Diputados de la oposición expresaron un enérgico repudio ante la ola de despidos en la Comisión Nacional de Energía Atómica (CNEA) y lo enmarcaron en un “plan de desmantelamiento” y “vaciamiento” del sector que pone en severo riesgo la soberanía nuclear de la Argentina.

La controversia escaló luego de que las autoridades del organismo oficializaran la desvinculación de decenas de trabajadores contratados -que desempeñaban funciones profesionales, técnicas y administrativas- mediante notificaciones digitales.

El recorte, que alcanzaría a 62 trabajadores (ATE denunció que serían más de 100), impactó de lleno en áreas estratégicas dedicadas a proyectos de vanguardia en distintos centros atómicos del país.

La oposición remarcó que las bajas se dan en un contexto crítico, donde el organismo ya cuenta con una dotación inferior a la mínima requerida para garantizar servicios de energía nuclear, salud especializada y generación de insumos productivos.

La ola de cesantías provocó la reacción inmediata de los gremios del sector, principalmente de la Asociación de Trabajadores del Estado (ATE) y la Asociación de Profesionales de la CNEA (APCNEAN).

Desde el entorno de las autoridades de la CNEA intentaron minimizar el impacto afirmando que las bajas correspondieron a contratos iniciados durante el año 2023 y que no se verían afectados ingenieros nucleares ni personal técnico-especializado.

No obstante, los listados oficiales exponen que el recorte barrió con puestos de las gerencias en áreas clave.

Durante las jornadas de protesta, las inmediaciones y los pasillos de la sede central en el barrio porteño de Núñez fueron custodiados por efectivos de la Gendarmería Nacional, un hecho fuertemente cuestionado por la oposición.

Entre las iniciativas presentadas destaca el proyecto de resolución impulsado por la diputada nacional de Unión por la Patria Adriana Serquis para expresar el “más enérgico repudio institucional”.

El texto advierte que bajo la gestión de Javier Milei, el presupuesto de la CNEA sufrió una reducción del 45,4%, acumulando una caída del 53,8% desde su pico en 2022, lo que ubica la inversión por debajo de los niveles del año 2009.

Asimismo, se detalla un desplome del 53,4% en bienes de capital y un fuerte deterioro de la masa salarial, con sueldos profesionales que, en muchos casos, quedaron bajo la línea de pobreza.

Según se detalla, los salarios perdieron un 32,1% desde noviembre de 2023 y un 58,2% desde 2015.

La presentación también incluyó una dura condena al uso de la Gendarmería Nacional en las instalaciones atómicas.

“Repudiamos la utilización de la Gendarmería Nacional -fuerza destinada a cuidar la soberanía en las fronteras de la Patria- como custodia de la planta política designada para el ajuste en el sistema nuclear argentino”, señala el documento, denunciando el “maltrato institucional” hacia los trabajadores del sector.

En la misma sintonía, el diputado nacional de Provincias Unidas Pablo Juliano envió una nota formal al presidente de la Comisión de Ciencia, Tecnología e Innovación Productiva, Martín Yeza, solicitando una convocatoria urgente a una reunión informativa.

El objetivo es exigir precisiones sobre el alcance de las desvinculaciones, el estado de los proyectos estratégicos y el plan del Poder Ejecutivo para el sector.

Se prevé citar tanto a funcionarios nacionales como a gremios, científicos, tecnólogos y gobernadores provinciales.

A través de sus redes sociales, Juliano fue categórico al denunciar que las medidas exceden el plano fiscal y esconden un trasfondo mucho más grave.

“Lo disfrazan de ajuste fiscal, de pelea con los sindicatos. Es mentira. Atrás se asoma un plan: vaciar y entregar nuestra soberanía nuclear. Desde mayo, cualquier empresa privada, nacional o extranjera, puede recorrer la CNEA como si fuera un supermercado y elegir qué se lleva: el RA-10, el uranio, 70 años de conocimiento”, alertó.

El legislador advirtió que la sangría de personal ya acumula casi 500 bajas desde diciembre de 2023, afectando a cuadros altamente calificados que demandaron décadas de formación.

Según Juliano, el freno deliberado de proyectos y la devaluación de las capacidades estatales buscan “entregar en bandeja” el sector a inversores privados extranjeros.

En este sentido, el bonaerense citó las recientes declaraciones del secretario del Tesoro de los Estados Unidos, Scott Bessent, quien explícitamente señaló que la Argentina es rica en uranio y que existe un compromiso oficial para el ingreso de capitales norteamericanos en esa área.

“Argentina es la única potencia nuclear consolidada de América Latina. Fundir eso y regalar el conocimiento a cambio de nada es condenarnos al subdesarrollo”, concluyó el diputado radical.

Por su parte, la diputada nacional de Unión por la Patria Vanesa Siley expresó que “no se trata solamente de un ataque contra quienes sostienen cotidianamente la labor de la CNEA”.

“Es una ofensiva directa contra el desarrollo científico y tecnológico de nuestro país”, afirmó a través de sus redes sociales.

La Asociación de Trabajadores del Estado (ATE) denunció que despidieron a 100 trabajadores de la Comisión Nacional de Energía Atómica (CNEA) y endureció las medidas de fuerza, que incluyeron la toma del organismo y la represión por parte de Gendarmería. “Exigimos su reincorporación”, expresó el sindicato que representa al personal estatal.

Mediante sus redes sociales, el gremio, que es uno de los más refractarios al Gobierno nacional, cargó contra la gestión libertaria y acusó al oficialismo de “vaciar el órgano para rematarlo”. Apuntaron al titular de la CNEA, Martín Porro y desde el sindicato repudiaron “la brutal represión desatada en la CNEA”, al tiempo que exigieron “la reincorporación de todos los trabajadores ilegítimamente cesanteados” y prometieron “profundizar las medidas” de protesta.

El reclamo de los trabajadores

“Este Gobierno comete una nueva canallada al pretender despedir a casi 100 trabajadores de la Comisión. Las desvinculaciones afectan a profesionales, investigadores, técnicos y personal especializado con más de 10 años de antigüedad que sostienen áreas críticas del desarrollo nuclear argentino”, manifestó el colectivo sindical.

Ante este hecho, el gremio que conduce Rodolfo Aguiar informó que lleva adelante una permanencia “pacífica” en la sede central de la CNEA y exigió explicaciones a las autoridades acerca de las cesantías. 

“Están escondidos y evitan dar la cara ante los trabajadores”, planteó. ATE además indicó que las protestas están a la orden del día. “Se multiplican en las sedes del organismo en todo el país”, detallaron.

“Se trata de un claro intento de desmantelamiento que permita la privatización del organismo. Argentina es uno de los 3 países del hemisferio sur que tienen energía eléctrica por vía nuclear y quieren desarmar todo ese proyecto soberano de nuestro país. Están incurriendo en una ilegalidad manifiesta, el artículo 14 bis de nuestra Constitución Nacional consagra el derecho a la estabilidad laboral en el Estado. Si actúan al margen de la ley ¡Van a terminar todos presos!”, agregaron.

CNEA negó despidos: “Ningún investigador fue desvinculado”

Martín Porro, por su parte, negó los despidos desde sus redes sociales: “A pesar de los disturbios en la Sede Central de la CNEA, generados hoy por un grupo de manifestantes gremiales, quiero informar al sector nuclear argentino que no hubo despidos de personal científico ni estratégico. Sobre un universo de más de 300 contratados, se decidió no renovar 61 agentes que permanecían en la modalidad de 'plazo fijo'. La totalidad de esos contratos habían sido incorporados durante el año 2023 por la gestión de Adriana Serquis y desempeñaban funciones mayoritariamente administrativas”, dijo el funcionario.

Según el responsable de CNEA, “la medida forma parte de una serie de cambios que está implementando nuestra gestión desde su inicio, cuyo objetivo central es el crecimiento y la modernización de una estructura organizativa que necesita mayor dinamismo en todos sus proyectos”. Y remarcó: “Ningún operador licenciado, investigador, ni personal especializado fue desvinculado. Que quede claro, estamos buscando potenciar la CNEA, no disminuirla”.

Además, Porro apuntó conbtra los manifestantes y ATE: “Lamentablemente, un grupo de personas fogoneadas por la política, decidió violentar la paz con la que trabajamos en nuestra querida institución, pateando puertas, golpeando vidrios, amenazando a compañeros que estaban en sus puestos de trabajo. En ese contexto, la custodia permanente de Gendarmería Nacional con la que cuenta la CNEA, por tratarse de un organismo estratégico, actuó para proteger a las personas y las instalaciones, frente al ingreso violento e ilegal al edificio. Gracias a su actuación, el orden fue restablecido contundentemente”, manifestó.

El Gobierno asegura que la CNEA “no se desafinanció”

La Oficina de Respuesta Oficial (ORO) del Gobierno rechazó a fines de mayo las afirmaciones sobre el cierre y desfinanciamiento de la Comisión Nacional de Energía Atómica (CNEA), formuladas por el ministro bonaerense de Infraestructura, Gabriel Katopodis, y culpó a la gestión de Alberto Fernández de haber dejado a ese organismo “en terapia intensiva”.

“Gabriel Katopodis repudia el ‘cierre de la Comisión Nacional de Energía Atómica’ a pesar de que no hubo ningún anuncio de cierre del organismo. Por el contrario, hoy se cumplieron 76 años de su creación y el Gobierno Nacional anunció, a través de su Secretaría de Asuntos Nucleares, una nueva Política Nuclear”, señaló la ORO.

A través de un mensaje en su cuenta de X, la oficina gubernamental dijo que la actual administración está “enfocada en revalorizar la CNEA, generar nuevas industrias dentro del sector nuclear, impulsar la minería de uranio, promover la exportación tanto de productos con valor agregado como de servicios de ingeniería nuclear, y abrir el camino a inversiones privadas en nuevas tecnologías de avanzada”.

En su cuenta de X, Katopodis publicó un mensaje “rechazando el vaciamiento de un organismo estratégico en el que somos vanguardia mundial”, y afirmando que (el presidente Javier) Milei, (el ministro de Economía, Luis) Caputo y (el ministro de Desregulación, Federico) Sturzenegger la desfinancian y la vacían de investigación“.

“Parece que ”Kato“ inventa fantasmas para hacerse la foto. Durante el gobierno de Alberto Fernández —del que Katopodis fue ministro— y con Sergio Massa al frente de la economía, SÍ se aplicaron recortes reales en Ciencia y Tecnología que dejaron al sector en terapia intensiva”, agregó la ORO.

Agregó que “todos los proyectos que dice que este Gobierno ‘desfinanció’ vienen frenados desde el kirchnerismo. ¡Ahora viene a dar lecciones de ”defensa del conocimiento“! 

“El desastre que dejaron en la obra pública durante la gestión de Alberto Fernández es histórico: obras paralizadas, sobreprecios escandalosos y un festival de corrupción que llegó a los ojos de todo el mundo y que pagamos todos los argentinos”, subraya el texto.

Más adelante, el comunicado dice que “hoy, en la Provincia de Buenos Aires, al lado de Kicillof, sin ningún tipo de pudor, Katopodis repite la misma receta de ineficiencia, demoras y fracaso que tanto daño le hizo al país”.

“Para rematar el papelón -añade el escrito-, hoy se apareció con el trotskismo de ATE a ”marchar“ por la CNEA. El operativo duró poco tiempo: se sacaron rápido la foto, se saludaron entre ”compañeros“ y cada uno para su casa, porque era domingo. Un circo patético”.

La Oficina de Respuesta Oficial afirmó que “la CNEA no se cierra”, y puso de relieve que “los argentinos ya sabemos quiénes fueron los que la dejaron de lado cuando les tocó gobernar y quiénes, hoy, buscan revalorizarla”.

La polémica entre el Gobierno, gremios y jerárquicos de la CNEA

Los 94 jefes y jefas de sectores de la Comisión Nacional de Energía Atómica (acompañados por los cuatro gremios que representan a los trabajadores) que firmaron en abril pasado una nota dirigida a las máximas autoridades del organismo dejaron al descubierto que en tres meses de gestión incumplieron promesas, no dialogan y hasta rompieron la tradición institucional de presentarse en cada uno de los Centros Atómicos al inicio de su gestión para exponer, públicamente, sus planes de trabajo, expectativas y propuestas de solución a los graves problemas que aquejan a la Casa.

Precedió esta manifestación pública al anuncio del secretario de Asuntos Nucleares, Federico Ramos Napoli, en abril, de una reestructuración integral de la Comisión Nacional de Energía Atómica (CNEA) con el objetivo de corregir ineficiencias históricas y avanzar hacia un modelo con generación de ingresos propios.

El funcionario sostuvo que el 50% del área nuclear son administrativos y que el organismo fue utilizado durante décadas como “aguantadero de la política”, lo que derivó en una duplicación de la dotación de personal sin el desarrollo de nuevas fuentes de financiamiento.

APCNEAN le retrucó diciéndole que “la CNEA aún tiene la capacidad de generar ingresos propios a pesar de que en gobiernos ´liberales´ como el que usted integra la hayan desmembrado quitándole sus actividades más rentables, como son las centrales nucleares”.

Y cerraron que “no existen en el mundo organismos de investigación y desarrollo que se autofinancien de manera directa e inmediata, si esa es su pretensión, porque trabajan para producir resultados a mediano y largo plazo”. 

Recorte de personal

Los jerárquicos habían puntualizado, en tal sentido, que el personal de planta de la CNEA ha disminuido, en algo más de dos años, en 300 agentes, “sin haberse producido ninguna acción destinada a detener una sangría lenta pero claramente direccionada. 

“Es ocioso repetir, pero lo hacemos una vez más, que una de las causas principales de las renuncias registradas en el último período, aunque no la única, es el ya insostenible deterioro salarial”, destacaron.

La Asamblea de Trabajadores del Centro Atómico Bariloche junto a ATE CNEA, AT CNEA, AP CNEA, ATE Conicet y la Comunidad del Instituto Balseiro precisaron en un documento que “la planta de personal se redujo de 3336 trabajadores en septiembre de 2025 a 3205 en febrero de 2026, lo que implica más de cien puestos menos en pocos meses”.

También remarcaron la situación de 342 trabajadores con contratos trimestrales, a quienes califican como parte de un esquema de precarización “inaceptable”, y advierten que becarios y becarias sostienen tareas científicas y tecnológicas esenciales en condiciones laborales precarias.

Provocación

Por su parte, desde la APCNEAN tildaron de “provocación” los dichos en redes redes sociales del ex secretario de Karina Milei, quien -pusieron de relieve- evitó hablar de los gravísimos problemas salariales, presupuestarios, de corrupción y hasta de incidentes con materiales radiactivos de su gestión.

Y que tampoco dijo nada de la carta que plantea los graves inconvenientes para funcionar del organismo de ciencia y tecnología.

Le reprochan que haya elegido “responder con agravios y descalificaciones a un reclamo serio, en lugar de dar explicaciones por el vaciamiento y la expulsión de personal técnico altamente capacitado que están provocando”.

Señalaron y remarcaron que “la CNEA es una institución estratégica con el mayor prestigio internacional”. 

Y que “en las últimas décadas fue clave en la construcción y puesta en marcha de Atucha II, la extensión de vida de la Central Nuclear Embalse, la construcción de centros de medicina nuclear y radioterapia en todo el país, la producción de radioisótopos, la construcción local y en el exterior de reactores de investigación y el desarrollo de tecnología satelital, entre tantos otros proyectos”, según enumeraron.

El plan que no vio la luz

Ya un par de meses antes, los trabajadores del Centro Atómico Bariloche habían reclamado contra la asfixia presupuestaria en el sector de energía nuclear

Había transcurrido poco más de un año de que el presidente Javier Milei asegurara que “la energía nuclear tendrá su retorno triunfal”, en medio del anuncio del mega Plan Nuclear Argentino que iba a “posicionar a la República Argentina como un líder global en el uso pacífico de la energía atómica”.

El jefe de Estado indicaba que “después de décadas de declive, un ”plan ambicioso marca el renacer de la energía nuclear como la piedra angular del futuro energético argentino y mundial, en un contexto global en el que la Inteligencia Artificial y los avances tecnológicos demandan cada vez más energía“.

Las novedades desde entonces consistieron en denuncias de corrupción y sobreprecios contra Demián Reidel, uno de los alfiles del proyecto, y contra la cúpula de Nucleoeléctrica, desmanejos en el área de combustibles nucleares con denuncias de accidentes con materiales radiactivos hasta despidos y salarios que nada tienen que ver con un Plan de Desarrollo en un sector estratégico.

Después de que la Cámara Nacional de Apelaciones del Trabajo anulara las elecciones nacionales de la Unión Obrera Metalúrgica, desplazara de su cargo al secretario general, Abel Furlán, y dispusiera la intervención judicial de la UOM por un plazo de 180 días, período en el que deberá convocarse a nuevos comicios, el Frente de Sindicatos Unidos (FreSU) marchó este martes en la sede central de los metalúrgicos.

“No naturalizar y resistir la intervención a la UOM es nuestra obligación. Se trata de un golpe al corazón de todo el movimiento obrero argentino. Quiere disciplinar a toda la clase trabajadora para que no discutamos la distribución del ingreso. Nos quieren mansitos y obedientes para aumentar aún más sus ganancias inescrupulosas”, señaló Rodolfo Aguiar, Secretario General de ATE Nacional.

Según el fallo de la Sala VIII del tribunal laboral, que además declaró nulas las elecciones realizadas en la seccional Campana, esos comicios y los nacionales celebrados el 18 de marzo eran “inescindibles”, por lo que la nulidad de la primera arrastró la invalidez de la segunda. “Si una es nula, también la otra lo es”, sostuvo el juez de Cámara Víctor Arturo Pesino en el voto al que adhirió la magistrada María Dora González. Y dispusieron la intervención de la UOM, sacando a Furlán de la conducción, lo que provocó la reacción de todo el arco gremial.

Los jueces que firmaron la intervención, Víctor Pesino y María Dora González, son los mismos que avalaron la reforma laboral de Milei. Además, pocos días después de validar la norma --la cuál restringe derechos laborales y sindicales de los trabajadores--, el juez Pesino obtuvo una prórroga de su mandato en la Cámara de Apelaciones del Trabajo, Sala VIII, a pesar que debía jubilarse al cumplir en junio 75 años.

“Los mismos jueces de la Cámara del Trabajo que avalaron la reforma laboral de Javier Milei, Víctor Pesino y María Dora González, avanzaron sobre la Unión Obrera Metalúrgica con un fallo arbitrario y antidemocrático, que avasalla la autonomía de nuestra organización. La UOM es el principal sindicato industrial de la Argentina y este ataque llega en el mismo momento en que venimos enfrentando a las principales patronales del sector para defender el salario de los trabajadores metalúrgicos, después de una pérdida salarial brutal de los últimos dos años”, denunciaron desde la central que nuclea a los metalúrgicos.

Asimismo, advirtieron que se trata de “una operación política, judicial y empresaria que venimos denunciando desde hace meses y que tuvo siempre un único objetivo: disciplinar a la UOM, debilitar nuestra capacidad de lucha y garantizarles a las patronales salarios de hambre y trabajadores sin capacidad de organización”.

Trabajadores de la Administración Nacional de Aviación Civil (ANAC), la Empresa Argentina de Navegación Aérea (EANA) y el Servicio Meteorológico Nacional (SMN) convocaron a una jornada nacional de lucha que se desarrollará en más de 20 aeropuertos del país, en rechazo al desfinanciamiento de los organismos vinculados al sistema aerocomercial.

La medida fue definida en una asamblea virtual en la que participaron más de 200 delegados y dirigentes sindicales de los tres sectores, y en la que se acordó realizar este viernes 15 de mayo asambleas, movilizaciones y entrega de volantes en distintas terminales aéreas. El objetivo es visibilizar el conflicto y advertir sobre las condiciones laborales y operativas en el sector, según informaron fuentes gremiales.

El coordinador nacional de ATE-ANAC, Marcelo Belelli, confirmó la convocatoria y criticó la postura del Gobierno nacional, que calificó como “totalmente inflexible” y “sin ninguna vocación de diálogo”. Según explicó, el reclamo unificado surge de la necesidad de defender organismos públicos clave para el funcionamiento del sistema aerocomercial, en un contexto que —según denuncian— combina recortes presupuestarios, atraso salarial y despidos.

Uno de los focos principales del conflicto es la situación del Servicio Meteorológico Nacional, donde se registraron cesantías recientes. Desde los gremios sostienen que este tipo de medidas impacta directamente en la seguridad operativa, ya que el SMN cumple un rol crítico en la previsión de condiciones meteorológicas para la aviación.

Belelli señaló que desde comienzos de año existe un incumplimiento salarial por parte del Gobierno, y advirtió que la falta de respuestas alimenta el malestar en el sector. “No hay respuestas”, afirmó el dirigente, al tiempo que cuestionó la negativa oficial a abrir instancias formales de negociación.

Los trabajadores también apuntan a la falta de inversión en áreas sensibles. En ese sentido, remarcaron que el proceso de modernización del sistema aerocomercial —que incluye proyectos de automatización y digitalización— no cuenta, según su visión, con los recursos necesarios para sostenerse en la práctica. “Se habla de automatizar procedimientos, pero no hay inversión tecnológica para hacerlo”, sostuvo Belelli.

Desde el ámbito sindical advierten que el ajuste en organismos de control como ANAC y EANA podría tener consecuencias en la seguridad operacional, ya que estos entes cumplen funciones centrales en la regulación, supervisión y gestión del tráfico aéreo. Según indicaron, la combinación de recortes, falta de personal y deterioro salarial genera un escenario de riesgo tanto para los trabajadores como para los usuarios del transporte aéreo.

La jornada de protesta contará además con el respaldo de distintos referentes del sector aeronáutico y sindical, entre ellos Pablo Biró (APLA), Horacio Calculli (Aeronavegantes y CATT), Rodrigo Borrás (APA), Gonzalo Bello (UPSF) y Joselo Cal Mora (Sipreba), quienes participaron de la asamblea que definió las medidas.

En este contexto, la convocatoria a protestas en aeropuertos de todo el país expone un nuevo frente de conflicto en el sector aerocomercial, en un momento en que la actividad registra crecimiento en operaciones y demanda, pero enfrenta tensiones internas vinculadas al financiamiento y la política laboral del Estado.

Qué dijo Aguiar desde ATE

Rodolfo Aguiar, secretario general de ATE, explicó en sus redes sociales las medidas de fuerza: “No han existido respuestas concretas a las demandas que tenemos los trabajadores. Estamos frente a un Gobierno que se reitera en el incumplimiento de acuerdos”.

Además, de acuerdo al dirigente sindical, “las conciliaciones obligatorias resultaron en todos los casos inconducentes para resolver el conflicto. Este viernes vence el mes de preaviso que le dieron a 140 trabajadores que serían despedidos. Además ya hay 25 estaciones meteorológicas que funcionan de manera parcial no realizando controles de noche”.

Según Aguiar, “esto afecta la seguridad de todas las operaciones. En la ANAC, el Gobierno continúa sin materializar un aumento que ya estaba acordado e incluso liquidado en todos los recibos de haberes”.

“Hay un Gobierno que está empecinado en atacar las consecuencias que genera una medida de fuerza en los aeropuertos pero nunca en tratar de solucionar las causas que generan el conflicto. Si no se garantiza la continuidad laboral de todos los agentes del SMN y no se avanza con los incrementos salariales que fueron pautados, la próxima semana vamos al paro”, adevirtió Aguiar.

Con información de agencias.

El sindicato Asociación de Trabajadores del Estado (ATE) lleva adelante este martes un paro nacional en reclamo de la reapertura de paritarias. “El Gobierno sigue destrozando los salarios y fracasó a la hora de bajar la inflación, ya que la misma sigue en aumento. El poder adquisitivo está en caída libre y en este momento el endeudamiento de todos los hogares es total”, se quejó el titular del gremio, Rodolfo Aguiar, en sus redes.

En ese contexto, se suma el sistema aerocomercial argentino, con los trabajadores nucleados en ATE‑ANAC, que harán movilizaciones en Aeroparque y otros aeropuertos del país.

La medida, que incluye un cese de actividades durante la realización de asambleas informativas y protestas, podría generar demoras e incluso cancelaciones en algunos servicios aéreos a lo largo de toda la jornada, según confirmó a la Agencia Noticias Argentinas, el titular del gremio, Marcelo Belelli.

La protesta se produce tras el fracaso de las negociaciones paritarias con el Gobierno nacional y se inscribe en un escenario más amplio de confrontación entre la administración de Javier Milei y los sindicatos estatales, en un contexto de ajuste fiscal, congelamiento salarial y reestructuración del Estado.

Quiénes paran y por qué

La medida de fuerza involucra principalmente a los controladores terrestres y trabajadores de ANAC afiliados a ATE, un sector clave para el funcionamiento cotidiano de la aviación civil. Aunque no se trata de controladores aéreos en sentido estricto —cuyas medidas suelen estar sujetas a restricciones legales especiales—, la participación de personal de ANAC puede impactar en procesos administrativos, inspecciones, habilitaciones y coordinación operativa, con efecto directo en la programación de vuelos.

Desde el gremio explicaron que el conflicto salarial lleva meses sin resolverse y que el Gobierno “no tiene voluntad política” para destrabar la situación. Según ATE‑ANAC, la gestión nacional incumplió acuerdos previos, incluida la conciliación obligatoria, y avanzó con normativas que buscarían limitar el derecho a la protesta, incluso cuando el sindicato acató los plazos legales.

Con la conciliación vencida, ATE considera que se encuentra en libertad de acción y decidió retomar y profundizar el plan de lucha.

Movilización a Aeroparque y alcance nacional

Uno de los puntos centrales de la jornada será la movilización a Aeroparque Jorge Newbery, con concentración prevista a partir de las 12 del mediodía en la intersección de avenida Costanera Rafael Obligado y Jerónimo Salguero. Desde allí, los manifestantes se desplazarán hacia la terminal aérea.

Además de Aeroparque, ATE anunció acciones y asambleas en distintos aeropuertos del país, lo que amplía el alcance de la protesta y eleva el riesgo de afectaciones en vuelos de cabotaje y regionales. El propio gremio advirtió que no se descartan nuevas medidas si no hay respuestas oficiales.

Aguiar: “No existe voluntad para avanzar en un proceso de recuperación salarial”

El secretario general de ATE Nacional, Rodolfo Aguiar, ratificó públicamente la medida este lunes por la mañana con un mensaje de tono confrontativo hacia el Gobierno. En un posteo en la red X, sostuvo que la administración Milei “no dio una sola señal que permita pensar que va a reabrir las paritarias” y que “no existe voluntad para avanzar en un proceso de recuperación salarial”.

Aguiar denunció que, agotadas todas las instancias de diálogo, el sindicato optó por profundizar las medidas de fuerza y advirtió que, frente a las amenazas de recorte, “la motosierra los va a terminar cortando a ellos”, en referencia al discurso oficial sobre ajuste del gasto público.

El dirigente también difundió un comunicado del Consejo Directivo Nacional de ATE que convoca a una “jornada nacional de lucha y protesta” con paros, concentraciones y acciones públicas en toda la administración pública nacional, provincial y municipal.

Los reclamos: salario, estabilidad y rechazo al ajuste

Si bien el conflicto inmediato en ANAC es salarial, el pliego de reclamos de ATE para el paro de este 21 de abril es más amplio y refleja una agenda sindical integral frente a la política económica del Gobierno. Entre las principales demandas figuran:

Desde ATE‑ANAC remarcaron que sostuvieron durante meses una estrategia de diálogo y conciliación, pero que del lado oficial no encontraron respuestas. “Nunca hubo como objetivo resolver el conflicto, sino perjudicar a quienes sostenemos el funcionamiento del sistema aeronáutico”, expresaron en un comunicado.

El comunicado de ATE

Por medio de la presente, la Asociación Trabajadores del Estado (ATE), Consejo Directivo Nacional, comunica a esa Secretaría que el día 21 de abril se llevará a cabo una Jornada Nacional de Lucha y Protesta, que incluirá paros, acciones públicas y movilizaciones en todo el territorio nacional, en las administraciones nacionales, provinciales y municipales.

La medida se enmarca en la grave situación que atraviesan los trabajadores y trabajadoras del Estado, producto de las políticas económicas implementadas por el Gobierno Nacional, que han generado pérdida del poder adquisitivo, despidos, cierres de organismos, desfinanciamiento de áreas esenciales y un deterioro generalizado de las condiciones laborales.

Entre los principales reclamos se destacan: – Recomposición salarial urgente. – Reincorporación de todos los trabajadores despedidos. – Cese de las políticas de ajuste y achicamiento del Estado. – Defensa de los organismos públicos y rechazo a cualquier intento de privatización. – Regularización de los vínculos laborales precarios. – Apertura de paritarias libres y sin techo.

El sindicato Asociación de Trabajadores del Estado (ATE) convocó a un paro nacional para el 21 de este mes en reclamo de la reapertura de paritarias.

La decisión se conoció en el marco de un plenario del gremio que reunió a las seccionales de todas las provincias, tendiente a definir medidas de fuerza para reabrir las paritarias.

“El Gobierno sigue destrozando los salarios y fracasó a la hora de bajar la inflación, ya que la misma sigue en aumento. El poder adquisitivo está en caída libre y en este momento el endeudamiento de todos los hogares es total”, se quejó el titular del gremio, Rodolfo Aguiar, en sus redes.

Al respecto, dijo que “las paritarias en la administración pública tienen que abrirse de manera inmediata y si no lo hacen los vamos a llenar de conflictividad”.

“El Gobierno está pasando su peor momento. Están débiles y tenemos que seguir golpeándolos, tenemos que seguir con los paros”, finalizó el dirigente.

Con información de Noticias Argentinas

JIB

En medio del sacudón que envuelve al Gobierno tras las sospechas por el crecimiento del patrimonio del jefe de Gabinete, Manuel Adorni, tras conocerse propiedades a su nombre y un viaje familiar a Punta del Este en avión privado que no se compatibilizan con los ingresos consignados por el funcionario libertario en la última declaración jurada prsentada, una denuncia contra el gerente de la Superintendencia de Servicios de Salud (SSS), Mario Gutiérrez, en la que se lo acusa de enriquecimiento ilícito, lavado de activos y falsedad ideológica de la creación jurada, y de aumentar casi 30 veces su patrimonio en dos años, la Asociación Trabajadores del Estado (ATE) encabeza este viernes una protesta desde las 12 frente a la sede del organismo, en Bartolomé Mitre 434, Ciudad de Buenos Aires.

“Todos los días aumenta la corrupción en el Gobierno. La conducta desplegada por las autoridades de la Superintendencia es inaceptable. Exigimos una explicación detallada ya que las graves irregularidades y los delitos que se están cometiendo comprometen la transparencia de la institución y deterioran la confianza pública”, indicó Rodolfo Aguiar, Secretario General de ATE Nacional.

En este marco, el dirigente agregó: “El intento de llevar adelante un vaciamiento del organismo es un ataque directo a la capacidad que tiene el Estado de garantizar servicios esenciales. Es notoria la incapacidad de gestión que tienen en esta institución y afectan el acceso a la salud de los sectores sociales más vulnerables”.

“¿Cómo se explica que digiten controles a las obras sociales más chicas mientras miran para otro lado frente a los incumplimientos groseros de las empresas de medicina prepaga? ¿O que a algunas obras sociales les están permitiendo el cobro de coseguros, aranceles o plus diferenciados que son ilegales?”, cuestionó el gremialista. Y agregó: “La Superintendencia ha funcionado durante décadas gracias a la exclusiva responsabilidad, esfuerzo, sacrificio, vocación de servicio y profesionalidad de sus trabajadores. No vamos a permitir que la destruyan”.

“Los funcionarios actúan de manera dolosa porque le quieren favorecer los multimillonarios negocios a las empresas de medicina privada. Vinieron a saquear y destruir el sistema nacional de obras sociales y no vamos a permitir que lo hagan”, concluyó Aguiar.

El sindicato además brindará una conferencia de prensa desde las puertas del organismo a las 12 del mediodía.

La denuncia anónima fue radicada en el juzgado Criminal y Correccional Federal Nro. 11 (secretaría 22), bajo el número CFP 1086/26, y también en la Oficina Anticorrupción.

El funcionario, que fue designado como gerente de Administración de la SSS a partir del 1° de agosto de 2024, luego de haberse desempeñado como subgerente de Control Prestacional de Medicina Prepaga, figura como deudor tipo 1 en el Banco Central y no puede justificar gastos de tarjeta de crédito por 60 millones de pesos. De acuerdo a la denuncia, en su DD.JJ. no se registran herencias, donaciones ni otros ingresos extraordinarios que justifiquen su evolución patrimonial.

Otro de los ejes de la denuncia apunta a la presunta falsedad en la declaración jurada. Mientras el funcionario consignó no tener deudas al cierre de 2024, los registros de la Central de Deudores del Banco Central de la República Argentina reflejan obligaciones superiores a los 12 millones de pesos en ese mismo período, distribuidas entre distintas entidades financieras, de acuerdo a lo que informa Infogremiales. Además, en enero de 2025, una de esas deudas se incrementó en más de 27 millones de pesos en un solo mes, sin correlato en los ingresos declarados.

La presentación judicial también detalla la adquisición de bienes de alto valor en los primeros meses de gestión: una camioneta Chevrolet TrailBlazer, una motocicleta de alta gama y un incremento de US$ 400 a más de US$11.000 en apenas siete meses, también sin origen declarado.

Como gerente de Administración de la SSS, Gutiérrez tiene intervención directa en la ejecución presupuestaria del organismo, la emisión de órdenes de pago y la supervisión de contrataciones.

Paralización del organismo y amenaza de despidos

En este marco, ATE denunció que las autoridades “ordenaron una paralización intencional del organismo cajoneando los reclamos de los usuarios, siendo este un ataque al derecho a la vida de las personas”.

Ante esta situación, el sindicato realizó el pasado viernes “paros a la japonesa” que consistieron en redoblar el esfuerzo de los trabajadores para acelerar la resolución de reclamos, con el objetivo de “mostrar el papel central que cumple el personal del organismo en la defensa del derecho a la salud”.

El gremio de estatales también acusó al superintendente Claudio Stivelman de generar “una paralización intencional del organismo cajoneando los reclamos de los usuarios, siendo este un ataque al derecho a la vida de las personas”.

“Es evidente que el superintendente y sus funcionarios están desplegando conductas delictivas. Intentan paralizar todas las tramitaciones para vaciar el organismo y evitar de esta manera controlar a las prepagas. No existen dudas acerca de que desde la Superintendencia se favorecen negocios multimillonarios a cambio de la muerte de numerosos pacientes”, denunció Rodolfo Aguiar.

La medida de fuerza se votó a través de una asamblea en la sede central del organismo, informó el gremio en un comunicado.

“Están llevando adelante un accionar de extrema gravedad como es ocultar y frenar un gran número de expedientes con reclamos y es por eso que hemos definido esta medida de fuerza a la japonesa. Vamos a atender en la puerta para ponerlos en evidencia”, agregó Aguiar.

Además, el sindicato pudo verificar que la Superintendencia maneja con discrecionalidad la aplicación de sanciones, evitando multar a las grandes empresas de medicina prepaga y actuando con dureza contra las obras sociales más chicas, las cuales pretenden extinguir.

ATE también manifestó que la gestión actual del organismo promueve un sistema de mediación prejudicial no obligatoria denominado “PROMESA”, que trasladará los costos al beneficiario y fomentará la judicialización de los conflictos.

Esta situación se suma al reclamo por la obra social Unión Personal, la cual aplica coseguros diferenciados a trabajadores estatales que no estén afiliados a UPCN, una práctica discriminatoria e ilegal, como así también coseguros para las intervenciones quirúrgicas, los cuales violan el Plan Médico Obligatorio.

Con información de agencias, ATE e Infogremiales.

En la previa de un nuevo paro aéreo, el Gobierno decidió intervenir y dictó la conciliación obligatoria para desactivar el conflicto. La medida busca frenar las acciones anunciadas por trabajadores de la Asociación Trabajadores del Estado (ATE) y de la Administración Nacional de Aviación Civil (ANAC), quienes reclaman una recomposición salarial y habían convocado a una huelga nacional para este miércoles.

Según lo informado por el gremio, las medidas iban a desplegarse entre este miércoles 18 y el 24 de marzo en 27 aeropuertos del país, con cese de actividades en dos franjas horarias —de 9 a 12 y de 17 a 20—, lo que anticipaba complicaciones en la operación aérea, con demoras y cancelaciones en medio del fin de semana largo.

Frente a este panorama, el Ministerio de Capital Humano, mediante la Secretaría de Trabajo, Empleo y Seguridad Social, dispuso la conciliación obligatoria por 15 días a partir de las 9 del 18 de marzo. El objetivo de la medida es garantizar la prestación de los servicios y abrir un canal de negociación entre las partes.

La resolución establece que el sindicato deberá levantar cualquier medida de fuerza y que los trabajadores tendrán que retomar sus tareas habituales. A su vez, la ANAC deberá evitar la aplicación de sanciones o represalias y asegurar el normal funcionamiento del sistema.

Además, tanto el gremio como el organismo deberán retrotraer la situación al momento previo al inicio del conflicto. Desde el Ejecutivo insistieron en la necesidad de sostener el diálogo como vía para resolver la disputa y convocaron a las partes a negociar en un marco que preserve el interés general y la paz social.

Con información de medios

JIB

La Asociación de Trabajadores del Estado (ATE) en la Administración Nacional de Aviación Civil (ANAC) anunció un paro que afectará a todos los aeropuertos del país durante seis días, en reclamo por aumentos salariales que, según el gremio, no fueron abonados por el Gobierno nacional.

La medida de fuerza se desarrollará desde el miércoles 18 hasta el martes 24 de marzo y se realizará en dos franjas horarias diarias: de 9 a 12 y de 17 a 20. Durante esos períodos solo estarán habilitados los vuelos humanitarios, sanitarios y oficiales, mientras que entre las 13 y las 16 la actividad aeroportuaria funcionará con normalidad.

Desde el sindicato explicaron que la protesta responde al incumplimiento de los incrementos salariales acordados previamente con el Ejecutivo. En ese marco, advirtieron que podrían registrarse demoras, cancelaciones o reprogramaciones de vuelos durante los días de la medida.

El secretario general de ATE, Rodolfo Aguiar, cuestionó con dureza al Gobierno a través de sus redes sociales. “Mientras algunos funcionarios ‘deslomados’ se divierten llevando a sus esposas al exterior, los trabajadores siguen cobrando salarios de pobreza”, sostuvo.

Además, el dirigente sindical remarcó que cualquier alteración en los vuelos será “exclusiva responsabilidad del Gobierno nacional”. En la misma línea, agregó: “Sin sueldos dignos no hay trabajadores, y sin trabajadores no hay Estado”.

El paro se suma a otras medidas de fuerza impulsadas por trabajadores del sector aeronáutico en lo que va de 2026, en medio de un conflicto salarial que continúa sin resolución.

Con información de medios

JIB

La Asociación Trabajadores del Estado (ATE) ratificó este lunes su paro de 24 horas para el miércoles con movilización al Congreso en demanda a los senadores para que rechacen el proyecto de reforma laboral. De esa forma, llamó a los trabajadores a “parar igual”, aunque la CGT no haya convocado a una huelga general.

Tras un plenario de delegados, el secretario general del sindicato, Rodolfo Aguiar, sostuvo que “hay que parar igual. Aunque una de las centrales no haya convocado, igual hay legalidad. Todos los trabajadores del sector público y de las distintas ramas de la actividad privada están amparados porque las CTA tienen personería jurídica”, aclaró.

Para Aguiar, “sería un error grave frente a una reforma laboral demoledora para los trabajadores privarlos de ejercer el derecho de huelga”, señaló el dirigente estatal en un comunicado.

La concentración de ATE será a partir de las 12 en la esquina de Bernardo de Irigoyen y Avenida de Mayo.

En este marco, el referente de ATE apuntó que “tenemos que paralizar todas las actividades para este miércoles impedir los sobornos en el Senado y ponerle fin a la especulación de los gobernadores. Los mandatarios que avalan esta reforma están firmando su propia sentencia de muerte y las de sus provincias”.

“Los senadores debieran defender los intereses del pueblo y no ser los levantamanos de cuatro o cinco grandes empresarios. Si la reforma se aprueba, habremos retrocedido más de cien años”, concluyó Aguiar.

Días atrás, el dirigente sindical ya había sentado su posición públicamente cuando la CGT decidió no parar y optó por una movilización para este miércoles. No convocar a una huelaga “es una oportunidad perdida para el movimiento obrero”, dijo Aguiar en un posteo en redes sociales.

“Confrontar en unidad una reforma que aniquila todos los derechos laborales nos da la posibilidad de recuperar una buena parte de la confianza perdida frente a la sociedad. El pueblo reclama que cada una de las instituciones cumpla con el rol asignado por la democracia. En el caso de los sindicatos y las centrales obreras, es la defensa incondicional de los intereses de los trabajadores y sus familias. ¿Cómo se explica que se haya ido al paro contra el DNU 70/23 y ahora, que se profundiza la flexibilización de aquella norma, que se pretende consolidar una precarización y explotación sin precedentes en democracia, no se convoque a una medida de acción directa?”, se preguntó. Y advirtió: “Los trabajadores estamos marchando directo al matadero. La postura dialoguista de algunos dirigentes puede llevarnos a la extinción”.

Aguiar y Pablo Moyano, más cerca

Rodolfo Aguiar se reunió en las últimas con Pablo Moyano y contó en redes sociales que ambos coincidieron en “consolidar y hacer crecer el frente sindical es un mandato de los trabajadores y una imperiosa necesidad para la confrontación contra el Gobierno de Milei”.

“También estamos de acuerdo en que no podemos esperar nada del Presidente y de su gabinete, que están completa y absolutamente subordinados al poder empresarial local y al transnacional. Empezamos a coincidir, a encontrarnos los dirigentes y gremios que consideran que en este tiempo histórico y con este gobierno el diálogo es inconducente”.

Para el líder de trabajadores estatales, “el frente sindical tiene que batallar hasta su último aliento para derrotar la reforma laboral, pero también tiene que trascenderla porque se trata de derrotar las políticas del oficialismo. Este Gobierno no tiene un programa económico, tiene un plan de negocios. Tenemos que impedir que se afiance un modelo de saqueo y empobrecimiento”, sentenció Aguiar.

La respuesta de Aguiar frente al desprecio de Adorni

El jefe de Gabinete, Manuel Adorni, menospreció días atrás en una entrevista con Infobae los reclamos de las centrales obreras frente a la reforma laboral y apuntó en particular contra el líder de los trabajadores estatales al referirse a Rodolfo Aguiar como “el chiquito este de ATE que hace videítos en redes sociales”. Y la respuesta del dirigente gremial llegó a través de su cuenta de X: “Hablan mucho de meritocracia, pero vos, Manuel Adorni, sos el claro ejemplo de que un burro puede llegar a ser jefe de Gabinete (con el perdón de los burros). ¿Me decís chiquito a mí? Chiquito tu cerebro. Me parece que no te molestan mis 'videítos', lo que realmente te molesta es que estemos en la calle”.

Y fue más allá contra los dichos del exvocero: “A pesar de que cobrás millones del Estado, tu ignorancia es mayúscula. ¡Ni siquiera leíste el proyecto! La reforma sí afecta al empleo público porque numerosos organismos se rigen por la Ley Contrato de Trabajo; cambia la presunción del vínculo laboral del monotributo y eso legitima el fraude laboral que se comete con miles de trabajadores del Estado nacional, en las provincias y en los municipios; y además cambia el fuero para los reclamos judiciales de los estatales, sacándolo de la Justicia Laboral y llevándolo al Contencioso Administrativo. Y te cuento que el 43% de infoormalidad, los bajos salarios y la destrucción del empleo de los cuales hablás son exclusiva responsabilidad de las políticas económicas de TU GOBIERNO. La legislación laboral no crea o destruye empleo. En este caso, son ustedes los que lo están destruyendo”, concluyó Aguiar.

Con información de NA.

IG

“Los gobernadores son cagones”. El jefe del gremio de los estatales, Rodolfo Aguiar, no buscó medias tintas en la protesta de más de 100 sindicatos en Córdoba contra la reforma laboral del Gobierno. Este jueves ATE, la UOM, Aceiteros y Aeronáuticos, entre otros, movilizaron en el centro de la capital cordobesa para presionar contra Martín Llaryora y el resto de los mandatarios provinciales que acompañarían al oficialismo en la votación del próximo miércoles.

La protesta de los gremios duros buscó también enviarle un mensaje a la CGT, que recién este viernes reúne a su mesa directiva para definir qué hacer la semana que viene. Mientras tanto, el Gobierno continúa negociando con gobernadores y legisladores opositores aliados para asegurarse los votos para la media sanción.

El Frente de Sindicatos Unidos (FreSU) realizó un acto en Córdoba y marchó por varias calles céntricas. “Son cagones, su cobardía nos está llevando puestos a los argentinos”, planteó Aguiar, que se mostró junto con Abel Furlán, jefe de los metalúrgicos y quien presiona dentro de la CGT para que haya un paro general el día de la sesión. “Le temen y se subordinan a quien quiere exterminarlos. Después de (Martín) Llaryora y (Maximiliano) Pullaro, tenemos que ir por esos peronistas con peluca que empezaron a aparecer”, completó el referente sindical, en referencia a quienes conducen los destinos de Córdoba y Santa Fe. El martes el frente volverá a manifestarse, esta vez en Rosario.

De acuerdo el titular de ATE, “todas las provincias están quebradas por culpa del modelo económico de Javier Milei, pero resulta que los gobernadores piensan que se van a salvar entregando los derechos de los trabajadores. Se trata de una iniciativa que no sólo va contra los trabajadores, sino contra toda la Argentina. Una modificación parcial de este proyecto o su posterior judicialización si resulta aprobado no sirve de nada. Se tiene que caer completa. Son la AEA (Asociación Empresaria Argentina) y la UIA (Unión Industrial Argentina), o nosotros. No hay término medio”, concluyó el gremialista.

Ya en el acto, también se expresó Furlán: “No podemos seguir naturalizando que la Secretaría de Trabajo nos imponga pauta para discutir paritarias por debajo de la inflación”.

Plan de lucha

El frente sindical continuará su plan de acción el martes 10 de febrero en Rosario, Santa Fe. Además, ATE anunció un paro nacional de los estatales con movilización al Congreso el día que se trate la iniciativa en el Senado.

Desde el gremio de los trabajadores estatales señalaron que el capítulo fiscal de la reforma laboral daña directamente a las provincias, ya que la reducción de las alícuotas de impuestos, como Ganancias para grandes empresas, tiene un impacto anual de 1,9 billones de pesos menos en las recaudaciones, de los cuales al Gobierno Nacional le corresponden $790.000 millones y al conjunto de provincias y Ciudad Autónoma de Buenos Aires (CABA) $1,12 billones.

Diversas agrupaciones sindicales y sociales llevarán a cabo este jueves a las 15 una movilización “multitudinaria” hacia Plaza de Mayo en rechazo al proyecto de ley de Modernización Laboral impulsado por el oficialismo.

Así lo había anunciado la CGT el lunes último, después de una reunión del Consejo Directivo del triunvirato que componen Jorge Sola, (Seguros), Cristian Jerónimo (Industria del Vidrio) y Octavio Argüello (Camioneros).

Se dispondrá un escenario en Plaza de Mayo para que haya oradores que expresen el rechazo del movimiento obrero contra el proyecto de reforma que se debatía en el Senado.

Por su parte, la Asociación de Trabajadores del Estado (ATE) también confirmó su presencia en la movilización y anunció además un paro nacional para la misma jornada.

El secretario general del gremio, Rodolfo Aguiar, señaló en declaraciones a la Agencia Noticias Argentinas que deben “pudrírsela a los gobernadores en sus territorios” porque la reforma laboral y el presupuesto “terminarán de aniquilar a las provincias”.

Asimismo, las dos fracciones de la CTA, de los Trabajadores y Autónoma, participarán también de la marcha, así como el gremio UTEP, que representa a los trabajadores de la economía popular.

Hugo Godoy, secretario general de la CTA-A, sostuvo que el proyecto tiene un objetivo “regresivo y contrario” con respecto a los derechos de los trabajadores, del mismo modo que Hugo Yasky, de la CTA-T, indicó que los cambios que se plantean “en casi 30 países del mundo persiguen ”mejorar“ las condiciones laborales, ”regular a las compañías de plataformas“, ”otorgar nuevas licencias“, ”reducir la jornada de labor“ y ”garantizar“ igualdad de género.

“Ninguna plantea volver al pasado como propone el gobierno nacional”, sentenció.

También se plegará el Sindicato de Trabajadores Viales, que afirmó que esta iniciativa “implica un retroceso en los derechos conquistados por las y los trabajadores”.

“Rechazamos cualquier iniciativa que precarice el empleo, debilite la protección laboral y afecte la dignidad del trabajo”, definió el gremio en un comunicado.

Por su parte, los trabajadores del Garrahan nucleados en la Asociación de Profesionales y Técnicos del Hospital (APyT) confirmaron su adherencia a la movilización “en defensa de los derechos laborales y de la salud pública”.

La concentración será a las 15 en Avenida Carlos Pellegrini y Juan Domingo Perón, para marchar desde allí a Plaza de Mayo no sólo en rechazo a la reforma laboral sino al Presupuesto 2026 y la intención del Gobierno de excluir las leyes de pediatría, discapacidad y financiamiento universitario aprobadas por el Congreso.

Con información de agencias.

IG

La Asociación de Trabajadores del Estado (ATE) confirmó que realiza este martes 9 un paro en contra de la reforma laboral que impulsa el Gobierno nacional en el Congreso.

Se prevé que el Gobierno ingrese el proyecto de reforma laboral el mismo día de la medida de fuerza del sindicato estatal. En este marco, su Secretario General, Rodolfo Aguiar, apuntó: “Intentarán imponer una reforma regresiva, pero esta vez el único responsable no será Milei. Los gobernadores son partícipes necesarios, cómplices primarios del mayor ataque en democracia a todos los derechos laborales. Algunos, incluso como el de Catamarca, juntaron votos en sus provincias hablando contra el ajuste nacional y ahora pretenden ser funcionales a esas políticas. No descartamos movilizaciones nacionales a esos distritos”.

En la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, habrá retiros de los lugares de trabajo a partir de las 10:30 para permitir la participación de los trabajadores en la protesta.

“En el sector público estamos en emergencia salarial. Con la ayuda de algunos pseudo gremialistas nuestros ingresos han sido destrozados. En los últimos 23 meses hemos perdido más de 33% de nuestro poder adquisitivo. El gobierno debe convocar a paritarias y otorgar una inmediata recomposición salarial”, agregó el dirigente de ATE.

Otro de los motivos de la medida de fuerza es la intención del Gobierno de recortar la planta de trabajadores del Sector Público. En este marco, Aguiar apuntó: “La intención de achicar el Estado un 10% se convierte en una utopía luego de que fueran rechazados por el Congreso los decretos de desregulación de Sturzenegger. No pueden hacerlo. Sería ilegal”

Entre los principales reclamos se encuentra el intento de recorte del 10% en el Estado que intenta el Gobierno, el cual apuntaría a los organismos descentralizados como la Oficina Anticorrupción, el Indec, el Conicet, la Coneau, el ARCA, el Archivo General de la Nación, la Anses, la Conadis, el Enargas, el Enre, el INTA, el INTI y el Enacom.

“Un acatamiento promedio que supera el 90%”

El secretario general de la Asociación Trabajadores del Estado (ATE), Rodolfo Aguiar, afirmó este martes que el paro que cumple la entidad en todo el país tiene “un acatamiento promedio que supera el 90%”. 

Aguiar dijo que la medida de fuerza se lleva a cabo para expresar el “rechazo a una reforma laboral absolutamente regresiva, pro mercado” y “que la única finalidad que tiene es disciplinar a la fuerza de trabajo”.

“Nos quieren vender pasado por futuro, porque no hay nada nuevo en lo que está proponiendo el Gobierno. Es falso que con esta normativa quiera impulsa la productividad o que crezca la economía. Eso no va a ocurrir quitando derechos”, enfatizó el sindicalista en declaraciones a Splendid AM 990.

El titular de ATE dijo que para juzgar el proyecto del Gobierno “solo basta apelar a la historia”, ya que es similar a “la Ley 25.250 del año 2000 cuando (Fernando) de la Rúa era Presidente, conocida como Ley Banelco, que llevó a más de un 20% el desempleo en la Argentina”.

Además, criticó lo que calificó como “una idea falsa” que instaló el Gobierno, según la cual “el sindicalismo se opone a la reforma laboral para mantener privilegios”.

Aguiar dijo que el sindicalismo quiere una reforma “para incorporar tecnología, inteligencia artificial, robótica en los en los sectores de trabajo, pero sin quitar derechos ni reducir salarios, y eso sí crearía empleo”, subrayó.

Por su parte, el secretario general de ATE-Capital, Daniel Catalano, aseguró que, con estas modificaciones, la gestión del presidente Javier Milei, “quiere que desaparezca la organización sindical”, como así también los convenios colectivos.

“Pretenden que se pongan en duda los acuerdos de estabilidad laboral, que no haya más indemnizaciones o que en algunos sectores te obliguen a renunciar para volver a contratarte. Ayer salió en el comunicado oficial en donde el Gobierno llamó a sesiones extraordinarias entre el 10 y el 30 de diciembre. No solamente van por la reforma laboral, sino que van por la reforma penal”, indicó.

Asimismo, señaló que el sindicalismo de Hugo Yasky y Hugo Godoy, secretarios generales de las dos CTA (Trabajadores y Autónoma), “hablaron con el triunvirato de la CGT” para que puedan “tomar medidas en conjunto”, pero independientemente de que eso se logre o no, el paro convocado por ATE se hará. 

Por otra parte, se refirió a la suspensión o apercibimiento de médicos que se adhieren a las huelgas. No obstante, aclaró que nunca se deja de atender a los pacientes y que “no hay antecedentes en la Argentina que alguien se haya muerto por abandono de los médicos” por plegarse a medidas sindicales.

“Esto también es importante saberlo, porque cada vez que nosotros hacemos un paro en cualquier hospital público en la Ciudad de Buenos Aires, o en el Posada, lo que no dejamos de hacer es atender las guardias y los pisos. Y las cirugías que no se pueden reprogramar, se hacen”, aseguró.

ATE es uno de los sindicatos más combativos frente al gobierno de Javier Milei y viene protagonizando movilizaciones junto a otras centrales. Esta vez, la protesta se centrará en rechazo al borrador de 182 artículos que circuló la semana pasada y que propone modificaciones estructurales al Régimen de Contrato de Trabajo, incluyendo la exclusión de sectores enteros de la legislación laboral, nuevas formas de contratación, cambios fiscales y derogaciones de normas históricas como el Estatuto del Periodista y la Ley de Jornada Legal .

El anuncio de ATE se dio la semana pasada, un día después de que el Gobierno convocara a sindicatos y empresas a una reunión del Consejo del Salario, que llevaba cuatro meses sin actividad y no se actualizaba desde agosto. En ese tiempo, la inflación acumulada —según estimaciones del Banco Central— provocó una pérdida del 31,4% en términos reales respecto de noviembre de 2023.

“Queremos un salario que esté por encima de la línea de pobreza”, reclamó el dirigente Hugo “Cachorro” Godoy, también de ATE, al señalar que la canasta básica supera los $600.000. Para el gremio, el congelamiento no solo afecta a quienes están fuera de convenio, sino que deprime toda la economía de ingresos, desde los programas sociales hasta las paritarias. Por eso, la crítica al congelamiento salarial y a la reforma laboral comparten raíz: un modelo que, según los sindicatos, busca reconfigurar el mundo del trabajo debilitando las instituciones colectivas.

El contraste entre la convocatoria al Consejo del Salario —una instancia institucional de diálogo tripartito— y el impulso unilateral de la reforma laboral deja al descubierto una doble vara del Ejecutivo. Mientras una parte del Gabinete (como la Secretaría de Trabajo) busca canalizar demandas por cauces formales, el proyecto de reforma ingresará por estas horas al Congreso sin participación sindical ni mesas de discusión.

ATE lo advirtió con claridad: “No es verdad que quieran mejorar la competitividad, la productividad o que crezca la economía. Eso no va a suceder quitando derechos”, sostuvo Aguiar. En línea con otras organizaciones gremiales, el sindicato sostiene que la verdadera intención del Gobierno es fragmentar, flexibilizar y debilitar la capacidad organizativa del movimiento obrero.

La jornada de lucha del este martes será un nuevo termómetro de la calle. Coincidirá con las protestas de las CTA en la Secretaría de Trabajo y con la movilización de jubilados al Congreso, lo que anticipa una semana de alta tensión en el centro porteño. Con el proyecto en camino y sin señales de retroceso por parte del Ejecutivo, la reforma laboral podría convertirse en el eje central de la conflictividad social durante el verano.

El Gobierno descontará el día a quienes adhieran a la protesta

El Gobierno nacional aplicará el descuento del día a todos los empleados estatales que se adhieran al paro nacional convocado por la Asociación Trabajadores del Estado (ATE) para este martes, en rechazo a la reforma laboral impulsada por el Ejecutivo. 

Así lo señalaron fuentes oficiales, luego de que el gremio de los estatales ratificara su decisión de realizar una concentración desde las 11 frente al Congreso de la Nación.

El triple reclamo de ATE y críticas a gobernadores

La medida de fuerza de ATE se basa en tres ejes principales de protestas: el rechazo a la reforma laboral, la reapertura de paritarias y el recorte en organismos descentralizados.

Además, los estatales rechazan los posibles ajustes que podrían afectar a cerca del 10% de los trabajadores en organismos como el CONICET, el INDEC, la ANSeS, el INTA y el INTI, entre otros.

Rodolfo Aguiar, titular de ATE Nacional, criticó duramente a los líderes provinciales que han apoyado la propuesta del Ejecutivo: “Intentarán imponer una reforma regresiva, pero esta vez el único responsable no será Milei. Los gobernadores son partícipes necesarios del mayor ataque en democracia a todos los derechos laborales”.

La reforma laboral y la agenda del gobierno

El paro nacional fue adelantado tras conocerse que este 9 de diciembre el Gobierno daría a conocer el texto de la reforma laboral, trabajado junto con el Consejo de Mayo.

Aunque los detalles completos aún no son oficiales, se espera que la propuesta busque cambios en áreas como vacaciones, indemnizaciones y despidos. 

Manuel Adorni, jefe de Gabinete, será el encargado de presentar esta y otras reformas tras una reunión del Consejo de Mayo pautada para las 13:30 en Casa Rosada. La iniciativa de modernización laboral ya figura en el temario de las sesiones extraordinarias y el Ejecutivo buscará su sanción con apoyo en el Senado.

La Asociación Trabajadores del Estado (ATE) convocó asambleas para este lunes desde media mañana en los 21 aeropuertos del país para denunciar que el sistema aeroportuario se encuentra en riesgo.

Los incumplimientos por parte de la Administración Nacional de Aviación Civil (ANAC) de auditorías internacionales están generando un preocupante deterioro de todos los servicios aeronáuticos.

“La seguridad de todos los vuelos está amenazada. La ANAC incumple auditoría internacional y provoca una crisis grave en todo el sistema aerocomercial argentino”, alertó el Secretario General de ATE Nacional, Rodolfo Aguiar.

“En este momento la seguridad de todos los vuelos está amenazada. La ANAC incumple auditorías internacionales y provoca una crisis grave en todo el sistema aerocomercial argentino”, denunció el Secretario General de ATE, Rodolfo Aguiar al anunciar que “hemos decidido convocar a asambleas en todo el país. Debe quedar claro que, si se producen demoras o se afecta el normal funcionamiento de los aeropuertos, es por exclusiva responsabilidad del Gobierno”, señaló el sindicalista en un comunicado.

“Esto no es joda. Son organismos internacionales los que están advirtiendo que la capacidad de control se encuentra reducida y que se tiene que incorporar más personal como única posibilidad de disminuir los riesgos en el sistema”, manifestó el dirigente en relación a la alerta roja emitido hace pocas semanas por la OACI (Organización de Aviación Civil Internacional).

Además, el referente de los estatales señaló: “El congelamiento salarial, la flexibilización de las condiciones laborales y los recortes presupuestarios son muestras de la negligencia y la irresponsabilidad de los funcionarios. Reabrir la paritaria sectorial es esencial para empezar a revertir la crisis. Se debe reparar el poder adquisitivo dañado y dotar de estabilidad a quienes mantienen contratos precarios en el organismo. Con trabajadores estresados, fatigados a partir de la multiplicidad de tareas que realizan, no se puede alcanzar la máxima seguridad que se requiere”.

ATE reclama la apertura de la paritaria sectorial que lleva dos años sin abrirse. “Si se calcula desde el mes de diciembre de 2023, la pérdida del poder adquisitivo en el organismo llega al 45%. El Gobierno incumple con su obligación de garantizar salarios acordes a la función, lo que se traduce en la falta de reconocimiento de la tarea específica”, indicaron desde el sindicato.

Los principales reclamos salariales del Sindicato son:

La Asociación de Trabajadores del Estado (ATE) y la organización Hijos e Hijas por la Identidad y la Justicia contra el Olvido y el Silencio (H.I.J.O.S.) denunciaron este lunes al primer ministro de Israel, Benjamin Netanyahu, y solicitaron su detención por “crímenes de guerra y genocidio” contra Palestina.

La denuncia de las filiales porteñas de ambas organizaciones quedó radicada en el Juzgado Criminal y Correccional Federal N° 7, a cargo de Sebastián Casanello, y en la fiscalía a cargo de Guillermo Marijuan.

ATE e HIJOS plantearon que Netanyahu cometió “crímenes de guerra, genocidio y crímenes contra el pueblo palestino”.

En la denuncia adjuntaron como pruebas distintos informes y publicaciones en donde se sostiene que Netanyahu cometió genocidio como “supresión colonial” con el objetivo de lograr la “destrucción incesante y general” de la Franja de Gaza.

“La violencia desatada por Israel a partir del 7 de octubre de 2023 forma parte de un largo proceso sistemático y organizado con el fin de provocar el desplazamiento forzado y la sustitución de palestinos, provocando un perjuicio irreparable a su pueblo”, señalaron en la denuncia.

En otro fragmento del documento, manifestaron que la Corte Penal Internacional (CPI) entiende que Netanyahu “es responsable penalmente como coautor del crimen de guerra de provocar intencionadamente la muerte por hambre; de crímenes contra la humanidad como homicidio, persecución y otros actos inhumanos; además de la destrucción de su infraestructura civil, incluyendo los centros de salud, las escuelas y los campos de refugiados de la Organización de las Naciones Unidas”.

La presentación reclama, además, una orden de captura contra el primer ministro israelí, quien planea visitar la Argentina entre el 7 y 10 de septiembre, según se precisó en el documento.

En otra parte de la acusación, se destacan informes sobre territorios palestinos ocupados y los crímenes cometidos por las Fuerzas de Defensa de Israel contra manifestantes palestinos, entre los que se incluyen “184 muertes” y “más de 6.100 heridos”.

Con información de la agencia NA

El secretario general de la ATE, Rodolfo Aguiar, acusó hoy al gobernador de Tucumán, Osvaldo Jaldo, de “reprimir y detener ilegalmente” a manifestantes de su gremio durante una protesta en el municipio de Yerba Buena. Aguiar acusó a Jaldo de respaldar las “políticas represivas” de la ministra de Seguridad, Patricia Bullrich.

“La Policía de Jaldo está desbocada y exigimos la inmediata detención de los detenidos. El gobierno provincial no sólo respalda las políticas económicas de (Javier) Milei, sino también replica las prácticas represivas e inconstitucionales de Patricia Bullrich”, manifestó desde sus redes sociales.

Por el momento, las personas arrestadas son tres, y entre ellos se encuentran el Secretario General de la Seccional de ATE Yerba Buena, José Alderete.

Expresó que “no se puede tolerar semejante acto de persecución política” hacia trabajadores que realizaban un reclamo con el fin de que le proveyeran la indumentaria y elementos de seguridad para “trabajar en condiciones dignas”. “Esta es una clara violación al derecho a huelga garantizado por nuestra Constitución Nacional. Protestar no es un delito”, concluyó Aguiar.

Con información de la agencia NA

Cualquier operativo que involucre sistemas de seguridad requiere necesariamente, la puesta en marcha de una compleja interrelación de decisiones humanas que se basan en criterios racionales de evaluaciones conscientes. En este caso, garantizar operaciones aéreas seguras implica cierto grado de concentración, responsabilidad y conocimiento, que se lleva a cabo mediante la experiencia y la formación de cada una de las personas que intervienen en el proceso.

Hablar de seguridad aérea y aeroportuaria nos remite a pensar fundamentalmente en la prevención de accidentes que, cuando se manifiestan, ponen en riesgo a una gran porción de la población, que involucra desde trabajadores, pasajeros, hasta personas que viven en las inmediaciones de las instalaciones aeroportuarias. De igual modo, es que la prevención de los mismos, requiere diferentes grados de responsabilidades en el ejercicio de tareas cotidianas en las cuales la corresponsabilidad es fundamental, pero el mayor grado de ella debiera devenir del Estado.

Por otro lado, la decisión de lo que sucede en nuestros cielos, marca el principio de soberanía aérea fundamental que sostiene un espacio geopolíticamente estratégico, para la soberanía nacional colectiva.

Es así como, las medidas que ha tomado este gobierno, en torno al código aeronaútico, así como la reducción de trabajadores estatales en áreas estratégicas, el despido de trabajadores calificados, la permanente amenaza del cierre de áreas importantes de desarrollo y la incertidumbre contractual de los trabajadores, pone en serio riesgo la capacidad operativa de los aeródromos generando menor vigilancia, trabajadores sobrecargados y estresados, caída en los procesos de formación y un clima organizacional deteriorado.

Cabe aclarar, que esta no es una mirada antojadiza de nuestra ATE. Varias auditorías, fundamentalmente de la OACI –organismo que regula internacionalmente las relaciones entre los países mediante normativas internacionales– han sido claras: a pesar de la buena voluntad y el enorme trabajo que llevan adelante los trabajadores por mantener los estándares de calidad, queda clara la necesidad de afianzar el trabajo de prevención de riesgos con mas trabajadores y trabajadoras llevando tareas en los principales aeropuertos del país, de responsabilidad del Estado.

La falta de prevención de riesgos, deviene necesariamente en catástrofes que se podrían evitar, y deterioros comerciales, afectados fundamentalmente por la calificación de aeropuertos que dejan de ser seguros para las principales aerolíneas comerciales. Pensar en el desarrollo de un país confiable para la inversión, también es pensar en una Nación que sea capaz de garantizar la seguridad de todos y cada uno de sus miembros.

En ese camino, el traslado y la interconexión aérea en ese desarrollo son de especial importancia, pero hacerlo de forma segura disminuyendo los riesgos es parte de gestión estatal. Partir de un Estado responsable, con identidad soberana, es garantía de saber que en su capacidad de gestión se promueve una Argentina que crece, sale de una crisis en la cual la administración Milei la ha sumergido y se vuelve a erguir para constituirse como la patria de todos y todas.

*La autora es Secretaria General Adjunta de ATE Nacional.

MC

El Juzgado Nacional de Primera Instancia del Trabajo N°3 suspendió hoy la eliminación del Día del Trabajador Estatal que había dispuesto el Gobierno a través del Decreto de Necesidad y Urgencia (DNU) 430/2025 y la Asociación de Trabajadores del Estado (ATE) celebró la medida.

La Justicia suspendió provisionalmente los efectos del DNU “hasta tanto se dicte sentencia definitiva”, al dejar sin efecto la eliminación que había decretado el Gobierno.

En la sentencia, la jueza Moira Fullana declaró la “competencia de la Justicia Nacional del Trabajo para entender en la presente causa” y admitió la “viabilidad formal de la acción de amparo interpuesta e imprimir a la presente causa el trámite contemplado en la ley 16.986, dado que la acción se dirige contra el Poder Ejecutivo Nacional”.

También dispuso “hacer lugar a la medida cautelar peticionada y suspender provisoriamente los efectos del artículo 2° del D.N.U. 430/25 en relación con ATE y los trabajadores representados por dicha entidad gremial hasta tanto se dicte sentencia definitiva”.

“¡Ganamos el amparo! Años de historia no se borran de un día para otro. Quisieron eliminar el Día del Estatal con un decreto. Quisieron borrar nuestra historia de un plumazo. No pudieron. Fin”, señaló ATE en redes sociales.

Más temprano, Rodolfo Aguiar, secretario general, había considerado que era “inconstitucional” eliminar la jornada no laborable, ya que “está instituido como tantos días de otras ramas”.

“Están siguiendo los mismos pasos que la Dictadura Militar, que en su momento derogaron los días de cada uno de los gremios”, advirtió el dirigente gremial.

El Gobierno Nacional había oficializado la eliminación de la jornada no laborable del Día del Trabajador Estatal, que rige cada 27 de junio para los empleados de la Administración Pública Nacional.

Lo hizo a través del decreto 430/2025, publicado en el Boletín Oficial, en el que señaló que “no es adecuado que la administración pública nacional no preste tareas durante el día señalado, mientras el resto de la población lleva adelante su jornada laboral con normalidad”.

Con información de la agencia NA

El Gobierno nacional oficializó este jueves, a través de un Decreto de Necesidad y Urgencia (DNU), la eliminación de la jornada no laborable correspondiente al “Día del Trabajador del Estado”, que cada 27 de junio regía para los empleados de la Administración Pública Nacional. En tanto, el secretario general de la Asociación de Trabajadores del Estado (ATE), Rodolfo Aguiar, sostuvo que “no lo van a cumplir” porque no están obligados “a acatar normas contrarias” a la Constitución Nacional: “La ignorancia de este Gobierno es infinita”, el DNU sólo demuestra “el odio” que la gestión libertaria tiene por los trabajadores públicos.

Mediante el Decreto 430/2025, publicado este jueves en el Boletín Oficial, el Poder Ejecutivo derogó el artículo 2° de la Ley 26.876, que establecía esa jornada como asimilable a un feriado nacional para el sector público, en la cual no se prestaban tareas.

La medida se argumenta en la necesidad de garantizar una gestión pública “transparente, ágil y eficiente”, en un contexto donde ya existen 19 feriados nacionales en el año, y frente a una situación económica y social que “aún atraviesa un gran sector de la ciudadanía argentina”.

El decreto sostiene que “no es adecuado que la administración pública nacional no preste tareas durante el día señalado, mientras el resto de la población lleva adelante su jornada laboral con normalidad”, y remarca que el trabajo productivo es “la principal herramienta de crecimiento”.

Pese a que se restituye la actividad laboral para este viernes 27 de junio, el Gobierno aclaró que, por esta vez y con el fin de no perjudicar el cómputo de plazos legales, esa jornada no será considerada como hábil administrativa.

El texto fue firmado por el presidente Javier Milei y todos los ministros del gabinete nacional. Además, se instruyó a comunicar la medida a la Comisión Bicameral Permanente del Congreso para su análisis, conforme a lo que establece la Ley 26.122 sobre los DNU.

El rechazo de ATE

La Asociación de Trabajadores del Estado (ATE) llamó a “tomarse el Día del Trabajador Estatal”, a pesar de que el Gobierno anunciara que se elimina el feriado para los empleados de la Administración Pública Nacional, que se celebra cada 27 de junio.

Mediante un comunicado, ATE manifestó que el decreto 430/2025 “no lo van a cumplir” porque nadie está obligado “a acatar normas contrarias” a lo que está plasmado en la Constitución Nacional.

“Se les nota mucho la impotencia, nos quieren castigar porque los estatales no nos entregamos y porque hemos sido el sindicato que los confrontó desde el primer día”, expresó Rodolfo Aguiar, secretario general de ATE.

En la misma línea sostuvo que la norma legal que decretó el presidente Javier Milei “es ilegítima” y que, este viernes al mediodía, para explicar esta decisión por parte del Ejecutivo Nacional, el sindicato convocó a una conferencia de prensa que se llevará a cabo en la Secretaría de Trabajo (Av. Alem 650, CABA).

Por otra parte, Aguiar sostuvo que eliminar este día sólo refleja “el odio” que tiene esta gestión por los trabajadores públicos porque “no se explica que el resto de las actividades laborales sí tengan su día y el mismo sea no laborable”: “Celebrar nuestro día es un derecho que el Congreso estableció mediante una Ley y sólo el Congreso puede derogar”, añadió.

Para finalizar, señaló que “la ignorancia de este Gobierno es infinita” porque el Día del Trabajador del Estado comprende “una lucha que fue continental” y se conmemora el 27 de junio porque así lo sancionó la Organización Internacional del Trabajo (OIT) en el convenio que impulsa “las negociaciones colectivas en el Sector Público”.

Paralelamente, ATE presentará un recurso de amparo ante la Justicia y brindará cobertura legal “a todos los trabajadores que se tomen el día de asueto que corresponde por la Ley 26.876, sancionada y promulgada en 2013”. Además, el sindicato señaló que la misma “sólo sería abarcativa de la Administración Pública Nacional”, es decir ministerios y organismos nacionales, por lo que no afectaría a los trabajadores de las administraciones provinciales ni municipales.

“No descartamos llevar adelante una medida de acción directa como un paro para el próximo viernes. Por el momento, les pedimos a todos los gobernadores y los intendentes que ratifiquen esta jornada como no laborable en sus respectivas jurisdicciones porque tiene que quedar claro que, si prospera el ataque del Gobierno, es solo comprensivo de la Administración Pública Nacional. En las provincias y los municipios, el asueto se mantiene inalterable”, concluyó Aguiar.

Día del Trabajador del Estado: ¿por qué se celebra el 27 de junio?

Cada 27 de junio, Argentina celebra el Día del Trabajador del Estado, una jornada dedicada a reconocer y valorar la labor de los empleados de la administración pública.

El origen de esta conmemoración se remonta a 1978, cuando la Organización Internacional del Trabajo (OIT) adoptó el Convenio 151 y la Recomendación 159. Estos instrumentos internacionales están vinculados al derecho a la negociación colectiva y a las relaciones de los trabajadores del Estado.

Según la resolución de la OIT, el Convenio 151 “pretendía llenar un vacío pidiendo a los Estados Miembros que fomentasen el pleno desarrollo y utilización de procedimientos de negociación entre las autoridades públicas competentes y las organizaciones de empleados públicos acerca de las condiciones de empleo, o de cualquiera otros métodos que permitan a los representantes de los empleados públicos participar en la determinación de dichas condiciones”.

En Argentina, el Convenio 151 fue ratificado en 1987 mediante la sanción de la Ley 24.185, la cual reguló las negociaciones colectivas entre la Administración Pública y sus empleados. Este paso fue fundamental para asegurar que los trabajadores del Estado tuvieran voz y voto en la determinación de sus condiciones laborales.

Fue en 2013 cuando, por iniciativa de la Asociación de Trabajadores del Estado (ATE), el Congreso Nacional instauró el 27 de junio como el Día del Trabajador del Estado.

La celebración de este día establecía, hasta el DNU que firma Javier Milei estwe 26 de junio, una jornada de descanso para todos los trabajadores de la Administración Pública Nacional.

Desde 2014, esta celebración también se conmemora el 27 de junio en Colombia, como parte del Día Nacional del Servidor Público, lo que demuestra el impacto y la relevancia de esta fecha a nivel regional.

Con información de agencias.

IG

Empleados públicos, nucleados en la Asociación de Trabajadores del Estado (ATE), se movilizarán este martes, hacia el Ministerio de Hacienda de la Ciudad de Buenos Aires, para exigir la recomposición salarial “urgente” y el pase de planta permanente de los contratados.

A partir de las 11, se concentrarán la puerta de la cartera comandada por Gustavo Arengo Piragine, situada en Av. Martín García al 300 para también reclamar por paritarias libres y sin techo y “estabilidad laboral” para los trabajadores.

“En un contexto de pérdida sostenida del poder adquisitivo, tanto los trabajadores de planta como los monotributistas del Gobierno de la Ciudad no llegamos a fin de mes. El salario queda cada vez más lejos de cubrir las necesidades básicas”, manifestaron desde ATE Capital.

En la última reunión por paritaria, la gestión de Jorge Macri “ofreció un 9% de aumento para mayo y postergó la próxima negociación para julio”, según manifestó el gremio. Asismismo, remarcaron que, en el primer semestre del año, “solo se otorgaron aumentos en dos meses”, acumulando un 14,5% “frente a una inflación estimada del 15,9%”, lo que representa “una nueva pérdida salarial” del -2,2%, que se suma al -7% acumulado en 2024.

Paralelamente, el aguinaldo de junio y las asignaciones familiares, “que por primera vez se actualizarán automáticamente gracias a la lucha de ATE Capital”, se calculan sobre ese magro 14,5% acumulado: “Si bien la actualización automática de las asignaciones es un logro sindical, aún están muy por debajo de lo necesario”, añadieron.

En la misma línea, indicaron que los monotributistas de dependencias porteñas “recibieron aumentos del 8% en febrero y 9% en mayo” (17,7% acumulado), pero al descontar el importe que pagan para el monotributo e Ingresos Brutos, “los ingresos reales son muy bajos”, mientras que los salarios iniciales de las personas de planta “se acercan peligrosamente a la línea de indigencia”.

“La suma fija no remunerativa de $60.000, congelada desde agosto de 2024, perdió drásticamente su valor. Actualizada por inflación, debería alcanzar al menos los $140.000. Con salarios que no alcanzan y condiciones laborales precarias, las y los trabajadores del Gobierno de la Ciudad seguimos en lucha. Exigimos respuestas urgentes. Queremos vivir y trabajar con dignidad”, concluyeron.