El Presidente Javier Milei encabezó en la ciudad de Río Cuarto, provincia de Córdoba, el acto de presentación de los primeros seis aviones de combate F-16 incorporados a la Fuerza Aérea Argentina, una inversión que el Gobierno considera estratégica para reforzar la capacidad defensiva del país.

Durante su discurso, el mandatario afirmó que la llegada de la flota marcó “un día histórico para todos los argentinos” y señaló que la nueva etapa en materia de defensa busca revertir décadas de “destrato” hacia las Fuerzas Armadas.

El Presidente destacó la demostración aérea realizada por los pilotos desde Río Cuarto hasta la Casa Rosada y su retorno a la base, un operativo que permitió que “cientos de miles de argentinos levantaran la mirada y vieran por primera vez sus ángeles protectores surcando el cielo”.

Aseguró que los aviones de combate F-16 se convierten, desde ahora, en “los nuevos custodios del espacio aéreo argentino” y remarcó que su incorporación incrementa el nivel de seguridad para toda la población.

En su mensaje, Javier Milei sostuvo que los gobiernos anteriores “dejaron al país indefenso” y vinculó esa situación con decisiones motivadas por intereses partidarios. Afirmó que su administración se propone “poner la defensa de la Patria en el lugar que se merece”, con una estrategia sostenida en la reconstrucción de las capacidades militares nacionales.

En ese marco, agradeció especialmente al exministro Luis Petri, responsable de materializar la compra de los aviones de combate F-16, quien dejó el cargo para asumir una banca en la Cámara de Diputados. El Presidente confirmó que el Ministerio de Defensa quedará a cargo del Teniente General Carlos Alberto Presti, a quien describió como un militar de trayectoria y valores institucionales sólidos.

El jefe de Estado cuestionó las críticas surgidas en sectores de la oposición por la designación del nuevo ministro. Consideró que parte del debate público responde a una “posición infantil” y acusó al kirchnerismo de promover durante veinte años un proceso de “demonización” de las Fuerzas Armadas.

Según Javier Milei, la interpretación histórica utilizada por ese espacio político buscó “obtener rédito partidario” y erosionó el vínculo entre las instituciones militares y la sociedad. En contraste, defendió que la elección de Carlos Alberto Presti se fundamenta en “idoneidad técnica y moral” para conducir el área de defensa.

Javier Milei también propuso retomar una discusión sobre el concepto de soberanía y afirmó que ningún país puede aspirar a un desarrollo sostenido sin una economía sólida y sin capacidades militares capaces de disuadir amenazas en un contexto global “incierto”.

En su análisis, insistió en que durante dos décadas, quienes gobernaron “hicieron lo opuesto”, al entregar “un país pobre e indefenso”. El mandatario sostuvo que la visión de soberanía de sus críticos se reduce a “una gran villa miseria decorada con banderines”, mientras que su administración busca reconstruir riqueza y las herramientas necesarias para protegerla. Subrayó que la Argentina ya vivió un período de expansión hace más de un siglo y afirmó que existe un “mandato histórico” para recuperar aquella senda de crecimiento nacional.

En el tramo final del discurso, Javier Milei definió a los aviones de combate F-16 como “un símbolo de la Argentina que estamos construyendo”, un país —dijo— que pretende recuperar protagonismo internacional. Agradeció a los equipos del Poder Ejecutivo y de la Fuerza Aérea que intervinieron en las gestiones y en la puesta en marcha del programa. “Hoy más que nunca podemos decir que las fuerzas del cielo nos están acompañando”, expresó.

La ceremonia en la base aérea de Río Cuarto reunió a funcionarios del área de defensa, autoridades militares y equipos técnicos vinculados al proceso de incorporación de la nueva flota, que representa uno de los movimientos más relevantes en materia operativa de los últimos años para la aviación militar.

El Gobierno proyecta avanzar durante 2025 en nuevas etapas del programa, mientras continúa el entrenamiento de pilotos y personal especializado. 

Con información de Noticias Argentinas

JIB

Un militar al frente del ministerio por primera vez desde el retorno de la democracia. Un show mediático por la compra de aviones y blindados usados. Salarios caídos en el personal castrense y graves problemas de funcionamiento de la obra social. Intentos para que las fuerzas armadas realicen tareas de seguridad interior, prohibidas luego de la última dictadura. Carlos Presti asume finalmente como ministro de Defensa y el balance de la gestión de Luis Petri –que ahora pasa a ser diputado– revela características de la política de defensa de Javier Milei: un sometimiento a la voluntad de Estados Unidos, una motosierra que genera daños colaterales y una inédita oportunidad para la llamada “familia militar”, que tiene un temerario aval oficial para volver a inmiscuirse en la discusión pública.

El hasta ahora jefe del Ejército llega al edificio Libertador aún envuelto en la polémica por su designación. Es el hijo de Roque Carlos Presti, acusado de delitos de lesa humanidad por estar al frente del Regimiento de Infantería 7 en La Plata, desde donde controló los Centros clandestinos de detención La Cacha, Pozo de Arana y Comisaría 5ta, entre otros. 

El flamante ministro designado nunca habló sobre el rol de su padre en la dictadura, pero ya dio una pista que encendió alarmas: ascendería como jefe de Gabinete de la cartera a Guillermo Madero, actual subsecretario y quien se negó a enviarle información a la Comisión Nacional por el Derecho a la Identidad (Conadi) y llegó a visitar a los represores que están presos en la Unidad 34 de Campo de Mayo. 

Su nombramiento causó cierta sorpresa interna porque no habría estado en los planes originales de Petri. “Es muy complicado que sea un militar. Él no quería que pase, buscaba a un político, un civil”, aseguró una fuente en Defensa. Y rápidamente despertó cuestionamientos de los organismos de derechos humanos: “Su designación es una provocación y confirma un plan para destruir los consensos democráticos”, denunció Abuelas de Plaza de Mayo.

En el CELS entendieron que la asunción de Presti –quien no pasará a retiro, sino que se tomará una licencia– significa la “militarización de la política y politización de las fuerzas armadas”. “Él es el jefe de la corporación militar y ahora pasa a integrar la mesa del gabinete. Eso implica una mayor profundización en la militarización del gobierno y activa el riesgo de politización en las fuerzas porque se suspende el principio de subordinación de los militares al control político”, explicó a elDiarioAR Marcela Perelman, directora del Área de Investigación del CELS.

Presti es el jefe de la corporación militar y ahora pasa a integrar la mesa del gabinete. Eso implica una mayor profundización en la militarización del gobierno

Marcela Perelman — Directora de Investigaciones del CELS

Perelman puso la lupa en que el Gobierno expresó que la designación de Presti busca “inaugurar una tradición que dé por finalizada la demonización de los oficiales, suboficiales y soldados”. “Las FF.AA. no fueron demonizadas, sino que hace casi 50 años orquestaron un plan criminal contra la sociedad argentina luego de haber ocupado el poder de manera ilegal”, apuntó la directora del CELS.

El show de los F-16

Presti será ungido como ministro luego de que Petri encabezó este sábado junto a Milei un show público para recibir la primera tanda de aviones F-16 adquiridos a Dinamarca –en total 24, por unos US$340 millones–. El ministro saliente montó una espectacular propaganda toda la semana en redes sociales que coronaró hoy: las naves de guerra sobrevolaron el Obelisco y la Casa Rosada.

Las compras son cuestionadas por la oposición. “Se decidieron por el alineamiento automático con Estados Unidos”, se quejó ante elDiarioAR el ex ministro de Defensa Agustín Rossi. “La oferta china tendría que haberse analizado mejor porque tenía más financiamiento, pero era imposible que Milei compre aviones chinos”, planteó el ex funcionario.

Rossi también impugnó las compras de blindados Stryker a EE.UU., que serán destinados al control de las fronteras: “No tienen capacidad anfibia porque fueron diseñados para la guerra de Irak”. Una alternativa era los llamados VBTP-MR Guaraní, que fabrica Iveco en Brasil, que son anfibios. “Todas las compras fueron impecables”, se defendieron en el ministerio. 

Salarios bajos y obra social con demoras

Detrás del espectacular reequipamiento de las fuerzas, la gestión en Defensa aún deja varios cabos sueltos. Por un lado, la pérdida del poder adquisitivo de los trabajadores del sector militar entre un 18% y 35%. Por el otro, los problemas en la obra social IOSFA: el servicio de cobertura médica tendría un déficit de $150.000 millones, hay prestadores de servicios cancelados y solo hay atención en unidades hospitalarias del personal militar.

“Estamos tratando de ordenar IOSFA, porque la deuda en el kirchnerismo la taparon con emisión, además de que se aumentaron los precios porque se sinceraron los valores de todo, desde las prótesis a los medicamentos”, plantearon en el entorno de Petri. “La obra social está en un estado calamitoso”, retrucó Rossi, que aseguró que “el malestar del personal militar, junto a los bajos salarios, generan deserción”. 

Los propios datos oficiales le dan la razón: desde que asumió Milei, más de 18.000 militares dejaron las fuerzas, según el último informe del entonces jefe de Gabinete Francos al Congreso en septiembre pasado. Desde diciembre de 2023 pidieron la baja 840 oficiales, 2398 suboficiales y 15.421 soldados; la mayor cantidad se registra entre los que se sumaron al servicio militar voluntario.

El salario de un teniente general rondaría los $2,7 millones, sin descuento, mientras un soldado estaría en $645.000. Pese a la situación, una fuente del Ejército destacó el apoyo que aún Milei mantiene entre las fuerzas. Un dato marcaría esa sintonía: en la Antártida, único lugar donde el voto es militar casi puro, La Libertad Avanza ganó con el 94,8%.

Seguridad interior

Otra polémica que dejará Petri de su gestión será el repudiable intento de que las FF.AA. intervengan en operativos de seguridad interior. El ministro llegó a ir a la Cámara de Diputados para explicar la iniciativa de modificar la ley aún vigente que impide operativos callejeros militares, como ocurría en la dictadura. 

Pero ante la falta de consenso con la oposición, el Gobierno buscó vías alternativas. Firmó un decreto que habilitó la complementación de las FFAA junto con las de Seguridad “de acuerdo con el plan trazado, toda vez que resulte necesario” y creó una Mesa Conjunta de Coordinación entre ambos ministerios para “planificar, coordinar, supervisar y evaluar ”actividades conjuntas de las FFAA y las FFSS en el marco de operativos territoriales desplegados para vigilancia y control por los ministerios“. 

En esa mesa ahora estará sentado como ministro Presti, codo a codo con Alejandra Monteoliva, la flamante ministra de Seguridad que continuará la “doctrina Bullrich” de mano dura. 

MC

El Gobierno nacional dispuso un incremento escalonado hasta noviembre del 7,5% en los sueldos del personal militar de las Fuerzas Armadas (FFAA) y de la Policía de Establecimientos Navales.

La actualización de los haberes fue confirmada este martes a través de la Resolución Conjunta 63/2025 de los Ministerios de Defensa y de Economía, publicada en el Boletín Oficial. El último ajuste había sido otorgado a fines de abril.

El incremento salarial se repartirá en tramos, entre junio y noviembre, sumándose a los fijados para los dos primeros trimestres del año. Cuando se aplique el último porcentaje de la suba en el penúltimo mes del año, los sueldos militares acumularán un alza del 20,5% a lo largo del 2025.

En el texto oficial se detalló el aumento indicando que “se estima procedente determinar los nuevos importes correspondientes al ‘Haber Mensual’ del personal militar de las Fuerzas Armadas y de la Policía de Establecimientos Navales, para los meses de junio, julio, agosto, septiembre, octubre y noviembre de 2025”.

Asimismo, precisó que “el gasto que demande el cumplimiento de lo dispuesto por la presente resolución será atendido con los créditos correspondientes a las subjurisdicciones respectivas del Presupuesto General de la Administración Pública Nacional del Ministerio de Defensa”.

Cómo quedan los sueldos del personal militar en cada mes

“¿Disculpe, usted es Pablo?”, se dirige un hombre de mediana edad a otro que se encuentra sentado en un banco de la Plaza de Mayo y viste uniforme camuflado. “Capitán Pablo Bayerque”, le responde y le extiende la mano con simpatía. “Solo quería saber si era usted para saludarlo. Veo todos sus videos y me encantan. Gracias por su trabajo”, dice su seguidor y se retira alegre. Esto es algo que a Bayerque le sucede habitualmente, ya que es una celebridad en las redes sociales: tiene más de 30 mil seguidores en Instagram y casi el cuádruple en Tik Tok. Él es el máximo referente de un nuevo fenómeno en el país: los militares influencers. Al igual que el pink o green washing que buscan darle una lavada de cara a las compañías a partir de campañas que promuevan el feminismo o el ambientalismo, respectivamente, esta tendencia también llegó a las Fuerzas Armadas. Desde las redes sociales no solo buscan darles una imagen lejana a sus épocas más oscuras, también es una estrategia para aumentar el reclutamiento entre los jóvenes.

El Capitán

Bayerque (39) nació en la ciudad bonaerense de Tandil. Su padre fue militar, llegó a estar movilizado en la Guerra de Malvinas, pero no fue convocado para combatir en las islas. A pesar de la influencia familiar, durante su adolescencia él quería dedicarse a la pintura. “Terminé mis estudios secundarios en una escuela de arte y diseño. Me gustaba mucho pintar al óleo. Tenía la idea de irme a la Universidad Nacional de La Plata para desarrollar una carrera de bellas artes. Pero era algo inviable porque mi familia no tenía los recursos económicos para bancármelo”, recuerda Bayerque, en diálogo con elDiarioAR. “Así que la ecuación fue fácil”, continúa. “Yo tenía que hacer algo y que fuera en Tandil. Así que, con 18 años recién cumplidos, me anoté al Ejército. Era algo remunerativo porque el soldado cobra un sueldo. Podía prestar servicio algún tiempo, juntar dinero e irme a estudiar afuera”, cuenta los hechos que sucedieron en 2003, época por la que Néstor Kirchner asumía la presidencia del país y un año después ordenaría bajar el cuadro de Jorge Rafael Videla de la galería del Colegio Militar.

Pero el joven Bayerque se metió más de lleno en las Fuerzas Armadas, cuando a sus 21 años se inscribió al Colegio Militar para hacer la carrera de oficial. “También fue un acercamiento a mi viejo. Tengo una buena relación, pero la crianza fue algo parca. Cuando entré al Ejército entendí un montón de cosas que yo desconocía, como el sacrificio, el no renunciamiento y tirar con armas de fuego. Cuando me puse el uniforme por primera vez me sentí una persona respetada”, asegura. Con el tiempo, se especializó en tareas de alta montaña y fue designado a un cuartel en San Martín de los Andes, en Neuquén, donde comenzó su historia como influencer.

Hacia el año 2022, el Capitán tenía el sueño de crear un gimnasio para el escuadrón del que era jefe porque los días que nevaba no podían entrenar. “Teníamos un salón muy grande en el que no había nada, ni una mancuerna. Empecé a contactar a marcas que vendían estructuras, a ver si querían hacer una contraprestación en la que ellos nos proveyeran de los equipos y nosotros mostrábamos en redes cómo usábamos sus productos”, dice. Tan solo una marca se interesó en la propuesta. Pero resultó un éxito para la construcción del gimnasio y además fue la motivación para que Bayerque vuelva a proyectar su carrera artística con la producción de fotos y videos para el Ejército.

“Hasta ese momento, nadie lo hacía dentro de las Fuerzas Armadas. Yo he armado un nicho, netamente motivacional, en los que muestro mis pilares: la vida dentro del Ejército, el amor a la Patria, las tradiciones y la familia”, dice Bayerque sobre sus videos en los que se muestra entrenando y comparte diferentes actividades institucionales. Si bien su presencia en redes sociales generó varias resistencias entre sus superiores, hoy es una estrategia que funciona bajo la Secretaría General del Ejército. Mientras que la comunicación funciona para mostrar una nueva cara de las Fuerzas Armadas, también sirve para incrementar el número de reclutamiento entre los jóvenes.

“La idea es mostrar un Ejército profesional y en apoyo a la comunidad. Nuestro público fuerte es de 18 a 24 años y apuntamos a ellos para que se animen a incorporarse a la fuerza”, asegura Bayerque. Desde el año pasado, él tiene un equipo de cuatro militares a su cargo que se encargan de la producción de contenido y difundirlos en las redes sociales oficiales.

Fuentes oficiales de la Secretaría General del Ejército le confirman a elDiarioAR que, a partir de la renovación en sus redes sociales, obtuvieron alrededor de 30% de crecimiento de seguidores en Instagram y aumentó la cantidad de jóvenes que desean sumarse a sus filas. “Registramos un crecimiento entre el 8 y 10% de postulantes”, sostienen sobre los treinta mil jóvenes que se inscribieron al Colegio Militar y los 40 mil que se anotaron para entrar al Ejército. “Sabemos que la gran mayoría de los chicos nos conocen por redes. Su influencia es notoria y directa”, dicen.

Modelo, influencer y militar

Uno de los militares que el Capitán Bayerque tiene en su equipo de comunicación es Fernando Fernández Behotats (26). Él se crió en Mar del Plata bajo la órbita de un padre militar y riguroso. “Era una relación conflictiva porque, como buen adolescente, yo era rebelde. Andaba en skate, tocaba la guitarra y mi viejo me decía que era un hippie mugroso”, cuenta. Finalmente dio el brazo a torcer, ya que a los 16 años se inscribió en la escuela de suboficiales. “Había un encanto por seguir el legado porque mi abuelo fue paracaidista del arma de artillería”, recuerda sobre el momento en el que empezó a andar siempre “peinado y arreglado”.

“Yo soy el community manager de las cuentas del Ejército. También soy creador de contenido, filmo y edito las actividades de la fuerza con la idea de transmitir qué es lo que hacemos”, cuenta Fernández. Él llegó a ocupar este lugar este año después de tomar cursos de fotografía y emular lo que el Capitán hacía en sus propias redes sociales. Pero lo más llamativo de este personaje es que, además, es modelo publicitario.

“Hice dos veces el curso de modelo profesional. La primera vez, a los 18 años, pero lo terminé dejando”, cuenta por las burlas homofóbicas que recibía entre sus compañeros militares. “Eran comentarios despectivos”, recuerda. “El año pasado lo hice de nuevo y lo terminé porque quería adquirir herramientas de fotógrafo, en temas como la postura o el vestuario. Para este momento tenía otro ambiente laboral y ya me bancaban bastante la carrera de modelo”, dice. Esta formación le permitió crear una agencia publicitaria junto a su novia con la que trabajan con alrededor de doce modelos para realizar promociones para diferentes marcas de indumentaria. Hasta el propio Fernández ha sido la cara para publicidades de sandalias, remeras y pantalones.

Fenómeno internacional

El fenómeno de los militares influencers no es nuevo y, mucho menos, local. Es una estrategia comunicacional y lucrativa que implementan hace años las Fuerzas Armadas más desarrolladas del mundo, como las de Estados Unidos, Reino Unido e Israel. Algunos de los máximos exponentes de esta tendencia son David Boggins y Nick Bare, militares retirados norteamericanos que tienen millones de seguidores en sus redes sociales. En el caso de Israel, también apelan a mujeres voluptuosas y con labios llenos de ácido hialurónico que suben imágenes sexualmente sugestivas. La más famosa es Natalia Fadeev, que hace campañas de lencería y armas de guerra, pero que también promueve discursos anti palestinos.

En el caso de Argentina se suma un elemento clave: los bajos salarios, en los que un profesional con cargo de oficial apenas supera los $900 mil. De hecho, días atrás, el ministro de Defensa, Luis Petri, apuró un decreto para elevar los ingresos del personal que cumple tareas en el exterior. Pero la situación económica es crítica para la mayoría de los militares y por eso buscan otras alternativas para llegar a fin de mes. Mientras que Fernández mantiene en paralelo una carrera de modelo, Bayerque hace canjes con diferentes marcas deportivas para sus videos y también vende cursos motivacionales. De paso, aprovechan para difundir los valores tradicionales del Ejército en un cambio de época marcado por jóvenes cada vez más seducidos por las posturas de derecha.

La seducción de la derecha

“El encantamiento que tenían los valores progresistas no eran totales, siempre existieron los tradicionalistas. Pero en los jóvenes era una minoría. Los jóvenes votan a la derecha porque hubo una sociedad que ya casi no existe y que no pudo cumplir con sus promesas. Los discursos progresistas hablan de la inclusión social a partir del trabajo y la experiencia de los chicos hoy es la precarización. Hay un gran desencanto”, explica José Garriga Zucal, sociólogo e investigador del CONICET que se dedica a estudiar a las fuerzas de seguridad y la conformación de la pertenencia a partir de la masculinidad.

Otro punto importante del encanto de los jóvenes a sumarse a las fuerzas armadas se relaciona con formar su identidad a partir de un grupo de pertenencia. “La cantidad de ejercicios que hacen, muchos de ellos rigurosos y crueles, sumado a la construcción del temple para obedecer órdenes, genera espíritu de cuerpo”, explica Garriga Zucal.

Mientras que para Sabina Frederic, ex ministra de Seguridad durante los primeros dos años de la gestión de Alberto Fernández, “la vuelta a las tradiciones, la autoridad y jerarquía son parte de lo que expresa esta nueva derecha conservadora y reaccionaria que representa Javier Milei. Después de una época de amor libre y diversidad de género, entiendo que hoy se desarrolla una reacción de gente que pide la vuelta a ‘lo normal’”, dice la antropóloga.

En cuanto al crecimiento de los postulantes para las Fuerzas Armadas, Frederic asegura que “el reclutamiento siempre aumenta en épocas de desempleo, como está sucediendo ahora”. “Hay una gran desmotivación dentro de las fuerzas porque la mayoría votó a Milei –al igual que la sociedad argentina– y tenían expectativas que el Gobierno no está cumpliendo, como el aumento de los salarios. Hace años que está sucediendo una deserción muy grande, por lo menos desde 2006, cuando colaboraba para Defensa”, dice.

Frederic también destaca que el trabajo comunicacional que está haciendo el Ejército sirve para motivar a un personal generacionalmente diferente a los militares que participaron de la última dictadura. “En los últimos veinte años se construyó una identidad profesional alejada a esa reserva moral de la Patria. Es muy complicado el proceso interno, producto de una historia trágica. En privado, muchos reconocen que fue un error y que aparezca gente como Victoria Villarroel les complica porque despiertan leones dormidos. Es difícil escuchar a un militar que no piense como uno, pero eso no quiere decir que sean pro terrorismo de Estado. Quieren hacer bien su trabajo como servidores de la Patria, como se sienten ellos”, dice.

Ante la pregunta de qué opina sobre el accionar de las Fuerzas Armadas durante la última dictadura, el Capitán Bayerque responde: “Los militares tenemos que estar en los cuarteles y no involucrarnos en política. Hoy somos un Ejército que está muy lejos de aquella época. Somos el Ejército de la democracia y eso es lo que tenemos que defender”, asegura sobre de un tema que “se habla poco porque es incómodo”.

“Hoy las fuerzas tienen una sola cara, que es la del apoyo a la comunidad. Nuestra razón de ser es prepararse para la guerra, pero eso no implica querer la guerra. Significa estar preparado para sostener la paz por la Patria”, asegura Bayerque. ¿Qué es la Patria? “La Patria es el otro”, cierra Fernández, el militar modelo e influencer.

Cuenta que su último intento de suicidio fue en noviembre. Entonces la salvó su marido: avisó a tiempo a una ambulancia y Débora pudo expulsar a tiempo las pastillas que había ingerido. Su historia viene de años atrás y tiene un nexo común: una misma unidad del cuartel de San Fernando de Zaragoza donde al menos tres mujeres militares sufrieron tales situaciones de acoso que o bien terminaron recibiendo la incapacidad psicológica para el puesto –la forma más habitual de quitar de en medio a las profesionales que denuncian– o bien decidieron abandonar el Ejército. En el trasfondo de su calvario aparece el papel del Ministerio de Defensa y de los órganos puestos en marcha para proteger frente al acoso a las mujeres. Los testimonios recabados por este medio coinciden en que no funcionan.

El origen del suplicio que vivió Débora en las Fuerzas Armadas se sitúa, sin embargo, en Barcelona. Destinada en Zaragoza, se desplazó en 2012 a la ciudad condal para un curso de tres meses de administradora de redes. Allí fue agredida sexualmente por un brigada que la manoseó repetidas veces, que la acosó y que la amenazó con no aprobarle si no transigía a sus intenciones. No fue la única: otra compañera de Débora denunció al mismo mando por idéntica situación.

El militar –que terminó ascendiendo de brigada a subteniente en ese periodo, con una acusación formal de por medio por abusos sexuales– fue condenado a dos años de prisión y una multa conjunta de 5.000 euros; pero solo por abuso de autoridad, pese a que la sentencia reconoce como hechos probados los tocamientos.

“Cuando se conoció la sentencia en mi unidad, comenzó mi pesadilla”, recuerda Débora. Su relato –que hace unos días dio ya a conocer en Artículo 14– se entrecorta por momentos debido a las lágrimas. La víctima por abusos no solo no fue resarcida, sino que sufrió en Zaragoza un acoso aún más intenso. Algo que vincula con el hecho de que en esa unidad de San Fernando hubo un relevo de subtenientes. El que se iba le advirtió: “Me dijo que hablara con el capitán para explicarle mi situación, porque me esperaban tiempos duros. Entonces no entendí su mensaje”. Su sucesor, compañero de promoción del brigada condenado en Barcelona, se convirtió en epicentro de su nueva realidad de acoso; esta vez, “laboral”.

En la misma unidad del cuartel zaragozano de San Fernando llevaba ya un tiempo Ana, una cabo que por entonces acumulaba tres menciones honoríficas y dos medallas al mérito militar. “Estuve ocho años sufriendo un acoso continuo. Me quedé físicamente consumida, en los huesos”, revela.

Uno de los motivos de su situación fue, precisamente, que defendió a Débora. “Todo lo que cuenta es cierto”, explica Ana sobre su antigua compañera. “Me llegó a decir en el cuartel que se iba a pegar un tiro. Yo misma también llegué a pensarlo, estaba en una situación límite. Ahora que salí de todo y estoy bien, lo pienso y digo: si volviera atrás, me enfrentaría a todos ellos. Pero en aquel tiempo estaba anulada”, describe.

¿En qué consistía el acoso? La antigua cabo explica con detalle todo lo que le hacían. A medida que recapacita, va recuperando más escenas enterradas en la memoria. “Estábamos en formación ante bandera por la mañana y me escupían, me llamaban 'puta' o 'zorra'. Me ridiculizaban. Difundieron la noticia falsa de que no se sabía quién era el padre de mi hija. Llegaron a poner un anuncio de contactos con mi nombre y mi teléfono diciendo que era prostituta”, recuerda. De esto último hay constancia de denuncia ante la Policía Nacional, como comprobó este medio.

“Yo vi cómo escupían en una botella de Ana. De nuevo, fue antes de que llegara la sentencia. Me llegué a emparanoiar tanto que cada vez que dejaba una botella abierta la tiraba a la basura. Le abrían la ventana a propósito para que pasara frío. Hacían comentarios de que su hija no era de su marido”, corrobora Débora, a la que este diario contactó por separado.

“Vi –cuenta Ana en referencia su excompañera– cómo le quitaban una rueda de la silla en la que se sentaba cuando estaba embarazada de cinco meses, y cómo llegó a caerse”. Los ejemplos que denuncian de acoso son tan numerosos que es imposible reproducirlos todos.

La situación de ambas militares llegó a tal límite que su propia condición física estuvo en peligro. Sus quejas y denuncias ante la Unidad de Protección frente al Acoso (UPA ), de las Fuerzas Armadas, resultaron todas infructuosas. “Escribí y llamé a la UPA en torno a 2016 o 2017, cuando llevaba ya cinco o seis años en esa situación. Era ya insostenible, estaba tocando fondo. Entonces yo no era como ahora: me callaba todo, asumía los insultos, estaba anulada, no sabía cómo enfrentarme a esa situación”, recuerda.

elDiario.es se puso en contacto con el Ministerio de Defensa para recabar su versión ante estos hechos, pero aún no la recibió.

Débora aún guarda un diario con los sucesivos episodios del vacío y del rechazo por sus compañeros –y compañeras– de unidad. Con una agravante: la militar afrontó dos embarazos en esa situación. En el segundo de ellos, de riesgo, es cuando empezó a tener las primeras ideas suicidas. “Me sucedió con un cuchillo en la mano o cuando estaba frente a una ventana. Me daba cabezazos contra la pared, me autolesionaba. Llegué a tomar ansiolíticos, aunque en el embarazo no están recomendados”.

¿Denuncias por acoso? Las interpuso, pero quedaron en nada. “Lo archivaron sin practicar más diligencias: argumentaron que si bien había hechos sancionables, había que ir por la vía administrativa porque no se advertía una continuidad”, relata aún con sorpresa, pese al paso de los años.

Dio a luz, pasó el tiempo, logró cambiar de unidad y recuperó la estabilidad y la confianza, pero la llegada de un nuevo capitán le devolvió sus pesadillas. “Lo peor que recuerdo del acoso es el tener que demostrar mi valía cada vez que llegaba un jefe nuevo, algo que no le pasaba al resto. Una y otra vez: demostrar que sos de confianza, trabajadora, con iniciativa. Ya no sabía qué hacer, estaba desesperada. Lloraba de impotencia”. Y, por fin, ya pasada la pandemia, dijo basta: “Decidí que no quería seguir siendo militar. Tenía demasiados traumas ya”.

Un cabo primero también accede a hablar con este periódico para corroborar lo que sucedió en esta unidad del acuartelamiento de San Fernando. Sobre lo vivido por Ana, reconoce que es la “praxis habitual” y afirma gráficamente: “Lo más fácil es barrer la basura debajo de la alfombra”. Él mismo dice que trató de apoyar a la soldado, pero que la situación se volvió “insostenible” para ella. “El ambiente era tóxico, a mí mismo me tomaron bronca por contagio, por apoyarla. Pero conmigo no podían, no me afectaba. Falta mucha concientización”, admite.

No solo fueron ellas dos: al menos una tercera soldado optó por dejar la unidad –y el Ejército– a los seis meses de entrar por el ambiente creado por uno de los mandos. Esta persona prefiere mantener el anonimato, ya que logró rehacer su vida.

La Unidad de Protección frente al Acoso (UPA) del Ministerio de Defensa español es, según consta en la página web del Departamento, “un órgano ajeno a la cadena orgánica de mando creado con el fin de garantizar la prevención y eliminación del acoso sexual y del acoso por razón de sexo”. Los testimonios recabados por este diario reflejan las carencias que observaron en este órgano. Y lo mismo con el Observatorio Militar para la Igualdad entre mujeres y hombres de las Fuerzas Armadas. “Denuncié muchas veces, expliqué lo que sucedía. Pero me dijeron que al no tener carácter sexual no se podía hacer nada”, lamenta Débora.

Sin tener apoyo en el Congreso para modificar la ley de Seguridad Interior, el gobierno de Javier Milei avanzó con una resolución reservada para que las Fuerzas Armadas hagan tareas de policía. En una polémica medida, el Gobierno autorizó a los militares a detener civiles en forma transitoria que hayan cometido delitos de flagrancia, según confirmó el ministro de Defensa, Luis Petri.

“La ley autoriza a las Fuerzas Armadas a reforzar el control de fronteras. La posibilidad de detención en flagrancias está prevista en todos los Códigos procesales de las provincias y la Nación”, lanzó el funcionario, que utilizó la palabra “detenciones”, aunque en su entorno buscaron aclarar ante elDiarioAR que se trata de “aprehensiones”. “Sí, es una medida controversial para todos los que defienden narcos, terroristas y violentos delincuentes. Elijan de que lado van a estar”, expresó Petri en su cuenta de X.

La orden tiene un caracter secreto y no fue publicada en el Boletín Oficial, pero está en el marco de la flamante “Operación Julio Argentino Roca” para reforzar la vigilancia y el control en las fronteras, tanto terrestre, fluvial como en el aeroespacio, como comunicó Defensa días atrás. En total participarían unos 10.000 militares, que se irán rotando en grupos de 1.300.

Según se indicó oficialmente, las FF.AA. operarán en zonas rurales del norte y noreste del país, alejadas de los centros urbanos y fuera de los pasos fronterizos internacionales oficiales. Las acciones se coordinan con el Ministerio de Seguridad Nacional, que conduce Patricia Bullrich.

Esta avanzada de Petri va en línea con la estrategia que ya se había comenzado a desarrollar el año pasado para modificar la ley de Seguridad Interior, que limita el accionar de los militares fronteras adentro, fruto del consenso democrático post-dictadura (la ley 24.059 se sancionó en 1991). El oficialismo impulsó sus cambios en la Cámara de Diputados, de hecho Petri fue a dar una exposición al respecto, pero nunca consiguió el aval siquiera de sus aliados para lograr aunque sea tener dictamen de comisión. Sin acuerdo parlamentario, el Gobierno avanzó de facto.

“La medida no es controversial, es ILEGAL”, planteó Agustín Rossi, exjefe de Gabinete y exministro de Defensa. “Ahora sabemos porque Petri mantenía en secreto las Reglas de Empeñamiento: van en sentido contrario a lo que prescriben las leyes de defensa y de seguridad interior. El personal militar que acate estas órdenes está absolutamente desprotegido legalmente, lo obligan a hacer tareas que corresponden a las fuerzas de seguridad y que están taxativamente prohibidas por las leyes vigentes”, advirtió el dirigente peronista. 

Pese a ser reservada, trascendieron detalles de la orden hacia los militares, como que el objetivo de esta medida es “restringir el uso de la fuerza a acciones que el personal militar deba desarrollar circunscribiéndolo a su defensa y a la de terceros en caso de agresiones inminentes que pongan en riesgo la vida, la integridad física o del cumplimiento del deber”, según reza la resolución. Por otra parte, no está permitido “el uso de armas en contra de vehículos o personas sospechosas que huyan o traten de huir de un puesto de control, acceso a instalaciones, recintos, destacamento, aun existiendo sospechas fundadas de un acto ilícito”, plantea la medida.

Además de Rossi, hubo críticas desde otros sectores políticos y sociales. Los ex ministros de Defensa Ricardo López Murphy (1999–2001) y José Horacio Jaunarena (1986-1989/2002-2003) y el abogado constitucionalista Daniel Sabsay cuestionaron a Petri por considerar “ilegal” la iniciativa que tomó el titular de la cartera, debido a que la función de las FFAA debería limitarse a resguardar a la Nación de ataques o conflictos con el exterior.

Es ilegal porque una ley debe ser modificada por otra ley, no por un decreto o una resolución secreta

Daniel Sabsay

“Las Fuerzas Armadas no tienen autoridad para llevar a cabo esta acción, ya que no tienen función policial. Además, estamos sustrayendo a las Fuerzas del cumplimiento de su misión específica”, remarcó López Murphy, diputado por Hacemos Coalición Federal (HCF), que agregó eue esta medida es “absolutamente innecesaria”.

Una resolución ministerial “no es suficiente” para modificar una ley, consideró Jaunarena, “por más que las intenciones sean buenas y que la ley esté obsoleta”, según consignó la agencia NA. “Lo que corresponde es que nuestro Gobierno, junto con los legisladores, sean oficialistas u opositores, se aboquen a modernizar el plexo normativo, mediante los consensos necesarios para procurar, entre otras necesidades, un adecuado control y vigilancia de nuestras fronteras, con una clara definición de los roles y misiones que tengan las FF.AA. y de Seguridad”, concluyó.

Sabsay sostuvo en Radio Rivadavia que las Fuerzas Armadas “están para detener ataques desde el exterior” y “no para detener civiles”, como informó el ministro de Defensa. “Me extraña porque Petri es una persona muy apegada a la ley. Espero que esto no sea cierto. De ser así es ilegal porque una ley debe ser modificada por otra ley, no por un decreto o una resolución secreta”, remarcó el constitucionalista.

MC

Brisa Páez, una joven voluntaria de la Armada Argentina de apenas 21 años, permanece internada en terapia intensiva tras sufrir una gravísima lesión cerebral durante un entrenamiento “antidisturbios” realizado en una base naval de Vicente López. El episodio, ocurrido el pasado 4 de abril, derivó en la detención de nueve efectivos de la fuerza, mientras la Justicia federal intenta determinar si la caída que provocó su estado crítico fue producto de una agresión deliberada.

Según la reconstrucción de distintas fuentes, Páez participaba de un simulacro de control de disturbios dentro del predio naval cuando, en medio del ejercicio, uno de los instructores impactó con violencia el escudo que sostenía, provocando que ella perdiera el equilibrio y cayera hacia atrás. Su cabeza golpeó contra el suelo. A pesar de mostrar evidentes signos de desorientación, los ejercicios habrían continuado durante varios minutos más.

El informe preliminar de la Fiscalía federal indica que Páez contaba con solo cuatro meses de formación dentro de la Armada y no había recibido instrucción previa para este tipo de entrenamientos, que simulan respuestas ante eventuales disturbios. Aunque oficialmente se trata de ejercicios internos de contención, en más de una ocasión desde el entorno del gobierno nacional se sugirió el posible uso de fuerzas militares ante bloqueos de rutas o manifestaciones, una posibilidad que genera fuerte rechazo en organismos de derechos humanos.

Lo que en un primer momento fue tratado como un accidente comenzó a tomar otro cariz a partir del testimonio de varias compañeras de Brisa. Según declararon ante la Justicia, la joven habría sido objeto de un trato más violento que el resto del grupo durante la práctica. Algunas mencionaron incluso una posible relación personal previa entre Páez y uno de los instructores, que podría haber influido en el trato recibido.

La situación se agravó cuando, al finalizar el ejercicio, Brisa manifestó un fuerte dolor de cabeza. No fue sino hasta varias horas después que un médico de la base la atendió y ordenó su traslado al hospital militar de Campo de Mayo. Allí, la joven reportó pérdida de sensibilidad en el lado izquierdo del cuerpo, lo que encendió las alarmas.

Dado el progresivo empeoramiento del cuadro, la joven fue trasladada al Hospital Militar Central, en Belgrano, donde fue inducida a coma durante una semana.

El diagnóstico fue contundente: lesión axonal difusa, una forma grave de daño cerebral provocada por fuerzas de aceleración y desaceleración violentas.

Nueve detenidos y sospechas de encubrimiento

La jueza federal de San Isidro, Sandra Arroyo Salgado, a cargo de la investigación, ordenó el miércoles pasado una serie de allanamientos en la base naval y en los domicilios de varios implicados. Como resultado, nueve militares fueron detenidos. En los procedimientos se incautaron teléfonos celulares, documentación interna y registros audiovisuales del entrenamiento.

La magistrada tiene ahora diez días para definir la situación procesal de los acusados. Entre los delitos que se investigan figuran lesiones gravísimas, incumplimiento de los deberes de funcionario público y posible encubrimiento. El último punto cobra especial relevancia dado el tiempo transcurrido hasta que Brisa recibió atención adecuada, así como las versiones contradictorias sobre lo sucedido.

MM

Después de ser recibido por el jefe de Gobierno porteño, Jorge Macri, y en compañía de su hermana, la secretaria general de la Presidencia, el presidente Javier Milei leyó un discurso de casi diez minutos en el agradeció a los veteranos y sus familias y dijo que su gobierno agotará todos los recursos diplomáticos para que las islas vuelvan a manos argentinas.

“Nosotros siempre dejamos claro que el voto más importante de todos es el que se hace con los pies y anhelamos que los malvinenses decidan algún día votarnos con los pies a nosotros. Por eso buscamos ser una potencia, a punto tal que ellos prefieran ser argentinos. Y ni siquiera haga falta usar la disuasión o el convencimiento para lograrlo”, sostuvo.

Remarcó que su gobierno está trabajando en ese sentido: “Por eso mismo emprendimos el camino liberador que estamos transitando para que Argentina sea el país más libre del mundo y vuelva a tener el PBI per cápita más alto del planeta. Y todos los ciudadanos del mundo fantaseen con el sueño argentino. Eso es lo que este gobierno entiende por soberanía”.

En la misma línea, indicó que “se trata, ni más ni menos, que de saldar una deuda con estos héroes” que lleva 43 años siendo “sistemáticamente ignorada por sucesivos gobiernos” y que, desde su gestión, pretenden “rectificar de una vez por todas”.

“La soberanía no es que el Estado tenga muchas empresas, ni que financie la industria cinematográfica, ni recitales de cuartas, ni cosas semejantes. Creer que a mayor Estado, mayor soberanía es un concepto, bajo el cual la política ha pretendido ocultar sus negocios sucios y cuyo resultado es un pueblo pobre y esclavo de un Estado omnipresente”, expresó.

“Hemos emprendido el camino liberador que estamos transitando, para que la Argentina sea el país más libre del mundo, vuelva a tener el PBI per cápita más alto del planeta y que todos los ciudadanos del mundo fantaseen con el sueño argentino”, dijo y completó: “Eso es lo que este gobierno entiende por soberanía, es la vara con la que nos medimos y no nos conformamos con menos”.

El jefe de Gobierno porteño, Jorge Macri, llegó a la Plaza San Martín poco después de las 8.30, y ni bien descendió de la camioneta que lo trasladó fue recibido con un grito en apoyo por uno de los asistentes al acto.

Al llegar, el Presidente y la secretaria general de la Presidencia, Karina Milei, saludaron con una marcada distancia a Jorge Macri, en la antesala de las elecciones legislativas porteñas que tendrán lugar el 18 de mayo.

Durante su exposición, Milei manifestó que para ser un país soberano Argentina debe ser “primero un país próspero” y reafirmó el pedido de la soberanía de las Islas Malvinas, al expresar que ese reclamo debe encarnarlo un gobierno que no sea “corrupto” y que no haga alianzas “con dictadores”.

“Tenemos que levantarnos como país en todo sentido, aplicando las ideas de la libertad y con una política alineada a las naciones libres. Tiene que ser un país próspero. Es en vano si no se ordena el gasto público y se eliminan aquellas dependencias que sobran”, dijo ante los efectivos de la fuerza de seguridad y los poco menos de 200 asistentes que se acercaron a seguir el acto.

Pidió también “dignificar” a las Fuerzas Armadas con “las inversiones necesarias”, y sostuvo para “crecer es en vano si no se reordena el gasto público, fortaleciendo aquellas áreas en las que el Estado debería ocuparse y eliminando las que sobran”.

“A pesar de que la casta política intentó convencernos de lo contrario durante décadas, la Argentina necesita unas Fuerzas Armadas robustas. Son necesarias para defender nuestro extenso territorio de potenciales amenazas en un contexto global de creciente incertidumbre. También son imprescindibles en cualquier discusión diplomática”, prosiguió.

Para Milei, “las Fuerzas Armadas son motivo de orgullo”, por lo que determinó concluido “el tiempo en el que eran menospreciadas”.

“Por eso acabamos de promulgar un decreto que instruye al Ministerio de Defensa a reconocer el grado de subteniente de reserva al personal de soldados aspirantes a oficiales de reserva, veteranos de la Guerra de Malvinas”, destacó.

Además, señaló que la soberanía “no es que el Estado tenga muchas empresas, ni que financie la industria cinematográfica, ni recitales de cuartas, ni cosas semejantes”, al tiempo que rechazó la premisa que sostiene que “a mayor Estado, mayor soberanía”.

“Es un concepto, bajo el cual la política ha pretendido ocultar sus negocios sucios y cuyo resultado es un pueblo pobre y esclavo de un Estado omnipresente”, expresó.

En otro pasaje del breve discurso, Milei remarcó que su intención no es “aplicar recetas extravagantes”, sino a retomar “las fórmulas que supieron hacernos exitosos”.

“En este segundo 2 de Abril que me toca como presidente, quiero volver a insistir en nuestro reclamo inclaudicable por las Islas Malvinas, reforzando el compromiso de agotar todos los recursos diplomáticos a nuestro alcance para que vuelvan a manos argentinas”, concluyó.

A algunos metros de distancia, un grupo de excombatientes denunció que la organización del acto les impidió el ingreso al evento debido al limitado cupo en la lista de los asistentes.

El episodio generó malestar entre los ex combatientes que habían viajado especialmente para participar.

“Es una vergüenza, dejaron entrar a la gente del Canal de Beagle, que no tiró un tiro, y a los veteranos nos dejaron afuera”, reclamó uno de los afectados, identificado como Enrique, quien se presentó como excombatiente perteneciente al Grupo de Artillería Aerotransportado 4 de Córdoba.

Y añadió, visiblemente emocionado: “Perdimos compañeros y hoy queríamos recordarlos. No nos dejaron”.

Efectivos de las cuatro fuerzas siguieron de cerca el discurso desde el palco limitado por un vallado y escoltado por efectivos de la Policía de la Ciudad.

Al término del acto, Petri se acercó al grupo de los replegados e intentó conciliar con los presentes.

Entre los presentes estuvieron el jefe de Gabinete, Guillermo Francos; la ministra de Seguridad Nacional, Patricia Bullrich; el ministro de Justicia, Mariano Cúneo Libarona; el ministro de Defensa, Luis Petri; el presidente de la Cámara de Diputados de la Nación, Martín Menem, el vocero presidencial, Manuel Adorni, ahora primer candidato a la Legislatura porteña. También se puedo ver entre las autoridades a la flamante secretaria de Legal y Técnica, María Ibarzábal, al lado del diputado nacional José Luis Espert.

Como ya se había anticipado, la vicepresidenta Victoria Villarruel no participó por no haber sido invitada y viajó a Ushuaia donde participará de otro acto en conmemoración del conflicto bélico.

MP / MU con información de NA

El ministro de Defensa, Luis Petri, supervisó el despliegue de medios y efectivos de las Fuerzas Armadas en la Patagonia, donde el Ejército Argentino brinda asistencia en la lucha contra los incendios forestales. 

A través del Comando Conjunto de Zona de Emergencia, el Ministerio refuerza el apoyo a las provincias de Chubut, Río Negro y Neuquén con recursos, logística y capacidades operativas para contener el fuego.

Desde El Bolsón, Petri afirmó: “Los incendios, salvo el de Los Manzanos, en el Parque Nacional Nahuel Huapi, que se produjo por una tormenta eléctrica, no cabe duda de que son hechos de terrorismo. Y así hay que definirlos. Creo que la Justicia, los fiscales, tienen que imputar a todos y cada uno de los autores. Y no sólo por la figura de estrago, de incendio, sino también por la figura de terrorismo, incrementando exponencialmente las penas, porque estos hechos de terrorismo se tienen que terminar”.

“Está claro que los incendios son actos intencionales que buscan atemorizar a la población”, agregó el titular de Defensa.

“Las Fuerzas Armadas -precisó- están prestando apoyo no solo en la Patagonia, sino también en cada uno de los incendios que se sufren en el resto del país”.

“Los recursos están dados, no solo instrumentales, sino también económicos: se está asistiendo a la provincia de Río Negro con 5000 millones de pesos para socorrer a todos los afectados”, indicó Petri.

La prioridad es proteger a las comunidades, sus bienes y preservar el patrimonio natural. Por eso, el despliegue de personal y recursos está orientado a dar una respuesta rápida y efectiva ante la emergencia. 

En las zonas afectadas, las Fuerzas Armadas aseguran el acceso de brigadistas a los puntos críticos, instalan y mantienen campamentos, garantizan el abastecimiento de agua potable, de comunicación y organizan la distribución de raciones diarias y donaciones. Además, realizan monitoreos con drones para evaluar la evolución del fuego.

El operativo, que lleva varias semanas en desarrollo, es de una magnitud sin precedentes. En los focos activos el Gobierno Nacional ha desplegado 10 aviones AT-802, 9 helicópteros, 14 camiones, 11 camionetas, 4 autobombas forestales, 4 camiones dormitorios y una planta potabilizadora con capacidad para producir 5.000 litros de agua potable por día.

En la provincia de Neuquén, el Comando Conjunto de Zona de Emergencia coordina el trabajo en los Parques Nacionales Nahuel Huapi y Lanín, con más de 70 efectivos desplegados. La Escuela Militar de Montaña y el Batallón de Ingenieros de Montaña 6 están a cargo del montaje y mantenimiento de los campamentos, asegurando el suministro de agua potable y la infraestructura para el alojamiento de los brigadistas.

El Regimiento de Infantería de Montaña 26 y el Grupo de Artillería de Montaña 6 colaboran en el transporte de personal y equipamiento a las zonas afectadas. A su vez, la Sección de Aviación de Ejército de Montaña 6 y el Batallón de Helicópteros de Asalto 601 ejecutan misiones aéreas con helicópteros UH-1H, facilitando el traslado de brigadistas y la supervisión del terreno.

En la provincia de Chubut, el Comando Conjunto de Zona de Emergencia brinda apoyo logístico en la localidad de El Bolsón, donde se han desplegado 30 efectivos. El Ejército colabora, en ese lugar, con la elaboración de raciones, el préstamo de colchones, la clasificación y distribución de donaciones, y el transporte terrestre y aéreo de brigadistas.

Las unidades desplegadas incluyen al Regimiento de Caballería de Exploración 3, encargado de la distribución de suministros y la logística terrestre, y al Escuadrón de Exploración y Ataque 602, que participa en tareas de patrullaje y reconocimiento en las zonas afectadas. En total, se brinda asistencia a 50 brigadistas con vehículos de transporte, helicópteros UH-1H, carpas de campaña y equipamiento logístico.

El Ministerio de Defensa trabaja en coordinación con el Servicio Nacional de Manejo del Fuego (SNMF), la Administración de Parques Nacionales (APN), el Sistema Nacional para la Gestión Integral del Riesgo (SINAGIR) y los gobiernos provinciales, sumando esfuerzos para optimizar los recursos y combatir los incendios de manera eficiente.

MM con información de la agencia NA.

Un sector del gobierno tiene el objetivo de que las Fuerzas Armadas realicen tareas de seguridad que son propias de las policías y fuerzas de seguridad. Pero esto va en contra de lo que dicen las leyes de Defensa Nacional y Seguridad Interior. Durante este año promovieron una reforma en el Congreso, un proyecto sin pies ni cabeza que mandaba a los militares a realizar tareas de patrullaje en caso de “ataques terroristas”. Esa iniciativa no prosperó. Ahora vuelven a la carga, pero evitando el debate parlamentario.

En estos días se conocieron dos decretos (1107 y 1112/ 2024) que rascan en las zonas más grises del marco normativo argentino para encontrar resquicios que permitan meter por la ventana a los militares en temas de seguridad. Lo hacen a través de la redefinición de las ideas de “amenaza externa” y de “objetivos de valor estratégico”. En el primer caso, es un camino que ya se intentó durante el gobierno de Mauricio Macri, y que va en contra del espíritu planteado en la ley de Defensa Nacional. En el segundo caso, transgrede lo dispuesto en la ley de Seguridad Interior. Al mismo tiempo, este corrimiento habilitaría a la inteligencia militar a meterse en asuntos hasta ahora vedados.

El decreto 1107/2024 establece un nuevo supuesto de intervención de las FFAA que no está incluido en la ley de Seguridad Interior, es decir, la reforma de hecho sin pasar por el Congreso. Según este decreto, el Ministerio de Seguridad de la Nación, que tiene la misión de proteger los objetivos de valor estratégico, podría solicitar la intervención de las FFAA para esa tarea sin pasar por los mecanismos previstos en la ley (convocatoria de un comité de crisis, o declaración del estado de sitio). Estos mecanismos fueron pensados para situaciones graves y extremas en las que la decisión de involucrar a las FFAA en un asunto interno es el resultado de un consenso entre distintos funcionarios con responsabilidad de gobierno (presidente, ministros, gobernadores). Con este decreto, el presidente habilita al Ministerio de Seguridad a concentrar ese poder de decisión y a evitar el mecanismo legal de resguardo y control. 

La norma tiene otros problemas graves, como la total discrecionalidad que pasa a tener el Poder Ejecutivo para definir qué es un “objetivo de valor estratégico” potencialmente sujeto a ser militarizado, y cuáles son las posibles amenazas (menciona por ejemplo a “organismos y organizaciones”). También debilita el control civil sobre las FFAA en situaciones de conmoción interior o estado de sitio al delegar la conducción en el Estado Mayor Conjunto.

El otro decreto (1112/2024) modifica aspectos de la reglamentación de la Ley de Defensa, y va en contra del espíritu de esta norma al establecer que la misión principal de las FFAA es intervenir ante ataques o agresiones de origen externo, no importa cuál sea su naturaleza. Así, se podría considerar una “agresión externa” la actividad de un grupo dedicado al contrabando. El criterio para que intervengan las FFAA ya no sería las características de la amenaza (es decir, si el instrumento militar es el más idóneo y eficaz para contrarrestarla), sino su mero carácter externo o transnacional. En principio el trasfondo de esta medida consiste en ampliar la injerencia de las FFAA en temas como terrorismo y habilitar su intervención en problemáticas como la criminalidad organizada. Pero la falta de parámetros sobre lo que constituye una “agresión externa” estira hasta límites desconocidos las posibilidades de involucrar a las FFAA en tareas que no tienen que ver con su misión y para las que no están formadas. 

Como ya dijimos en su momento, arrastrar a las Fuerzas Armadas a tareas de seguridad es un objetivo puramente político declamado por este gobierno y con riesgos institucionales evidentes. La agitación de indefinidas “amenazas terroristas” es funcional al desborde de las FFAA hacia el ámbito de la seguridad interior y debe advertir sobre los problemas de un avance del militarismo sin debate político ni control institucional. 

El autor es director de Justicia y Seguridad del CELS 

El presidente Javier Milei decretó este viernes cambios en el sistema de Defensa nacional que, entre otras cosas, habilita a las Fuerzas Armadas a actuar ante amenazas de grupos terroristas y colaborar en las tareas de vigilancia de las fronteras.

Mediante un decreto publicado este viernes en el Boletín Oficial, el mandatario derogó una disposición adoptada en 2006 por el entonces gobierno de Néstor Kirchner (2003-2007) que limitaba el accionar de las fuerzas armadas a agresiones externas perpetradas exclusivamente por fuerzas armadas de otros Estados.

La medida de Milei es polémica por varias razones. Por ejemplo, porque los militares ahora podrán intervenir en tareas que previamente estaban restringidas a las fuerzas de seguridad. En la Argentina, existe una tradición de mantener separadas las funciones de Defensa nacional y Deguridad Interior para evitar el involucramiento militar en asuntos civiles, algo que históricamente estuvo asociado con abusos durante la dictadura militar (1976-1983).

Además, el hecho de permitir que las fuerzas armadas colaboren en el control de fronteras o actúen ante amenazas internas podría interpretarse como un paso hacia la militarización de la seguridad pública, algo que siempre fue alertado por organizaciones de derechos humanos y sociales.

Por otra parte, los términos “amenazas” y “agresiones” incluidos en el decreto son amplios y esa ambigüedad podrían dar lugar a interpretaciones subjetivas. Es decir que podría abrirse la puerta a que el accionar militar sea aplicado de manera discrecional.

En América Latina, además, el uso de fuerzas armadas en seguridad interior tiene antecedentes negativos de sobra respecto de la democracia, que incluyen conflictos sociales y violaciones de derechos humanos.

Qué establece el decreto

El nuevo decreto establece que las fuerzas armadas podrán actuar “en forma disuasiva ante amenazas, o efectiva contra agresiones” de origen externo “con independencia del lugar de ocurrencia”.

Según la resolución, se considerarán amenazas todas las “acciones o los mensajes explícitos que llevan a cabo eventuales oponentes que, teniendo la capacidad, muestran la intención o dan indicios de la probable concreción de perjuicios en contra de los intereses vitales” de la Argentina.

En tanto, “se considerarán agresiones la ejecución y consumación de un conflicto armado o guerra, que provengan de Fuerzas Armadas u organismos paraestatales extranjeros, de organizaciones terroristas u otras organizaciones trasnacionales, o cualquier forma de agresión externa que sea incompatible con la Carta de las Naciones Unidas”.

Las fuerzas armadas quedan habilitadas a actuar de manera “disuasiva o efectiva en los conflictos originados por amenazas y agresiones de origen externo” que se desarrollen o incidan no solo en los espacios terrestres, marítimos, fluviales y lacustres sino también en el ámbito “ aeroespacial, ciberespacial y en el espectro electromagnético”.

De acuerdo con el decreto, el sistema de Defensa nacional “tendrá presente los desarrollos más recientes que influyen sobre los conflictos presentes y futuros como la inteligencia artificial, la internet de las cosas, la robótica avanzada y los sistemas no tripulados”.

Otra novedad es la posibilidad de que las fuerzas militares colaboren “en tiempos de paz” con las fuerzas federales de seguridad en las tareas de vigilancia y control de fronteras.

“En esos despliegues podrán llevar a cabo actividades de adiestramiento operacional, brindar apoyo logístico al sistema de seguridad interior, realizar acciones de apoyo a la comunidad y prestar asistencia ante catástrofes naturales o emergencias”, indica la resolución. 

JJD, con información de EFE

Los legisladores provinciales de Hacemos Unidos por Córdoba, Miguel Siciliano, presidente del bloque, y Nadia Fernández, presentaron en la Legislatura de Córdoba un proyecto de ley que busca reforzar los recursos humanos de la Fuerza Policial Antinarcotráfico (FPA), permitiendo la incorporación de personal que haya obtenido los títulos que otorgan las entidades de formación de las Fuerzas Armadas de la República Argentina, necesarios para acceder a los grados de oficiales o suboficiales de dichas instituciones.

El proyecto propone modificar la Ley Provincial N.º 10.227, incorporando la posibilidad de que personas con formación en las Fuerzas Armadas ingresen a la FPA, tras cursar y aprobar un trayecto formativo específico orientado a la persecución del narcotráfico, diseñado y aprobado por la autoridad educativa de Córdoba.

“La lucha contra el narcotráfico requiere personal idóneo, capacitado y comprometido. Este proyecto es un paso más para fortalecer nuestras fuerzas de seguridad, articulando esfuerzos entre las provincias, la Nación y diferentes cuerpos de seguridad”, destacó Siciliano.

La iniciativa se suma a otras medidas ya implementadas, como la creación de la Mesa Operativa Conjunta en colaboración con el Ministerio de Seguridad de la Nación y los convenios con provincias vecinas como Santa Fe y Entre Ríos. Estas acciones han demostrado su eficacia en la desarticulación de bandas criminales y el secuestro de sustancias ilícitas en el territorio provincial.

En ese contexto de acciones positivas, “es necesario reforzar el recurso humano de la Fuerza Policial Antinarcotráfico (FPA) a los fines de imposibilitar el avance de este delito, y asegurar las fronteras de nuestra provincia. Para ello, es necesario dotar al Fiscal General de la Provincia de la facultad de solicitar la incorporación a FPA de personal idóneo proveniente de las Fuerzas Armadas de la República Argentina, el cual deberá cumplimentar con trayectos de formación orientados a la persecución de estos delitos” señala el proyecto.

“El proyecto de ley reafirma el compromiso de la provincia de Córdoba con la lucha contra el narcotráfico, fortaleciendo el trabajo conjunto y la especialización para garantizar la seguridad de los cordobeses”, concluyó Miguel Siciliano.

El presidente Javier Milei afirmó este viernes que el Gobierno va a realizar el “mayor esfuerzo posible” para “reconciliar” a la política con las Fuerzas Armadas y anticipó una “recomposición salarial” para los militares en el “segundo semestre” del año. Lo hizo al encabezar la ceremonia de entrega de despacho y sables a Brigadieres, Almirantes y Generales, en el Salón San Martín del Ministerio de Defensa.

El mandatario sostuvo que su gestión busca “honrar el legado que nos dejaron (Julio Argentino) Roca y (José de) San Martín, y también honrar la demanda y el reconocimiento que surge de la sociedad, que nunca le dio la espalda a las fuerzas”.

Asimismo, en la Cena de Camaradería de las FF.AA, Milei dijo que durante “mucho tiempo el país fue gobernado por gente” que “desconocía cualquier tipo de restricción presupuestaria” debido a “su ambición de poder”. “Esa voracidad criminal nos hizo dilapidar nuestros recursos”, enfatizó.

El Presidente se comprometió a “reponer la situación salarial” de las fuerzas, tal y como se había propuesto en el inicio de la gestión libertaria a cargo del Ejecutivo nacional en diciembre pasado. “Lo vamos a hacer bien, con recursos genuinos, no imprimiendo dinero, que es como se hacía en el pasado”, precisó Milei.

Por otra parte, el jefe de Estado consideró que los gobiernos anteriores “se jactaban de ser los máximos defensores de la soberanía nacional”, pero, al mismo tiempo, “menospreciaban el rol de aquellos que dan su vida por la patria”.

“Nosotros vinimos a dar vuelta esta triste página de nuestra historia, para enfocarnos en escribir una nueva. Donde nuestras fuerzas tengan el reconocimiento que se merecen”, expresó el mandatario.

El acto en el Palacio Libertad contó con la presencia del ministro de Defensa, Luis Petri, el jefe de Gabinete, Guillermo Francos; la secretaria general de la Presidencia, Karina Milei; y el vocero presidencial Manuel Adorni. La gran ausente fue la vicepresidenta Victoria Villarruel, que dijo que no fue invitada.

MM con información de la agencia NA.

El deseo del Gobierno de que los militares vuelvan a las calles generó una rápida reacción en contra, lo que aventura que la iniciativa oficial de reformar la ley de Seguridad Interior tendrá al menos un polémico tratamiento en el Congreso. Desde el peronismo, organizaciones civiles, especialistas jurídicos e incluso fuentes vinculadas a las Fuerzas Armadas consultadas por elDiarioAR cuestionaron el proyecto que ayer firmaron el presidente Javier Milei; el jefe de Gabinete, Guillermo Francos; y los ministros de Seguridad, Patricia Bullrich, y de Defensa, Luis Petri. 

En su corazón, el texto permite que las FFAA realicen patrullaje, operativos de control y hasta detenciones callejeras ante supuestos casos de “terrorismo”, rompiendo el consenso democrático de que los militares no actúen en cuestiones de seguridad interior. Con la modificación principalmente del artículo 27 de la ley 24.059, la Casa Rosada apuesta fuerte a profundizar su política de mano dura. Por eso hasta anoche se negociaba que el ministro Petri exponga en Diputados, justo cuando este martes a las 16 hay una reunión de la comisión de Defensa agendada de antemano. Finalmente la presentación sería la semana próxima o la otra, supo este medio. Voceros de la cartera señalaron que la intención del funcionario es la de “informar, dar datos y responder lo que surja” sobre la temeraria reforma. Otras fuentes apuntaron que fue Martín Menem el que pateó la exposición para que no ponga en riesgo la sesión de mañana con un temario acordado con la oposición blanda, pero que ya estará envulta en la polémica por ser la primera tras la visita de seis diputados libertarios a Alfredo Astiz y otros genocias.

Las críticas a los cambios normativos que recogió elDiarioAR tienen que ver con el riesgo a que se desvíe a las FFAA de su función especial de defensa nacional y que tengan que cumplir tareas policiales, para las que no están originalmente preparados. También hay alertas ante la posibilidad de que se vulneren los derechos humanos civiles, porque el criterio de qué se considera una amenaza terrorista en la iniciativa es muy laxo. En los fundamentos del texto no se plantean como antecedentes el rol protagónico que tuvieron los militares en los setenta, cuando la justificación era “el terrorismo de la subversión marxista”. 

Entre los consultados se comparte la interpretación de que el proyecto de ley tiene más que ver con la intención política de Gobierno de profundizar su lógica de control callejero, mano dura y criminalización de la protesta –como ya lo hace Bullrich a través del protocolo antipiquete– que con convertirse en una herramienta efectiva ante supuestos casos de terrorismo, una hipótesis de conflicto que no parece estar en la coyuntura pública. También se acusa la banalización de la palabra terrorista: tanto Milei como Bullrich llegaron a calificar así a los manifestantes que protestaron contra la ley Bases cuando se votó en el Senado, lo que habilitó a una cacería represiva de la policía y detenciones arbitrarias.

El oficialismo sabe que se enfrenta a un escenario de duros cuestionamientos sobre su acercamiento a la familia militar y su búsqueda de dotarlas de nuevas prerrogativas. Pero también llega en un momento en que hay una tensión creciente entre las FFAA y la Rosada, más allá de lo simbólico que fue ver a Milei y a Victoria Villarruel arriba de un tanque de guerra el 9 de julio. Según conocedores del clima interno en las FFAA, hay resquemores desde que el Ejército tuvo que sumarse a los operativos de seguridad en Rosario, donde solo actúan con apoyo logístico pero están expuestos. Y hay una fricción por la intención –por ahora velada– de Petri de querer privatizar la IOSFA, la obra social del personal militar y civil de las fuerzas.

“Tareas policiales”

“El proyecto tiene más que ver con un valor simbólico e ideológico que pragmático”, señaló Manuel Tufró, director del área de Justicia y Seguridad del CELS, quien argumentó la gravedad de las consecuencias de las nuevas disposiciones que tendrían los militares: “Buscan violentar la ley de Seguridad Interior para intentar que las Fuerzas Armadas vuelvan a hacer tareas policiales, algo que sucedía en las dictaduras militares, lo que erosiona el consenso del retorno democrático. Los gobiernos de facto partían de la base de que toda la población eran enemigos”.

“Están convirtiendo a las Fuerzas Armadas en auxiliares de la policía, lo cual es denigrante para la vocación militar”, dijo además el experto. La iniciativa establece que en el marco de un Comité de Crisis, los militares serían autorizados a cinco acciones: “a) patrullaje; b) control de personas y vehículos; c) operaciones de control en puestos fijos o móviles; d) control y vigilancia de instalaciones inmuebles; e) aprehensión en flagrancia”. También estarían habilitados a reprimir “de forma racional, progresiva y proporcional, agotando previamente los mecanismos de disuasión que estén a su alcance”, reza el texto.

Este punto fue cuestionado especialmente por el constitucionalista Andrés Gil Domínguez: “Los militares están entrenados para una lógica de combate y eliminación. No para dar seguridad interior. Tienen que ser situaciones muy extremas, donde ya hayan fracasado las policías locales y las fuerzas federales”, comentó ante este medio el jurista. 

Domínguez sí reconoció, como plantea el proyecto en sus fundamentos, que la Constitución Nacional no contempla una prohibición a que las FFAA actúen en seguridad interior, pero cuestiona que el Gobierno justifique su reforma como “una salida intermedia” para evitar declarar el estado de sitio, que Milei, Petri y Bullrich califican como “remedio extremo” que quieren evitar. Sobrevuela en esas líneas lo que ocurrió en 2001 con Fernando de la Rúa y la posterior feroz represión. “Esa es una falacia argumental, porque sí es una situación extrema justamente convocar a los militares. Llevar a las FFAA a las calles es preocupante para el sistema de derechos humanos. Cuando vos abrís esa puerta, empezas a reprimir y a limitar derechos humanos”. 

Justamente ayer representantes de los organismos de DDHH se manifestaron en contra de este proyecto en una audiencia pública que se realizó en Diputados para repudiar la visita de los legisladores de Milei a Astiz. Allí estuvieron, entre otros, Madres de Plaza de Mayo-Línea Fundadora, Abuelas de Plaza de Mayo, H.I.J.O.S. “No podemos dejar que este gobierno inhumano siga avanzando, destruyendo y tirando por tierra todo lo que hemos logrado en Derechos Humanos hasta la fecha”, planteó Taty Almeida. 

La polémica en el Congreso

En el marco formal de Diputados hubo fuertes cuestionamientos desde el bloque de Unión por la Patria. “El proyecto de ley enviado por el Ejecutivo no es un hecho aislado, sino que forma parte de una maniobra para modificar los criterios de política criminal que, con todos sus defectos, esta democracia ha venido construyendo. Pensar que las fuerzas militares van a mejorar la seguridad pública es tan peligroso como querer apagar fuego con kerosene”, cuestionó ante elDiarioAR el diputado Matías Molle, que integra las comisiones tanto de Defensa como de Seguridad Interior y de Derechos Humanos, donde se supone que el proyecto tendría tratamiento parlamentario en primera instancia. Calificó de “mamarracho” la ley y denunció que “hay una ministra que está en campaña y un presidente que le compra ideas peligrosas ‘llave en mano’”.

En el PRO, que conduce las comisiones de Seguridad Interior y DDHH –José Nuñez y Sabrina Ajmechet, respectivamente– no quisieron emitir opinión al respecto. Tampoco en Defensa, que preside Ricardo López Murphy: en su bloque de Hacemos Coalición Federal se limitaron a reconocer que la iniciativa “es un tema delicado, preocupante y que genera divisiones”, dijo un diputado que forma parte de las comisiones.

“La hipótesis de amenaza terrorista es falsa. ¿Con qué protocolos o doctrinas trabajarían los militares en las calles? En la Argentina si se quieren prevenir hechos de terrorismo hay que empezar con hacer mejor inteligencia o con reforzar puntos calientes de la frontera”, dijo también desde la bancada UP José Glinski, que fue jefe de la Policía de Seguridad Aeroportuaria durante el gobierno del Frente de Todos. Políticamente el legislador entendió que la reforma abona “el objetivo primario de Milei y de Bullrich de controlar la calle y amedrentar cualquier oposición”. 

Sorpresivamente, una de las críticas hacia la polémica propuesta del Gobierno también se escuchó en ámbitos castrenses, aunque por ahora en off the records. “No forma parte del sentir de las Fuerzas Armadas involucrarse en esas actividades de seguridad interior”, comentó a este medio una fuente muy vinculada a la familia militar. El cuestionamiento principal es el riesgo de formar parte de acciones policiales. “No quieren quedar involucrados en ningún hecho por lo que después sean denunciados o vayan presos; se sienten desprotegidos”, agregó la voz consultada. Otra fuente señaló la falta de precisiones en la norma sobre “las reglamentaciones, doctrinas, medios o entrenamiento” que tendrían las fuerzas al respecto.

Ya en su momento Villarruel había salido a cruzar la reforma de la ley cuando era apenas una idea en el seno de la Rosada meses atrás, lo que amenaza su futuro si la iniciativa finalmente avanza en Diputados y recala en el Senado. La vice fue contundente sobre su postura: “La función de las Fuerzas Armadas no es combatir a civiles. Creo que había quedado claro con el tema de los `70. El narco es un civil para el derecho. En los `70 se combatió al terrorismo. ¿Dónde están los que lo combatieron? Presos”.

MC/MG

El Gobierno oficializó su intención de que los militares vuelvan a hacer operativos callejeros y hasta puedan detener personas. Con la excusa de que actúen para evitar amenazas o repeler hechos “terroristas”, este lunes llegó al Congreso el proyecto de reforma de la ley de Seguridad Interior y que habilita a las Fuerzas Armadas a actuar fronteras adentro, rol que está vedado desde el retorno de la democracia. 

El texto es de importancia para la Casa Rosada: lleva las firmas del presidente Javier Milei; el jefe de Gabinete, Guillermo Francos; y los ministros de Seguridad, Patricia Bullrich, y de Defensa, Luis Petri. Respeta a grandes rasgos un borrador que circuló la semana pasada y que ya dio cuenta elDiarioAR. Se justifica la iniciativa como “una alternativa intermedia” para que los militares apoyen a las fuerzas de seguridad sin que se requiera la declaración del estado de sitio, un extremo al que llegó –por ejemplo– Fernando de la Rúa en diciembre de 2001 y que generó una represión con casi 40 muertos.

El corazón de la reforma a la ley 24.059 tiene que ver con la modificación del artículo 27, que establece que las Fuerzas Armadas se sumen a un Comité de Crisis que ya establece la norma vigente para situaciones de emergencia, con representantes de la Nación, las fuerzas federales y de la provincia involucrada. Es lo que ocurre actualmente en Rosario a partir de la violencia del narcotráfico. La clave del cambio mileísta es la incorporación de la amenaza terrorista, a partir de la cual los militares podrían hacer patrullaje, control de personas, vehículos y edificios, y hasta detenciones. 

Dice el articulado de la reforma que propone el Gobierno: “En caso de producirse un hecho que tenga por finalidad aterrorizar a la población y dé origen a una investigación penal en el marco del artículo 41 quinquies del CÓDIGO PENAL DE LA NACIÓN ARGENTINA-LEY 11.179 (T.O. 1984 actualizado), el Comité de Crisis podrá ampliar el requerimiento al MINISTERIO DE DEFENSA para que las FUERZAS ARMADAS realicen: a) patrullaje; b) control de personas y vehículos; c) operaciones de control en puestos fijos o móviles; d) control y vigilancia de instalaciones inmuebles; e) aprehensión en flagrancia”.

No ofrece la norma una explicación de qué reconoce como hecho terrorista ni con qué criterios se determinará la zona geográfica en que se aplique. La reforma conocida este lunes también habilita la represión. “En los casos en que el personal militar designado para las acciones definidas en los artículos precedentes, se viera obligado a utilizar medios materiales de coacción, deberá hacerlo de forma racional, progresiva y proporcional, agotando previamente los mecanismos de disuasión que estén a su alcance”, reza uno de los artículos. 

Una de las críticas que ya hubo de organismos de derechos humanos es la presunción de que el Gobierno puede justificar así la represión de manifestaciones, como ocurrió con los episodios violentos alrededor del Congreso cuando se votó la ley Bases en el Senado. Entonces la policía avanzó sobre los manifestantes y detuvo a una treintena, a quienes Bullrich y Milei acusaron públicamente de “terroristas”, aunque a las pocas horas muchos fueron liberados. 

El proyecto de ley aún no fue girado a ninguna comisión de Diputados, supo elDiarioAR de fuentes parlamentarias. El camino lógico sería un tratamiento inicial, al menos, en las comisiones de Seguridad Interior –conducida por José Nuñez, del PRO– y de Defensa –con Ricardo López Murphy, del bloque de Miguel Pichetto, a la cabeza–. Tampoco se sabe el apuro del Gobierno para su discusión, pero ya el oficialismo había demorado bastante para dar a conocer la iniciativa: había sido anunciada a principios de año en una conferencia conjunta entre Petri y Bullrich.

Son curiosos los fundamentos que propone el Gobierno para su aplicación. Además de considerarla una “salida intermedia (...) sin necesidad de llegar a utilizar un remedio extremo, como es la declaración de estado de sitio”, el proyecto pondera que la Constitución Nacional no inhabilita a que las FFAA actúen en seguridad interior. Tampoco plantea antecedentes como el rol protagónico que tuvieron los militares en la última dictadura o los riesgos a que se vulneren los derechos humanos. Además evita mencionar la imposibilidad de que las armas puedan seguir enfocadas en el control fronterizo.

“La Constitución Nacional no contempla -ni contempló nunca- una diferenciación entre las cuestiones de Seguridad Interior y las de la Defensa Nacional, ni contiene limitaciones, reparos o divisiones con respecto a la actuación de las FFAA”, fundamenta la iniciativa. Sí reconoce que es la ley de Seguridad Interior la que limita el accionar de los militares, modificaciones fruto del consenso democrático post-dictadura (la ley 24.059 se sancionó en 1991). 

Otro de los justificaciones es que hay otros países donde las fuerzas armadas “se encuentran habilitadas a intervenir en la lucha contra el terrorismo”. Menciona a Estados Unidos, Francia, Alemania, Gran Bretaña, Israel, Turquía, India, España y Australia. En el borrador de la semana pasada el texto tomaba como ejemplos la militarización en Colombia, Brasil, Uruguay y México, sin contemplar cómo son las situaciones particulares en dichos países. 

“La amenaza del terrorismo es -sin dudas- uno de los principales desafíos para la Seguridad y Defensa en el siglo XXI, poniendo en peligro la existencia misma del Estado y sus intereses vitales”, reza el proyecto en sus fundamentos y plantea como justificativo para la reforma: “En esta lucha es imprescindible contar con un enfoque integral que combine medidas preventivas, proactivas y disuasorias, nuevos marcos normativos, el fortalecimiento de los sistemas de inteligencia y la cooperación internacional en la prevención y represión del terrorismo”. Y sin mencionarlo explícitamente, en los fundamentos se señala que el país “ha sido víctima en dos oportunidades del flagelo del terrorismo”, por los atentados de la Embajada de Israel y de la AMIA. 

MC/MG

El Gobierno avanza con su plan de que las Fuerzas Armadas realicen operaciones de seguridad interior, una reforma inédita desde el retorno de la democracia. La fórmula que encontró la Casa Rosada para que los militares vuelvan a patrullar las calles, hagan control de personas y de vehículos, y hasta realicen detenciones, es que la amenaza de “acciones terroristas”.

La reforma de mano dura que impulsa Luis Petri como ministro de Defensa, pero que tiene como cerebro detrás a Patricia Bullrich, de Seguridad, está plasmada en un borrador que la Casa Rosada hizo circular en los últimos días entre legisladores propios y ajenos para cosechar los primeros apoyos. Según el documento al que pudo acceder elDiarioAR, el proyecto solo estipula modificar el artículo 27 de la ley de 24.059, que data del menemismo. 

Fuentes parlamentarias reconocieron que la clave es la definición que se haga sobre “terrorismo”, concepto que la propia iniciativa no contempla, sino que deja en manos de un Comité de Crisis, integrado por funcionarios del Gobierno, las fuerzas de seguridad y el gobernador de la provincia afectada por esa supuesta situación. Actualmente en Rosario ya se aplica un operativo con esas características para contener la violencia del narcotráfico, con la salvedad de que las FFAA están solamente para “apoyar” las tareas de seguridad interior. 

El proyecto, aún no oficializado, contempla en el nuevo artículo 27 que “el Ministerio de Defensa dispondrá en caso de requerimiento del Comité de Crisis, que las fuerzas armadas apoyen las operaciones de seguridad interior mediante la afectación, a solicitud del mismo, de diferentes capacidades, especialidades y servicios tales como arsenales, intendencia, sanidad, veterinaria, construcciones, transporte y el empleo de elementos de comunicaciones e ingenieros para realizar acciones en el ámbito terrestre, naval, aeroespacial y ciber espacio”.

En el segundo párrafo es que se abundan los alcances más polémicos de las prerrogativas para los militares: “En caso de acciones terroristas, que tengan por fin atemorizar a la población y pongan en peligro la vida, la libertad, la independencia, la soberanía, la integridad territorial o la autodeterminación, el Comité de Crisis, previo a calificarlas como tales, podrá ampliar el requerimiento de las fuerzas armadas a fin de efectuar, además de las accione revistas en el primer párrafo, las siguientes, a saber: patrullaje, control de personas y vehículos, operaciones de puestos de control en puntos fijos o móviles, y proporcionar seguridad a instalaciones permanentes y no permanentes, en zonas específicamente determinadas y por tiempo limitado; aprehensión en flagrancia”. 

El texto va más allá y habilita a las FFAA a realizar “control de población, operación de puntos de control fijos y móviles y proporcionar seguridad a instalaciones fijas y móviles”. En líneas subsiguientes pondera incluso el uso de armas de fuego para reprimir esas supuestas amenazas de terrorismo: “En los casos en que el personal militar designado para las tareas definidas en los artículos precedentes, estuviese obligado a utilizar medios materiales de coacción en forma disuasiva o efectiva, deberá hacerlo de forma racional, progresiva y proporcional, agotando previamente los mecanismos de disuasión que estén a su alcance, según el caso. Su accionar será calificado en cumplimiento del deber y por consiguiente no punible en los términos del artículo 34 del Código Penal”. 

La fundamentación para avanzar en la polémica reforma, y que el propio Gobierno ofrece en el borrador del proyecto, es que la modificación es “una opción intermedia” para habilitar las operaciones militares, ya que hoy están impedidas de actuar en cuestiones de seguridad interior salvo la declaración del estado de sitio, un extremo al que llegó –por ejemplo– Fernando de la Rúa en diciembre de 2001. La situación derivó en una feroz represión en medio de fuertes protestas que lo obligaron a renunciar. 

“El presente proyecto propone una tercera opción (...) para que las FFAA actúen en caso de acciones terroristas, sin necesidad de llegar a utilizar un remedio extremo, como es la declaración del estado de sitio”, es una de los fundamentos oficiales. El Gobierno abre un paraguas ante las posibles críticas de anticonstitucionalidad de la reforma: apunta que la Constitución “no contempla una diferenciación entre las cuestiones de seguridad interior y la defensa nacional, ni contiene limitaciones, reparos o divisiones con respecto a la actuación de las FFAA”. Incluso pondera proyectos similares en países de la región como Colombia, Brasil, Uruguay y México, sin contemplar cómo son las situaciones particulares en dichos países.

Nada dice la iniciativa sobre las bases históricas de las restricciones para que los militares actúen en operativos de seguridad interior, fundamentalmente a partir del rol protagónico que tuvieron las FFAA en la última dictadura. Con semejante antecedente, tampoco señala los riesgos a que se vulneren los derechos humanos. Además evita mencionar la imposibilidad de que las armas puedan seguir enfocadas en el control fronterizo.

Este jueves fue el vocero Manuel Adorni el que adelantó el envío del proyecto al Congreso, aunque aún no fue girado oficialmente a ninguna comisión. El camino lógico sería un tratamiento inicial, al menos, en las comisiones de Seguridad Interior –conducida por José Nuñez, del PRO– y de Defensa –con Ricardo López Murphy, del bloque de Miguel Pichetto, a la cabeza–. 

El proyecto se conoce luego de la impresionante puesta en escena que Milei hizo el 9 de julio para abrazar a la familia militar. Ese día coronó el desfile militar subiéndose a un tanque de guerra junto con Victoria Villarruel, quien representa en la estructura de La Libertad Avanza los intereses políticos de los militares.

El Gobierno había demorado bastante dar a conocer la iniciativa, que había sido anunciada a principios de año en una conferencia conjunta entre Petri y Bullrich. La ministra de Seguridad sí avanzó en Diputados con una serie de proyectos que refuerzan la política de mano dura de Javier Milei: este miércoles comenzó a discutirse la baja de la edad de imputabilidad, la semana próxima se va a votar en el recinto un blanqueo de armas y la ampliación del registro de datos genéticos vinculados a delitos, y están en curso el tratamiento de una ley Antimafia, de Reiterancia y de Legítima Defensa.

El borrador de la reforma a la ley de Seguridad Interior

El texto del Gobierno solo contempla un artículo que modifica el artículo 27 de la ley 24.059:

ARTÍCULO 1°: MODIFIQUESE EL ARTÍCULO 27 DE LA LEY 24.059 EL QUE QUEDARÁ RADACTADO DE LA SIGUIENTE FORMA:

“ARTICULO 27. –  En particular, el Ministerio de Defensa dispondrá en caso de requerimiento del Comité de Crisis, que las fuerzas armadas apoyen las operaciones de seguridad interior mediante la afectación, a solicitud del mismo, de diferentes capacidades, especialidades y servicios tales como arsenales, intendencia, sanidad, veterinaria, construcciones, transporte y el empleo de elementos de comunicaciones e ingenieros para realizar acciones en el ámbito terrestre, naval, aeroespacial y ciber espacio. Para ello contará, en forma permanente, con un representante del Estado Mayor Conjunto en el Centro de Planeamiento y Control de la Subsecretaría de Seguridad Interior.

En caso de acciones terroristas, que tengan por fin atemorizar a la población y pongan en peligro la vida, la libertad, la independencia, la soberanía, la integridad territorial o la autodeterminación, el Comité de Crisis, previo a calificarlas como tales, podrá ampliar el requerimiento de las fuerzas armadas a fin de efectuar, además de las accione revistas en el primer párrafo, las siguientes, a saber: patrullaje, control de personas y vehículos, operaciones de puestos de control en puntos fijos o móviles, y proporcionar seguridad a instalaciones permanentes y no permanentes, en zonas específicamente determinadas y por tiempo limitado; aprehensión en flagrancia.

El apoyo a las FFSS incluirá, por un tiempo limitado, control de población, operación de puntos de control fijos y móviles y proporcionar seguridad a instalaciones fijas y móviles.

En el requerimiento se deberá especificar el efecto buscado, la jurisdicción y el lapso de tiempo de duración.

En caso de detectar un presunto delito, las Fuerzas Armadas podrán actuar en flagrancias y comunicarán su actuación de forma inmediata al fiscal competente, debiendo adoptar las acciones necesarias para hacer cesar sus efectos.

La participación de las fuerzas armadas, prevista en el párrafo anterior, deberá contar con la conformidad expresa del del gobernador o gobernadores en cuyos ámbitos territoriales las fuerzas armadas se desplieguen.

El Ministerio de Defensa deberá elaborar las reglas de empeñamiento conforme al requerimiento efectuado.

En estos supuestos, el uso de la fuerza se regirá en los mismos términos y condiciones vigentes para las fuerzas de seguridad nacionales, quedando expresamente habilitadas la realización de operaciones de seguridad interior en dicho ámbito.

En los casos en que el personal militar designado para las tareas definidas en los artículos precedentes, estuviese obligado a utilizar medios materiales de coacción en forma disuasiva o efectiva, deberá hacerlo de forma racional, progresiva y proporcional, agotando previamente los mecanismos de disuasión que estén a su alcance, según el caso. Su accionar será calificado en cumplimiento del deber y por consiguiente no punible en los términos del artículo 34 del Código Penal. 

Las fuerzas armadas deberán contar con la capacitación técnico, legal correspondiente para intervenir en las acciones previstas en el presente artículo, como así también el equipamiento deberá ajustarse a las necesidades operativas de la misión.“

DM/MC

El Ministerio de Defensa ingresó este jueves en la Cámara de Diputados un proyecto de ley que plantea una reforma del artículo 27 de la Ley de Seguridad Interior para que las Fuerzas Armadas puedan intervenir dentro del territorio ante actos definidos por las autoridades como “terroristas”. Así lo confirmó el vocero presidencial, Manuel Adorni, en su habitual conferencia de prensa en la Casa Rosada.

“El Ministerio de Defensa envió al Congreso un proyecto de ley para permitir la participación de las Fuerzas Armadas ante hechos terroristas. Se plantea la modificación del artículo 27 de la Ley de Seguridad Interior con el fin de incorporar una nueva opción de empleo militar a pedido de un comité de crisis”, anunció el portavoz.

Precisó que “se propone que las Fuerzas trabajen de forma coordinada con las fuerzas de seguridad para enfrentar el terrorismo con acciones de patrullaje, control de personas y vehículos en zonas determinadas”, y aclaró que se prevén estas intervenciones “por tiempo limitado” y “que puedan detener en flagrancia”. 

“Hace algunos años se firmaban pactos de silencio que causaron dolor y muerte para los argentinos, hoy se los enfrenta con todo el peso de la ley”, sostuvo.

La ley de Seguridad Interior, en su actual versión, admite el despliegue de unidades militares en seguridad interna pero únicamente bajo declaración de estado de sitio, en presencia de circunstancias excepcionales de extrema gravedad y conmoción.

La reforma que impulsa el ministro de Defensa, Luis Petri, que también tiene el aval de su par de Seguridad, Patricia Bullrich, busca eludir esta obligación de declarar el estado de sitio, aunque supedita la actuación militar a un pedido expreso de un comité de crisis que es el que debe definir como acción terrorista a los hechos que producen conmoción interna en el territorio.

Además se dispone que el patrullaje de fuerzas militares deba estar coordinado con las fuerzas federales de seguridad y que la presencia de las Fuerzas Armadas sea el resultado de un pedido expreso del gobernador de un distrito. Se trata de la misma lógica con la que hoy en día se autorizan los operativos de fuerzas de seguridad federales en una provincia: tiene que pedirlos previamente el gobernador.

En el hipotético caso de que se decida el despliegue de fuerzas armadas en un territorio, las unidades militares deberán reportar sus acciones inmediatamente al fiscal competente, de la misma forma que sucede con los operativos de seguridad realizados por la Policía Federal, la Gendarmería, la Prefectura o la PSA.

MM con información de la agencia NA.

El Gobierno dispuso un nuevo incremento de los sueldos para el personal militar de las Fuerzas Armadas (FFAA) y de la Policía de Establecimientos Navales a partir del 1 de agosto.

La actualización de los haberes fue confirmada este miércoles a través de la Resolución Conjunta 46/2024 de los Ministerios de Defensa y de Economía, publicada en el Boletín Oficial. El último ajuste había sido otorgado en junio.

En el texto oficial se justificó el aumento indicando que “resulta necesario fijar una escala de haberes que reconozca una adecuada jerarquización con relación a la capacidad, responsabilidad y dedicación que demanda la correcta ejecución de su actividad”.

Asimismo, precisó que “el gasto que demande el cumplimiento de lo dispuesto por la presente resolución será atendido con los créditos correspondientes a las subjurisdicciones respectivas del Presupuesto General de la Administración Pública Nacional del Ministerio de Defensa”.

Los haberes a partir de agosto:

Con información de agencias.

IG

Javier Milei saca a los militares a la calle. En el marco de la conmemoración de la Independencia de 1816, el Gobierno buscará hacer suyo este 9 de Julio con un desfile de las Fuerzas Armadas que promete ser de magnitudes inéditas a 40 años del retorno de la democracia. Apalancado en la familia castrense que apoyó en las elecciones su fórmula libertaria junto a Victoria Villarruel –hija de un teniente coronel que estuvo en Malvinas–, el Presidente encabezará este martes el recorrido que harán las tropas del Ejército, la Armada y la Fuerza Aérea por gran parte de la emblemática avenida del Libertador, que atraviesa los barrios más acaudalados de la Capital Federal. La última vez que las fuerzas protagonizaron un desfile similar, aunque con menor fastuosidad, fue con Mauricio Macri.

Milei, en su rol de comandante en jefe de las FFAA, pasará revista a unos 7000 militares en un acto que está convocado para las 10.30 en Libertador y Agüero. Cien metros más adelante, sobre la plaza República Oriental del Uruguay, se ubicará el palco presidencial. Allí el mandatario se mostrará junto a su gabinete, luego de haber participado más temprano en el tradicional Tedeum en la Catedral y tras haber regresado a la madrugada de Tucumán, donde anoche encabezaba la firma del publicitado Pacto de Mayo. El desfile terminará en Olleros, alrededor de las 15, por lo que habrá cortes de tránsito en toda la zona norte porteña hasta la tarde de hoy.

No está previsto que Milei dé un discurso, pero sí que permanezca en el desfile hasta que todas las formaciones desfilen frente a él. Además de las tropas y sus vehículos, habrá una demostración de más de 60 aeronaves entre aviones y helicópteros militares. Como novedad simbólica, el desfile estará encabezado por grupos de veteranos de la guerra de Malvinas.

En otros actos oficiales la presencia de los ex combatientes no estuvo exenta de polémica. Durante el macrismo desfilaron al final y hubo enojo porque cuando pasaron frente al palco principal Macri ya se había retirado. Cuando el kirchnerismo celebró el bicentenario del 25 de Mayo, los veteranos se sumaron al acto en la avenida 9 de Julio sin haber sido invitados formalmente. Un episodio más reciente ocurrió para la conmemoración del 2 de abril pasado: Villarruel tuvo que cancelar a último momento el desfile que quería hacer frente al Congreso porque desde la Rosada le negaron el presupuesto.

Veteranos, aeronaves, tropas, tanques y caballos

El acto militar de Milei comenzará con una revista a las tropas, supo elDiarioAR desde la organización. Las autoridades recorrerán con vehículos las formaciones de militares antes de que comiencen su recorrido. En ese primer momento también habrá un paso aéreo de aviones y helicópteros de la Fuerza Aérea y de la Aviación del Ejército. Ayer causó sorpresa en las redes sociales la prueba que hicieron las naves militares por el cielo porteño.

El desfile en sí comenzará con los grupos de veteranos de Malvinas que aceptaron el convite del ministerio de Defensa –se sabe que los grupos de ex combatientes más ligados al kirchnerismo no participarán–. El recorrido será simbólico: harán solo unos 300 metros, para retirarse luego de pasar por delante del palco oficial. “Estamos muy de acuerdo con la realización del desfile. Simbólicamente es muy importante que nos hayan invitado y que además estemos primeros”, consideró Ramón López, titular de la Federación Nacional de Veteranos de Guerra de la República Argentina. 

Recién entonces será el turno de las tropas del Estado Mayor Conjunto, el órgano que nuclea el planeamiento de las tres fuerzas armadas, a cargo del brigadier general Xavier Julián Isaac, el principal responsable de todo el desfile. Luego, en línea con el protocolo militar, las fuerzas desfilarán desde la más joven a la más antigua, explicaron a este medio desde una vocería castrense. Primero hará su paso la Fuerza Aérea, luego la Armada y, por último, el Ejército.

El desfile apela a ser un espectáculo visual. Tras el paso de las aeronaves y las tropas a pie, harán su recorrido vehículos a rueda de combate, de exploración y de comunicaciones –como jeeps, camionetas y camiones–, y detrás pasarán vehículos mecanizados a oruga y tanques, precisaron los organizadores. Finalmente será el turno de las tropas montadas, el escuadrón de caballería del Colegio Militar nacional, el escuadrón de caballería de la Escuela de Suboficiales Sargento Cabral y, como broche de cierre, el regimiento de granaderos a caballo.

El fin de semana el ministro Luis Petri hizo una dura defensa de los militares, revelando en parte el mensaje que el mileísmo quiere dar a su electorado con el acto de este martes. “Nosotros las queremos a las fuerzas armadas, no las demonizamos, no las destratamos, no las perseguimos”, afirmó el funcionario el domingo en un discurso en Brasil, donde acompañó a Milei para participar de la Conferencia de Acción Política Conservadora (CPAC). Petri ya fue denunciado por vaciar los Equipos de Relevamiento y Análisis documental de las Fuerzas Armadas, que aportan información clave para los juicios de lesa humanidad.

Desde Brasil el funcionario acusó al kirchnerismo de “querer destruir o hacer inoperativas” a las fuerzas y defendió que el Gobierno está llevando adelante un proceso de reequipamiento “que no tiene antecedentes en el país en las últimas décadas”, pese a que la estrategia militar del oficialismo está muy alineada a Estados Unidos. Milei recibió en abril con pompas de visita de Estado a la generala Laura Richardson, jefa del Comando Sur norteamericano, quien donó al país un avión Hércules. Y en paralelo, Washington operó detrás de la compra a Dinamarca de 24 aeronaves militares F-16 ya en desuso. 

Además de reforzar su apoyo a la familia militar, el Gobierno busca que el acto de hoy marque el inicio formal de la “fase 2” de la gestión libertaria, a partir de la firma del Pacto de Mayo en Tucumán. Desde la Casa Rosada convocaron al público a llevar una bandera nacional –fiel al estilo macrista– y “abrazar todos juntos el orgullo de ser argentino”, según un spot alusivo que grabó el vocero Manuel Adorni. “Las fuerzas armadas fueron instituciones fundacionales de la patria”, argumentó el video del Gobierno, pese al escasas muestras de nacionalismo de Milei, autoproclamado un “topo que destruye el Estado”. 

MC/MG

La Argentina firmó con la República Checa un memorando de entendimiento para intensificar sus relaciones comerciales y de cooperación militar. En Praga, la ministra de Defensa checa, Jana Cernochova, y su homólogo argentino, Luis Petri, rubricaron el acuerdo, que tiene como objetivo principal la profundización de la cooperación en la industria de defensa.

El gobierno de Javier Milei tiene interés, entre otros asuntos, en el suministro de armas cortas, municiones y equipos terrestres en el proceso de modernización de sus fuerzas armadas. “Me alegra que se estén fortaleciendo los contactos entre nuestros ministerios. La Argentina es para nosotros un socio prometedor al que podemos ofrecer productos de calidad de nuestra industria de defensa”, dijo Cernochova tras la firma del documento.

La ministra conservadora destacó además el interés de la Argentina en fortalecer la cooperación con la OTAN y la Unión Europea (UE). Cernochova elogió hoy la visión compartida de Argentina y su país sobre los actuales desafíos de seguridad mundial, especialmente la guerra en Ucrania y la lucha de Israel contra el grupo terrorista palestino Hamás.

Milei hablará y recibirá otro premio

Milei ya se reunió hoy en Praga con el primer ministro, Petr Fiala, y por la noche tiene previsto un encuentro con el presidente checo, el general retirado Petr Pavel, además de recibir un premio del Instituto Liberal de la capital checa.

Con motivo de este galardón, el Instituto Liberal y la Universidad Anglo-Americana de Praga organizan una conferencia en la que Milei pronunciará un discurso.

Será el cuarto galardón de su actual gira por Europa: ya fue galardonado con la Medalla Internacional de la Comunidad de Madrid, entregada por Isabel Díaz Ayuso, la presidenta de la Comunidad de Madrid, del del Partido Popular (PP), afín a La Libertad Avanza igual que el ultraconservador Vox; y el Premio Juan de Mariana 2024 en el Real Casino de Madrid, otorgado por el instituto homónimo, un think tank liberal.

En Hamburgo, Alemania, además, fue premiado por la Sociedad Hayek, por el economista Friedrich Hayek, exponente de la Escuela Austríaca de Economía, venerada por Milei.

JJD, con información de EFE