I.

- Hay un muerto. 

Baja el grito de múltiples voces juntas, fuerte pero pausado, las sílabas bien espaciadas, para que el mensaje viaje casi un kilómetro hasta donde estamos seis personas mirando hacia la montaña. No podemos llegar hasta el lugar donde está el caído. Es 21 de noviembre de 2021. Hace dos meses las fuerzas policiales bloquean el único camino que recorre el valle para que nadie pueda asistir a la gente que resiste en un territorio en conflicto. Pero ahora hay un muerto y nos lo tienen que contar desde lejos. 

*

Al Piojo lo conozco en septiembre de aquel año, el día que sale de un calabozo. Es un hombre robusto de barba negra y mandíbula firme, que hace poco alcanzó los cuarenta años que yo estoy por pisar. Lo acompaña un joven de veinte años menos y pelo largo que cae sobre sienes rapadas. Soraya Maicoño, referente de la lucha mapuche en El Bolsón, me pidió ir a buscarlos a Bariloche, adonde los llevó la policía. Les doy mi nombre y no les pregunto los suyos. Recién después de unos meses me enteraré del apodo del Piojo, y de que normalmente es de sonrisa fácil, con el humor a flor de piel, pero ahora está serio.

-¿Cómo andan? -les pregunto.

-Y, nunca es lindo caer preso, pero bueno, no es para tanto -contesta el Piojo-. Ayer sí fue duro. Cuando me agarraron tuve que mirar cómo lo tiraron al piso a mi hijo. Uno de los milicos lo tenía con la rodilla en la espalda. Hijo de puta, tiene ocho años. 

Al llegar a El Bolsón hay gente reunida frente a la fiscalía bajo los ciruelos en flor, esperando novedades. Ni bien bajamos viene un niño corriendo y el Piojo se arrodilla para recibir el abrazo de su hijo. 

Soraya se nos acerca y dice que hubo disparos en Cuesta del Ternero. En ese paraje hace una semana recuperó territorio una comunidad mapuche: el Lof Quemquemtrew. Ayer, 24 de septiembre, la policía intentó desalojarla. Detuvieron al Piojo y a cinco personas más pero otras pudieron refugiarse en el extenso bosque del valle que recorre desde la cordillera de los Andes al oeste hacia la inmensa estepa patagónica al este. De mi casa al territorio recuperado son catorce kilómetros en línea recta, pero aquí las líneas nunca son rectas. Hasta el famoso vuelo de pájaro sería más largo, ya que el ave trazaría un arco de un kilómetro y medio de altura por encima del Cerro Piltriquitrón. Para ir en vehículo, primero tengo que bajar a El Bolsón, luego dar la vuelta de la montaña por el norte. Del lado del pueblo hay ferreterías y salas de yoga, señal 4G y cerveza artesanal tirada. Al otro lado del cerro hay muchos más chivos que personas. Y en este momento allá se disparan armas. No pensaba ir pero este primer viaje llega imprevisto, anunciado por los tiros.

-¿Tenés auto? Comparto la nafta -me dice Roxana Sposaro, amiga y colega fotógrafa. Salimos primero hacia el norte, pero a los pocos minutos doblamos hacia el este por un camino de ripio que asciende rápidamente entre vastas plantaciones de pino. Casi todo está carbonizado. Cuesta del Ternero ardió durante cuarenta días en enero, cuando un asado mal apagado al lado de un pinar terminó consumiendo 8000 hectáreas de pinos y bosque nativo por igual. Pasamos algunas casas aisladas, un destacamento policial y una escuela primaria que lleva el nombre de Lucinda Quintupuray, una abuela mapuche asesinada para quitarle su tierra hace treinta años. Una larga pendiente ofrece una vista panorámica del valle y ahora vemos un tranquerón de alambre con pancartas flameando: Wewaíñ Lof Quemquemtrew. Amulepe Taíñ Weichan. Territorio Mapuche. Al bajar nos sorprende la tranquilidad. Entre los árboles quemados aparecen tres jóvenes de cara tapada. Cuando ven quienes somos, relajan su postura defensiva y se acercan.

-¿Están bien? -pregunto.

-Sí, pero pueden haber matado a alguien -contesta uno, aún encapuchado, su pelo largo, sus ojos oscuros y su cuerpo larguirucho son inconfundibles. Con leves movimientos de cabeza, señalamos que nos reconocemos mutuamente. A Maxi (a quien llamaré así para preservar su identidad) lo conozco hace unos cinco años, de otra recuperación más al sur.

-Apareció un patrullero por allá, bajaron cuatro y cuando nos vieron empezaron a disparar.

-¿Goma o plomo?

-Los dos -dice y nos muestra lo que juntaron: una granada de gas lacrimógeno, veinte cartuchos de plástico azules y verdes que portaban postas de goma, nueve vainas de bronce 9 mm. 

Otro joven, llamémoslo Fito, graba un testimonio para difundir cuando tengamos señal. Volvemos con la imagen de los proyectiles y la voz de quienes han sido sus blancos, sin saber que seremos los últimos en entrar libremente a Cuesta del Ternero por los próximos cinco meses.

II. 

Allá arriba, en el territorio, el frío azota de afuera y el hambre carcome de adentro. Cuando vino a desalojar hace tres días, la policía se llevó las carpas, las bolsas de dormir, las frazadas, los víveres y ahora cortaron todo el tránsito en el paraje. A pocos días de terminar el invierno, las noches en la Patagonia siguen heladas. Convergemos desde todas partes de la cordillera para llevar provisiones a la Lof Quemquemtrew. Docentes, panaderas, agricultores, bibliotecarios, enfermeras, padres, abuelas, nos juntamos en la banquina de la Ruta 40 donde nace el camino de la Cuesta. A algunos los conozco hace casi veinte años, desde que vivo en la zona, y hay otros que nunca vi hasta hoy. Allí mismo bajo las miradas curiosas del tránsito, llenamos los baúles de verduras, fideos, arroz, lentejas, jabón, camperas, frazadas y carpas. Luego cargamos pasajeros. Conmigo vienen la representante del sindicato docente, un pibe que parece tener más tatuajes que años, y el Piojo.

Sale la caravana y levanta polvo como una estampida de guanacos. Mi Volkswagen rural de más de dos décadas avanza entre camionetas gruñonas que no superarían los 80 kilómetros por hora. Ladas fabricados en la URSS y viejos Renault 12 con neumáticos más pelados que Gorbachov. Nuestra cofradía variopinta compensa con convicción lo que no tenemos de prestigio automotor. 

A los quince minutos de viaje, el Piojo me toca el hombro. 

-Dejame acá. 

Se baja, dice un breve “gracias” y desaparece en el bosque. No lo veré por un mes, y pasarán dos hasta que vuelva a hablar con él. En el destacamento, la policía nos espera en el medio del camino. Frenamos y quienes van adelante avisan a los efectivos pertrechados que sólo queremos entregar comida. Otros ya bajaron de los autos y avanzan sin decir nada, entre los uniformados, por los arbustos al lado de la ruta, por todos lados. Una mujer sesentona se cruza con un agente medio metro más alto que ella, con armadura completa, y lo empuja fuerte por el pecho al pasar. El policía recula trastabillando dos o tres pasos. El escuadrón, abrumado, retrocede ante la multitud que lo supera. Quienes seguimos al volante nos movemos a paso de hombre o, más precisamente, a paso de policía caminando hacia atrás.

Rápidamente deciden cambiar la inferioridad numérica por la superioridad de armamento. De repente la policía parece una pochoclera de postas de goma. Vuelan piedras también, en ambas direcciones. Un policía rompe de un piedrazo la ventana de un auto. Minutos después, se reemplazan las piedras por puteadas, y cuando ya no se lanza ni goma ni piedra, todo el mundo se amontona de nuevo en un scrum furioso, al centro del cual se discute a los gritos mientras alrededor hierven los ánimos y rebalsan torrentes de rabia hacia los armados. A la lluvia de insultos se suman golpes de kultrunes, bramidos de trutrukas, y aullidos de “iai-iai-iai-iai”, el afafán.

De a poco se calman las aguas, aparece el comisario y el griterío pasa a ser una negociación hablada. Avanza la tarde. Los gritos a la policía se intercalan cada vez más con charlas nerviosas, especulaciones acerca de qué pasará ahora. Se presentan peticiones formales. Suele ser la policía la que viene a despejar un camino frente a una protesta que lo corta. No queda claro en qué marco legal lo bloquean ellos ahora. Cae la noche. Hemos ocupado un playón de ripio entre el destacamento y el lugar donde se plantó la policía cien metros más allá. Juntamos leña y piedras para un fogón. Llega la respuesta oficial del juez: no podemos entregar la comida. Alrededor del fuego, se entremezclan las voces y opiniones con el humo.

-Nos tenemos que quedar.

-Nadie vino preparado para pasar la noche.

-Quien necesite irse, todo bien, pero quien pueda quedarse, mejor.

-Todos recordamos a Rafael Nahuel -dice mi viejo amigo Mauro Millán, incansable referente de la lucha mapuche por el territorio y la autonomía. Invoca al joven que fue asesinado por la espalda por el Grupo Albatros de Prefectura Naval en el 2017, durante un operativo de desalojo de la comunidad mapuche Lafken Winkul Mapu en Villa Mascardi-. De nuevo andan persiguiendo a nuestra gente. Andan a caballo por el monte. Si nosotros estamos acá, van a estar más seguros allá.

Al decir allá, Mauro señala la ladera detrás de los cascos de la policía. Son cuatro kilómetros, pero el camino traza una Z larguísima para subir. Desde acá el pájaro volaría 600 metros, no más. Sin duda en Lof Quemquemtrew ven nuestro fuego y les dice que no están solos. Vinimos, y nos quedamos. Ahora nosotros también vemos el fogón de ellos, un pequeño resplandor en el bosque oscuro. Mientras en otras partes del mundo hacen videoconferencias, nosotros nos comunicamos con fuegos.

Unos cuarenta pasamos la noche estirados en el piso rocoso o acurrucados en los autos. La policía también prende una fogata para resistir el frío y la vemos brillar a través de sus escudos transparentes. Pasan la noche por turnos, parados con cascos y chalecos antibalas como si esperaran la invasión de un ejército hostil. Si ese ejército somos nosotros, nuestras municiones son papas, y nuestras generalas son María Luisa y Rosa, abuelas septuagenarias dormitando en reposeras de camping.

Amanecemos en la escarcha. Después de reavivar el fuego, largamos un grito de afafán. Que sepan que seguimos aquí. Responden con otro. Al rato, mientras nos calentamos con los primeros mates, alguien dice “¡Callense! Nos están diciendo algo”. Nos quedamos quietos e intentamos aguzar el oído para escuchar el canto que viene desde la montaña:

-¡Las tierras robadas/ serán recuperadas!

Los días que siguen son una amalgama de solidaridad espontánea e injusticia surrealista. El fogón improvisado se convierte en un acampe completo. Se levantan toldos de plástico, se tallan bancos de troncos, se cava una letrina en el bosque. Flamean banderas y pancartas de todo tipo. Nos cansamos de traer y picar leña. Este viaje que no llega a su destino implica muchos viajes más. Como tantos otros, me la paso yendo y viniendo, trayendo provisiones, llevando mensajes, turnándonos para mantener el acampe. Hace quince años que ando cerca de las recuperaciones territoriales y sé que hay que enfrentar al desgaste. No soy mapuche y nací muy lejos de la Patagonia, pero entiendo que si estoy en este lugar, corresponde defenderlo y defender a la gente que me precede. Hoy quienes están al filo de esa defensa son las comunidades. Por suerte no están solas. Va llegando gente mapuche y no mapuche desde más lejos: Madryn, Comodoro, Trelew, Neuquén. Hay largas horas de trawún, de parlamento.

Un día se habla de la campaña instalada en algunos medios, que “los mapuche vienen a tomar tu terreno, a sacarte tu casa”. 

-El pueblo mapuche no recupera tierras pobladas -responde un peñi de Bolsón-. Más allá de que el poblador sea mapuche o no. Fíjense que por acá vive Néstor, Don Orlando, los Pichún, los Soto, un montón más. No se le saca tierra a ninguno de ellos. Se recupera tierra fiscal deshabitada. El tema es que viene este Rocco y dice que este territorio es suyo, pero nunca vivió aquí ni es dueño del lugar. Le dieron una concesión para plantar pino no más, y miren: está lleno de plantaciones descuidadas, quemadas.

Los vecinos que nombra son antiguos pobladores del paraje, algunos originarios y otros no. En muchos casos son familias que habitan el lugar antes de la creación de la Provincia, y el pueblo mapuche antecede la existencia de Argentina misma. Al decir “Rocco” se refiere al Sr. Rolando Rocco, el empresario local que según registros de la Secretaría Provincial de Bosques, consiguió concesiones forestales en terrenos fiscales en los ‘80. Luego el Estado le subsidió la implantación de pinos exóticos a través de la Ley 25.080 de Inversiones para Bosques Cultivados. A quien quiere talar el bosque nativo y plantar especies invasivas (acto que según la ley constituye “enriquecimiento del bosque nativo”), el Estado le cede el uso de la tierra y le financia su proyecto de lucro privado. Pero cuando una comunidad quiere habitar el bosque, se saca hasta los niños esposados a punta de arma. Ahora es Rocco quien impulsa los cargos contra la comunidad.

Mientras tanto, en ese espacio difuso del Poder Judicial, se hacen audiencias que hoy son más irreales aún por ser virtuales. En la pantalla se ve un juez, fiscales, abogados, peticionantes. 

-A nadie se lo ha condenado por ningún delito, sin embargo los están privando de comer y de abrigarse -plantea Mauro Millán que como longko de otra comunidad pide al juez que libere el tránsito-. Hasta los presos tienen derecho a comer.

-Pero nadie está privado de su libertad -retruca la fiscal Betiana Cendón-. Cuando quieran, pueden salir, volver a sus casas y comer. Esto de los derechos humanos es un eufemismo.

Irse significa no poder volver. Significa renunciar al territorio; en esta disputa, la única carta que tiene Lof Quemquemtrew es su presencia física. El gobierno insiste tanto en el imperio de la ley, pero en vez de discutir los méritos de su postura con el debido proceso, su estrategia es obligar a sus contrincantes a que elijan entre renunciar a su reclamo o pasar hambre. Parece que nuestros fuegos nocturnos señalan bien este nuevo medievalismo. En pleno siglo XXI, la política oficial es un asedio.

El juez Ricardo Calcagno falla que entrar provisiones sería consolidar el delito y, por lo tanto, no lo permite. Evidentemente, la presunción de inocencia no rige. Antes de que haya investigación, ni mucho menos un juicio, sostiene que hay un delito. 

-Estos derechos de los que siguen hablando -dice el juez- no los pueden reclamar de facto. Quienes vemos la transmisión en las pantallas nos preguntamos entonces, si no se permite actuar de facto, ¿qué hizo Julio Argentino Roca en la campaña militar de 1878 que le arrebató la Patagonia al pueblo mapuche? Además, el juez dice que no se puede reclamar derechos de facto y en la misma audiencia los niega de jure. Esto no deja ningún canal abierto. Parece ser el objetivo; todos los canales están siempre congestionados. Mauro, de nuevo, en otra de tantas audiencias inútiles: “Modificaron la Constitución en el '94 y nos dijeron que llegarían títulos comunitarios”. Se refiere a la reforma constitucional del 1994 en que se sanciona el artículo 75 inciso 17 que reza: Reconocer la preexistencia étnica y cultural de los pueblos indígenas argentinos, reconocer... la posesión y propiedad comunitarias de las tierras que tradicionalmente ocupan; y regular la entrega de otras aptas y suficientes para el desarrollo humano. Sigue Mauro, “Pero seguimos esperando. Esto no es un capricho; cuando se agotan las palabras a veces hay que actuar”.

III. 

Habrá que buscar cauces alternativos. Un cartón clavado en un tronco cuenta los días que la policía lleva prohibiendo entrar al territorio. Cuando marca 25, lo visito a Néstor Anticura, antiguo poblador mapuche de la Cuesta, en su casa, la más cercana al bloqueo del lado accesible. Néstor es una presencia constante en el acampe, pero necesito hablar en privado con él. Quiero juntar un equipo, calzarnos las mochilas como quien sale de trekking y entrar al territorio a pie, por atrás. Sé bien, aunque nunca lo dice nadie, que desde el principio, hubo gente entrando víveres así casi todas las noches. Es una vuelta de cinco kilómetros subiendo por el otro lado del valle. Salen de la casa de Néstor y él conoce el camino mejor que nadie. Lo que propongo tiene dos aspectos nuevos: que entremos personas no mapuche, y de día. Si llegamos, perfecto. Pero si nos para la policía, tendríamos las cámaras prendidas y preguntaríamos por qué no permiten que la gente camine por la montaña. Intentaríamos poner en evidencia lo ridículo e ilegal de su accionar. Nos pueden llegar a parar, demorar, hacernos volver y hasta detenernos. Pero dudo mucho que nos disparen, simplemente por no ser mapuche. Néstor habla poco y escucha mucho. Dice que cuando suba al territorio mañana preguntará qué les parece. Me voy y espero noticias. Dos días después, me encuentro con Roxana: “Néstor te espera el viernes”, dice sin saber lo que significa, y me da un sobre cerrado con detalles.

Armar un equipo es difícil. Del grupo en el que había pensado, uno está recién operado y otra anda de viaje, pero varios más simplemente no se suman. Más de uno lo menciona a Rafael Nahuel. Al final sólo se prende Ada Augello, amiga y ex-colega de mis años en la radio, hábil como periodista y como caminante por igual. 

El viernes a las 5:30, todavía bajo las estrellas, estaciono al lado de la alameda en la entrada de Néstor. Nos rodea una manada de perros sórdidos, uno cubierto de proto-rastas de grueso calibre, otro con un tumor o bocio colgando del cuello casi como una segunda cabeza. Néstor abre con cierto esfuerzo la puerta de madera gris y descascarada que se arrastra en el piso por las bisagras vencidas. En el cuarto del fondo, convertido en depósito, hay bolsas de verduras, latas apiladas y paquetes de yerba, harina, azúcar, fideos, arroz. Cargo mi mochila con alimentos, además de la cámara y el grabador. Arriba de todo, por fuera, ato un zapallo. En una zona sitiada, cada caloría vale.

Cuando salimos, es más de día que de noche. Néstor dice que mantengamos un buen ritmo hasta llegar al bosque por si la policía anda vigilando. Serpenteamos entre árboles dispersos hasta llegar a un imponente paredón de piedra y nos metemos en un cipresal. Bajamos una pendiente empinada en zigzag hacia el río, donde lupinos florecidos cubren la orilla. Descansamos mientras nos sacamos las botas y subimos los pantalones hasta la rodilla. Sumerjo la cara en el agua cristalina y trago sorbos gélidos. La Lof Quemquemtrew tomó su nombre de este río, que aguas abajo atraviesa El Bolsón. Aquí es todavía pequeño; apenas nos moja las rodillas. Si bien son sólo unos veinte metros de ancho, cuando llegamos al otro lado me duelen los dedos por el frío. Es agua de deshielo que lleva poco tiempo en estado líquido. Al otro lado, calzados de nuevo, cruzamos un camino rústico con ancho suficiente para un auto, pero no para cualquiera. En la base de una subida hay un cartel de madera pintado a mano: Poné primera y no aflojes, hermano!

Ahora ya estamos más allá de la línea policial y tal vez haya patrullas. “No usamos siempre el mismo camino,” nos cuenta Néstor. “Lo vamos variando, así no nos pueden seguir las huellas ni quedarse esperándonos”. Cruzamos una pampa ancha y verde donde pastan unos caballos, y en una parte mallinosa hundimos las botas en el barro a cada paso. Vamos ganando altura, y la última subida es seca y polvorienta. No queda otra que rozar el camino principal, el que está prohibido transitar.

-Si escuchás un motor, tirate entre las plantas -advierte Néstor, pero el único sonido es el viento, cada vez más fuerte. 

Llegamos a una planicie sin follaje. Después de semejante huracán de fuego, todavía no vuelve ni el pasto y por todos lados vemos huellas en el polvo. No importa por qué ruta subas en el bosque, no hay alternativa a esta recta final por el llano incendiado. Todos los caminos terminan aquí, en esta tierra sin color. El suelo es pálido; la tierra, ya de por sí pobre y arenosa, se mezcla con ceniza, y de ese gris sólo salen los ganchos negros que fueron árboles. El cielo está cargado de nubes a la altura de las cumbres nevadas. La última etapa del viaje es una carrera de un kilómetro en medio de una foto en sepia. 

Néstor tiene la estatura de un oso, pero camina con ritmo ágil. El viento corre con furia, y su poncho flamea como bandera de lana. Pasamos entre los esqueletos de madera, primero lauras y ñires retorcidos, luego filas prolijas de pino. Todos rectos como plomadas, todos de la misma edad, la misma altura, la misma especie. Todos carbonizados. Vamos en paralelo al camino de autos, a unos cincuenta metros como mucho. Los escondites posibles son tan escasos como los colores en este paisaje desgraciado. Ada baja su gorra de lana todo lo que puede, pero su pelo rubio es mejor protección que un chaleco antibalas. Por encima de su hombro, Néstor dice “si viene un patrullero, hay que hacerse invisible nomás”. 

De eso se trata. Yo, que no soy mapuche ni nací en este lugar, recorro este camino y lo puedo contar por haberlo vivido. Pero por más que uno vive inevitablemente en el centro de su propia historia, ésta no es mía. Que me toca ser invisible, y que eso a su vez es imposible.

Cruzamos el camino casi corriendo y saltamos el alambre al lado de la tranquera donde hace un mes nos mostraban las vainas servidas. Ese día no imaginé lo que tendría que hacer para volver. Nos saludan dos jóvenes abrigadísimos. La única piel visible es la franja alrededor de los ojos, pero de nuevo, los conozco. Uno, con la cabeza envuelta en una remera negra, es Fito, quien grabó el mensaje aquel primer día. El otro, de pasamontaña al mejor estilo Subcomandante Marcos, es Gonzalo Cabrera, a quien también conozco hace años. Aquí el viento es un compañero constante, pero hoy sorprende su ferocidad. Todo está en movimiento. El cielo parece una sábana que alguien corre por arriba de esta cama de piedra y madera y cinco personas agachadas en un rudimentario refugio. Hay tres paredes de troncos negros apilados; el cuarto costado está abierto. Arriba unos palos imitan cabios de un techo, pero sólo hay un plástico negro, roto al medio, que se sacude violentamente. Bajo ese aleteo intentamos hablar de la vida en estado de sitio. El bloqueo lleva un mes y es la primera vez que saldrán las voces del territorio hacia afuera.

Fito cuenta: 

-Tenemos que vivir escondidos en el monte, continuamente recorriendo el territorio, viendo que no haya ningún movimiento raro. Muchas veces hemos tenido que dormir a la intemperie, terminás mojado. A veces tenemos que acomodarnos entre todos lo que somos, juntarnos para darnos un poco de calor.

Pero no le interesa pasar mucho tiempo con estos detalles.

-Hay días que estamos bien y días que estamos mal. Hay días que tenemos ganas de llorar, de gritar, porque es así. Pero eso tratamos de contenerlo, de saberlo sobrellevar. Estamos conviviendo acá en el territorio. Estamos siendo una familia.

Llega el Piojo, ve que estamos grabando y saluda con un puño levantado sin decir nada. Sigue su recorrido. Gonzalo arma un fueguito en el costado abierto del galpón. Fito sigue hablando. 

-Hoy en día se está volviendo a reconstruir esto de lo antiguo, de volver a hacer lo que hacían nuestros abuelos. Es una conversa muy larga hasta que uno entra al territorio, no fue de un día para otro que se decidió recuperar este lugar porque era bonito. No, antes de poder instalarse, se hicieron varios trabajos, con el territorio, con los newenes del lugar.

Larga un mes de palabras en un saque. En contraste, casi podría contar con los dedos las palabras por hora de Gonzalo. De un morral saca una lata vieja con el borde doblado como pico vertedor. La llena de agua y la apoya entre las llamas. Ensilla un mate, levanta la lata-pava con un trapo y sube su pasamontañas un poco para meter la bombilla por debajo. Fito habla de la gobernadora Arabela Carreras. 

-¿Qué diálogo quieren si tienen a toda la policía acá abajo? ¿Entonces qué clase de respeto quieren de nuestra parte si viven hostigándonos?

Fito habla. Ada y yo escuchamos. Gonzalo ceba mate. El viento aúlla. En un mundo complejo, este momento es así de sencillo.

A las dos horas, emprendemos la vuelta. El vendaval levanta ráfagas de ceniza y arena que nos vapulean los ojos. Con Néstor y Ada no hablamos casi nada durante la hora y media de caminata. Al llegar al acampe, vemos todo amarrado para pasar el temporal. Hace años que no se registran vientos tan fuertes. Caen árboles gigantes en El Bolsón y líneas eléctricas en Esquel. Vuelan techos en Bariloche. 

IV. 

Después de meses de ir y venir del acampe seguido, este domingo 21 de noviembre, me quedo en casa. Pasamos la tarde entre tareas de chacra. Los chicos ayudan hasta que salen a andar en bici. Como llegó el calor y ya no prendemos más la estufa, con mi compañera vamos acomodando el leñero.

Chilla mi bolsillo. Me quito un guante y saco el celular. 

AHORA LOF QUEMQUEMTREW

disparan balas de plomo contra comuneros

HAY DOS HERIDOS DE BALA

Lo leo en voz alta porque ya estoy desviando mi rumbo hacia la casa. Mientras junto lo básico -cámara, cuaderno, agua, abrigo y una manzana- las campanas digitales suenan como una máquina de flíper. Tiro una bolsa de dormir y una linterna en el auto por si acaso. En quince minutos llego a una esquina céntrica de Bolsón. Somos unos diez y nos vamos organizando con apuro. ¿Qué autos hay? ¿Quién sube al territorio? ¿Quién va a la comisaría? En el medio de esto, me llega un audio de cinco segundos.

Acaba de llegar la ambulancia al hospital. Hay uno sin vida.

El tiempo se estrecha por un canal angosto y acelera aún más. Son seis cuadras hasta el hospital, donde un cirujano intenta heróicamente repararle a Gonzalo los intestinos perforados por dos balazos. En la puerta de la guardia está Néstor, con cara de ceniza. Normalmente es un hombre callado, pero ahora su silencio se ha vuelto un vacío, un retiro hacia un quietud cavernosa. Dice poco, sin nombres ni detalles pero con todo lo que debemos saber. 

-Allá hay uno muerto. La ambulancia sólo trae a los vivos. 

Hay un frenesí de preguntas, llamadas y mensajes, intentando saber qué pasa y coordinar acciones. A la vez, la cacofonía habitual de la vida se esfuma ante la muerte. Ocurren tantas cosas a la vez pero no es un caos sino una atención multipresente, prismática. Hay tanto para atender, tantos puntos de luz dispersos pero que se originan todos en un sólo rayo.

Me dirijo a la fuente de la luz. Por el medio de la tormenta nos miramos con Paula, otra ex-voluntaria de la radio.

-¿Vamos? 

-Vamos.

Atravesamos la Cuesta a velocidades más altas que lo recomendable. Vamos directo a lo de Néstor, porque hace pocos días se trasladó el acampe allí. Pero no hay nadie. En breve llega otro auto. Ahora somos cinco. Volvemos a la línea policial, al predio con vista al territorio. Está todo bajo un extraño manto de calma. Hay cuatro policías en el retén, como siempre, pero no hay movimientos en el destacamento.

Entonces el grito que baja de la montana:

-¡Hay un muerto!

Ya lo sabemos, pero es otra cosa escucharlo rebotar entre las montañas con la última luz del día. El sol que hoy nunca se mostró se escabulle tras el manto gris y nos hundimos en el crepúsculo largo. Encendemos un fuego. Esperamos. Llega otro auto, y ahora somos diez. Hablamos despacito. Suposiciones, conjeturas, teorías. Miramos como suben las chispas intentando volverse estrellas. Sobre todo, esperamos. La policía no se mueve, el bosque está quieto, el aire también. En algún lugar del bosque adonde no podemos llegar, hay personas que mantienen la vigilia al lado del caído, sentadas como nosotros en este silencio largo, el frío que se espesa, la oscura vastedad alrededor.

A las 11 llega una ambulancia con Soraya y una médica. También un patrullero con un agente de criminalística. En la puerta del destacamento, iluminados por los autos y los destellos verdes de la ambulancia se negocia el procedimiento. Subirán para constatar el deceso y el detective sacará fotos para asegurar que siga todo igual mañana cuando llegue el equipo forense completo. La ambulancia sube con sus luces verdes inusitadas en el bosque de noche. En la ciudad, son para despejar el tránsito en el apuro de salvar una vida. Aquí no hay tránsito (está prohibido hace dos meses, ni hablar de la hora) y no hay ninguna vida que salvar. Pero titilan igual.

La noche avanza en esta tranquilidad incongruente, al contrario del día que viene. Vuelve la ambulancia y Soraya se baja en el fogón:

-Una vez más han matado a un peñi nuestro. Elías.

Elías Garay Cañicol. No conozco este nombre. Pero aquí conozco a muchas personas sin saber sus nombres.

A las siete ya es de día. La policía mantiene el camino cortado. No pueden subir dolientes a velar el muerto, tampoco la prensa. Pero hace falta investigar, bajar un cuerpo, hacer una ceremonia. El fiscal deja pasar a los familiares y a un equipo de negociación. Al rato vuelven Andrea Reile, abogada de la comunidad, y Mauro Millán con la postura de la lof: que entren los forenses, pero también que pueda pasar toda la gente para la ceremonia de eluwún. El fiscal acuerda pero necesita el visto bueno del juez, así que salen hacia el pueblo para armar el andamiaje legal para todo lo que vendrá.

Los demás seguimos esperando. El sol trepa alto; el frío nocturno ya se disipó. Sigue llegando gente. Moira Millán, hermana de Mauro, llega desde Pillán Mahuiza, el territorio recuperado donde vive, 300 kilómetros al sur. Betiana Colhuán Nahuel, única machi en lo que hoy se denomina Argentina, llega para conducir la ceremonia. Maxi, que me mostró las vainas aquel primer día trae banderas negras flameando en ramas de sauce. El sol del mediodía funde la tristeza, la rabia, el hambre y el cansancio en una aleación tediosa y desconcertada que nadie sabe manejar. Buscamos la escasa sombra sentados de a dos o tres bajo un pino ralo o del lado sur de algún auto. El sol y el polvo y la impotencia muelen la paciencia. Para algunos está desgastada por estas largas horas de espera o las semanas de aguante frente al retén, pero para otros se viene erosionando hace 140 años. 

Como todos los días, la gente se junta delante de la línea de efectivos, quienes siempre mantienen caras de piedra. Durante dos meses se repitió tantas veces esta escena -la gente los putea, apela a su humanidad, golpea tambores frente a sus caras- y nunca reaccionaron. Pero esta vez es diferente. Ayer se murió alguien y todos presumimos que lo mató una bala policial. Los centímetros de aire entre las caras de los soldados y las de la multitud se vuelven tan sensibles como la nitroglicerina. En algún lado, algo lo detona y sin mediar palabras, la línea policial erupciona. Vuelan municiones de goma y salimos desperdigados como pelotas de billar. 

La madre de Betiana, María, les arrima puteadas por el costado y a uno le pincha el hombro con el dedo. Moira los encara de frente. Ninguna de las dos supera el metro y medio. Los policías, con escopetas y escudos levantados, se ven fastidiados por estas abuelas rabiosas.

-¿Qué mierda se creen ustedes? -grita Moira, que en sus largos años como referente de su pueblo se volvió una oradora potente- Ayer mataron a un hombre y hoy ni siquiera dejan pasar a la gente para un funeral? Si alguno de ustedes cayera tendría todo el derecho a un entierro con dignidad. Si su familia quiere a un cura, pues habría un cura. Allá hay una familia que llora y no dejan pasar a la machi. ¿Ni pueden darle a un muerto su dignidad?.

Terminan los disparos y los piedrazos. Aparece frente a la policía una joven de catorce años. A esta altura sólo algunos pocos sabemos que en realidad este territorio se recuperó porque aquí Lilén se levantará como machi. De repente está sola frente a los uniformados, cuyos ojos apenas se ven por arriba los escudos. La postura de los policías sería buena para enfrentar a un maníaco con machete pero adelante tienen a una adolescente de cara redonda y un pañuelo floreado en la cabeza.

-¿Creen que nos pueden matar y esto se va a terminar? ¡Nos vamos a levantar una y otra vez por este territorio, nunca vamos a dejar de defenderlo, hijos de puta! -dice y clava un puñetazo en un escudo. El que lo sostiene recula y toda la línea se sacude y se reacomoda. 

Justo en este momento vuelve la comitiva del pueblo con todo autorizado. Ni diez minutos después de repelernos a los tiros, la policía se corre del camino que ocupó durante dos meses y deja pasar a la caravana fúnebre. Una vez más, me encuentro frente a la tranquera de ramas y alambres, y aquí el grupo se divide. La gente mapuche entra para buscarlo a Elías y los no mapuche esperamos en la entrada durante la ceremonia.

Cuando salen con Elías una hora más tarde, primero escucho los kultrunes y el afafán como un trueno lejano que se acerca. Después a lo lejos veo las banderas negras en alto, luego entre el polvillo iluminado por el sol rasante aparece la muchedumbre de a pie. Brazos, cabezas, piernas y el centelleo de plata en las frentes y los pechos, y el trueno que crece, la cascada de afafán incesante. Las personas se vuelven un cuerpo unido, un cardumen que fluye entre los árboles quemados portando al que se va de este mundo. Nos absorben a quienes esperábamos y volvemos a ser uno solo. Apoyan la camilla con Elías, envuelto en tela blanca y cubierto de ramas de maqui, a tres pasos al lado mío. Lo rodean hombres con palos de sauce que golpean contra el suelo para luego levantarlos sin perder el ritmo y se percuten entre sí al centro de la ronda y la pulsación sube con los gritos y el golpeteo seco de la madera y apuntan al cielo. Una y otra vez los levantan y de algún modo el afafán sigue creciendo, brotando de un profundo reservorio de rabia y tristeza y gritamos como si Elías saliera de este universo a pura fuerza de sonido y nos tocara a nosotros darle el empujón suficiente para que llegue a esa costa desconocida que espera del otro lado.

Se abre un espacio alrededor de Elías y dos trabajadores fúnebres lo levantan y lo cargan y sólo cuando el vehículo desaparece por el camino empieza a menguar el afafán, como la estela de un barco que lame la orilla cuando pasa y luego vuelve la calma. En inglés la palabra wake es estela y también velorio; ¿hay algo en eso de la última chance de sentir las ondas que levanta una persona en su pasar por el mundo?

El Piojo levanta una mano y pide nuestra atención. Se apoya en un palo firme, y su cara está envuelta en un pañuelo negro como siempre. 

-Es la primera y la última vez que saco a un peñi así del territorio.

V. Epílogo

En este día invernal del 2024 convergemos de nuevo para pensar un nuevo desafío: Lof Quemquemtrew enfrenta un juicio por usurpación. Cuando arrebataron la vida de Elías todavía no sabíamos que sus asesinos no fueron policías sino empleados del empresario Rocco, Martín Cruz Feilberg y Diego Ravasio, que la policía dejó pasar el retén armados. No sabíamos que serían condenados ambos, pero que al tiempo Feilberg lograría dar vuelta la condena por no haber apretado el gatillo él. Y ahora está la comunidad en el banquillo de los acusados.

Afuera el frío es moderado pero se hace sentir. Adentro la salamandra arde con ganas y dejamos tirada una pila importante de abrigos delante del poncho en proceso que se estira sobre el telar de Romina. Circula la palabra, circulan mates, facturas, pizza, choripán. Se comparte otro rato en este lugar al que costó tanto llegar. En un momento se levanta Romina y dice, “Vamos a hacer purrún”. A danzar, entonces.

En el rewe, el lugar de ceremonia, damos vueltas en ronda al ritmo del kultrún. Somos unos veinte, entre familiares y amigos. La mitad son mapuche, la otra mitad no. En un momento dado Romina, sin explicación ni nada grandilocuente, nos indica a los no mapuche que nos quedemos por un costado. “Tranquilos nomás, que ahora trabaja Lilu”. Y ella, que a sus diecisiete años aún no es machi pero lleva muchos años en ese camino, se va metiendo en ese pliegue entre este mundo y otro. No corresponde hablar de lo que allí sucede por lo íntimo de un delicado trabajo espiritual. Pero además, transmitir una serie de acciones o elementos sería como describir una sinfonía explicando cómo se mueven los arcos de los violines.

Todavía no sabemos que la jueza Romina Martini le dará la razón a Rolando Rocco y ordenará el desalojo de la comunidad. Que ésta es una de las últimas ceremonias aquí, por lo menos por ahora. En esas vueltas que damos al rewe, en ese viaje sin cambiar de lugar, en el viaje de Lilén a otro plano, en el que nos hayan abrazado a quienes llegamos de otros lugares para que también tengamos un vínculo con éste, se siente que a veces los viajes son invisibles y que el más potente puede ser la permanencia. Que por lo mucho que costó llegar hasta aquí, habrá que seguir luchando para volver.

Lilén vuelve de donde haya estado con la cara enrojecida. Compartimos un vaso de muday. Y arriba nuestro pasan tres cóndores. Vemos sus cabezas blancas, sus plumas extendidas en silueta contra el cielo azul. Pasan, dan unas vueltas lentas y siguen viaje.

El Concurso de Crónica Patagónica es uno de los programas más ambiciosos de la Fundación de Periodismo Patagónico. Durante sus primeras seis ediciones han enviado sus textos más de 500 cronistas y fueron jurado periodistas y escritores como María Moreno, Cristian Alarcón, Roberto Herrscher, Sonia Budassi, entre otros y otras.

Desde su puesta en marcha ha sido clave en la construcción de la red de #CronistasDelSur, que narra la Patagonia desde los territorios.

El 27 de septiembre de 2023, Fausto Jones Huala, que este jueves fue encontrado muerto en su casa de Bariloche, enfrentó a los tres jueces del Tribunal Oral Federal de General Roca y, en calidad de testigo, detalló cómo se produjo el asesinato del joven mapuche Rafael Nahuel a manos de integrantes del grupo Albatros de la Prefectura Naval Argentina.

Jones Huala ingresó al territorio en disputa entre la comunidad mapuche Lafken Winkul Mapu y el Parque Nacional Nahuel Huapi, en Villa Mascardi, el 24 de noviembre de 2017. Fue hasta allí para llevar comida y abrigo a los integrantes de la comunidad que habían quedado dispersos en la montaña, tras el desalojo del día 23. “Estábamos bajando (por la montaña) y escuchamos ‘alto Prefectura’ y en el mismo instante empezaron a escucharse disparos. Uno atrás de otro”, dijo ante el Tribunal.

“Mi primera reacción -agregó- fue darme vuelta y empezar a correr, llegamos a la planicie donde habíamos hecho noche. Con el peñi (hermano) Lautaro fuimos los primeros que llegamos a la planicie y al ver que los demás no podían llegar y los disparos eran todo el tiempo, decidimos agarrar piedras y empezar a tirar a las personas que venían disparando. No sé cuánto habrá durado, se sintió eterno”.

Luego vio caer a Rafael, intentó asistirlo, y en una improvisada camilla de palos lo bajó. En el estrecho sendero de montaña Rafael falleció. Fausto Jones Huala siguió bajando el cuerpo, lo dejó a la vera de la ruta a la espera de ayuda, y fue detenido.

“Apenas dejamos la camilla -explicó durante el juicio- se nos abalanzaron cuatro o cinco efectivos a querer pegarnos, otros los paraban, nos tiraron al piso, nos redujeron. Hacía mucho calor. Nos tenían boca abajo, no nos dejaban hablar, decir nada, ni movernos. El peñi Lautaro les dijo que el precinto le cortaba la circulación, no tomaban registro de lo que decíamos. Llegó (el secretario del Juzgado Federal, Alejandro) Iwanow, cuando lo escucho me doy vuelta y lo empiezo a llamar, otro de Prefectura me agarró para que no hable, el secretario le dijo que me deje hablar, le dije que Lautaro tenía las manos hinchadas por los precintos, les dije que habían matado a Rafa. En el transcurso que lo íbamos bajando recogí un casquillo de 9 mm y me lo guardé en el bolsillo. Le dije ellos mataron a Rafa, le dije que tenía el casquillo, le pedí si se lo podía dar para que no se pierda. Le cambiaron los precintos a Lautaro, le pusieron las esposas, nos tuvieron un rato más. Nos cambiaron de lugar, nos llevaron atrás de una camioneta, uno de cada lado. En ese momento también lo llevaban al peñi Rafa, en la misma camilla. Había un montón de efectivos, venían nos miraban, otros más cerca le levantaban la ropa con la que estaba tapado Rafa, lo miraban al peñi Rafa que estaba muerto, lo volvían a tapar y se iban”.

Finalmente declaró: “No entendíamos nada, no sabíamos por qué estábamos tan custodiados, (por la) Policía de Seguridad Aeroportuaria con armas largas. Ahí nos dicen que supuestamente había habido un enfrentamiento. Llegó la Policía de Río Negro de Criminalística, nos sacaron fotos y nos tomaron muestras en las manos. En ese momento sí me enojé bastante, le pregunté por qué y me dijeron que porque supuestamente nosotros estábamos acusados que habíamos disparado, le dije que no habíamos disparado, solo los prefectos. Firmé (el acta) en disconformidad. Pasó un rato, era tarde, nos llevaron hasta la PSA, quedamos en calidad de detenidos, incomunicados. Todos los días detenidos nos declaramos en huelga de hambre, casi cinco días”.

Al finalizar su testimonio. Jones Huala se levantó, alzó el puño, gritó que se haga justicia por Rafael Nahuel y luego el afafán, un grito que ratifica la identidad mapuche, la pertenencia, su lucha.

SR/DTC

“La vía pública es el rostro de una nación, el único escenario donde el Estado está presente visiblemente en la persona de los miembros de sus fuerzas de seguridad”. Página 52 de De un día para otro. Medidas para cambiar de verdad en las primeras 24 horas de gobierno (Sudamericana), el libro que publicó Patricia Bullrich en septiembre pasado y que presentó en el salón de actos de la Facultad de Derechos de la UBA apenas días después de ganarle a Horacio Rodríguez Larreta las PASO y poco antes de quedar fuera del balotaje que ganó Javier Milei. Con la oficialización este viernes de que volverá al ministerio que condujo entre 2015 y 2019, la frase podría dejar de ser una simple consigna puesta en letras para pasar a ser una política estatal: para Bullrich, antes que nada, primero están las fuerzas de seguridad.

Bullrich vuelve a Seguridad de la mano de Milei, con el objetivo de “poner orden”. Un “orden” al que relaciona directamente con la presencia activa de las fuerzas y el control policial de la vida cotidiana. No será un mero revival de lo que fue su gestión durante el macrismo, sino una profundización de aquellas políticas de “mano dura”, expresión que llegó a usar durante su campaña electoral. Ahora cambió el tono, haciendo suya una frase que patentó el libertario: “Es simple: el que las hace las paga”, cerró su mensaje en redes sociales al aceptar el cargo que asumirá el 10 de diciembre.

Tanto su último libro como su gestión con Mauricio Macri dan pistas de lo que será la política de seguridad mileista, con el control de la calle como eje central. La vía pública pasará a ser escenario de la avanzada política, económica y hasta cultural que propone el presidente electo. Y ahí tiene que estar la policía. “Los agentes del orden (...) son la única expresión de un gobierno a cielo abierto”, dice Bullrich en su texto. elDiarioAR solo encontró silencio en su entorno en las últimas horas. 

Antipiquete

Lo primero con lo que querrá barrer Bullrich será con cualquier posibilidad de piquetes y manifestaciones que pueda ocasionar el ajuste económico que propone Milei. En eso estará en línea con el flamante ministro de Seguridad que tendrá la ciudad de Buenos Aires, Waldo Wolff. De hecho este viernes el jefe de Gobierno electo, Jorge Macri, celebró un operativo de la Infantería de la policía porteña que impidió un piquete en la avenida 9 de Julio.

El tándem Bullrich-Wolff tendrá el primer desafío muy pronto: el 19 y 20 de diciembre el Polo Obrero agendó sus primeras jornadas de marchas en todo el país por los planes sociales. La receta que aplicará el gobierno entrante será con represión.

En el imaginario bullrichista sigue muy fresca la movilización contra la reforma previsional de diciembre de 2017: el latiguillo macrista son “las 14 toneladas de piedras” que se habrían lanzado desde los manifestantes kirchneristas y de izquierda contra la policía. La exministra recuerda en su libro que le impidieron actuar con las fuerzas federales para reprimir, mientras el oficialismo fracasaba en la votación en la Cámara de Diputados.

“A algún funcionario nacional se le ocurrió que no había que reprimir aquel ataque salvaje y premeditadamente organizado cuya fallida contención quedó a cargo de la Policía de la Ciudad de Buenos Aires, paralizada y victimizada por la orden de no actuar”, escribe, en referencia implícita al entonces jefe de Gabinete, Marcos Peña, y a Larreta. “Durante el ejercicio de mi cargo de ministra de Seguridad no permití los cortes de rutas nacionales, las vías sobre las cuales yo tenía jurisdicción; pero debe reconocerse que no todos procedieron de la misma manera”, apunta en su texto.

Ahora Bullrich vuelve recargada: “Ni una sola piedra arrojada quedará impune”, destaca en un capítulo donde escribe: “Las fuerzas de seguridad, con el respaldo de las normas y del poder político, poseen experiencia suficiente para disolver los piquetes, identificar a sus líderes y arrestarlos, porque la interrupción de una vía de acceso constituye un delito que se comete en flagrancia y, por tanto, no se requiere una orden judicial para actuar”.

Doctrina Chocobar

La política antipiquete de la futura ministra va el línea con el regreso de la llamada “doctrina Chocobar”, un protocolo que ella misma reglamentó en la resolución 956/2018 y que habilitaba a las fuerzas federales a disparar sus armas reglamentarias ante cualquier amenaza, aún cuando del otro lado no hubiera armas o quien violara la ley estuviera de espaldas.

Escribe Bullrich en su libro: “Durante mi gestión, di orden a mis asesores de elaborar un protocolo sobre el uso de las armas de fuego. Ese protocolo establecía claramente en qué casos y de qué manera podían utilizarlas e incluso disparar. La propia Corte Suprema de Justicia de la Nación —ya sin Zaffaroni— me había sugerido redactar algo así y, una vez puesto en marcha, el protocolo fue avalado, en diferentes casos, por siete jueces federales. Terminado nuestro mandato, lo primero que hizo el gobierno kirchnerista, a instancias de la nueva ministra (en alusión a Sabina Frederic), fue derogar aquel protocolo. Los miembros de las fuerzas de seguridad quedaron en tal situación de incertidumbre que un policía prefirió correr el riesgo de que lo mataran antes que sacar su pistola para defenderse”.

El nombre público de esa normativa remite al caso del expolicía Luis Oscar Chocobar, quien en diciembre de 2017 mató al balear por la espalda a Juan Pablo Kukoc, en diciembre de 2017, durante un intento de robo a un turista extranjero. Bullrich se atrevió a llevar a Chocobar como uno de sus “invitados especiales” en el segundo debate presidencial en las recientes elecciones. En mayo pasado el Tribunal Oral de Menores N°2 de Comodoro Py lo condenó a dos años de prisión en suspenso y a cinco años de inhabilitación para ejercer como funcionario público. 

Según la Correpi (Coordinadora contra la represión policial e institucional), el regreso de la doctrina Chocobar potenciará el aparato represivo del Estado, que durante el macrismo-bullrichismo fue letal: “El de Cambiemos fue el gobierno más represor desde 1983”, señala el informe de la organización sobre el saldo de la gestión 2015-19, que representa más del 26% del total de casos de gatillo fácil que hubo desde el retorno democrático. La Correpi registra un total de 1833 personas “asesinadas” en 1435 días de gobierno (entre el 10 de diciembre de 2015 y el 15 de noviembre de 2019). 

Entre los años 2020, 21 y 22 del Frente de Todos registraron 1604 casos, pero cambió la modalidad: “hubo un descenso –rela­tivo, pero sostenido— de los fusilamientos de gatillo fácil”, dice la ONG en su último informe y destaca el cambio de política sobre “la de­rogación de los protocolos Bullrich y la prohibición del uso del arma reglamentaria fuera de servicio a la Policía de Seguridad Aeroportuaria”. Que las cifras sigan altas se debe a que la mayor parte de las muertes “ocurrie­ron bajo custodia”. 

“Ahora vamos a enfrentar de nuevo a Bullrich, pero recargada con el filtro de Milei y de Victoria Villarruel”, planteó a elDiarioAR María del Carmen Verdú, referente de la Correpi. En su momento la ministra enfrentó directamente a la organización con un contra-informe titulado “Ministerio de Seguridad vs. CORREPI”. 

Santiago Maldonado y Rafael Nahuel

Hablar del paso de Bullrich por Seguridad también implica recordar los casos de Santiago Maldonado y Rafael Nahuel, dos muertes en las que estuvieron involucradas la Gendarmería y la Prefectura, respectivamente, fuerzas que dependen directamente del ministro de turno. 

Maldonado desapareció el 1 de agosto de 2017 luego de una represión contra la comunidad Pu Lof en Chubut que estaba cortando la ruta 40: apareció muerto 78 días después en el río homónimo de la provincia. “Desde el primer momento, el gobierno nacional y la entonces ministra Patricia Bullrich redoblaron la apuesta: negaron la desaparición de Santiago, atacaron y espiaron a su familia, ocultaron evidencias”, denunció el CELS (Centro de Estudios Legales y Sociales) al cumplirse seis años del caso. 

Bullrich y Macri siempre se despegaron de tener responsabilidades políticas mientras un juez federal de Rawson sobreseyó a los gendarmes acusados por el operativo. Hoy la familia de Maldonado exige que la Corte Suprema designe un nuevo juez para que reabra la investigación “sin descartar la figura de desaparición forzada”. El exmandatario llegó a descalificar a Maldonado hace pocas semanas: “Los ríos de la Patagonia son bravos, no es para cualquier salame distraído cruzar un río por más que tenga diez metros de ancho”, dijo durante una conferencia en Uruguay al recordar el caso. 

En su libro, Bullrich reflexiona sobre el caso Maldonado de una manera muy particular: “Resulta imperioso capacitar a los docentes. ¿Con quién haremos la segunda revolución educativa de la Argentina? ¿Con Rosario Vera Peñaloza, con Leopoldo Marechal, con José Manuel Estrada? ¿O con los maestros que pasaban lista llamando a Santiago Maldonado para demostrar que era un desaparecido y los que decían en el aula a los hijos de los gendarmes que sus padres eran asesinos? Entre esos dos extremos –uno ilustre y el otro vicioso– estoy segura de que existen miles de docentes deseosos de dar lo mejor de sí”, se puede leer casi al final del texto, en un capítulo sobre sus propuestas educativas. 

En el libro no hay referencias a Rafael Nahuel, joven de la comunidad mapuche que también murió en 2017 tras una represión en Villa Mascardi. Cinco prefectos fueron condenados a cinco y cuatro años y medio de presión esta misma semana, fallo que será apelado por la querella por considerarlo “insuficiente”. Pero Bullrich sí habla sobre la cuestión mapuche en su texto: “El Sur argentino está asediado por grupos terroristas de la Resistencia Ancestral Mapuche que incendian viviendas y vehículos, hieren y matan a civiles y uniformados y ocupan territorios y edificaciones, ante la indolencia, cuando no la complicidad, del gobierno”. Acusa de esas acciones al Instituto Nacional de Asuntos Indígenas (INAI) y revela su propuesta específica para lograr “orden”, que ahora nada le impedirá llevar a cabo: “Habrá que llegar con el doble de la potencia que pusimos en nuestra primera gestión; emplear a todas las fuerzas de seguridad y, en la medida en que la ley lo permita, también a las fuerzas armadas para dar apoyo logístico”. 

Narcotráfico y la cárcel CFK

Bullrich ya avisó que buscará emplear incluso a las Fuerzas Armadas en seguridad interior –política que tiene límites legales–, sobre todo en su lucha contra el narcotráfico. Fue celebrada cuando envió 3.000 gendarmes a Rosario, política que esta vez sin duda repetirá: en la gobernación santafesina asumirá Maximiliano Pullaro, que en su momento fue el ministro de Seguridad provincial. Ya esta semana hubo reuniones entre ellos. 

Bullrich destaca que durante su gestión “se llevaron a cabo 102.547 procedimientos, se incautaron 805.482 kilos de marihuana, 33.020 kilos de cocaína, 626.698 unidades de droga sintética y fueron detenidas 107.257 personas”. “Se trató de los resultados más altos de toda la historia argentina, y eso lo conseguimos porque valorizamos el papel de las fuerzas de seguridad, sin dejar de controlar su comportamiento”, apunta en su libro. 

Entre otras medidas, la próxima ministra propone además reimplantar desde el día uno el Régimen de Máxima Seguridad en las cárceles y hasta tiene en plan la construcción de un penal llamado “Cristina Fernández de Kirchner”. Quiere que el Servicio Penitenciario Federal pase del Ministerio de Justicia al de Seguridad y, también, “restablecerse el servicio de inteligencia de ese cuerpo, que quedaría así integrado a la comunidad de la Dirección de Inteligencia Criminal”.

Además propone bajar la edad de imputabilidad a 14 años. Y tiene un punto que discutir con el futuro mandatario: rechaza la libre portación de armas, política que está en la plataforma de campaña de La Libertad Avanza.

“Necesitamos la fuerza de la ley y el orden para reconstruir nuestro futuro en libertad”, escribe Bullrich en su libro. ¿Imaginaba ya su futuro político junto al libertario? “Yo puse orden durante los cuatro años que manejé el Ministerio de Seguridad de la Nación”, afirma, y cierra con tono poético: “Amé el orden, amo el orden y sé cómo establecerlo en una sociedad que, junto con la verdadera libertad, lo necesita y lo reclama más que nunca”.

MC/JJD

La querella de la Secretaría de Derechos Humanos de la Nación pidió hoy una pena de prisión perpetua para los cinco prefectos involucrados en el asesinato del joven mapuche Rafael Nahuel, en el marco del juicio que se sigue en la localidad rionegrina de General Roca.

En un alegato que duró 2 horas 45 minutos, el abogado Mariano Przybylski leyó el pedido frente al Tribunal Oral Federal de General Roca. En la sala estuvo presente el secretario de Derechos Humanos, Horacio Pietragalla Corti, quien en declaraciones a Télam se expresó a favor de que el tribunal imponga una “pena ejemplificadora” para que la familia de Nahuel obtenga “una reparación” por medio de la justicia.

La querella aseguró que durante las audiencias del juicio oral quedó acreditado que no existió un enfrentamiento armado, sino una persecución por parte de los efectivos del grupo Albatros, quienes dispararon en 151 oportunidades con munición de plomo.

Przybylski responsabilizó a los cinco procesados por los delitos de “homicidio agravado en concurso ideal con tentativa de homicidio agravado”. Si bien informó que el disparo mortal fue realizado por el efectivo Sergio Cavia, explicó que los cinco desobedecieron las órdenes de no perseguir ni disparar a los integrantes de la comunidad mapuche. Sin embargo, lo hicieron y, dijo en ese sentido, existió un dolo.

“Es irrelevante quién disparó mortalmente”, planteó durante el alegato, y pidió que todos los imputados sean condenados como coautores.

Rafael Nahuel fue asesinado por miembros del grupo Albatros de la Prefectura durante un operativo realizado en Villa Mascardi en el que se efectuaron disparos con munición letal por parte de los uniformados.

Con motivo del juicio, hoy y mañana es el momento de los alegatos de las tres querellas -abogados de la familia de Nahuel, la Asamblea Permanente por los Derechos Humanos (APDH) Bariloche y la Secretaría de Derechos Humanos de la Nación- y la fiscalía. Luego será el turno de los alegatos de las defensas de los cinco procesados, que se llevarán a cabo los días 14 y 15 de noviembre. Finalmente, 22 del mismo mes se dará lugar a las palabras finales de los acusados y escuchar el veredicto del Tribunal.

“Más allá de identificarse al autor directo, entendemos que todos los que participaron de esta acción criminal son corresponsables de la muerte y de los heridos. Creemos que tiene que haber una condena ejemplificadora porque durante mucho tiempo, post dictadura militar, los casos de violencia institucional estuvieron en un marco de impunidad”, expresó Pietragalla Corti.

El funcionario destacó que una sentencia por parte del tribunal al frente del juicio permitirá “reparar las acciones de la fuerza en el pasado y corregirlas para el futuro”.

Pietragalla aseguró que si la Secretaría de Derechos Humanos no se hubiera establecido como querellante el juicio hubiera “quedado impune” porque “era muy difícil destrabar la estrategia que llevaban adelante los miembros de la fuerza”, mencionó.

El secretario de Derechos Humanos recordó que conoció la noticia del crimen de Rafael Nahuel mientras participaba del velatorio de Santiago Maldonado, el joven que hace seis años fue encontrado muerto tras una represión perpetrada por la Gendarmería en la comunidad Mapuche Pu Lof Cushamen de la provincia de Chubut. “Fue un impacto muy fuerte”, rememoró.

En tanto, Pietragalla Corti consideró que “cada vez que hay un discurso político que habilita la violencia institucional surgen más casos” de ese tipo.

“Lamentablemente -sostuvo- quien paga los platos rotos son los miembros de las fuerzas de seguridad y no los responsables políticos, que siguen su carrera y tienen que rendir cuentas en en la Justicia. Los miembros de las fuerzas de seguridad no se pueden sentir habilitados nunca porque la política pasa y los que tienen problemas judiciales son ellos”, destacó.

MM con información de Agencia Télam

El Tribunal Oral Federal (TOF) de General Roca, en Río Negro, dio esta mañana inicio al juicio que se sigue a cinco integrantes del grupo Albatros de la Prefectura Naval Argentina por el asesinato del joven mapuche Rafael Nahuel, ocurrido el 25 de noviembre de 2017, en Villa Mascardi, Bariloche, y el fiscal subrogante Rafael Vehils Ruiz pidió que los imputados sean detenidos al considerar que existe “riesgo procesal” de una posible fuga.

Sin embargo, el presidente del Tribunal, Alejandro Silva, tras un cuarto intermedio para analizar los pedidos, informó que por unanimidad los magistrados resolvieron rechazarlos, al considerar que los acusados “han estado siempre a derecho”.

El planteo fue acompañado por las querellas ejercidas por los abogados de la familia de Nahuel, la APDH Bariloche y la Secretaría de Derechos Humanos de la Nación.

De acuerdo con lo previsto, la audiencia de hoy, con un cuarto intermedio al mediodía, se desarrollaba hasta las 15, y en el recinto se encontraban esta mañana presentes los padres de Rafael, Alejandro Nahuel y Graciela Salvo.

En tanto, los cinco imputados -Sergio Cavia, Francisco Javier Pintos, Juan Ramón Obregón, Carlos Valentín Sosa y Sergio García- participaban en forma virtual, conectados a través de la plataforma Zoom.

La audiencia comenzó con la lectura del requerimiento de elevación a juicio por parte del secretario del Tribunal, presidido por el juez Alejandro Silva.

El abogado Rubén Marigo, representante de los padres de la víctima, planteó al Tribunal que se exija a los imputados y al abogado defensor de tres de ellos, Marcelo Hugo Rocchetti, “estar presentes en la sala de audiencia”, ya que durante toda la jornada de la mañana mantuvieron sus cámaras de Zoom apagadas.

“Debemos tener garantías que están presentes, para evitar futuras nulidades”, explicó.

Marigo reiteró el pedido para que el juicio se traslade a San Carlos de Bariloche, distante 600 kilómetros de General Roca, ciudad fijada para las audiencias por ser la sede del Tribunal Oral Federal.

“Los padres, las querellas y las víctimas se ven obligadas a viajar todas las semanas por esta disposición”, planteó.

Finalizada la primera parte de la audiencia, en la puerta del Tribunal los padres de Rafael Nahuel y sus abogados se dirigieron a las aproximadamente 150 personas presentes -pertenecientes a comunidades mapuche, organizaciones políticas, sindicales y de derechos humanos-, y ratificaron el reclamo: “Queremos verlos cara a cara. Acá estamos nosotros, viajamos desde Bariloche y estos cobardes no están”, señaló a Télam Alejandro Nahuel, padre de Rafael.

Graciela Salvo, por su parte, mamá de la víctima, dijo que “ellos tienen recursos, plata, pero no vinieron. Sí fueron a Bariloche a matar a Rafita, pero ahora no quieren dar la cara en el juicio”.

Mientras tanto, fuera de la sede tribunalicia, en una plaza céntrica de la ciudad de General Roca, un grupo de integrantes de organizaciones y comunidades mapuche se manifestaba en reclamo de justicia.

Al ingreso al Tribunal, el vocero de la Coordinadora del Parlamento Mapuche de Río Negro, Orlando Carriqueo, aseguró a Télam que “se está juzgando a un Estado racista que mató a un joven que luchaba por sus derechos y por su identidad”.

El dirigente mapuche cuestionó además el tiempo transcurrido desde el asesinato hasta el desarrollo del juicio y el lugar elegido para su realización.

“Hacer el debate de esta causa a 600 kilómetros de Bariloche, implica una violación al derecho de participar de mucha gente mapuche que quería acompañar a la familia para protestar por este asesinato”, apuntó Carriqueo.

La primera jornada del juicio por el asesinato de Rafael Nahuel concluyó con la lectura de la acusación de la querella -ejercida por el abogado de la Secretaría de Derechos Humanos de la Nación, Marcelo Przybylski-, que solicitó que el cabo primero Sergio Cavia sea imputado como “autor penalmente responsable del delito de homicidio doblemente agravado por su comisión con violencia contra las personas mediante la utilización de armas de fuego y por haber sido cometido abusando de su función o cargo como miembro de una fuerza de seguridad”.

Además, solicitó que se contemple el “el delito de tentativa de homicidio doblemente calificado” en contra de Johana Colhuan y Gonzalo Coña, dos jóvenes que fueron heridos por los disparos de los uniformados.

En tanto, para Francisco Javier Pintos, Juan Ramón Obregón, Carlos Sosa y Sergio García, la querella reclamó que sean imputados en juicio como “partícipes necesarios del delito de homicidio doblemente agravado por su comisión con violencia contra las personas mediante la utilización de armas de fuego y por haber sido cometido abusando de su función o cargo como miembro de una fuerza de seguridad, en concurso real con el delito de coautor de tentativa de homicidio doblemente calificado”.

A este planteo adhirieron las querellas que representan a la familia de Rafael Nahuel y la de la Asamblea Permanente por los Derechos Humanos (APDH) Bariloche.

Con posterioridad, el secretario del juzgado dio lectura a la elevación a juicio firmado el 8 de diciembre de 2021 por la Jueza por entonces subrogante del Juzgado Federal de Bariloche, Silvia Domínguez, quien rechazó juzgar a los cinco procesados por el intento de homicidio de los dos jóvenes que resultaron heridos, y sostuvo la figura de “homicidio agravado cometido en exceso de legítima defensa” planteado por la fiscal de instrucción Sylvia Little.

Este miércoles se realizará la segunda audiencia para la cual se programó la lectura de las indagatorias. El abogado defensor de tres de los Albatros acusados, Marcelo Hugo Rocchetti -ex Jefe de Gabinete del ministerio de Seguridad de la provincia de Buenos Aires durante la gestión de Cristian Ritondo- adelantó que los prefectos Sosa y Pintos harán uso de su derecho a declarar.

El día del asesinato, miembros del grupo de élite Albatros que integraban los acusados, armados con pistolas Beretta 9 milímetros y subfusiles MP5, se topó territorio adentro con integrantes de la comunidad.

Según se desprende de la instrucción de la causa, tras dar la voz de alto y arrojar una bomba disuasoria, recibieron piedrazos como respuesta y comenzaron a disparar, primero con munición no letal, luego con balas de plomo.

Nahuel recibió por la espalda un disparo con un proyectil 9 milímetros realizado con un subfusil MP5 y el proyectil ingresó por su glúteo izquierdo y lesionó órganos a su paso por el interior del cuerpo del joven mapuche.

La Prefectura cumplía una orden del por entonces juez subrogante del Juzgado Federal de Bariloche, Gustavo Villanueva, quien requirió que se asegure el perímetro del territorio en disputa entre la comunidad y Parques Nacionales, que había sido desalojado dos días antes, y en el que fueron detenidas cinco mujeres de la comunidad.

El magistrado había dado la orden de desalojo a partir de una denuncia por “usurpación” realizada el 17 de noviembre por parte del Parque Nacional Nahuel Huapi.

La comunidad Lafken Winkul Mapu había anunciado a principio de ese mes la “recuperación” de unas 10 hectáreas -de las 710 mil que posee el Parque Nacional Nahuel Huapi- en esa zona de Villa Mascardi. Una semana después se produjo el desalojo y la posterior incursión de los Albatros que terminó con la muerte de Rafael Nahuel.

La causa FGR 027423/2017 caratulada “Pintos, Francisco Javier y otros sobre homicidio simple, usurpación y atentado agravado a mano armada”, de la cual es querellante Alejandro Nahuel, padre de Rafael, tiene como procesados al cabo primero Cavia por el delito de “homicidio agravado cometido en exceso de legítima defensa” y a los otros cuatro integrantes del grupo Albatros como “partícipes necesarios” del hecho.

La carátula con la que la causa llegó a esta instancia de juicio oral fue criticada por las querellas que representan a la familia de Nahuel, a la Secretaría de Derechos Humanos de la Nación y la Asamblea Permanente por los Derechos Humanos (APDH) de Bariloche.

Los representantes legales de la Secretaría de Derechos Humanos buscarán probar durante el juicio que se trató de un homicidio calificado, dado que no hubo por parte de los prefectos una “legítima defensa”, sino una actuación que desbordó “todos los límites de los cánones legales de acción ante una situación como la sucedida”.

“La acusación no nos satisface. No estamos de acuerdo con esa figura. Para nosotros es homicidio calificado. La estrategia apunta a demostrar la coautoría de los cinco implicados”, indicó el director de Violencia Institucional de ese organismo, Mariano Przybylski.

Por Santiago Rey para agencia Télam

Noche del domingo 20 de noviembre de 2021 en El Bolsón. En algunas esquinas del centro un pequeño grupo de mapuches y vecinos cortan las calles, con pequeñas fogatas, en protesta por el asesinato del joven Elías Garay. Minutos antes de la medianoche una horda de participantes de la Fiesta de la Tradición que se realizaba en un gimnasio cercano gana las calles. Armados con palos y cuchillos, ataviados como gauchos, a caballo y con rebenques, alcoholizados, repiten consignas nacionalistas, según los testigos. Corren a los mapuches, los agreden. Gritan “viva la patria”.

Nueve horas antes, dos personas que dicen ser cazadores llegan hasta la comunidad Quemquemtrew, en Cuesta del Ternero -a unos 15 kilómetros de El Bolsón-, una ocupación territorial donde durante 53 días no ingresó nadie sin identificarse ante la policía. Los dos hombres portan armas largas y un calibre 22, disparan. Matan de un tiro al joven mapuche Elías Garay y hieren con dos balazos a Gonzalo Cabrera. Se van sin que los detengan.

Tarde del sábado 25 de noviembre de 2017, en Villa Mascardi, a unos 30 kilómetros del centro de Bariloche. Cinco integrantes del grupo de élite Albatros de la Prefectura Naval Argentina ingresan al territorio de la comunidad Lafken Winkul Mapu con la orden de custodiar el lugar. Pero al cruzarse con integrantes de la comunidad dan la voz de alto e inmediatamente comienzan a disparar. Persiguen a los mapuches más allá del límite del territorio que debían “resguardar”; disparan entre 114 y 129 veces con munición de plomo utilizando pistolas Beretta y subfusiles MP5; reciben piedrazos como respuesta. Matan por la espalda a Rafael Nahuel y hieren a otros dos jóvenes. Desde aquel momento, solo uno de los uniformados pasó menos de un mes detenido.

Cuatro años después, la causa está a un paso de llegar a juicio oral, pero el expediente muestra incongruencias y contradicciones, lo cual permite anticipar que las condenas, en caso que existan, se darán bajo la figura de “homicidio agravado cometido con exceso en la legítima defensa”. Es decir, un delito con un atenuante que podría permitir a los uniformados eludir la prisión efectiva.

Los cinco Albatros siguen cumpliendo funciones en el destacamento San Fernando de la Prefectura Naval Argentina.

¿Hubiera sido posible que Elías no fuese asesinado si el Poder Judicial hubiese condenado a los Albatros de la Prefectura Naval Argentina responsables del crimen de Nahuel? ¿Los dos responsables del homicidio cometido el domingo pasado en la lof Quemquemtrew hubiesen sujetado su impulso criminal si hubieran registrado que la Justicia actúa eficazmente ante este tipo de casos?.

Además de los obvios puntos en común entre los dos hechos, el contexto también se asemeja: los gobiernos y los medios hiperconcentrados replican discursos de odio contra los mapuches, dicen que son “terroristas”, advierten sobre el riesgo de ruptura del orden institucional, dicen que está en peligro la integridad territorial, crean un enemigo interno.

El asesinato del joven mapuche Elías Garay es el hecho cúlmine de esa escalada en el discurso de odio y racismo, que durante los últimos meses incluyó el uso de términos como terrorismo, indios al ataque, secesión patagónica. Se produjo, además, cinco días antes de cumplirse el cuarto aniversario del crimen estatal de Rafael Nahuel.

¿Qué se sabe hasta ahora sobre ese hecho? Minutos antes del ingreso de dos personas vestidas de civil a la lof Quemquemtrew un dron sobrevoló el lugar. Desde la comunidad se asegura que era accionado por la Policía desde el retén que impide el acceso, ya que por una cuestión de cercanía era imposible que un particular se acerque al lugar para manejarlo, sin ser visto.

Garay y Cabrera se acercaron a las dos personas para pedirles explicaciones por su presencia. Éstos respondieron con, por lo menos, tres disparos. Y salieron del lugar sin ser detenidos por la Policía.

El cuerpo de Elías permaneció más de un día en el territorio. Cuando la comunidad logró que los fiscales a cargo de la investigación, conducidos por el Fiscal Jefe Martín Lozada, le permitiera realizar su ceremonia de despedida, el cuerpo fue bajado hasta la ruta, donde una camioneta lo trasladó a Bariloche.

También hacia esa ciudad fue llevado Gonzalo Cabrera, para garantizar su tratamiento en el Hospital Zonal, de mayor complejidad que el de El Bolsón. La comunidad, a través de su vocera Soraya Maicoño, advirtió que debe garantizarse la seguridad del joven, ya que es el único testigo del asesinato de Elías. De hecho, Cabrera ya declaró y dio detalles de lo sucedido y dijo que era capaz de reconocer a los autores del hecho.

Desde la Fiscalía hay mucho hermetismo sobre la investigación. En las últimas horas se produjeron allanamientos en la ciudad de Esquel, Chubut. La comunidad, mientras tanto, permanece en el territorio.

El expediente por el asesinato de Rafael Nahuel tiene procesados a cinco integrantes del grupo Albatros. El más comprometido, en función del resultado de la última pericia balística, es el cabo primero Sergio Guillermo Cavia quien lo está por el delito de “homicidio agravado, cometido en exceso de legítima defensa”. Otros cuatro uniformados fueron procesados como “partícipes necesarios”: Francisco Javier Pintos, Juan Ramón Obregón, Carlos Valentín Sosa y Sergio García.

La decisión fue tomada por el Juez Federal subrogante del Juzgado Federal de Bariloche, Gustavo Zapata, y confirmada por la Cámara de Apelaciones de General Roca.

La resolución da crédito al relato sostenido por el gobierno de Mauricio Macri y su ministra de Seguridad, Patricia Bullrich, en relación a la existencia de un enfrentamiento armado entre los Albatros e integrantes de la comunidad mapuche Lafken Winkul Mapu.

No existe en el expediente, sin embargo, ninguna pericia concluyente que demuestre que los miembros de esa comunidad dispararon armas de fuego. Solo los testimonios de los propios Albatros y una lectura “amañada” de los resultados de las pericias efectuadas en las manos de los dos jóvenes que bajaron a Nahuel -herido de bala, con partículas de pólvora por todo el cuerpo-, Fausto Jones Huala y Lautaro González Curruhuinca.

El perito Enrique Prueger participó los primeros días de diciembre de la inspección ocular en el territorio. Dijo luego a este cronista que doce días después de ocurrido el asesinato, “cualquiera que ingresara al lugar se iría con pólvora en las manos”, debido a la cantidad de disparos efectuados por los miembros de Prefectura.

El otro punto que permite especular con ausencia de condenas es el resultado contradictorio de las pericias balísticas. La resolución del Juez Zapata avala el resultado de la tercera pericia balística que determinó que el proyectil que mató a Nahuel provino de la pistola de Cavia, mientras que la primera pericia -realizada por peritos independientes- especificó que la bala correspondí al subfusil MP5 que portaba el caso primero Francisco Javier Pintos.

Pintos y Cavia comparten abogado: Marcelo Hugo Rocchetti, ex Jefe de Gabinete del ministerio de Seguridad de la Provincia de Buenos Aires durante la gestión de María Eugenia Vidal. Rocchetti prepara su estrategia defensiva sobre la contradicción de las pericias balísticas. Defenderá a Pintos y Cavia con el mismo argumento: no está comprobado que la bala que mató a Nahuel haya salido del arma cuestionada.

¿Cómo se llegó a una tercera pericia, a pesar de lo indubitable del resultado de la primera? Porque el por entonces Juez a cargo del expediente, Gustavo Villanueva, accedió a realizar un segundo estudio sobre el proyectil y se lo solicitó a la Gendarmería Nacional, una fuerza de seguridad que, al igual que la cuestionada Prefectura Naval, dependía institucionalmente de la ministra de Seguridad Patricia Bullrich.

Esa segunda pericia determinó que el proyectil no fue disparado por el arma que portaba Pintos, y así se abrió la instancia de la tercera pericia.

Noche del domingo 20 de noviembre de 2021 en El Bolsón. Dice en un audio de whatsapp una mujer que prefiere no identificarse: “A la medianoche estábamos en la estación de cerveza. Terminamos de ver una banda cuando empezamos a ver corridas en la calle y vienen desesperadas unas doce mujeres mapuches a refugiarse. Entraron y se escondieron debajo de unas mesas dentro de la estación del lado de la feria franca. Detrás venían un grupo de hombres y mujeres. Uno con un palo. Re agresivos con les que intentaban preguntar y ver qué estaba pasando y deteniendo su entrada. La gente que estaba afuera no les dejó entrar. Finalmente dieron la vuelta y por el otro lado tiraron piedras a estas mujeres, rompiendo vidrios y se fueron. A las mujeres las socorrieron y llevaron en autos. A los minutos pasa marchando un grupo de unos 25 policías. Vimos un grupo de unas 30 personas de apariencia paisana. Mezclada la policía bancando a esa manada. Exclamando ‘viva la patria’”.

Diciembre de 1918 en Buenos Aires. Las medidas de fuerza en los talleres metalúrgicos Vasena se extiende. La represión del gobierno de Hipólito Yrigoyen deriva en una huelga general y movilizaciones en todo Buenos Aires. Hay unos 700 muertos producto de las balas de la Policía y la naciente Liga Patriótica.

“Las bandas terroristas armadas que operaban bajo el rótulo de Liga Patriótica Argentina -escribió el periodista e historiador Osvaldo Bayer- lo hacían con total impunidad y la más absoluta colaboración y complicidad oficiales. Se reunían en las comisarías y allí se les distribuían armas y brazaletes. Desde las sedes policiales partían en coches último modelo, y se dirigían a las barriadas obreras, a las sedes sindicales, a las bibliotecas obreras, a la sede de los periódicos socialistas y anarquistas para incendiarlos y destruirlos, todo bajo la mirada cómplice de la policía y los bomberos”. El gobierno y los medios replican discursos de odio contra los extranjeros, dicen que son “terroristas”, advierten por la ruptura del orden institucional, dicen que está en peligro la integridad territorial, crean un enemigo interno. En la calle los integrantes de la Liga Patriótica gritan “viva la patria”.

No siempre la historia se repite como farsa.

WC

El cabo primero Sergio Guillermo Cavia fue procesado, sin prisión preventiva, por el delito de “homicidio agravado” contra el joven mapuche Rafael Nahuel. La decisión adoptada en las últimas horas por el Juez Federal subrogante del Juzgado Federal de Bariloche Gustavo Zapata alcanza también a otros cuatro integrantes del grupo Albatros de la Prefectura Naval Argentina: Francisco Javier Pintos, Juan Ramón Obregón, Carlos Valentín Sosa y Sergio García, fueron procesados como “partícipes necesarios” del hecho.

El fallo da por cierto el relato sobre la existencia de un enfrentamiento entre los uniformados e integrantes de la comunidad mapuche Lafken Winkul Mapu, y por ese motivo el procesamiento incluye la figura de “exceso en legítima defensa”. En la práctica, ese atenuante podría provocar que el responsable del disparo letal, en caso de ser encontrado culpable en el juicio oral, no cumpla prisión efectiva. Abogados penalistas explicaron a elDiarioAR que será el Tribunal del juicio el que establezca cómo se amalgaman en una sentencia el agravante por el uso de arma de fuego y el atenuante por “exceso en legítima defensa”.

Además, la resolución de Zapata avala el resultado de la tercera pericia balística en detrimento de la primera, efectuada por peritos independientes que cotejaron el proyectil que causó la muerte de Nahuel de manera directa y a las pocas horas de producido el homicidio. Esa pericia determinó que la bala que mató al joven mapuche provino del subfusil MP5 que portaba el cabo primero Francisco Javier Pintos. A pesar de haber intervenido reconocidos peritos en ese informe, el por entonces juez subrogante del Juzgado Federal de Bariloche, Gustavo Villanueva, convocó a una nueva pericia y se la solicitó a la Gendarmería Nacional, una fuerza de seguridad que, al igual que la señalada Prefectura Naval, dependía institucionalmente de la ministra de Seguridad Patricia Bullrich, quien insistió sobre la inocencia de los Albatros.

Esa segunda pericia determinó que el proyectil no fue disparado por el subfusil de Pintos, y abrió el llamado a una tercera pericia balística. Ese trabajo concluyó en enero pasado -tras la “pérdida” durante dos días del proyectil oportunamente extraído del cuerpo del joven mapuche- y arrojó como resultado que había sido la pistola de Cavia de donde provino la bala que acabó con la vida de Rafael Nahuel.

Ahora el Juez Zapata dio crédito a esa tercera pericia y atribuyó a Cavia el “homicidio agravado por su comisión con violencia mediante la utilización de armas de fuego”, aunque “cometido con exceso en la legítima defensa”.

A Cavia, Pintos, Obregón, Sosa y García se les trabó un embargo por 5 millones de pesos e impuso la prohibición de salir del país y la obligación de mantener el domicilio real declarado y presentarse cada quince días en la Delegación San Isidro de la Policía Federal.

El fallo -de 151 carillas y basado en la Resolución de la Sala III de la Cámara de Casación Penal de Comodoro Py que revocó los procesamientos efectuados por la Cámara Federal de General Roca- repasa los hechos ocurridos el 25 de noviembre de 2017, cuando en la zona de Villa Mascardi, distante 25 kilómetros de Bariloche, un comando del grupo de élite Albatros de la Prefectura ingresó en la comunidad Lafken Winkul Mapu, un territorio en disputa con Parques Nacionales.

De acuerdo a las pericias, los uniformados dispararon entre 114 y 129 veces con munición de plomo, tal como quedó acreditado en los faltantes de proyectiles en los cargadores de las pistolas 9 mm Beretta y los subfusiles MP5; así como por la cantidad de vainas servidas que quedaron en el territorio.

En tanto, la versión sobre la supuesta utilización de armas de fuego por parte de integrantes de la comunidad en un enfrentamiento, está sostenida por el juez en la resolución en las declaraciones de los propios prefectos procesados; escuchas telefónicas a los integrantes de la comunidad en las que se menciona la palabra en mapuzungun tralka o tralkan que el magistrado traduce como “arma”; y en peritajes sobre la presencia de pólvora en la manos de todos los actores que intervinieron aquella tarde, que se encuentran cuestionados técnicamente.

La inspección ocular realizada a principios de diciembre de 2017 no permitió encontrar en el lugar una sola prueba sobre la utilización de armas de fuego que no sea las que portaban los Albatros.

Del expediente no solo participa la familia de Rafael Nahuel, sino también que son querellantes la Asamblea Permanente por los Derechos Humanos (APDH) de Bariloche, y la Secretaría de Derechos Humanos de la Nación.

Las partes mencionadas, al igual que los abogados defensores de los uniformados podrán apelar ahora la resolución del Juez Zapata. Resuelta esa instancia la causa podría finalmente elevarse a juicio.

SR

La Secretaría de Derechos Humanos de la Nación -que conduce Horacio Pietragalla- se presentó como querellante en el expediente judicial que investiga el asesinato estatal de Rafael Nahuel. Este jueves 25 de febrero el organismo elevó la nota formal ante la Justicia Federal de Bariloche que lleva el expediente “Pintos, Fracisco Javier y otros s/homicidio” y que investiga las circunstancias y responsabilidades del homicidio del joven mapuche, ocurrido el 25 de noviembre de 2017.

La presentación de Pietragalla implica un cambio de paradigma de la forma de abordaje del tema por parte del Estado, ya que su antecesor en el cargo durante la gestión de Cambiemos, Claudio Avruj, nunca impulsó una investigación ni se pronunció críticamente sobre el accionar de los integrantes del grupo Albatros de la Prefectura Naval Argentina que ingresaron a la comunidad mapuche y provocaron el asesinato.

En caso que el Juez Federal subrogante del Juzgado Federal de Bariloche, Gustavo Zapata, acepte la participación de la Secretaría de Derechos Humanos en el expediente, el organismo podrá solicitar medidas de prueba y el testimonio de nuevos testigos, así como en el futuro intentar apuntar a las responsabilidades materiales del hecho.

En la presentación firmada este 25 de febrero, Pietragalla repasa que “el 25 de noviembre del 2017, en Villa Mascardi, Rafael Nahuel recibió un disparo que le provocó su muerte, en el medio de una balacera de balas de plomo proveniente de miembros del Grupo Albatros de la Prefectura Naval Argentina, quienes se encontraban patrullando el lugar en el marco de una causa por usurpación”.

El grupo de los Albatros que subió a la comunidad Lafken Winkul Mapu y desató una persecución que incluyó entre 114 y 129 disparos con munición de plomo, estaba integrado por Sergio Damián García, Carlos Valentín Sosa, Juan Ramón Obregón, Sergio Guillermo Cavia y Francisco Javier Pintos“.

La Asamblea Permanente por los Derechos Humanos (APDH) de Bariloche celebró la decisión del organismo que conduce Pietragalla, ya que el hecho de que el asesino sea un integrante de una fuerza de seguridad “exige el máximo esfuerzo estatal para esclarecer los hechos y sancionar a los responsables”.

“Saludamos esta actitud de la Secretaría de Derechos Humanos que se ha sumado a las querellas de la familia de Rafael Nahuel y a la de la APDH lo que permitirá coordinar las tareas, para lograr la condena ejemplar en la causa de los asesinos evitando que la misma quede impune”, señaló el organismo desde Bariloche.

Pericias contradictorias

El viernes 19 de febrero pasado finalizó la tercera pericia balística que confirmó que el proyectil que mató al joven mapuche salió del arma -una pistola Beretta, 9 mm, modelo 92, número de serie 05-P83332Z- que portaba el Cabo Primero Sergio Cavia.

El segundo punto de la pericia -solicitado por la Fiscalía Federal de Bariloche que interviene en el expediente- apuntaba a la comparación de proyectiles testigos, para determinar, en definitiva, si los analizados en la primera y la tercera pericia surgieron de las armas secuestradas oportunamente a los integrantes del grupo Albatros.

En ambos puntos, los peritos que participaron del estudio realizado en una dependencia del Ministerio Público Fiscal de la Provincia de Salta concluyeron que el arma de la que salió el disparo mortal es la de Cavia y que el estudio se realizó sobre los mismos proyectiles analizados en la primera pericia.

Con este dato, los abogados querellantes -tanto de la representación de la familia de Nahuel como de la APDH Bariloche- avanzarían en los próximos días con el pedido de procesamiento de ese uniformado y con los pasos necesarios para la elevación a juicio y el cierre de la etapa de instrucción, tres años y tres meses después del asesinato.

Sin embargo, las diferencias entre la primera y la tercera pericia abren posibilidades a nuevas dilaciones y suman argumentos a favor de la defensa de los Albatros más comprometidos.

La primera de las pericias -la única realizada de forma directa entre la autopsia del cuerpo de Nahuel y la comparación de proyectiles- había determinado de manera indubitable que la bala que mató al joven provino del subfusil MP5 que portaba el Cabo Primero Francisco Javier Pintos (por ese motivo el expediente está caratulado como “Pintos, Fracisco Javier y otros s/homicidio”).

Estratégicamente, a ese primer estudio no concurrieron peritos de la Prefectura ni los designados por los Albatros. Reclamaron luego una segunda pericia, que el Juez por entonces subrogante del Juzgado Federal de Bariloche, Gustavo Villanueva, consintió que realiza Gendarmería Nacional, otra fuerza de seguridad que, al igual que la Prefectura, se encontraba bajo el mando de la ex Ministra de Seguridad, Patricia Bullrich.

Durante la pericia de Gendarmería no se permitió la participación del reconocido perito Roberto Nigris, jefe del equipo que realizó la primera pericia; no fueron convocados los peritos de las querellas; y además, según pudo reconstruir ElDiarioAr, la pericia aparece firmada por Jorge Norberto Delgado, Jefe de Criminalística de la Prefectura Naval Argentina, fuerza de seguridad que era investigada.

Ese informe echó dudas sobre el resultado de la primera pericia al no poder confirmar la procedencia del proyectil del arma de Pintos.

Así, se convocó a una tercera pericia que se realizó en una dependencia técnica del Ministerio Público de la Provincia de Salta. Antes de que se concrete, el proyectil extraído del cuerpo de Nahuel se “traspapeló” durante varios días, y el envío desde el Juzgado Federal de Bariloche quedó enmarcado en un escándalo.

A pesar que en Salta se realizó una comparación con los proyectiles testigo logrados durante la primer pericia, el grupo de profesionales que participó no fue convocado. El mencionado Nigris, Karina Uribe y Silvia Bufalini no fueron llamados para brindar su aporte. Se trata del mismo grupo de peritos que participó de la inspección ocular de principios de diciembre de 2017 en la comunidad mapuche, y cuyo aporte permitió determinar que no existió un enfrentamiento armado, tal como construyó el relato del Gobierno macrista y los medios colaborativos.

El resultado de esta tercera pericia que apuntala responsabilidades del Cabo Cavia fue incorporada al expediente en las últimas horas, confirmaron fuentes judiciales.

SR

La Justicia Federal realizó un diligencia en un destruido hotel de Parques Nacionales contiguo a la comunidad Lafken Winkul Mapu, en Villa Mascardi, a 35 kilómetros de Bariloche. Participaron casi 100 efectivos de fuerzas federales, con dos tanquetas militares y carros hidrantes. Hubo disparos, detonaciones y un principio de incendio. A las 10.45 los efectivos comenzaron a retirarse del lugar.

Una mañana se tensión se vivió en Villa Mascardi. Una diligencia dispuesta por el Juzgado Federal de Bariloche en un predio lindero a la comunidad mapuche Lafken Winkul Mapu derivó en un enfrentamiento y represión de las fuerzas federales. El operativo comenzó pasadas las 7.30 y duró tres horas.

Se trata del mismo lugar donde hace tres años -el 25 de noviembre de 2017- un comando del grupo Albatros de la Prefectura Naval Argentina asesinó al joven mapuche Rafael Nahuel; hecho que aún no fue esclarecido por la Justicia.

ElDiarioAr pudo determinar que la diligencia judicial de este miércoles estuvo relacionada con una causa paralela a la de “usurpación” que pesa contra la comunidad, y se desarrolló en un hotel y predio de Parques Nacionales, contiguo a la comunidad. Pasadas las 9,15 arribó la fiscal federal Sylvia Little, para encabezar la inspección ocular del lugar.

Este medio accedió a la orden judicial firmada el pasado 30 de noviembre por el Juez Federal subrogante del Juzgado Federal de Bariloche, Gustavo Zapata, que establece la realización de una “constatación” en el predio, “con el objeto de conocer el estado actual del inmueble (el Hotel de Parques), establecer si resulta objeto de ocupación o si su posesión se encuentra siendo turbada, y -en consecuencia- analizar la posibilidad de custodiar el predio, restituirlo a su titular registral o disponer las medidas que resulten necesarias para hacer cesar el presunto delito investigado”.

Es decir que no se trató de una orden de desalojo, tal como se dejó trascender desde algunos sectores.

Desde primera hora de la mañana, efectivos de cuerpos especiales de la Policía Federal, Gendarmería y la Policía de Seguridad Aeroportuaria interrumpieron el tránsito de la ruta 40 -Juan Herman- e impidieron el acceso al lugar. A las 8.10 se escucharon los primeros disparos, que continuaban tres horas después de iniciados. También se produjeron detonaciones y un principio de incendio en la zona del hotel, que fue rápidamente contenido por una dotación de bomberos.

La comunidad mapuche denunció la “militarización” y la “represión” en el lugar, y difundió un video en el que se observan a dos efectivos disparando e integrantes de la Lafken Winkul Mapu arrojando piedras a los uniformados. La comunicación de la comunidad se realiza a través de grupos de WhatsApp, en los que piden “colaboración” y que “se acerquen para garantizar la seguridad”.

Minutos antes de las 11 comenzaron a retirarse parte de los efectivos, aunque permanecían en el lugar los miembros de los grupos antitumulto, que continuaban arrojando bombas lacrimógenas.

Finalizado el operativo, desde el Ministerio de Seguridad que conduce Sabina Frederic se calificó como “exitosa” la inspección ocular en el lugar.

A través de un comunicado oficial se indicó que oficialmente que “en su rol de auxiliar de la Justicia, la Policía Federal Argentina, con el apoyo de la Gendarmería Nacional, posibilitó el cumplimiento de la medida tomada por el Juez Federal subrogante, Gustavo Javier Zapata, quien ordenó realizar la inspección de un predio ubicado en la localidad rionegrina de Villa Mascardi”.

“Las fuerzas federales realizaron el despliegue sobre la traza de la Ruta Nacional 40 mediante medios de disuasión, donde se registraron algunos incidentes, aunque no se registró ningún herido”, resumió el Ministerio.

Por su parte, una mujer integrante de la comunidad dijo a través de un audio difundido por WhatsApp que este miércoles “llegaron los efectivos a reprimir, con claras intenciones de amedrentar, asustar, hostigar, con tanquetas y todo el armamento que han traído”.

Aseguró que durante las tres horas que duró el operativo “estuvieron tirando 300 balas de plomo (el Ministerio de Seguridad rechazó esa acusación), de goma y tratando de avanzar hacia el territorio”.

“Todo esto es territorio mapuche, recuperado”, aclaró la mujer, “tiraron gas lacrimógeno. Claramente estaban tratando de entrar al territorio”.

Explicó que “la resistencia del lof (comunidad) frenó la pasada de los huincas (blancos) y los logró expulsar del territorio recuperado, con la fuerza del weichafe (guerrero) Rafael Nahuel”.

“Estas fuerzas siguen merodeando. La Policía de Río Negro prendió fuego una cabaña. Vimos el humo y una vivienda estaba consumida totalmente. Basta de montaje y de persecución”, dijo finalmente.

SR