Es el punto de partida para un nuevo Cambiemos. Pero también es una demostración de la fuerza de poder territorial con la que Javier Milei podría ganar la Provincia de Buenos Aires. Es la semilla de una alternativa que le haga frente, al mismo tiempo, a Axel Kicillof y a La Libertad Avanza. Pero también es el testimonio de la potencia de una alianza que podría arrebatarle, junto a LLA, el control de la Provincia al peronismo. La cumbre de más de 500 dirigentes radicales y PRO estaba prevista para este lunes, pero finalmente se pospuso para la semana próximo a partir de la tragedia en Bahía Blanca por el temporal. La reunión es muchas cosas, pero fundamentalmente es una: un mensaje teledirigido a Casa Rosada de que, si quiere, tiene casi un centenar de municipios dispuestos a hacer campaña por Milei. 

No todos tienen, sin embargo, la misma interpretación. El encuentro en La Plata, tierra de Julio Garro, es organizado por Cristian Ritondo (PRO), Maximiliano Abad (UCR) y Néstor Grindetti, el histórico operador de Mauricio Macri que, después de 20 años de lealtad partidaria, pegó un furioso portazo del PRO y comenzó a coquetear con las Fuerzas del Cielo. La génesis de la idea había sido de Mauricio Macri, que tiene la fantasía de reeditar Juntos por el Cambio frente a la sangría de dirigentes propios. Ritondo y el grupo de los acuerdistas del PRO, sin embargo, le secuestraron la iniciativa y le introdujeron un nuevo contenido.

“Acá hay una sola interpretación posible. Esto es una reunión de nosotros con el radicalismo acuerdista para mostrar que estamos abiertos a una alianza con La Libertad Avanza”, grafica uno de los organizadores del encuentro, como para que no queden dudas. Es el mismo mensaje que uno de los alfiles acuerdistas del PRO le dejó al triángulo de hierro: “Esto no es contra LLA, sino un encuentro de todos los que estamos por el cambio y queremos un acuerdo”.

El mensaje que le llegó a la Casa Rosada, sin embargo, no es el mismo que trabajan los radicales, que todavía quieren dejar abierta la puerta a un revival del Cambiemos que llevó a Macri a la Presidencia de la Nación en 2015. “Un Cambiemos reloaded, con caras nuevas. Una nueva temporada”, ironiza una radical bonaerense del riñón de Abad. Para la UCR, una alianza con el PRO en la Provincia de Buenos Aires les permitiría presentarse como alternativa a Axel Kicillof en 2027 por fuera del gobierno libertario, que no saben cómo quedará parado dentro de un par de años. 

El objetivo, explican en el radicalismo, es demostrar que el PRO y la UCR vienen trabajando en PBA como si nunca se hubiera roto JxC. Mostrarle a la ciudadanía que hay intendentes, concejales y legisladores del radicalismo y del PRO que vienen trabajando codo a codo, más allá de las disputas nacionales, y que pueden presentarse “como una alternativa de gobierno, no solo de oposición”. Los intendentes radicales, explican, no están deseosos de pintarse de violeta, por lo que hay que analizar una salida intermedia que les permita sortear la grieta peronismo-Milei. 

El radicalismo abadista, que preside Miguel Fernández, busca, a su vez, posicionarse frente a sus dos extremos minoritarios. Los radicales con peluca, por un lado, y el radicalismo crítico de Facundo Manes y Martín Lousteau, por el otro. A “los peluca” —como ya todos nombran al grupo que integran Mariano Campero, Martín Arjol, Luis Picat, Pablo Cervi y Francisco Monti— no los pueden ni ver. Los llaman “radicales $LIBRA”: “Porque son una estafa”. Los consideran libertarios que negocian con el número de la UCR, que no les responde.

El caso de la interna con la línea Manes-Lousteau es más delicada, ya que este sector tiene presencia y número en PBA y pretende competir en las elecciones. Saben que los intendentes se reisten a un acuerdo con LLA y cuentan con su presencia territorial, que buscarán poner en juego en las legislativas de este año. No lo harán solos: el objetivo del radicalismo díscolo encabezado por Manes y Lousteau es armar una alianza con Emilio Monzó y parte del peronismo federal, así como con Margarita Stolbizer y la Coalición Cívica, para presentar una alternativa moderada de centro. 

Y si el centro está tomado por sus competidores internos, el radicalismo abadista se queda sin representación. A eso apuesta el PRO acuerdista, que sospecha que, tarde o temprano, la UCR se sumará a un acuerdo con LLA igual que ellos. “Los radicales son como los gatos, son asustadizos. Los tenes que ir llevando de a poco”, ironiza un armador del PRO bonaerense. 

Los primos Macri vs el PRO

En el PRO, sin embargo, también tiene su propia interna, en la que (des)conviven dos sectores claramente delineados. Por un lado están los primos Macri, Mauricio y Jorge, jefe de Gobierno porteño. Son una minoría dentro del PRO, pero cuentan con la presidencia y el liderazgo de Mauricio que, cuando las papas queman, desliza que está dispuesto a ir como candidato a senador por la Ciudad de Buenos Aires. No quiere, no le gusta el Congreso, pero si las encuestas le dan bien y el acuerdo con LLA termina desinflándose, el expresidente de la Nación está dispuesto a competir para ayudar a retener el control de la Ciudad. 

A Macri lo rodean unos pocos leales, como su exsecretario (hoy legislador) Darío Nieto, Fernando de Andreis y Guillermo Dietrich. En el Congreso le quedan unas pocas figuras, como Silvia Lospennato o María Eugenia Vidal, que se sumará a la campaña de Jorge Macri en la Ciudad. El bonaerense Martín Yeza, exintendente de Pinamar, y el santiagueño Facundo Pérez Carletti son, mientras tanto, los encargados de buscar “caras nuevas” para relanzar el PRO: son quienes organizaron la cumbre sub-40 en la quinta de Jorge Triaca que terminó siendo duramente cuestionada por varios dirigentes del partido. 

Los Macri, a contramano de lo que le reclaman en el resto del partido —un acuerdo, cualquier acuerdo, con LLA para no desaparecer políticamente— se resisten a entregarle a Karina Milei las llaves del partido. El que no quiere cerrar un acuerdo con el PRO, insiste Macri, es LLA. “No podemos esperar a que el entorno de Milei se decida, hay que prepararse para ir solos”, repite el exmandatario en las (escasas) reuniones políticas que encabeza. La última fue un asado en lo de Triaca, en donde convocó a las autoridades del PRO de todos los distritos e insistió en su frase de cabecera: “Vamos con nuestros valores o vamos solos”.

El resto del PRO, sin embargo, observa que Macri tiene solo un interés: blindar la Capital Federal de la ola libertaria. El resto del país, se quejan, no le interesa. “La Ciudad y la hidrovía, los dos negocios, es lo único que le interesa a Mauricio”, masculla, irritado, un dirigente del PRO.

Este sector mayoritario del PRO, encabezado por figuras como Ritondo, Diego Santilli, Guillermo Montenegro o Alejandro Finocchiaro, es quien estará organizando el acto. Consideran que el acuerdo con LLA es inevitable, ya que la alternativa —jugar solos— es la desaparición política. A este sector no lo asusta ni la designación de jueces de la Corte por decreto ni el escándalo $LIBRA ni las operaciones de Sebastián Pareja, operador bonaerense de Karina: están convencidos de que el PRO y LLA, naturalmente terminarán confluyendo juntos. 

Están confiados de que el Gobierno los necesita tanto como ellos al Gobierno. Y que con Macri o sin Macri cerrarán una lista unificada. El objetivo, eso sí, es hacerlo con el mayor peso específico para negociar, y ahí entra el radicalismo acuerdista. Hay algunos, como Santilli, que no participarían, alegando discrepancias con participar de un frente que podría ser considerado como “anti-Milei”. Los organizadores del PRO, sin embargo, buscaron bajarle el tono. “Son viejas rencillas con Grindetti”, matizan en el armado del encuentro. 

El encuentro será, pese a las distintas interpretaciones, una muestra del número que el PRO acuerdista puede sumar a las Fuerzas del Cielo. A la mayoría no le importa el nombre o la etiqueta. “Se quejan de la marca PRO y en 2013, cuando negociamos con Massa, nos desconoció y nos pidió que ni participasemos de las actividades de campaña. Vamos, que si íbamos juntos al cabaret no nos podemos escandalizar ahora”, sintetiza un dirigente amarillo.

MC/JJD

El 5 de diciembre de 2023, a punto de dejar su banca y cinco días antes de que asumiera Javier Milei, el senador macrista José Torello ingresó dos proyectos de ley a la mesa de entradas del Senado: uno para dar prisión domicilaria automática a los mayores de 70 años y otro para limitar los plazos de resolución de las causas penales. Aunque no lo mencionaban, los proyectos habían sido escritos a la medida de militares condenados por delitos de lesa humanidad. Torello puso la firma, pero la iniciativa surgió de los abogados e hijos de represores María Laura Olea y Ricardo Saint Jean.

Así lo revelan varios mensajes enviados por Olea en marzo a un grupo de WhatsApp que compartía con diputados libertarios, con el objetivo de organizar visitas a represores presos y motorizar acciones en su favor. Además de Olea, Saint Jean y otros abogados, en el grupo también participaban el ex juez Eduardo Riggi y el cura Javier Olivera Ravasi, hijo del torturador Jorge Olivera. Durante meses de chat y algunas reuniones presenciales, los tres letrados les acercaron distintas ideas a los legisladores para beneficiar a los militares en prisión. Una de las propuestas fue retomar los proyectos presentados a través de Torello en el Senado, que por ahora esperan tratamiento en la Comisión de Justicia y Asuntos Penales.

Los chats del grupo se conocieron luego de que la diputada libertaria Lourdes Arrieta acusara a sus compañeros de bancada de haberla llevado “engañada” a visitar a represores famosos en el penal de Ezeiza, el 11 de julio. Arrieta dijo que ella no sabía quién era Alfredo Astiz –“ Nací en 1993”– y que se dejó arrastrar por los demás. Cuando explotó el escándalo, se despegó de la visita y presentó una denuncia contra los organizadores ante la justicia federal. Arrieta le entregó al juez Ernesto Kreplak los chats de los grupos de WhatsApp que compartía con Olea, Saint Jean, Riggi, Olivera Ravasi y los diputados Guillermo Montenegro, Beltrán Benedit, Alida Ferreyra, María Celeste Ponce y Carlos Zapata, entre otros libertarios.

elDiarioAR accedió a las conversaciones sobre los proyectos de Olea y Saint Jean ingresados al Senado con la firma de Torello, hombre de confianza de Mauricio Macri. El 2 de marzo, la abogada Olea, hija del represor Enrique Braulio Olea, informó a los demás: “Tenemos un recurso de inaplicabilidad de ley en Casación y un proyecto de ley presentado por el senador Torello” sobre el tema de las prisiones domiciliarias. Dijo que ambas cosas debían “ser impulsadas con urgencia”, a lo que Riggi respondió: “Nos gustaría mucho evaluar el proyecto de Torello antes de la reunión del 14”. Se refería a una cena convocada el 14 de marzo por Olivera Ravasi, para organizar una visita a militares presos que se realizaría al día siguiente.

Olea envió al grupo de WhatsApp los proyectos de ley firmados por Torello y explicó: “Son los dos proyectos que le presentamos con Ricardo [Saint Jean] al senador Torello. Ingresaron el 5 de diciembre de 2023 en la mesa de entradas del Senado”.

Qué dicen los proyectos 

El proyecto sobre domiciliarias propone cambiar la redacción legal para que la aplicación del beneficio sea automática para los presos mayores de 70 años, y no una prerrogativa de cada juez como ocurre hoy. Además, se limita a dos años el tiempo máximo de las prisiones preventivas. El proyecto firmado por Torello es parecido a otro redactado por Elisa Carrió e ingresado en marzo a Diputados, con la diferencia de que el de Carrió explicita que los principales beneficiarios serían los militares condenados, mientras que el del PRO evita mencionarlos. En la actualidad, casi el 80% de los detenidos en causas de lesa humanidad ya goza de prisión domiciliaria.

El segundo proyecto ingresado por Torello y articulado por Olea y Saint Jean −hijo de Ibérico Saint Jean, interventor bonaerense de la dictadura− es sobre el “plazo razonable” para la resolución de las causas penales. Propone limitar a veinte años el tiempo máximo que puede transcurrir entre el inicio de un proceso y su sentencia firme. Pasado ese lapso, el acusado quedaría en libertad. Esto favorecería a represores presos por crímenes probados en varias instancias pero sin confirmación de sus condenas por los máximos tribunales, debido a las demoras del Poder Judicial −que perjudican sobre todo a las víctimas− y a la batería recursiva que suelen aplicar los abogados defensores ante los jueces. Los grupos promilitares se quejan de que hay demasiados presos sin sentencia firme. Sin embargo, las estadísticas muestran que el 70% de los investigados en causas de lesa humanidad transitan los procesos en libertad.

En el chat con los libertarios, Olea mencionó una idea que quedó excluida en el proyecto de Torello: “En el proyecto de plazo razonable original que le presentamos con Ricardo al senador Torello habíamos propuesto que no alcanzara a quienes se encontraren prófugos al momento de la sanción de la ley. Esto por los atentados a la AMIA y la embajada de Israel que fueron declarados casos de lesa humanidad y entonces van a aprovechar para hacer la objeción de que la extinción no abarque a esa clase de delitos. La aclaración de que no ampara a los prófugos (así están todos los presuntos responsables de esos atentados) dejaría sin argumentos esa objeción”.

Este medio se comunicó con Olea para consultarla por los chats, pero su respuesta fue: “Si hay una denuncia penal en curso, prefiero no hablar del tema”. Por su lado, Riggi contestó: “No sé decirle qué ha presentado Torello porque yo no lo conozco ni le he entregado nada”, aunque admitió que “alguien puede haberlo propuesto [retomar los proyectos] y yo puedo haber dicho que podía ser de interés analizarlo”. Según Riggi, él asistió a una sola reunión del grupo.

elDiarioAR también habló telefónicamente con Torello, que dijo: “No me consta que los proyectos los hayan redactado estas personas [Olea y Saint Jean]. Yo no estaba en todas las reuniones de mi equipo de trabajo. Desconozco si estas personas colaboraron con mi gente. Probablemente yo lo haya firmado, porque en materia de domiciliarias y preventivas estoy de acuerdo.

−¿Entonces desmiente que los proyectos los hayan armado Olea y Saint Jean?

−No, digo que no me consta. Yo trabajo con mucha gente. A lo mejor, puede haber ocurrido, no me consta, que alguno de mi equipo haya hablado con esta gente. Pero no es que yo trabajé con ellos ni que coincido con sus ideas. Podemos haber coincidido en algunos conceptos plasmados en lo que firmé. Pero yo no tuve nada que ver con esas personas, yo tengo que ver con lo que yo firmé. Si hay alguien que dice que me vio a mí y que trabajé con ellos, lo desmiento.

−¿Conoce a Olea y Saint Jean?

−No.

Quién es quién 

El chat de WhatsApp fue armado en febrero pasado por el cura Olivera Ravasi. Ese mismo mes, su padre Jorge Olivera, ex mayor del Ejército condenado a cadena perpetua y en prisión domiciliaria, había violado las reglas de su arresto al organizar una gran fiesta en su casa por sus 50 años de casado, en la que cantó Palito Ortega. Olivera Ravasi fue el puente entre los diputados libertarios y los abogados Saint Jean y Olea, a quien un fiscal que la trató en juicios describe como una defensora “con un perfil duro pero técnico y punzante, con oficio”. 

Olea es cercana a Riggi y fue secretaria de su vocalía cuando era juez de la Cámara de Casación. En 2011, le abrieron un sumario cuando se supo que alternaba su trabajo como funcionaria judicial con la defensa legal de su padre, condenado en 2008 en Neuquén junto a otros represores del centro clandestino “La Escuelita”. “Se levantaba de la silla en su oficina y cruzaba a una sala de audiencias en el mismo edificio para defender a su padre”, recuerdan en Casación. Después de que trascendiera su doble rol, terminó renunciando.

Hoy se mantiene activa como abogada de imputados en juicios de lesa humanidad. Actualmente defiende, por ejemplo, a acusados en la megacausa “Zona V” de Bahía Blanca. Combina su trabajo de defensora con el activismo en favor de los militares condenados, para lo que se mueve a dúo con Saint Jean. Ambos integran la Asociación de Abogados por la Justicia y la Concordia y tienen llegada a sectores de la política, la justicia y las fuerzas armadas.

Posteo de la Asociación Abogados por la Justicia y la Concordia, organización que integran los abogados que están detrás del proyecto presentado por Torello.

Menos de una semana después de que los proyectos firmados por Torello entraran al Senado, Olea y Saint Jean también tocaron la puerta del Poder Judicial. El 11 de diciembre, un día después de la asunción de Milei, presentaron un recurso para que la Cámara de Casación convocara a un plenario de todos sus jueces con el fin de discutir una “doctrina unánime” sobre las domiciliarias. El planteo de los abogados fue rechazado tres meses más tarde por Casación, que recordó que la jurisprudencia sobre el tema ya fue definida por la Corte Suprema.

Con la vía jurídica por ahora cerrada, les queda la política. Así lo resumió el cura Olivera Ravasi en el WhatsApp con los libertarios, en una minuta sobre la cena del 14 de marzo: “Entre los proyectos que había para debatir, todos excelentes desde lo técnico, vimos, con las cartas sobre la mesa, cuáles serían los más conducentes sabiendo que el tema acá es eminentemente político más que jurídico”. En la reunión de esa noche se evaluó que lo más “viable” era “la promulgación de parte del presidente de un decreto o la promulgación de una ley con el beneficio de plazo razonable”, es decir, un proyecto como el que ya le habían llevado a Torello.

Los argumentos de Olivera Ravasi sobre la conveniencia política de la iniciativa fueron explícitos: “El beneficio de este ‘plazo razonable’ no sería sólo para los militares, sino también para muchos legisladores, políticos, empresarios que durante las últimas dos décadas se han visto envueltos en actividades ‘non sanctas’. Es decir, sea como fuere, es un ‘win-win’”.

Los contactos entre los abogados de represores y el entonces senador Torello, amigo de Macri desde que iban juntos al colegio y señalado como referente de la “mesa judicial” del macrismo, no resultan demasiado sorprendentes. El PRO siempre incluyó a sectores receptivos a los pedidos de los grupos promilitares. Figuras como Marcos Peña y Germán Garavano se pronunciaron a favor de las domiciliarias automáticas. En 2022, los diputados Alberto Asseff (PRO) y Carlos Zapata (Ahora Patria), del interbloque de Juntos por el Cambio, presentaron un proyecto de resolución para que el Poder Ejecutivo implementara medidas para “asegurar la igualdad de derechos” a los represores presos, lo que incluía la prisión domiciliaria “para todas las personas encartadas, sea con prisión preventiva o con condena”. Casualmente o no, ese proyecto también llevaba la firma del entonces diputado Pablo Torello, hermano de José.

A fines de julio pasado, cuando ya había explotado el escándalo por la visita a Ezeiza, el diputado Benedit le mandó un mensaje a Arrieta en el que la llamaba a silencio. Su argumento era que ellos no habían hecho nada novedoso: “Guillermo [Montenegro] expuso la verdad muy bien anoche, incluso contó que el año pasado visitó un penal donde había presos de estas causas con VV [Victoria Villarruel], Asseff, Zapata y otros más, todos de Cambiemos en ese momento, y no pasó nada. No somos los primeros en las visitas humanitarias. Pero RB [Rocío Bonacci] lo usó para la prensa haciendo un escándalo que distorsiona todo y perjudica, mucho egoísmo y malicia. No te equivoques en quién es quién. Esto recién empieza”.

FFB/DTC

El ministro candidato, Sergio Massa, no quería enviar a su equipo económico a Washington antes de tener la seguridad de que la renegociación del acuerdo con el Fondo Monetario Internacional (FMI) estaba casi cerrada. Bromeaba con que no quería que tomaran a su gente de rehén en Washington para apurarlo a aceptar nuevas exigencias. Pensaba que iba a poder mandar a sus asesores, encabezados por el viceministro de Economía, Gabriel Rubinstein, y el jefe de asesores de la cartera, Leonardo Madcur, la semana segunda de junio, pero se fue demorando la ardua discusión y recién hoy se anunció oficial y finalmente que volarán la semana próxima, la primera de julio.

“Con el objetivo de acordar el staff level agreement (acuerdo con el staff técnico del FMI)”, aclaró el Palacio de Hacienda. Lo hizo el mismo día en que vencían US$ 2.700 millones del crédito récord que tomó Cambiemos en 2018 y que se pagaron las pocas reservas que quedan en el Banco Central, sin dólares, para no atemorizar a los depositantes, sino con derechos especiales de giro (DEG, la moneda del Fondo) y yuanes, que China autorizó a usar con este fin.

Minutos antes de que el Ministerio de Economía anunciara que el equipo del candidato presidencial viajaría a Washington, el FMI también difundió un comunicado ratificando que la renegociación avanza. “El personal del FMI y las autoridades argentinas continuaran avanzando en su trabajo conjunto en los próximos días, con el objetivo de llegar a un acuerdo sobre la quinta revisión del programa respaldado por el Fondo”, dijo la directora de Comunicaciones del organismo, Julie Kozack.

“Las discusiones técnicas continúan sobre un paquete de políticas para salvaguardar la estabilidad económica, en el contexto de una situación desafiante, en parte afectada por la sequía histórica. Las discusiones están enfocadas en fortalecer las políticas macroeconómicas para apoyar la acumulación de reservas y mejorar la sostenibilidad fiscal, protegiendo al mismo tiempo a los más vulnerables”, se refirió de forma implícita a las presiones del Fondo por depreciar más el peso oficial y ajustar las cuentas públicas, condiciones que impone a cambio de girar los fondos para el pago de hoy, para adelantar futuros giros e incluso para reforzar los activos del Central. “Las autoridades argentinas continúan manteniéndose al día con sus obligaciones financieras con el Fondo”, finalizó Kozack, en referencia al vencimiento de este viernes, cuyo cumplimiento fue una muestra de buena voluntad de Massa.

AR/MG

En diciembre de 2019, cuatro años de Cambiemos en el Gobierno terminaban con una profunda recesión, un salto inflacionario al 54% anual, aumento de la pobreza y una deuda de 44.500 millones de dólares con el FMI y unos 70.000 millones de dólares con bonistas internacionales en virtual default. El plan presentado como aperturista del primer Gobierno liberal-conservador electo por voto popular había fracasado, pero la travesía en el desierto de Mauricio Macri y los principales referentes de su coalición duraría poco, al punto de que Juntos por el Cambio —JxC, ex Cambiemos— aparece hoy con las mayores probabilidades de obtener un triunfo en las elecciones de este año.

Tanto Macri como quienes disputan su herencia política cabalgan una agenda escorada a la derecha que promete doblegar resistencias. Mariana Gené y Gabriel Vommaro, investigadores del Consejo Nacional de Investigaciones Científicas y Técnicas y docentes de universidades públicas, llevan años estudiando a la nueva derecha y a las élites económicas, objetos a los que dedicaron varios libros. Acaban de publicar El sueño intacto de la centroderecha (Siglo XXI Editores), en el que abordan la deriva del Gobierno de Macri y proyectan los dilemas de cara a una revancha que parece factible.  

-¿Cuáles son los motivos centrales que llevan a que el sueño gestado por Macri siga “intacto” tras el “fracaso” entre 2015 y 2019 que describen en el libro?

-Gabriel Vommaro: Sigue intacto, después de cuatro años de un Gobierno mediocre entre 2015 y 2019, porque Macri termina con una base social movilizada y un pueblo macrista en la calle y de cara a una derrota segura, los adherentes a la coalición conservadora se volcaron masivamente en las calles en diferentes actos de campaña]. Ningún actor renunció a los objetivos económico-sociales que estaban detrás de la fundación del PRO y del acceso de Macri al poder. Se debate cómo llevarlos a cabo, pero es un sueño constitutivo de la formación de esa coalición sociopolítica y de su expresión electoral. Y también sigue intacto porque los problemas que el peronismo mostró en su correlación interna y en los resultados de su Gobierno envalentonaron aún más los sueños de la centroderecha.

-Figuras de JxC mantienen en el libro debates metodológicos o tácticos sobre si, en un próximo Gobierno, conviene llevar a cabo reformas “graduales” o “de shock”, o si hay que sumar a sectores del peronismo al proyecto ¿Hay voces que adviertan errores estructurales cometidos en el programa económico de 2015-2019 que llevarán a malos resultados si se repiten?

-Mariana Gené: Depende con quiénes hables dentro de JxC. En algunos casos, sin duda hay una mirada crítica sobre la experiencia; en otros, no. No es transversal a todos los sectores el análisis en cuanto a un optimismo desmedido sobre una “lluvia de inversiones” por el cambio de clima y el modo amigable de tratar a inversores. Algunos piensan que una política de shock era imposible sin más aliados en el Congreso. Para otros, en cambio, la ampliación de la alianza suponía desdibujar el perfil de la oferta de Gobierno y tener problemas de cara a sus votantes. En retrospectiva, la lección que sacó el ala más dura, que está tanto en el primer libro de Macri, Primer Tiempo (Planeta, 2021), como en el segundo, Para qué (Planeta, 2022), es que hay que desmantelar ciertas estructuras cueste lo que cueste. Como reconstruimos en el libro sobre la reforma en las jubilaciones de 2017, el “cueste lo que cueste” supone muy poco realismo político y falta de consciencia de que no se tienen los elementos para llevar a cabo ese programa.

GV: Juntos por el Cambio es una coalición en la que no hay alternativas económicas visibles al programa económico que orienta el PRO (partido fundado por Macri). Hay una pelea por las velocidades y los instrumentos, pero el norte está bastante claro y es común para las diferentes posiciones. Sólo encontramos voces disonantes en una o dos segundas líneas radicales que son marginales en la actualidad tras correrse de la escena en 2015, con fuerte disconformidad.

-Rodríguez Larreta y Bullrich anuncian que emprenderán recortes de gastos y reformas de corte liberal en línea con aquella de definición de Macri “lo mismo, pero más rápido” ¿En JxC creen que se dan las condiciones tras años económicos tan duros?

-GV: Es la gran pregunta que se hacen el núcleo social y las élites que apoyan a Juntos por el Cambio, y la dirigencia que piensa ese programa. Un ciudadano que vota a Juntos por el Cambio puede no tener detalles, pero nadie va a apoyarlo para ampliar los programas sociales o porque crea que hay que implementar una distribución más justa de la carga impositiva. Se desambiguó claramente la propuesta socioeconómica con respecto a cuando Macri hablaba en 2015 sobre objetivos como “pobreza cero” o “combatir el narcotráfico”. Ahora están los voluntaristas/optimistas que creen que hay que llevar a cabo los cambios cueste lo que cueste, lo más radicalmente posible después de un intento fallido de terminar con ese modelo de mercados protegidos y regulados, industrias con fronteras reguladas y gasto social elevado. Y están quienes dicen “ése es nuestro norte, hacia allá queremos ir”, pero hay que estar seguros de que, esta vez, sí contamos con los apoyos. Son más pesimistas o cautelosos y están más preocupados por cómo ampliar la coalición y cargar las armas para ir al ataque en cuanto puedan.

Hay demanda de dureza por parte de los votantes de Juntos por el Cambio y eso arrastra a los voluntaristas y les genera un problema a los prudentes. Al mismo tiempo, las enseñanzas de los momentos en que se quiso llevar a cabo reformas y se encontraron con toneladas de obstáculos sociales, personas de carne y hueso, grupos movilizados y organizaciones demuestran que el discurso más satisfactorio para las bases va a traer algunos problemas.

La idea de conflicto de intereses entre las elites sociales y económicas que apoyaron al Gobierno de Macri no está presente en absoluto

Mariana Gené

-Uno de los entrevistados en el libro brinda una muestra muy ilustrativa de uno de los rasgos de Juntos por el Cambio. Es un CEO de un banco multinacional que, en su despacho de un edificio del barrio de Retiro, habla en primera persona sobre la experiencia de Macri en el Gobierno. Preguntado sobre alguna crítica a esos años, el CEO dice que la deja “para el vestuario”. ¿Existe la noción del conflicto de intereses que supone un vestuario que comparten los acreedores internacionales y un proyecto político de Gobierno?

-MG: La idea de conflicto de intereses no está presente en absoluto. Sí la de vestuario por parte de las élites sociales y económicas, un círculo cerrado, que encuentran evidente que hay un conjunto de complicidades que no pueden ver la luz. Existe una solidaridad que hace que cuando preguntamos por los pasos en falso, los malos cálculos o los errores, no se pueda siquiera elaborar una autocrítica. La crítica, en cualquier caso, puede estar puesta en la hechura de la política económica y en cuán astutos o no fueron en pensar el camino a seguir, y no tanto en qué tan conflictivo es el interés entre el mercado y el Estado.

-GV: La promiscuidad de las élites políticas y económicas es un rasgo que no es privativo de la Argentina e incluso diría que en la Argentina se da de un modo un poco más atenuado que en otros países, caso Chile o Colombia, donde la representación de las élites en la política está mucho más clara. Acaso por mayor complejidad económica entre las élites, Argentina es un caso en que todavía las cartas están un poco más revueltas. A la hora de pensar cómo buena parte de las élites más comprometidas y entusiasmadas con el proyecto del PRO habían logrado movilizar a parte de esos CEO y managers de empresas internacionales de finanzas y servicios, que no son dueños, una de las acepciones posibles es que ellos creen en que, lejos de aprovecharse, lo que hacen es participar de la épica de que las élites se involucren en la cosa pública. Eso sigue estando presente, con muchas más decepciones en el medio y con algunos ejecutivos mucho más golpeados. Hoy algunos están viviendo en otro país y muchos de quienes abrazaron esa épica tienen una relación más tensa o negativa con la vida pública argentina. Otros mantienen cierta idea épica de entrega y compromiso.

-¿No parece, por ahora, que haya riesgo en Argentina de una reacción popular contra esa identificación entre élites políticas y económicas como se dio en años recientes en otros países de América Latina?

-En sociedades con alta desigualdad y grandes déficits en servicios públicos, la bronca social favorece la difusión de un sentimiento de que las élites están todas colusionadas y juegan para el mismo bando. Lo vimos en Chile y Colombia, casos muy claros en que ese sentimiento llevó a grandes estallidos sociales y movilizaciones. El modo en que se interpreta eso en Argentina sigue la lógica polarizada de las dos coaliciones [peronista de centroizquierda y conservadora]. Por supuesto que hay matices y cuestiones que explicar, pero la mirada crítica está representada por los votantes del Frente de Todos (peronista), mientras que los votantes de Juntos por el Cambio lo ven menos críticamente y observan privilegios en otro lado. La tensión es procesada por conflictos político-ideológicos.

-¿Si bien ciertos grupos de ejecutivos de empresas mantienen el entusiasmo con el macrismo, qué pasa con los empresarios del más diverso tipo que afrontaron pérdidas importantes por la recesión disparada en 2018?

-GV: La decepción generalizada de buena parte del empresariado con el Gobierno de Macri excluye al campo y a algún sector financiero, que son grandes beneficiados de ese gobierno y tuvieron una relación con alguna fluidez y cercanía. En cambio, los sectores industriales y los del mercado interno corrieron a buscar otras opciones, primero dentro de Cambiemos, luego (el exministro de Economía centrista Roberto) Lavagna, y finalmente el peronismo vuelve a ser una opción. Esa ruptura que parecía irreconciliable entre el peronismo y las élites se subsanó, se cerró. Los grandes problemas de esta coalición peronista vuelven a generar un signo de pregunta en torno a eso. Al mismo tiempo, aparecen liderazgos, como el de el ministro de Economía [centrista] Sergio Massa, que parecen conformar a buena parte de la élite económica y dar garantías de que el peronismo por lo menos tiene un programa moderado posible y con menos problemas en términos de costos sociales y resistencia en las calles que los que tuvo Macri.

La renuncia a la candidatura de Macri estaba anunciada. Lo que vimos es claramente una puesta en escena para resguardar su figura y mantener su autoridad

Gabriel Vommaro

-¿De qué manera la renuncia de Mauricio Macri a la pelea por la presidencia argentina reconfigura a Juntos por el Cambio?

GV: La renuncia a la candidatura de Macri es todo menos inesperado, estaba anunciada. Él estaba ganando tiempo para negociar las candidaturas con Horacio Rodríguez Larreta para los gobiernos provinciales, la Ciudad de Buenos Aires y otras categorías. El PRO vive un proceso de transformación interna desde la derrota de Macri en 2019; una lucha por la sucesión que trastoca un partido muy verticalista, armado en torno a la figura del expresidente.

Ahora hay líderes en competencia. Si es una situación transitoria o permanente, no lo sabemos, pero sí que el expresidente y fundador tiene que lidiar con ese escenario. Macri está todo el tiempo en una carrera por no perder centralidad y el control del partido. En esa clave debe leerse, más que el anuncio en sí, que era previsible. No estaba haciendo nada para ser candidato: viajó al Mundial de Qatar, estaba en un papel de expresidente con roce con las derechas del mundo, que es el que más le gusta. Lo que vimos es claramente una puesta en escena para resguardar su figura y mantener su autoridad. Veremos cómo se resuelve la negociación con Larreta.

-Habida cuenta de la deriva del macrismo en los últimos años y los movimientos que generó en la coalición la competencia de Javier Milei. ¿Por qué optan por definir a JxC como de centroderecha y no de derecha?

-GV: Este libro es sobre los apoyos sociales y políticos del proyecto conservador-liberal en Argentina y esa coalición claramente va del centro a la derecha. Tiene claros elementos de derecha, pero también aliados importantes que uno no podría calificar tan fácilmente de ese signo como la UCR (Unión Cívica Radical), un partido que tiene componentes conservadores, como también el peronismo, pero también otros asociados al progresismo, por lo menos culturalmente. Planteamos en un capítulo el drama que significó para la UCR la posición en que se ubicaron las cartas en la Argentina reciente y el modo en que se autoperciben dirigentes que se reivindican alfonsinistas [adherentes al expresidente centroizquierdista Raúl Alfonsín, 1983-1989]. El sueño político de Juntos por el Cambio, a diferencia de Milei, no puede dejar de mirar al centro. La disputa entre halcones y palomas expresa el dilema sobre qué postura tracciona más: si hay que pararse en una posición más claramente de derecha para no perder al votante que se puede ir con Milei o apelar al votante moderado no peronista para que opte por el “mal menor”.

-¿Cumplió la UCR el papel de equilibrar la coalición hacia el centro?

-MG: La UCR recorre el largo proceso hasta llegar a esa alianza. Había hecho muchos intentos de distintas estrategias más hacia la izquierda y a la derecha, para volver al poder. Y finalmente fue con Cambiemos que lo logró, haciendo una lectura de que parte de ese electorado de tradición histórica de la UCR, tanto en Buenos Aires como en otras ciudades, ya estaba mirando al PRO. Mostramos en ese capítulo cómo hay una suerte de ecuación que fue virtuosa entre supervivencia organizacional a cambio de un lugar marginal. La UCR fue muy poco importante en la definición del programa y la estrategia. Fue el PRO el que muy tempranamente determinó la elección del nombre de la coalición, la estética y el programa. El papel de la UCR fue deslucido, pero uno de los activos fue que pudo colocar a muchos cuadros en el Estado que estaban sin refugio después de haber estado tan alejado del aparato del poder.

-GV: La UCR no es indemne a la extensión del marco de lo decible hacia la derecha en el que vivimos en la actualidad. Oportunismos hay en todos los partidos. En lo que sí son campeones los radicales respecto de sus socios del PRO es en el antiperonismo. El PRO no es un partido que haya surgido como refractario al peronismo [los autores rememoran en el libro que Macri evaluó ser candidato a presidente por una fracción del peronismo a comienzos de siglo], mientras la UCR, una de las formas que tuvo para asimilar su coalición con el partido conservador, fue la condición antipopulista. Plantear que, al mismo tiempo, la UCR quiere ser el contrapeso y el balance de las líneas más duras del PRO, y al mismo tiempo sobrevivir y luego crecer mediante la obtención de cargos no es dicotómico. En la historia de la UCR, su solidez dependió bastante de la vinculación con el Estado y entre 2003 y 2015 estuvo lejos de eso.

SL

Entrevista publicada originalmente en eldiario.es

El directorio del Fondo Monetario Internacional (FMI), donde están representados todos los países miembros pero pesan más los desarrollados y China, concluyó este viernes la cuarta revisión del acuerdo ampliado en el marco del Servicio Ampliado del Fondo (SAF) para la Argentina. Como se cumplieron las tres metas del programa, de ajuste fiscal y monetario y acumulación de reservas, en el cuarto trimestre 2022, el cuerpo rector del FMI autorizó un desembolso inmediato US$ 5.400 millones, que se destinarán a repagar dos cuotas en las próximas dos semanas del crédito récord que tomó el gobierno de Cambiemos en 2018. El organismo le llevará girados entonces a la administración del Frente de Todos unos US$ 28.900 millones, cuyo destino es la cancelación de aquel préstamo.

Por ahora el directorio del Fondo no ha comunicado nada sobre la relajación de la meta de reservas para 2023, pero se descuenta que lo hará en las próximas horas dado que ya fue aprobada por el staff técnico hace dos semanas. En cambio, no se esperan anuncios de desembolsos de fondos frescos para atender el impacto que tendrá la sequía en la cosecha gruesa, la de soja y maíz, que ha comenzado. La Argentina deberá buscarlos en el Banco Interamericano de Desarrollo (BID), que tiene líneas de financiamiento de emergencia. Por eso es que el presidente Alberto Fernández y el ministro de Economía, Sergio Massa, pidieron este miércoles en Washington ayuda a Joe Biden. Estados Unidos es un socio tan clave en el FMI como en el BID.

El organismo que dirige la búlgara Kristalina Georgieva busca otros medios para reforzar las reservas. Aunque siempre defiende la unificación del mercado cambiario, liberación del cepo mediante, admite que en la Argentina eso no es posible en lo inmediato ni de un día para el otro porque dispararía el dólar oficial y agravaría la inflación, del 102% actual. Georgieva, que es apodada “populina” por sus detractores ortodoxos en Washington, ve con buenos ojos que mientras no se pueda desarmar el control cambiario al menos se acote por ahora la cantidad de tipos de dólar a dos o tres. En teoría hay sólo un Mercado Único Libre de Cambios (MULC), donde opera el comercio exterior y el pago de deuda externa de las empresas, entre otras operaciones. Después está la plaza ilegal, las de las cuevas -que operan en sociedades bursátiles, agencias de viaje y otros negocios legales-, donde se transa el dólar blue. Y hay dos tipos de cambio paralelos financieros legales, donde se obtienen dólares triangulando con bonos: el Mercado Electrónico de Pagos (MEP), para el ámbito local, y el contado con liquidación (CCL), para girar al exterior. La idea del Fondo es que existan dos o tres mercados oficiales de cambio, cada uno para distintas operaciones.

Con dos o tres tipos de cambio oficiales, se buscaría incentivar exportaciones, objetivo que declamaron este miércoles en Washington Massa y la subdirectora gerenta del FMI, Gita Gopinath, tras el encuentro que mantuvieron. Es de esperar que ciertas operaciones como las que involucran exportaciones e importaciones de productos que afecten la canasta básica se encuadren dentro de un tipo de cambio bajo, de modo de evitar impactos en una pobreza que va en ascenso. En cambio, otras ventas y compras externas de bienes y servicios, como el turismo, tendría un dólar más alto. Lo mismo sucedería con el pago de deuda externa de las compañías.

Por lo pronto, el ministro de Economía anunció este jueves en la capital norteamericana que habrá un dólar para ciertas producciones del agro que no impacten en los precios internos de los alimentos básicos, como la soja y los productos de economías regionales, como los cítricos, las manzanas, las peras, las uvas, las aceitunas, el azúcar, el tabaco, la yerba, la miel y el algodón. También prometió que se unificarán algunos de los precios del dólar, como el Qatar, que rige para el turismo en el exterior, el Coldplay, que cobran los artistas que vienen del extranjero, y el tecno, que reciben los grandes exportadores de la economía del conocimiento.

AR

El último espectáculo que el Frente de Todos ofrece a la sociedad es una pelea por el sentido de la “mesa política”. La superficie del conflicto es si esa instancia que Alberto Fernández aceptó convocar a pedido de gran parte del resto del oficialismo será para discutir sólo la estrategia electoral o “la gestión del Gobierno” y la “proscripción” de Cristina. De un lado, el Presidente; del otro, la vicepresidenta y Máximo Kirchner.

El ciudadano asiste al debate sobre cómo será el debate. Suena coherente en una coalición de Gobierno que gastó buena parte de su energía en anunciar que estaba considerando anuncios, proyectar escenarios que determinarían proyectos superadores y comenzar a dialogar para sentar las bases del diálogo social.

Tal como lo conocimos (maltrecho), al Frente de Todos le quedan seis meses plenos en el manejo de los resortes del Ejecutivo. Si las primarias de agosto definen una victoria indescontable de alguna de las derechas, sobrará un cuatrimestre largo de un Gobierno intervenido hasta el traspaso de mando. El macrismo no oculta ansias de venganza vía Comodoro Py por lo que todavía considera una injusta derrota sufrida al cabo de tan brillante Primer Tiempo. Habrá que negociar la transición en esos términos. Si es un peronista quien queda bien parado en las PASO, comenzará a disiparse la disputa que sobrevoló al oficialismo durante los últimos tres años. Puede ocurrir que un resultado de paridad en agosto prolongue la incertidumbre hasta la primera vuelta de octubre o el ballottage de noviembre, en cuyo caso, ya con jefaturas nítidas en cada bloque, la tensión será tal que no habrá lugar para implementar políticas públicas de alcance no efímero. Será el turno de un debate encendido, efervescencia en las calles, agenda judicial y cursos de tiro al blanco contra un afiche con el rostro de Cristina en el prime time de canales de noticias, presentados en sentido figurado, por supuesto.

La gestión de Máximo

Pero La Cámpora quiere discutir “gestión”. Llamativa bandera de Máximo para unos pocos meses por delante, acechados de urgencias. Quien ocupaba la presidencia del bloque oficialista en Diputados decidió, en el medio de la travesía, abandonar su puesto para pasar a denunciar a un Ejecutivo (el suyo) “arrodillado” ante el FMI y los exportadores de soja. Cuando le tocó gestionar un ámbito crucial de la alianza gobernante, el jefe de La Cámpora se marchó al monte y, tras él, unos cuantos funcionarios enmarcaron su salida con el mayor estruendo posible. Excepto, eso sí, las jefaturas a cargo de grandes presupuestos como ANSES y el PAMI, que siguen firmes. Si se posa la mirada en despachos determinantes de la Secretaría de Energía conducidos por La Cámpora hasta la asunción de Sergio Massa en Economía, la palabra “gestión” pide no ser nombrada en vano.

Detrás de los eufemismos, la disputa real es quién llevará el mando en la mesa política. Alberto Fernández sospecha que el resto de los actores oficialistas procura licuar su ya limitado campo de acción. Ése fue el motivo por el que el Presidente resistió todo lo que pudo la conformación de una especie de gabinete paralelo que sería interpretado y transmitido como una intervención de facto del Ejecutivo. Lector de Perón al fin, Alberto cedió al clamor de los compañeros y aceptó conformar una comisión. Magnánimo, el mandatario pide un ágora peronista de Ushuaia a La Quiaca.

Si se posa la mirada en despachos determinantes de la Secretaría de Energía conducidos por La Cámpora hasta la asunción de Sergio Massa en Economía, la palabra “gestión” pide no ser nombrada en vano

La idea de Cristina y Máximo es una mesa efectiva, de unos pocos lugares, que algunos allegados enumeran: el Presidente, la vicepresidenta y el ministro de Economía como patas principales, a quienes se podrían sumar el ministro del Interior, Wado de Pedro, un par del gabinete designado por Alberto, un representante de la provincia de Buenos Aires (Máximo es jefe del PJ en ese distrito, pero no es dado a integrar cuerpos colegiados) y otro gobernador. También magnánimos, los cristinistas se privan de reclamar más de dos tercios de los asientos.

El sector de Cristina dejó saber una variante. El eje de la mesa debe ser “el levantamiento de la proscripción” de la vicepresidenta. Configura así un problema irresoluble. Cristina no está proscripta, sino que es perseguida por jueces que iban a buscar letra a las quintas de Mauricio Macri. Su derecho a ser candidata sigue tan vigente como en 2017 y 2019. En el caso de que la agenda oculta sea embarcar a todo el peronismo en la ampliación de la Corte o la modificación del Consejo de la Magistratura a través de un DNU, una ilegalidad que esbozan mentes del segundo y tercer anillo del cristinismo, será un puente para terminar de quebrar al frente oficialista, salvo que Alberto Fernández esté dispuesto a arriesgarse a un fundamentado juicio político y que Massa desee terminar su carrera.

Un liderazgo que no alcanza

Los tironeos en torno a la mesa política reflejan la anómala y fallida conducción del Frente de Todos. Lo normal en una coalición, incluso sui géneris como la gobernante, es que la discusión por el rumbo se dé entre los líderes y que los subordinados se ocupen de la “gestión” desde ministerios, secretarías, subsecretarías y direcciones. Por lo visto, nadie tenía claro nada más allá del objetivo razonable de no repetir la traumática experiencia de Cambiemos. Mucho loteo, ningún norte y un festival de contradicciones extenuante.

Aunque tiene más votos que el resto, Cristina no sólo no conduce al peronismo, sino que parece consciente de no tener espacio para imponer un rumbo

La distracción con la mesa expone un dato sobre el podio político. Aunque tiene más votos que el resto, Cristina no sólo no conduce al peronismo, sino que parece no tener espacio para imponer un rumbo a través de un tercero. Si la vicepresidenta pretende consolidar una cosmovisión para los problemas de Argentina y anular riesgos de quienes prefieran “someterse a los poderes fácticos”, “porque ganar por ganar no sirve”, no tiene más que presentarse ella misma o designar a un delegado para las primarias. ¿Quién discutiría las sillas de una mesa política si Cristina fuera, como postulan Larroque y Máximo, la dueña efectiva de los votos? No sólo Alberto Fernández se resiste a aceptar esa premisa. También lo hacen dirigentes con poder territorial que sacan cuentas y ven que el piso de Cristina no les garantiza la reelección en sus distritos, y otros que perciben que la transferencia “generosa” a un presidenciable inventado no sería tan automática como se suponía hasta hace poco. A pesar de estar tan convencido de que no hay carta ganadora sin los votos que se referencian en Cristina, Massa analiza cada paso en función de las evidentes debilidades de la vicepresidenta, según la mirada de fuentes que atestiguan el día a día del Ejecutivo.

Control remoto

Con un liderazgo sin par en lo que va del siglo, Cristina habrá añorado la demostración de fuerza exhibida por Macri en Juntos por el Cambio (JxC) esta semana. Desde su escapada bimestral en Cumelén, sin siquiera someterse al tedio de escuchar a sus correligionarios vía zoom, el expresidente observó cómo una concurrida reunión de dirigentes de la coalición conservadora reproducía su guion.

Estuvieron todos en el restaurante La Escondida de Palermo: halcones, palomas, radicales, menemistas, gobernadores, presidenciables, honestistas, deshonestistas y ex-Socma. Unidad total para denunciar que el Gobierno nacional está dejando “una bomba armada para el pueblo argentino”, en referencia a vencimientos de deuda por $14 billones hasta fin de año. Letra y música del líder ausente.

Se trata de un volumen de deuda denominada en pesos, razonable en términos de PBI, que más de la mitad está en manos de agencias gubernamentales como ANSES, empresas y bancos públicos y provincias, por lo tanto, de renovación casi asegurada. La concentración de vencimientos entre abril y julio de este año (cerca de $10 de los $14 billones), justo antes de las primarias, despierta dudas sobre la refinanciación, porque los bancos y el resto de los tenedores privados se resisten a renovar los bonos más allá de agosto, ante la presunción de que JxC llevaría a cabo un nuevo reperfilamiento. Si Alberto Fernández y Massa no logran reemplazar esa deuda por instrumentos a más largo plazo y tienen que imprimir billetes para pagarla, arriesgan una brusca devaluación y salto inflacionario en la antesala electoral.

Estuvieron todos en el restaurante La Escondida de Palermo: halcones, palomas, ex Socma, radicales, menemistas, gobernadores, presidenciables, honestistas y deshonestistas

El comunicado incendiario de JxC dio lugar a múltiples lecturas. Entre ellas, consultores y operadores financieros que habitan en la galaxia JxC por naturaleza y cuestionaron la intención indisimulada de acelerar una crisis. En los papeles, un desbarajuste mayor con Alberto en la Casa Rosada facilitaría reformas de fondo que los liberales se proponen llevar a cabo a partir de diciembre, pero también podría desatar un caos de ingobernabilidad con final imprevisible. “Deberían entender que la vida no se acaba en una elección”, razonó una voz muy escuchada en el mundo financiero.

Para las diferentes facciones del Gobierno, la arremetida de la oposición permitió encontrar un eje para denunciar a la fuerza política responsable de un endeudamiento en dólares monumental, trampa con la que la Argentina convivirá por décadas.

Frenesí de sinceridad

La proclama de la alianza opositora radica en que Macri viene sosteniendo que “esta vez” hay que hablar con claridad sobre la crítica situación del país, para evitar el aparente error de 2015. Una de las veinte verdades macristas dice que Cambiemos se equivocó cuando se privó de denunciar la gravedad de la herencia recibida del segundo mandato de Cristina para no angustiar a la población, y que ello demoró la aplicación de ajustes draconianos que, esta vez, serán inevitables. En ese razonamiento, si hay una “bomba” a punto de explotar, el nuevo frenesí de sinceridad empuja a denunciarla.

La falsedad de esa verdad macrista es absoluta. No sólo Cambiemos se dedicó a magnificar la herencia de la gestión finalizada en 2015, como suele ocurrir en los cambios de color en el Ejecutivo, sino que armó un texto llamado “El estado del Estado” en el que dibujó los números a piacere. Marcos Peña se ocupaba con celo de que esa letra fuera repetida por todo el funcionariado y alguna mano lograba que el mensaje llegara con claridad a obedientes redacciones. Macri dedicó discursos de apertura legislativa a reproducir el mamotreto de “El estado...” porque el coro mediático reprochó de entrada la supuesta ingenuidad de Cambiemos por no dar a conocer la “pesada herencia”. Como bien alertó tempranamente, en 2016, el docente de comunicación estratégica Mario Riorda, el macrismo no necesitó tanto enarbolar su propio relato porque contó con el beneficio de ser relatado por terceros. En palabras de quien escribe, los multinegocios concedidos a Clarín, zanahorias variadas para el resto y palos para los desobedientes garantizaron una parafernalia de comunicación que tornó innecesario crear un 678 propio o forzar una cadena nacional con el “patio militante” en Casa Rosada.

El dato preocupante del texto de la “bomba” no es tanto el aprovechamiento especulativo en el marco de una política bastante caníbal como la argentina, sino la evidencia de la radicalización de JxC, con motivos fundados para creer que el ciclo 2015-2019 no dejó a sus protagonistas ninguna lección beneficiosa para la población.

Los números oficiales elaborados por el Gobierno de Cambiemos sostienen esta síntesis: no bien asumió, al encontrar las arcas vacías en el Banco Central y un déficit primario sin financiamiento, pero amplio margen para tomar deuda y un extendido colchón social, Macri devaluó la moneda, pago cash a los holdouts, redujo retenciones, bajó impuestos a la riqueza y aumentó el gasto. La consecuencia esperable fue una primera recesión (-2,3% en 2016), suba del déficit fiscal (3,8% en 2015 versus 4,2% en 2016) y un acelerado proceso de endeudamiento bajo legislación extranjera. La anulación de controles al capital especulativo, el renovado retraso cambiario y las altas tasas en pesos convocaron a inversores interesados en obtener retornos absurdamente altos medidos en dólares a través del proceso de carry trade. La aventura terminó dos años más tarde con el mayor préstamo del FMI de la historia, por US$ 57.000 millones, de los cuales llegaron efectivamente US$ 44.500 millones. Los inversores del carry trade se fueron en cuanto pudieron. Quedó la deuda.  

Por lo visto, nadie en la coalición opositora quiere (o cree tener suficiente crédito para) elaborar y sostener una crítica a esa dinámica lacerante. Si alguno lo intenta, recibe la reprimenda fulminante del sistema mediático que tutela al macrismo. Así las cosas, la dirigencia del bloque conservador se exhibe en una carrera desenfrenada por repetir historias sobre las “catorce toneladas de piedras”, “los setenta años de fracasos” y la incomprensión de la ciudadanía planera por la revolución ética y republicana propuesta por JxC.

Deriva

El comunicado de la alianza opositora fue dedicado casi en su totalidad al gasto y la deuda en pesos, y se reservó un párrafo final contra los mapuches, “que no son originarios del territorio argentino”. No es cierto, pero tampoco relevante a la hora de abordar derechos y necesidades de comunidades indígenas. Ninguno de los firmantes del texto son originarios y, sin embargo, juntos suman más hectáreas que todos los mapuches que habitan en la Argentina. La mesa nacional de la coalición opositora se hunde hasta abrevar en la escoria racista de la historiografía.

La deriva es preocupante. Patricia Bullrich dice que se viene una política de shock, con eliminación de planes sociales y el Ejército en las calles de Rosario. Horacio Rodríguez Larreta se abraza a una retórica dura un día, baja un cambio el otro y exprime el manual del marketing para no arrojar ninguna definición. Su indiscreto ministro de Seguridad en uso de licencia, Marcelo D’Alessandro, fue más explícito cuando confesó ante jueces federales y ejecutivos de Clarín que intentará detener ilegalmente en calabozos sombríos a funcionarios kirchneristas que lo molestaron. Nada que no se haya hecho JxC en el Primer Tiempo.

Son cada vez más frecuentes los gestos de los halcones hacia libertarios procesistas y racistas. JxC abre las puertas de par en par a promotores de la pena de muerte y la metralleta en las calles, negacionistas de la dictadura, tomadores de dióxido de cloro, homofóbicos y xenófobos. Todo vale para derrotar al gatito herbívoro peronista. Como sintiera años atrás una dirigente política hoy subsumida en el macrismo, Javier Milei ya ganó. 

SL

El ex jefe de Gabinete Marcos Peña volvió a la dimensión pública tras casi tres años de ausencia, lanzándose como anfitrión de un podcast sobre liderazgo. “Proyecto 77” se llama la iniciativa virtual del ex funcionario de Cambiemos, quien dio a conocer el lanzamiento a través de su cuenta de Twitter.

“Estoy muy contento de compartir el lanzamiento de Proyecto 77, una conversación generacional en formato de podcast donde personas que atravesamos situaciones de liderazgo compartimos aprendizajes y herramientas a partir de nuestra experiencia”, escribió el dirigente del PRO.

El ex jefe de Gabinete de Mauricio Macri agregó: “Los invitados que participan son políticos, deportistas, artistas, emprendedores y especialistas de habla hispana y portuguesa, nacidos en su mayoría entre 1972 y 1982”.

Los primeros tres episodios del ciclo ya están disponibles en la plataforma virtual: allí Peña conversó con el ex líder del partido español Ciudadanos, Albert Rivera; la ex jefa de Gabinete de Colombia, María Paula Correa y el empresario gastronómico peruano Virgilio Martínez Véliz.

“Hablamos sobre la salud mental y física, la fama, el trabajo en equipo, comunicarse y conectarse con otros, cómo mantener la perspectiva, la relación con lo virtual, la naturaleza, y la importancia de poder proyectarnos a largo plazo”, indicó el ex presidente de Jóvenes PRO.

Peña definió al programa como una “búsqueda como viaje interior, de reconexión con uno mismo y con los demás, que tiene más de preguntas que de certezas o respuestas, una aventura que implica riesgos y meterse por territorios a los que uno no está acostumbrado”.

Respecto a su paso por la administración de Cambiemos, en el episodio de presentación del podcast comentó que tuvo una “altísima responsabilidad, muy exigente y muy desgastante”.

“En diciembre de 2019 di un paso al costado, me metí un poco para adentro y traté de hacer esta búsqueda de reconexión, de poder comprender esa dimensión humana de lo que había atravesado”, contó el ex ministro, quien confesó que atravesó “procesos terapéuticos” e indagó sobre temas como la salud mental.

Con Proyecto 77 aseguró que busca explorar sobre “un liderazgo auténtico, conectado y más colectivo” en vez de uno “mesiánico”.

LC con información de agencia NA

El presidente Alberto Fernández pidió este domingo investigar las denuncias sobre supuesto espionaje durante la gestión de Cambiemos, al hacerse eco de las acusaciones de la dirigente de la Coalición Cívica Elisa Carrió y del periodista Hugo Alconada Mon.

“Lo dije el viernes en el Coloquio de IDEA. En mi Gobierno no pasa lo mismo que en el anterior. No somos todos lo mismo”, expresó Fernández desde sus redes sociales, y enumeró: “La corrupción de las empresas familiares (Correo Argentino, parques eólicos, autopistas), el espionaje contra propios y extraños, las mesas judiciales para perseguir a la principal referente opositora y la utilización de la AFIP para callar medios críticos hicieron del Gobierno de (Mauricio) Macri el peor en términos institucionales desde el regreso de la democracia”.

Al hacerse eco de las manifestaciones del sábado de Carrió y de Alconada Mon en el programa de Mirtha Legrand, en Canal 13, el mandatario sostuvo que se trata de un “testimonio” que “un fiscal serio de la Nación debería investigar”.

Carrió había sostenido en ese envío haber sufrido “persecución” por parte de sectores de Cambiemos que le “hicieron un daño tremendo”.

Además, advirtió que “hay un caso bajo secreto de sumario” del que, dijo, prefiere no divulgar nada porque “no quiere comprometer a todo Juntos por el Cambio (JxC)”.

Por su parte, Alconada Mon denunció que el espionaje hacia su persona comenzó cuando empezó a “develar en el diario La Nación la participación en sobornos de Ángelo Calcaterra, primo de Macri, y por otro lado, el eventual rol de Gustavo Arribas (extitular de la AFI), por una serie de movimientos de dinero a operadores vinculados con Lava Jato”.

CRM

Abril de 2019. Mario Vargas Llosa le preguntó a Mauricio Macri si mantendría el rumbo de su Gobierno en un segundo mandato. “Voy a tratar de ir en la misma dirección, lo más rápido posible. ¿Está bien?”. Risas cómplices.

La respuesta del líder ante un auditorio libertario convocado por la rosarina Fundación Libertad pudo ser vista como un síntoma del ensimismamiento de un gobernante que no atinaba a ver el rostro de un país asfixiado por la deuda externa y al borde del abismo social. Pasaron tres años y la osadía (temeridad) de Macri, que entonces llegó a tornarse irritante para varios de los propios, hoy se transformó en el libreto oficial de Juntos por el Cambio.

Las expediciones para jubilar al padre naufragaron antes de zarpar. Dentro de la coalición conservadora, la carrera hacia 2023 no deja lugar para los débiles. El moderado Horacio Rodríguez Larreta alerta que se viene cirugía mayor sin anestesia y juega una carta mágica ante el menor inconveniente: manda a su brava Policia, sea a la inmediaciones de la casa de Cristina Fernández de Kirchner o a las escuelas públicas tomadas por adolescentes; Patricia Bullrich se prepara para la guerra y enciende una vela por Jair Bolsonaro, presta a subirse a la ola, mientras María Eugenia Vidal actúa como si buscara un indulto de Macri. Y éste se guarda para sí el papel de tutor y avisa que, si alguien se desvía del libreto, saldrá a la cancha. Fuera de este marco queda el radical Facundo Manes a caballo de un proyecto personalísimo del que poco se sabe, más allá de gestos para desmarcarse y metáforas neurológicas.

La ausencia de una evaluación crítica sobre los resultados de un Gobierno que tuvo el respaldo —al menos el primer bienio— de representaciones empresariales, el FMI, los gordos de la CGT, el Grupo Clarín, los tribunales, el peronismo racional y Washington marida con el anclaje en un populismo reaccionario que resuelve la historia en atribuir los males al peronismo, la izquierda, los vagos y los mapuches.

En condiciones normales, un cuadro electoral promisorio para Juntos por el Cambio parecería inverosímil. No hay indicador social ni económico durante el cuatrienio de Cambiemos en Casa Rosada que deje de mostrar una performance negativa, si no de debacle: PBI, inflación, deuda, pobreza, desigualdad, salarios, industria, obra pública. Si la mirada se extiende al plano de la calidad democrática, la independencia de poderes y el espionaje estatal, el balance hace juego con la economía. Y sin embargo….

Cuatro razones

Hay explicaciones estructurales e internacionales para comprender la resiliencia del macrismo. Ernesto Semán ya apuntó en su Breve historia del antipopulismo que la despedida de Juntos por el Cambio con el 40% de los votos en 2019 dio la pauta de que la competitividad de la promesa basada sobre “el individuo autónomo”, descontaminado de toda pretensión colectivista, había llegado para quedarse.

También hay razones particulares, de las que cabe enumerar cuatro.  

Primero: la pandemia. El Gobierno de Alberto Fernández salió a la cancha con el marcador cinco a cero en contra. Una hecatombe sanitaria global llevó a que el PBI se desplomara 10% en un año. Al Frente de Todos le tocó organizar el salvataje a través de la emisión de dinero —remedio ineludible que lastraría el mandato hasta el final—, porque el crédito ya había sido agotado por Macri en uno de los procesos de endeudamiento más acelerados de la historia. Hasta las políticas más irresponsables de los Fernández, como los subsidios de tarifas para ricos, habrían tenido otro peso en un mundo sin pandemia.

El trauma del aumento de la pobreza y la deuda de 2019 quedó eclipsado por el trauma social y psíquico que disparó la pandemia

En ese punto, el coronavirus actuó como un factor decisivo para obnubilar la valoración del pasado reciente. El trauma del aumento de la pobreza y la deuda de 2019 quedó eclipsado por el trauma social y psíquico que disparó la enfermedad global. El macrismo vio la hendija y arremetió con su lucha libertaria contra las restricciones de movilidad. Malas artes para sacar ventaja del agobio colectivo.

Segundo: la falencia histórica de los Fernández. El Presidente estaba llamado a ser un líder progresista, con capacidad pragmática para articular demandas y poner racionalidad después del frenesí del gasto sin sustento del segundo mandato de Cristina y del tándem deuda-fuga de Macri. No fue el caso. Alberto demostró ser un dirigente irresoluto, sin la capacidad de conducción ni los equipos que requería el momento. El mandatario se ubicó en una posición de debilidad tal que no puede gritar los goles propios, además de haber metido en su propio arco unas cuantas que iban afuera.

Dueña de una relación única con buena parte del pueblo humilde, Cristina ratificó que conviven en ella una conductora que lee escenarios como nadie y una dirigente contradictoria, de vuelo bajo. Comprendió mal el momento histórico y, sobre todo, falló a su promesa de poner su capital político a favor de un proyecto que superara, con criterios de equidad, males de la economía que se volvieron endémicos.

La Cristina versión 2019-2023 demostró que no había aprendido nada de la de 2011-2015. Al contrario, agravó sus errores. La noción de que “la emisión no genera inflación” y otras teorías estrafalarias sobre la ventaja de gastar miles de millones de dólares en energía gratis para las clases medias y altas volvieron aumentadas. Así, la vicepresidenta quedó ante el desafío de que se comprenda por qué limó a su propio Gobierno con la acusación de que aplicaba una receta de ajuste hasta junio pasado para terminar avalando recortes llevados a cabo por Sergio Massa que no tienen mucho que envidiarle al manotazo que intentó Nicolás Dujovne entre 2018 y 2019.

Si el “Estado presente” y el Gobierno “del más débil” incurren en una mala práxis tan flagrante y logra estos resultados, ¿por qué no probar otra vez con la ley del más fuerte?

Tercero: Comodoro Py. Las ataduras entre servicios de Inteligencia, la mesa judicial de Macri, los medios de comunicación de mayor difusión y jueces y fiscales federales están expuestas en expedientes, infidencias por Whatsapp, testimonios cajoneados y hasta fotografías en Los Abrojos. Esa trama tuvo dos objetivos: la persecución a opositores y disidentes —sospechados algunos con fundamento, pero con resguardos procesales débiles o inexistentes como norma— y la garantía de impunidad para los propios.

Las pruebas e indicios están a la vista. Cuentas en Luxemburgo de la familia Macri en las que terminaron decenas de millones de dólares ganados en un pase de manos de parques eólicos, empresas offshore de buena parte del elenco gubernamental, blanqueo de dinero autoorganizado, negocios multiplicados a partir de decisiones del Ejecutivo en peajes, generación eléctrica, renta financiera, soterramiento del ferrocarril Sarmiento, subasta de terrenos públicos para desarrollos inmobiliarios, Paseo del Bajo, etcétera. Es cuestión de levantar una baldosa y aparece el vínculo con un apellido clave de Cambiemos. La única explicación posible para que ninguna de estas investigaciones haya avanzado hasta un estado procesal mínimamente aceptable es que un tejido de impunidad inédito en democracia fue forjado en Comodoro Py.

Con los grupos Clarín y La Nación a la cabeza, el periodismo con más peso abandona la pretensión tan sólo de distancia y elige abordar al macrismo en clave de aplicación de correctivos ante desvíos de rumbo

El capítulo judicial difícilmente consagra o sepulta hegemonías políticas, pero el hecho de que indicios tan claros y sistémicos hayan pasado inadvertidos en los tribunales impide una reorganización de nombres y prácticas dentro del bloque conservador. Sin costos ni consecuencias, la anuencia judicial facilita la vida política de quienes deberían dar alguna explicación.

Cuarto: los medios predominantes. En lo que el sociólogo Pablo Alabarces define como “claudicación” del oficio periodístico, la prensa más influyente abandonó la intención de interpelar y problematizar a un sector clave de la política. Con los grupos Clarín y La Nación a la cabeza, el periodismo con más peso abandona la pretensión informativa y de distancia, y elige abordar al macrismo en clave de aplicación de correctivos. El cuestionamiento a dirigentes de Juntos por el Cambio se reserva al reproche cuando alguno elige una estrategia señalada como equivocada.

La amonestación más habitual suele ser por algún gesto que se entienda como un diálogo o concesión al Gobierno peronista, pero también encuentra eco el reclamo de que los radicales, liberales y conservadores resuelvan su interna con eficacia y articulen, si la patria lo necesita, con Javier Milei. El insulto, la amenaza, la teoría conspirativa y la proclama de ultraderecha campean en el prime time de los canales de noticias, los pases radiales y las columnas de opinión.

Cálculos y conflictos

El combo indulgente —pandemia, los Fernández, Comodoro Py y medios— colabora para poner en carrera a Juntos por el Cambio, pero a la vez supone severos riesgos en un eventual segundo tiempo.

En primer lugar, la promesa de recortes draconianos garantizados con mano dura policial es más fácil de sostener en una entrevista complaciente o en una cena de gala de una ONG que de llevar a cabo.

Reformar (bajar) jubilaciones, despedir empleados públicos, enterrar el reparto de computadoras, reducir impuestos a los ricos, eliminar programas sociales, borrar a Aerolíneas Argentinas de un plumazo y facilitar el despido de trabajadores están en el menú liberal clásico, aquí y afuera. La puesta en práctica requiere liderazgo, legitimidad y el abandono de teorías terraplanistas sobre la atracción de inversiones que supondrá la mera sustitución de apellidos en la burocracia estatal, el endeudamiento infinito inocuo y los beneficios mágicos de una devaluación. En diciembre de 2015, el elenco macrista decía tener todo esto calculado.

Una agenda de derecha recargada se enfrenta al problema del conflicto de intereses. No es sólo una cuestión ética o de corrupción, sino de sustentabilidad.

Años atrás, el periodista Marcelo Falak enmarcó en Letra P el sustento teórico detrás de colocar a un ejecutivo de la industria del petróleo a cargo de Energía, a un terrateniente en Agricultura, a un ejecutivo bancario en Finanzas, a un gerente de personal en Trabajo, etcétera. Tras la debacle de los Estados de bienestar posterior a la crisis petrolera de 1973, el cientista social Philippe C. Schmitter desarrolló un enfoque crítico sobre el Gobierno de interés privado —citó Falak—, en el que “una organización no estatal controla en régimen de monopolio bienes, servicios o status que son indispensables para sus miembros (...) El Estado impondrá a cambio ciertas responsabilidades y comportamientos públicos a la organización”.

El ajuste que Macri propuso disimuladamente en su primer mandato —pondría a “las mafias” parasitarias en un cohete y las enviaría a la Luna— y, ahora, todo Juntos por el Cambio se plantea sin inhibiciones presenta el problema de que el terrateniente a cargo de Agricultura se quiere llevar lo suyo, el financiero a cargo de Finanzas busca maximizar la ganancia de su sector, y otro tanto con el empresario del transporte, el ejecutivo de la petrolera, el gerente del multimedios, cada uno en su respectiva silla estatal. Cuando eso ocurre, el déficit crece y los recortes contra los que no tienen lugar en el gabinete —los trabajadores y los jubilados— no alcanzan.

¿Alguien aprendió la lección?

¿Hay alguien en Juntos por el Cambio pensando que la repetición de este esquema corporativo puede chocar el país otra vez? ¿Existe una mirada más sofisticada que aquélla que divide a la Argentina entre la sociedad productiva que representan el campo, el Dipy y Marcos Galperín versus el “pozo oscuro del Gran Buenos Aires” (Pichetto), “los argentinos que no quieren trabajar” (Macri) y “el 30% con los que no hay ninguna posibilidad de dialogar” (Larreta)? ¿Algún miembro del bloque conservador se atreverá alguna vez a contradecir la catarata de agravios e indecencias que disparan los medios que los fogonean?

¿Existe una mirada más sofisticada que aquélla que divide al país entre la sociedad productiva que representan el campo, el Dipy y Marcos Galperín versus el “pozo oscuro del Gran Buenos Aires” y “los argentinos que no quieren trabajar”?

Los números de pobreza conocidos esta semana indican que el país se encuentra —grosso modo— en el punto de partida del Gobierno de los Fernández (36,5% en el primer semestre de 2022 versus 35,5% en diciembre de 2019). El porcentaje es similar, pero la sociedad está más golpeada y frustrada. En el medio, pasó la pandemia, que siguió a ocho años de estancamiento y recesión. Los sectores más pobres e informales llevan una década de pérdida de ingresos y escuchando a gobiernos que alargan el horizonte de la solución de sus urgencias. “Se acabó la fiesta”, prenuncia la elite recortadora desde un canal de Palermo. “¿Qué fiesta?”, se preguntan en Rafael Castillo, partido de La Matanza.

El país rema entre problemas cíclicos, pero a la vez se aproxima a un escenario que podría abrir la puerta a un período de crecimiento sólido. Con Vaca Muerta a la cabeza, los recursos energéticos están ahí, su producción está funcionando y el mundo la demanda. Al menos hasta la última estampida del dólar de julio pasado y con sus inconsistencias a cuestas, la economía venía demostrando una capacidad de reacción inesperada para los funebreros de siempre.

En este mar de incertidumbre, un nuevo abordaje corporativista con mayor dosis reaccionaria no servirá ni para solucionar los problemas que en gran medida agravó el Ejecutivo de Cambiemos, ni para dar cauce al desarrollo que insinúan Vaca Muerta, el litio y la economía del conocimiento.

SL

La causa por presunto espionaje ilegal desde la Agencia Federal de Inteligencia (AFI) en el gobierno de Cambiemos se reactivó este martes con la citación como testigos de Mariano Macri, hermano del expresidente, el diputado nacional Diego Santilli y un pedido de informes a la oficina de escuchas telefónicas que depende de la Corte Suprema de Justicia.

La decisión fue del juez del caso Marcelo Martínez De Giorgi, quien ordenó una batería de medidas de prueba, entre ellas las citaciones a declaración testimonial de Mariano Macri, Santilli y también del juez de La Plata Luis Carzoglio, la interventora de la Agencia Federal de Inteligencia (AFI), Cristina Caamaño y el exfuncionario del macrismo José Luis Vila. Las audiencias se programaron para marzo próximo.

Martínez De Giorgi quedó a cargo del caso luego que la Cámara Federal de Casación resolvió el pase de la investigación desde la justicia de Lomas de Zamora a los tribunales porteños de Comodoro Py 2002.

En diciembre pasado, la sala I de la Cámara Federal de la ciudad de Buenos Aires revocó los procesamientos dictados en Lomas de Zamora a los extitulares de la AFI en el gobierno de Macri, Gustavo Arribas y Silvia Majdalani, consideró que no hubo una “asociación ilícita” y que se trató del accionar aislado de un grupo de espías.

Majdalani, segunda de Arribas en la AFI, quedó procesada por presunto “incumplimiento de deberes” a raíz de no haber controlado la actividad del grupo de agentes conocido como “Súper Mario Bros” por el nombre de un grupo de WhatsApp que integraban y que sí quedaron con procesamiento confirmado por infracción a la Ley de Inteligencia.

En ese fallo del 21 de diciembre pasado, el Tribunal de Apelaciones ordenó profundizar la investigación al nuevo juez de la causa, Martínez De Giorgi.

El magistrado dispuso ahora nuevas medidas y entre ellas, pidió con carácter de “muy urgente” informes a la Dirección Judicial en Delitos Complejos y Crimen Organizado (Dajudeco) sobre la existencia de “un sistema de entrega de las llamadas interceptadas judicialmente” entre ese organismo y la AFI “a través de un enlace dedicado o mecanismo similar”.

La semana pasada la interventora de la AFI Caamaño informó al juez sobre la existencia de 105.000 archivos de audio hallados en el organismo con escuchas hechas por orden judicial, que habrían sido derivadas de manera directa desde la Dajudeco a la AFI y que no fueron destruidas.

Martínez De Giorgi requirió que la Dajudeco informe “si durante los años 2017 a 2019 este sistema estuvo operativo; si la derivación a través de ese sistema se realizaba sobre la totalidad de las líneas interceptadas y a cuyo retiro se encontraba autorizada judicialmente la AFI, o si se requería en cada caso concreto de un pedido expreso de dicha Agencia para que se procediera a dicha derivación”, entre otros puntos.

A la AFI se le requirió, entre otras medidas, que previa desclasificación informe los “números de abonados telefónicos cuya titularidad y/o uso y/o asignación hubiera sido afectada, según sus registros” entre el 1 de enero de 2017 y el 31 de diciembre de 2019 a Arribas, Majdalani y otros 24 investigados.

En cuanto a los nuevos testigos, la declaración de Mariano Macri quedó programada para el próximo 21 de marzo a las 10 de manera presencial en los tribunales federales del barrio porteño de Retiro.

A Santilli se lo citó para el 14 de marzo en relación a que “ se expida acerca de posibles reuniones que pudo haber mantenido con los imputados en autos y las circunstancias de tiempo, modo y lugar en que habrían tenido lugar”.

Por su condición de diputado nacional podría prestar testimonio de manera escrita y si opta por esta modalidad el juzgado le enviará un pliego de preguntas.

Caamaño fue convocada por su parte para el 22 de marzo y también podría elegir responder por la misma modalidad.

En el caso de la interventora de la AFI, el magistrado detalló que se la citó como testigo en relación a un reportaje publicado por el diario “Tiempo Argentino” el 25 de diciembre pasado y se le hizo saber que “deberá ser relevada de la obligación de guardar secreto en los términos de la Ley 25520”.

El juez Carzoglio quedó citado para el 28 de marzo “ a fin de que se expida acerca de posibles reuniones que pudo haber mantenido con Alan Ruiz y Juan Sebastián De Stefano”, dos imputados en la causa.

Carzoglio denunció haber recibido presiones para firmar una orden de detención contra el sindicalista Pablo Moyano, algo que no hizo.

Al ordenar las medidas de prueba, Martínez De Giorgi pidió informes también al Servicio Penitenciario Federal, al Bonaerense, a la policía de la provincia de Buenos Aires, a Gendarmería, Policía Federal, Policía de Seguridad Aeroportuaria sobre “convenios que hubieren celebrado” con la ex SIDE y su sucesora, la AFI, entre 2010 y 2019.

También pidió al SPB que “con carácter de muy urgente se informen circunstanciadamente los motivos que rodearon la instalación de cámaras y micrófonos en el pabellón 6 de la Alcaidía Departamental N° 3 de La Plata ”Melchor Romero“, entre los días 8 y 24 de agosto de 2018.

Además, requirió al Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires que informe “la nómina de agentes de la Policía de la Ciudad de Buenos Aires que, en el período comprendido entre los años 2015 y 2019, fueron reclutados por la Agencia Federal de Inteligencia”.

Con información de Télam.

IG

El larretismo ya lo relata como un cuentito con moraleja. Si hasta el miércoles pasado era una fábula de circulación reservada, el alcalde la explicitó en Costa Salguero ante los principales CEOs de la Argentina. El relato dice así: Mauricio Macri ganó con el 50 por ciento de los votos, pero gobernó con el apoyó del 35 por ciento del sistema político. El egresado del Cardenal Newman creyó que polarizar con el kirchnerismo le alcanzaba para partir al peronismo y seducir al resto de la sociedad despolitizada. Una estrategia que le evitaba la molestia de convidar el poder a sus aliados, ya sean radicales, lilitos o peronistas portadores sanos. O, en sus propias palabras, enunciadas antes de enemistarse definitivamente con Sergio Massa, con el “peronismo racional”.

Siguiendo esa receta simple, Macri podía prescindir de instrumentar un gobierno de coalición. La fórmula se comprobó con éxito en las legislativas de 2017. Su gestión amigable hacia el mercado a su vez resultaba plebiscitada por los votos hasta en la provincia de Buenos Aires. Así, el ingeniero de la UCA daba por terminado el ciclo kirchnerista, un accidente en la evolución de la historia, según su mirada. En adelante, el núcleo duro de la expresidenta quedaría reducido a una tribu de fanáticos electoralmente impotentes. Dos años después, el cálculo macrista fracasó de manera estrepitosa.

Ahora, Horacio Rodríguez Larreta jura haber aprendido de esa experiencia traumática para el PRO. El alcalde estima que su acceso a La Rosada se parecerá al de Macri: por balotaje y con la mitad más uno de los votos. La enorme diferencia llegaría después. A diferencia del fundador del espacio amarillo, el alcalde aspira a gestionar con el aval del 70 por ciento del sistema político. Ese colectivo incluye una porción del peronismo que al momento forma parte del Frente de Todos. Un ministro porteño lo resume de esta forma: “Aprendimos que es posible llegar a la presidencia, pero que eso no alcanza para poder gobernar”. 

Con camisa blanca y saco azul, el alcalde lo aseguró en el coloquio de IDEA: “Hay que poder convocar al resto a un gobierno de coalición, que represente al 70% del sistema”. En una suerte de lanzamiento presidencial no verbalizado, aclaró que su plan de un acuerdo amplio “no implica llegar al 70% de los votos, porque eso tampoco es bueno para el equilibrio democrático. Lo que hay que tener, si llegamos al 23, es convocar al resto que represente el 70% del sistema. Es la única forma de sostener un plan a largo plazo incluso sosteniendo la alternancia. Como pasó en Chile y España para la salida de la dictadura y el franquismo ”.

Para el alcalde, esa es la única vía para lograr una carambola de tres pasos: ganar las elecciones; establecer una alianza que garantice gobernabilidad; e imponer una serie de reformas consideradas necesarias ya la vez reclamadas por el establecimiento. Por ejemplo, una nueva legislación laboral, fiscal y previsional.

“Vamos a llegar a 2023 con la gente convencida de que hacen falta las reformas. Pero si no es así, podemos implementar una consulta popular al respecto ”, explicó el economista y candidato a diputado por la Capital Martín Tetaz. La afirmación de Tetaz se dio en el ciclo “Medio Término: Rumbo a las elecciones”, organizado por la Cámara de Comercio de Estados Unidos en Argentina (AmCham). Frente a periodistas y empresarios, el candidato radical dio detalles sobre su mirada de la situación política y económica.

“Se adelantó todo. El 2023 se dio en 2021. Y vamos a gobernar con mayoría en ambas cámaras. No es como pasó en 2015, que Mauricio Macri gastó los dos primeros años en sumar gobernabilidad ”, afirmó exultante. No es el único dirigente cambiemita que percibe esa modificación del sentido común en favor de las reformas de mercado. Si en la campaña de 2015 Macri escondía su agenda ideológica, en el 2021 Larreta blanqueó su intención de terminar con las indemnizaciones por despido. Y lo hizo antes de ir a las PASO. El empleo registrado a la baja desde hace una década amortigua el impacto antipático de ese discurso.  

Amigo de Sergio Massa, Rodríguez Larreta apuntó su mensaje en el coloquio de IDEA hacia los dirigentes y los grupos sueltos del peronismo. Pero también hacia aquellos que, tras la paliza de las PASO y la crisis de convivencia en el Frente de Todos, comienzan a considerar que por fuera del oficialismo hay algo más que un desierto. 

“Tenemos que peronizar al PRO. Volverlo más amigable. Vamos a mostrar que respetamos la política, a diferencia de Macri. Y que no representamos un salto al vacío. El peronismo sometido por el kirchnerismo ya ve de forma distinta a Horacio que a Mauricio ”, se ilusiona uno de los armadores de Rodríguez Larreta. 

En paralelo al trabajo de Patricia Bullrich como presidenta del PRO, el larretismo organizó una mesa nacional personalizada. Su único objetivo es promocionar a Larreta por fuera del AMBA rumbo a La Rosada. No acumulan para Juntos por el Cambio. Cuentan con un catecismo exclusivo: volver presidente a Larreta. En el grupo de varones se llaman así mismos “los facilitadores”. El título busca exhibir humildad, en contraste con los tiempos en los que Marcos Peña daba órdenes y bajaba línea federal desde la Capital. Los facilitadores de Larreta en el interior son: el Secretario de Ambiente porteño Eduardo Macchiavelli; el subsecretario de asuntos interjuridiccionales Maxi Corach, hijo del mítico menemista Carlos Vladimiro; el exviceministro de Desarrollo Social de Carolina Stanley, Carlos Pedrini; el expresidente de ACUMAR Lucas Figueras; el exdiputado Marcelo Wechsler; el legislador Esteban “Larry” Garrido; más los dirigentes Marcelo Cano y Antonio Demarco. La mayoría tiene origen peronista. Y todos comparten un atributo: el perfil bajísmo. 

En la semana saltan de provincia a provincia. Preparan las condiciones para que, entre viernes y domingo, el jefe se tome un avión para empujar a los candidatos cambiemitas. Este fin de semana, al alcalde porteño le tocó visitar San Juan, San Luis y Mendoza

En sus recorridas provinciales, los ángeles larretistas exportan el know how porteño: le ofrecen a los candidatos que quedarán en carrera sus servicios. ¿Cuales? Las herramientas de comunicación segmentada, focus group y expertise de campaña. “No vamos a decir cómo son las cosas. Primero escuchamos y después colaboramos ”, revela uno. 

En JxC se ilusionan con ampliar la ola de triunfos de las PASO. En Formosa, la oposición cerró un acuerdo para que la peronista disidente Gabriela Neme baje su lista y apoye a JxC. La coalición quiere sumar una victoria de peso simbólico: derrotar al espacio de Gildo Insfrán. En La Rioja, el diputado PRO Julio Sahad hizo lo mismo que Neme. Tras sacar solo 11 puntos, declinó su postulación para favorecer a la lista de la UCR y pelearle el primer puesto al peronismo.

Mientras, el economista Hernán Lacunza prepara una suerte de plan de gobierno tentativo para el 2023. “El 2023 depende mucho de las condiciones que hoy no están claras, con una dinámica muy errática del programa actual”, se atajan cerca de Lacunza. Pero lo cierto es que el director actual de la consultora privada Empiria se reúne cada dos semanas con el alcalde porteño y los encuentros organizacionales con otros economistas, con empresarios y potenciales inversores. El establishment argentino todavía tiene bajo estudio a Larreta. Lo mira con una mezcla de ilusión y desconfianza, tras la experiencia fallida de Macri. Pero el alcalde jura que aprendió la lección. 

AF

Funcionarios y exmiembros de la Unidad de Información Financiera (UIF), el organismo antilavado, declararon en los tribunales de Comodoro Py que la gestión de Cambiemos evitó sancionar al HSBC en un caso relacionado con el colombiano Henry de Jesús López Londoño, conocido como “Mi Sangre” y sentenciado en 2018 por conspiración para ingresar y distribuir cocaína en los Estados Unidos.

Durante los últimos días, el juez federal Luis Rodríguez y la fiscal Alejandra Mangano escucharon las declaraciones testimoniales de miembros y exmiembros del Consejo Asesor de la UIF, dos de los cuales siguen en funciones en el organismo mientras que otros cuatro ya no forman parte de dicho consejo. En la causa también interviene la Procuraduría de Investigaciones Administrativas (PIA), que colabora con la fiscal para determinar si las autoridades de la UIF incumplieron con sus deberes.

En el caso del HSBC, el Consejo Asesor opinó en 2018 que el banco debía ser sancionado por no haber cumplido con el procedimiento de prevención de lavado de dinero en el caso del cliente Marcelo Oscar Chirizola, luego acusado de blanquear dinero de “Mi Sangre”, según dos fuentes directas del expediente, como publicó La Nación en diciembre de 2018. El banco de capitales extranjeros ya ha sido sancionado por pasar por alto los controles de lavado del narcotráfico. En 2012, la sede del banco en Londres admitió que había lavado al menos US$881.000.000 de grupos criminales de América Latina.

El HSBC aprobó la apertura de la cuenta de Chirizola con sólo una declaración de bienes personales del cliente.

Fuente directa del expediente judicial.

Chirizola fue procesado por la Justicia penal como presunto testaferro de “Mi Sangre”, como consta en la causa. Cuando comenzó a operar con el HSBC estaba vinculado al colombiano Londoño, quien residía en Argentina. Al cierre de este artículo, elDiarioAR no pudo corroborar la versión de Chirizola sobre los hechos. “Mi Sangre” fue detenido en Argentina en 2012 y extraditado a los Estados Unidos en 2016 para ser juzgado. Un tribunal de Florida lo condenó en 2018 por conspiración para ingresar y distribuir cocaína.

Entre las principales observaciones, los expertos del Consejo Asesor sostuvieron que el banco autorizó la apertura de la cuenta con documentación escasa para la comprobación del origen de los fondos y que no se ocupó de corroborar que el cliente cumpliera con las exigencias para evitar un posible lavado de activos. Además, señalaron que el banco no hubiera reportado las operaciones de Chirizola como “sospechosas” de lavado de activos.

“El HSBC aprobó la apertura de la cuenta de Chirizola con sólo una declaración de bienes personales del cliente. Recién después de algunas de las operaciones bancarias, el banco le solicitó a su cliente más documentación para cumplir con las reglas de prevención de lavado”, explicó una fuente de la investigación judicial. Chirizola presentó entonces contratos de alquileres posteriores a la apertura de la cuenta.

Este medio pudo contactar a Federici, quien se encuentra en el exterior y respondió las consultas vía correo electrónico. “Nuestra gestión investigó y querelló fuertemente a López Londoño y su organización criminal, incluyendo a Marcelo Chirizola. Nuestro requerimiento de elevación a juicio en la causa penal acusa a ambos (entre otros) y solicita sean sometidos a juicio”, respondió Federici. “La lucha contra el narcotráfico fue una de nuestras prioridades y representó más del 30% de nuestras querellas penales. También lo fue la lucha contra la corrupción, que representó otra porción similar”, agregó el exfuncionario. Federici no ha sido citado a declarar en la causa y su gestión ha negado haber cometido irregularidades en el control de los bancos.

Ante la consulta de elDiarioAR, una fuente del HSBC dijo que cuando el banco autorizó la apertura de la cuenta de Chirizola no se conocía su conexión con Mi Sangre. “El movimiento de fondos se ajustaba con el perfil del cliente y las operaciones no fueron por montos elevados, por esas razones no se emitió un Reporte de Operaciones Sospechoso (ROS)”, agregó una fuente del banco. “Otros bancos sí reportaron a este mismo cliente porque había manejado montos más elevados”, agregó el representante del HSBC ante la consulta.

En 2012, Chirizola movió en una sola transferencia unos $500.000, según una fuente de la investigación, monto que ratificó el HSBC ante la consulta. En dólares, al valor actual, esa suma equivaldría a alrededor de $50.000.000. En Consejo Asesor tuvo en cuenta que otros bancos que también habían tenido a Chirizola como cliente sí habían reportado sus operaciones como sospechosas.

El movimiento de fondos se ajustaba con el perfil del cliente y las operaciones no fueron por montos elevados, por esas razones no se emitió un Reporte de Operaciones Sospechoso (ROS).

HSBC.

Durante los interrogatorios, los miembros del Consejo Asesor no afirmaron que Federici hubiera demostrado interés en el caso del HSBC o que hubiera presionado a los miembros del Consejo Asesor para que opinaran en un sentido y otro, según afirmó una fuente directa del expediente. 

Sin embargo, al menos dos de los funcionarios de la UIF que declararon ante el juzgado de Rodríguez y la fiscalía de Mangano coincidieron en que la decisión de Federici fue una excepción a la regla, ya que el entonces titular del organismo antilavado decidió optar por la vía contraria a lo que recomendaba el Consejo Asesor. Esa conducta sólo se repitió otras dos veces durante la gestión del exfuncionario, agregaron algunos de los testigos.

“La decisión de no imponerle una sanción al banco en este caso se basó en la opinión técnica de toda la línea de la UIF (Dirección de Supervisión, Dirección de Régimen Administrativo Sancionador y Dirección de Jurídicos). La opinión de la línea estuvo basada en que de acuerdo a las pruebas recopiladas en la instrucción del sumario se logró determinar que el sujeto obligado había obrado conforme a la normativa aplicable”, afirmó Federici a elDiarioAR.

“El cliente en cuestión había operado conforme a su perfil transaccional, de manera justificada, con respaldo sobre el origen de sus fondos, y sin levantar sospechas”, aseguró el extitular de la UIF. Según Federici, los argumentos de la línea técnica “contaba con fundamentos mucho más sólidos que la opinión del Consejo Asesor y, por lo tanto, en uso de nuestras facultades, optamos por seguirla”.

La propuesta de eliminar el Consejo Asesor de la UIF fue formulada por el Ministerio de Economía en 2019 a través del proyecto de ley de presupuesto porque nos encontrábamos en un proceso de ajuste fiscal,

Mariano Federici — Extitular de la UIF.

Federici también sostuvo que, al momento de las operaciones bancarias, el HSBC “no tenía conocimiento de la existencia de una imputación penal contra el cliente, por lo que no tenía como saber de sus presuntos vínculos con actividad delictiva”. Afirmó también que su gestión sancionó en una oportunidad a dicho banco por otro caso.

Sanciones al banco y ejecutivos

La actual gestión de la Unidad de Información Financiera retomó el expediente por el caso Chirizola, que había sido iniciado en diciembre de 2015, durante el final de la gestión kirchnerista. El caso fue tratado nuevamente en 2020 y el organismo, ahora a cargo de Carlos Cruz, dictó una resolución mediante la que se sancionó tanto al HSBC, a su oficial de cumplimiento contra el lavado de activos y a otros cuatro directores que actuaron durante los años de los hechos investigados, según la resolución publicada por la UIF. Todos fueron sancionados con una multa de $550.000 a cada uno por “deficiencias en el sistema de prevención de lavado de dinero y financiamiento del terrorismo”, explicó una fuente del caso. Por cuerdas paralelas a estas sanciones, tramita la causa penal en la Justicia federal que se centra en el proceder del extitular del organismo.

El Consejo Asesor de la UIF está integrado por siete funcionarios de distintas áreas que analizan los casos de presunto lavado de activos y emiten una opinión antes de que el organismo tome una decisión, explicaron fuentes del caso. La opinión de estos expertos no es vinculante, pero no es habitual que las autoridades de la UIF se aparten de sus recomendaciones, explicaron dos fuentes directas de la investigación penal.

Federici desoyó al Consejo Asesor pero basó su decisión de no sancionar al HSBC en un dictamen del área de Asuntos Jurídicos de la UIF. Según los expertos que declararon ante la Justicia ese dictamen se basó en gran parte en los argumentos presentados por el HSBC ante el organismo para defenderse de la posible sanción y además “excedió las facultades de Jurídicos”, ya que opinó sobre el fondo de la cuestión analizada. 

Los miembros del consejo declararon que la decisión que habían tomado para sancionar al HSBC estaba bien fundada y demostraba que el banco omitió reportar las transferencias de dinero realizadas por Chirizola.

Fuente con acceso directo al expediente judicial.

“Los miembros del consejo declararon que la decisión que habían tomado para sancionar al HSBC estaba bien fundada y demostraba que el banco omitió reportar las transferencias de dinero realizadas por Chirizola”, dijo a este medio una fuente que accedió a las testimoniales.

Tras estas testimoniales, la fiscal Mangano analiza nuevas medidas de prueba a partir de las testimoniales, afirmó una fuente directa del expediente. La fiscalía buscará hacerse de las agendas de trabajo para analizar las reuniones que se realizaron en torno al caso dentro de la UIF y solicitará los expedientes de los otros dos casos en los que el entonces titular de la UIF también optó por desoír al Consejo Asesor, como señalaron algunos de los testigos durante sus declaraciones. 

Estos dos expedientes, que se basan en casos distintos a los de Chirizola, servirán para comparar el proceder de Federici con el caso que se investiga en esta causa. 

Las testimoniales incluyeron otro punto. Tras el caso que enfrentó a la cúpula de la UIF con el Consejo Asesor en 2018, el Ejecutivo de Mauricio Macri buscó eliminarlo del organismo a través de una modificación en el proyecto de ley del Presupuesto, que finalmente no fue aprobada en el Congreso en aquel momento. El hecho fue mencionado por algunos de los testigos.

El HSBC no tenía conocimiento de la existencia de una imputación penal contra el cliente, por lo que no tenía como saber de sus presuntos vínculos con actividad delictiva.

Mariano Federici — Extitular de la UIF.

“La propuesta de eliminar el Consejo Asesor de la UIF fue formulada por el Ministerio de Economía en 2019 porque nos encontrábamos en un proceso de ajuste fiscal”, respondió Federici a este medio, y “el Consejo Asesor representaba un gasto importante para el Estado (7 sueldos de subsecretarios de Estado)”. “Se ponderó el hecho que las opiniones del Consejo no resultaban vinculantes y por lo tanto su aporte no resultaba determinante. La UIF no se opuso a la propuesta porque, francamente, los Consejos Asesores no son bien vistos por la comunidad internacional”, afirmó el exfuncionario.

“Las UIF deben actuar de manera autónoma y operativamente independiente, y como los consejeros representan a organismos del poder Ejecutivo -al que también pertenece la UIF-, su presencia en la UIF podría ser vista como una intromisión indebida de parte del gobierno”, dijo el exfuncionario, quien se dedica a la gestión privada desde que dejó la función pública.

Federici fue uno de los paladines de la gestión de Macri para imponer una nueva imagen de Argentina ante los organismos antilavado del mundo. El exfuncionario fue incluso designado para presidir el Foro de Jefes de UIF del Grupo de Acción Financiera Internacional (GAFI), integrado por las Unidades de Inteligencia Financiera de los 37 países.

ED

En la noche del jueves Patricia Bullrich fue, después de Mauricio Macri, la persona más aplaudida de la red carpet de Primer Tiempo. Acababa de llegar de una gira por el interior del país que incluyó, entre otras escalas, Formosa y el Calafate. En sus viajes trabaja en el armado de la estructura nacional del PRO, pretende mostrar temeridad en lugares hostiles para su partido y, a veces, presenta su propio libro: Guerra sin cuartel, terminar con la inseguridad en la Argentina. Para el viernes fijó el lugar de la entrevista en un café al aire libre de la zona del Botánico de la Ciudad de Buenos Aires. Varios automovilistas que la reconocieron tocaron sus bocinas para saludarla y vivarla y un par la insultaron. Su figura nunca produce indiferencia.

La gran mayoría de dirigentes del PRO son nacidos y criados (nyc) en el partido que se fundó alrededor de la figura de Mauricio Macri. ¿Qué le aporta alguien como Patricia Bullrich, que llega con otra trayectoria?

El PRO es partido que estuvo muchos años en el gobierno, que nació muy ligado a la gestión. Le faltaba una mirada más política y yo le puedo aportar esa impronta, justamente por no ser una “NyC”.

¿Qué quiere decir una mirada más política?

Consolidar al PRO no solo como una fuerza electoral o como un partido que mira encuestas o marketing. Construir al PRO como una fuerza social del progreso, de la prosperidad, del país de la clase media que se levanta temprano para ir a trabajar o a estudiar: un país del esfuerzo y del mérito, y también, de valores más abstractos, como la libertad y la república. Mi objetivo es darle consistencia al PRO, porque cuando viajas por el país, te das cuenta que esta consistencia está, que existe.

En la franja centro del país…

En todo el país. Es cierto que algunas zonas tenemos dificultades, como en la Patagonia.

¿Y en el conurbano?

Tuvimos una elección regular, pero en un escenario de derrota sacamos el 37 por ciento de los votos.

Cuando el peronismo era menemista, la oposición era más bien social demócrata, eso fue un poquito la Alianza. Cuando el peronismo intenta ponerse, aunque sea simbólicamente, en la centroizquierda, corre a la oposición a una idea más republicana".

¿Representa una idea de derecha? ¿De centro derecha?

Son ejes que pasan por otro lado. El reacomodamiento del peronismo es lo que mueve el escenario. Cuando el peronismo era menemista, la oposición era más bien social demócrata, eso fue un poquito la Alianza.  Cuando el peronismo intenta ponerse, aunque sea simbólicamente, en la centroizquierda, corre a la oposición, a Juntos por el Cambio, a una idea más republicana. Para mí el eje más fuerte es populismo/ republicanismo. Dentro del republicanismo hay algunos más de derecha que otros.

¿Republicanismo sería respeto a la división de poderes?

No sólo eso. Tiene muchas más ideas: el mérito, el esfuerzo, la cultura del trabajo, sociedades con libertades individuales.

La cultura del trabajo ¿no deja afuera de ese imaginario a los que no tienen en empleo, a un tercio de la población?.

No es así. Dejar a los jóvenes en un plan es una política conservadora que no genera movilidad. Para salir del estancamiento hay que cambiar la mirada, y esto es una mirada retrospectiva crítica.

¿La crítica no sería que el gobierno de Macri destruyó empleo en lugar de crear más empleo?

Es relativo, porque si los incentivos son negativos, el empleo existente no se cubre. Si vos miras la cantidad de inmigrantes que entran a la Argentina por año, te vas a dar cuenta.

¿La inferencia es que sin planes sociales los argentinos harían las tareas de los inmigrantes?

La capacidad de generar empleo en una sociedad está dada por las normas laborales, por la capacidad de abrir rápido una empresa (como las sociedades simplificadas que este gobierno destruyó), por las facilidades para emprender. Lo quiero decir es que tenemos una sociedad que no crea la cantidad de puestos que podría crear si tuviese un ambiente favorable para hacerlo.

Pero la mayor asignación, que es la Asignación Universal por Hijo (AUH) no es incompatible con el empleo.

Estoy hablando de los planes, no de la asignación. La AUH no es un desaliento formalmente, pero en el inconsciente colectivo hay una idea de que vos la perdés. Los sistemas que funcionan son los que son automáticos, que se dan de alta y de baja cuando se consigue o pierde el empleo. La política social tiene que dar un paso hacia adelante. 

Con Macri aumentó la pobreza y aumentaron los planes.

No estoy ni estuve de acuerdo con eso. Lo expreso ahora porque lo dije los cuatro años de nuestro gobierno. Al final arrancamos con una prueba piloto del servicio cívico de valores para jóvenes…

¿Lo discutían con Carolina Stanley (ministra de Desarrollo Social) en el gabinete?

Hubo debates porque nosotros (en el ministerio de Seguridad) teníamos la punta del iceberg, que eran los piquetes en la ciudad de Buenos Aires. No era ese el problema, era la punta del iceberg.

La sensación, que se fortalece con el libro de Macri (Primer Tiempo), es que el gradualismo nunca fue una convicción, sino lo que había que decir…

Las catorce toneladas de piedra del 17 de diciembre en la Plaza de Mayo (año 2017) mostraron la dificultad que teníamos para gobernar… Generamos la baja de nuestro producto en la segunda mitad del mandato y no en la primera. Pero tenemos clara nuestra autocrítica y ya estamos construyendo la alternativa: arrancó el segundo tiempo.

¿La autocrítica es que el ajuste tendría que haber sido en los dos primeros años?

Vos me querés llevar a las palabras y yo no quiero porque las palabras tienen connotaciones….

La cuestión fiscal, entonces.

La cuestión fiscal, bajar ingresos brutos, que la coparticipación fuese a cambio de reformas, porque no puede haber provincias que dependan de la Nación y que no tengan absolutamente nada.. Más facilidades a las empresas que le saquen las normas que tienen para funcionar a nivel municipal, provincial, nacional, porque en este país hay que ser un héroe para abrir una empresa o para tomar a un trabajador. Esa parte no es ajuste, es simplificar la vida del que trabaja en regla. Si hay 7 por ciento de déficit fiscal es porque hay un 40, y en algunas provincias un 80 por ciento, de economía en negro. Si viajas por el país, fuera de una estación de servicio o alguna marca, no te da un ticket nadie.

Se escucha frustración por lo que fue la experiencia en la gestión de Macri…

Yo no me frustro porque no hago política mirando a las encuestas, creo en la transformación. Digo que un gobierno que es Cambiemos tiene que ser Cambiemos siempre y no “sigamos”.

En muchas áreas fuimos sigamos. Macri lo dijo en la presentación de su libro: Argentina es el único país en el que el político tiene miedo de tomar riesgos, y cuando uno quiere transformar a la sociedad tiene que tomar riesgos".

¿Los años de Macri fueron más sigamos que cambiemos?

En muchas áreas fuimos sigamos. Macri lo dijo en la presentación de su libro: Argentina es el único país en el que el político tiene miedo de tomar riesgos, y cuando uno quiere transformar a la sociedad tiene que tomar riesgos.

Larreta, en cambio, se postula como un antigrieta

Él tuvo ese discurso y creo que al día de hoy está claro que no es un problema de grieta. Ahora está claro que el gobierno quiere ir por las instituciones, que quiere una justicia que responda a sus intereses, que quiere hacer desaparecer las causas de Cristina. Eso no es un tema de grieta.

Tampoco somos Venezuela, como dijeron que iba a ocurrir.

Martín Soria, “lawfare”, que los jueces hacen lo que queremos o se van, la comisión que quiere controlar a jueces: son todos intentos de cambios sistémicos, que no han podido hacer porque hay una sociedad movilizada y una oposición fuerte. La firmeza de la oposición hace que podamos tener resguardos institucionales. Hoy sí lo escucho al jefe de gobierno hablar de eso: tomó conciencia del peligro.

¿Macri no buscó tener injerencia sobre el Poder Judicial?

No

¿Para qué fue seis veces Gustavo Hornos, el presidente de la Cámara de Casación Penal a Casa Rosada?

Las seis audiencias, ¿fueron para ver a Macri?

Y si no, ¿a quién?

¿No dicen que fueron a ver a (Gabriela) Michetti?

¿A Michetti en la Casa Rosada?

No sé, no sé… no leí lo de Hornos. Sé que fue a Casa Rosada, ahora que un juez vaya a Casa Rosada… No sé… Lo tiene que explicar él.

Las seis audiencias (del camarista Hornos en la Casa Rosada), ¿fueron para ver a Macri?. ¿No dicen que fueron para ver a (Gabriela) Michetti".

¿Y el espionaje a opositores desde la agencia de inteligencia?

Me parece una enorme injusticia comparar nuestro gobierno con el modelo talibán de Alberto y Cristina. Que hubo problemas, errores… veremos qué pasa con las causas abiertas… Pero somos institucionalistas, somos transparentes. No tenemos nada que ver con la lógica del kirchernismo. 

¿Macri será candidato a legislador este año?

Él dijo que en el 2021 no quiere ser candidato y me parece bien, el Congreso no es para un ex presidente, a menos que necesite fueros.

¿Bullrich candidata?

Ahora no voy a plantear nada porque al ser presidenta del PRO tengo que armar en 24 provincias y no corresponde que yo me ubique antes.

Pero figura muy bien en las encuestas entre los votantes de la oposición ¿a qué atribuye la popularidad?

A la gente le gustó nuestra gestión, le gustó cómo encaramos la política de seguridad.

¿Y le perdonaron paso por la Juventud Peronista en la década del ’70?

Creo que es al revés. Tengo una historia, estuve presa 9 meses en 1975… es una experiencia de la que algunos aprendemos. Siempre jugué fuerte. Cuando estuve en le gobierno de la Alianza defendí al radicalismo a morir. Creo que se entiende una historia de comprensión, no me quedé con una mirada binaria. Acá se usó la historia como arma del presente, en lugar de mirarla con más autocrítica, como (José “Pepe”) Mujica en Uruguay. No soy igual que a los 16 años, claro que no, y en mi caso creo que es positivo.

¿Es el recorrido: de izquierda en la juventud y de derecha en la madurez? 

No… Izquierda y derecha son términos que tienen poca raigambre en la Argentina, porque el peronismo se te mueve siempre.

¿La identidad peronista subsiste?

No. Pero tuve mi formación ahí.

¿El pro anti peronista?

El PRO es pro, no es anti algo.

El juez federal Marcelo Martínez De Giorgi solicitó este miércoles que se investigue si Gianfranco Macri, hermano del expresidente Mauricio Macri, cometió el presunto delito de evasión tributaria por la operación de los parques eólicos de Sideco, según el documento al que accedió elDiarioAR. 

El magistrado investiga si el gobierno de Cambiemos benefició a empresas del Grupo Macri entre 2016 y 2017 por la compra-venta de seis parques eólicos en la provincia de Chubut y en Miramar, provincia de Buenos Aires. Sideco adquirió los proyectos de energía renovable en nombre de otras compañías (Usir Argentina, Sideli y Sidsel) por US$ 25,8 millones. Los compró a la empresa española Isolux y los revendió meses después por US$ 95 millones, según la investigación de Perfil. 

El diputado Rodolfo Tailhade realizó esta semana una nueva presentación solicitando al magistrado que investigue el rol de una compañía en Luxemburgo, Lares Corporation SPF, que Gianfranco Macri, a cargo de los negocios de la familia, no había informado a la Justicia como parte de la cadena de sociedades que intervinieron en el negocio eólico, según explicó una fuente judicial del expediente. 

La existencia de esta sociedad offshore de Luxemburgo y la sospecha de una posible evasión surgió luego de que el consorcio de periodistas OCCRP reveló que detrás del entramado de sociedades creadas para comprar y vender los parques eólicos se encuentra Lares Corporation SPF y que su beneficiario final es Gianfranco Macri, según publicó La Nación, que accedió a los registros comerciales del país europeo.

Esta firma se usó para controlar la estructura de empresas armada por Sideco para actuar en la industria de las energías renovables. Lares invirtió en los parques eólicos a través de Rainbow Finance, un fondo de inversión que también tiene sede en Luxemburgo y en el que otros inversionistas habrían aportado fondos, según explicaron desde Socma.

Socma también dijo a La Nación que la tributación en Argentina por la operación de los parques eólicos “corrió por parte de las sociedades locales Sidsel SA, Sideli SA y Usir Argentina”. Sin embargo, Lares canalizó el dinero de la compra-venta, según las últimas revelaciones.

Por eso, el juez Martínez De Giorgi ordenó que se remita la denuncia de Tailhade al fuero Penal Económico, “advirtiendo que en la presentación bajo estudio se hace mención a la comisión de una serie de conductas que podrían constituir delitos tributarios”.

De acuerdo a las declaraciones juradas de Gianfranco, el empresario no había identificado a Lares Corporation hasta después de la investigación periodística de Perfil que sacó a la luz el caso en 2018 y la posterior denuncia penal, explicó una fuente directa de la investigación judicial.

Este viernes, la defensa del contador Mariano Payaslián, quien figuraba como titular de las compañías de Sideco y sus socios, presentó un descargo por escrito ante el juzgado en el que sostuvo que Gianfranco no habría estado obligado a declarar la offshore de Luxemburgo antes de 2019. Ese año, por una nueva disposición de la AFIP, el empresario declaró su participación en la sociedad extranjera Lares Corporation, sostuvo su contador, según informó una fuente judicial del caso.

Otras medidas

El juez Martínez De Giorgi también citó a Mariano Macri, hermano menor del expresidente, a prestar declaración testimonial en la causa. Además, dispuso la citación en los mismos términos a Mariana Nannis para que aporte documentación vinculada con la supuesta participación de su exmarido, Claudio Paul Caniggia, en el negocio de la familia Macri.

Tailhade había solicitado ambas testimoniales, luego de la publicación del libro “Hermano” del periodista Santiago O’Donnell, en el que Mariano Macri afirmó que, “en el caso de los parques eólicos, Gianfranco hizo de testaferro de Mauricio”.

El caso salió a la luz en enero de 2018, cuando Perfil reveló que durante 2016, mientras Macri promocionaba la inversión en energías renovables y la transparencia en los procesos públicos de su gobierno, la empresa insignia de su familia, Sideco, armó una estrategia para ingresar en el negocio sin pasar por licitaciones públicas. El diputado Rodolfo Tailhade (Frente de Todos) denunció el caso ante la Justicia.

Sideco creó cuatro empresas a nombre de un contador, Mariano Payaslián: Usir Argentina, Sideli, Sidsel y Parques Eólicos Miramar SA, junto a un grupo de socios. A través de estas compañías, adquirieron seis parques eólicos en la provincia de Chubut y en Miramar, provincia de Buenos Aires: compraron contratos con el Estado a la española Isolux, que estaba en retirada de la Argentina, sumida en una futura quiebra y denuncias por corrupción. 

Para septiembre de 2017, las empresas creadas por Sideco y sus socios terminaron revendiendo los seis parques que habían comprado a US$ 25,8 millones por US$ 95 millones. La ganancia neta ascendería a US$ 69,2 millones.

ED

Roberto Cachanosky prefirió no abundar en todo lo que el gobierno de Mauricio Macri había hecho mal. Contaba con un concierto de críticas para desplegar. Pero no tenía demasiado sentido: el expresidente conocía los cuestionamientos de memoria y, en gran parte, los compartía: no haber cortado de raíz con los planes sociales, con la mayoría de los subsidios e impuestos, ni haber avanzado con una reforma laboral profunda. Convocado por Macri a su oficina de Olivos, el economista liberal prefirió no entrar en un revisionismo inclemente sobre el ciclo 2015-2019. 

Cachanosky se concentró en el principal punto de coincidencia con su anfitrión al opinar destructivamente sobre la gestión de Alberto Fernández. Pero el economista mediático hizo algo más: un comentario programático. Le sugirió a Macri que Juntos por el Cambio debía girar hacia un discurso liberal sin matices, ni correcciones políticas. Desde el tercer piso de un edificio con vista a la avenida Libertador, el expresidente escuchó atentamente. Ahí, en ese edificio ubicado a tres cuadras de la quinta de Olivos, Macri hace base de lunes a viernes. Es su Instituto Patria al revés. 

Desde que levantó el perfil, dando una ronda de entrevistas y administrando sus dardos hacia al gobierno desde Twitter y Facebook, Macri también se mostró más activo en privado. Su agenda de reuniones semanales se atiborró. 

El lunes pasado, 24 horas antes de partir de vacaciones hacia Villa La Angostura, recibió al ultraliberal Cachanosky. Ese día a su vez se vio con la exdiputada del PRO Paula Bertol. En las semanas previas concretó otros mano a mano y encuentros por zoom con empresarios, legisladores, dirigentes y analistas. Incluso desde el country Cumelén, en La Angostura, a orillas del lago Nahuel Huapi, mantuvo una teleconferencia con unos 200 dirigentes tucumanos de Juntos por el Cambio. Fue el jueves pasado a la tarde. Ante la senadora Silvia Elías de Pérez y el diputado José Cano, entre otros, se envalentonó: “No tengo dudas de que en 2023 vamos a tener otra oportunidad”.

Los visitantes más recientes a la base de Olivos coinciden en su percepción. Ven a un Macri que recuperó su autoestima, si es que alguna vez la había perdido, al calor de la crisis económica actual. El fundador del PRO además se solaza con otro dato: la centralidad que adquirió Cristina Kirchner en el último tiempo. Se jacta de haberlo previsto. 

En las charlas reservadas, cuando llega el momento de ensayar una autocrítica sobre su monopresidencia, Macri se vuelve un poco autoindulgente: reconoce ciertos errores, pero los conecta con la “oposición destructiva” con la que le tocó lidiar. Sin explicitarlo, es una forma de justificar una performance decepcionante. Según el relato macrista, diputados, senadores, gremios, piqueteros y militantes sociales se dedicaron a boicotear su mandato.  

“Lo vi muy bien. Mis ideas liberales son innegociables. Y él estuvo de acuerdo conmigo en muchos puntos: la reforma impositiva y la monetaria. Está en una posición de aceptar errores del pasado y escuchar propuestas nuevas”, revela Cachanosky. 

La semana pasada, tuvo una visita mucho más habitual: la de Miguel Ángel Pichetto, su compañero de fórmula en 2019. El exsenador peronista es uno de los dirigentes con los que más habla. En su paso por Olivos, sin embargo, le llevó una novedad: la presencia de un justicialista histórico, identificado con el ciclo menemista. En plan de ampliar Juntos por el Cambio, Pichetto cayó con el riojano Jorge Yoma.

Con algunos de sus exministros, el diálogo es permanente. Especialmente con los economistas Nicolás Dujovne, Hernán Lacunza y Guido Sandleris, con Patricia Bullrich, Hernán Lombardi y Guillermo Dietrich. Con Horacio Rodríguez Larreta, el vínculo está mejor que hace tres meses, según coinciden desde ambas tribus. La dinámica confrontativa entre el gobierno nacional y el porteño, con hachazo a la coparticipación de por medio, los terminó por acercar.

Hace una semana, se juntó con su exsecretario de Seguridad, Eugenio Burzaco. Primer jefe de la policía metropolitana en 2009, cuando Macri todavía era alcalde, Burzaco le mostró un informe sobre el avance inevitable de la inseguridad. Pronosticó que el impacto de la caída económica va a redundar concretamente en más robos, entraderas y narcotráfico y violencia callejera, pero recién dentro de siete, ocho o nueve meses. Es decir, casi en simultáneo a las legislativas del 2021. Otro motivo para que se entusiasmara con realizar una buena elección.

La cotidianeidad de Macri en el llano se reparte entre tres lugares. Su caserón de Acassuso, el instituto amarillo de Olivos y la quinta de Los Abrojos, en localidad bonaerense de Malvinas Argentinas, donde descansa los fines de semana. 

Su mano derecha es el exsecretario general de la presidencia, Fernando de Andreis. También lo acompaña un grupo de asistentes operativos. Ese colectivo ya no incluye a su secretaria histórica, Ana Moschini, quien lo conoce desde que era un nene. Si bien se instaló en Olivos a principios de año, Moschini se terminó jubilando a raíz de la pandemia. 

Los demás ángeles mauricistas del despoder son Hernán Iglesias Illa, Gustavo Gómez Repetto, Julián Gallo (le maneja las redes sociales), Fátima Micheo, Fanny Peña, Julieta Herrero y Darío Nieto (investigado en las causas sobre espionaje ilegal de la AFI amarilla). Le administran la agenda y las redes, le llevan ideas y temas que le podrían interesar, además de responder a sus consultas, demandas de informes y datos. Exsecretarios y directores bajo su presidencia, ese team repite (con menos recursos y facturándole su sueldo al jefe) la tarea que cumplía durante la gestión macrista: crear sentido. El objetivo del Patria de Olivos es construir un clima ideológico favorable para un expresidente que va por la reivindicación. ¿Busca un cargo? En 2021, no. Y en 2023, se verá. Pero eso no es lo más importante. Su misión es otra: Macri quiere tener razón.

AF

Horacio Rodríguez Larreta ya tiene lista la nueva demanda contra el recorte en la coparticipación. Apenas Alberto Fernández promulgue la ley que aumenta la quita (unos 13 mil millones de pesos más que los que ya había dispuesto el decreto presidencial), el gobierno porteño volverá a judicializar su reclamo. El planteo por la supuesta inconstitucionalidad de la ley podría entrar mañana a la Corte Suprema. 

El alcalde asume que el cristinismo ya lo eligió como adversario favorito. Porque, tal como machacaba un jingle de campaña del Frente de Todos, Mauricio Macri ya fue. Larreta también concluyó que esa fricción ya no tiene vuelta atrás. Al contrario, piensa que se multiplicará en cada debate y cada controversia que roce a la Ciudad. Paradójicamente, la posible suspensión de las PASO funcionaría como un contra-ejemplo de esa tendencia. Porque ni siquiera Máximo Kirchner está muy entusiasmado con la idea de congelar las primarias del 2021. Rodríguez Larreta, tampoco. El cordobés Mario Negri, menos. El radical considera que las primarias son un método eficaz para zanjar sin sangre las internas convulsionadas de algunas provincias, como las de Córdoba. Por las dudas, Juntos por el Cambio se muestra dispuesto a obturar la chance de dar de baja las PASO provinciales en la legislatura porteña y la bonaerense.

Por fuera de esa circunstancia excepcional, la pulseada con el gobierno nacional pone al alcalde a la defensiva, en un papel de víctima con el que tampoco se siente incómodo. Ese rol le permite, por ejemplo, sancionar un proyecto ajustado, sin obras públicas nuevas y con un impuesto al consumo con tarjeta de crédito. Porque el único y absoluto culpable , según esa mirada, es el gobierno de los Fernández.

Como desventaja, la puja lo ubica en una situación de soledad porteña frente al resto de los gobernadores y el sistema político. Pero a la vez le reporta un beneficio indirecto: le trae alivio en el frente interno, justo cuando el macrismo hard lo acusaba de tibio y demasiado dialoguista. 

La foto del viernes a la tarde en el Centro Asturiano de Vicente López, junto a Mauricio Macri, Patricia Bullrich y el resto de la cúpula amarilla, buscó sellar esa pax romana: estabilidad intra-muros y firmeza exterior. “Con Mauricio estamos mucho mejor que en hace un par de meses”, confirma un funcionario del núcleo larreteano. La semana pasada se reunieron a solas. “Fue un buen mano a mano”, califica el ministro. 

En la cita del viernes también estuvo el vicealcalde Diego Santilli; la exgobernadora María Eugenia Vidal -por zoom, tras haber estado en contacto con un enfermo de Covid-; el intendente anfitrión Jorge Macri; y el de Lanús, Néstor Grindetti.

Al final del encuentro, Jorge Macri opinó que después de un año fuera del poder “Juntos por el Cambio está sólido” y que el Pro “está creciendo”. El intendente de Vicente López se entusiasmó: “Queremos darle a la Argentina una alternativa nueva. Ver a Mauricio, Horacio, Patricia, Néstor, María Eugenia, todos juntos, con ganas de seguir sosteniendo una alternativa en el país nos da muchas ganas”.

Ese fue el objetivo principal del encuentro: reforzar la unidad y dar la imagen de una familia ensamblada pero feliz.

Respecto a la queja judicial inminente contra la Nación, el autor intelectual fue el procurador de la Ciudad, Gabriel Astarloa, un abogado de perfil corporativo que se ganó la confianza del alcalde. Astarloa fue gerente de Legales del Banco Citi y socio en dos estudios influyentes durante más de dos décadas: los bufetes Bruchou, Fernández Madero & Lombardi y el de Allende & Brea. Hasta que en 2012 probó suerte en el gobierno porteño, ascendiendo a jefe de los fiscales en 2016. 

El lunes 30 de noviembre, Astarloa ya había incursionado en el barro grietero: el procurador denunció al secretario de Derechos Humanos de la Nación Horacio Pietragalla. El dirigente cristinista había calificado a la Policía de la Ciudad como una fuerza “coimera al mango” y hasta había presentado una demanda penal contra Rodríguez Larreta por la supuesta represión porteña en el velorio de Diego Maradona. 

Astarloa contraatacó: argumentó que, en caso de tener información sobre algún delito, Pietragalla debería “haberlo denunciado ante la Justicia y no lo hizo”. Tanto el planteo del secretario de DDHH como el del Procurador de Larreta se inscriben en una tradición instaladísima: la de la política judicializada. Se trata de un recurso efectista, pero completamente esteril para resolver conflictos reales.

Antes de darle las puntadas finales al texto que la Ciudad llevará a la Corte, existió una ronda de consulta con una figura ubicada a mitad de camino entre la política y la justicia. Frente a los supremos, el larretismo buscará toda la asistencia y capacidad de lobby que esté a su alcance. La presentación repetirá el argumento que la Capital ya le había llevado a la Corte, a raíz del decreto presidencial: el ajuste es unilateral y abusivo. 

Respecto a los tiempos y el ánimo de la Corte para meterse en ese brete, no existen garantías. O quizás sí: la voluntad ideológica permanente del presidente de los supremos Carlos Rosenkrantz. Con ese voto no alcanza, pero es un piso necesario. El misil epistolar de Cristina Kirchner contra los cinco jueces también fue celebrado en el edificio de la jefatura de gobierno.

Días atrás, el jefe de la Corte le tomó juramento a un nuevo integrante en el Consejo de la Magistratura nacional, en representación de los abogados. ¿De quién se trata? El exlegislador larretista Diego Marías. Así, el alcalde dio un pequeño avance en el TEG de su proyecto nacional. 

AF