiento crítico, refuerzan la lógica del atajo y reproducen una desconexión estructural entre la cultura digital cotidiana de las y los jóvenes y el universo escolar.

En este escenario hiperconectado, muchos estudiantes se informan y aprenden desde una lógica marcada por la fragmentación, la inmediatez y el impacto visual. La cultura tiktokera no es solo una moda juvenil: es una forma de habitar el conocimiento, en la que los contenidos circulan en fragmentos breves, emocionalmente cargados y organizados por algoritmos. Lo que aparece primero no es lo más relevante, sino lo que capta más atención. En lugar de construir sentido, muchas veces se acumulan estímulos. En este entorno, los ritmos del aprendizaje se ven alterados: se premia la respuesta veloz más que la reflexión profunda y se prioriza la reacción sobre la comprensión.

No se trata de rechazar estas formas, sino de crear espacios donde sea posible detenerse, pensar con otros, encontrar conexiones. La escuela, en lugar de competir con esa lógica, tiene que ofrecer algo distinto, superador: tiempo para hacerpreguntas, vínculos que sostengan y una pedagogía que invite a pensar más allá de lo inmediato. La escuela necesita generar espacios de confianza, de comunicación, de construcción de sentido en el acto de enseñar y aprender; de lo contrario, no solo no hay aprendizaje sino que podríamos incluso afirmar que se corre el riesgo de que no haya construcción posible de ciudadanía. Como hemos señalado, las formas de socialización han cambiado profundamente. Ya no se organizan únicamente en la escuela, la familia o el barrio. En el entorno digital calificado por el sociólogo argentino Marcelo Urresti como “teléfono-centrado”, lasplataformas digitales se han convertido en espacios de encuentro y desencuentro de producción simbólica. La escuela no puede ignorar esa condición ambiental. No está frente a estudiantes distraídos sino frente a subjetividades atravesadas por un sistema que estimula el movimiento constante, la exposición sin pausa y la respuesta sin reflexión. No alcanza con pedirles que apaguen los celulares si no se les ofrece algo que encienda su deseo de conocer.

No se trata de competir con TikTok sino de recuperar el tiempo para pensar, para sentir, para construir sentido. Como advierte Martín Barbero, la escuela ya no puede pensarse aislada, sino inmersa en un ecosistema comunicativo complejo y descentrado.

El reto es que, aun en ese nuevo escenario, siga siendo un espacio donde aprender conserve su dimensión simbólica y placentera, sin renunciar a la exigencia intelectual del análisis y la crítica.

La inteligencia artificial y el sueño de crear un pensamiento no humano

La inteligencia artificial ha transitado un largo camino desde la mera especulación hasta convertirse en la promesa de fuerza transformadora que vivimos en nuestra sociedad. Y, como toda revolución, tiene un largo recorrido que comenzó con una suerte de prehistoria, arraigada en mitos y leyendas en las que la obsesión humana por crear inteligencia tomó distintas formas, desde el autómata cretense Talos de la mitología griega hasta el Golem del folclore judío. En todas estas narrativas, persiste una pregunta fundamental: ¿es posible fabricar algo no humano que piense por sí mismo? Esas primeras imaginaciones fueron la antesala de las obras que surgieron desde el siglo XIX con la terrible criatura del doctor Frankenstein de Mary Shelley, las piezas del escritor checo Karel Čapek (quien acuñó el término “robot”) y, más acá en el tiempo, con escritores como Isaac Asimov, que imaginaron máquinas dotadas de conciencia, capaces de aprender y tomar decisiones.

Lo que comenzó como leyenda pasó de literatura a posibilidad real con el trabajo del matemático y criptólogo británico Alan Turing, quien propuso el concepto de una máquina universal capaz de realizar cualquier operación computacional expresable como un algoritmo. Durante la Segunda Guerra Mundial, sus técnicas de descifrado sentaron las bases para las primeras computadoras y salvaron miles de vidas tras descubrir el código de las máquinas Enigma utilizadas por los nazis. Sin embargo, su aporte más significativo a la inteligencia artificial llegó en 1950 con su célebre artículo “Maquinaria computacional e inteligencia” (Turing, 1997) en el que formuló una pregunta tan sencilla como provocadora: “¿Pueden pensar las máquinas?”. Su respuesta fue el Test de Turing, una prueba en la que, si una máquina podía engañar a un humano, debería considerarse que posee inteligencia.

El término “inteligencia artificial” fue oficialmente acuñado dos años más tarde, durante la Conferencia de Dartmouth, organizada por John McCarthy, Marvin Minsky, Nathaniel Rochester y Claude Shannon. Su hipótesis era audaz: si el aprendizaje, el razonamiento y otros aspectos de la inteligencia podían describirse en términos computacionales, entonces sería posible programar máquinas para que los reprodujeran. Así nació la inteligencia artificial como un campo académico formal.

En sus primeras décadas, la inteligencia artificial fue fundamentalmente simbólica. Los investigadores se esforzaron por codificar el conocimiento humano en reglas lógicas, basándose en el razonamiento deductivo, la manipulación de símbolos y la programación explícita de comportamientos. Estos sistemas pioneros demostraron habilidades en tareas específicas, como jugar al ajedrez o resolver teoremas. Sin embargo, eran “extremadamente frágiles” fuera de esos entornos controlados y no poseían la capacidad de aprender, simplemente seguían las instrucciones humanas. El cambio de paradigma comenzó a gestarse en los años siguientes y se consolidó en las últimas dos décadas con el auge del aprendizaje automático (machine learning). A diferencia de la inteligencia artificial simbólica, los sistemas de aprendizaje automático no requieren que se les indique explícitamente qué hacer.

En cambio, se entrenan con grandes volúmenes de datos para reconocer patrones, generalizar y hacer predicciones. El avance fue exponencial con el surgimiento del aprendizaje profundo, una técnica basada en redes neuronales artificiales inspiradas en el cerebro humano. Esta técnica demostró resultados sorprendentes en tareas como el reconocimiento de imágenes, la traducción automática y la generación de texto.

La irrupción de la inteligencia artificial generativa en la segunda década del siglo XXI, con modelos como GPT, marcó una nueva etapa. Estos modelos no solo identifican patrones, sino que son capaces de producir contenido nuevo, imitar estilos, escribir ensayos, traducir, programar y hasta sostener una conversación.

Ya no se trata solo de máquinas que reconocen o predicen, sino de máquinas que crean. Es importante recalcar que esto no implica que sean conscientes o que “entiendan” en un sentido humano.

Sin embargo, su capacidad para producir respuestas coherentes, complejas y contextuales ha reabierto preguntas filosóficas, educativas y éticas que parecían pertenecer exclusivamente al terreno de la ciencia ficción.

Vista en perspectiva, la historia de la inteligencia artificial es la historia del intento humano de externalizar la inteligencia e independizarla. Desde los mitos antiguos hasta los laboratorios actuales, la pregunta de si podemos construir una mente diferente de la nuestra sigue siendo tan fascinante como inquietante. Lo que antes parecía mera especulación o fantasía se parece bastante a una realidad técnica que está transformando nuestras formas de conocer, trabajar y convivir. Pero en su historia reciente la inteligencia artificial experimentó ciclos de entusiasmo y decepción.

Tras el auge inicial de los enfoques simbólicos y los discursos del aprendizaje automático en los años cincuenta, la inteligencia artificial entró en un período de escepticismo conocido como el “invierno de la inteligencia artificial”, al que le siguieron momentos más esperanzadores o “primaveras”. Sin embargo, en 2012, un hito técnico marcó el inicio de una nueva era de esperanza: el equipo del científico computacional británico Geoffrey Hinton ganó la competencia de reconocimiento de imágenes organizada por la empresa ImageNet con una red neuronal profunda llamada AlexNet. Fue un triunfo contundente, ya que por primera vez una máquina superaba con amplio margen a los métodos tradicionales en una tarea visual compleja.

Esta revolución fue posible gracias a la conjunción de tres factores fundamentales: un poder de cómputo sin precedentes, facilitado por las Unidades de Procesamiento Gráfico (GPU); enormes volúmenes de datos disponibles en línea y un refinamiento significativo en las arquitecturas de redes neuronales profundas.

Así comenzó lo que muchos denominan como la más fuerte de las primaveras de la inteligencia artificial hasta ahora, un período de avances vertiginosos, aplicaciones concretas y resultados sorprendentes.

Uno de los hitos más resonantes de esta primavera llegó en 2015, cuando el sistema AlphaGo, desarrollado por DeepMind (una subsidiaria de Google), venció al campeón mundial del juego Go, el surcoreano Lee Sedol. A diferencia del ajedrez, el Go es un reto milenario con una complejidad combinatoria abrumadora, con más movimientos posibles que átomos en el universo. Nadie creía que una inteligencia artificial pudiera dominarlo tan pronto.

Pero AlphaGo lo logró, combinando aprendizaje supervisado y de refuerzo, con una arquitectura capaz de evaluar posiciones y planificar estrategias más allá del cálculo humano. La victoria no solo sorprendió al mundo, sino que marcó simbólicamente un nuevo umbral: muchos consideraron que la inteligencia artificial ya no imitaba al humano sino que lo superaba. A partir de entonces, el ritmo de innovación se aceleró exponencialmente. Entre 2018 y 2019, la empresa OpenAI presentó GPT-2, un modelo de lenguaje capaz de producir textos largos, coherentes y sorprendentemente fluidos. Por primera vez, una IA generativa mostraba capacidades lingüísticas que escapaban a los moldes tradicionales.

Aunque inicialmente no se liberó al público por miedo a su uso malicioso, el impacto fue inmediato: la generación automática de lenguaje dejó de ser un experimento marginal para convertirse en una herramienta poderosa.

Posteriormente, surgieron los modelos multimodales. En 2021, OpenAI lanzó DALL-E, un sistema que generaba imágenes a partir de descripciones textuales. Bastaba con escribir “un perro azul leyendo un libro de Jorge Luis Borges en una biblioteca futurista” para que apareciera una imagen con esas características.

La combinación de lenguaje e imagen abrió nuevos caminos en el arte, el diseño y la publicidad. Ese mismo año, CLIP permitió comprender mejor el vínculo entre palabras y píxeles, potenciando aún más las capacidades de interpretación semántica de la IA.

El gran salto de popularidad de la inteligencia artificial llegó en noviembre de 2022 con el lanzamiento de ChatGPT. Basado en la familia GPT-3, este sistema ofrecía una interfaz conversacional intuitiva y potente. Su facilidad de uso, su capacidad para responder con un tono humano y su versatilidad en múltiples dominios (desde escribir poesía hasta resolver problemas de código) lo convirtieron en un fenómeno global. En apenas dos meses, esa plataforma superó los cien millones de usuarios, registrando el crecimiento más veloz en la historia de una aplicación digital.

Su llegada marcó un antes y un después. Por primera vez, millones de personas interactuaban cotidianamente con un sistema de inteligencia artificial generativa. Las discusiones ya no eran meramente técnicas o futuristas, sino que se volvieron personales, educativas, laborales y políticas. Se plantearon preguntas fundamentales como: ¿podemos confiar en lo que dice un chatbot?

¿Quién es responsable si da una respuesta errónea o dañina? ¿Qué implica para la educación, el periodismo, la justicia y la creatividad?

Así, la primavera de la inteligencia artificial no solo trajo avances técnicos, sino que también detonó debates sociales, filosóficos y éticos que están lejos de resolverse. El asombro inicial dio paso a la urgencia de reflexionar sobre cómo queremos convivircon estas nuevas formas de inteligencia que, aunque no piensen como nosotros, ya transforman nuestra propia manera de pensar.

La inteligencia artificial, a pesar de su nombre, no piensa ni comprende. Como sostiene la socióloga australiana Kate Crawford, se trata de una tecnología de clasificación, automatización y extracción de datos que reproduce lógicas de control más que procesos de comprensión. Pero su impacto en las aulas va más allá del funcionamiento técnico: organiza la información, define lo visible, modela nuestras búsquedas, orienta nuestras decisiones.

Por eso, incorporar esta tecnología a la educación no puede reducirse a su uso instrumental. Las preguntas son otras: ¿para qué?, ¿con qué horizonte ético?, ¿desde qué mirada del mundo?

Educar en tiempos de desigualdad (no solo digital)

En el fondo del barrio Padre Carlos Mujica, conocido como Villa 31 –un asentamiento de alrededor de 60.000 habitantes ubicado en pleno centro de la Ciudad de Buenos Aires donde el transporte público no ingresa, las calles sin asfaltar son angostas y el hacinamiento marca la vida cotidiana–, funciona una experiencia que desafía todos los pronósticos sobre educación y tecnología.

Es un barrio que, como describe una de sus habitantes, “es una ciudad dentro de otra ciudad”, donde los derechos básicos, como la conectividad, el agua potable o la recolección de residuos no están garantizados para todos sus sectores. El Instituto Superior de Formación Docente Dora Acosta (el “Dorita”, para su comunidad y sus 110 estudiantes) es mucho más que una institución en la que se forman maestras provenientes de la misma comunidad: es la materialización concreta de lo que significa cerrar brechas en un territorio atravesado por múltiples desigualdades.

Entrevistados en el programa radial Rayuela, que conduce Silvia Bacher, docentes y estudiantes del Dorita contaron cómola educación y la tecnología brindan oportunidades concretas para crear oportunidades y cumplir sueños.

Giselle caminó más de diez cuadras por calles sin asfaltar para llegar por primera vez al profesorado. “No puede ser –pensó cuando vio el cartel anunciando la apertura del primer proyecto de educación superior en esa parte de la ciudad–, no puede haber un profesorado dentro del barrio”. Esa incredulidad inicial se transformaría en una certeza profunda a medida que avanzaba su educación y al llegar su graduación como docente. “El Dorita me devolvió la dignidad”, sentenció. Karen llegó de Bolivia con un hijo de 3 años y el sueño de estudiar agronomía en la Universidad de Buenos Aires, pero encontró en el Dorita no solo la posibilidad de formarse como maestra, sino de pertenecer a una comunidad que reconoce su derecho a aprender. Las dimensiones de las brechas digitales que atraviesan la educación argentina cobran cuerpo y dramatismo en los relatos de quienes, por ejemplo, habitan el Dorita.

El estudio Niñas, niños y adolescentes conectados. Kids Online Argentina 2025, realizado por Unicef-Unesco, constituye la primera investigación nacional sobre el tema en el país. Basado en entrevistas a 5910 estudiantes de 9 a 17 años en 291 escuelas primarias y secundarias de todas las provincias argentinas, con foco en áreas urbanas mayores a 50.000 habitantes, el informe revela que el 95% cuenta con un celular con acceso a internet, con un promedio de inicio a los 9,6 años. Estos datos, así como otros que desvela el estudio, sorprenden en una primera leída; es que, si bien la Argentina cuenta con una importante penetración de telefonía móvil, esta realidad no debe ocultar las brechas digitales que ponen en tensión el uso y acceso como derechos humanos, ya que invisibilizan desigualdades territoriales que se manifiestan con particular intensidad en barrios como el Padre Carlos Mujica, donde el acceso formal a internet convive con formas precarias de conectividad.

El Dorita llevó adelante un estudio en su comunidad y advirtió que entre sus estudiantes se revela una paradoja contemporánea: el 100% tiene celular, el 100% tiene algún tipo de acceso a internet, pero el 82% solo cuenta con ese dispositivo móvil compartido con hijos, hijas o familiares para todas las tareas educativas. No hay computadoras, no hay espacios adecuados para estudiar, y la conectividad depende de acuerdos vecinales, cooperativas locales o puntos de wifi gubernamentales que “a veces funcionan y a veces no”, como explicó Florencia, rectora de la institución. Es allí donde la reflexión de Laura, profesora de Tecnología del establecimiento y parte del convenio académico que sostiene la propuesta pedagógica del Dorita con la Facultad de Filosofía y Letras de la UBA,cobra relevancia: “scrollear por TikTok, crear memes o escribir en foros no implica comprender cómo se construye conocimiento, cómo circula la desinformación o cómo funcionan los algoritmos”.

El informe de Unicef confirma esta observación: mientras el 94% de los niños y adolescentes argentinos miran videos en plataformas como YouTube o TikTok todos los días, solo el 60% considera saber evaluar la confiabilidad de un sitio web.

Desmitificando la competencia digital nativa

Aún hoy hay voces que sostienen que los estudiantes “saben usar” tecnología solo por haber nacido en entornos digitales.

Esta suposición ha sido ampliamente cuestionada, incluso por el escritor estadounidense Marc Prensky, quien originalmente propuso el concepto de “nativos digitales” en 2001, pero posteriormente abandonó esta metáfora al reconocer que el acceso temprano a la tecnología no garantiza competencias críticas. La supuesta competencia digital intuitiva no reemplaza el acompañamiento pedagógico crítico, especialmente cuando la mitad de los niños y adolescentes del país percibe tener un uso problemático de la tecnología. En el contexto del Dorita, donde se carece de computadoras y la conectividad es inestable, esta problematización cobra otra dimensión: no solo se trata de educar para un uso crítico, sino de garantizar condiciones mínimas para que esa educación sea posible.

Desde temprana edad, niños y jóvenes pueden acceder a tabletas o computadoras, pero, sin un trabajo pedagógico diseñado para su apropiación, su utilización se limita a funciones superficiales.

Navegar redes sociales con fluidez pero sin orientación pedagógica difícilmente transforma estas habilidades en aprendizajes significativos. Este escenario se complejiza aún más con el avance acelerado de los algoritmos y la inteligencia artificial generativa.

La brecha de acceso: más allá de la conectividad

La experiencia del Dorita permite comprender cómo operan en territorio las tres dimensiones de la brecha digital que estructuran las desigualdades educativas contemporáneas, tal como las conceptualiza el sociólogo Manuel Castells en su análisis de la sociedad digital. La brecha de acceso se materializa en estudiantes que deben caminar más de diez cuadras porque no llega el transporte público, que comparten un solo celular familiar y dependen de conexiones inestables. Pero también se manifiesta en la ausencia histórica de oferta educativa superior en un barrio de 60.000 habitantes. Para América Latina y el Caribe, una región donde persisten brechas digitales significativas, el acceso sigue siendo el primer desafío. Según los datos más recientes del Observatorio de Desarrollo Digital de CEPAL 2024, el 77% de los hogares urbanos de la región está conectado, mientras que en las áreas rurales este porcentaje asciende apenas al 38%. Además, se estima que 244 millones de habitantes de la región aún no acceden a servicios de internet, lo que evidencia la magnitud del desafío.

Las escuelas de América Latina también presentan rezagos importantes: tienen significativamente menos dispositivos digitales por estudiante comparado con las escuelas de la OCDE, y este acceso no ha mejorado sustancialmente entre 2018 y 2022, según datosdel programa PISA. Esta brecha de equipamiento se combina con deficiencias en infraestructura de conectividad que condicionan el derecho a la salud, la educación y el trabajo.

Sin embargo, garantizar el acceso no es suficiente. Como advierte Castells: “Las instituciones tendrán que diseñar normativas para afrontar los nuevos desafíos de lo que podría ser un salto enorme para la creatividad humana o, por el contrario, saltar ciegamente a una galaxia tecnológica incierta”. Se requieren políticas públicas integrales que articulen infraestructura con formación docente y acompañamiento pedagógico. La conectividad debe pensarse como una puerta de acceso a la ciudadanía, al conocimiento y a la creación colectiva, sostenida por una ética pública que priorice la inclusión. Los acuerdos internacionales ya reconocen que no se trata solo de infraestructura, sino de una garantía de derechos, tan esencial como el agua potable o la electricidad.

La brecha de uso significativo: del acceso a la apropiación

La brecha de uso significativo emerge, por ejemplo, a la hora de compartir su experiencia las docentes y estudiantes del Dorita, cuando las futuras maestras deben leer textos académicos en pantallas de cinco pulgadas, escribir ensayos pedagógicos con teclados de celulares, o participar de clases virtuales desde espacios ruidosos y compartidos. El Dorita ha desarrollado estrategias creativas: operativos oftalmológicos para detectar problemas de visión causados por la lectura en celular, grupos de WhatsApp y Facebook como plataformas educativas, y la producción colectiva de contenidos desde la única computadora disponible, proyectada en la pared para que todas puedan participar.

Como sostiene la investigadora argentina Mariana Maggio, una verdadera transformación educativa exige repensar los vínculos entre enseñanza, aprendizaje y cultura digital. No se trata de sumar pantallas, sino de repensar las prácticas, redefinir los roles docentes y habilitar nuevos modos de construcción de conocimiento.

Por ello, la mera entrega de equipamiento, aunque necesaria, no puede ser la única respuesta. Sin políticas públicas sostenidas, formación docente adecuada y acompañamiento territorial, el acceso tecnológico corre el riesgo de convertirse en una promesa vacía. En diferentes países, la incorporación de dispositivos tecnológicos se basó en una lógica de modernización instrumental más que en una transformación educativa profunda. Desde hace décadas, diferentes autores advierten que innovación tecnológicano es sinónimo de innovación educativa y que esta solo es posible si se la vincula con el sentido pedagógico.

La brecha impercetible o de sentido: cuando los algoritmos reproducen exclusiones

Pero es la brecha imperceptible o de sentido la que revela las dimensiones más profundas de la desigualdad. Karen relata cómo, al llegar de Bolivia, experimentó discriminación “dentro del barrio, ni siquiera fuera”. Los algoritmos y sistemas digitales codifican estas exclusiones presentándolas como hechos objetivos neutros, cuando en realidad reproducen prejuicios y estereotipos sobre migrantes, mujeres de sectores populares, habitantes de villas, entre otras. Lo que aparece en el entorno digital como “dato técnico” encubre decisiones humanas cargadas de sesgos.

Más sutiles, pero igualmente graves, son estas brechas imperceptibles que amplifican desigualdades que no son nuevas, pero adquieren nuevas formas cuando se inscriben en sistemasopacos que ponen de manifiesto la falta de neutralidad de los algoritmos. Pueden amplificar desigualdades simbólicas, deslegitimando lenguas, saberes o identidades que se apartan del canon dominante. Así como un algoritmo puede priorizar contenidos en español neutro, marginando a estudiantes que hablan guaraní o quechua, también puede invisibilizar realidades locales, memorias comunitarias o formas no hegemónicas de conocimiento.

Como plantea Castells, las brechas digitales se superponen en dimensiones de territorio, género, edad, clase y etnicidad, amplificando desigualdades que no son nuevas pero adquieren formas inéditas en sistemas opacos. La inteligencia artificial no genera estas exclusiones, pero las codifica como verdades técnicas. Las reproduce sin conflicto y, por eso, se hace difícil identificarlas y, más aún, interpelarlas.

La inteligencia artificial como territorio en disputa

Los datos del informe Kids Online Argentina (Unicef - Unesco, 2025) revelan que el 76% de los niños, niñas y adolescentes argentinos conoce ChatGPT, y el 58% ya lo utilizó. Entre quienes lo usan, dos de cada tres lo hacen con fines educativos. Esta masividad en el uso de inteligencia artificial generativa contrasta con las limitaciones para evaluar la confiabilidad de la información online: solo el 60% considera saber si un sitio web es confiable, y la mayoría tiende a confiar automáticamente en el primer resultado de los buscadores. El uso está más extendido entre adolescentes mayores y en hogares de nivel socioeconómico medio y alto; como sostenemos en estas páginas, si pensamos en brechas digitales, no solo se trata de tener acceso a estas tecnologías, sino de contar con las condiciones para usarlas de manera significativa y crítica, ya que los niños y adolescentes incorporan herramientas sofisticadas de inteligencia artificial antes de desarrollar criterios para evaluar información básica.

En tanto hay quienes consideran la inteligencia artificial como amenaza o panacea (como ya sucediera con anterioridad con la irrupción de videograbadoras, televisores, pantallas o celulares), en otros contextos, como el Instituto Dora Acosta, se aborda como “objeto cultural contemporáneo” que las futuras maestras deben conocer y experimentar. Allí, las estudiantes aprenden a “promptear” –es decir, construir instrucciones precisas para sistemas de inteligencia artificial– no como técnica instrumental, sino como práctica pedagógica reflexiva que requiere conocimiento didáctico, comprensión del contexto específico de los estudiantes y capacidad de complementar la respuesta automatizada con criterio pedagógico situado. Desde una perspectiva crítica, es necesario comprender que los sistemas de inteligencia artificial no son herramientas valorativamente neutras, sino que modelan nuestras formas de percibir, decidir y actuar. Introducir inteligencia artificial en la escuela sin revisar sus supuestos ni entender sus lógicas de funcionamiento implica el riesgo de que esas lógicas reconfiguren la práctica pedagógica desde una opacidad estructural.

La pregunta no es si la inteligencia artificial transformará la escuela, porque es evidente que lo está haciendo, sino cómo lo hará y con qué efectos. ¿Amplificará las desigualdades o contribuirá a repararlas? ¿Silenciará voces o las hará resonar? ¿Reforzará estereotipos o abrirá nuevas posibilidades? En la respuesta a estas preguntas se juega el futuro de la educación y el de una sociedad en su conjunto.

Las y los jóvenes habitan un mundo distinto al que conocieron sus docentes, como observa el filósofo francés Michel Serres en su metáfora de Pulgarcita. Ya no aprenden en los mismos lugares ni con los mismos métodos, ya no dependen de la escuela para acceder a información, pero eso no significa que la escuela haya perdido sentido. Al contrario, en un mundo saturado de datos e información, enseñar no es entregar respuestas sino ayudar a distinguir cuáles valen la pena, a preguntarse por qué nos conmueve una historia, qué dice de nosotros lo que compartimos o qué callamos cuando repetimos sin pensar. En un mundo que premia la velocidad, la escuela puede ser el lugar donde se recupera el valor de pensar, de dudar y de conversar. La escuela no puede competir con las plataformas digitales, pero puede hacer algo que ninguna aplicación logra: ofrecer un espacio donde el tiempo no esté cronometrado por un algoritmo, donde se pueda pensar en común, formular preguntas sin respuestas inmediatas y errar sin ser penalizado.

La inteligencia artificial, bien orientada desde una ética que priorice lo humano, puede potenciar estas capacidades. Estudiantes de comunidades diversas podrían usar inteligencia artificial para registrar memorias orales, analizar impactos ambientales en sus territorios o crear contenidos culturales situados.

Pero esto solo es posible si existen condiciones institucionales, formación docente crítica y políticas públicas que reconozcan la complejidad del ecosistema digital contemporáneo.

La ciudadanía no se aprende en abstracto. Se encarna en prácticas concretas, en proyectos compartidos, en preguntas incómodas.

Docentes y estudiantes pueden desarrollar proyectos donde la inteligencia artificial se convierte en herramienta para investigar y abordar problemas comunitarios, crear contenido cultural o analizar el funcionamiento de los algoritmos en redes sociales. Desde la creación de podcasts hasta el análisis crítico de los sesgos de plataformas digitales, estas propuestas habilitan el uso significativo de la tecnología en contextos reales, desde la colaboración, la contextualización y el reconocimiento de las subjetividades.

Como plantea el filósofo francés Edgar Morin, educar en el siglo XXI implica enseñar a pensar la complejidad, a integrar saberes y a convivir con la incertidumbre. Para ello, se requiere una educación que no delegue el juicio docente en algoritmos, que no reduzca a los estudiantes a puntos de datos, y que reconozca en cada uno de ellos un sujeto político, cultural y emocional. Las brechas digitales en América Latina no son problemas técnicos aislados, son realidades que exponen cómo la desigualdad se reproduce sistemáticamente en cada aula sin recursos, en cada hogar sin conectividad, en cada estudiante que debe “acceder” al futuro digital mientras carece de las condiciones básicas de educabilidad.

Cerrar las brechas de acceso, uso y sentido es una tarea profundamente política que expresa, y a menudo profundiza, los problemas estructurales tanto de las sociedades en su conjunto como de los sistemas educativos. Estas divisiones no operan de forma aislada: se entrelazan en tramas complejas donde la falta de un dispositivo dialoga con la ausencia de alimentación adecuada, donde la carencia de habilidades digitales se encuentra con entornos familiares precarizados. Son círculos viciosos que se retroalimentan, creando abismos que ninguna tablet puede cerrar por sí sola. Esta realidad del Dorita no es una excepción, sino la manifestación local de una paradoja que trasciende fronteras y que expone las contradicciones más profundas de nuestro tiempo.

Hace una década, en Navegar entre culturas, Silvia Bacher (Bacher, 2016) advertía que la selfie de una humanidad “sin inodoros ni letrinas, pero con celulares; con armas de fuego al alcance de la mano, pero sin educación para abordar nuestro tiempo” debería ser trending topic, aunque permaneciera invisible. En 2025, esa paradoja no solo persiste: las cifras la agudizan. Más de 3400 millones de personas carecen de un inodoro seguro y 2100 millones no tienen acceso a agua potable gestionada de forma confiable, mientras que alrededor de 5680 millones usan un teléfono móvil y 5400 millones están conectados a internet. La desigualdad tecnológica no reemplaza a la desigualdad material: la superpone, la amplifica y la vuelve más cruel, porque exhibe un planeta hiperconectado a pantallas pero con profundos desniveles en el acceso a educación de calidad, donde millones continúan privados de las condiciones mínimas de dignidad.

Resistir la fragmentación, construir lo común

Vivimos una realidad atravesada por la polarización, la desinformación y la desconfianza, pero la escuela sigue siendo uno de los últimos territorios donde se puede ensayar lo común. Como advierte el historiador israelí Yuval Harari (2024), si no reconstruimos la confianza como base de nuestra vida social, el riesgo no es solo perder la democracia, sino la capacidad de sostener cualquier forma de diálogo. La inteligencia artificial irrumpe con promesas de personalización y acceso infinito al conocimiento, pero también con el riesgo de reducir a docentes y estudiantes a datos sin latido humano. La respuesta no es el rechazo, sino la incorporación crítica. Como sostiene Freire, solo nombrando el mundo desde nuestra experiencia podemos transformarlo. La pedagogía crítica se vuelve indispensable para pensar una escuela que habilite la construcción de relatos propios del mundo, no solo las réplicas de versiones codificadas por otros. Es necesario que la educación transparente los sesgos y estereotipos para permitir a los jóvenes desarrollar su propia narrativa. No basta con estar conectados: es necesario tener el derecho y las herramientas para ser parte de la conversación cultural. Se impone aspirar a alfabetizaciones múltiples que no sean simplemente enseñar a usar un teléfono o plataformas como ChatGPT, Gemini, Copilot o Claude, sino formar sujetos capaces de interpretar, crear y habitar entornos digitales con criterio a partir de alfabetizaciones tecnológicas, mediáticas, emocionales y críticas.

En este siglo atravesado por algoritmos y promesas de eficiencia, la escuela tiene una tarea que ninguna máquina puede asumir: acompañar a cada estudiante a construir su relato del mundo. No el que dictan las pantallas o imponen los algoritmos, sino el que se forja con preguntas, vínculos, contradicciones, memorias y decisiones profundamente humanas. Una escuela reimaginada como territorio de justicia, participación y reconocimiento de lo común, donde se amplifican voces, se reconocen saberes diversos y se construye ciudadanía crítica.

Saber o no saber explora cómo la irrupción de la inteligencia artificial transforma nuestra relación con el conocimiento, la educación y la vida democrática. Silvia Bacher y Tomás Balmaceda proponen una mirada crítica y profundamente humana sobre los desafíos culturales, éticos y políticos que plantean los algoritmos en la vida cotidiana y en las aulas. Lejos de pensar la escuela como un espacio aislado, el libro invita a docentes, familias y responsables de políticas públicas a construir nuevas formas de ciudadanía en tiempos digitales. Un ensayo lúcido y necesario para debatir qué significa aprender, enseñar y pensar en la era de la inteligencia artificial.

Cada 9 de abril se conmemora en Argentina el Día del Pago Igualitario, una fecha que busca visibilizar la persistente brecha salarial entre varones y mujeres en el mercado laboral. La elección del día no es casual: simboliza el tiempo extra que deben trabajar las mujeres -alrededor de tres meses y nueve días más- para alcanzar el mismo ingreso anual que los varones.

La efeméride fue impulsada en el país por la organización Ecofeminita en 2018, con el objetivo de poner en agenda una desigualdad estructural que, pese a los avances en materia de derechos, continúa vigente. Según distintos relevamientos, la brecha salarial en Argentina se ubica entre el 25% y el 28%, e incluso se amplía en el empleo informal.

En términos concretos, esto implica que mientras los varones completan su ingreso anual al 31 de diciembre, las mujeres necesitan trabajar más de 15 meses para equiparar esos ingresos. La diferencia no responde a un único factor, sino a múltiples causas que se entrelazan.

Entre ellas, especialistas señalan la mayor presencia de mujeres en sectores laborales peor remunerados, la alta informalidad, especialmente en trabajos de casas particulares, y la sobrecarga de tareas domésticas y de cuidado no remuneradas. Según datos del Centro de Economía Política Argentina (CEPA), esta distribución desigual del tiempo impacta directamente en las posibilidades de inserción y desarrollo laboral.

A esto se suman fenómenos como la segregación ocupacional, con mayor concentración de mujeres en áreas vinculadas al cuidado, la educación o la salud, y las dificultades para acceder a cargos jerárquicos, conocidas como “techo de cristal”. En algunos casos, además, persisten situaciones de discriminación directa, donde mujeres y varones perciben distintos salarios por igual tarea.

Una problemática mundial

La problemática no es exclusiva del país. A nivel global, distintas naciones establecen fechas simbólicas para visibilizar la desigualdad salarial, aunque varían según la magnitud de la brecha. En el plano internacional, el 18 de septiembre se conmemora el Día Internacional de la Igualdad Salarial, impulsado por organismos como la Organización Internacional del Trabajo.

En Argentina, informes de la Defensoría del Pueblo de la Provincia de Buenos Aires advierten que la brecha salarial constituye una deuda histórica y subrayan la necesidad de avanzar en políticas públicas que promuevan la equidad en el ámbito laboral.

En ese marco, el Día del Pago Igualitario no solo busca visibilizar la desigualdad, sino también impulsar cambios estructurales que permitan reducirla, especialmente en lo que respecta a la redistribución de las tareas de cuidado y el acceso equitativo a oportunidades laborales.

CRM

La flexibilización de la ley de contratos de trabajo ya está vigente. En teoría busca bajar el costo laboral de las empresas para mejorar su eficiencia y, en el mejor de los casos, que contraten más empleados. Pero hace dos meses en este diario el historiador y ensayista Ezequiel Adamovsky se preguntaba por el costo patronal, es decir, cuánto les cuesta a las empresas sostener a sus máximos ejecutivos. Es un interrogante que se formulan las naciones a las que incluso Javier Milei suele presentar como modelo.

En países con mercados de capitales más desarrollados, donde un mayor porcentaje de la población invierte en bolsa, como Estados Unidos o España, las compañías que cotizan de manera pública deben informar cuánto cobran sus CEO y el resto de su primera plana e incluso compararlo con lo que ganan sus trabajadores promedio. De esta manera, tanto los accionistas pueden tomar conciencia de cuánto retribuyen a sus empleados de mayor rango y cotejarlo con las ganancias de la firma, pero esta información también ha alimentado sobre todo debates sociales sobre la desigualdad de ingresos entre los que más tienen, que suelen amasar cada vez más, y los que que menos tienen, que suelen constituirse en variable de ajuste para la ganancia de productividad.

“A nivel global, la remuneración promedio de un director ejecutivo o CEO se ha disparado un 50% en términos reales desde 2019 hasta alcanzar US$4,3 millonesen 2024, según datos de Oxfam”, cuenta el economista de esta ONG británico en su filial de México, Diego Merla. “Esto representa un ritmo de crecimiento 56 veces mayor que el del salario de las personas trabajadoras. Sumado a esto, es cada vez más común que los CEOs sean también ultraricos -es decir, millonarios con más de US$1.000 millones de patrimonio-, por lo que dicho aumento está directamente relacionado con el hecho de que en 2025 la concentración de la riqueza alcanzará un máximo histórico a nivel mundial. La riqueza combinada de los milmillonarios aumentó un 81% desde 2020 hasta alcanzar los US$18,3 billones. En América Latina y el Caribe la situación es aún más crítica: en el último año, la riqueza de los milmillonarios creció cerca de 39%, aproximadamente 16 veces más rápido que la economía regional. Este proceso de acumulación extrema se traduce en mayor influencia política. En Oxfam estimamos que las personas milmillonarias tienen hasta 4.000 veces más probabilidades de ocupar cargos públicos que la población común”, completa Merla su análisis.

Para analizar la cuestión, analicemos las diez empresas argentinas con mayor capitalización de mercado, es decir, las que más valen entre las que cotizan en bolsa. Como Mercado Libre está listada en la plaza tecnológica norteamericana Nasdaq, es la única de las diez que ofrece detalles de los sueldos de sus máximos ejecutivos a la Comisión de Valores de EE.UU. (SEC, por sus siglas en inglés). Su fundador y principal accionista, Marcos Galperin, que renunció al cargo de CEO el pasado 31 de diciembre para pasar al cargo de presidente ejecutivo y pensar más en el largo plazo de la empresa, cobraba por ese cargo en 2024 –último dato disponible– a razón de US$1,1 millones por mes, un 43% más que en 2023. Claro que la firma aumentó ese año 93% sus ganancias. Los accionistas no tienen de qué quejarse.

Donde surge lo más llamativo es la brecha entre el sueldo de Galperin y el empleado medio de Mercado Libre, de US$1.589 por uno, según el reporte de remuneraciones de la empresa. Los trabajadores de la compañía, con fuerte presencia en Brasil, México y la Argentina, cobran en promedio US$720 por mes, alrededor de $1 millón a la cotización actual del peso. El Estado argentino otorga beneficios impositivos por la contratación de personal de la economía del conocimiento: fueron US$83 millones en 2025. En otras empresas de EE.UU. como Amazon la brecha salarial entre CEO y trabajador promedio fue en 2024 mucho menor que en Mercado Libre, de 43 a 1, pero en otras como Starbucks resulto bastante mayor, de 6.666 por uno.

Las otras nueve grandes empresas argentinas sólo deben informar a la Comisión Nacional de Valores (CNV) el total de las remuneraciones de los directores, no cuánto cobra cada uno ni tampoco lo que ganan los CEO y otros máximos ejecutivos. Los directores tienen responsabilidad hasta penal, pero muchas veces su trabajo se limita a una reunión por mes, mientras que otros son los que llevan el día a día de las compañías. En cada firma se manejan con criterios diferentes y por eso la enorme diferencia entre los honorarios del directorio de una y otra.

En 2024 –último año como datos disponibles para la mayoría de las empresas analizadas–, YPF retribuyó en promedio a cada director con US$68.697 por mes, según el informe de remuneraciones remitido a la CNV. En su directorio están representados diversos representantes políticos del gobierno nacional y las provincias petroleras. En la actualidad, se sientan allí el presidente y CEO, Horacio Marín, pero también el jefe de Gabinete, Manuel Adorni, y su antecesor en el cargo, Guillermo Francos.

En el Grupo Financiero Galicia se informó que cada director cobra en promedio US$50.107 mensuales. Entre ellos figuran varios de sus accionistas principales, como Eduardo Escasany y Federico y Tomás Braun. En el Banco Macro, que ya reportó la remuneración de 2025, ganan US$53.355 por mes. En la cúpula se sientan varios dueños como Jorge y Constanza y Marcos Brito y Delfín Carballo, otros empresarios como los dueños de Havanna –Carlos Giovanelli y Damián Pozzoli– y exsecretarios de Finanzas de gobiernos pasados –Mario Vicens y Sebastián Palla–.

En Pampa Energía cobran US$83.103. En su directorio se ubican también sus propietarios, Marcelo, Damián y Nicolás Mindlin, pero además otras figuras como la exjefa de asesores del gobierno porteño de Horacio Rodríguez Larreta, Julia Pomares. En Telecom, que pertenece a los dueños del Grupo Clarín como los Noble Herrera y Héctor Magnetto, los directores ganan US$19.210. Entre ellos se encuentra su presidente, Carlos Moltini.

Otras firmas, en cambio, optan por relativamente menores remuneraciones a sus directores: Transportadora Gas del Sur (TGS), propiedad de Pampa, US$6.569; BBVA, la filial argentina del banco español, US$3.396; la eléctrica Central Puerto, de los Escasany, Carlos Miguens Bemberg y Guillermo Reca, US$1.427; y la siderúrgica Ternium, del grupo Techint, de Paolo Rocca, US$5.713 para 2025.

Entre los ejecutivos que más ganan en el sector privado, más allá de los CEO, están los CFO, chief financial officer, o directores de finanzas. En su informe de enero pasado, la consultora Adecco reportó que en grandes empresas del área metropolitana de Buenos Aires (AMBA) embolsaban por mes entre $16,2 millones y 19 millones, el equivalente de entonces de entre US$11.200 y 13.100. En otro relevamiento de su competidora Randstad en la misma región, los CFO de bancos y servicios financieros cobraban entre $16,4/19,4 millones, lo mismo que los de hidrocarburos y minería, tecnología y laboratorios. Los de automotrices y manufacturas, entre $15,7/19,8 millones; los de consumo masivo, cadenas comerciales y servicios, entre 14,6/18 millones, y los de transporte y logística, entre 13,9/17,1 millones.

Los sueldos de directores, gerentes generales y otros ejecutivos en las empresas aumentaron entre 29% y 36%, según cuenta la responsable de búsqueda y selección de talento de Adecco, Alejandra López. La inflación fue del 31%, mientras que el índice de salario del sector privado registrado subió sólo 28%, según el Instituto de Estadística (Indec). “En muchos casos los incrementos de las altas posiciones se ubicaron levemente por encima de la inflación proyectada, lo que demuestra que las empresas priorizan mantener la competitividad salarial en los niveles de liderazgo”, analiza López.

“Además, estos cargos suelen incluir no sólo salarios fijos sino también bonos, incentivos vinculados al desempeño y el resultado del negocio, con lo cual la remuneración puede ser aún mayor, dependiendo de la industria y del tamaño de la empresa”, apunta la ejecutiva de Adecco. Los sectores que más pagan a la alta dirección en la Argentina son los de energía y minería. En Adecco observan que las firmas buscan directores y gerentes con trayectoria y liderazgo, pero también con capacidades de adaptarse a un contexto económico cambiante y de impulsar el crecimiento en ese entorno.

Desde la mirada de Adamovsky, “los salarios y bonos exorbitantes que se llevan los CEOs y ejecutivos vienen creciendo de manera injustificable”. “Pero además de eso hay que sumar toda una cantidad de prebendas gerenciales: comisiones, oficinas lujosas, choferes, pasajes en primera, viáticos, retiros a resorts lujosos, etc., una fortuna en costos que deben soportar las empresas”, agrega. Una discusión pendiente que puede interesar a los pequeños accionistas de las empresas que cotizan en bolsa, aunque de manera más amplia a aquellos preocupados por la creciente desigualdad social.

AR/MG

El costo de criar a un hijo en la Argentina volvió a aumentar en diciembre de 2025 y ya supera los $586.000 mensuales en el caso de niños y niñas de entre 6 y 12 años. Así lo indica el último informe del Instituto Nacional de Estadística y Censos (Indec), que mensura el valor de la canasta de crianza considerando tanto los gastos en bienes y servicios esenciales como el tiempo de cuidado necesario.

Ningún tramo etario baja de los $460.000 mensuales, lo que agrava la situación de millones de familias trabajadoras que no cuentan con ingresos proporcionales ni refuerzo estatal suficiente para cubrir estos costos.

Según el informe oficial, la canasta de crianza se ubicó en:

El mayor componente del gasto sigue siendo el costo del cuidado, que se calcula en base a las horas necesarias de atención y la remuneración del personal de casas particulares. En diciembre, ese valor alcanzó los $356.505 para el tramo de 1 a 3 años, y $311.942 para menores de 1 año.

Más del 60% del costo total en los primeros años de vida corresponde al trabajo de cuidado, una tarea históricamente invisibilizada y no remunerada, que en la mayoría de los casos recae sobre las mujeres.

Respecto a noviembre, el aumento intermensual fue de entre 2,7% y 9,5%, según el tramo de edad. La variación más alta se registró en los grupos menores de 1 año y de 1 a 3 años, en los que la canasta se incrementó en más de $30.000 de un mes a otro.

En paralelo, las políticas de transferencia de ingresos no acompañan esa escalada. La Asignación Universal por Hijo (AUH) —uno de los principales mecanismos de sostén para hogares con niños y niñas— se mantuvo en $33.000 mensuales en diciembre, lo que representa apenas el 5,6% de la canasta de crianza más alta. Para el tramo más bajo, la cobertura no llega al 7,2%.

Tampoco hubo una adecuación proporcional en los montos deducibles del Impuesto a las Ganancias por hijo o hija a cargo, ni en las asignaciones familiares de los regímenes formales. En un escenario de inflación acelerada, esa brecha entre ingresos reales y costos de crianza se traduce en endeudamiento, sobrecarga y vulneración de derechos.

La canasta de crianza es elaborada por el Indec a partir de una metodología desarrollada por la Dirección Nacional de Economía, Igualdad y Género junto a UNICEF. Incluye tanto los bienes y servicios como el tiempo de cuidado, valorizado según el régimen legal de casas particulares. La estimación se realiza en función de cuatro tramos de edad, definidos por los niveles de escolarización y las horas requeridas de cuidado.

Por ejemplo, un bebé menor de 1 año requiere 147 horas mensuales, mientras que un niño o niña de entre 6 y 12 años necesita en promedio 84 horas, lo que reduce proporcionalmente ese componente a medida que avanza la edad escolar.

En hogares con más de un niño, niña o adolescente, el tiempo de cuidado no se suma de forma lineal, sino que se estima sobre el integrante que más horas requiere, lo que acentúa el impacto en hogares monomarentales o con múltiples hijos.

El informe —que se publica mensualmente desde 2023— busca visibilizar el trabajo de cuidado como un componente estructural del costo de vida. Su inclusión estadística responde a una perspectiva que entiende que criar no es una elección privada sino una responsabilidad social, y que ese esfuerzo debe ser redistribuido y sostenido colectivamente.

Sin embargo, las mediciones del Indec aún no encuentran correlato en el diseño de políticas públicas activas. Mientras los precios escalan y el Estado ajusta, millones de familias absorben en soledad el costo de sostener derechos básicos de la niñez.

JJD

La inteligencia artificial (IA) no está generando una ola de despidos masivos, pero ya produce impactos sectoriales y presiona especialmente sobre los trabajadores jóvenes y las tareas fácilmente automatizables. Así lo afirma un informe de la consultora internacional Oxford Economics, que analizó datos del mercado laboral de Estados Unidos y proyectó escenarios posibles a futuro.

Según el estudio, publicado este miércoles, no hay pruebas concluyentes de que la IA esté provocando un desempleo generalizado ni una destrucción acelerada de puestos de trabajo a nivel macroeconómico. En los primeros 11 meses de 2025, se atribuyeron a la IA apenas 55.000 despidos en Estados Unidos, lo que representa el 4,5% del total registrado en ese período, de acuerdo a cifras de la consultora Challenger, Gray & Christmas.

En contraste, más de 245.000 despidos respondieron a causas tradicionales como condiciones del mercado, reestructuraciones o reducción de costos. “Aunque cada vez más compañías vinculan sus recortes a la IA, la mayoría de los despidos siguen respondiendo a razones históricas más comunes”, explicó Ben May, director de Investigación Macro Global de Oxford Economics.

“Dudamos que esto eleve de forma significativa las tasas de desempleo en los próximos años”, afirmó May, quien también advirtió que algunas empresas podrían estar utilizando el argumento tecnológico como coartada para justificar decisiones que en realidad responden a otras causas, como contrataciones excesivas previas o caídas en la demanda.

A pesar de este diagnóstico moderado, el informe no niega el potencial disruptivo de la IA, sino que sostiene que su impacto será progresivo y desigual, dependiendo del sector, la calificación del empleo y la capacidad de adaptación del mercado de trabajo. “Las empresas no están sustituyendo trabajadores por IA a gran escala, pero eso no significa que el proceso no esté en marcha”, resumió May.

Entre los sectores ya afectados, el informe menciona puestos administrativos, tareas de soporte técnico, producción de contenido rutinario y análisis de datos básicos, todos empleos expuestos a herramientas de automatización o asistencia por IA. En muchos casos, se trata de primeros empleos para jóvenes con estudios superiores, que ven bloqueado su ingreso al mercado o se enfrentan a mayor rotación y precarización.

De hecho, Oxford Economics señala que el aumento del desempleo entre personas universitarias recién incorporadas al mercado laboral podría estar vinculado al uso creciente de IA para tareas que antes realizaban esos perfiles. Sin embargo, el informe también aclara que esta tendencia se superpone con factores cíclicos, como la ralentización temporal de la contratación en sectores clave y el incremento en la cantidad de graduados.

La combinación de automatización, reducción de costos y cambios estructurales obliga a repensar políticas de transición laboral, según Oxford Economics. Entre las herramientas posibles, el informe sugiere capacitación continua, esquemas de reconversión productiva, fortalecimiento de los sistemas de protección social y regulaciones claras sobre el uso de IA en el empleo.

Para los países con mercados laborales más informales o con menor cobertura sindical, la expansión de la IA puede profundizar las desigualdades existentes si no se diseñan políticas activas que acompañen la transformación. En contextos como el argentino, donde el empleo joven ya enfrenta niveles altos de informalidad, rotación y subocupación, la automatización temprana de tareas de ingreso podría agravar ese panorama.

El documento concluye que la sustitución de trabajadores por inteligencia artificial no ocurrirá de forma repentina, pero sí transformará de manera profunda las condiciones laborales en los próximos años. Lejos de un “colapso del empleo”, lo que se vislumbra es un proceso lento, segmentado y con impactos diferenciados, que requerirá monitoreo constante y respuestas políticas ajustadas a la realidad de cada mercado laboral.

JJD, con información de la agencia EFE

En octubre de 2025, el nivel general de actividad económica mostró una suba interanual del 3,2%, según el Estimador Mensual de Actividad Económica (EMAE) publicado por el Indec. Sin embargo, el trabajo no siguió la misma curva ascendente: los sectores que más empleo generan —como la industria, el comercio y el Estado— siguen estancados o en retroceso, lo que debilita la posibilidad de una mejora real en las condiciones laborales y salariales.

La industria manufacturera cayó 2,7% interanual, y su incidencia negativa fue la más fuerte del mes: le restó casi medio punto al EMAE general. Esta contracción se suma a una tendencia de arrastre y golpea de lleno a las y los trabajadores industriales, especialmente en ramas que ya venían con conflictos abiertos, como metalúrgicos, textiles, plásticos y autopartistas.

La administración pública también cayó 0,8%, en el marco de recortes de gasto, congelamientos de vacantes y revisión de contratos en distintas jurisdicciones. Esta baja afecta a trabajadores estatales, docentes, personal de salud y de seguridad social, que además enfrentan procesos de precarización y pérdida salarial frente a la inflación.

El sector de hoteles y restaurantes, que concentra una importante masa laboral joven y de alta informalidad, bajó 1,0%, lo que refleja una desaceleración del consumo y la actividad turística. Muchos empleos allí son temporales, mal pagos y sin cobertura de derechos, por lo que cualquier retroceso incide directamente en la subsistencia de miles de hogares.

A contramano, los sectores que impulsaron el EMAE en octubre tienen escasa capacidad de generar trabajo genuino. El mayor crecimiento fue de la intermediación financiera (+22,8%), vinculada a la operatoria bursátil y de mercado de capitales, que no derrama ni empleo ni mejoras en la economía real. También creció la actividad inmobiliaria y empresarial (+3,9%), con fuerte peso en la renta de oficinas y contratos de servicios, más cercana a la lógica especulativa que a la creación de puestos de trabajo estables.

De los sectores que más aportaron al crecimiento del EMAE, solo uno —actividades inmobiliarias, empresariales y de alquiler— tiene alguna relación con servicios profesionales, administrativos o de soporte, donde sí hay empleo calificado. Pero incluso allí predominan las contrataciones por fuera del convenio, tercerizadas o en condiciones inestables. Por su parte, la intermediación financiera —que explica más del 0,8% del crecimiento total— no genera empleo masivo y concentra ingresos en una franja muy reducida de actores económicos.

Otro dato destacado fue la suba del 91,4% interanual en Pesca, aunque con bajo impacto en el índice general. Se trata de un sector marginal en términos del PBI y el empleo, con actividad estacional y condiciones laborales históricamente precarias, sobre todo en la costa patagónica.

En términos desestacionalizados, el EMAE cayó 0,4% frente a septiembre, y la serie tendencia-ciclo no mostró variaciones. El acumulado anual hasta octubre mantiene un alza del 5,0% respecto a igual período de 2024, aunque esto responde en parte a la comparación con un año de fuerte caída previa.

Para quienes trabajan, el crecimiento sigue siendo una estadística sin traducción en mejoras concretas. La producción de bienes se achica, los servicios esenciales se recortan y los sectores que crecen no distribuyen. En la economía real, el rebote no se nota en los sueldos, ni en las condiciones de trabajo, ni en la estabilidad del empleo.

JJD

En noviembre, una familia necesitó hasta $571.106 por mes para cubrir los gastos de crianza de un solo hijo o hija de entre 6 y 12 años, según el último informe del Indec. El valor incluye tanto el costo de bienes y servicios esenciales como el del tiempo de cuidado, un componente que visibiliza el trabajo no remunerado o mal remunerado que recae, en su mayoría, sobre las mujeres.

La cifra más baja corresponde al tramo de menores de un año: $450.355. En el medio se ubican los grupos de 1 a 3 años ($535.823) y de 4 a 5 años ($454.165). En todos los casos, más de la mitad del monto total responde al valor del tiempo de cuidado.

El informe elaborado por la Dirección Nacional de Estadísticas de Condiciones de Vida del Indec retoma una metodología diseñada por la Dirección Nacional de Economía, Igualdad y Género del Ministerio de Economía, junto con UNICEF, que permite cuantificar mensualmente el gasto necesario para la crianza, tomando en cuenta las distintas etapas de la infancia y las características escolares y de cuidado asociadas.

“El componente más costoso no es el alimento ni la ropa, sino el tiempo humano que implica criar”, explicó una economista del equipo técnico, en referencia al costo del cuidado. Este se calcula en función de las horas estimadas necesarias para cada tramo etario y se valoriza según la remuneración del personal de casas particulares, categoría “asistencia y cuidado de personas”.

Por ejemplo, criar a un niño menor de un año demanda 147 horas mensuales, con un costo estimado de $307.939. En el caso del grupo de 1 a 3 años, se estiman 168 horas por mes y un costo de $351.930.

A la par, el valor de los bienes y servicios se calcula en base a la canasta básica total (CBT) del Gran Buenos Aires, aplicada a cada rango de edad mediante coeficientes de adulto equivalente. En noviembre, este valor fue de $142.416 para menores de 1 año, y llegó a $290.537 para niños y niñas de entre 6 y 12 años.

Sin actualización de ingresos proporcionales

A pesar del aumento sostenido de estos costos —en el caso del grupo de 6 a 12 años, la canasta subió más de $22.000 entre septiembre y noviembre—, no se registró una actualización equivalente en programas estatales como la Asignación Universal por Hijo (AUH), que en diciembre fue de apenas $33.000 por niño, cubriendo solo el 5,7% del valor de la canasta más cara.

Tampoco se adecuaron proporcionalmente los salarios reales ni los montos deducibles del Impuesto a las Ganancias por hijo o hija a cargo. El desfasaje creciente entre ingresos y costos de crianza expone a muchas familias trabajadoras a la precariedad o el endeudamiento para sostener derechos básicos de sus hijos e hijas.

El estudio también advierte que, en hogares con más de un niño, niña o adolescente, el tiempo de cuidado requerido no se suma linealmente, sino que se estima en función del integrante que más horas demande, lo que acentúa el impacto sobre los hogares monomarentales o con múltiples menores a cargo.

A través de esta valorización, el Indec pone en evidencia una dimensión estructural del trabajo reproductivo: criar implica tiempo, dedicación y dinero, que el mercado no remunera y que el Estado compensa de manera muy insuficiente. En un contexto de alta inflación y recortes en políticas de cuidado, este informe aporta una medición clave para la discusión sobre justicia social, redistribución y corresponsabilidad estatal.

El enfoque metodológico que sustenta el informe parte de la premisa clara de que criar no es un gasto individual, sino una inversión colectiva. Sin embargo, el costo recae casi por completo en las familias. Los expertos señalan que este insumo estadístico debe tener su correlato en la acción política, es decir revisar las condiciones materiales del cuidado en la Argentina y el lugar que ocupa —o no— en la estructura económica.

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Criar a un hijo en Argentina cuesta entre $441.000 y $557.000 por mes, dependiendo de la edad. Lo reveló el INDEC al publicar la valorización de la canasta de crianza de octubre. Más del 60% del monto corresponde al tiempo de cuidado, un trabajo históricamente no remunerado y cargado sobre las espaldas de mujeres trabajadoras.

El informe oficial calcula el costo mensual para cubrir alimentos, ropa, salud, transporte, vivienda y tiempo de cuidado. Este último se estima a partir del salario del personal de casas particulares y de las horas mínimas requeridas por edad. En bebés y niños pequeños, el cuidado supera largamente al consumo.

Por ejemplo:

El informe oficial visibiliza el trabajo de cuidado, central para la economía, pero invisibilizado y feminizado.

Para una trabajadora asalariada o informal, sostener ese costo mensual sin redes públicas ni apoyo familiar es inviable. Menos aún si tiene a su cargo más de un niño. En muchos casos, eso deriva en la imposibilidad de acceder a un empleo registrado o en la aceptación de trabajos precarizados.

“El costo del cuidado no está en el recibo de sueldo, pero sí pesa en cada decisión laboral que tomamos”, explican desde espacios sindicales de trabajadoras informales. En sectores como el personal doméstico, la economía popular o las cooperativas, el cruce entre crianza y trabajo es una barrera estructural.

El INDEC calcula esta canasta con metodología del Ministerio de Economía y UNICEF, que parte del enfoque de “cuidado necesario” según edad y jornada escolar. El objetivo es mostrar cuánto cuesta sostener la crianza en condiciones mínimas de bienestar, con un enfoque de derechos.

La publicación se vuelve una herramienta clave para sindicatos, movimientos de mujeres y organizaciones sociales que exigen licencias extendidas, jardines comunitarios y políticas integrales de cuidado.

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La Provincia de Buenos Aires es, a la vez, motor económico y territorio de contrastes extremos. Allí conviven barrios privados con estándares de primer mundo junto a asentamientos sin cloacas ni agua potable. Es el distrito más poblado del país —con 17 millones de habitantes— y también el que mejor refleja las desigualdades nacionales. Los comicios en esta jurisdicción, por lo tanto, no solamente tienen la relevancia institucional de toda elección, como la de mañana, sino que funcionan como espejo de una nación que no logra convertir el potencial de sus recursos en una riqueza más distributiva, que corrija esas inequidades, que llegan a los extremos: fortunas descomunales y miseria endémica; un dolor social que pasa inadvertido.

En apenas 24 de los 135 partidos de la provincia, que son los que conforman el conurbano, vive una cuarta parte de los argentinos. Esos 24 partidos son menos del 1% del territorio nacional. Allí la pobreza alcanzó en el primer trimestre de 2025 al 34,5% de la población y la indigencia al 8,7%, según el Observatorio del Conurbano (UNGS). Son cifras mejores que los picos de 2024, pero todavía muy altas si se las mide frente a la capacidad productiva de la provincia.

Buenos Aires concentra cerca del 37% del producto bruto interno argentino y más de un tercio de la producción industrial del país. También es el corazón de la agroindustria y de buena parte de las exportaciones. Sin embargo, esa centralidad económica no se traduce en mejoras equivalentes para su población: la riqueza generada se concentra en pocos sectores y convive con bolsones de pobreza persistente, lo que expone la paradoja de una provincia que aporta mucho más de lo que devuelve en calidad de vida a sus habitantes.

La dinámica demográfica también acentúa la fractura. En el conurbano se concentra la mayor parte de la migración interna: uno de cada cinco bonaerenses nació en otra provincia, y más del 80% de esos migrantes eligió asentarse en el área metropolitana. Entre los censos de 2010 y 2022, el conurbano creció un 22,6%, mientras muchas localidades del interior apenas mantuvieron su población o directamente comenzaron a envejecer. El resultado es un mapa desigual: cinturones metropolitanos que se expanden sin pausa y pueblos del interior que pierden densidad, servicios e incluso escuelas.

Las brechas también se evidencian en el acceso a servicios esenciales. En el AMBA, millones de personas dependen de un transporte público saturado y de hospitales que funcionan al límite de su capacidad, mientras que en el interior se multiplican las quejas por la falta de rutas seguras, conectividad y cobertura sanitaria adecuada. A la desigualdad económica se le suma así una desigualdad en la infraestructura que profundiza el sentimiento de abandono de un lado y de desborde del otro.

Dos provincias dentro de una

La brecha entre el conurbano y el interior bonaerense es tan grande que parecen dos provincias distintas. En el conurbano, la desocupación llegó al 9,7% en el primer trimestre de este año, por encima del promedio provincial de 9,3%. La informalidad laboral también es estructural: cuatro de cada diez asalariados trabajan sin aportes.

A la par, las condiciones de vida son frágiles. El conurbano concentra más del 80% de los barrios populares de la provincia y apenas 58% de las viviendas tiene conexión a cloacas, con diferencias extremas: del 8% en José C. Paz al 98% en Vicente López.

En el interior bonaerense, los indicadores sociales son menos dramáticos que en el conurbano, aunque también muestran fuertes contrastes. Mar del Plata cerró el segundo semestre de 2024 con un 28,9% de pobreza y un 3,3% de indigencia, de acuerdo con el Indec. Si se amplía la mirada a la pobreza multidimensional, un 23,5% de los hogares marplatenses enfrenta múltiples privaciones, mientras que más de la mitad registra al menos una carencia social.

Bahía Blanca, en cambio, exhibió en el primer semestre de 2024 —según el Indec— una pobreza del 44,4% y una indigencia del 13,9%, cifras que duplican el promedio nacional y evidencian que el interior tampoco es una isla homogénea.

La matriz agropecuaria es, sin embargo, el gran motor de la región: aporta cerca del 10% del producto provincial, aunque apenas genera el 4% del empleo, lo que refleja una alta productividad con baja capacidad de absorción laboral.

A las desigualdades económicas se suma el problema de la inseguridad, que golpea con fuerza en el conurbano y también se hace sentir en el interior. En los partidos metropolitanos, los delitos violentos, el narcotráfico y los robos son parte del día a día y alimentan el miedo social. La inseguridad en el interior no es menos real: entre enero y noviembre de 2024, los delitos en zonas rurales aumentaron un 18,7 % respecto del mismo período de 2023, según datos de la Superintendencia de Seguridad Rural de la provincia. Se registraron casos de abigeato, robo de maquinaria, hurto y violaciones de domicilio, mientras que la escasez de presencia policial agrava el problema en rutas y caminos rurales.

Reparto de recursos

Según datos provinciales, los municipios del interior reciben más del doble de fondos per cápita que los del conurbano, pese a que este último concentra la mayor parte de la población y las demandas sociales más urgentes.

Esa distribución desigual se traduce en presupuestos ajustados para intendencias que deben administrar millones de habitantes, frente a comunas pequeñas del interior con más recursos por persona. El resultado es un círculo vicioso: el conurbano crece demográficamente sin infraestructura ni servicios a la altura, y el interior se siente relegado en la agenda política.

Las diferencias sociales se reflejan también en las urnas. El conurbano es históricamente bastión del peronismo, que allí consigue sus victorias más contundentes. El interior, en cambio, suele inclinarse por fuerzas opositoras —radicalismo, PRO o libertarios— con un electorado más cercano a la clase media y al sector agropecuario.

La sobrerrepresentación legislativa del interior refuerza este peso político: secciones con pocos electores eligen casi la misma cantidad de bancas que las más pobladas. Así, aunque el 71% del padrón vive en el Gran Buenos Aires, la llave de las elecciones legislativas muchas veces está en el otro 29% del interior.

La misión imposible

Gobernar Buenos Aires siempre fue visto como una misión imposible. Porque en un mismo territorio conviven realidades opuestas: cinturones industriales y campos exportadores, barrios sin agua potable y countries con lagunas artificiales, desempleo masivo e índices de consumo de primer nivel.

Hoy, esa fractura se pone a prueba en las elecciones legislativas. El peronismo busca arrasar en el conurbano para compensar su habitual debilidad en el interior. La oposición apuesta a maximizar su ventaja en pueblos y ciudades rurales, donde cada voto vale más en términos de bancas, y hacer lo que pueda en el conurbano.

En cada elección, Buenos Aires vuelve a ser campo de batalla y laboratorio. Allí conviven las torres vidriadas y las casillas de chapa, el dólar contado con liqui y el changuito al fiado, las cosechas récord y los comedores desbordados. Gobernarla es intentar lo imposible: reconciliar en una sola provincia todas las fracturas de la Argentina.

Los datos de pobreza e indigencia provienen del Observatorio del Conurbano (UNGS) y del Indec. Los porcentajes de fondos per cápita corresponden a informes del Ministerio de Economía de la Provincia de Buenos Aires y el Observatorio del Conurbano.

JJD

En la cumbre anual de la Cámara de Comercio de EEUU en la Argentina (Amcham, según sus siglas en inglés), este martes, el lema fue “una Argentina competitiva”. En los paneles se habló de cómo lograrla sin devaluar, pero en los pasillos del Centro de Convenciones Buenos Aires no dejó de comentarse una y otra vez lo cara que estaba la Argentina por la combinación de tipo de cambio bajo, impuestos y costos laborales y logísticos altos. Sin embargo, llegó el presidente Javier Milei a cerrar el encuentro y lanzó una frase final a una alocución en la que intentó seducir a los inversores: “La Argentina es una oportunidad de compra, la Argentina está baratísima y la Argentina va a subir como pedo de buzo”.

En su discurso habló como si fuera un profesor de economía ante alumnos, no ante empresarios, con citas de autores clásicos y nobeles. Después argumentó por qué debían invertir en la Argentina, con una promesa de crecimiento venturoso, con explicaciones sobre las ventajas del Régimen de Incentivo de Grandes Inversiones (RIGI) –por ejemplo, que futuros gobiernos que lo incumplan enfrentarán demandas en hasta tres tribunales internacionales–, de las bondades de su Ministerio de Capital Humano, de la motosierra fiscal y monetaria para terminar con la inflación y reducir el riesgo país, de modo de asegurar financiamiento accesible para la Argentina y sus compañías.

Pero al iniciarse esta jornada por la que pasaron empresarios, funcionarios, economistas, opositores amigables y algún sindicalista, el presidente saliente de la Amcham, Facundo Gómez Minujin, ofreció un discurso en el que destacó la estabilización macroeconómica, pero advirtió que no alcanza. Además, llamó a luchar contra dos males que Milei desestima como tales: la evasión tributaria y la desigualdad social.

“Hay que recuperar la competitividad”, dijo Gómez Minujin, que también conduce la filial argentina del banco JP Morgan. “La estabilización macro son pasos fundamentales pero deben consolidarse. No alcanza con estabilizar. Se necesita previsibilidad. La competitividad exige una profunda reforma tributaria porque la presión impositiva desalienta, ahoga. Hay que reducir presión fiscal sobre la economía formal y reducir la evasión”, planteó el hijo de un célebre economista contra el fraude impositivo como Juan Carlos Gómez Sabaini. Su madre es la artista Marta Minujín.

“La competitividad también se construye del costo laboral, que es hasta dos veces mayor que en Brasil y Chile”, planteó el jefe de las empresas norteamericanas en la Argentina, que apuntó contra la litigiosidad y a favor de un “marco laboral más moderno”. También pidió una reforma educativa porque el país ocupa el puesto 81° en rankings mundiales.

“La competitividad requiere infraestructura logística y digital”, reclamó el presidente de Amcham, que la semana próxima será sucedido por primera vez por una mujer, Mariana Schoua, directiva de Aconcagua Energía. En un país con la obra pública casi paralizada, Gómez Minujin señaló que el costo logístico de la exportación es el doble que en Chile. Ya la semana pasada, en el mismo centro de convenciones pero en el evento anual del Instituto Argentina de Ejecutivo de Finanzas, el CEO de la minera canadiense Barrick, Marcelo Álvarez, había dicho que con el RIGI no alcanzaba, que faltaban rutas y que por eso era más conveniente invertir en Chile.

“Amcham requiere instituciones sólidas porque no hay innovación sin reglas claras”, sumó otro factor el presidente de Amcham. “Me preguntan por qué levantamos la voz por esto. Lamentamos que no se haya avanzando con Ficha Limpia”, se quejó por el rechazo del Senado al proyecto de ley que prohibía candidaturas de políticos con condenas judiciales de segunda instancia, como la expresidenta Cristina Fernández de Kichner o el exsecretario de Comercio Interior Guillermo Moreno.

“No puede haber competitividad con 40% de pobreza, hay que reducir la desigualdad”, inquirió después el jefe de la cámara, que en los últimos años ha ganado en influencia en el establishment argentino. Se trata de una necesidad para que haya paz social. “Porque no hay desarrollo posible sin cohesión social”, sentenció Gómez Minujin.

AR/MG

El programa económico libertario tiene contradicciones: una de las más cuestionadas es la intervención en los precios más importantes de la economía. El dólar, claro. Pero también los salarios. El gobierno del libre mercado, el que insiste con que la inflación es un fenómeno pura y exclusivamente monetario, impone un techo a las paritarias para que los salarios no echen leña al fuego inflacionario. Y efectivamente, desde enero, logra que los acuerdos cierren por debajo de la inflación mensual. 

Sin embargo, el mismo Gobierno también celebra que los salarios le ganen a la inflación. El ministro de Economía, Luis Caputo, compartió en twitter un gráfico en base a datos oficiales de evolución promedio de salarios del SIPA (Sistema Integrado Previsional Argentino, el organismo que administra los fondos generados con los aportes jubilatorios realizados por los trabajadores públicos y privados del país), con la leyenda: “El salario real privado registrado está en su máximo nivel desde agosto de 2018”. Y los libertarios respondieron: “Gracias toto, de a poco van recuperando el país del desastre kuka” (sic), “VLLC!” (sic), “Argentina será próspera”. 

Y en efecto, el último informe de la la Situación y Evolución del Trabajo Registrado que publica la Secretaría de Trabajo muestra que en febrero de 2025, el poder adquisitivo de los salarios de los trabajadores formales del sector privado fue 7% mayor al nivel de noviembre de 2023, mes previo al inicio de la actual gestión de gobierno. 

“¿Están creciendo los salarios aún cuando el Gobierno definió un techo muy estricto a los aumentos negociados en paritarias y no está homologando los acuerdos que superan esa pauta?”, se preguntan los investigadores del Programa de Capacitación y Estudios sobre Trabajo y Desarrollo CETyD, que pertenece a la Escuela Interdisciplinaria de Altos Estudios Sociales (IDAES) de la Universidad Nacional de San Martín. 

¿Qué festeja el Gobierno?

Spoiler alert: un aumento de intensidad laboral. Según el CETyD, entre fines de 2023 y 2024, el nivel de empleo cayó 2,3% pero crecieron un 5,1% las horas extra trabajadas.  

“Los trabajadores no están cobrando más porque hayan aumentado sustancialmente sus salarios, dado que las paritarias están pisadas. Por el contrario, sus ingresos se incrementaron porque están trabajando horas extra”, se responden desde CETyD. En efecto, si se excluye el crecimiento de las horas adicionales, el salario por hora trabajada creció apenas 2%, muy por debajo del 7% que festeja Caputo.

Esto puede deberse a que, en el actual contexto de inestabilidad, las empresas están optando por aumentar las horas de trabajo, más fáciles de desarmar en caso de parate del consumo, antes que contratar más trabajadores a sus plantillas. 

Este fenómeno no sólo visibiliza un aumento de la intensidad, sino que genera una mayor flexibilización del mercado laboral. Es que el aumento de ingresos basado en el incremento de las horas extra es inestable y corre el riesgo de ser rápidamente revertido si la actividad se estanca o se retrae. “A diferencia de los aumentos negociados en paritarias, las horas extra son el primer componente salarial que se elimina cuando el ciclo económico pierde dinamismo”, resume CETyD.

También se da el fenómeno del pluriempleo. Es decir, los mismos trabajadores aumentan la cantidad de horas trabajadas (en otros empleos) para poder compensar el salario bajo de su principal actividad. Todo eso aporta a la masa salarial que mide el SIPA. 

“Esta diferencia que observamos para fines de 2024, seguramente se haya profundizado a principios de 2025 (período para el cual no hay información disponible aún), considerando la acentuación del desacople entre los salarios efectivamente cobrados y los negociados en paritarias que ocurrió durante esa etapa”, aseguran desde CETyD.

Todo marcha acorde con el plan

“El propio ministro de Economía está diciendo que el salario efectivamente pagado, que incluye horas extras, aumentos fuera de convenios (NdR: como pueden ser cargos jerárquicos), fue con una velocidad mayor a la de la inflación, entonces el ancla no funcionó. ¿Para qué le pusiste el techo a las paritarias? ¿Cuál es la consecuencia? Más desigualdad en el mercado de trabajo”, asegura en diálogo con este diario el abogado laboralista y miembro del CETyD Juan Manuel Ottaviano.

En el marco teórico gubernamental, eso se llama competitividad: “Es decir, todo marcha acorde al plan. Pero el resultado es que tenés intensificación de la mano de obra, pluriempleo, trabajo informal, y gente que sale a buscar horas extras”, concluye Ottaviano.

El “logro” del que se jacta el Gobierno es una foto distorsionada: salarios que suben, sí, pero no por paritarias libres ni por una mejora genuina del poder adquisitivo, sino por más horas trabajadas, más precariedad y más desgaste. La estadística esconde la sobrecarga laboral y el deterioro de las condiciones de vida. Si la recuperación salarial llega de la mano del pluriempleo y la intensificación, el país no se encamina a la prosperidad sino a un modelo que reparte mejor las penurias que los derechos.

NR/JJD

Es una de las preocupaciones actuales que más conversaciones ocupa: la radicalización de los hombres jóvenes y la manera en la que la extrema derecha está consiguiendo captarlos. Frente a la explicación que señala al antifeminismo y la influencia de redes y espacios online, un paper ahonda en otra razón: el declive económico que sufrieron especialmente los varones jóvenes en las últimas décadas.

Según el estudio De proveedor a precario: cómo el declive económico alimenta la reacción antifeminista, del European Policy Center, la extrema derecha estaría capitalizando esa “frustración” de los hombres asociada a la pérdida de independencia económica y empleo, dos grandes señas de identidad de la masculinidad tradicional. Por contra, los movimientos progresistas no estarían siendo capaces ni de evitar el declive económico de los jóvenes ni de ofrecer una masculinidad alternativa a la tradicional que resulte atractiva.

El informe describe el contexto actual: la reacción antifeminista que vive Europa, tanto a nivel político, como cultural y mediático, y el auge de partidos políticos de extrema derecha, especialmente entre los hombres jóvenes. La brecha ideológica entre mujeres y hombres jóvenes es más pronunciada que nunca, pero también es paradójica. Por un lado, el paper dice que los hombres jóvenes tienen menos comportamientos sexistas y muestran más apoyo a la igualdad que los hombres más mayores. Pero, al mismo tiempo, los jóvenes se oponen más a las políticas y discursos feministas. El resultado es que las mujeres jóvenes son más progresistas y sus homólogos varones, más conservadores, una diferencia que se evidencia en las preferencias electorales de unas y otros.

Un declive de renta, educación y salud mental

¿A qué se debe esta deriva masculina y esta brecha ideológica de género? La reacción antifeminista y la socialización de los jóvenes a través de redes sociales y espacios online en los que los discursos antifeministas y alarmistas, las fake news y la desinformación campan a sus anchas son dos de las razones más mencionadas. El informe del European Policy Center señala que son respuestas incompletas y abunda en otra: el deterioro económico de los hombres jóvenes, un factor que explicaría por qué, a pesar de ser más favorables a la igualdad que los varones mayores, votan más a la derecha que ningún otro grupo poblacional.

Ese declive, prosigue el investigador Javier Carbonell, autor del estudio, se produjo en términos de renta, riqueza, tasas de empleo, poder adquisitivo, tasas de educación universitaria y salud mental. “Estas tendencias tienen poco que ver con el avance de las mujeres y más bien están relacionadas con cambios económicos estructurales más profundos, como la automatización o el aumento de la desigualdad”, dice.

Mientras que algunos problemas económicos como el acceso a la vivienda o la caída de poder adquisitivo respecto a las generaciones anteriores afecta a mujeres y hombres jóvenes, el estudio asegura que otros fenómenos económicos los apelan más a ellos. El estudio pone algunos ejemplos, como que las tasas de empleo ya son mayores entre las mujeres, o al menos iguales entre sexos, en muchos países occidentales. O que el porcentaje de mujeres con estudios superiores -un factor relacionado con mejores ingresos y capital cultural- supera con creces al de hombres. También que el porcentaje de jóvenes que ni estudian ni trabajan ni están en búsqueda activa de empleo no paró de crecer.

“En el Reino Unido, Francia, España y Canadá, los hombres jóvenes superan ahora en número a las mujeres fuera de la población activa por primera vez en la historia. Este descenso es más pronunciado entre los hombres sin titulación universitaria, ya que dominan los trabajos manuales, sectores que se redujeron en las últimas décadas debido a la automatización y la globalización”, relata el informe. Todos estos factores hicieron que en algunos países europeos, la brecha salarial se haya corregido e incluso dado la vuelta. En esos lugares, las mujeres jóvenes ya cobran, en promedio, algo más que los hombres. En general, sin embargo, son ellos los que siguen estando por encima salarialmente y, de hecho, los datos muestran que la llegada de los hijos penaliza laboral y económicamente a las mujeres pero no a los hombres.

Reconfortar a la masculinidad de siempre

Este declive económico no tendría por qué implicar el escoramiento hacia la extrema derecha, pero el hecho es que en la última década es quien está explotando ese descontento. ¿Por qué? “En primer lugar, aunque el declive económico de los hombres jóvenes es real, su respuesta a él está determinada por normas culturales y de género. La masculinidad sigue estando fuertemente vinculada al papel de 'proveedor' o 'sostén de la familia', y la identidad masculina sigue definida por el trabajo. Así, la incapacidad económica para cubrir esas expectativas superó los cambios en la comprensión cultural de lo que significa ser un hombre”, explica.

La frustración que produce no poder cumplir con las expectativas económicas de la masculinidad “afecta a la salud mental y el estatus de los hombres”. “En este contexto, los llamamientos de restaurar el papel de proveedor culpando a otros grupos es más fácil que la ardua tarea de redefinir la propia masculinidad”, añade. Además, el declive económico de los jóvenes coincidió con el progreso en los derechos y las condiciones de las mujeres, un hecho que la extrema derecha aprovechó para generar un enemigo. Así, apelan a los hombres jóvenes por la pérdida de su estatus y reivindican la visión tradicional de la masculinidad.

El estudio propone reforzar las políticas económicas para la gente joven, mientras se promueve otra masculinidad. Hacer esto último sin mejorar las condiciones materiales, aseguran, no será suficiente por muy poderosos que sean los discursos. Una política de vivienda que incluya controles de los precios en los centros urbanos, promover el empleo estable e ingresos dignos para las personas menores de 25 años, reforzar las estructuras y permisos de cuidados o aumentar los recursos y la importancia de la educación profesional son algunas de las medidas que plantea.

En cuanto a las normas culturales y de género, el informe sugiere programas de atención a la salud mental de los hombres, la creación de centros donde ofrecer actividades y acciones que moldeen una masculinidad diferente, o complementar la crítica al modelo tradicional de hombre con alternativas concretas y reales a las que los jóvenes puedan aspirar.

Ya era mucho. El gobierno de Javier Milei, que por ahora bajó impuestos pero sobre todo a los que más tienen –a los Bienes Personales, a los autos de lujo y las retenciones al campo, la excepción es la eliminación del PAIS–, publicó este martes que reducía los subsidios eléctricos en febrero, pero la poda era mayor para los hogares pobres, los más subvencionados, con consiguientes alzas tarifarias del 12,3%, y menor para los más ricos, que casi no tienen ayudas y pasarían a pagar 2,1% más. Los clientes de clase media abonarían un 8,4% más. Estos incrementos por quita de subsidios se sumaban a una suba del 1,5% en la tarifa. Pero la decisión del Ente Nacional Regulador de la Electricidad (ENRE), que dirige Osvaldo Rolando y depende del Ministerio de Economía, cayó mal en la población. Era otra señal de que este gobierno ayuda a los más pudientes y castiga a los que menos tienen, más allá de que el índice de pobreza –que no mide el impacto tarifario– esté igual que en el gobierno anterior. Entonces la Casa Rosada dejó trascender su malestar en el portal Infobae y echó atrás la medida.

En realidad, la quita de subsidios, mayor para los más pobres que para los más ricos, se concretará pero no toda en febrero sino de forma gradual a lo largo de 2025, según explicaron altas fuentes del Ministerio de Economía, que dirige Luis Caputo, a elDiarioAR. “Fue un error y mañana lo arreglamos”, prometieron una nueva resolución del ENRE. Negaron que el cambio responda al impacto social y mediático negativo de la medida publicada este martes: “Fue un error de comunicación interna. Nada grave”.

Cuando este diario preguntó si la gradualidad buscaba evitar un efecto inflacionario, en el Palacio de Hacienda justificaron la decisión de que la merma de subvenciones y el consiguiente aumento tarifario sea paulatino y no este mes: “En 2024 se había hecho una reducción importante de subsidios. No se necesita ese mismo ritmo este año”.

Hasta ahora, el Gobierno viene pisando varios precios de la economía con tal de seguir en la senda de la desinflación. Por caso, las tarifas de luz y gas suben por debajo del 2%, el dólar oficial a partir de este mes se eleva al 1% mensual y ya no al 2%, mientras que el secretario de Trabajo, Julio Cordero, impone en las paritarias del sector privado y hará lo propio en la estatal y la docente un alza salarial del 1% mensual. La moderación de sueldos busca no sólo evitar que los patrones trasladen a precios el mayor costo sino también que no echen empleados ante el encaramiento de las remuneraciones medidas en dólares en el segundo país más caro del mundo, según el índice Big Mac de la revista The Economist. El problema radica en que cuando se pisan precios importantes de la economía como dólar, tarifa y salario con tal de bajar la inflación, se corre el riesgo de que algún día esos valores salten. Veremos si Milei y Caputo logran impedirlo.

Mientras tanto, ralentizan la quita de subsidios, sin abandonar la consiga de recortar más a los pobres que a los ricos, y sin dejar de dar prioridad a las rebajas impositivas que favorecen a estos últimos. Se trata de medidas que profundizan la desigualdad social, un problema que el Presidente no considera como tal. Se supone que a futuro el Gobierno convertirá en permanente la merma temporaria de retenciones y después disminuirá el impuesto a las transferencias financieras, pero no habla del IVA, que pagan todos los consumidores por igual. Eso sí, les pide a las provincias que reduzcan Ingresos Brutos y a los municipios que aminoren las tasas, gravámenes donde una poda podría ser más progresiva que las adoptadas por la Nación.

AR/MG

“En 2024, la riqueza conjunta de los milmillonarios se incrementó en dos billones de dólares estadounidenses y surgieron 204 nuevos superricos, lo cual supone un promedio de casi cuatro nuevos milmillonarios a la semana”, señala un nuevo informe sobre desigualdad de Oxfam Intermón.

Los cálculos de la ONG apuntan a que, el año pasado, la riqueza conjunta de los milmillonarios se incrementó tres veces más rápido que en 2023. “La fortuna de cada milmillonario creció, en promedio, a un ritmo de dos millones de dólares al día y, en el caso de los diez milmillonarios más ricos, a un ritmo de 100 millones de dólares al día”, incide el documento, titulado 'El saqueo continúa' y que ha sido publicado este lunes, coincidiendo con el Foro Económico Mundial que se celebra en Davos y con la toma de posesión del magnate Donald Trump como presidente de Estados Unidos.

“En cambio, el número de personas que viven en la pobreza apenas ha variado desde 1990, debido a las crisis económica y climática, así como a los conflictos mundiales”, continúa el informe. Según los datos que recopila Oxfam, son 3.600 millones de personas en todo el Planeta las que viven por debajo del umbral de la pobreza establecido por el Banco Mundial en 6,85 dólares al día en paridad de poder adquisitivo (PPA). Las mismas que en 1.990, según destaca la ONG.

“Esta cifra representa actualmente el 44% de la población mundial. Mientras tanto, en una perversa simetría, el 1% más rico de la población mundial posee prácticamente este mismo porcentaje de riqueza: un 45% del total”, prosigue.

Las herencias, el clientelismo y la corrupción

“El 60% de la riqueza de los milmillonarios bien es heredada, o bien está marcada por el clientelismo y corrupción, o vinculada al poder monopolístico”, explica el informe de Oxfam. De hecho, en 2023, por primera vez en la Historia, surgieron más milmillonarios gracias a herencias que como resultado del emprendimiento, según el documento.

Por otra parte, en 2023, el 1% más rico de la población del norte global obtuvo 263.000 millones de dólares estadounidenses de los países del sur global a través del sistema financiero. Esta cifra equivale a más de 30 millones de dólares cada hora.

Los hombres más ricos

En los sectores en los que los monopolios se van consolidando, los milmillonarios ven cómo su riqueza se dispara hasta alcanzar niveles sin precedentes. “El poder monopolístico, cada vez mayor, explica en gran medida el crecimiento de la concentración de riqueza extrema y la desigualdad en todo el mundo”, denuncia Oxfam.

“Las empresas monopolísticas pueden controlar los mercados, establecer las reglas y los términos de intercambio con otras empresas y trabajadores y trabajadoras e incluso fijar precios más altos sin perder cuota de negocio. Estas estrategias permiten engordar los bolsillos de sus ricos propietarios, algunos de los cuales se encuentran entre los hombres más ricos del mundo”, añade.

Oxfam estima que el 18% de la riqueza conjunta de los milmillonarios a nivel global es el resultado del poder monopolístico. Dos ejemplos son Jeff Bezos, que tiene un patrimonio neto: 219 400 millones de dólares estadounidenses, y que construyó el “imperio” Amazon, que concentra como mínimo el 70% de las compras por Internet en Alemania, Francia, el Reino Unido y España; y Aliko Dangote, que acumula un patrimonio neto de 11 000 millones de dólares estadounidenses —es la persona más rica de África—, y que ostenta un “cuasi monopolio” en el sector del cemento en Nigeria y un considerable poder de mercado en todo el continente africano.

Desigualdad

Las investigaciones del Banco Mundial revelan que tan solo el 8% de la población mundial vive en países con un nivel de desigualdad bajo. En su edición de 2024, el Índice de compromiso con la reducción de la desigualdad (Índice CRI) elaborado por Oxfam y Development Finance International revela que, desde 2022, la inmensa mayoría de los países presentan tendencias negativas en materia de desigualdad.

“Cuatro de cada cinco países han recortado el porcentaje de su presupuesto destinado a educación, salud y/o protección social; también cuatro de cada cinco países han retrocedido en materia de fiscalidad progresiva, y nueve de cada diez lo han hecho en derechos laborales y salarios mínimos”, lamenta el informe de Oxfam. “Si no se adoptan medidas políticas urgentes para revertir esta preocupante tendencia, es prácticamente seguro que la desigualdad económica seguirá aumentando en el 90% de los países”, concluye.

Las ventas de algunos productos han comenzado a mejorar en los últimos meses respecto del año pasado: las de autos nuevos y usados, las de los shoppings o las de pequeños comercios de alimentos —en 2023 se veían perjudicados porque los supermercados ofrecían Precios Cuidados y ellos no—, las de ropa, las de calzado y las de materiales de la construcción. Sin embargo, todavía caen en las cadenas supermercadistas y en los chinos. En la consultora de consumo Moiguer le ponen números: la capacidad de compra está 48% peor que hace un año en el 48% de los hogares argentinos, según una encuesta del tercer trimestre a 1.300 personas en la capital, el conurbano, el interior bonaerense, Córdoba, Mendoza y Salta. En el primer trimestre, sin embargo, era el 56%. En el 24% ya está mejor, contra sólo el 16% en enero-marzo. Sin embargo, esa mejoría no es igual en toda la población.

Los que progresan son sobre todo los de la clase alta: 11 puntos, llegando al 25%; en la media se elevan 8 puntos hasta el 23% y en la baja, siete puntos hasta el 26%. El optimismo a un año vista no para de crecer entre los más ricos: del 52% al 59% entre principios de 2024 y la actualidad; mientras que en el segmento medio apenas se incrementa del 48% al 50% y entre los pobres baja del 46% al 41%. “La clase baja la deja de ver”, advierte el director de investigación de la consultora Moiguer, Martín Eandi, usando el modismo del presidente Javier Milei.

“El humor social y el consumo muestran leves signos de recuperación, con mayor fuerza en los niveles socioeconómicos altos”, concluye la consultora que dirige Fernando Moiguer. “La desaceleración de la inflación y el congelamiento del dólar empiezan a repercutir positivamente en la percepción del presente: caen las expectativas de una crisis económica y empieza a surgir una visión más optimista sobre la situación del país”, agrega. Calcula que hasta el tercer trimestre de 2024 los salarios formales están 5% por debajo de la evolución de la canasta básica respecto de como lo dejó el gobierno anterior en noviembre pasado y los informales, 20%, pero mejorando 23% en relación al primer trimestre.

“Si bien en términos de consumo se mantienen las restricciones, se empiezan a ver signos de recuperación en el acto de compra, especialmente en clase alta”, señala Moiguer. A principios de año, sólo la mitad de la población había hecho consumos considerados “suntuarios”, como salidas, ropa o electrodomésticos, mientras que en el tercer trimestre se llegó al 59%. Si a comienzos de 2024, el 51% usaba ahorros para sobrevivir, ahora es el 48%. Los endeudados descendieron del 56% al 50%.

En 2023, sólo el 18% evitaba ajustar su presupuesto personal. En el primer trimestre de 2024, el 20%; en el segundo, el 26% y en el tercero, el 34%. Pero no en todas las clases sociales pueden darle rienda suelta al consumo de la misma manera: en la alta, el 51% dejó de podar, 17 puntos más que al inicio de año; en la media, el 36%, 14 puntos por encima; y en la baja, sólo el 22%, 7 puntos más.

Pese a la relajación del bolsillo de un tercio de los argentinos, todavía el consumo en supermercados no reacciona. Tanto es así que hasta los mayoristas organizaron en conjunto desde este lunes una “black week”, una semana de ofertas. Esta merma tiene que ver no sólo con la pérdida salarial —que está morigerándose— sino también con que la población debe destinar más recursos al pago de las tarifas de servicios públicos que al del changueo.

En diciembre pasado, se destinaba el 5,9% del salario promedio a abonar agua, luz, gas y transporte público mientras que en octubre se llegó al 12,2%, el doble, según el Observatorio de Tarifas y Subsidios de la Universidad de Buenos Aires (UBA). Igual estamos mejor que en junio, cuando se alcanzó el 14,5%. A su vez de los cuatro servicios mencionados, el transporte es el que más pesa: 42% del subtotal.

A Luis Campos, del Observatorio de la Deuda Social de la Central de Trabajadores de la Argentina (CTA), no le sorprende la evolución cada vez más desigual del consumo: “Shocks inflacionarios sin políticas compensatorias conducen a eso. Los sectores de mayores recursos tienen muchas más herramientas para cubrirse, algo que no existe en los sectores de menores recursos. Lo ves también en el fuerte salto que tuvo el indice de Gini este año. De ahí a que el impacto sobre el consumo sea diferente en los distintos estratos de ingresos hay un solo paso”.

Ese indicador de desigualdad creció de 0,417 en el segundo trimestre de 2023 (el máximo desnivel es 1 y el mínimo, 0) a 0,436 en el mismo periodo de 2024, un elevado salto del 4,5%. “Dada la desigual trayectoria de los ingresos reales, suena razonable la disparidad del consumo”, opina Mariana González, del Centro de Investigación y Formación (Cifra) de la CTA. Pero hace unas semanas Milei puso tono burlón para referirse a quienes hablan del Gini: “Ahí van a venir a hinchar las pelotas con el coeficiente de Gini y la desigualdad, pero los que capturan los grandes beneficios van a hacer que Argentina sea un país grande”.

En una de las grandes cadenas de supermercados señalan que las sucursales de los barrios de todos los segmentos sociales bajan en ventas, pero las que menos se resienten son las de zonas medio altas. “Pero incluso entre los segmentos medio altos hay migración a marcas más económicas, sin que se afecte el volumen. En eso ahorran. En los estratos medios y bajos, además de bajar a terceras o cuartas marcas, dejan de comprar cosas”, cuentan en la empresa.

Hay clientes que prefieren ir a almacenes para no tentarse con otros productos en los súper y comprar lo justo y necesario. Al contrario del año pasado, otros prefieren no consumir hoy porque piensan que mañana puede estar más barato.

Pese a la aún exigua recuperación en el consumo, la desigualdad sigue marcando el pulso de la economía argentina en la era Milei. Mientras algunos segmentos logran aliviar su poder adquisitivo, otros continúan atrapados en una espiral de ajuste. La desconexión entre clases sociales es cada vez más evidente, y las políticas económicas del gobierno de La Libertad Avanza no logran mitigar las diferencias. En un país con inflación persistente y tarifas al alza, el consumo esá dividido entre el optimismo de pocos y la restricción de muchos.

AR/JJD

¿Puede ser un “benefactor social” alguien que se enriquece vertiginosamente mientras el resto de la sociedad se empobrece? ¿Cuánto de mercado y cuánto de libre tiene la plataforma de e-commerce que anunció esta semana una modesta inversión de U$S75 millones en el país donde nació, mientras apuesta U$S4.000 millones a Brasil y otros U$S2.400 millones a México? ¿Cobra caro o barato Marcos Galperin por los servicios de su góndola virtual, su banco virtual, su financiera virtual y su servicio de envíos? ¿Florecerán en la Argentina de Javier Milei otros unicornios como MercadoLibre o lo impedirá la propia compañía con sus maniobras monopólicas? ¿Siguen siendo capitalistas los dueños del capital en la nube o se comportan más bien como señores tecnofeudales rentistas, como sugiere en su último libro el griego Yanis Varoufakis?

Son algunas preguntas que dejó una semana de fricción entre el Gobierno y el establishment, que arrancó con las chicanas del Presidente a la Unión Industrial y cerró con su arenga a los brokers en Mendoza, cruzada por el tenebroso episodio de la carta bomba a la Sociedad Rural y el posterior manoseo oficial del atentado, que sembró más dudas sobre su origen. Cuestiones mucho más actuales que el vetusto clivaje que procuró reeditar Milei ante los industriales, a los que acusó de “robarle al campo”. 

El debate sobre MercadoLibre atraviesa a la política, la economía y la sociedad a la vez. Igual que la guerra abierta entre Brasil y Elon Musk, el dueño de Twitter y StarLink que volvió a cruzarse piropos con Milei mientras reculaba ante Lula y el juez supremo Alexandre de Moraes. Es una discusión mucho más amplia que la desatada sobre los subsidios estatales que embolsó gracias al Régimen de Economía del Conocimiento, que la propia firma estimó ante la Securities and Exchange Comission (SEC) en U$S79 millones en 2022 y U$S103 millones en 2023. Y mucho más profunda que la polémica por los malos modales de su CEO en las redes sociales o la militancia ultraderechista que también comparte con Musk.

Es cierto que el Estado ―el enemigo que comparten Milei y Galperin― viene favoreciendo al magnate cada año con exenciones de impuestos y cargas sociales que superan el anuncio de inversión que acaba de hacer. También que cuando Alberto Abad intentó revertir esos privilegios en 2017 ―porque la empresa no desarrollaba software para terceros sino para sí misma, y eso la dejaba afuera del Régimen― terminó eyectado de la AFIP por Mauricio Macri. 

Otra cuenta incómoda es la que sacan los radicales: las subvenciones de 2023 a MercadoLibre superan el presupuesto asignado el año pasado a gastos de funcionamiento de todas las universidades públicas nacionales, donde encima se formó el 59% de los 12.948 empleados que tiene en Argentina. Y un detalle más, que pasó inadvertido: el nuevo centro de distribución que proyecta el zar del e-commerce es otra cortesía del Estado. Por la concesión de las tierras, en 2020, su socio Eduardo Bastitta (dueño de Plaza Logística y miembro del Comité de Asesores de Milei) le pagaba al Mercado Central apenas $2,70 por metro cuadrado por mes.

Pero que empresarios argentinos se aprovechen del Estado, como denunció el propio Milei en la UIA, tiene poco de novedoso. Sí lo es que uno de ellos pueda aprovecharse de todos los demás. Es lo que plantea como hipótesis Varoufakis en Tecnofeudalismo, el libro que acaba de publicar acá Planeta. “El poder real ya no lo ostentan los propietarios del capital tradicional, es decir, la maquinaria, los edificios, las redes ferroviarias y telefónicas, los robots industriales. Éstos siguen extrayendo ganancias de los trabajadores, de la mano de obra asalariada, pero ya no mandan como antes. Se convirtieron en vasallos de una nueva clase de señor feudal, los propietarios del capital en la nube”. 

Toma todo

¿Qué es el capital en la nube? “Software inteligente, granjas de servidores, torres de telefonía móvil, miles de kilómetros de fibra óptica. Y sin embargo, todo eso carecería de valor sin ‘contenidos’ (…): lo más valioso son las historias publicadas en Facebook, los videos subidos a TikTok y YouTube, las fotos en Instagram, los chistes e insultos en X, las reseñas en Amazon (o MercadoLibre) o incluso nuestros desplazamientos, que permiten a los teléfonos avisar a Google Maps del último atasco de tráfico”. Sigue Varoufakis: “Al proporcionar estas historias, videos, fotos, chistes y movimientos, somos nosotros quienes producimos y reproducimos ―al margen de cualquier mercado― el stock de capital en la nube”. 

Ese trabajo gratuito con el que millones de personas contribuimos diariamente al enriquecimiento de un puñado de tecnomagnates también se concentra cada vez más entre ellos. El propio Galperin ―agregan investigadores a la vanguardia mundial de estos estudios, como Cecilia Rikap― es vasallo de otro señor más poderoso: Jeff Bezos, en cuya plataforma (Amazon Web Services) eligió basar su tecnofeudo latinoamericano. De ahí la relación simbiótica entre las dos plataformas, que en algunos países compiten y en otros no. Una relación que se parece poco a la competencia entre capitalistas innovadores o “benefactores sociales”, como los definió Adam Smith en el siglo XVIII. 

Pero lo más relevante es cómo, gracias a su posición dominante local, MercadoLibre impone sus condiciones aguas abajo. A los usuarios de billeteras electrónicas bancarias, hasta hace poco, no les permitía usar su QR para pagar con sus tarjetas. A quienes venden ropa les cobra una comisión de entre el 14 y el 16%, que todos trasladan al consumidor pero ninguno explicita para no enfrentársele. Sobre los productos que no superan los $10.000, agrega una comisión fija que suele desalentar al cliente. 

También subió exponencialmente el precio al que cobra los envíos sin que eso haya implicado una mejora en lo que paga a quienes los hacen. A eso se suman prácticas abiertamente ilegales como las ‘ventas atadas’ (el que vende por MercadoLibre tiene que cobrar por MercadoPago y fletar la mercadería por MercadoEnvío), el self preferencing (la oferta de sustitutos ‘marca propia’ del producto buscado) y los actos exclusorios, todos prohibidos por la Ley de Defensa de la Competencia. 

La forma en que los magnates del siglo XXI expropian el capital de los demás, como se ve, es mucho más compleja que la contabilidad creativa a la que apelan para no pagar impuestos. El propio Galperin, por ejemplo, incrementó su fortuna de U$S 1.600 millones en 2018 a U$S8.100 millones hoy, según Forbes. ¿Qué hubo en el medio? La pandemia, que multiplicó el valor de todas las big tech y sobre todo de las plataformas de envíos, que se volvieron esenciales mientras la economía global colapsaba. ¿Cuánto ahorró el fundador de MercadoLibre por haberse radicado en Uruguay? Al menos la diferencia entre el 0,5% anual que se cobra allá de Impuesto al Patrimonio y el 1,5% de Bienes Personales acá. Si bien buena parte de su riqueza está exenta porque son bonos y acciones, si pagara por el total serían más de U$S80 millones anuales. Un monto parecido al que el fisco argentino le cede por los subsidios a la Economía del Conocimiento. 

Su billetera electrónica le abrió un mundo nuevo. Según los propios balances que presentó a la SEC, pasó de aportar un tercio de las ganancias de la compañía en 2020 a casi la mitad en 2023. Como Uber o Rappi, arrancó violando abiertamente las regulaciones estatales. Después las fue moldeando a puro lobby y con la misma prepotencia con la que escribe en Twitter. Tal como se reveló en esta columna la semana pasada, una demanda colectiva auspiciada por la Asociación de Usuarios y Consumidores (ADDUC) procura que MercadoPago les devuelva millones de pesos cobrados en exceso a sus usuarios. Apunta específicamente al 8,99% más IVA que cobra por transferir dinero a un tercero desde una tarjeta de crédito. 

Pedo de buzo

La economía real, mientras tanto, desafía el triunfalismo que pretenden contagiar Caputo y Milei a caballo de la baja del dólar paralelo y la compresión de la brecha con el oficial. Las señales de reactivación que mostró julio (producción de autos, de acero, índice Construya e Índice de Confianza del Consumidor) se revirtieron en agosto. La recaudación del mes que acaba de terminar cayó un 13,7% interanual descontada la inflación, lo cual dibuja un gigantesco signo de interrogación respecto del fin del impuesto PAIS en diciembre. No hay rebote en “V” ni “pedo de buzo”. 

La inflación misma parece volver a empinarse, pese a que el desplome de la actividad y especialmente del consumo la mantienen a raya. La consultora Equilibra midió 1,2% en la primera semana de septiembre, la mayor en cuatro semanas. Otra que releva precios semanalmente, LCG, contabilizó 0,6% de suba de alimentos y bebidas pero aclaró que sin carne ni leche (que bajaron), el número habría sido 1,6%. El gigante Arcor aprovechó para remarcar 9% en galletitas, 15% en mermeladas y 3% en chocolates y golosinas. Todos aumentos por encima del 2% que, en el caso de los salarios, la Secretaría de Trabajo ya avisó que dejará de homologar desde octubre, incluso aunque lo pacten libremente cámaras y sindicatos.   

El capital en la nube y las plataformas que reemplazan a los mercados, concluye Varoufakis sobre el final de su Tecnofeudalismo, son una amenaza para el propio capitalismo y abren interrogantes existenciales para nuestras sociedades. Pero también encierran una potencia emancipatoria. Para entenderla alcanza con pensar cómo ayudaría su tecnología en manos de la comunidad, de ONGs o incluso de un Estado más eficiente. Qué pasaría con el poder oligopólico de Arcor para fijar precios, por ejemplo, si se combinara la producción pública de alimentos sin marca (que este año impulsó en Rosario la bancada de Ciudad Futura) y su preventa masiva a través de una plataforma sin fines de lucro que también sirva para comprar en cualquier negocio. O cuánto menos costaría moverse si, en vez de legalizar Uber, el Estado abriera un sitio sin costo para que conductores registrados pujen en una subasta por llevar pasajeros que lo pidan. Éxitos recientes como la app de taxis de Aeroparque y la Cuenta DNI bonaerense están ahí, como contraargumento para el pesimismo. 

AB/DTC

En la superficie, la conversación virtual sobre el juicio por la violación masiva y sistemática a Gisèle Pélicot en Francia se polarizó como suele suceder en esta época vocerías y emociones intensas. Pareciera que aún ante la noticia de una mujer violada durante 10 años por su marido, Dominique Pélicot, que la drogaba y la entregaba a otros varones sedada no podemos ponernos de acuerdo. 

Por un lado, estuvieron quienes tuvieron el reflejo humano universal ante el horror: la conmoción y el shock. Por otro lado, se hizo viral en X el hashtag #NOTALLMEN (“No todos los hombres”) como una especie de reacción, de escudo, de reflejo de aquellos varones que ven a la masculinidad como una institución bajo ataque, un bastión para defender. Quienes dicen “No todos los hombres” se indignaron por la generalización y algunos justificaron que era un grupo específico, que en Francia las prácticas sexuales son más liberales. ¿Qué se estará diciendo en lo profundo del territorio digital, ahí en las catacumbas donde navegan abusadores, pedófilos y violadores?

Por supuesto que esta historia de un horror excepcional no es para generalizar. Claro que “No todos los hombres”, pero 51 violadores en un mismo juicio son demasiados hombres acá y en cualquier otra parte del mundo. Y ese es el número de los que pudieron ser identificados por la investigación judicial, pero hay otros 32 más. 

Demasiados violadores en un pueblo. Por este juicio se supo que casi un centenar de violadores habitan Mazan y sus alrededores, al sur de Francia. Son hombres solteros, casados y divorciados de las más variadas profesiones y actividades: bombero, artesano, enfermero, guardiacárcel, periodista, electricista. La mayoría fue solo una vez a la casa de la pareja. Diez de ellos la violaron en varias ocasiones, hasta seis noches en algunos casos. 

Algunos de ellos dicen que creían participar en las fantasías de una pareja abierta a la experimentación sexual pero las reglas eran llamativas aún para quienes podía tratarse de un “juego”: no podían oler a perfume ni a tabaco, tenían que calentarse las manos con agua caliente y desvestirse en la cocina, para evitar olvidar pertenencias en la habitación. No podían dejar rastros de lo que había pasado. ¿No les llamaba la atención esas pautas? Tampoco les parecía extraño que la mujer inconsciente estuviera en un estado parecido al coma. 

Durante una década una mujer fue sistemáticamente violada y nadie la ayudó. No hubo ni una hendija para romper esa estafa matrimonial en la que estaba inmersa. Gisèle Pélicot no sabía lo que estaba pasando pero sentía que algo no estaba bien: tenía pérdida de la memoria y una fatiga extrema. Había perdido pelo y peso. Pidió ayuda médica pero no detectaron ninguna enfermedad. Su marido, un jubilado de 73 años padre de sus dos hijos y su hija, la drogaba por las noches. Le daba pastillas para dormir y tranquilizantes molidos. Contactaba a otros varones en un foro de una aplicación para citas en donde los invitaba a su casa a violarla. La evidencia es inapelable porque el hombre registraba todo: hay vídeos de 92 abusos en donde aparecen 83 violadores, todos ellos entre 26 y 74 años de las más variadas profesiones y oficios. Según contó el principal acusado, de cada 10 hombres que contactaba, sólo tres se negaron a ir a su casa. Ninguno de los que se negó tampoco intervino para ayudar a que ella tomara conciencia del abuso. 

Recién en 2020 por un camino inesperado y casi fortuito Gisèle supo que la pérdida de memoria y el cansancio tenían una explicación. Un guardia de seguridad de un supermercado lo descubrió grabando bajo las faldas de tres clientas. Ellas lo denunciaron y allí una investigación policial dio con su computadora donde estaba el registro de las violaciones, entre otros abusos. Tras su detención, al acusado se le sumaron otros dos crímenes en su contra: una violación seguida de asesinato en París en 1991, que él niega, y un intento de violación en 1999, que tuvo que admitir después de identificarse su ADN.

El feminismo como forma de pararse frente mundo no promueve la denuncia policial y judicial aunque en los últimos tiempos ha quedado atrapado en esa única gestualidad. Sin embargo hay que resaltar que en este caso la denuncia ante la justicia fue lo único que permitió romper la impunidad con la que se manejaba el jubilado. Denunciar todavía puede ser útil. 

El juicio iba a ser a puertas cerradas pero Gisèle y su querella pidieron que sea público. La cobertura mediática la muestra a ella en la primera audiencia del debate oral, que comenzó el 2 de septiembre pero se extenderá hasta diciembre, con un vestido verde y anteojos negros de sol. En la misma sala judicial están Dominique y los 51 varones identificados que se los ve intentando taparse las caras frente a las cámaras. 

“La vergüenza debe cambiar de bando” es una frase que mencionó el abogado de la mujer y que se multiplicó en redes preguntando por las caras de los acusados. No creo que sea cuestiones de “bandos” que nos empujen a un segregacionismo aún mayor pero hay quienes evidentemente tienen más poder y posibilidades para cometer estos crímenes atroces que dejan con la hoja en blanco a cualquier guionista de terror. Una vida libre de violencias machistas y agresiones sexuales suena a utopía en el mundo que habitamos. Pero, por lo menos, deberíamos estar de acuerdo en algunas cuestiones básicas, hacerlas de sentido común: no son todos los hombres pero son demasiados. 

MFA/DTC

Los mercados han hecho oídos sordos a la sanción de la ley de Bases, que incluye el Régimen de Incentivo de Grandes Inversiones (RIGI) y una flexibilización laboral, y del paquete fiscal, que abarca aumentos del monotributo a las categorías más bajas, reinstauración del impuesto a las Ganancias a los empleados que más ganan y un alivio a las clases medias altas y altas que pagan Bienes Personales. Los inversores financieros esperaban anuncios sobre la salida del cepo cambiario ese mismo viernes, pero no los escucharon. Mientras tantos, consultores que asesoran a empresarios advierten que la inversión real, a la que aspira Milei para recuperar una economía con salarios deprimidos, sólo llegará cuando se consolide la baja de la inflación, sin retrasar las subas del dólar oficial y de las tarifas. En un contexto de recesión, la reforma laboral puede ayudar a despedir en lugar de contratar. Mientras, el paquete fiscal, salvo por la reposición de Ganancias, contribuye a construir una sociedad más desigual.

El economista jefe de uno de los principales bancos de Wall Street para los negocios globales, uno de los varios que estuvo visitando la Argentina de Javier Milei por el entusiasmo de principios de año, ahora advierte: “La ley Bases no tendrá impacto en términos de crecimiento hasta que no se controle la inflación”.

El analista, que asesora inversores internacionales, señala que el ministro de Economía, Luis Caputo, y el presidente del Banco Central, Santiago Bausili, insisten en que el dólar oficial suba mucho menos que la inflación mensual y eso conlleva el riesgo de que tarde o temprano termine devaluándose el peso e impulsando un rebrote inflacionario. Lo mismo sucede con la postergación del alza de tarifas: suma presión a la inflación futura. De todos modos, el economista de Wall Street reconoce que el paquete fiscal torna más sustentable el déficit fiscal cero, dado que proporciona ingresos adicionales al Estado.

El ex viceministro de Economía Orlando Ferreres admite que en el corto plazo el RIGI no impactará en una recuperación económica, pero espera que en el mediano plazo dé frutos.

Por el contrario, otro consultor especializado en energía cobija menos expectativas inclusive a pesar de que que este nuevo régimen, justamente, apunta a atraer inversiones de ese sector, de la minería, de la infraestructura, de lo forestal, de la tecnología, del turismo y de la siderurgia. “Para que YPF y Petronas (la petrolera malaya) hagan su planta de GNL (gas natural licuado, el que se exporta en barco) necesitabas incentivos, pero con el proyecto de ley de GNL que había aprobado la Cámara de Diputados el año pasado bastaba”, sostuvo, refiriéndose a una iniciativa menos generosa que el RIGI para los inversores en términos tributarios, cambiarios y aduaneros.

“Hay que ver si la reglamentación incluye o no el desarrollo de áreas y pozos. Si no, no tendrá un impacto grande salvo algún proyecto de GNL y la ampliación de la producción de Profertil”, afirmó en alusión a la idea de duplicar la elaboración de fertilizantes, aunque para ello la reglamentación debería meter por la ventana a las industrias, al menos a las que procesan gas, como en este caso. “Van a salir anuncios de proyecto de inversión, como el de TGS (Transportadora Gas del Sur), pero ahí falta saber quién va a financiar el transporte de largo plazo en medio de este lio, si paga la demanda final o quién. No hay precios claros en el sector. Hay retraso en el pago de subsidios a las centrales eléctricas. Encima nadie ve que el RIGI sea muy estable en el largo plazo. En 2013, el decreto que favoreció a Chevron en Vaca Muerta decía que un 25% debía ir a la exportación, pero eso no se cumplió en los primeros ocho años”, señaló este consultor especializado en energía.

A eso se suman los desafíos de corto plazo: “Hay tanto quilombo macro... Con esta apreciación cambiaria no es sostenible”, evaluó. En la ley de Bases se incluyó la normativa de hidrocarburos, que proclama la libre exportación, pero incluye al final un artículo que permite interrumpirla por cuestiones técnicas. Ya no se habla de asegurar primero el abastecimiento interno, pero se deja la puerta abierta para que así se haga.

Tanto un diputado de la Libertad Avanza como uno de los asesores económicos de Milei admiten que si la economía creciera, la reforma laboral ayudaría a crear empleo al abaratar el despido, extender el periodo de prueba y permitir que un emprendedor pueda tener hasta tres colaboradores sin considerarlos empleados, pero advierten que en una crisis como actual puede ahondar la actual ola de despidos. “La ley de Bases incluye reformas económicas importantes, pero no van a funcionar hasta que se saque ese elefante que es el cepo”, advierte el asesor. “Si Toto (Caputo) consigue guita para salir del cepo, podés salir sin devaluar. Si no, salís del cepo pero perdés por la inflación”, reconoce.

Las iniciativas que avanzarán sin perjuicio del RIGI

Hay proyectos de energía y minería que se iban a concretar igual, con o sin RIGI. Quizás este régimen redactado por un abogado de mineras, Sergio Arbeleche, sólo vino a darles beneficios adicionales a estas empresas. De hecho, en los próximos meses se pondrán en marcha cuatro proyectos de litio que duplicarán la producción nacional sin la necesidad del RIGI. Al igual que el cobre, el oro blanco ya tenía demandada asegurada por la revolución del auto eléctrico. Tal vez sí el GNL, el hidrógeno verde o la olvidada reconversión de la industria argentina hacia la electromovilidad requerían incentivos específicos, aunque no tan generosos.

Pero Juan Miguel Massot, profesor de la Universidad del Salvador, considera que el RIGI es necesario porque “las inversiones en cobre, oro, litio e hidrocarburos son muy grandes, algunas con bastante riesgo, y hay que sacarlos ahora, no en diez años”. Sucede que en un tiempo el mundo, ante la crisis climática, dejará de demandas petróleo y gas y, a su vez, las baterías de litio se reciclarán, con lo que dejará de extraerse mineral. “Creo que el RIGI va a activar carpetas de inversión que estaban detenidas. Pero falta la industria, hay que ver si en la reglamentación se incluye en tecnología, como industria 5.0, por la robotización. Y falta el campo, donde hay muchos sectores que la están pasando mal”.

Ricardo Delgado, de la consultora Analytica, también considera que la reglamentación del RIGI será clave. “La gran apuesta del Gobierno es el RIGI, para captar inversión extranjera en sectores que generen rápido divisas. Pero va a llevar tiempo. Si un día hay lluvia de inversiones porque ahora hay incentivos que ponen a la Argentina en los radares del mundo, no será este año”, pronosticó.

Pero un consultor de empresas no ve entre sus clientes “muchas esperanzas”. “Con el RIGI puede haber algo sectorizado, el Gobierno va a mostrar que moviliza, pero hay mucha incertidumbre en el corto plazo. No hay demanda y nadie prevé que la recesión se termine pronto, será más larga que la esperada. Lo que echa personal es la recesión, no la reforma laboral. Y la calidad de la gestión es patética, no se le ve a Milei uñas de guitarrero”.

Massot reconoce que la flexibilización laboral por sí sola no alcanza para crear empleo sino que se necesita crecimiento económico y que este a su vez cree puestos de trabajo, pues no cualquier expansión los fomenta. “Cierta modernización y blanqueo laborales eran necesarios, aunque los empresarios dudan mucho de estos blanqueos y por ahora no han servido. De hecho, fueron aceptados por los sindicatos porque no se fue por una cirugía mayor. Facilita más la estabilidad financiera de las empresas que lo que hace a la cantidad de empleo. La reforma en sí no crea ni destruye empleo”, evalúa Massot. En cambio, el nuevo régimen de empleo público sí pone en riesgo a aquellos que están efectivos en el Estado: “Primero se los recapacita y si no se los reubica, pueden echarlos, pero es un proceso”, observa el investigador del Salvador.

“Las empresas no están esperando esta reforma laboral para despedir”, evalúa Delgado. Tampoco para contratar. “La creación de empleo depende de condiciones actuales y futuras de la demanda interna y externa. No preveo ningún tipo de boom de creación, pero para pymes serán menos costoso en cuanto a contingencia futura”, sostuvo.

En cuanto a las privatizaciones, sólo quedaron aprobadas seis, aunque algunas de ellas son servicios básicos como el agua y el transporte público: Agua y Saneamientos (AySA), Trenes Argentinos, Corredores Viales y sus rutas con peaje, el ferrocarril Belgrano Cargas, Energía Argentina (Enarsa, la que hizo el gasoducto Néstor Kirchner) y la empresa de asistencia área en tierra Intercargo. Inversores ferroviarios advierten que tal como quiere privatizar el Gobierno, sin subsidiar a los concesionarios, ellos no estarán interesados en participar. Tanto las inversiones en trenes como en las instalaciones de agua potable y cloacas en barrios populares, ¿quién las pagará? No pareciera que vaya a alcanzar con la tarifa de los usuarios. Hasta ahora algunas líneas de trenes metropolitanos se mantienen en manos privadas, en concreto en las de Roggio y Emepa (la firma de Gabriel Romero).

En lo referido al paquete fiscal, el CEO de uno de los principales bancos de la Argentina pronostica que el blanqueo de capitales podrá captar US$20.000 millones, un sexto que el del gobierno de Mauricio Macri. Delgado define esta nueva amnistía fiscal como “muy generosa” en cuanto al perdón del pago de gravámenes, señala que su éxito “dependerá de la percepción de quienes tengan activos no declarados sobre la evolución de los próximos años”. Sobre todo porque para eximirse del pago de todo impuesto hay que depositar los dólares en el sistema por dos años.  

Además del blanqueo, que beneficia a los evasores, también se incluyeron cambios en el monotributo (se ampliaron los máximos de facturación de las categorías más altas, de modo de evitar que los contribuyentes salten al régimen de autónomos o evadan para esquivarlo), Bienes Personales y Ganancias. Massot considera que “era una necesidad ampliar el techo del monotributo y reimponer Ganancias, aunque quizás el piso sea muy bajo”, se refiere al mínimo de $1,8 millones para los solteros y $2,2 millones para los casados con dos hijos. “Bienes Personales es necesario que exista, gravar los patrimonios es lo más progresivo, pero después podemos discutir la alícuota”, opina Massot. Justamente la alícuota fue lo que se rebajó fuerte, del 2,25% actual para bienes al exterior hasta el 0,25% en 2027.

Delgado observa que el paquete fiscal, sobre todo Ganancias, le asegura a los inversores los fondos para que el Estado pague sus deudas. “Pero si después bajan el impuesto PAÍS, lo de Ganancias va a tener impacto neutro”, analiza. Descarta que sea el único factor que fomente la desigualdad, aunque reconoce que la baja de Bienes Personaes es “regresiva”.

Carolina Berardi, del Centro de Economía Política Argentina (CEPA), sí advierte sobre lo desigual de la reforma tributaria. “En 2024, las estimaciones de la Oficina de Presupuesto del Congreso (OPC) señalan que por Bienes Personales se pierde (de recaudación) entre 0,29 y 0,44% del PBI, mientras que por Ganancias se recaudará anualizado 0,43% más”, señaló Berardi, comparando el impacto entre los ricos y los trabajadores que más ganan, incluidos aceiteros, camioneros o petroleros. En tanto, la suba del monotributo para los que menos cobran representa entre 0,0342% y 0,0662%.del PBI, según la OPC.

La Fundación SES advirtió que “el RIGI en combinación con el paquete fiscal vuelven al sistema tributario aún mucho más regresivo de lo que ya es”. El Espacio de Trabajo Fiscal para la Equidad (ETFE), que reúne diversas instituciones como CELS, ACIJ, FARN, Ecofeminita e IADE, advirtió que el blanqueo y las reformas de Bienes Personales y el monotributo “tienden a profundizar la ya preocupante inequidad del sistema impositivo argentino, y no garantizan un resultado fiscal favorable, de tal modo que agravarán un problema sin resolver el otro”.

AR/JJD

La desigualdad de ingresos creció a su valor más alto desde el segundo trimestre de 2016, informó en las últimas horas el INDEC.

El Coeficiente de Gini, que mide el nivel de disparidad entre los mejores y peores ingresos, trepó al 0,467, su valor más alto desde al menos el segundo trimestre de 2016.

“La brecha calculada entre la mediana del decil 10 y el decil 1 de ingreso per cápita familiar de la población fue de 15. La brecha de la mediana aumentó un punto, tanto en la comparación interanual, con respecto al primer trimestre de 2023, como en relación al último trimestre con aguinaldo”, detalló el informe de Evolución de la distribución del Ingreso que emite el INEC trimestralmente. 

El documento indica que respecto a los 31 aglomerados que formaron parte del relevamiento, la suma total de ingresos para el total de la población fue de $6.915.757 millones, lo que significó un incremento de 198,4% en relación con igual trimestre de 2023, lo que muestra un fuerte golpe en el poder adquisitivo, si comparamos contra una inflación interanual que al marzo de 2024, final del trimestre relevado era de 287,9%.

El ingreso promedio per cápita del total de la población, alcanzó los $233.695, mientras que la mediana del ingreso per cápita fue de $155.000. 

Mientras que, del total de la población, el 62,2% percibió algún tipo de ingreso, lo que allí el promedio se eleva a $369.085, donde persiste la brecha de género con ingresos para los varones por $429.741 promedio vs $310.064 de las mujeres. Una diferencia del 38,6%.

Respecto de la fuente de ingresos por hogar, el 76,8% corresponde a ingresos laborales mientras que el restante 23,2% son ingresos no laborales, entre los que ingresan Jubilaciones y pensiones, alquileres, cuotas de alimentos o ayudas en dinero de otros hogares, subsidios o ayuda social del gobierno, etc. 

Respecto a la población ocupada, se registró un ingreso promedio de $350.593. Mientras el ingreso promedio de los primeros cuatro deciles de la población (los más pobres), fue de $118.759, el ingreso promedio del estrato medio (deciles del 5 a 8) fue de $329.826, y el ingreso de los deciles 9 y 10 fue de $855.881.

El peso de los ingresos no laborales en los hogares más pobres representó el 62,6% del total, lo cual implicó una significativa suba respecto del 57,6% del primer trimestre de 2023.

Con información de agencias.

IG