Una vez más, la Corte Suprema de Justicia de la Nación cerró la puerta a una estrategia judicial de Ricardo Echegaray, funcionario de los gobiernos de Cristina Fernández de Kirchner.

El rechazo de la Corte no está dirigido contra una sentencia definitiva, como dice la sentencia sino a un pedido de nulidad de la defensa. Según explicaron a elDiarioAR fuentes del máximo tribunal, en la práctica el exfuncionario nacional no va preso con esto porque quedan trámites pendientes ya que la Cámara Federal de Casación Penal, en su decisión original, reenvió la causa al Tribunal Oral Federal Nº3 para que determinaran la pena.

El exjefe de la AFIP fue condenado por administración fraudulenta agravada en la causa conocida como “Oil Combustibles”, tras el rechazo del recurso que había presentado su defensa. La acusación se centró en el rol que tuvo como jefe del organismo recaudador en el otorgamiento indebido de planes de facilidades de pago a una empresa ligada al empresario Cristóbal López, lo que derivó en una multimillonaria deuda tributaria impaga entre 2013 y 2015.

Cristóbal López es un empresario que desarrolló un conglomerado económico con fuerte presencia en sectores como el juego, el petróleo, la construcción, los medios de comunicación y el transporte (Oil Combustibles, Oil M&S, Clear Petroleum, C5N, Radio 10, FM Vale, Mega 98.3, Pop Radio, TKM, Minuto Uno, Ideas del Sur, Casino Club, Invernes, Alcalis de la Patagonia (ALPAT), Constructora CPC, Indalo Transporte, Autovía Buenos Aires-La Plata, South Media Investments). Durante los gobiernos kirchneristas, se consolidó como uno de los principales contratistas y concesionarios del Estado, lo que le valió el apodo de “el empresario K” por parte de la prensa.

La investigación judicial se inició a partir de una denuncia de Elisa Carrió, que puso el foco en la omisión sistemática de Oil Combustibles S.A. en pagar el impuesto a la transferencia de los combustibles líquidos, con la anuencia de la AFIP durante la gestión de Echegaray. A través de planes especiales de financiación, la empresa retuvo montos millonarios sin transferirlos al Estado, lo que fue interpretado por los tribunales como una maniobra fraudulenta que perjudicó directamente a la administración pública.

El 16 de diciembre de 2021, el Tribunal Oral en lo Criminal Federal N°3 de la Capital Federal condenó a Echegaray a cuatro años y ocho meses de prisión y lo inhabilitó de forma perpetua para ejercer cargos públicos. Desde entonces, su defensa intentó distintos caminos procesales para revertir la sentencia, todos sin éxito.

Primero presentó un recurso de casación, que fue rechazado por la Sala I de la Cámara Federal de Casación Penal. Luego planteó la nulidad de esa decisión, también desestimada. Al considerar agotadas esas vías, la defensa de Echegaray recurrió a un recurso extraordinario, que también fue declarado inadmisible por la misma Sala de Casación. Finalmente, en un último intento, presentó un recurso de queja ante la Corte Suprema.

Ese recurso fue rechazado por el máximo tribunal, con las firmas de los jueces Horacio Rosatti, Carlos Rosenkrantz y Ricardo Lorenzetti. La Corte sostuvo que el planteo no se dirigía contra una sentencia definitiva ni contra una resolución equiparable a tal, y por lo tanto no podía ser revisado por esa vía.

Por lo tanto, el caso no se cierra de manera definitiva, pues una vez que el TOF fije la pena, Echegaray podría volver con un recurso a la Corte.

Este fallo es uno de los primeros con la Corte integrada por tres, después de el breve tiempo en que tuvo cuatro integrantes, por la jura del recientemente renunciado Manuel García-Mansilla. Como hubo acuerdo entre los tres, no fue necesario que el tribunal convocara a conjueces.

Según pudo saber elDiarioAR, la Corte, con esta integración, por ahora no tiene previsto abocarse al tratamiento y pronunciarse sobre casos de más grueso calibre político, como el recurso de queja de Cristina Fernández de Kirchner por la causa Vialidad, por la que está condenada.

JJD

La Corte Suprema de Justicia de la Nación, con la firma de todos sus ministros, decidió aceptar un recurso presentado por el Ministerio Público Fiscal y ha revocado la decisión de la Cámara Federal de Casación Penal que había absuelto a Cristóbal López y Fabián De Souza en el marco de la causa “Oil Combustibles”.

La decisión se basa en la remisión al dictamen de la Procuración General de la Nación, que consideró que la sentencia de Casación que había absuelto a López y De Souza por defraudación a la administración pública fue arbitraria.

La acusación principal contra López y De Souza se centraba en la retención de montos que debían ser abonados a la Administración Federal de Ingresos Públicos (AFIP) por el impuesto al combustible líquido.

La Corte Suprema concluyó que la Cámara de Casación había resuelto de manera arbitraria los planteos relativos a la interpretación de la prueba en el caso. Esta decisión implica que López y De Souza nuevamente enfrentan cargos por defraudación a la administración pública, dado que la revocación de la absolución reabre el proceso judicial en su contra.

Sin embargo, no todos los agravios presentados por el fiscal fueron aceptados por la Corte Suprema. Los puntos relacionados con el levantamiento de las medidas cautelares y el rechazo de la reparación integral contra el ex titular de la AFIP, Ricardo Echegaray, fueron rechazados por falta de una sentencia definitiva en esos aspectos específicos del caso.

El caso “Oil Combustibles” ha sido objeto de una considerable atención pública y mediática debido a las implicaciones de alto perfil y la magnitud del fraude fiscal alegado. Cristóbal López y Fabián De Souza, empresarios destacados, habían sido acusados de no transferir a la AFIP los impuestos cobrados a los consumidores en la venta de combustibles, utilizando esos fondos en cambio para financiar otras operaciones empresariales.

La decisión de la Corte Suprema de revocar la absolución pone de relieve las tensiones y debates en torno a la interpretación judicial y la aplicación de la ley en casos de fraude fiscal. El retorno de los cargos contra López y De Souza significa que el proceso judicial continuará, con nuevas etapas de evaluación y posible juicio.

CRM con información de la agencia NA

El Tribunal Oral Federal (TOF) 3 condenó hoy al extitular de la Administración Federal de Ingresos Públicos (AFIP) Ricardo Echegaray a 4 años y 8 meses de prisión y absolvió, por mayoría, a los empresarios Cristóbal López y Fabián De Sousa en el juicio por supuesta defraudación al Estado en el otorgamiento de planes para el pago del Impuesto a la Transferencia de Combustibles (ITC) a la petrolera Oil Combustibles.

El veredicto fue leído por el presidente del tribunal, Fernando Machado Pelloni, quien, acompañado por sus colegas Andrés Basso y Javier Ríos, anunció que el 17 de marzo de 2022 a las 16 se darán a conocer los fundamentos.

El juicio, que duró dos años y medio, demandó 81 jornadas de debate que abarcaron unas 280 horas, las declaraciones de 42 testigos y las participaciones de 8 peritos.

Los magistrados entendieron que el exfuncionario de los gobiernos kirchneristas, quien apelará la medida y por lo tanto no irá a la cárcel, cometió delitos al habilitar el otorgamiento de determinados planes de pagos a la empresa Oil Combustibles, pero desligaron de responsabilidades a los empresarios.

En la parte resolutiva del fallo el TOF dispuso condenar a Echegaray a “cuatro años y ocho meses de prisión e inhabilitación especial perpetua para ejercer la función pública”, al hallarlo “autor penalmente responsable del delito de administración fraudulenta, agravado por haber sido cometido en perjuicio de la administración pública”.

A la vez, por mayoría (Machado Pelloni y Ríos a favor, Basso en disidencia), el TOF absolvió a López y De Sousa y dispuso “levantar las medidas cautelares” dictadas contra ambos, “como así también de todas las personas jurídicas en la que tienen participación”.

El fallo fue leído esta tarde, minutos después de las 19, tras dos años y seis meses de debate oral que concluyeron esta mañana con las últimas palabras de los tres imputados, que reclamaron su absolución y declamaron su inocencia ante el tribunal.

“No hubo ningún perjuicio fiscal”, sostuvo Echegaray ante el TOF 3, al que reclamó un “pronunciamiento absolutorio”, porque -según dijo- se trató de una causa “armada” con “prueba falsa” que atribuyó a la AFIP cuando era dirigida por Alberto Abad.

Echegaray sostuvo que los planes de pago otorgados a Oil Combustibles fueron “iguales” a los otros 1.648 que hubo durante su gestión en el organismo recaudador, y que durante el juicio -suspendido durante varios meses por la pandemia de coronavirus- no se produjo “ninguna prueba” que avalara la acusación.

Durante la mañana también, en el marco de lo que se conoce como “últimas palabras” antes del fallo, el empresario Cristóbal López señaló que la causa judicial en su contra fue parte de una persecución pergeñada por el Gobierno de Mauricio Macri, luego de que él se negara a poner a disposición del expresidente los medios de comunicación del Grupo Indalo.

“Nada de esto hubiese pasado si yo hubiese acordado con Macri entregarle los medios para que él los use a gusto”, aseveró el empresario.

Antes había hablado su socio, De Sousa, para quien “la finalidad (de la AFIP de Juntos por el Cambio) no era cobrar impuestos, era quebrar a las empresas del Grupo Indalo. Querían quebrar a los medios que daban una visión de país distinto al que ellos querían mostrar”.

El juicio había comenzado el 13 de junio de 2019 con López y De Sousa detenidos con prisión preventiva en la causa, con audiencias presenciales en Comodoro Py 2002 y dos acusadores, la fiscalía y la AFIP en su rol de querellante.

Dos años y medio más tarde y pandemia de Covid-19 mediante, terminó de manera virtual, con los dos empresarios en libertad y con una única acusación, la del fiscal Juan García Elorrio, tras el desistimiento de la AFIP.

La AFIP desistió de su rol de querella penal y civil luego que Oil Combustibles adhirió este año a un plan de pagos para regularizar la deuda del ITC y se levantó su quiebra.

El debate estuvo suspendido casi cinco meses desde el inicio del aislamiento social por el coronavirus en marzo de 2020 y pudo reanudarse en forma remota por la plataforma Zoom en agosto de ese año.

DA

El fiscal ante el Tribunal Oral Federal 3, Juan García Elorrio, anticipó este jueves que pedirá condenas para el extitular de la AFIP Ricardo Echegaray y los empresarios Cristóbal López y Fabián De Sousa en el juicio que se les sigue por supuesta defraudación al fisco en la empresa Oil Combustibles.

“Voy a solicitar que se condene” ante la “certeza objetiva sobre la materialidad de los hechos y la participación de los acusados”, sostuvo el fiscal en el inicio de su alegato final, en una nueva audiencia del debate que se realiza de manera virtual a través de la plataforma Zoom.

García Elorrio sostuvo que la fiscalía “tiene por probado con el grado de certeza requerida para el dictado de un fallo condenatorio, los hechos objeto de este proceso descriptos en el requerimiento fiscal de elevación a juicio”

El fiscal aludió a la “actividad probatoria” incorporada en el debate que comenzó el 13 de junio de 2019.

“Existe prueba de cargo”, sostuvo ante los jueces Fernando Machado Pelloni, Javier Ríos y Andrés Basso.

Echegaray está procesado como supuesto coautor, mientras que López y De Sousa como partícipes necesarios del delito de defraudación por administración fraudulenta agravada por haber sido cometida en perjuicio de la administración pública.

AFIP desistió de la acusación penal

El 9 de septiembre último, la única querella en el caso, representada por la AFIP, anunció su decisión de desistir de la acusación penal y de la acción civil que llevaba contra los empresarios ante la “regularización total de las obligaciones tributarias objeto” del juicio oral.

La causa contra los accionistas de la petrolera había sido iniciada por una denuncia de la AFIP en 2016, durante la gestión de Alberto Abad y el gobierno de Mauricio Macri. Tras la asunción de Alberto Fernández, el organismo le permitió a Oil Combustibles ingresar en una moratoria para devolver los impuestos retenidos y adeudados al fisco. Esa medida le da la posibilidad a López regularizar parte de su situación fiscal.

“La decisión tendiente al saneamiento del organismo se toma tras haberse registrado avances significativos en pos de garantizar el cobro de los impuestos adeudados por la empresa”, sostuvo Marcó del Pont ante la Justicia. López publicó esta tarde en su cuenta de Twitter: “AFIP no tenía más remedio que desistir de la querella. Con auditorías internas y externas se demostró cada cosa que dijimos durante años, incluso desde la cárcel: que el gobierno de Mauricio Macri usó el Estado para quedarse con nuestras empresas”.

La actual titular del organismo, Mercedes Marcó del Pont, informó por escrito al Tribunal Oral Federal número 2 que el organismo considera que habrían existido supuestas irregularidades en la acusación del fisco contra los empresarios y la compañía, según “evidencia interna”, como informes de auditorías y sumarios disciplinarios, y presuntas pruebas “externas” (denuncias administrativas y requerimientos judiciales). Según Marcó del Pont, dichos indicios darían cuenta de hechos de corrupción administrativa, abusos de autoridad y desvíos de poder contra los empresarios kirchneristas durante el gobierno de Macri. 

“La matriz de los hechos acontecidos entre diciembre de 2015 y diciembre de 2019 tienen un rasgo común: la finalidad de persecución y hostigamiento a determinados objetivos políticos y económicos”, sostiene el desistimiento de querellar a los accionistas de Oil.

López y De Sousa están en pleno juicio oral y público por la presunta adjudicación irregular de planes de pago a la petrolera Oil Combustibles por parte de la AFIP, durante la gestión de Ricardo Echegaray, en el gobierno de Fernández de Kirchner. Echegaray también está siendo juzgado por el tribunal como presunto coautor del delito de defraudación por administración fraudulenta agravada.

Oil Combustibles tenía una deuda de alrededor de $8.000 millones por la retención del impuesto al combustible mientras sus negocios e inversiones crecían exponencialmente, en especial, en medios de comunicación. 

La causa impulsada por Abad terminó con los negocios del Grupo Indalo y con López y De Sousa presos. Tras sus excarcelaciones, De Sousa acusó a Macri y a exautoridades de la AFIP de orquestar el “desapoderamiento” del grupo, el “hostigamiento”, el “ahogo financiero”. 

El socio de López sostiene que el caso podría haberse resuelto de manera administrativa o con una moratoria, pero que la AFIP de Macri llevó el caso al fuero penal para supuestamente quedarse con sus activos. La causa está a cargo de la jueza María Servini, quien avanzó durante los últimos meses con medidas de prueba, indagatorias e incluso el pedido de captura de Fabián “Pepín” Rodríguez Simón.

En diciembre de 2020, Marcó del Pont también denunció ante la Justicia la presunta “persecución política” y “hostigamiento fiscal” a Cristina Fernández de Kirchner y sus hijos por parte del organismo durante el gobierno de Macri, lo que sumó argumentos a la defensa judicial de la vicepresidenta en las causas en su contra.

“Otra vez relato K. Nunca en los años de gestión AFIP recibimos bajada de línea para investigar a nadie y siempre tratamos a todos por igual, siguiendo incluso protocolos de actuación internos para garantizar dicho trato objetivo”, le respondió entonces por Twitter Jimena de la Torre, exnúmero 2 del organismo durante la gestión del sucesor de Abad, Leandro Cuccioli.

Con información de agencias.

IG

La Administración Federal de Ingresos Públicos (AFIP) desistió este miércoles de la querella contra el empresario Cristóbal López y su socio Fabián De Sousa, cercanos a la vicepresidenta Cristina Fernández de Kirchner, y al extitular del organismo Ricardo Echegaray en el juicio oral y público por el caso Oil Combustibles, según confirmó una fuente oficial a elDiarioAR. 

La causa contra los accionistas de la petrolera había sido iniciada por una denuncia de la AFIP en 2016, durante la gestión de Alberto Abad y el gobierno de Mauricio Macri. Tras la asunción de Alberto Fernández, la AFIP le permitió a Oil Combustibles ingresar en una moratoria para devolver los impuestos retenidos y adeudados al fisco. Esa medida le permite a López regularizar parte de su situación fiscal, según el organismo.

“La decisión tendiente al saneamiento del organismo se toma tras haberse registrado avances significativos en pos de garantizar el cobro de los impuestos adeudados por la empresa”, sostuvo Marcó del Pont ante la Justicia. López publicó esta tarde en su cuenta de Twitter: “AFIP no tenía más remedio que desistir de la querella. Con auditorías internas y externas se demostró cada cosa que dijimos durante años, incluso desde la cárcel: que el gobierno de Mauricio Macri usó el Estado para quedarse con nuestras empresas”.

La actual titular del organismo, Mercedes Marcó del Pont, informó por escrito al Tribunal Oral Federal número 2 que el organismo considera que habrían existido supuestas irregularidades en la acusación del fisco contra los empresarios y la compañía, según “evidencia interna”, como  informes de auditorías y sumarios disciplinarios, y presuntas pruebas “externas” (denuncias administrativas y requerimientos judiciales). Según Marcó del Pont, dichos indicios darían cuenta de hechos de corrupción administrativa, abusos de autoridad y desvíos de poder contra los empresarios kirchneristas durante el gobierno de Macri. 

“La matriz de los hechos acontecidos entre diciembre de 2015 y diciembre de 2019 tienen un rasgo común: la finalidad de persecución y hostigamiento a determinados objetivos políticos y económicos”, sostiene el desistimiento de querellar a los accionistas de Oil.

López y De Sousa están en pleno juicio oral y público por la presunta adjudicación irregular de planes de pago a la petrolera Oil Combustibles por parte de la AFIP, durante la gestión de Ricardo Echegaray, en el gobierno de Fernández de Kirchner. Echegaray también está siendo juzgado por el tribunal como presunto coautor del delito de defraudación por administración fraudulenta agravada.

El escrito de este miércoles también fue presentado ante el juzgado de Julián Ercolini, donde aún tramita un segundo capítulo del caso, enfocado en la responsabilidad de los funcionarios de carrera. En junio último, Marcó del Pont también notificó a la Justicia que desistía de querellar a dichos funcionarios que tenían a su cargo controlar a la petrolera, pero informó que mantenía la acusación contra los accionistas y Echegaray, según publicó entonces La Nación.

Oil Combustibles tenía una deuda de alrededor de $8.000 millones por la retención del impuesto al combustible mientras sus negocios e inversiones crecían exponencialmente, en especial, en medios de comunicación. 

La causa impulsada por Abad terminó con los negocios del Grupo Indalo y con López y De Sousa presos. Tras sus excarcelaciones, De Sousa acusó a Macri y a exautoridades de la AFIP de orquestar el “desapoderamiento” del grupo, el “hostigamiento”, el “ahogo financiero”. 

El socio de López sostiene que el caso podría haberse resuelto de manera administrativa o con una moratoria, pero que la AFIP de Macri llevó el caso al fuero penal para supuestamente quedarse con sus activos. La causa está a cargo de la jueza María Servini, quien avanzó durante los últimos meses con medidas de prueba, indagatorias e incluso el pedido de captura de Fabián “Pepín” Rodríguez Simón.

En diciembre de 2020, Marcó del Pont también denunció ante la Justicia la presunta “persecución política” y “hostigamiento fiscal” a Cristina Fernández de Kirchner y sus hijos por parte del organismo durante el gobierno de Macri, lo que sumó argumentos a la defensa judicial de la vicepresidenta en las causas en su contra.

“Otra vez relato K. Nunca en los años de gestión AFIP recibimos bajada de línea para investigar a nadie y siempre tratamos a todos por igual, siguiendo incluso protocolos de actuación internos para garantizar dicho trato objetivo”, le respondió entonces por Twitter Jimena de la Torre, exnúmero 2 del organismo durante la gestión del sucesor de Abad, Leandro Cuccioli.

ED

El empresario Cristóbal López espera para este 2021 un veredicto en el juicio del caso Oil Combustibles, pero aún quedarán pendientes el concurso de acreedores de esa petrolera (con una eventual extensión de quiebra a firmas asociadas y a su persona) y dos juicios penales por los casos Los Sauces y Cuadernos, informaron a elDiarioAR fuentes judiciales con acceso directo a los expedientes y su defensa.

Aunque fue noticia en los últimos días a raíz de la adjudicación de licencias del juego online en la provincia de Buenos Aires, su abogado penalista, Fabián Lértora, dijo a este medio que “López vendió su participación accionaria en las empresas de apuestas a uno de sus socios, Ricardo Benedicto”, por lo que sostiene que no fue beneficiado por la medida. La venta se habría pactado por casi US$100 millones, pero la Justicia se lo embargó.

Esta semana, trascendió que el 29 de diciembre el gobierno de Axel Kicillof finalizó el proceso de adjudicación del negocio del juego online que había comenzado María Eugenia Vidal durante su gestión. Según el boletín oficial bonaerense, la explotación del juego electrónico quedó en manos de 7 grupos empresarios, entre ellos Binbaires, en la que López asegura que ya no forma parte. Otros beneficiados por la decisión de Vidal y Kicillof fueron las alianzas que integran Daniel “Tano” Angelici, la empresa Boldt; el empresario del juego Daniel Mautone; y los exsocios de López asociados en Binbaires SA. Todos formaron uniones transitorias de empresas con firmas extranjeras, por disposición del Gobierno bonaerense.

El desprendimiento del negocio del juego, según el abogado de López, fue a partir de 2016, cuando el caso Oil Combustible llevó a López a vender sus acciones en dos empresas en pos de “no perjudicar” a sus socios en ese sensible negocio. También renunció a sus cargos en los directorios de Casino Club SA e Inverclub SA (a través de la cual integraba Binbaires, que explota tres bingos bonaerenses). Estas empresas no formaban parte del Grupo Indalo, por lo que no fueron alcanzadas por la crisis provocada por el caso Oil, explicó su abogado.

Según otra fuente de la sociedad comercial que integraba López, el otrora “zar del juego” y sus hijos vendieron su 30% en Inverclub SA a Benedicto, por más de US$38,6 millones, en cuotas anuales. Fue en junio de 2016 y la fuente sostiene que la operación quedó registrada en el Libro de Registro de Acciones de la empresa. 

La operación fue aprobada por la Comisión Nacional de Defensa de la Competencia, según la fuente de la sociedad, el 31 de octubre de 2016. En 2017, Benedicto solicitó suspender los pagos a López por el plazo de 180 días, cuando el gobierno de Mauricio Macri anunció que subiría la alícuota del impuesto a las ganancias a las apuestas y por una “deuda histórica” de la sociedad con el fisco porteño por ingresos brutos. Para abril de 2018, Benedicto supuestamente habría pagado a López unos US$11 millones de los US$38,6 millones acordados, según la misma fuente, quien no pudo actualizar la información, por el momento.

En Casino Club SA, López concretó la venta de sus acciones y las de sus hijos (tenían el 28% en total) en otros US$60 millones, en seis cuotas anuales, según la fuente consultada. La sociedad fue vendida a Inverclub SA en octubre 2017. El trámite se presentó también ante Defensa de la Competencia, pero en este caso la fuente no pudo confirmar si la operación fue finalmente aprobada. La primera cuota que López debía recibir fue de unos US$5 millones y la segunda, en abril de 2018, estaba estipulada en US$12,7 millones.

Sin embargo, el dueño del Grupo Indalo supuestamente no pudo percibir el resultado de la venta de esas acciones a su socio, explicó su abogado ante la consulta. Las cuotas que cobró quedaron embargadas por la Justicia federal, dijo su defensa y aclaró que consta en el expediente que entonces llevaba adelante el juez Julián Ercolini.

El día después del juicio

El principal caso contra López es el de Oil Combustibles, dividido en dos frentes: el penal y el comercial. El expediente que tramita en el fuero de criminal federal es por presunta “defraudación agravada” por el no pago al fisco de $8.000 millones del impuesto a los combustibles líquidos entre 2013 y 2015. El juicio oral y público, que comenzó en junio de 2019 en Comodoro Py 2002, se espera que finalice cerca de la feria de invierno de este año. Aún restan escuchar a algunos de los principales testigos del fisco y a los ofrecidos por las defensas. Los pronósticos son grises. 

En 2020, el aislamiento por la pandemia sorprendió al dueño del Grupo Indalo en una de sus propiedades en Comodoro Rivadavia, Chubut. Desde entonces, siguió las audiencias del juicio oral y público por el caso Oil. Su abogado penalista informó que el empresario sigue allí, donde nació un imperio que hoy está embargado, vendido o en concurso de acreedores.

El caso fue impulsado en 2016 por la gestión de Alberto Abad en la AFIP, tras la llegada de Mauricio Macri a la presidencia. Les costó la libertad a López y a su entonces socio Fabián De Sousa, que recuperaron en 2019, y la inestablidad de su emporio económico: el Grupo Indalo. También, asegura Lértora, empujó a quien entonces era conocido como “el zar del juego” a resignar su participación en el negocio de los casinos, bingos y apuestas con el que había hecho pie tanto en jurisdicción nacional bajo gobierno de los Kirchner, como en la Capital Federal, con Mauricio Macri, y en otras provincias.  

La defensa cree que tiene chances de demostrar que no habrían existido delitos por parte de las autoridades y accionistas de Oil, y que el proceso por el cual llegó a juicio, impulsado por la AFIP, estuvo viciado por supuestas irregularidades. Será el Tribunal Oral Federal 3 el que deba determinarlo. La fiscalía de juicio, a cargo de Juan García Elorrio, impulsa el caso y viene sosteniendo la acusación que, en parte, se basa también en que López y su socio De Sousa habrían destinado los fondos que debían utilizarse para cancelar los planes de pagos de la AFIP para otro fin: capitalizar a sus propias empresas y ampliar su grupo económico, por ejemplo, mediante la compra del canal de noticias C5N y Radio Diez al empresario Daniel Hadad, entre otros activos en medios que fue tomando Indalo.

Muy cerca de López dijeron a este medio que la prioridad en el frente penal es ganar el juicio de Oil y, si consiguen un veredicto a su favor, recién entonces planificar los pasos a seguir para intentar recuperar sus empresas. El caso comercial, donde se dirime el concurso de acreedores del Grupo Indalo tiene varios puntos en contra de López. “Esto es paso a paso”, dijo la fuente.

El empresario es testigo en otro expediente penal federal que está en plena investigación, a cargo de la jueza María Servini y en el que López declaró que Macri lo habría presionado para que sus medios de comunicación en una supuesta campaña mediática para “meter presa a Cristina Fernández de Kirchner”. 

El empresario sostiene que, al negarse a la presión, el Gobierno de Macri habría instrumentado una embestida para “desapoderarlo” de sus empresas, a partir del caso Oil, que incluiría, su alejamiento del negocio del juego, dicen cerca de López. En el gobierno de Cambiemos, siempre negaron esas acusaciones. En la causa, Servini busca acceder y analizar la totalidad de las llamadas de los teléfonos del expresidente Macri.

Frente comercial

La causa en el fuero comercial y el concurso de acreedores está íntimamente ligada al juicio penal. Los bienes de Oil están embargados y el resto del Grupo Indalo está en concurso de acreedores. El caso podría derivar no sólo en la imposibilidad de recuperar su emporio sino en que, de decretarse la quiebra, ésta se extienda a López y sus bienes personales. Pero será en un plazo no inmediato, aclaró una fuente judicial del caso.

Entre las últimas novedades, hubo dos fallos de la Cámara de Apelaciones en lo Comercial en diciembre sobre cuestiones puntuales del expediente. La fiscal general Gabriela Boquin había solicitado que el tribunal ordenara recolectar nueva prueba para establecer en qué fecha exacta comenzó la cesación de pagos de Oil a la AFIP, ya que consideró que no estaba establecido claramente. 

La medida de la fiscal implicaba realizar una auditoría de los planes de pagos que podría ampliar eventualmente las responsabilidades de funcionarios del fisco, según una fuente judicial con acceso directo al expediente. La Cámara negó esa petición y estableció que Oil entró en cesación de pagos supuestamente en junio de 2011, desde su creación, según publicó La Nación. López y De Sousa sostienen que la cesación de pagos comenzó en 2016, durante la gestión de Abad.

La Cámara también confirmó en diciembre el desplazamiento de los síndicos por haberle entregado el legajo con toda la documentación original de la AFIP a un abogado de López y De Sousa. El legajo desapareció y ahora debe ser reconstruido, confirmó una fuente de la causa.

Los Sauces

El caso por supuesto lavado de dinero de la corrupción se centra en los alquiler que López y De Sousa pagaron a la familia Kirchner mientras accedían a contratos con el Estado. La causa está elevada a juicio oral y público, aún sin fecha de inicio y con un peritaje pendiente que solicitaron las defensas, confirmó una fuente judicial del expediente. 

Es uno de los casos más sensibles para la vicepresidenta Cristian Fernández de Kirchner, ya que sus hijos Florencia y Máximo (jefe de la bancada oficialista en Diputados) están procesados en el expediente por sus roles (muy distintos uno de otro, según los acusadores y las defensas) en el manejo de la empresa Los Sauces SA, que administraba un hotel boutique en El Calafate.

Tanto para los empresarios como para los Kirchner el origen del dinero y de la prestación de los alquileres no es ilícito y por ende, sostienen, no habría habido maniobra de lavado.

Cuadernos

Sobre López y De Sousa pesan dos acusaciones derivadas de las investigaciones de los cuadernos de las coimas. Uno de los expedientes está elevado a juicio oral y público, aún sin fecha de inicio, y es por supuesto cohecho a los Kirchner para acceder a contratos de obra pública, según la acusación que consta en el expediente. Ambos negaron esas acciones, al igual que la vicepresidenta.

En el segundo expediente, los empresarios fueron procesados por el fallecido juez Claudio Bonadio por una supuesta maniobra de lavado de dinero, junto a otros imputados, en la compra de departamentos en el edificio de Recoleta donde vive la vicepresidenta Fernández de Kirchner. La Cámara Federal revocó esos procesamientos y los acusados están con falta de mérito, confirmó una fuente judicial con acceso al expediente. 

El acueducto

López y De Sousa fueron procesados por el juez Bonadio por supuestas irregularidades en la construcción de un acueducto en Chubut y Santa Cruz, entre el Lago Musters (Comodoro Rivadavia) y Rada Tilly (Caleta Olivia). Fueron acusados de presunta “defraudación contra la administración pública” en el periodo de entre 2013 y 2017, según el expediente.

La investigación se abrió en 2017, a raíz de una denuncia de la Oficina Anticorrupción y se basó en un informe de la Sindicatura General de la Nación (Sigen) que planteó que la constructora de los empresarios, CPC SA, habría sido favorecida con la licitación de manera irregular y que la obra no se concluyó, según la denuncia.

El caso está siendo revisado en la Sala I de la Cámara Federal y se espera que se dé a conocer el fallo después de la feria de enero, informó una fuente del tribunal.

ED

La denuncia de la titular de la AFIP, Mercedes Marcó del Pont, por la presunta “persecución política” y “hostigamiento fiscal” a Cristina Fernández de Kirchner y sus hijos por parte del organismo durante el gobierno de Mauricio Macri sumó argumentos a la defensa judicial de la vicepresidenta, pero también a la del empresario Cristóbal López y su socio Fabián De Sousa. Así lo sostuvieron ante la consulta de elDiarioAR, fuentes judiciales, abogados y funcionarios del propio fisco. 

Este lunes, la titular de la agencia impositiva —cuyo mandato fue renovado el viernes por el presidente Alberto Fernández— presentó en los tribunales federales de Comodoro Py un informe de más 30 de páginas con los resultados de dichas auditorías, ordenadas en febrero último con el objetivo de determinar si el gobierno de Cambiemos había utilizado la AFIP para “perseguir” y “hostigar” a Cristina Fernández. 

En febrero, la vicepresidenta había denunciado una supuesta “connivencia” de las exautoridades de la AFIP con miembros de la Justicia, resaltó el comunicado enviado este lunes a los medios. La denuncia de la titular del organismo respaldó exactamente esa acusación, según la providencia firmada por Marcó del Pont. El texto fue presentado ante la fiscalía de Paloma Ochoa y el juzgado federal número 11, a cargo de Marcelo Martínez De Giorgi. 

La entidad de las irregularidades detectadas alcanza para acreditar que la vicepresidenta fue objeto de una encarnizada persecución".

La denuncia señaló que habrían existido “vías de comunicación alternativas con juzgados y fiscalías federales, diferentes de las estrictamente institucionales”, mencionó supuestos delitos de “abuso de autoridad, incumplimiento de los deberes de funcionario público y asociación ilícita”, según el comunicado oficial. “La entidad de las irregularidades detectadas alcanza para acreditar que la vicepresidenta fue objeto de una encarnizada persecución, coordinada con otros estamentos del Estado”, agregó la titular de la AFIP. 

Los cuadernos

Durante las gestiones de Alberto Abad (diciembre 2015-marzo 2018) y Leandro Cuccioli (marzo 2018-diciembre 2019), la AFIP colaboró, entre otros expedientes, en varias causas por presunta corrupción contra Fernández de Kirchner, exfuncionarios y empresarios, tanto allegados, como Lázaro Báez y Cristóbal López, como los involucrados en los denominados “cuadernos de la corrupcion” que habría escrito el chofer Oscar Centeno y el caso Odebrecht. 

En Hotesur, por ejemplo, el organismo aportó información amparada en el secreto fiscal para evaluar si los acusados tenían “capacidad de comprar los hoteles”, pero no fue prueba “decisiva” para procesar a la vicepresidenta, sostuvo uno de los magistrados que intervino en el caso.

En una causa contra el financista Ernesto Clarens por presunto lavado de dinero de la corrupción, la AFIP aportó técnicos para el “análisis de los movimientos financieros”. Colaboraron a pedido de la fiscalía de Gerardo Pollicita, indicaron fuentes del caso. 

Existieron vías de comunicación alternativas, con juzgados y fiscalías federales, diferentes de las estrictamente institucionales".

Sin embargo, ante la consulta de elDiarioAR a cuatro funcionarios del organismo y a fuentes judiciales con acceso directo a los casos Hotesur, Los Sauces, Cuadernos, Corrupción en la Obra Pública y otros expedientes contra la vicepresidenta, los consultados sostuvieron que los aportes “contundentes” de la AFIP fueron únicamente en el expediente de los cuadernos de Centeno. 

En la causa que exploró supuestos pagos sistemáticos de coimas a funcionarios que instruyó el fallecido juez Claudio Bonadio junto al fiscal Carlos Stornelli, el aporte del fisco fue a través de la Dirección General Impositiva (DGI), entonces a cargo de Horacio Castagnola. Esa dependencia formó un equipo especial para trabajar los pedidos de Bonadio en el marco de la causa. 

“El organismo no aportó información sobre Cristina por los cuadernos, pero sí se concentró en contestar los oficios de Bonadio sobre las salidas de dinero efectivo de cuentas bancarias de empresarios y empresas. Cotejamos dichos movimientos con las fechas en las que los arrepentidos habían confesado los pagos a los Kirchner”, explicó un funcionario de la AFIP que intervino en el caso durante el gobierno de Macri. “Ahora van a mezclar todo”, agrega. 

Nunca en los años de gestión AFIP recibimos bajada de línea para investigar a nadie y siempre tratamos a todos por igual".

Este medio se comunicó con Abad, quien afirmó que se enteró de la denuncia por los medios y que, por el momento, no hará comentarios. El vocero de Macri derivó la consulta a Jimena de la Torre, la segunda de Cuccioli, quien se encuentra en Londres, trabajando en el ámbito privado. De la Torre dijo en Twitter: “Otra vez relato K. Nunca en los años de gestión AFIP recibimos bajada de línea para investigar a nadie y siempre tratamos a todos por igual, siguiendo incluso protocolos de actuación internos para garantizar dicho trato objetivo”. 

Un organismo clave

En las auditorías presentadas este lunes en la Justicia, intervinieron la Dirección General Impositiva (DGI) —a cargo de Virginia García, excuñada de Máximo Kirchner— y dos subdirecciones generales: Asuntos Jurídicos y Auditoría Interna, según el comunicado oficial.

En diciembre, la gestión saliente y un grupo de históricos de la AFIP que trabajó en casos centrales durante el gobierno de Cambiemos interpretaron el nombramiento de García al frente de la DGI como el desembarco de la vicepresidenta en el organismo. Su hipótesis inicial era que el interés en la DGI no era “ofensivo”, sino “defensivo”. 

Fernández de Kirchner está procesada y camino a juicio por los cuadernos. Los funcionarios relegados tras la llegada de Marcó del Pont por su cercanía con la gestión de Cambiemos sostienen que el objetivo de las auditorías internas es “derribar cuadernos y Oil Combustibles”.

De acuerdo con el relevamiento de elDiarioAR entre fuentes judiciales que trabajaron y trabajan en los expedientes, a excepción de la causa de los cuadernos, en los principales expedientes contra la vicepresidenta, las pruebas aportadas por la AFIP han sido “escasas” o “colaterales” para fundamentar los procesamientos y elevar las causas a juicio oral y público.

Este medio intentó comunicarse con el abogado de Fernández de Kirchner y de sus hijos, Carlos Beraldi, pero no respondió los reiterados llamados al cierre de esta edición. La vicepresidenta y sus hijos siempre negaron las acusaciones judiciales.

Además de representar a CFK, Beraldi también es abogado de Fabián De Sousa, exsocio de Cristóbal López en el Grupo Indalo, y querellante en otro expediente en el que sí podría impactar el resultado de las auditorías, según admitió una fuente con acceso al informe que ya tiene la Justicia. 

Oil Combustibles

La denuncia de Marcó del Pont tendría “impacto” en una causa que tiene a su cargo la jueza María Servini contra Macri, exfuncionarios de su gabinete y exautoridades de la AFIP que llevaron adelante la causa penal contra Oil Combustibles (Grupo Indalo), aseguró la fuente con acceso a las auditorías. 

“La persecución se valió de grupos de trabajo constituidos para analizar la situación de ciertos contribuyentes, y de sus empresas, cuya integración fue determinada por las autoridades políticas de ese momento”, dijo el texto de Marcó del Pont.

López y De Sousa están en pleno juicio oral y público por la presunta adjudicación irregular de planes de pago a la petrolera Oil Combustibles por parte de la AFIP, durante la gestión de Ricardo Echegaray, en el gobierno de Fernández de Kirchner. 

En los tribunales, algunos de los magistrados que trabajaron y trabajan en el caso estimaron, prima facie, que la denuncia de la titular de la AFIP podría beneficiar a López, según sostuvieron ante las consultas. 

La persecución se valió de grupos de trabajo constituidos para analizar la situación de ciertos contribuyentes, y de sus empresas.

“Lo que está impactando en el juicio son los testimonios de miembros de la AFIP que están declarando en el juicio y admitiendo que se cometieron irregularidades y arbitrariedades en el caso”, dijo a elDiarioAR Fabián Lértora, abogado de López, quien descartó que las auditorías puedan incidir en el resultado del juicio.  

Oil Combustibles tenía una deuda por $8.000 millones por la retención del impuesto al combustible mientras sus negocios e inversiones crecían exponencialmente, en especial, en medios de comunicación. 

La causa impulsada por Abad terminó con los negocios del Grupo Indalo y con López y De Sousa presos. Tras sus excarcelaciones, De Sousa acusó a Macri y a exautoridades de la AFIP de orquestar el “desapoderamiento” del grupo, el “hostigamiento”, el “ahogo financiero”. La querella sostiene que el caso podría haberse resuelto de manera administrativa o con una moratoria.

En ese expediente, la jueza Servini busca acceder a los cruces de llamadas de Macri y ya citó a indagatoria a los técnicos de AFIP que avanzaron con el caso penal, confirmaron fuentes del caso. 

Ganancias e IVA 

“Los resultados obtenidos en dos auditorías internas realizadas a lo largo de los últimos meses dan cuenta del ‘hostigamiento fiscal’ experimentado por CFK y sus hijos a lo largo de la presidencia de Mauricio Macri”, enumeró el comunicado de Marcó del Pont. 

La presentación del lunes, según el comunicado oficial, se centra en presuntas irregularidades en las determinaciones de deuda de Cristina por el pago del impuesto a las ganancias y, en el caso de sus hijos, por el pago del Impuesto al Valor Agregado (IVA) por el cobro de alquileres de sus propiedades. 

Una de las presuntas faltas que denunció Marcó del Pont es que el organismo no notificó correctamente a Fernández de Kirchner sobre la investigación interna en su contra y eso le impidió defenderse ante el fisco, como marca el reglamento. Sostiene que evitaron notificar adrede a la entonces senadora, obviando, por ejemplo, una notificación personal, en sus domicilios públicamente conocidos o por el boletín oficial.

Marcó del Pont también objetó la “designación irregular de funcionarios a cargo de los procedimientos” y el ingreso a la base de datos fiscales de la vicepresidenta en “miles” de ocasiones —no precisaron el número ante la consulta de este medio— “sin fundamento legal”. 

Ante la consulta de elDiarioAR, una de las exautoridades del organismo, quien pidió reserva de identidad, rechazó que se hayan cometido irregularidades en las fiscalizaciones contra la familia Kirchner y afirmó que siempre actuaron a pedido de distintos juzgados, lo que explicaría, dijo, la cantidad de consultas a los datos fiscales de los Kirchner. “Se les intimó por sus deudas, nada fuera de lo normal”, añadió.

ED