Descabezada desde que su figura emblemática fue encarcelada por intento de golpe de Estado, la extrema derecha brasileña acaba de encontrar a un nuevo enemigo: las sandalias Havaianas. La marca ha sido “cancelada” por los seguidores de Jair Bolsonaro a raíz de un anuncio de televisión.

La polémica surgió por la frase que pronuncia en un anuncio de Havaianas la actriz Fernanda Torres. En él, la protagonista de ‘Aún estoy aquí’ (ganadora del Óscar a la mejor película internacional) pide no empezar el año 2026 “con el pie derecho” sino “con los dos pies”.

Los seguidores de Bolsonaro han interpretado la frase como una burla contra la derecha y están llamando al boicot contra Havaianas, como antes hicieron los simpatizantes de Donald Trump con la cerveza Bud Light, las máquinas Keurig, los cereales Kellogg's, y hasta Beyoncé.

El excongresista Eduardo Bolsonaro, hijo del expresidente, se grabó en un vídeo tirando a la basura un par de Havaianas (su cargo en el congreso brasileño fue revocado recientemente, después de que viajara a Estados Unidos para convencer a Trump de que tomara represalias contra Brasil por el juicio a su padre). “Pensaba que esto era un símbolo nacional”, se le escucha decir en el vídeo mientras señala la pequeña bandera brasileña que llevan las Havaianas como sello distintivo. “Me equivoqué; han elegido como portavoz de las sandalias a alguien que es abiertamente de izquierdas”.

Ni Torres ni la marca han hecho comentarios sobre la polémica.

“Le voy a decir al equipo de marketing [de Havaianas] que pida consejo al departamento de marketing de Budweiser aquí en Estados Unidos, ellos también perdieron el contacto con la realidad y sufrieron pérdidas por mil millones de dólares”, dijo Eduardo Bolsonaro en referencia a la reacción sufrida por Bud Light tras emitir un anuncio protagonizado por la estrella transgénero de TikTok Dylan Mulvaney (Bud Light fue “perdonada” después por Trump).

Se estima que el valor de mercado de la empresa Havaianas retrocedió unos 23 millones de euros este lunes, primer día del boicot a las sandalias.

La reacción desde la izquierda ha incluido llamamientos sinceros a los seguidores de Bolsonaro para que donen sus sandalias y también burlas, como la oferta de cambiar sus sandalias por una tobillera electrónica con los colores de la bandera nacional.

El dispositivo de la tobillera se ha vuelto un chiste recurrente desde que Bolsonaro fue sorprendido tratando de destruir la suya con un soldador, una acción que le hizo perder el arresto domiciliario para regresar a la celda donde ha comenzado a cumplir condena tras ser hallado culpable de un complot para anular el resultado de las elecciones de 2022.

Traducción de Francisco de Zárate

La Policía Federal de Brasil detuvo este sábado de forma preventiva al expresidente brasileño Jair Bolsonaro, condenado por un intento de golpe de Estado. La decisión de la Corte Suprema del país pone fin así al arresto domiciliaro del ultraderechista, que ya llevaba más de 100 días en prisión en su residencia, según apuntan medios locales y la agencia EFE.

Un grupo de policías acudió a la residencia de Bolsonaro, en Brasilia, y arrestado al dirigente de extrema derecha, que fue trasladado inmediatamente después a dependencias policiales. La Corte Suprema brasileña decretó la prisión preventiva del exmandatario para “garantizar el orden público”, después de que, aseguran los jueces, el expresidente intentara romper la tobillera electrónica que controla sus movimientos. Pretendía fugarse durante una manifestación convocada frente a su casa por uno de sus hijos, según afirmó la Corte.

El líder ultraderechista, condenado a 27 años de cárcel por golpismo y quien ya se encontraba en prisión domiciliaria desde agosto, fue arrestado y conducido a instancias policiales para “garantizar el orden público”, según justificó el Supremo en su decisión.

Bolsonaro fue condenado el pasado mes de septiembre a 27 años y tres meses de prisión por el Supremo Tribunal Federal por planear un golpe de Estado tras perder las elecciones de 2022 contra el progresista Lula da Silva. La justicia brasileña concluyó que Bolsonaro había sido líder y principal beneficiario de un plan para impedir que Lula asumiera el cargo en 2023.

Se trata de la primera vez en la historia del país que un expresidente se enfrenta a penas de prisión por haber atentado contra la democracia tras haber perdido las elecciones en 2022.

Bolsonaro permaneció bajo arresto domiciliario estricto por violar medidas cautelares. Este mismo viernes, la defensa del expresidente había pedido a la Corte Suprema que el ultraderechista pudiera cumplir la condena entera bajo el régimen de prisión domiciliaria, alegando motivos de salud. Sin embargo, la petición no ha sido escuchada, y sus abogados no se pronunciaron todavía sobre su arresto.

Aun así, se espera que su defensa solicite de nuevo el permiso para permanecer bajo arresto domiciliario. Durante estos 100 días, Bolsonaro tenía prohibido acceder a redes sociales, aunque pudo disfrutar de otros beneficios, entre otros las visitas o llamadas de líderes y compañeros internacionales, como el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, que ha calificado su juicio en varias ocasiones de “cacería de brujas”.

Según medios locales, la prisión preventiva de Bolsonaro de este sábado no se trata del inicio de la ejecución de la pena, que se espera que comience durante las próximas semanas, después de que el Supremo haya rechazado los primeros recursos de apelación contra la sentencia.

En el marco del proceso por golpismo, el Supremo también ordenó este viernes la prisión preventiva para el diputado Alexandre Ramagem, gran aliado de Bolsonaro que también ha sido condenado en el mismo juicio del expresidente, tras supuestamente haberse fugado a Estados Unidos. Las investigaciones apuntan a que el parlamentario dejó Brasil en septiembre pasado a través del estado de Roraima, fronterizo con Venezuela, y continuó de forma clandestina hacia ese país o hacia la Guayana Francesa, antes de poner rumbo a Estados Unidos.

Ramagem, exdirector de la Agencia Brasileña de Inteligencia, recibió una condena de 16 años de prisión en régimen cerrado, por los delitos de organización criminal, golpe de Estado y abolición violenta del Estado Democrático de Derecho.

El fiscal general de Brasil, Paulo Gonet, solicitó este martes la condena de nueve militares de élite del Ejército y un agente de la Policía Federal involucrados en el intento de golpe de Estado de fines de 2022 y comienzos de 2023, un complot que, según la acusación, contemplaba el asesinato del presidente Luiz Inácio Lula da Silva, al vicepresidente Geraldo Alckmin y al juez del Supremo Tribunal Federal (STF) Alexandre de Moraes.

De acuerdo con la Procuraduría General de la República (PGR), los procesados actuaron en dos frentes. El primero era presionar a la cúpula de las Fuerzas Armadas para garantizar respaldo al golpe encabezado por el saliente presidente Jair Bolsonaro (2019-2022) y, el segundo, ejecutar acciones de campo destinadas a desestabilizar el sistema constitucional y provocar la ruptura institucional.

El grupo habría intentado poner en marcha el plan llamado “Puñal Verde y Amarillo”, que incluía el secuestro, la detención e incluso el asesinato de las principales autoridades del país.

Según Gonet, los procesados utilizaron sus “conocimientos técnicos y posiciones estratégicas para llevar a cabo operaciones sobre el terreno con el fin de neutralizar a las autoridades centrales del régimen democrático y promover la inestabilidad social necesaria para la ruptura institucional”.

El fiscal citó grabaciones del agente de la Policía Federal Wladimir Matos Soares, en las que este reconoce que su equipo estaba dispuesto a usar “fuerza letal” y que “mataría a medio mundo” si era necesario para evitar la asunción de Lula da Silva, vencedor de las elecciones de 2022 frente a Bolsonaro.

Los acusados forman parte del comando de élite de inteligencia y acción rápida del Ejército, conocidos como los “kids pretos” (jóvenes negros). El proceso que se inicia en el Supremo Tribunal Federal corresponde al Núcleo 3 de la trama golpista, luego de que, en su primera fase, Bolsonaro fuera condenado a 27 años y tres meses de prisión por liderar el intento de golpe.

De acuerdo con Gonet, “las investigaciones revelan la declarada disposición homicida y brutal de la organización criminal, que para este fin orquestó y llevó a cabo acciones coercitivas debidamente armadas”.

Entre los procesados figuran el general retirado Estevam Cals Theophilo Gaspar de Oliveira y los coroneles Bernardo Romão Corrêa Netto, Fabrício Moreira de Bastoss, Márcio Nunes de Resende Jr. y Hélio Ferreira Lima. Así como los tenientes coroneles Rafael Martins de Oliveira, Rodrigo Bezerra de Azevedo, Ronald Ferreira de Araújo Jr. y Sérgio Ricardo Cavaliere de Medeiros, además del agente de la Policía Federal Wladimir Matos Soares.

La fiscalía general solicitó que nueve acusados sean condenados por cinco delitos, incluido el de tentativa de golpe de Estado, mientras que en el caso del teniente coronel Ronald Ferreira, Gonet pidió que sea juzgado únicamente por incitación al crimen, por haber tenido una participación solo de apoyo. Hasta ahora, el Supremo Tribunal Federal ha condenado a 15 personas por el intento de golpe de Estado que buscó mantener en el poder a Bolsonaro.

La semana pasada, el Supremo Tribunal Federal confirmó la condena a 27 años y tres meses a Bolsonaro en la acción penal por el complot golpista tras perder las elecciones de 2022, al rechazar la apelación presentada.

Además de Bolsonaro, también se les denegaron las apelaciones al exministro y candidato a la vicepresidencia en la fórmula para 2022, Walter Braga Netto ; Almir Garnier , excomandante de la Marina; Anderson Torres , exministro de Justicia y exsecretario de Seguridad del Distrito Federal; Augusto Heleno , exministro del Gabinete de Seguridad Institucional (GSI); Paulo Sérgio Nogueira , exministro de Defensa; y Alexandre Ramagem , exdirector de la Agencia Brasileña de Inteligencia (Abin).

Minutos después de que el Tribunal Supremo Federal (STF) condenara a Jair Bolsonaro a 27 años y 3 meses de prisión, un grupo de unas cincuenta personas se congregó en la puerta de su casa. Envueltos en banderas de Brasil, Estados Unidos e Israel rezaron con pose triste para transmitir su apoyo al expresidente. Para sorpresa de los analistas políticos que esperaban una marea bolsonarista, las calles de Brasilia permanecieron desiertas durante toda la madrugada. Por el contrario, la fiesta estalló en múltiples rincones de Brasil para celebrar la condena. Multitudes espontáneas se desgarraban la garganta cantando en bares y calles Vou festejar, una canción de samba de Beth Carvalho: vou festejar o teu sofrer (“voy a celebrar tu sufrimiento”) .

La lista Canciones para celebrar la prisión de Bolsonaro, que circula como la pólvora en la whatsappfera brasileña, encierra importantes claves geopolíticas del proceso judicial contra la trama golpista. En la primera canción, Ô Trump, la artista Amanda Magalhães remezcla con ritmo bailable frases de Lula da Silva en las que se mofa de Eduardo Bolsonaro, hijo del expresidente, pidiendo ayuda a Donald Trump:“Trump, Trump, defiende a mi padre / Por el amor de Dios, Trump, libera a mi padre / dime que no vas a tasar a Brasil si me padre no entra en la cárcel”.

El apoyo del Gobierno de Estados Unidos al expresidente de Brasil ha sido un verdadero abrazo del oso para el bolsonarismo. Unir su destino a la bandera estadounidense mientras Trump aplica un tarifazo a todo Brasil, no solo ha trazado un callejón (casi) sin salida para la extrema derecha brasileña, sino que ha provocado la (casi) recuperación de la bandera nacional para la izquierda. El pasado domingo, día de la independencia de Brasil, una bandera estadounidense gigante flotaba sobre las cabezas de los manifestantes de la protesta bolsonarista de São Paulo. Mientras, las banderas brasileñas reinaban en el desfile presidencial del 7 de Setembro, una ceremonia cívico-militar cuyo lema fue “Brasil soberano”.

¿Brasil, capital Washington?

The New York Times publicó un texto el pasado martes, día inaugural del juicio contra la trama golpista, titulado El nuevo símbolo de la derecha brasileña: la bandera estadounidense. Jack Nicas, corresponsal en Brasil del diario neoyorquino, destacaba en el texto cómo la bandera estadounidense se ha convertido en improbable símbolo del bolsonarismo durante el aniversario de la independencia del país sudamericano.

Este abrazo de la bandera de EEUU en un momento en el que el gigante norteamericano amenaza la soberanía brasileña, también ha irritado a muchos bolsonaristas. Hasta el pastor Silas Malafaia, ventrílocuo radical y (casi) impune del bolsonarismo, insinuó que la bandera estadounidense gigante había sido llevada a las calles de São Paulo por izquierdistas. Dos diputados progresistas denunciaron que la bandera de la avenida Paulista tenía el mismo tamaño que la usada en un partido de la liga de fútbol americano (la NFL) celebrado en São Paulo. Si la bandera hubiera sido cedida por la NFL o cualquier otra empresa internacional, violaría las leyes brasileñas, que impiden la participación de entidades extranjeras en la política nacional. El bolsonarismo, acorralado en su callejón, puede acabar siendo apuntillado, técnica y moralmente, por crímenes de lesa patria.

El fervor trumpista de la extrema derecha brasileña, salpicado de simpatías sionistas, está directamente relacionado con el juicio contra la trama golpista que el Tribunal Supremo concluirá en unas semanas (falta juzgar a otros núcleos del golpe). Por primera vez en la historia, militares brasileños del alto rango han sido condenados. A parte de Jair Bolsonaro (capitán en la reserva), los generales Augusto Heleno, Paulo Sergio Nogueira, Braga Netto y el almirante Almir Garnier fueron condenados y se quedarán, con casi total seguridad, sin su cargo militar.

La condena marca un antes y un después en la impunidad de los militares brasileños. Y supone una venganza contra Estados Unidos, que financió y apoyó el golpe militar de 1964 y que ha llegado a amenazar a Brasil hace unos días con el uso de la fuerza militar. En el artículo Mi tío embajador, el periodista Fred Melo Paiva ironiza que los perfiles en redes sociales de la embajada de Estados Unidos en Brasil parecen tomados por los grupos de familia de Whatsapp (donde siempre hay un tío que lava la cara a la extrema derecha con argumentos bizarros).

El abrazo a la bandera de EEUU en un momento en el que el gigante norteamericano amenaza la soberanía brasileña ha irritado a muchos bolsonaristas

A comienzos de abril de 2019, el Gobierno de Jair Bolsonaro envió un telegrama a la ONU afirmando que no hubo golpe de Estado en Brasil el 31 de marzo de 1964. En los días previos, el argentino Fabian Salvioli, relator especial de la ONU en cuestiones de memoria histórica, había sacado los colores a Bolsonaro por celebrar en las calles el aniversario del golpe. “Los intentos de justificar graves violaciones de derechos humanos del pasado deben ser claramente rechazados por todas las autoridades y por la sociedad como un todo”, había escrito el argentino.

Para Jair Bolsonaro, su clan familiar y los militares que se unieron a la radical huida hacia adelante de la extrema derecha brasileña el golpe de 1964 fue “una revolución”. Y el intento de golpe de Estado coordinado por el expresidente Bolsonaro no era más que la continuación de aquella intervención revolucionaria de 1964 bendecida por la democracia estadounidense. En esa pirueta imposible de intentar ser patriota abrazado la bandera del golpista externo reside la tumba del clan Bolsonaro. Y también el fracaso de la ley de amnistía que el bolsonarismo intenta que avance en Congreso y Senado.

Bye bye, Eduardo

La condena de Jair Bolsonaro deja una laguna en la extrema derecha brasileña. Si antes del tarifazo de Trump Eduardo Bolsonaro, hijo más internacional del expresidente, tenía posibilidades de heredar el trono electoral, a día de hoy es inviable. Incriminado por la Policía Federal por su involucración en las sanciones en Estados Unidos y considerado antipatriota por la opinión pública, Eduardo Bolsonaro es un nombre a evitar en cualquier encuesta electoral. Puede hasta perder su cargo de diputado.

El senador Flávio Bolsonaro, que sigue defendiendo que su padre será candidato presidencial en 2026, tampoco se libra de la oleada tóxica de su apellido. Carlos Bolsonaro, Carluxo, el mago de las fake news que auparon a Jair al poder, está desaparecido: hace meses que no aparece ni en las manifestaciones para defender a su padre ni por el pleno de Río de Janeiro, donde ejerce como concejal. Renan Bolsonaro, el menor del clan, sobrevive sin pena ni gloria como concejal de Balneário Camboriú, una tosca y contaminada Dubái brasileña con mucha presencia ultraconservadora. Quedaría una última carta: Michelle Bolsonaro, la ex primera dama, diva del evangelismo y amada por el presidente del Partido Liberal (PL), pero odiada por todos los hijos del condenado patriarca.

El declive del clan Bolsonaro deja a la derecha brasileña extraviada. El centrão —ese bloque conservador que controla el poder legislativo y que todavía cuenta con algunos ministerios del gobierno Lula— sueña con lanzar un candidato presidencial propio. Sin embargo, en el momento en el que el poderoso partido União Brasil estaba empezando a salir del Gobierno, Lula se recupera en las encuestas.

Tarcísio de Freitas, actual gobernador de São Paulo, el candidato natural del bolsonarismo en 2026, intenta pescar en aguas revueltas, afirmando que el expresidente fue condenado sin pruebas. No lo tiene fácil. En todas las encuestas, Lula lo derrota. Su patriotismo made in USA es su talón de Aquiles. La memesfera no perdona. Un montaje fotográfico en el que Tarcísio usa una gorra con el lema Make America Great Again y Lula una con Brasil é dos brasileiros se expande como la espuma y acaba de inaugurar la precampaña electoral.

El Tribunal Supremo de Brasil convirtió a Jair Bolsonaro en el primer expresidente en la historia del país condenado por intento de golpe de Estado.

El líder ultraderechista de 70 años dice ser víctima de una persecución política, pero cuatro de los cinco jueces concluyeron este jueves que está suficientemente probado que él y sus aliados cercanos trataron de dar un golpe de Estado para anular las elecciones de 2022, en las que perdió frente a Luiz Inácio Lula da Silva.

También fueron condenados otros siete miembros de su administración, entre ellos, altos mandos militares, algo que tampoco tiene precedentes en un país que sufrió una brutal dictadura militar entre 1964 y 1985.

¿Qué reveló el juicio?

Tras meses de investigación, la policía federal y el fiscal general concluyeron que una “organización criminal” liderada por Bolsonaro ejecutó un largo listado de acciones para mantener al exparacaidista en el poder a toda costa. El complot incluía un plan para asesinar a Lula, a su vicepresidente, y al juez Alexandre de Moraes, que en 2022 presidía el tribunal electoral. Tras las elecciones, Lula y Moraes fueron vigilados de cerca por soldados de las fuerzas especiales.

Según los investigadores, el complot de asesinato fue abandonado porque Bolsonaro solo logró convencer a uno de los tres jefes de las fuerzas armadas, el comandante de la marina. El jefe de la fuerza aérea y el del ejército se negaron a formar parte de él.

El punto álgido del intento de golpe de Estado fue el motín ocurrido una semana después de que Lula asumiera el cargo, el 8 de enero de 2023, cuando cientos de seguidores de Bolsonaro saquearon el palacio presidencial, el Congreso y el Supremo en Brasilia, la capital del país.

El único juez que absolvió a Bolsonaro se llama Luiz Fux. Argumenta que la fiscalía no logró demostrar la culpabilidad del expresidente y sostiene que el juicio debe anularse porque el caso no es jurisdicción del Tribunal Supremo. También respalda la alegación de la defensa diciendo que los abogados de Bolsonaro no pudieron revisar todo el material del caso, que tiene unos 70 terabytes de documentos generados por la investigación.

¿Qué pasará ahora?

Bolsonaro fue condenado a 27 años y tres meses de cárcel. El expresidente vive bajo arresto domiciliario desde el 4 de agosto, acusado de intento de intimidación contra los jueces del Tribunal Supremo. Esta campaña de intimidación es liderada desde EEUU por su hijo Eduardo Bolsonaro y tuvo como resultado la imposición de aranceles y sanciones por parte del Gobierno de Donald Trump.

El expresidente tiene derecho a apelar, aunque el margen con el que se aprobó su condena hace poco probable una revocación. Los jueces decidirán dónde cumplirá su condena una vez concluido el proceso de apelación, probablemente en octubre o noviembre.

Debido a los recurrentes problemas de salud que sufre tras el apuñalamiento de la campaña electoral de 2018, es probable que Bolsonaro siga bajo arresto domiciliario, en un hospital o en una unidad especial dentro de un cuartel o una instalación policial.

¿Qué futuro político tiene Bolsonaro?

Incluso antes de esta condena, Bolsonaro ya había sido inhabilitado para presentarse a elecciones en dos sentencias anteriores del tribunal electoral. Una, por atacar el sistema de votación; y otra, por utilizar la presidencia con fines electorales.

Pero el Congreso brasileño, mayoritariamente conservadora, podría aprobar una ley de amnistía para él y para cientos de personas condenadas por los disturbios del 8 de enero. Los jueces ya han considerado inconstitucional la propuesta de amnistía. Si se aprueba, se espera una batalla judicial.

Mientras tanto, figuras de la extrema derecha entre los que figuran los hijos de Bolsonaro que se dedican a la política y su esposa, están luchando por decidir el nombre del candidato que desafiará a Lula, el presidente progresista que ya ha anunciado su intención de presentarse a las elecciones de 2026.

¿Cómo respondió Donald Trump, aliado de Bolsonaro?

Trump ya había criticado el caso contra Bolsonaro y lo había invocado como una de las razones para imponer aranceles del 50% a las importaciones procedentes de Brasil. La mayoría de los expertos jurídicos brasileños coinciden en que hay pruebas sustanciales para la condena y que se ha respetado el debido proceso.

Tras el fallo del jueves, el presidente estadounidense dijo estar “muy descontento” con la condena y añadió que siempre ha considerado a Bolsonaro como alguien “excepcional”. Su secretario de Estado, Marco Rubio, publicó en la red social X que Washington “respondería adecuadamente a esta caza de brujas”.

El Ministerio de Relaciones Exteriores de Brasil calificó el comentario de Rubio como una amenaza contra “la autoridad brasileña” que ignora “los hechos y las pruebas convincentes que figuran en los expedientes”. El ministerio añade que la democracia brasileña no se dejará intimidar por Estados Unidos.

Trump ya había revocado los visados de Moraes y otros magistrados del Tribunal Supremo brasileño. El juez también fue objeto de las sanciones Magnitsky, reservadas por lo general para las personas que cometen graves violaciones contra los derechos humanos.

Traducción de Francisco de Zárate.

El expresidente de Brasil Jair Bolsonaro, sentenciado este jueves a 27 años y 3 meses de prisión por atentar contra el orden democrático, se suma a la larga lista de exgobernantes latinoamericanos condenados o procesados penalmente.

Bolsonaro y otros siete procesados fueron condenados por delitos contra la democracia, entre ellos intento de abolición del Estado democrático de derecho, golpe de Estado, organización criminal, deterioro de patrimonio protegido y daño calificado. En el caso del exmandatario, el juez relator aplicó el agravante de liderazgo, al señalar que la Fiscalía lo identificó como “jefe” de la organización criminal que conspiró para impedir la toma de posesión de Luiz Inácio Lula da Silva tras su victoria en las elecciones de 2022.

A continuación una relación de los principales exmandatarios latinoamericanos condenados o con causas penales:

BRASIL

ARGENTINA

COLOMBIA

PERÚ

PANAMÁ

ECUADOR

EL SALVADOR

BOLIVIA

HONDURAS

GUATEMALA

EFE.

La Primera Sala del Supremo de Brasil condenó este jueves por mayoría al expresidente Jair Bolsonaro y a siete de sus más estrechos colaboradores a penas de entre dos y 27 años de prisión por intento de golpe de Estado.

Estas son las claves de la trama que, según la sentencia, “lideró” el líder ultraderechista con el objetivo de “perpetuarse en el poder”, tras perder las elecciones de 2022 frente al actual gobernante, el progresista Luiz Inácio Lula da Silva.

1. El origen de la trama: 2021

El juez Alexandre de Moraes, relator del caso, señaló en su voto “13 actos ejecutivos”, respaldados por documentos, audios, intercambios de mensajes y discursos, que evidencian que Bolsonaro y sus aliados intentaron romper el orden democrático y mantenerse en el poder.

El complot empezó a gestarse en 2021. La Fiscalía cita en concreto el 29 de julio de 2021, cuando Bolsonaro emprendió una campaña de descrédito contra el proceso electoral y el Poder Judicial en un directo en sus redes sociales.

Esa ofensiva, según la investigación, se dio pocos meses después de que el actual gobernante, Luiz Inácio Lula da Silva, recuperase sus derechos políticos, tras ver anuladas sus condenas por corrupción, y empezar a liderar los sondeos de cara a los comicios de 2022.

Bolsonaro repitió sus ataques en entrevistas y directos siguientes. El 7 de diciembre de 2021, Día de la Independencia de Brasil, dio un pasó más: profirió “amenazas graves” contra los jueces del Supremo y prometió que no acataría sus decisiones ante miles de seguidores.

El complot, según el juez instructor, buscó así crear un relato contra las instituciones democráticas, que se complementó con la difusión masiva de noticias falsas, para justificar en el futuro el quiebre constitucional.

2. Reuniones “golpistas”

Otro hecho clave es la reunión ministerial del 5 de julio de 2022. Brasil ya estaba en clima de campaña electoral. Bolsonaro buscaba la reelección, pero Lula seguía al frente de las encuestas.

El líder ultra convocó a todo su gabinete y a los comandantes de las Fuerzas Armadas en una reunión calificada de “golpista” por De Moraes. Ello porque el entonces presidente insistió en el fantasma del fraude electoral y en “desacreditar” la democracia.

Algunos de sus ministros, como Anderson Torres (Justicia), Paulo Sérgio Nogueira (Defensa) y Augusto Heleno (Seguridad Institucional), también condenados hoy, se alinearon con su jefe y hablaron de “dar un golpe encima de la mesa”.

Otra reunión citada por el relator fue la que mantuvo Bolsonaro con embajadores extranjeros para sembrar sospechas sobre las urnas electrónicas que Brasil usa en sus comicios desde 1996.

3. El papel de las Fuerzas Armadas

Seis de los ocho condenados son militares. Según la sentencia, Bolsonaro recibió amplia ayuda de integrantes del Gobierno y de las Fuerzas Armadas para consumar el golpe.

El exmandatario usó las FF.AA. para intentar hallar supuestas irregularidades en el proceso electoral. Les ordenó elaborar un informe y, al no estar conforme con el resultado, retrasó su divulgación.

Confirmada su derrota en la segunda vuelta de las presidenciales, Bolsonaro y su equipo buscó entonces impedir “a cualquier coste” la investidura de Lula.

Para ello, elaboraron modelos de decretos para imponer medidas excepcionales, acabar con la Justicia Electoral, detener a diversas autoridades y mantenerse en el poder.

También vigilaron a adversarios políticos y hasta planificaron el asesinado de Lula, de su vicepresidente Geraldo Alckmin y del propio De Moraes.

Bolsonaro presentó su proyecto golpista a la cúpula de las Fuerzas Armadas en diversas reuniones.

El almirante de la Marina, Almir Garnier, también condenado, apoyó el “proyecto autoritario”, pero los comandantes del Ejército y la Aeronáutico dijeron no, motivo por el cual el golpe fracasó.

4. De las palabras a los hechos: violencia en las calles

Mientras Bolsonaro buscaba revertir su derrota en las urnas en los despachos, sus simpatizantes buscaron sembrar el caos en las calles, según el Supremo.

El día después de la victoria de Lula en el balotaje, grupos de camioneros obstruyeron carreteras en diversos puntos del país y activistas de extrema derecha acamparon frente a los cuarteles del Ejército pidiendo una intervención militar.

Ya el 12 de diciembre, radicales prendieron fuego a vehículos e intentaron invadir la sede de la Policía Federal en Brasilia.

El 24 de ese mes, víspera de Navidad, bolsonaristas pusieron una bomba en un camión cisterna cerca del aeropuerto de Brasilia. No explotó porque el mecanismo de activación del artefacto falló.

Pero el episodio más grave ocurrió el 8 de enero de 2023, una semana después de la investidura de Lula, cuando miles de radicales invadieron y vandalizaron las sedes de la Presidencia, el Congreso y el Supremo para forzar una intervención militar. Esa fue, según el Supremo, el último intento del complot que “lideró” Bolsonaro.

Carlos Meneses, para la agencia EFE.

La Primera Sala de la Corte Suprema de Brasil condenó este jueves al expresidente Jair Bolsonaro y a siete de sus aliados por tramar un golpe de Estado, después de perder las elecciones de 2022 ante el actual mandatario, el progresista Luiz Inácio Lula da Silva.

Bolsonaro recibió una condena de 27 años y 3 meses en régimen cerrado por cinco delitos. Para los otros siete reos declarados culpables, el Supremo dictó las siguientes penas, según el grado de participación que cada uno ha tenido en la trama golpista:

Mauro Cid: teniente coronel y antiguo edecán de Bolsonaro. Firmó un acuerdo de colaboración judicial. 2 años de cárcel en régimen abierto.

Walter Braga Netto: general de la reserva del Ejército. Fue ministro de la Presidencia y de Defensa con Bolsonaro, y candidato a vicepresidente en 2022. 26 años de cárcel en régimen cerrado.

Anderson Torres: fue ministro de Justicia con Bolsonaro. 24 años de cárcel en régimen cerrado.

Almir Garnier: almirante y excomandante de la Marina. 24 años de cárcel en régimen cerrado.

Augusto Heleno: general de la reserva del Ejército y exministro de Seguridad Institucional. 21 años de cárcel en régimen cerrado.

Paulo Sérgio Nogueira: general de la reserva del Ejército y ministro de Defensa con Bolsonaro. 19 años de cárcel en régimen cerrado.

Alexandre Ramagem: dirigió la agencia estatal de Inteligencia con Bolsonaro y es diputado, por lo que algunas de las acusaciones en su contra serán analizadas cuando pierda su condición de aforado. 16 años, 1 mes y 15 días en régimen cerrado por tres delitos y la pérdida de su mandato como diputado, lo que tendrá que ser corroborado.

La Primera Sala del Supremo también impuso una multa de 30 millones de reales (5,6 millones de dólares / 4,7 millones de euros) que deberá ser pagada entre los ocho condenados.

Asimismo, inhabilitó políticamente por ocho años a todos los condenados. Bolsonaro ya había sido inhabilitado en 2023, cuando fue condenado en la Justicia Electoral por abuso de poder político en las elecciones de 2022.

EFE

La Primera Sala del Tribunal Supremo de Brasil condenó este jueves al expresidente Jair Bolsonaro a 27 años y tres meses de cárcel por liderar un complot golpista para “perpetuarse en el poder”, tras perder las elecciones de 2022 frente al actual gobernante, Luiz Inácio Lula da Silva.

Es un fallo inédito, pues se trata de la primera vez que un expresidente brasileño es condenado por intento de golpe de Estado.

Cuatro de los cinco jueces de la sala hallaron culpable al líder ultraderechista y a siete de sus aliados, entre ellos exministros de su Gobierno (2019-2022) y antiguos mandos militares, de hasta cinco delitos contra el orden democrático.

“El objetivo central de la organización criminal era asegurar la permanencia en el poder de Jair Messias Bolsonaro”, afirmó Cristiano Zanin, presidente de la Primera Sala. Bolsonaro, de 70 años, se llevó el castigo más alto.

Solo uno de los magistrados votó por la absolución del exmandatario en este juicio, marcado por las presiones del presidente de Estados Unidos, Donald Trump, para archivar el proceso mediante sanciones a los jueces del Supremo brasileño y aranceles del 50 % a los productos del país.

Tras conocerse la sentencia, Trump se declaró “sorprendido” y su secretario de Estado, Marco Rubio, advirtió que su país responderá al fallo contra el líder ultraderechista.

Seis de los ocho condenados son militares

Seis de los ocho condenados son de las Fuerzas Armadas. Bolsonaro, capitán retirado del Ejército y bajo arresto domiciliario desde agosto pasado, recibió 27 años y 3 meses de prisión en régimen cerrado. Otro es el excomandante de la Marina Almir Garnier. También hay tres generales de la reserva en la lista: Augusto Heleno, Paulo Sérgio Nogueira y Walter Braga Netto. Los cuatro fueron condenados a penas de entre 19 y 26 años de cárcel.

La sentencia aún no es firme; aún cabe recurso. La mayoría de la corte asumió las tesis de la Fiscalía y responsabilizó a Bolsonaro de valerse de las estructuras del Estado para poner en marcha un plan que buscó desmantelar los poderes constitucionales, deponer por la fuerza al Gobierno de Lula e imponer una “verdadera dictadura”.

El juez relator, Alexandre de Moraes, enumeró trece actos de la trama, que se gestó a mediados de 2021, poco después de que Lula recuperara sus derechos políticos, tras ver anuladas sus condenas por corrupción, y empezara a despuntar en las encuestas con vistas a los comicios de 2022.

“Bolsonaro instrumentalizó el aparato estatal y movilizó agentes y recursos públicos para promover falsas narrativas que generaran inestabilidad social a fin de perpetuarse en el poder”, declaró este jueves el magistrado.

El complot “ampliamente probado” empezó con una feroz campaña de desinformación contra las instituciones y las elecciones, ganó forma con graves amenazas a las autoridades y, finalmente, intentó materializar “un proyecto autoritario de poder” a través de actos violentos que se prolongaron hasta el 8 de enero de 2023.

Ese día tuvo lugar la última tentativa: miles de bolsonaristas invadieron y vandalizaron las sedes de la Presidencia, el Congreso y el Supremo, en Brasilia, para incitar una intervención militar.

“El 8 de enero de 2023 no fue un acontecimiento banal después de un almuerzo de domingo en el que las personas se fueron a pasear”, apuntó con ironía Cármen Lúcia Antunes, quien acompañó el voto del relator junto con Cristiano Zanin y Flávio Dino.

A través de audios, documentos, mensajes y la confesión del exedecán de Bolsonaro, el teniente coronel Mauro Cid, el tribunal constató que Bolsonaro editó decretos para establecer un estado de excepción e incluso avaló un plan macabro para asesinar a Lula, a su vicepresidente Geraldo Alckmin y al propio De Moraes.

Solo fracasó por la negativa de los comandantes del Ejército y la Aeronáutica.

El único voto divergente tuvo la firma de Luiz Fux. El magistrado minimizó las pruebas de la Fiscalía y aseguró que no hay evidencias que demuestren que Bolsonaro actuó para imponer una dictadura; apenas se barajó esa posibilidad, algo que no consideró punible.

Bolsonaro confía en una amnistía

Bolsonaro, quien siempre ha negado que quisiera dar un golpe, escuchó la sentencia en su casa, en Brasilia, por motivos de salud. Sus esperanzas radican ahora en una amnistía que promueve su partido en el Parlamento y en nuevas sanciones del Gobierno de Trump, hasta ahora inútiles.

Sus problemas judiciales no empiezan ni terminan con esta condena. En 2023, fue inhabilitado por ocho años y aún es investigado por supuestamente intentar obstruir el juicio por golpismo, por diseminar noticias falsas y por apropiarse de unas joyas que serían del acervo estatal.

Mientras, en las calles, hubo tibios festejos de la izquierda y unas pocas protestas, con escasa afluencia, del bolsonarismo.

EFE

Alivio en Brasilia. Frustración en Washington. A pesar de las amenazas y sanciones del Gobierno estadounidense, el Supremo Tribunal Federal (STF) acaba de condenar a Jair Bolsonaro, expresidente de Brasil, por intento de golpe de Estado. Por primera vez en la historia del país sudamericano, un expresidente se enfrenta a penas de prisión por haber atentado contra la democracia del país.

Aunque el número de años de prisión de la sentencia se conocerán a lo largo de este viernes, el Supremo Tribunal brasileño ya ha configurado mayoría en la votación sobre el juicio a la trama golpista a siete acusados, entre ellos Bolsonaro. Tras tres jornadas de tenso juicio contra los ocho acusados del denominado núcleo duro del intento de golpe de Estado, la jueza Carmen Lúzia ha votado este jueves a favor de condenar al expresidente de Brasil por los cinco crímenes por los que estaba acusado por la Fiscalía General del Estado. La jueza consideró culpable a Jair Bolsonaro y al resto de acusados de intento de golpe de Estado y de abolición violenta del Estado democrático de derecho, los dos cargos más fuertes, así como de formación de organización criminal armada y de dos cargos relacionados con daños y deterioro de patrimonio del Estado.

El voto de Carmen Lúzia deja el recuento de la votación en 3 magistrados a favor de la condena y uno en contra, haciendo imposible el cambio del resultado, pues apenas queda el voto del juez Cristiano Zanín. El pasado martes los magistrados Alexandre de Moraes (relator del proceso de la trama golpista en el STF) y Flávio Dino votaron a favor de la condena. El miércoles, Luiz Fux votó en contra.

El resultado final supuso un alivio para el Supremo brasileño y para el Gobierno del progresista Lula da Silva. El martes, Karoline Leavitt, portavoz de la Casa Blanca, afirmó que el Gobierno de Estados Unidos estudia nuevas medidas contra Brasil en caso de que Bolsonaro fuera condenado y llegó a insinuar que el presidente Donald Trump podría “usar medios militares” para defender la libertad de expresión en el mundo. El miércoles, el juez del Supremo Luiz Fux, con un claro historial punitivista, sorprendió al arremeter duramente contra el propio proceso judicial contra Bolsonaro. Fux, cuyo voto negativo era esperado, afirmó que el Supremo no era el espacio apropiado para el juicio y comparó el proceso con la persecución de “brujas, herejes y judíos”, con palabras similares a las usadas por Donald Trump. El voto de Fux, celebrado por el Gobierno Trump, dio alas a los abogados de la defensa de Jair Bolsonaro y sirve de combustible para al ala radical del bolsonarismo.

“Lo conozco bastante bien, fue un buen presidente de Brasil”. afirmó Donald Trump tras una pregunta ante los medios en la Casa Blanca este jueves, informa Andrés Gil: “Es muy sorprendente que esto pudiera suceder. Es muy parecido a lo que intentaron hacer conmigo, pero no se salieron con la suya. Pero solo puedo decir esto: lo conocí como presidente de Brasil, era un buen hombre”.

Giro trumpista

Con un tono virulento e irónico, Luiz Fuz justificó su voto a lo largo de una exposición de más de 13 horas. Los argumentos del ministro, que eximió a Jair Bolsonaro de cualquier responsabilidad en el intento de golpe de Estado, entraron en contradicción con la postura que hasta entonces venía defendiendo. Si el miércoles Fux calificó a los actos del 8 de enero de 2023 en Brasilia como fruto de una “turba desordenada”, en marzo les acusaba de graves incidentes antidemocráticos, como algo “repugnante” e “inaceptable”. Las contradicciones de Fux también fueron jurídicas. El ministro condenó con fundamentos semejantes a más de seiscientos reos implicados en los actos del 8 de enero de 2023 por los mismos crímenes imputados a Jair Bolsonaro.

Sin embargo, Fux sí votó a favor de condenar por intento de abolición del Estado democrático y de derecho a Walter Braga Netto (exministro de la Casa Civil) y a Mauro Cid (principal ayudante de órdenes del expresidente), que ha colaborado con la policía a lo largo del proceso para reducir su pena. “Condenar a quien cumple las órdenes de Bolsonaro y absolver a quien da las órdenes no tiene lógica. Es de una malformación jurídica absurda”, asegura Duda Salabert, diputada del Partido Democrático Trabalhista (PDT), en entrevista telefónica con elDiario. “El lado positivo de ese voto (contra Cid y Braga Netto) es que deja claro que sí hubo un intento de golpe en Brasil”, matiza Salabert.

Marcelo Crespo, coordinador del curso de derecho de la universidad ESPM de São Paulo, cree que el giro bolsonarista de Luiz Fux no tiene explicación jurídica. “Su cambio solo se puede ser entendido en clave política. Dio un triple salto mortal”, aseguró Crespo al periódico Estado de São Paulo. Algunos analistas políticos interpretan el voto de Fux como la semilla para ser ministro de Justicia en un futuro gobierno de Tarcísio de Freitas, el candidato más probable de la extrema derecha brasileña en las elecciones de 2026.

La ministra Carmen Lúzia, única mujer del Supremo en el juicio, enfatizó al comienzo de su intervención la excepcionalidad de la jornada en ciernes. “La presente acción penal es casi un encuentro de Brasil con su pasado, con su presente y con su futuro”, afirmó. A su vez, la ministra destacó que a partir de 2021 “nuevas prácticas antidemocráticas” empezaron a amenazar a Brasil, tal como apuntaba la acusación de la Fiscalía contra el expresidente Jair Bolsonaro y sus seguidores.

El juez Flávio Dino, interpelado por Carmen Lúzia, aseveró que el golpe militar de 1964 contaba con menos pruebas que el que el Supremo ha juzgado. Por su parte, Alexandre de Moraes, intervino para recalcar que las amenazas contra las instituciones democráticas y las amenazas concretas del expresidente Bolsonaro contra el Supremo no pueden ser consideradas libertad de expresión.

Tras una durísima crítica a los actos antidemocráticos del 8 de enero de 2023 (“no fueron un acontecimiento banal”), contra lo que denominó “la máquina del golpe” y de asegurar que el Supremo es la instancia apropiada para un juicio contra el intento de golpe de Estado, Carmen Lúzia votó a favor de la condena de los ocho acusados. Previsiblemente, el voto del ministro Cristiano Zanín, antiguo abogado del presidente Lula, será a favor de la condena. Incluso si fuera contraria, no alteraría el resultado.

Próximos pasos

El número de años de la sentencia de cada uno de los condenados en el juicio será calculado realizando una media de las peticiones de los magistrados del Supremo que votaron a favor. Alexandre de Moraes definirá el lugar en el que Jair Bolsonaro cumplirá su condena. Todo indica que el ex residente ingresará en el Complejo Penitenciario de Papuda, una región de máxima seguridad de Brasilia. De acuerdo con aliados próximos, Bolsonaro tiene pánico de entrar en dicha prisión y considera una humillación entrar en una prisión común, en lugar de una militar, según reveló Folha de São Paulo.

La defensa de Jair Bolsonaro, que recibió una bocanada de esperanza tras el voto de Luiz Fux, ya ha anticipado que pedirá su prisión domiciliar, debido a motivos de salud. Tras el denominado “acordão” de la condena (texto final), la defensa puede presentar diferentes recursos, aunque nada garantiza que sean aceptados. Posteriormente, pueden ser solicitados “embargos de la declaración”, en caso de divergencia en la pena propuesta por diferentes ministros o en el caso de que la defensa considere impresiones, contradicciones u omisión en la sentencia. La revisión de la sentencia es bastante improbable.

Jair Bolsonaro, que ya está cumpliendo prisión domiciliar por obstrucción de la justicia y riesgo de fuga del país, podría ingresar en prisión antes del fin de 2025.

Drones con cámaras térmicas para detectar movimientos sospechosos, perros rastreadores, detector de metales y un férreo control de la Policía Militar jamás visto en Brasil durante la celebración de un juicio. La sede del Supremo Tribunal Federal (STF) de Brasilia, asaltada por fanáticos bolsonaristas el 8 de enero de 2023, acoge desde este martes el juicio más esperado de la historia del país sudamericano. El expresidente Jair Bolsonaro y otros siete colaboradores, considerados por la Fiscalía General del Estado como el núcleo duro, están acusados de formación de organización criminal, intento de golpe de Estado y abolición violenta del Estado democrático y de derecho, entre otros delitos.

Las acusados se enfrentan a una pena de hasta 43 años de cárcel. Alexandre de Moraes, el ministro del Supremo sancionado por Donald Trump –no puede usar tarjetas de crédito estadounidenses–, será el maestro de ceremonias del juicio final de un proceso judicial que tiene en vilo a todo un país.

Las múltiples presiones de Estados Unidos a Brasil, que Trump atribuye a la supuesta persecución política contra Jair Bolsonaro, convierten la causa contra el golpismo brasileño en un termómetro de la democracia en el mundo. La semana pasada, The Economist dedicó su portada al juicio, que considera una lección para la democracia estadounidense: “A pesar del castigo a Brasil por procesar a Bolsonaro, el país está decidido a salvar y fortalecer su democracia. Brasil se ha transformado en un caso de estudio sobre cómo los países se recuperan de la fiebre populista”.

Militares en el banquillo

Desde que la Fiscalía formulara oficialmente su acusación el pasado 14 de julio, el cerco sobre Jair Bolsonaro se estrechó de manera inesperada. El tarifazo estadounidense a Brasil para presionar a la justicia y al Gobierno de Lula da Silva tuvo respuesta casi inmediata. Primero, tobillera electrónica para el expresidente. Después, prisión domiciliaria. Tras el descubrimiento de un plan de fuga y una petición de asilo a Argentina por parte de Jair Bolsonaro, llegó una vigilancia policial las 24 horas del día, ya que la Policía Federal temía que el detenido se escapara de su edificio en el capó de algún coche.

El juicio, que se prolongará hasta el día 12 de septiembre, no es solo icónico por sentar en el banquillo por primera vez a un expresidente por intento de dar un golpe de Estado, sino porque nunca se había juzgado a militares del más alto escalafón desde que se restauró la democracia en 1985. En el juicio al núcleo duro del intento de golpe están acusados tres generales el Ejército (Braga Netto, Augusto Heleno y Paulo Sérgio Nogueira) y el excomandante de la Marina (Almir Garnier Santis). El juicio a los otros núcleos, que se celebrará posteriormente, incluye a almirantes, coroneles, tenientes coroneles, comandantes y subtenientes.

El historiador Jadir Gonçalves Rodrigues, de la Universidad Federal de Goiás (UFG), sostiene que el juicio establece un precedente importante. “Hay vídeos, documentos, mensajes, rastros digitales. Es un volumen extraordinario de pruebas, tal vez el mayor de la historia política brasileña en relación a un intento de golpe”, destaca el historiador en declaraciones al Correio Braziliense. En su opinión, la abundancia de registros vuelve “indefendible” la posición de los acusados. La más que probable condena a los militares funcionará como una especie de venganza en diferido de la Ley de Amnistía de 1979 que perdonó los crímenes cometidos por la dictadura militar.

El mundo, en vilo

Tras el intento de interferencia de Trump en la justicia brasileña, el juicio a Jair Bolsonaro se ha convertido en un test para la democracia global. Todas las delegaciones diplomáticas en Brasilia, la Organización de los Estados Americanos (OEA, presidida por el progresista Albert Ramdin), la propia ONU y los gobiernos europeos observan el juicio conteniendo el aliento. “El juicio despierta semejante atención en el exterior porque muestra que defender la democracia no significa apenas luchar contra las amenazas, sino también responsabilizar a quien las practica. El juicio marca el cierre de un ciclo en el que la democracia brasileña, a pesar de ser atacada, consiguió resistir ante sus detractores como ninguna otra”, dice Fabio de Sá e Silva, profesor de la Universidad de Oklahoma a UOL.

The Washington Post considera que el juicio contra Jair Bolsonaro es “el ápice de una saga extraordinaria que polarizó todavía más a Brasil, puso a prueba a su poder judicial y abrió un abismo cada vez mayor con Estados Unidos”. Por su parte, Steven Levitsky, coautor del best seller Cómo mueren las democracias y profesor en la Universidad de Harvard, aseguró en julio en una entrevista a la BBC que el intento de interferencia de EEUU en Brasil está más “desinformado” y es más “arrogante” que las acciones durante la Guerra Fría, cuando Washington apoyó golpes militares en América Latina. “Es un capricho personal de Trump. No se trata de una política seria”, aseguró. Levitsky no tiene ninguna duda de que “Brasil es un sistema más democrático que Estados Unidos”.

Staffan Lindberg, director del Instituto Varieties of Democracy (V-DEM) de la universidad sueca de Gotemburgo, reconoció en una entrevista reciente que EEUU no puede considerarse más como una democracia. “Entraron en lo que llamamos autocracias electorales: aunque tengan las características de democracia las instituciones ya no funcionan”, aseguró Staffan Lindberg. El último Democracy Report del V-Dem, lanzado en marzo, reveló que en 2024 por primera vez desde 1990, el número de países autocráticos superó a los democráticos: 99 frente a 88. Apenas el 12% de la población mundial vive en democracias liberales plenas, frente a un 72% que sufren regímenes autocráticos. Linberg, que considera que Brasil es uno de los pocos países del mundo que está mejorando su calidad democrática, reconoció a US News que la posición de Estados Unidos bajará en el próximo informe, dada la aceleración de su degradación democrática.

El Gobierno de Lula teme que el ingreso en prisión de Jair Bolsonaro desencadene nuevas medidas de la Administración Trump contra su país. La CNN divulgó un plan supuestamente aprobado por el presidente estadounidense para cortar las relaciones diplomáticas con Brasil.

De momento, el intento de Trump de desestabilizar al Ejecutivo de Lula está convirtiéndose en un verdadero tiro en la culata. Apenas el 28% de los brasileños defiende a la familia Bolsonaro, reveló la consultora Quaest. Si el presidente brasileño vivía horas bajas antes del tarifazo de Trump, recupera popularidad a ritmo agigantado. Y aumenta su ventaja contra todos sus posibles rivales en las elecciones presidenciales de 2026. Tras el proceso judicial contra Bolsonaro y su firme postura frente a Trump, la victoria del actual presidente de Brasil parece más probable que nunca.

La Corte Suprema de Justicia de Brasil ordenó este lunes la prisión domiciliaria del expresidente Jair Bolsonaro por incumplir algunas de las restricciones cautelares que se le habían impuesto ante el riesgo de una fuga, en el marco de su juicio por golpismo.

El magistrado Alexandre de Moraes, instructor del proceso contra el líder ultraderechista en el Supremo Tribunal Federal, determinó el régimen de prisión domiciliar para Bolsonaro, a quien también le prohibió recibir visitas en su residencia, con excepción de la de sus familiares próximos y de sus abogados.

En su resolución, De Moraes también ordenó a la Policía Federal realizar un registro en la residencia del exjefe de Estado para incautarse de los teléfonos móviles y otros dispositivos que le permitan conectarse a las redes sociales.

La Policía Federal confirmó en un comunicado que cumplió en la tarde de este lunes la orden de la Corte de la prisión domiciliar y del decomiso de los aparatos celulares.

El magistrado alegó en su decisión que Bolsonaro violó las medidas cautelares que le fueron impuestas el mes pasado, que le prohibían enviar mensajes por sus propias cuentas en las redes sociales o por las de terceros y que le obligaban a usar una tobillera electrónica y a permanecer en su residencia por las noches y los fines de semana.

De Moraes citó mensajes de Bolsonaro que fueron transmitidos el domingo en las redes sociales de sus aliados, incluyendo en las de sus tres hijos parlamentarios, con “incentivos e instigaciones a ataques al Supremo y apoyo a una intervención extranjera en el Poder Judicial brasileño”.

Los mensajes fueron leídos en las marchas que realizaron el domingo miles de bolsonaristas en varias ciudades del país, en las que defendieron la aprobación de una amnistía a todos los acusados de golpismo y manifestaron apoyo a las sanciones impuestas por el presidente estadounidense, Donald Trump, a los responsables por el juicio a Bolsonaro.

Además de imponer un arancel adicional del 50 % a la importación de parte de los productos brasileños, cuya eliminación condicionó a que cesen los procesos contra Bolsonaro, el Gobierno de Trump le retiró la visa a ocho de los once miembros del Supremo brasileño y determinó el bloqueo de los bienes de Alexandre de Moraes.

“No hay duda de que hubo un incumplimiento de la medida cautelar que le fue impuesta a Jair Messias Bolsonaro”, aseguró el magistrado, para quien “es necesario la adopción de medidas más drásticas para evitar la continua reiteración delictiva por parte del procesado”.

La prisión domiciliaria se ordenó en el marco del proceso en que se acusa a Bolsonaro de liderar un complot para impedir la toma de posesión como presidente del progresista Luiz Inácio Lula da Silva, quien lo derrotó en las elecciones presidenciales de 2022.

De acuerdo con la Fiscalía, además de discutir con sus ministros y altos oficiales militares medidas para anular las elecciones y hasta para asesinar a Lula, Bolsonaro incentivó el asalto a las sedes de la Presidencia, el Congreso y la Corte Suprema promovido por miles de bolsonaristas el 8 de enero de 2023.

MM con información de la agencia EFE.

Los aliados del presidente de Brasil, Luiz Inácio Lula da Silva, han acusado a Donald Trump de lanzar “un ataque directo contra la democracia brasileña” después de que el Tesoro de Estados Unidos impusiera sanciones a Alexandre de Moraes, el juez de la Corte Suprema al que se le atribuye haber ayudado a salvar la democracia brasileña de un golpe de Estado de la derecha en 2022.

La controvertida medida estadounidense fue anunciada el miércoles por el secretario del Tesoro, Scott Bessent, poco antes de que Trump cumpliera su amenaza de imponer aranceles del 50% a las importaciones brasileñas mediante la firma de una orden ejecutiva “para hacer frente a las recientes políticas, prácticas y acciones del Gobierno de Brasil”.

Trump ha atribuido en parte esos aranceles a su indignación por la supuesta “caza de brujas” política contra su aliado ultraderechista, el expresidente brasileño Jair Bolsonaro, que está siendo juzgado por intentar supuestamente hacerse con el poder tras perder las elecciones presidenciales de 2022 frente a Lula.

Moraes preside el juicio, que se espera que dé lugar a la condena de Bolsonaro a hasta 43 años de cárcel, así como a varias otras investigaciones penales sobre Bolsonaro y su familia.

Al encuadrar las sanciones balo la Ley Magnitsky, Bessent acusó a Moraes de ser “responsable de una campaña represiva de censura, detenciones arbitrarias que violan los derechos humanos y enjuiciamientos politizados, incluso contra el expresidente Jair Bolsonaro”. “Alexandre de Moraes se ha erigido en juez y parte en una caza de brujas ilegal contra Estados Unidos y Brasil”, dijo.

Además, el secretario de Estado de EEUU, Marco Rubio, tuiteó: “Que esto sirva de advertencia a aquellos que pisotean los derechos fundamentales de sus compatriotas: las togas judiciales no pueden protegerlos”.

Una declaración de la Casa Blanca que confirmó los aranceles del 50% sobre Brasil —aunque con numerosas exenciones importantes, como el petróleo, el zumo de naranja, la madera y los aviones— afirma que son el resultado de “la persecución, intimidación, acoso, censura y enjuiciamiento por motivos políticos del Gobierno de Brasil contra el expresidente brasileño Jair Bolsonaro y miles de sus seguidores”.

Cientos de seguidores acérrimos de Bolsonaro han sido juzgados y encarcelados por participar en los disturbios de extrema derecha del 8 de enero de 2023 en la capital, Brasilia, durante los cuales se asaltaron y saquearon la Corte Suprema, el Congreso y el Palacio Presidencial.

Las sanciones fueron celebradas por los familiares y seguidores de Bolsonaro, que ven la presión de Estados Unidos como la única forma de ayudar al expresidente a escapar de una dura pena de cárcel y, tal vez, salvar su futuro político. “Los brasileños nunca olvidaremos esta acción vuestra [Rubio y Trump]”, tuiteó el hijo de Bolsonaro, Eduardo Bolsonaro. El congresista ha pasado las últimas semanas en Estados Unidos presionando a la Administración Trump para que luche por la causa de su padre imponiendo sanciones.

“Hoy tengo la sensación de misión cumplida, pero nuestro viaje no terminará aquí”, prometió Eduardo Bolsonaro en un vídeo en las redes sociales.

Los miembros del Gobierno de Lula denunciaron la medida como una escalada drástica de lo que consideran la cruzada de Trump para socavar la democracia brasileña.

José Guimarães, congresista del Partido de los Trabajadores (PT), de izquierda, al que pertenece Lula, calificó las sanciones como “no solo una afrenta a un ministro de la Corte Szuprema, sino también un ataque directo a la democracia y la soberanía brasileñas”.

“No aceptaremos la injerencia extranjera en... nuestro sistema judicial”, escribió Guimarães en X, calificando las sanciones como “el fruto de una conspiración de la familia Bolsonaro contra Brasil”.

Gleisi Hoffmann, una de las principales ministras y una de las aliadas más cercanas de Lula, calificó la medida de Trump como un “acto violento y arrogante” y expresó el “repudio absoluto” del Gobierno a la “absurda” medida.

También hubo críticas por parte de políticos conservadores. João Amoêdo, uno de los fundadores del partido de derecha Partido Novo, calificó las sanciones como “un intento inaceptable de injerencia extranjera en el sistema judicial brasileño”.

Eduardo Leite, candidato presidencial conservador que gobierna el estado de Rio Grande do Sul, dijo que no puede aceptar “que otro país intente interferir” en las “instituciones” de Brasil.

Una ley para abusos de derechos humanos

Las sanciones Magnitsky reciben su nombre de Sergei Magnitsky, un abogado ruso especializado en derecho tributario que murió en una prisión de Moscú en 2009 tras ser encarcelado por denunciar casos de corrupción de alto nivel.

Se han utilizado desde 2017 para sancionar a personas acusadas de participar en graves abusos contra los derechos humanos. Entre los objetivos anteriores se encuentran representantes saudíes implicados en el asesinato del periodista Jamal Khashoggi en 2018, representantes nicaragüenses vinculados a una represión mortal destinada a mantener en el poder al dictador Daniel Ortega, líderes del Partido Comunista implicados en la represión de miembros de la etnia uigur en el oeste de China y jefes militares de Myanmar implicados en presuntos actos de limpieza étnica.

Amparo señaló que Trump parecía pensar que el hecho de que uno de sus aliados ideológicos fuera sometido a un juicio justo por su presunta participación en un intento de golpe de Estado equivalía a «tortura, genocidio u otras violaciones graves... a las que se aplican leyes como la Magnitsky».

Expertos jurídicos y activistas de derechos humanos expresaron su asombro y consternación por el hecho de que se hubieran utilizado tales sanciones contra un juez de la mayor democracia de América Latina.

Thiago Amparo, profesor de derecho internacional y derechos humanos de la Fundación Getúlio Vargas de Brasil, dice que las sanciones ponen de manifiesto “la visión distorsionada de Trump sobre lo que es una violación de los derechos humanos”.

Amparo señala que Trump parece pensar que el hecho de que uno de sus aliados ideológicos sea sometido a un juicio justo por su presunta participación en un intento de golpe de Estado equivalía a “tortura, genocidio u otras violaciones graves... a las que se aplican leyes como la Magnitsky”.

El expresidente brasileño Jair Bolsonaro encabezó este martes en Brasilia una concentración de cientos de motoqueros, la primera vez que participó en un evento masivo desde que la Corte Suprema le impuso una serie de medidas cautelares, en el marco de su juicio por intento de golpe de Estado.

Bolsonaro asistió a este evento anual conocido como Moto Week, acompañado de su esposa Michelle y de varios diputados ultraderechistas, pero no pronunció discursos, ante la prohibición por parte del Supremo de usar redes sociales o de que terceras personas retransmitan declaraciones suyas por ese medio.

En la concentración, algunos motoqueros exhibieron carteles contra el magistrado del Supremo Alexandre de Moraes y contra el presidente Luiz Inácio Lula da Silva, así como pancartas de apoyo al mandatario estadounidense, Donald Trump, en vísperas de que entrara en vigor el arancel del 50% de Estados Unidos sobre las exportaciones brasileñas.

Trump relacionó el arancel con el juicio a Bolsonaro, acusado de organizar un intento de golpe de Estado tras su derrota electoral en 2022 para mantenerse en el poder, un proceso que el líder norteamericano calificó como una “caza de brujas”.

En paralelo a la amenaza arancelaria, De Moraes le impuso al expresidente una tobillera electrónica y le prohibió el uso de redes sociales, al considerar que existía un riesgo de fuga.

Además, el magistrado señaló indicios de un delito de obstrucción de Justicia, debido a la campaña en Estados Unidos de Eduardo Bolsonaro, otro hijo del exmandatario, para que la Casa Blanca sancionara a los integrantes del Supremo involucrados en el juicio contra su padre.

Tras la imposición de las medidas cautelares, el expresidente realizó unas declaraciones a la prensa que fueron interpretadas como una afrenta por De Moraes, quien advirtió a Bolsonaro que podría ordenar su prisión preventiva en caso de reincidencia.

Desde entonces, el político ultraderechista mantuvo un perfil bajo, evitando hablar con la prensa y dar entrevistas.

El juicio por el intento de golpe sigue acumulando capítulos. El general retirado Mário Fernandes, exasesor de Bolsonaro, confesó ante la Corte Suprema ser el autor de un plan para asesinar al presidente Lula da Silva en 2022, parte de una estrategia más amplia para impedir su investidura. El plan, llamado “Puñal Verde y Amarillo”, también incluía posibles ataques al vicepresidente Geraldo Alckmin y al juez De Moraes.

La Fiscalía denunció que el documento con el plan fue impreso en el Palacio de Planalto y que Bolsonaro tuvo conocimiento directo del mismo. Según el fiscal general Paulo Gonet, el expresidente “siguió de cerca la evolución del esquema y la posible fecha de su ejecución total”.

Fernandes afirmó que rompió el documento y lo describió como un “pensamiento digitalizado”, aunque se mostró arrepentido. El juicio contra Bolsonaro podría celebrarse entre septiembre y octubre. Él sostiene que solo buscó “alternativas” dentro de la Constitución tras perder las elecciones.

Un plan golpista con sello militar y objetivo letal

La intentona de golpe de Estado contra Lula da Silva no solo buscó anular las elecciones de octubre de 2022, sino que también contempló el asesinato del entonces presidente electo. El general retirado Mário Fernandes, exmiembro del Gobierno de Jair Bolsonaro, admitió ante la Corte Suprema ser el autor del llamado plan “Puñal Verde y Amarillo”, que contemplaba eliminar físicamente a Lula, además de secuestrar o matar al vicepresidente Geraldo Alckmin y al juez del Supremo Alexandre de Moraes.

Según la Fiscalía, el documento con el plan fue impreso dentro del Palacio de Planalto y Bolsonaro fue informado del mismo, aunque el general afirma que rompió el texto poco después de redactarlo. La causa judicial ya involucra a 34 personas y se espera que el juicio oral contra el expresidente se realice entre septiembre y octubre de este año.

JJD, con información de EFE.

Brasil está en pie de guerra contra el tarifazo del presidente de Estados Unidos, Donald Trump. El gigante sudamericano, el país de la diplomacia cordial que tradicionalmente abre la Asamblea General de la ONU, ha subido el tono contra la amenaza de aranceles del 50% a sus productos por parte de Washington y está protagonizando una dura reacción a las amenazas de Trump.

Sin renunciar a la negociación, el país presidido por Luiz Inácio Lula da Silva anunció que aplicará la Ley de Reciprocidad Económica, que permite tasar los productos estadounidenses con aranceles del mismo valor. Lula, en un discurso contundente en defensa de la soberanía nacional, argumentó que va a tasar a las grandes compañías tecnológicas de EEUU: “Vamos a juzgar y cobrar impuestos de las empresas estadounidenses digitales. No aceptamos que, en nombre de la libertad de expresión, utilicen (las redes sociales) para agredir, para difundir mentiras y para perjudicarnos”.

No obstante, la principal carta de dicha ley brasileña no tiene que ver con tarifas recíprocas, sino con saltarse las patentes estadounidenses. El artículo 71 de la Ley de Reciprocidad Económica permite la violación de patentes en casos concretos, algo que ya ocurrió en 2007, cuando Brasil y África del Sur fabricaron medicamentos genéricos contra el SIDA. “Sectores como el farmacéutico, el químico, el biotecnológico y el tecnológico serán los más afectados, ya que concentran gran parte de las patentes estadounidenses en el país”, aseguró Rafaella Krasinski, abogada de derecho empresarial, a Uol.com.br.

Por otro lado, el intento de Donald Trump de interferir en la justicia brasileña para evitar la prisión del expresidente Jair Bolsonaro, ha provocado una escalada diplomática en órganos internacionales. El pasado miércoles, Brasil, aparte de criticar el carácter “arbitrario y caótico” del tarifazo de Trump, denunció el intervencionismo estadounidense en una reunión cerrada de la Organización Mundial del Comercio (OMC) en Ginebra. “Estamos presenciando un cambio extremadamente peligroso: el uso de tarifas como herramienta para interferir en asuntos internos de terceros países”, aseguró Philip Fox-Drummond Gough, Secretario de Asuntos Económicos y Financieros del Ministerio de Asuntos Exteriores de Brasil.

Cerco judicial a Bolsonaro

La Justicia brasileña no solo está demostrando firmeza frente al intento de injerencia de Donald Trump, sino que ha redoblado su presión contra la familia Bolsonaro. Paradójicamente, la suspensión del visado a Estados Unidos ocho ministros del Supremo Tribunal Federal (STF), que llegó tras la orden de instalar una tobillera electrónica a Jair Bolsonaro, ha reforzado al poder judicial brasileño. Tanto que Alexandre de Moraes, el “superjuez” del Supremo que está a cargo del juicio contra Jair Bolsonaro y en el epicentro de los ataques de Trump, está más cómodo que nunca aplicando mano dura: el pasado martes amenazó con encarcelar preventivamente al expresidente en caso de que siguiera usando redes sociales.

Por otro lado, Alexandre de Moraes bloqueó todas las cuentas y bienes de Eduardo Bolsonaro, hijo del expresidente, que desde marzo se encuentra en Estados Unidos maniobrando contra el Gobierno y la Justicia de Brasil. Por su parte, Paulo Gonet, fiscal general del Estado, ha manifestado que “la actuación coordinada entre Jair Bolsonaro y su hijo Eduardo Bolsonaro para intimidar a las autoridades brasileñas y obstruir el curso de la acción penal” configuran un delito.

La Justicia brasileña también está investigando a Eduardo Bolsonaro por su posible implicación en la filtración de información privilegiada en una acción orquestada de especulación financiera. La Abogacía General del Estado sospecha que el hijo del exmandatario alertó a agentes del mercado financiero unas horas antes del tarifazo de Trump. El pasado 9 de julio, a las 13.30 horas, alguien compró entre 3.000 y 4.000 millones de dólares, según un reportaje de TV Globo.

El inversor Spencer Hakinian, fundador del fondo de inversión de alto riesgo Tolou Capital Management, denunció que, tras el anuncio de los aranceles contra Brasil y la consecuente desvalorización del real brasileño, el mismo comprador vendió los dólares, con beneficios del 40% o 50%. La filtración de información privilegiada o insider trading es un crimen tipificado entre uno a cinco años de prisión. “Estoy muy contento al ver a Brasil investigando esta actitud sospechosa. Ojalá Estados Unidos fuera lo suficientemente responsable como para hacer lo mismo”, afirmó Hakimian, según Reuters.

Articulación global

La dura intervención de Brasil en la Organización Mundial de Comercio (OMC) en Ginebra sorprendió a EEUU con el pie cambiado. Philip Fox-Drummond Gough, representante de Brasil, denunció que el tarifazo unilateral constituye una violación flagrante de los principios fundamentales de la OMC y del comercio internacional. “Las tarifas arbitrarias, anunciadas e implementadas de forma caótica, están desestructurando las cadenas globales de valor y corren el riesgo de lanzar la economía mundial en una espiral de precios altos y paralización”, alertó Gough.

El representante brasileño fue más allá en sus acusaciones, al afirmar que “las negociaciones basadas en juegos de poder son un atajo peligroso para la inestabilidad y la guerra”. El movimiento de Brasil en la OMC recabó de forma inmediata el apoyo de 40 países, entre ellos, algunos de la Unión Europea, los BRICS, Canadá y Australia. El Gobierno estadounidense afirmó que “tomó nota” de las críticas. Por su parte, Brasil ha comunicado que en caso de que Donald Trump cumpla su amenaza de subir los aranceles al 50%, transformará la crítica en denuncia formal en la OMC.

El veterano periodista Luis Carlos Azedo, en un análisis publicado en el Correio Braziliense, refrenda la estrategia diplomática brasileña y su apuesta por el multilateralismo. “Es necesario reducir la dependencia económica de Estados Unidos y reafirmar al país como un actor relevante del Sur Global. Urge reforzar lazos con la Unión Europea, el mundo árabe y los países asiáticos, especialmente con China, India e Indonesia”, apunta Azedo. En su opinión, la adhesión de Brasil a la acción de Sudáfrica contra Israel en la Corte Internacional de Justicia (CIJ) no es casual.

El estadounidense Paul Krugman, premio Nobel de economía, ha defendido que Brasil debería aplicar tarifas recíprocas en el caso de que se confirmen los aranceles a partir del 1 de agosto. “Las oportunidades de que [Trump] vuelva atrás son mucho mayores si demuestras que tienes agallas y estás preparado para reaccionar, que si ofreces concesiones”, aseguró Krugman en entrevista exclusiva a la BBC News Brasil.

El general retirado del Ejército Mário Fernandes admitió ser el autor de un plan para asesinar en 2022 al actual presidente brasileño, Luiz Inácio Lula da Silva, dentro del supuesto intento de golpe de Estado para mantener en el poder a Jair Bolsonaro, informaron medios locales.

Fernandes, quien fue miembro de la Secretaría General de la Presidencia en el Gobierno de Bolsonaro (2019-2022), confesó estar detrás de llamado plan “Puñal Verde y Amarillo” al ser interrogado el jueves en la Corte Suprema, donde avanza el juicio por la intentona golpista después de que Lula da Silva ganara las elecciones en 2022.

El antiguo asesor de Bolsonaro es reo en la causa, al igual que el ex jefe de Estado, quien es acusado de “liderar” el frustrado complot golpista para anular las elecciones de octubre de 2022 e impedir la investidura de Lula, que terminó ocurriendo el 1 de enero de 2023.

La acusación contra el exmandatario está en una fase más avanzada y se espera que el juicio oral se celebre entre septiembre y octubre.

En el caso de Fernandes, el general de la reserva reconoció que imprimió el documento con el plan para asesinar a Lula, el cual rebajó a “un pensamiento digitalizado” y apenas un “estudio de situación”.

Según las autoridades brasileñas, ese plan también incluía secuestrar o matar al hoy vicepresidente, Geraldo Alckmin, y al juez del Supremo Alexandre de Moraes, instructor de las causas contra Bolsonaro en el alto tribunal.

La investigación indicó que tres copias de ese documento se imprimieron en el Palacio de Planalto, sede del Gobierno brasileño, en Brasilia, y que Bolsonaro tuvo conocimiento del mismo.

“Jair Bolsonaro siguió de cerca la evolución del esquema y la posible fecha de su ejecución total”, señaló la denuncia del fiscal general, Paulo Gonet.

Sin embargo, Fernandes aseguró en su interrogatorio, filtrado por medios locales, que no le enseñó, ni compartió con nadie el documento y que, poco después, lo rompió. “Hoy me arrepiento de haberlo digitalizado”, apuntó.

En febrero pasado, la Fiscalía denunció a 34 personas por la trama golpista, entre ellos a Bolsonaro, a quien acusó de ser el “líder” de la organización con el apoyo de antiguos ministros y militares de alto rango.

El exmandatario de 70 años niega que intentara dar un golpe y sostiene que solo buscó “alternativas” dentro de la Constitución, tras ser derrotado por Lula en los comicios de 2022.

EFE

El expresidente brasileño Jair Bolsonaro dijo este martes tener el “poder” para evitar la imposición del arancel del 50% anunciado por Estados Unidos, siempre y cuando le dejen hablar con el mandatario estadounidense, Donald Trump.

Bolsonaro aseguró en una entrevista con el portal Poder360 que le gustaría “conversar” con Trump, pero que en ese momento no disponía de pasaporte, documento que le fue retirado por la Corte Suprema en razón de las acusaciones por intento de golpe de Estado.

“Creo que tenía poder para resolver ese asunto, pero tenía que tener libertad de conversar con Trump”, declaró el expresidente ultraderechista (2019-2022), un aliado del estadounidense.

Al mismo tiempo, Bolsonaro dijo que no estaba a favor del arancel, pese a que en un primer momento expresó su “admiración” y “respeto” por Trump, tras el anuncio de la barrera comercial a los productos brasileños, que Estados Unidos amenazaba con imponer a partir del próximo 1 de agosto.

El presidente estadounidense vinculó la imposición del arancel a una supuesta persecución judicial contra Bolsonaro, acusado de liderar una trama golpista que buscaba impedir la toma de posesión del actual mandatario, Luiz Inácio Lula da Silva, tras su victoria en las elecciones de 2022.

Trump “no estaba pidiendo mucha cosa, estaba pidiendo democracia”, reflexionó el expresidente brasileño.

En ese sentido, culpó a Lula de la crisis por “provocar” a Estados Unidos con sus declaraciones en contra de Israel y sus supuestos planes para establecer una moneda de referencia alternativa al dólar en el marco de los BRICS, el grupo de países emergentes.

“Todos los países a los que se impuso un arancel conversaron (con Trump) y lo resolvieron”, afirmó, antes de citar como ejemplo las negociaciones entre la Argentina de Javier Milei y la Casa Blanca y de decir que el Ministerio de Relaciones Exteriores de Brasil era una “broma”.

En respuesta al anuncio de la Casa Blanca, el Gobierno de Lula afirmó estar dispuesto a negociar, pero pidió respeto a las instituciones judiciales y alertó de que tomaría medidas similares si el arancel entra en vigor el 1 de agosto.

La relación entre Jair Bolsonaro y Donald Trump fue una de las más estrechas entre líderes de Brasil y Estados Unidos en tiempos recientes. Durante sus respectivos mandatos, ambos promovieron agendas conservadoras, coincidieron en políticas ambientales y se apoyaron mutuamente en foros internacionales. Esa sintonía personal y política ha continuado aún después de dejar el poder.

Desde que terminó su mandato en 2022, Bolsonaro enfrentó múltiples causas judiciales en Brasil, entre ellas, la más grave: su presunta participación en un intento de golpe de Estado para impedir la asunción de Luiz Inácio Lula da Silva. Por esa razón, la Corte Suprema le retiró el pasaporte y restringió sus movimientos internacionales.

El nuevo arancel del 50% anunciado por el gobierno de Estados Unidos representa una amenaza significativa para la economía brasileña, en especial para sectores agrícolas y manufactureros que dependen de las exportaciones al país norteamericano. Esta medida es vista como una forma de presión diplomática, vinculada al estado de la democracia en Brasil.

Los BRICS, el bloque de economías emergentes compuesto por Brasil, Rusia, India, China y Sudáfrica (ahora también con nuevos miembros como Irán y Egipto), impulsaron la idea de crear una moneda común para reducir su dependencia del dólar. Esta iniciativa generó tensiones con Estados Unidos, que ve con recelo cualquier intento de erosionar la hegemonía de su moneda.

JJD, con información de EFE.

El periodista, profesor universitario, exdiputado y activista político brasileño Jean Wyllys (Alagoinhas, Brasil, 1974) se vio obligado a salir de Brasil en 2019 tras la llegada al poder de Jair Bolsonaro. Destacado promotor de los derechos LGTBI, la homofobia rampante del expresidente brasileño y sus huestes lo forzaron a un exilio que en los últimos años ha pasado en Barcelona. Allí ultima ahora una tesis doctoral sobre la desinformación en las plataformas digitales cuya esencia ha vertido en un libro, Falsolatria, todavía pendiente de traducción al español.

Wyllys viaja en los últimos meses entre Barcelona y Madrid tratando de articular una red iberoamericana de periodistas que plante cara a la “internacional fascista” que se mueve a sus anchas por las redes sociales, silenciando al disidente. Recibió con alegría la noticia del procesamiento de Jair Bolsonaro por intento de golpe de Estado tras perder las elecciones contra Lula da Silva —un procedimiento judicial que Donald Trump quiere revertir a través del chantaje económico con una guerra comercial—, pero advierte de que la celebración no será total hasta que el ultraderechista esté “condenado y preso”.

–Para su trayectoria el procesamiento de Bolsonaro fue muy simbólico. ¿Cómo le hizo sentir?

–Muy feliz. De entrada, es la primera vez que notamos una especie de aurora de la justicia. Los criminales por fin están siendo tratados por la justicia como tales. Ya no solo es que se procesara a Bolsonaro, sino también al núcleo central del golpe, en el que estuvieron implicados militares de alto rango.

El Gobierno Bolsonaro, que se instaló en 2019, era un gobierno militar disfrazado de gobierno civil. Tenía muchos más militares que los gobiernos de la dictadura militar. Así que estamos de celebración, pero no será total hasta que esté detenido, condenado y preso. Bolsonaro solo ha sido procesado por tentativa de golpe de Estado y abolición del Estado de derecho, pero sus otros crímenes aún no se han juzgado.

Además del golpe, de toda la violencia, de intentar abolir el Estado de derecho y atentar contra la democracia; de amenazar y acosar a las autoridades de la República; de involucrarse en un plan de asesinato de Lula y del vicepresidente Geraldo Alckmin; además de todo eso, su gobierno cometió un crimen contra la humanidad: fue negacionista de la pandemia de la Covid-19. La negaba al tiempo que estimulaba el contagio. Y su ministro de sanidad [Eduardo] Pazuello fue un incompetente que tardó en comprar la vacuna y, cuando lo hizo, se vio involucrado en corrupción. Eso llevó a la muerte de 700.000 persoas. Aunque Brasil sea un país continental, eso es mucha gente.

Lamentablemente, y en eso Lula tiene algo de culpa, no hemos logrado construir liderazgos fuertes que pudiesen garantizar su legado

–Su autoexilio, por así llamarlo, también está vinculado a las amenazas que sufrió cuando Bolsonaro accedió al poder. Entiendo que ha sido un alivio.

–Es un alivio, pero yo no lo considero un autoexilio. Yo no quería salir de Brasil. Me lo recomendó la Comisión Interamericana de Derechos Humanos de la OEA en 2018, que fue un año terrible. Yo suelo decir, parafraseando el título del libro sobre 1968 del periodista Zuenir Ventura, que 2018 fue el año que no terminó. Fue el año en que Lula fue arrestado injustamente, Marielle Franco fue asesinada y los fascistas emprendieron una campaña de acoso y violencia contra sus adversarios con la complicidad de las plataformas de medios sociales.

Así que tuve que marcharme para seguir vivo. Y ahora es muy importante que esas personas sean castigadas, a mí me daría más seguridad para volver a mi país, aunque en España y en Catalunya me hayan recibido muy bien.

–¿Se plantea regresar a la militancia partidaria?

–En este momento, no. Aún sigo muy herido, con muchos traumas, aunque me pidan que me presente en 2026.

–¿Sería por el PT [Partido de los Trabajadores]?

–Sí. Yo pertenecía al PSOL [Partido Socialismo y Libertad], pero lo dejé, sin que hubiese una pelea, cuando Lula recuperó los derechos políticos al salir de prisión. Me sentí en la obligación ética y política de rehabilitar su imagen, porque no teníamos a otra persona para derrotar a Bolsonaro. Otras personas hicieron lo mismo después. Llevé a cabo una campaña internacional en la que invité a Ada Colau, que entonces era alcaldesa de Barcelona, a Geneviève Garrigos, de Amnistía Internacional, y a Dilma Rousseff, entre otros.

–Lula es una figura determinante, pero ya tiene una edad. Cuando desaparezca, ¿habrá un movimiento detrás que sostenga los avances o hay un riesgo de retroceso?

–Lamentablemente, y en eso Lula tiene algo de culpa, no hemos logrado construir liderazgos fuertes que pudiesen garantizar su legado. Me preocupa mucho que sigamos dependiendo tanto de él. Está envejeciendo y no tiene la energía de antaño. Si vuelve a ser candidato, por supuesto que lo votaré, pero me gustaría que fuese otro candidato que él avalase, como Marina Silva [actual ministra de Medio Ambiente] o Simone Tebet. Si el PT apoyase una candidatura con la dupla de Tebet y Geraldo Alckim o Marina Silva y Eduardo Paes, el alcalde de Río de Janeiro, que es un hombre de gran habilidad política, sería lo ideal porque evitaríamos entregar Brasil a la extrema derecha e incluiríamos en el gobierno a un centro derecha civilizado, una cierta derecha no fascista.

–Ha señalado que la política española se parece más a la de Brasil que a la de Portugal. ¿A qué se refiere?

–Encuentro similitudes sobre todo por una falta de luto y de memoria, de encarar el pasado y los traumas. En el caso de España, una guerra civil, que da como resultado una dictadura larguísima. En el nuestro, sucesivos golpes militares. Brasil es una República creada por militares, que desde entonces han sido un factor de inestabilidad política.

Aparte de que en España sigan teniendo rey, lo que para los latinoamericanos y en el sur global resulta muy extraño, la política brasileña se parece mucho a la española. Se ve en el radicalismo político de sectores de la izquierda que rechazan dialogar con una izquierda más pragmática; por ejemplo, cuando la CUP intenta perjudicar al gobierno socialista, o los errores cometidos por Pablo Iglesias. Veo un paralelismo entre el PSOE y el PT.

Los medios de comunicación y el entorno de la comunicación están sufriendo una serie de mutaciones que han llevado a la destrucción de la esfera pública, lo que Hannah Arendt llamaba el mundo común

Luego está el tema de la memoria y la verdad. Ustedes no han formado una verdadera comisión de trabajo sobre la memoria y la justicia de la Guerra Civil y el franquismo, de modo que el franquismo siempre asoma como un fantasma, no como un espectro en el sentido marxista sino en el shakespeariano. Esto es muy parecido a lo que pasa en Brasil, donde se organizó un golpe parlamentario contra Dilma Rousseff cuando intentó crear una comisión de memoria y justicia.

–Para su último libro ha creado un neologismo, Falsolatría, que sería la idolatría de lo falso.

–Este libro recoge las principales ideas de mi tesis doctoral. Los medios de comunicación y el entorno de la comunicación están sufriendo una serie de mutaciones que han llevado a la destrucción de la esfera pública, lo que Hannah Arendt llamaba el mundo común, en el que un mensaje llegaba a las multitudes. Ahora estamos ante una gran cantidad de medios que ya no configuran una única esfera pública, sino espumas, por usar la imagen del filósofo Peter Sloterdijk.

Esto tiene tres vertientes: la concentración mediática, en la que unas pocas personas controlan toda la comunicación mundial, el surgimiento de Estados-Plataforma por encima de los Estados nacionales, a los que tratan de imponer sus propias reglas, y el propio capitalismo, transformado en capitalismo de la vigilancia, como lo llama Soshana Zuboff, donde toda la información consultada en los teléfonos se recoge y convierte en una mercancía, además de captar constantemente nuestra atención.

Los hechos ya no importan. La gente vive en burbujas en las que consumen desinformación. La inteligencia artificial ha sido entrenada para construir imágenes falsas, de forma que la gente ya no sabe lo que es noticia y lo que es opinión, o que la cámara del teléfono mide cuanto tiempo pasamos atendiendo a determinada información para saber lo que nos interesa.

Ese es el ambiente que yo llamo de falsolatría, que es típico de períodos de crisis, como lo fue la caída del Imperio Romano o la Segunda Guerra Mundial. En esas situaciones hay dos emociones políticas que se vuelven importantes: el miedo y el odio. La extrema derecha sabe esto, y manipula esas emociones con la complicidad de los Estados-Plataforma. Meta, Amazon, X, saben muy bien que este es el combustible de la audiencia.

–Su militancia inicial estuvo muy vinculada a la lucha por los derechos LGTBI y contra el racismo. Pasados estos años, ¿cuál cree que es el principal reto ahora? ¿Estamos en riesgo de regresión? En su experiencia en España, ¿cree que existe una cierta negativa a reconocer que existe discriminación?

–Además del cambio mediático, las mutaciones del capitalismo, la conexión cada vez mayor entre hombre y máquina —vamos camino del cyborg— provocan una cierta ansiedad generalizada. A alguien que haya vivido toda la vida bajo el binarismo y la división sexual, el encontrarse con un hombre trans que es gay y hace porno gay, le provoca ruido en la cabeza, en sus clichés. No lo entiende. Estas transformaciones inevitables —no hay fascismo que pare la rueda del tiempo— generan inseguridad frente al futuro, frente a ese mundo que se acaba.

La extrema derecha se aprovecha de esto, de modo que la comunidad LGTBI vuelve a ser blanco de este pánico moral. Aunque los derechos de los gays y lesbianas empiezan a estar más o menos asentados —no así los de las personas trans— es posible que se produzca una embestida en contra. Pero ninguna ofensiva va a detener los cambios.

Respecto a España, además de que hay mucha más seguridad —Brasil sigue siendo el país donde más gente muere por ser LGTBI—, no está tomada por un fenómeno que en Brasil es determinante del retorno conservador y reaccionario, que es el de las iglesias neopentecostales evangélicas. Creen que son el pueblo elegido y que tienen que convertir a todos, pero como saben que solo con el proselitismo no lo lograrían, están tomando las estructuras de poder para tratar de convertir las leyes que son universales para que se correspondan con sus dogmas religiosos: prohibir el aborto y el matrimonio igualitario, aprobar terapias de conversión.

–Usted ha dicho en alguna ocasión que esos grupos habían proliferado tanto en Brasil porque dotaban a las comunidades de unos espacios sociales que no existían, que el Estado no proveía.

–Nacen de la necesidad humana de estar juntos y dar sentido a la vida. Brasil es un país mayoritariamente católico y durante mucho tiempo los evangélicos estuvieron perseguidos, hasta la Constitución de 1946. Ahora son ellos los grandes perseguidores de las religiones minoritarias. Hay barrios enteros de Río de Janeiro controlados por narcotraficantes evangélicos que expulsan a personas de otras religiones.

La subjetividad de secta pervierte el lenguaje para decir que la libertad de expresión es libertad para ofender a las minorías. Es un despropósito. La derecha se ha apropiado de palabras y expresiones como esta, o como la de exilio, que el hijo de Bolsonaro usa ahora para señalar su situación, cuando si se ha ido de Brasil a EEUU es para conspirar contra el Tribunal Supremo.

–Es como un reflejo tenebroso de su propio proceso.

–Exacto. Se apropia de una experiencia dolorosa como la mía para decir que está en el exilio cuando vive en una mansión, tiene negocios en EEUU y nunca ha dejado de ser diputado. Pero dice que Brasil vive en una dictadura judicial. Es la mentira deliberada y amenaza el pacto social.

–La extrema derecha se está internacionalizando con luchas y discursos comunes. Sin embargo, no hay una respuesta unitaria de la izquierda. ¿Qué se puede hacer?

–Para esto estamos aquí. Estamos intentando crear una plataforma de debate periodístico y político que implique a España, Portugal y el mundo iberoamericano porque tenemos que articularnos contra la internacional de extrema derecha. En 2019 estaba en Alemania con la filósofa Marcia Tiburi, que fue la primera en señalar esto en la fundación Rosa Luxemburgo: hay una internacional fascista. Por ejemplo, Eduardo Bolsonaro fue a EEUU a conspirar con Steve Bannon para articular digitalmente a la extrema derecha en toda Latinoamérica. Utilizar los métodos de mentira, de acoso, enviar a bots en los comentarios en redes, practicar el lawfare para silenciar a la disidencia política...

–Hay un vínculo transatlántico.

–Sí. Por ejemplo la diputada brasileña Bia Kicis tiene relación directa con la extrema derecha de Hungría, de Ucrania, de Rusia y con la de Abascal en España. La extrema derecha está conectada y utiliza la tecnología para impedir las disidencias y cambiar el mundo a su imagen y semejanza.

–Para terminar, quería remontarme a su salto a la fama, cuando participó en el programa Gran Hermano en Brasil. Dijo en su día que había entrado en el concurso para hackear el sistema e introducir una serie de temas que no se trataban públicamente.

–Hace ya 20 años de aquello. La verdad es que entré por un interés académico. Era un programa de mucha audiencia, pero muy criticado en los cuadernillos de cultura de la prensa. Yo, que vengo de la clase obrera, tengo otra perspectiva y creo que las estratificaciones culturales sirven para justificar privilegios. Fue la primera vez que un hombre gay dijo con orgullo en la televisión brasileña que era gay. Después de eso, el desfile del orgullo LGTB llegó por primera vez a un millón de participantes. Fue una revolución. Yo sabía que pasaría, lo que no sabía es que iba a ganar [risas].

No es la primera vez que EEUU quiere intervenir en la política interna de un país latinoamericano. Ni siquiera en la de Brasil, como cuando apoyó el golpe de abril de 1964 contra João Goulart, que alumbró la dictadura militar brasileña (1964-1985) presidida en sus inicios por Humberto Castelo Branco.

Pero quizá sí sea la primera vez en que ocurre de una manera tan personal, sin coartadas ideológicas, económicas o anticomunistas. Esta vez EEUU interviene en la política interna de Brasil porque Jair Bolsonaro es aliado de Donald Trump, es un actor más de la Internacional Reaccionaria del presidente estadounidense, como Benjamín Netanyahu o Javier Milei. Y Brasil no es San Vicente y Granadinas, cuyo primer ministro, Ralph Gonsalves, está ideológicamente a la izquierda de Lula, pero se trata de una pequeña isla caribeña de 100.000 habitantes.

Y el Brasil actual reúne demasiadas pulsiones para Trump: está siendo juzgado su amigo Bolsonaro por golpista; están condenando a empresas tecnológicas por su responsabilidad en los delitos de odio que se comenten en sus plataformas; y se trata de un país que disputa la hegemonía continental –y más allá– con EEUU a través de la alianza con China, India, Rusia y Sudáfrica en los BRICS, un club del sur global que ha ido creciendo –Indonesia, EAU, Egipto– y que suma en sus reuniones, como en la de hace unos días en Brasilia, a países como Irán, Palestina y numerosos países africanos.

Además, a Trump le espanta la idea de una nueva moneda BRIC para reemplazar al dólar estadounidense. Si bien los BRICS trataron de reducir la dependencia del dólar en el comercio internacional y hubo conversaciones al respecto de crear una nueva divisa, el grupo no tiene una moneda común ni llegó a acordarla.

Trump anunció esta semana que impondría un 10% extra de aranceles a los BRICS y aliados, pero en el caso de Brasil el gravamen del 50% se sitúa en el plano puramente de lo personal.

Si la coartada del presidente de EEUU para imponer aranceles tiene que ver con el déficit comercial: EEUU y Brasil registraron un comercio conjunto de aproximadamente 92 000 millones en el último año, con un superávit de 7.000 millones de dólares para EEUU. De hecho, Brasil mantuvo un déficit comercial con EEUU cada año desde 2008, según los datos del propio Gobierno de EEUU.

Eso sí, en 2024, Brasil vendió bienes por valor de 40.000 millones de dólares, principalmente petróleo, café y acero, a Estados Unidos.

En el caso de Brasil, además, los aranceles que entrarán en vigor el 1 de agosto, suponen un aumento drástico respecto a la tasa del 10% que Trump planteó para Brasil como parte de su anuncio del día de la liberación del 2 de abril.

Defensa de Bolsonaro

El presidente de EEUU usó la carta del anuncio de aranceles de este miércoles para salir en defensa de Bolsonaro, que está siendo juzgado por intentar un golpe militar tras la victoria electoral de Lula. Así, en su carta a Lula, el presidente de EEUU hablar de un “trato desgraciado” que, en su opinión, está sufriendo el expresidente Bolsonaro: “Es una caza de brujas que debe parar inmediatamente”. Trump, además, habla de “persecución a la libertad de expresión y a los derechos de los estadounidenses”, por las causas judiciales en Brasil contra los bulos en las redes sociales.

Lula, por su parte, respondió con la misma moneda: “Ante la declaración pública del presidente estadounidense, Donald Trump, es importante enfatizar: Brasil es un país soberano con instituciones independientes que no aceptarán el control de nadie; los procesos legales contra quienes planearon el golpe de Estado son competencia exclusiva de los tribunales brasileños y, por lo tanto, no están sujetos a ningún tipo de interferencia o amenaza que viole la independencia de las instituciones nacionales; en el contexto de las plataformas digitales, la sociedad brasileña rechaza el contenido de odio, el racismo, la pornografía infantil, las estafas, el fraude y los discursos que violan los derechos humanos y las libertades democráticas; en Brasil, la libertad de expresión no debe confundirse con la agresión ni con las prácticas violentas. Para operar en nuestro país, todas las empresas nacionales y extranjeras están sujetas a la legislación brasileña”.

El presidente brasileño, además, señaló que EEUU tuvo un superávit comercial de más de 410 000 millones de dólares con Brasil en los últimos 15 años.

Pero las amenazas de Trump no son nuevas. El secretario de Estado estadounidense, Marco Rubio, declaró en mayo en una comparecencia en el Congreso que Washington estaba considerando sancionar a uno de los jueces de la Corte Suprema de Brasil, Alexandre de Moraes. ¿El delito de Moraes? Haber ordenado el cierre de las cuentas de redes sociales consideradas propagadoras de noticias falsas. Además, es el juez que se enfrentó a Elon Musk y suspendió cautelarmente X en Brasil.

“Pasé dos años con el presidente Trump, donde siempre defendimos los intereses de nuestro pueblo y la libertad de todos”, escribió Jair Bolsonaro en X tras el primer post del presidente de EEUU en su defensa: “Este caso es una aberración legal (Lawfare), una clara persecución política, ya reconocida por todos con sentido común. Agradezco al distinguido presidente y amigo. Usted pasó por algo similar. Fue perseguido implacablemente, pero prevaleció por el bien de EEUU y de docenas de otros países verdaderamente democráticos. Su lucha por la paz, la justicia y la libertad resuena en todo el planeta. Gracias por existir y dar ejemplo de fe y resiliencia”.

La encendida defensa de Donald Trump a Jair Bolsonaro después de la Cúpula de los BRICS de Río de Janeiro llega antes de lo previsto. Eduardo Bolsonaro, además de intentar salvar a su padre de la cárcel, aspiraba a usar el apoyo del gobierno Trump para intentar salvar a su padre de la cárcel (la sentencia está prevista para septiembre) y para legitimar su propia candidatura presidencial en las elecciones de 2026.

Sin embargo, el tarifazo del 50% a Brasil ha sido una sorpresa incluso para los bolsonaristas. Mientras el gobierno de Lula estudia judicializar las tarifas en la Organización Mundial del Comercio (que prohíbe la aplicación de aranceles por motivos políticos), algunos líderes de la extrema derecha brasileña se apresuraron a aplaudir las medidas de Donald Trump contra Brasil. Tarcísio de Freitas, gobernador del Estado de São Paulo, divulgó en sus perfiles en redes sociales que “Lula colocó su ideología por encima de la economía, y ese es el resultado”. Sin embargo, la extrema derecha está intentando blindar a la familia Bolsonaro contra los efectos negativos del tarifazo.

La actitud de Lula como defensor de la soberanía nacional frente a injerencias extranjeras y la narrativa de la izquierda (que habla de la “tarifa Bolsonaro”), ya está en el terreno político. Gleisi Hoffman, actual ministra de la Secretaría de Relaciones Institucionales del gobierno Lula, ha acusado a Jair Bolsonaro y a Tarcísio de Freitas como traidores. “Quien está colocando la ideología por encima de los intereses del país es el gobernador Tarcísio y todos los cómplices de Bolsonaro que aplauden el tarifazo de Trump contra Brasil. Piensan apenas en el beneficio político que esperan sacar del chantaje del presidente de Estados Unidos, porque nunca se importaron de verdad con el país y el pueblo”, criticó Gleisi. Los líderes bolsonaristas ya admiten desgaste tras el tarifazo, según Folha de São Paulo.

Maniobras bolsonaristas

Tras el fracaso del intento de golpe de estado, que desembocó en las jornadas antidemocráticas del 8 de enero de 2023 de Brasilia con el asalto a los Tres Poderes, la familia Bolsonaro encomendó su futuro al destino de Donald Trump. Tras la investidura de Trump del 20 de enero, Eduardo Bolsonaro, hijo de Jair Bolsonaro, encadenó cuatro viajes a Estados Unidos. Inicialmente, el lobby de Eduardo Bolsonaro para colocar al Donald Trump contra Lula pasó bastante desapercibido. A inicios de febrero, Jair y Eduardo Bolsonaro abrieron perfil en la plataforma de extrema derecha Truth Social, parte del Trump Media Group, provocando una migración masiva de bolsonaristas radicales a dicha red social. A finales de febrero, Truth Social, Gettr y Rumble registraron varias denuncias en la justicia estadounidense contra Alexandre de Moraes, ministro del Supremo Tribunal Federal (STF), por supuesta censura. Moraes había aplicado sanciones a dichas plataformas, por no disponer de representante legal en Brasil y por no retirar mensajes acusados de delito de odio.

El 18 de marzo, Eduardo Bolsonaro renunció a su acta de diputado, para permanecer por tiempo indeterminado en Estados Unidos. El PT pidió la retirada de su pasaporte, acusándolo de crimen de “lesa patria” (actuar contra los intereses de Brasil). Eduardo fue cocinando en Estados Unidos la narrativa de persecución política a la oposición y censura del gobierno Lula. Se reunió con Jason Miller, fundador de la red social radical Gettr, uno de los principales asesores de Trump durante la campaña de 2016. Por otro lado, presionó a la Organización de Estados Americanos (OEA), para que incluyera en su informe sobre Brasil la “supuesta censura” contra la libertad de expresión, algo que no consiguió.

El mismísimo Steve Bannon, referente de la extrema derecha MAGA estadounidense, solicitó a Marcos Rubio, secretario de Estado de Trump, sanciones contra Alexandre de Moraes y Lula. Rubio, viejo amigo de la familia Bolsonaro, no tardó en informar que el gobierno estadounidense estaba estudiando aplicar sanciones contra Alexandre de Moraes, con base en la Ley Global Magnitsky (que permite castigar a autoridades extranjeras acusadas de corrupción o graves violaciones de derechos humanos).

Venganza contra los BRICS. El presidente de EEUU, Donald Trump, publicó este miércoles su carta a Lula en la que le comunica un arancel del 50% a los productos brasileños que entren en Estados Unidos. La medida tiene mucho que ver con el desafío que supone en el sur global representado en los BRICS –Brasil, Rusia, Indica, China y Suráfrica–, a los que ya anunció Trump que impondría un castigo extra del 10%.

En el caso de Brasil, el 2 de abril los aranceles previstos eran del 10%, una cifra muy inferior al 50% actual.

Lo que más molesta a Trump es el proyecto de los BRICS de lanzar una moneda que pueda competir con el dólar como moneda preferente en las transacciones internacionales.

El presidente de EEUU, además, salió recientemente en defensa de Jair Bolsonaro, expresidente brasileño, que está siendo juzgado por intentar un golpe militar tras la victoria electoral de Lula. Así, en su carta a Lula, el presidente de EEUU menciona “el trato desgraciado” que, en su opinión, está sufriendo el expresidente Bolsonaro: “Es una caza de brujas que debe parar inmediatamente”. Trump, además, habla de “persecución a la libertad de expresión y a los derechos de los estadounidenses”, por las causas judiciales en Brasil contra los bulos en las redes sociales.

Lula, por su parte, respondió con la misma moneda: “Ante la declaración pública del presidente estadounidense, Donald Trump, es importante enfatizar: Brasil es un país soberano con instituciones independientes que no aceptarán el control de nadie; los procesos legales contra quienes planearon el golpe de Estado son competencia exclusiva de los tribunales brasileños y, por lo tanto, no están sujetos a ningún tipo de interferencia o amenaza que viole la independencia de las instituciones nacionales; en el contexto de las plataformas digitales, la sociedad brasileña rechaza el contenido de odio, el racismo, la pornografía infantil, las estafas, el fraude y los discursos que violan los derechos humanos y las libertades democráticas; en Brasil, la libertad de expresión no debe confundirse con la agresión ni con las prácticas violentas. Para operar en nuestro país, todas las empresas nacionales y extranjeras están sujetas a la legislación brasileña”.

En cuanto a los aranceles, el presidente de Brasil dijo que “las relaciones comerciales entre Brasil y Estados Unidos, sobre el supuesto déficit estadounidense, es falsa. Las estadísticas del propio gobierno estadounidense muestran un superávit de aproximadamente 410.000 millones de dólares en comercio con Brasil en los últimos 15 años. En este sentido, cualquier aumento arancelario unilateral se regirá por la Ley de Reciprocidad Económica de Brasil”.

Trump, además, anunció este miércoles que impondrá aranceles del 20% a las importaciones de Filipinas; un 25 % a Brunei y Moldavia; y a Argelia, Irak y Libia, un 30%.

El presidente de EEUU ya envió el lunes cartas a Japón y Corea del Sur, a los que cobrará un 25% de aranceles. Además, impuso a Laos y Birmania aranceles del 40 %,; un 30 % a Sudáfrica y Bosnia y Herzegovina; un 36% a Camboya y Tailandia; un 35 % para Serbia y Bangladesh; un 32% a Indonesia; mientras que a Malasia, Kazajistán y Túnez se situarían en un 25%.

Además, dijo que gravará con un arancel del 50% al cobre –el mismo que al acero y el aluminio– y avanzó que prevé aranceles de hasta el 200% para los productos farmacéuticos si sus fabricantes no se instalan en EEUU.