La Cámara de Diputados debatirá este martes en un plenario de comisiones los proyectos de ley para reinstaurar las moratorias y otras iniciativas que apuntan a incluir en el sistema previsional a las personas en edad jubilatoria que no cuentan con la cantidad mínima de aportes exigida.

El plenario de las comisiones de Previsión y Seguridad Social, y de Presupuesto y Hacienda, se reunirá a las 13 en cumplimiento del emplazamiento que había resuelto el pleno, con impulso opositor, en la sesión del 8 de abril pasado.

La titular de la comisión, Gabriela Brouwer de Koning (UCR), refrescó la hoja de ruta: una última reunión informativa conjunta este martes y después se abrirá una última semana de conversaciones políticas para pasar a la firma de los dictámenes el 13 de mayo.

Además de discutirse nuevas moratorias y mecanismos alternativos de inclusión previsional, se debatirán iniciativas que giran en torno al aumento del bono complementario que cobran los jubilados, cuyo monto se encuentra congelado desde 2023 en apenas $70.000.

Con la moratoria, personas en edad jubilatoria -hombres desde 65 años y mujeres desde 60- sin llegar a los 30 años de aportes podían regularizar sus deudas previsionales y, de esa manera, cobrar la jubilación mínima, con el descuento correspondiente al plan de facilidades de pago en cuotas.

Pero, con el vencimiento de la moratoria previsional el pasado 23 de marzo a raíz de la enorme informalidad laboral, la inmensa mayoría de los adultos mayores no podrá jubilarse.

En adelante, solo podrán acceder a la Prestación Universal al Adulto Mayor (PUAM) a los 65 años y pasar a percibir el 80% del haber mínimo jubilatorio, sin derecho a recibir pensiones por viudez.

Para las mujeres que no tienen los 30 años de aportes, la PUAM representa un alargue de cinco años en la edad jubilatoria, con el agravante de que accederían a un beneficio menor (80% del haber mínimo) y solamente si acreditan una situación de vulnerabilidad socioeconómica.

Los proyectos para extender la moratoria por dos años fueron presentados por los diputados de Unión por la Patria (UxP) Leopoldo Moreau, Brenda Vargas Matyi y Andrea Freitas, además de la legisladora de la izquierda Vanina Biasi.

El proyecto de Moreau

También hay una iniciativa de la legisladora de UxP Gisela Marziotta para extender la moratoria por diez años, aunque este proyecto no reuniría el consenso suficiente.

Asimismo figura un proyecto de la diputada de Encuentro Federal Alejandra Torres y de Innovación Federal, Agustín Domingo, para establecer una jubilación proporcional de acuerdo a la cantidad de años de aportes, con un haber no inferior a la PUAM.

Esta iniciativa podría concitar el apoyo de la UCR y del PRO, que no están de acuerdo con las moratorias por considerarlas un “parche” que contribuye a agudizar el colapso de un sistema previsional que no es autosuficiente.

Estos bloques, junto a La Libertad Avanza (LLA), sostienen que no resulta justo subsidiar a las personas que no aportaron toda su vida, ya que para esos sectores las moratorias van en detrimento de aquellos que sí trabajaron los 30 años mínimos requeridos.

Una vez que se firmen los dictámenes, la oposición deberá negociar una fecha para introducir el tema previsional en el recinto: se especula con una sesión el 21 de mayo que podría incluir estos expedientes en el orden del día.

La agenda del debate, los expositores y todos los proyectos

Con información de agencias.

IG

El presidente Javier Milei se mostró este lunes optimista sobre un acuerdo próximo con el Fondo Monetario Internacional, al tiempo que salió al cruce de las declaraciones formuladas horas atrás por el director ejecutivo de la Administración Nacional de la Seguridad Social (Anses), Mariano de los Heros. Aseguró que la reforma jubilatoria que tiene en mente el Gobierno “no es para este momento”.

Al acuerdo de la Argentina con el Fondo Monetario Internacional (FMI) “solo le falta el moño”, aseguró el mandatario, en una entrevisat con Antonio Laje, por A24. Además, reveló que “el programa incluye fondos frescos, sin incrementar la deuda”. Según explicó el jefe de Estado, ese dinero (cuyo monto no trascendió, pero se especula en unos U$S11.000 millones) irá destinado a cancelar deuda con el Banco Central. “La deuda no varía y fortalece el balance del BCRA”, destacó.

Dijo que esto permitirá “mejorar el patrimonio del Banco Central” y que ese será el argumento del Gobierno para evitar que el acuerdo con el FMI pase por el Congreso.

En tanto, Milei ponderó que “es la primera vez en la historia argentina que tenemos superávit financiero” y destacó que ya se pudieron comprar “20.000 millones de dólares”.

“De ninguna manera el dólar está atrasado”, aseveró el mandatario en la entrevista televisiva, a la vez que indicó: “Tenemos superávit fiscal y financiero”. Además, advirtió que “hay mucho político pidiendo devaluación”. Así, Milei volvió a defender el esquema cambiario en medio del debate por el valor del peso frente al dólar. Ya el viernes pasado había negado una devaluación en una nota publicada en el diario La Nación.

“El dólar de ninguna manera está caro, no hay atraso cambiario”, sentenció al salir al cruce de economistas y sectores industriales que piden una devaluación. “No vamos a devaluar de ninguna manera”, lanzó categórico. Ya desde febrero el BCRA bajó el ritmo de devaluación al 1%, luego de tres meses al 2%.

Con la inflación en ese marco, el Gobierno estima que en los próximos meses con el nuevo crawling peg el índice de precios bajaría un escalón más. Este jueves el Indec dará a conocer el valor de la inflación de enero.

En ese marco Milei llegó a tildar de “impresentable” al exministro de Economía Domingo Cavallo, a quien siempre ponderó. Volvió a cargar contra los economistas y dirigentes políticos que advierten sobre un atraso cambiario y se quejó de que “hay gente que no sabe ni sumar y habla del carry trade”.

El Presidente puso énfasis en las políticas cambiarias y aseguró que no se trata de una medida relacionada con el déficit fiscal, ya que el gobierno “no emite dinero, entonces no tiene por qué esterilizarlo”. 

“La inflación es siempre y en todo lugar un fenómeno monetario que se genera por la oferta de dinero. El nivel del dólar depende de la escala nominal”, añadió.

Explicó, además, que desde el Gobierno están “motivando una baja del dólar” y cargó contras las críticas de los economistas al señalar que quienes dicen que hay atraso cambiario “son bastante brutos, por decirlo de una manera educada”. “¿Cómo va a hacer subir el dólar si yo le estoy sacando todos los pesos que andan dando vueltas? El dólar se tiene que caer como un piano”, enfartizó. 

Y agregó: “Le voy a decir, en especial al impresentable de Cavallo. Porque mientras él era ministro de Economía e insultaba a todo el mundo cuando hablaban de devaluación, él defendía el tipo de cambio de la convertibilidad”. En octubre de 2023, cuando almorzaba en el programa de Mirthha Legrand en plena campaña electoral, el mismo Milei había catalogado a Cavallo como “el mejor economista de la historia argentina”.

“Este programa es muchísimo más exitoso que la convertibilidad. Porque no tuvimos que tener una hiperinflación previa para hacerlo, porque nosotros la evitamos, no la dejamos correr. Recompusimos las tarifas durante todo el proceso. Y tampoco hicimos expropiaciones, no hicimos un plan Bonex”, agregó.

Milei destacó que la Argentina “está con un bajo nivel de monetización de base, lo cual significa que -en condiciones normales de estabilización- tiene que pegar un salto”.  “Eso naturalmente genera una apreciación de la moneda”, dijo, y marcó: “El peso se está fortaleciendo porque usted no tenía demanda de dinero, ahora, con la tasa de inflación a la baja, usted tiene incentivo a tener pesos en la mano porque no se le derriten como un helado en el desierto del Sahara”.

La reforma para los jubilados, en pausa

Asimismo, el jefe de Estado echó por tierra con la posibilidad de que el cambio en el sistema previsional se debata este año. De los Heros había señalado que el Gobierno buscará impulsar una reforma previsional “antes de fin de año”. Pero Milei desechó de plano esa posibilidad, en medio del año electoral. Actualmente, con 30 años de aportes, las mujeres pueden jubilarse a los 60 años y los varones a los 65 años. 

No obstante, desde 2018, los empleadores no pueden intimar a esos trabajadores del sector privado a jubilarse si reúnen esos dos requisitos porque pueden optar por trabajar hasta los 70 años.

Además, ante el vencimiento el próximo 23 de marzo de la moratoria previsional, De los Heros ratificó que “el que no llega a los 30 años de aportes, no tiene derecho a la jubilación” y volvió a la carga con la creación de una Prestación de Retiro Proporcional.

La Prestación Proporcional –figuraba en el proyecto de Ley Bases pero luego del Gobierno la retiró porque se descontaba que no sería aprobada por el Congreso– consiste en una jubilación según los años aportados, con la garantía de un haber mínimo equivalente a la PUAM ( Prestación Universal al Adulto Mayor) del 80% del haber mínimo ( en febrero ese mínimo es de $ 218.469).

IG/MC

Conocidos los datos de inflación, correspondiente a octubre, y de salarios Instituto Nacional de Estadística y Censos (Indec), al mes de septiembre, el Gobierno celebró. Sin embargo, también confirmaron una sospecha: de haberse sostenido la movilidad jubilatoria anterior, los ingresos de jubilados y jubiladas serían en diciembre 21,1% mayores a los que efectivamente percibirán con la fórmula del presidente Javier Milei.

En el mes de marzo, Milei derogó, a través del DNU 274/24, la Ley 27.609, del año 2021, que tomaba en consideración para la fórmula de movilidad la evolución de los salarios (medidos por el Ripte, que significa Remuneración Imponible Promedio de los Trabajadores Estables, un indicador que mide el promedio de los salarios sujetos a aportes de los trabajadores registrados y estables; o Indec, el que sea más favorable para el jubilado) y de la recaudación de ANSES en partes iguales.

En su reemplazo, Milei estableció la actualización mensual (en detrimento de la trimestral) por la inflación disponible al momento de la liquidación del haber, esto es, de dos meses atrás. A su vez, otorgó una recomposición por única vez de 12,5%, a modo de reconocimiento por la inflación de enero (20,6%). 

Esto permitió una mejora en los haberes en relación al piso que habían tocado en el primer trimestre. Sin embargo, en el trimestre septiembre-noviembre de 2024, los haberes continúan por debajo del poder adquisitivo del mismo período del año pasado. La comparación trimestral es la más adecuada metodológicamente, por la frecuencia de actualización de la fórmula anterior, aún vigente en el período que estamos considerando (sep-nov 2023). 

Hay que destacar que la situación de las prestaciones no es homogénea, pero en ambos casos se ubican por debajo del trimestre equivalente del 2023: mientras que las jubilaciones sin bono se mantienen 4% abajo de 2023, las jubilaciones con bono se ubicaron 13,1% por debajo.  

¿A qué se debe esta divergencia? Al bono que perciben quienes cobran la mínima, que el oficialismo mantiene congelado en $70.000 desde el mes de marzo. Mientras que los haberes se incrementaron entre marzo y diciembre 93,1%, la mínima, con bono incluido, sólo aumentó 61,2%.

De haberse actualizado en la misma proporción, el bono debiera ser en diciembre de $135.140, prácticamente el doble del guarismo que efectivamente percibirán. Así, a los jubilados y pensionados de la Argentina les niegan por mes $65.140. Como si esto fuera poco, en el presupuesto 2025, se prevé que el congelamiento en $70.000 se mantenga, continuando así con la política de licuación sobre los de más abajo.

A los jubilados y pensionados de la Argentina el gobierno de Milei les niega por mes $65.140. Como si esto fuera poco, en el Presupuesto 2025 se prevé mentener el bono congelado en $70.000

En suma, entre la fórmula impuesta por el DNU 274/24 y el congelamiento del bono, las jubilaciones y pensiones continúan siendo el principal factor explicativo en el ajuste efectuado por el Gobierno. A septiembre, último dato disponible, constituyen el 25,3% del recorte de gasto que hicieron Milei y Caputo.

Asimismo, es importante destacar que la temporalidad del DNU 274/24 no fue casual. La modificación de la fórmula previsional se hizo en un momento preciso: una vez consumada la enorme pérdida del poder adquisitivo que produjo la aceleración inflacionaria, pero apenas antes de que la fórmula anterior comience a mostrar una mejora real en los haberes. 

Como cualquier fórmula de actualización, la de la Ley 27.609 se nutre de indicadores pasados, y por ende presenta un rezago. De este modo, en contextos de inflación creciente, el atraso en la captación de los datos implica que se actualice con valores más bajos que los vigentes. Por el contrario, en un contexto con inflación a la baja, la fórmula iba a otorgar aumentos que mejorarían la capacidad de compra. Con los datos publicados por Indec, se confirmó una vez más esta situación. En septiembre de 2024, las jubilaciones hubieran aumentado 33,4%, si Milei no hubiera derogado la fórmula por decreto. Por el contrario, en el trimestre sólo aumentaron, con el nuevo cálculo, 13,4%. 

Asimismo, en diciembre de 2024, las jubilaciones aumentarán 10,7% en el trimestre, mientras que, de haberse sostenido la fórmula anterior, se hubieran incrementado 24,1%. Así, mientras que la mínima sin bono orillará los $260.000, se ubicaría con la fórmula anterior en $314.000, esto es, 21% por encima. El problema no era la fórmula, sino la aceleración inflacionaria. Si el Congreso ratifica el DNU 274/24 (cuestión incluida en el proyecto de presupuesto 2025 del Ejecutivo), y la inflación se mantiene en estos guarismos, las jubilaciones ya no perderán, pero tampoco tendrán la posibilidad de recuperar poder adquisitivo. 

Por el contrario, la Ley 27.756 que este año sancionó el Congreso pero fue vetada por el Ejecutivo incluía una recomposición por única vez de 7,2% para todos los haberes y un haber mínimo equivalente al 109% de la CBT (Canasta Básica Total, un indicador económico utilizado por el Indec para medir el costo de una canasta que incluye bienes y servicios esenciales para satisfacer las necesidades básicas de una familia o individuo, y que define si se es pobre o no) de un adulto, que hubiera impedido la licuación del bono. A su vez, permitía en el mediano plazo una mejora progresiva en los haberes si la economía crecía, ya que contaba con una cláusula gatillo en marzo de cada año, que se activaba sólo en caso de que en el año calendario anterior, los salarios le hayan ganado a la inflación. Sin embargo, el oficialismo eligió el camino del ajuste: sostener el superávit a costa de jubilados y jubiladas.

CB/JJD

La referente de la Coalición Cívica Elisa Carrió cargó hoy contra el presidente Javier Milei por el veto a la ley opositora de reforma de la movilidad jubilatoria.

“Vivan los ricos, los Caputo y compañía. Mueran los viejos que aportamos toda la vida”, ironizó la exdiputada.

Tampoco se olvidó Carrió de la responsabilidad del PRO, que en la Cámara de Diputados se opuso mayoritariamente a la medida.

“Gracias Javier y Mauricio. Dejen de Mentir. Un beso. Lilita”, cerró Carrió su publicación en redes sociales.

El Senado convirtió en ley el pasado jueves la reforma de movilidad jubilatoria con 61 votos a favor y apenas ocho rechazos, pero Milei anunció que usará la facultad del veto presidencial, porque no contemplaba dejarles pasar un “milímetro” a los “degenerados fiscales”.

MM con información de la agencia NA.

El presidente Javier Milei argumentó que vetará la ley que aumenta el 8,1% en las jubilaciones al sostener que se trata de una “medida demagógica que voto el Senado” y que “implica un incremento de la deuda de US$370.000 millones, a perpetuidad”.

“El veto va a ser completo, total. En principio, lo que hay que tener en cuenta es el error conceptual y perjudicial que esto es para los argentinos”, definió en una entrevista a La Nación+. 

El mandatario cuestionó a la oposición, a quien responsabilizó de licuar las jubilaciones en un 30%, y recordó que Néstor y Cristina Kirchner, incluso a Miguel Ángel Pichetto como jefe de bloque, vetaron el 82% móvil para las jubilaciones en 2010.

“Han dado argumentos en contra cuando estaban en el Gobierno, ¿por qué quieren hacerlo ahora? No tengo dudas de que quieren romper a este Gobierno porque si nos va bien va a significar que los argentinos van a estar mucho mejor y estas ratas no vuelven más”, planteó el mandatario.

En la misma línea, aseguró que la sanción de la ley “implica una violación de ley de administración financiera del Estado”, y planteó que la creación de un gasto debe ir acompañado con una contrapartida de financiamiento. “No se puede gastar sin saber con qué se va a financiar. La contraparte es un aumento de déficit fiscal”, indicó.

“¿Cómo lo voy a financiar? ¿Con emisión de dinero? Si emito dinero genero inflación, si genero inflación distorsiono los precios y vuelvo a castigar a los jubilados y a los segmentos más vulnerables y termino afectando negativamente el sistema de precios”, se preguntó.

Asimismo, insistió: “¿Qué puedo hacer? ¿Me endeudo? Sería una locura, un gasto permanente. La Argentina lo ha hecho, la contraparte es la suba del riesgo país, menor salarios reales, pobreza para todos y menor crecimiento. O directamente subir los impuestos y eso va a pegar en el crecimiento”.

“Si la economía lograra crecer al 3%, un número bastante pobre, si toma ese crecimiento y las condicionales que pone la ley, implica subir la deuda producto en 62 puntos del PBI. La medida demagógica que voto el Senado ayer implica un incremento de la deuda de 370 mil millones de dólares, a perpetuidad”, desarrolló.

Tras anunciar que vetará el aumento sancionado, el Presidente reiteró que el Gobierno le va a señalar a la sociedad “la inconsistencia de lo que plantea el Congreso” y exigió que, si ambas cámaras quieren avanzar en la sanción, “dejen en claro cómo lo quieren financiar”. 

“Esto se paga con pobreza, con menos crecimiento, y como la deuda son impuestos futuros están destruyendo la calidad de vida de futuras generaciones. Cada vez que la economía empiece a dar muestra de recomposición, automáticamente, se disparan las cuentas fiscales y queda atrapado en un nivel de presión tributaria que es imposible crecer”, afirmó, y agregó: “Los irresponsables que han votado esto le han costado al país US$370.000 millones y el hundimiento definitivo de la pobreza y la indigencia a nuestras futuras generaciones”.

También definió la ley como “un atentado directo contra el bienestar de nuestros argentinos presentes y futuros y la ruina del país”, y exigió que “expliciten a quién quiere que le cobremos impuestos, a quién quiere que le arruinemos la vida”.

“Las jubilaciones están mejor que con Alberto cuando se fue”

Más tarde, en pleno raid mediático, el mandatario sostuvo que existe “una cuestión empírica de datos duros y de lo sucio que es la política. Hoy las jubilaciones están 5% arriba que cuando asumimos, están mejor que con Alberto cuando se fue. No digo que estén bien, están mejor. Esto se arregla con crecimiento económico, no hay magia. Lo interesante es la hipocresía de la política porque Cristina Kirchner, Néstor Kirchner, Pichetto, vetaron la ley del 82% móvil. Son los responsables de quebrar el sistema incorporando jubilados sin aportes y con pensiones truchas. Ahora quieren romper el equilibrio fiscal”, dijo Milei en Radio Rivadavia.

De nuevo apuntó contra Macri por la SIDE

Por último, cuestionó además el rechazo del DNU por los fondos de la SIDE y reveló que el expresidente Mauricio Macri le explicó los motivos por los que el PRO votó en contra en la Cámara de Diputados. “Estuve reunido en Olivos cenando y me dio las explicaciones. A mí no me resultaron satisfactorias, pero siendo alguien que fue un jefe de Estado que sabe las necesidades de inteligencia que debe enfrentar Argentina…”, se preguntó en referencia al intercambio que tuvo lugar el pasado miércoles.

“Están soslayando que el país recibió dos tremendos atentados y quien fue responsable volvió a amenazar”, remarcó. Y agregó: “Yo entiendo que el ladrón cree a todos de su misma condición y dicen ‘es para espiar y perseguir’; en el fondo se están describiendo a sí mismos. Hemos sido muy claros con el nuevo formato de inteligencia que estamos proponiendo. Condicionarnos a nosotros que hemos puesto las cosas en orden es bastante raro, quizás están apostando a que pase algo, puede ser que yo les esté molestando tanto que les guste promover algo de estas características. Si en Argentina llegara a tomar lugar algún atentado terrorista es absoluta y total responsabilidad por este conjunto de irresponsables que le quitan financiamiento a la inteligencia”, concluyó Milei.

“El triángulo de hierro”, con Karina y Santiago Caputo

“Con Santiago Caputo y Karina somos el triángulo de hierro”, dijo el presidente también en relación a cómo se conforma su gobierno. “Asimismo, apuntó contra su compañera de fórmula, Victoria Villarruel: ”Yo envié el pliego de Lijo y García Mansilla. Lo que dijo Villarruel es una opinión de ella, habría que ver qué dijo él de ella“.

Para el mandatario, “es la única persona con experiencia de cómo funciona el Poder Judicial y que podría empujar las reformas necesarias para que funcione la Justicia. Soy liberal y me baso en el respeto. Lo que dijo ella no afectó mi vida. No veo que haya hecho algo malo”, sentenció.

Para Caputo, la oposición “quiere generar déficit fiscal”

El ministro de Economía también salió este viernes en redes sociales a defender el veto presidencial a la reforma en la movilidad jubilatoria que votó el Congreso. Para el funcionario, “a ninguno de los legisladores que votaron ayer la ley les preocupan realmente los jubilados. De lo contrario hubieran presentado alguna ley el año pasado cuando las jubilaciones cayeron 30 pct en términos reales y en plena expansión del gasto público para ganar las elecciones. En cambio, estaban todos callados”, sostuvo.

Según Caputo, “las jubilaciones con Javier Milei recuperaron 5 pct en términos reales en solo 7 meses! Es decir, la única intención de la oposición es generar déficit fiscal para poder desestabilizar el programa económico”.

Además, el titular de Hacienda remarcó que el gobierno libertario “vino a combatir justamente a esa gente, a la casta, a los mentirosos de siempre, a los que utilizan a la política para enriquecerse. No nos vamos a mover un ápice de nuestro programa económico. El equilibrio fiscal es innegociable”, sentenció.

Los argumentos de Milei, “de puño y letra”

En el mismo sentido, el portavoz presidencial, Manuel Adorni, posteó en redes sociales una imagen con los argumentos de Javier Milei para vetar la reforma previsional.

“El equilibrio fiscal es absolutamente innegociable. No hipotecaremos el futuro. Les dejo los argumentos escritos de puño y letra por el propio Presidente de la Nación. Dios bendiga a la República Argentina”, escribió el vocero en X.

Con información de agencias.

IG

El Senado aprobó este jueves la nueva fórmula de movilidad jubilatoria y el presidente Javier Milei salió al instante a confirmar lo que ya había anticipado meses atrás, cuando en Diputados le dieron media sanción al proyecto de reforma previsional: vetará lo votado en el Congreso “sostener el superávit fiscal a toda costa”. En ese contexto, y a pesar de las miradas de recelo de las últimas horas, acrecentadas por la decisión de los diputados del PRO al levantar sus manos en contra del DNU que le otorgaba $100.000 millones a la SIDE para “gastos reservados” que impulsaba La Libertad Avanza, fue el mismo expresidente Mauricio Macri quien salió este viernes a defender la decisión del Gobierno de mantener las jubilaciones como estaban.

En redes sociales, el exmandatario olvidó por un rato las diferencias con el oficialismo y apoyó la negativa de Milei de aceptar la decisión de ambas cámaras del Congreso: “La mayoría de los senadores que ahora expresan su preocupación por los ingresos de los jubilados son los mismos que se opusieron con vehemencia al cierre y venta de empresas del Estado deficitarias y llenas de corrupción”, comenzó su posteo en X el líder del PRO.

Para Macri, “hay que recordar, también, que esos mismos senadores fueron quienes aprobaron la apertura indiscriminada de universidades públicas, fuente de despilfarro, y fachadas para el clientelismo y una corrupción fenomenal. Fueron ellos los que aprobaron el déficit que empobreció a los argentinos. Ya no se puede discutir más la necesidad del equilibrio fiscal”, sostuvo Macri, en sintonía con algo que sostuvo días atrás, cuando aclaró que apoyaba al gobierno libertario en materia económica, a pesar de sus diferencias en otras áreas y de la falta de protagonismo de su espacio en funciones ejecutivas.

Y concluyó: “Por el bienestar de nuestros jubilados y los nietos de los jubilados, apoyo el veto del presidente Milei”.

“El progreso económico requiere instituciones fuertes y transparentes, y de un gobierno austero. En el PRO esos valores son innegociables”, había expresado el PRO horas atrás y este apoyo va en esa dirección, en reducir gastos del Estado.

El veto presidencial a la reforma presidencial

A dos minutos de la medianoche de este viernes, la Oficina del Presidente confirmó que Javier Milei vetará la nueva movilidad jubilatoria que sancionó este jueves el Senado. Justificó su decisión en “que tiene como único objetivo destruir el programa económico del Gobierno” y que el primer mandatario “se comprometió con los argentinos a sostener el superávit fiscal a toda costa y así lo hará”.

“El Congreso Nacional, en un acto de populismo demagógico, sancionó un proyecto de ley irresponsable, ilegal e inconstitucional que establece gastos exorbitantes sin su correspondiente partida presupuestaria, lo que implicaría necesariamente que el Gobierno vuelva a caer en las viejas prácticas de la emisión monetaria, el aumento de impuestos, o el endeudamiento, que son las mismas recetas que nos han llevado al fracaso durante los últimos 100 años”, señaló en un comunicado.

“Esta ley implica un gasto adicional del 1,2% del PBI, o lo que es lo mismo, 25% del PBI en términos dinámicos, obligando al Estado a contraer deuda que deberán pagar en el futuro los jóvenes argentinos que, gracias a medidas como ésta, hoy son mayoritariamente pobres”, agregó.

“Adicionalmente, resulta paradójico que la clase política se acuerde de los jubilados hoy y no durante el gobierno de Alberto Fernández y de Sergio Massa. Solo en su último año, los haberes cayeron más del 30% acompañado de una suba sideral del gasto público. Mientras acusan a este Gobierno de licuar a los jubilados, desde enero las jubilaciones han aumentado un 5% en términos reales mientras bajamos el gasto y destruimos la inflación”, continuó.

“Tenemos plena conciencia de que la clase política quiere forzar al Gobierno a oponerse a esta medida demagógica para anotarse una victoria política, pero como el Presidente de la Nación ha dicho en innumerables oportunidades, nosotros preferimos decir una verdad incómoda a una mentira confortable”, lanzó.

“El proyecto sancionado este jueves por el Congreso con la anuencia de todos los partidos políticos es una estafa moral, un acto de demagogia populista y una irresponsabilidad fiscal; y por lo tanto será vetado por este Gobierno, el cual no tiene miedo de pagar los costos que hagan falta para sacar a este país de la decadencia en la que nos han sumergido. Confiamos en que los que durante años se han amparado en el cambio no se presten al juego de quienes quieren destruir el programa económico del Gobierno. Es tiempo de que la dirigencia política elija de qué lado quiere estar: del lado de los que queremos una Argentina distinta luego de décadas de fracaso, o del lado de los extorsionadores que utilizan la política para su propio beneficio personal”, concluyó.

IG

La sesión arrancó a las 11:25, con la presencia de 140 diputados presentes, pero el tema de la convocatoria se empezó a tratar cinco horas después, ya que otra vez los diputados abusaron del período de cuestiones de privilegio, que es la manera que tienen de realizar manifestaciones generales sobre asuntos de la coyuntura política en contra de algún o algunos funcionarios y/o legisladores, entre otras figuras públicas.

El tema en cuestión es establecer por ley un nuevo mecanismo de actualización automática de los haberes jubilatorios. Para ello, la UCR, el kirchnerismo y otros bloques opositores lograron un acuerdo cuyo principal punto común tiene que ver con que se sume un 8% de recomposición a los haberes jubilatorios por efecto de la inflación por enero pasado. 

La sesión fue pedida por la oposición que, si logra consensuar un texto y aprobarlo, eso supondrá una derrota política para el gobierno de Javier Milei, porque se trataría de una nueva fórmula de movilidad jubilatoria y, en adición, una recomposición en los haberes para contemplar la inflación más alta del año, que fue la de enero (20,6%, según el Indec).

Por la mañana contribuyeron al quórum los bloques Unión por la Patria (UP), Unión Cívica Radical (UCR), Hacemos Coalición Federal (HCF), Innovación Federal (IF) y el Frente de Izquierda (FIT), entre otros. En cambio, se negaron a dar quórum —aunque después terminaron bajando— los diputados de La Libertad Avanza y sus aliados: el PRO, MID, los tucumanos de Independencia y otros monobloques.

Esta sesión especial, pedida por el bloque radical, que preside el cordobés Rodrigo de Loredo, tiene como fin tratar una nueva fórmula de movilidad previsional, de cuyo debate en comisiones habían terminado firmándose cinco dictámenes: el de mayoría, de UP; y el segundo con más firmas, de la UCR, HCF, IF y la Coalición Cívica. Los otros tres son de LLA, del PRO y el del FIT.

Para las 14 estaba citada otra sesión, que había solicitado UP, comandado por Germán Martínez, para tratar dictámenes sobre financiamiento universitario y la restitución del Fondo de Incentivo Docente (Fonid) pero como la primera sesión sí se realizó y se extendió esta segunda convocatoria del kirchnerismo fracasó. Incluso, el radicalismo anunció que solicitó la realización de una sesión el 3 de julio próximo para tratar estos temas, que fueron impulsados por la UCR.

En cuanto a la movilidad jubilatoria, según publica el portal especializado Parlamentario, la gran diferencia entre los dos primeros dictámenes radica en el Fondo de Garantía de Sustentabilidad (FGS), al que UP no quiere tocar, mientras que el otro conjunto de bloques propone que con esos fondos se paguen las deudas con las provincias por las cajas no transferidas y los juicios de reajuste con sentencia firme.

Sobre el cálculo para ajustar los haberes, ambos contemplan el índice IPC (precios) y la posibilidad de tomar el RIPTE (salarios) si es más favorable; también buscan la recomposición de un 8,1% para alcanzar —con la ya otorgada por el Gobierno en abril— el 20,6% de inflación que hubo en enero; y buscan que ningún jubilado gane menos que lo representa una Canasta Básica Total (CBT) —que es el parámetro para ubicar a las personas y familias en la pobreza o fuera de ella—, aunque UP sube ese piso mínimo un poco más.

El dictamen de LLA ratifica el DNU 274/24 del Poder Ejecutivo; el despacho del Pro también lo hace, pero suma el pedido de una recomposición del 8,1%. Tras la polémica que despertó María Eugenia Vidal de que se haga en 12 veces, finalmente el texto faculta al Gobierno “a establecer la forma

El dictamen de LLA ratifica el DNU 274/24 del Poder Ejecutivo; el despacho del Pro también lo hace, pero suma el pedido de una recomposición del 8,1%. Tras la polémica que despertó María Eugenia Vidal de que se haga en 12 veces, finalmente el texto faculta al Gobierno “a establecer la forma en que dicho incremento se hará efectivo”.

Por último, el dictamen del Frente de Izquierda plantea que ningún jubilado gane menos que la Canasta Básica del Adulto Mayor y contempla el 82% móvil.

La clave estará en la postura que tomará la oposición dialoguista cuando se vote en primer lugar el dictamen de UP y si éste resultara rechazado, qué pasaría a continuación. Hay quienes admiten que, ante la posibilidad de que no se lleguen a acuerdos y los despachos se rechacen, preferirán pedir una moción para que el tema regrese a comisión. 

JJD, con información del portal especializado Parlamentario

La Cámara de Diputados eliminó la moratoria previsional a través de la votación en particular del título 9 que creó la “Prestación de Retiro Proporcional”, tras 25 horas de sesión especial en el que se aborda la Ley de Bases

El resultado de la votación dejó 125 votos a favor, 113 en contra y tres abstenciones.

La última moratoria previsional puesta en marcha por el Gobierno de Alberto Fernández permitía que personas que no habían llegado a los 30 años de aportes jubilatorios durante su ejercicio laboral pudieran igualmente acceder a una jubilación mínima a través de un programa en el que se les iba descontando de las cuotas de los haberes lo correspondiente por los años adeudados.

El Gobierno de Javier Milei consideró que no es justo para las personas que aportaron durante 30 o más años financiar a aquellas personas que por distintas circunstancias no llegaron a hacerlo.

De acuerdo a esta visión, la generalización de las moratorias y la universalización jubilatoria condujo a un achatamiento de la pirámide que va en detrimento de los ingresos de los jubilados que hicieron contribuciones al Sistema Integrado Previsional Argentino (SIPA) “durante toda su vida” laboral.

En reemplazo de la moratoria, el Gobierno incluyó un sistema similar a la Pensión Universal a la Adultez Mayor (PUAM) que reconocía el 80% de los haberes de una jubilación mínima para aquellas personas que no hubieran alcanzado los 30 años de aportes requeridos por regla general.

Justamente la nueva “Prestación de Retiro Proporcional” propone otorgar a las personas que no cumplen con los requisitos para jubilarse un proporcional por los años de aportes, con un mínimo del 80% del haber de una jubilación mínima.

CRM con información de la agencia NA

El Gobierno va a cumplir con el ajuste trimestral que les corresponde a todos los jubilados en marzo respetando la fórmula actual. Pero a partir de abril, comenzará una actualización automática por inflación mensual en base al último dato disponible del INDEC.

“Así se les garantiza a los jubilados que mantengan su poder adquisitivo”, según una de las modificaciones que introdujo el Poder Ejecutivo en el último borrador del proyecto de ley ómnibus, en busca del apoyo de sectores de la oposición.

De acuerdo con el texto que esta semana podría ser tratado en el recinto de la Cámara de Diputados, las prestaciones serán móviles.

El índice de movilidad se obtendrá mensualmente conforme al último dato de inflación mensual disponible al momento de comenzar el ciclo de pago de cada mes. La inflación se definirá como la variación mensual del Índice de Precios al Consumidor.

En ningún caso la aplicación de ese índice podrá producir la disminución del haber que percibe el beneficiario o la beneficiaria.

La primera actualización sobre la base de la movilidad se hará efectiva a partir del 1° de abril de 2024.

Por otra parte, se eliminan las jubilaciones de privilegio para Presidente y Vicepresidente y, de esa manera, “se le pone fin a un privilegio de la casta en donde los presidentes accedían a una jubilación millonaria y vitalicia”, afirmó el Gobierno.

“A partir de la sanción de esta ley, al Presidente y Vicepresidente de la Nación que culmine su mandato, le resultan aplicables las previsiones de la Ley 24.241, del Sistema Integrado de Jubilaciones y Pensiones”, de acuerdo con uno de los artículos de la iniciativa.

También se modifica el artículo 1° de la ley 24.018, que quedará redactado de la siguiente manera: “Los Jueces de la Corte Suprema de la Nación quedan comprendidos en el régimen de asignaciones mensuales vitalicias que se establecen en el presente capítulo a partir del cese en sus funciones”.

Asimismo se modifica el artículo 3° de esa ley 24.018, que quedará redactado así: “A partir de la promulgación de esta Ley, los ciudadanos encuadrados en el artículo segundo, al cumplir 65 años de edad, o acreditar 30 años de antigüedad de servicio o 20 años de aportes en regímenes de reciprocidad, comenzarán a percibir una asignación mensual, móvil, vitalicia e inembargable conforme con el derecho adquirido a las fecha en que se reunieron dichos requisitos, cuyo monto será la suma que por todo concepto corresponda a la remuneración de dichos cargos”.

Con información de agencias.

IG

Una de las principales discusiones económicas planteadas por los candidatos a presidente está relacionada con la reducción –hasta su eliminación— del déficit fiscal, lo cual representa la diferencia entre los gastos y los ingresos que realiza el Estado. Si el Estado gasta más de lo que recauda, tiene déficit fiscal mientras que, a la inversa, el resultado se traduce en un superávit fiscal. 

En la plataforma de gobierno de La Libertad Avanza, cuyo candidato es Javier Milei, se plantea la necesidad de reducir, aproximadamente, 14 puntos del PBI –en términos de gastos del Estado— con el objetivo de alcanzar un superávit fiscal primario —antes del pago de intereses—. En este sentido, una de las propuestas plantea cambios drásticos en el sistema previsional, haciendo especial énfasis en el sistema de seguridad social nacional –mecanismos de asistencia estatal directos o indirectos–.

“En cuanto a la segunda generación se propone una reforma previsional para recortar el gasto del Estado en jubilaciones y pensiones de los ítems que más empujan el déficit fiscal alentando un sistema de capitalización privado, junto a un programa de retiros voluntarios de empleados públicos y achicamiento del Estado”, dice una de las propuestas de la plataforma del candidato libertario.

A su vez, y si bien no está dentro de su plataforma electoral, el actual diputado se ha manifestado en contra de la moratoria previsional ya que, según expresó, “no sólo es inmoral que regalen jubilaciones a quienes no aportaron nunca sino que profundiza el déficit estructural del país, condenando a las generaciones futuras a la pobreza”.

Por otro lado, el líder del espacio que resultó victorioso en las PASO del pasado 13 de agosto, ha repetido, en reiteradas ocasiones, la necesidad de declarar el Estado de quiebra y emergencia del sistema previsional en su conjunto. Esto tendría como resultado una serie de retrocesos en términos de beneficios adquiridos por parte de los jubilados.

En primer lugar, implicaría una salida del régimen actual de movilidad con el objetivo de minimizar las indexaciones automáticas de los haberes, lo cual podría generar situaciones de deterioro en el poder de compra ya que la actualización actual se encuentra por debajo de los incrementos precios de la canasta básica del jubilado.

Otro de los puntos que está en el centro de la tormenta es la eliminación de la pensión por fallecimiento o viudez. Al día de hoy, dicha pensión puede ser solicitada por el o la cónyuge –presentando la partida de casamiento actualizada—.

Por otro lado, se eliminarían los regímenes de excepción que permiten jubilarse con anticipación y menor cantidad de aportes. Dentro de estas jubilaciones están las de privilegio, pero también se encuentran aquellas que se otorgaron a trabajadores que se han desempeñado cumpliendo funciones insalubres, como trabajadores de subte, mineros, etcétera.

Sin embargo, el espacio de Javier Milei no es el único que propone una reforma austera del sistema previsional y de seguridad social. En su libro “Desenredar la Argentina”, Luciano Laspina —quién hasta el anuncio de Carlos Melconian como potencial ministro era el economista de cabecera de Patricia Bullrich— también pone en duda el sistema de “pensiones por fallecimiento”.

En este aspecto, el economista y diputado nacional por Juntos por el Cambio expresó que “en los orígenes de los sistemas de pensiones, el matrimonio era generalizado y duraba para toda la vida, en tanto la división de tareas entre el hombre y la mujer durante la vida laboral se dividía con el hombre participando en el mercado de trabajo y la mujer típicamente dedicada a las tareas del hogar (…) Con los años el modelo de familia ha cambiado y continuará cambiando. Cada día son menos las familias que siguen el modelo tradicional. Actualmente, conviven una mayor participación de la mujer en el mercado laboral y una menor prevalencia y duración de los matrimonios, como así también uniones civiles y de familias no heterosexuales o monoparentales”.

Laspina concluye que, dadas las modificaciones conyugales a las cuales está expuesta la sociedad –típicamente por el cambio de época— el concepto de pensión por viudez no cumple la misma función que cuando fue sancionado. No solo esto, sino que también la sanción de las moratorias previsionales de 2004, 2014 y 2023, muchas mujeres que no cumplían con la cantidad mínima de años de aporte, accedieron a una jubilación sin “una revisión de las reglas de pensionamiento”. En este punto, el economista se pregunta “¿Por qué deberían los jubilados solteros o separados pagar por las pensiones de fallecimiento? (…) ¿Se deberían ajustar a la baja los haberes en caso de separaciones?”.

El libro sentencia que Argentina es uno de los países que más gasta en este concepto, como porcentaje del producto y que debería “converger” a las reglas del sistema de pensiones derivadas que aplican la mayoría de los países. Con lo cual, al igual que en el caso de La Libertad Avanza, se plantea una reducción o eliminación del sistema de pensiones por viudez.

Hace poco más de un año, en su primer discurso después de ser reelegido, Emmanuel Macron anunció un cambio en la manera de gobernar para unir a los franceses. “Esta nueva era no será una continuación del mandato que hoy acaba, sino la invención colectiva de un nuevo método para cinco años mejores al servicio de nuestro país”, dijo. Poco después, el Presidente daba los primeros pasos para la creación del Consejo Nacional de la Refundación (CNR), una institución encargada del “renacimiento democrático del país, mediante una reforma institucional”.

Pero 12 meses después, no es cuestión de renacimiento, sino de crisis. La aprobación por decreto, sin el voto del Parlamento, de la reforma laboral que eleva la edad de jubilación de los 62 a los 64 años creó un profundo malestar en la ciudadanía, en los sindicatos y en la oposición parlamentaria. Desde entonces el presidente y los miembros del Gobierno fueron recibidos a golpe de cacerolada en sus desplazamientos. Para contrarrestar las protestas Macron desplegó una estrategia de omnipresencia mediática, incluyendo una entrevista en televisión en la que anunció una bajada de impuestos de “2.000 millones de euros para las clases medias”.

La promulgación de la ley, a la que se opone la mayoría de la ciudadanía, precipitó el debate sobre lo que algunos analistas están llamando crisis de la democracia francesa. “Tres meses de enfrentamientos en torno a la reforma de las pensiones y una aplicación vertical, incluso brutal, de la Constitución de 1958 han dañado un poco más a la Quinta República”, resumía recientemente Libération. Y según una encuesta realizada por el instituto demoscópico Viavoice para el mismo diario, tres de cada cuatro franceses consideran que la democracia en su país “goza de mala salud”, principalmente a causa de un presidente que consideran “autoritario” y a unos representantes del Estado “desconectados”.

“Estamos atravesando la crisis democrática más grave que conoció Francia desde el final de la guerra de Argelia”, se lamentaba en una entrevista el mes pasado el historiador y sociólogo Pierre Rosanvallon. “Lo que estamos viviendo es la repetición de los chalecos amarillos, pero aún más grave. Existe ese mismo sentimiento de no ser escuchados”.

Críticas a la verticalidad del poder

En realidad, las críticas a la verticalidad del poder que ejercen el presidente y el Ejecutivo son anteriores a la elección de Emmanuel Macron, aunque la forma de gobernar y las declaraciones del actual jefe de Estado contribuyeron a reactivar el debate. “Si la gente quisiera jubilarse a los 60 años, yo no hubiera sido elegido como presidente de la República”, aseguró a los periodistas franceses durante su visita a China el mes pasado.

“En una democracia, la legitimidad no puede reposar únicamente en las elecciones presidenciales, debe recaer también en la reacción de los ciudadanos a las medidas, debe convencer y requiere el consentimiento de la ciudadanía”, dice a elDiario.es Loïc Blondiaux, profesor de Ciencias Políticas en la Universidad de París I Panthéon-Sorbonne y especialista en democracia y participación. “Cuando el poder está obligado a repetir constantemente que fue elegido en unas elecciones, eso quiere decir que ese hecho ya no es una evidencia. Significa que el poder está fragilizado”.

Durante esta crisis abierta por la reforma de las pensiones, el presidente ha opuesto en varias ocasiones la legitimidad que le dan las urnas a la de la “masa” (foule) que se manifiesta en las calles. “Las revueltas no prevalecen sobre los representantes y la masa no tiene legitimidad ante un pueblo que se expresa, soberano, a través de sus representantes electos”, repitió el jefe de Estado.

“A toda esta situación hay que sumar el sentimiento de una parte de la opinión pública de que el mero hecho de expresar los desacuerdos es cada vez más difícil, en parte por la actitud de la Policía en las manifestaciones”, dice Loïc Blondiaux. “Todo esto provoca un clima democrático que revela una pérdida de confianza y una crisis general de la democracia”.

Un sistema en cuestión

El actual sistema político francés no fue concebido para durar. En 1958, en plena guerra de Argelia, el llamado golpe de Estado de los generales abrió una profunda crisis institucional. El presidente y el Parlamento recurrieron al general De Gaulle –que llevaba una década alejado de la actividad política– para sacar al país del bloqueo. En ese contexto, De Gaulle pudo negociar un nuevo sistema político a su medida, un sistema semipresidencial con la figura central del jefe de Estado, que desde 1962 es elegido directamente por los franceses por sufragio universal. En otras palabras, un sistema diseñado para evitar bloqueos institucionales de la autoridad presidencial, plasmado en la Constitución de la Quinta República.

Desde entonces, ningún presidente quiso renunciar a los poderes presidenciales para equilibrar el reparto de poder (ni siquiera François Mitterrand que en 1962 había escrito un libro, titulado El golpe de Estado permanente, criticando el sistema). Un poder vertical que fue frecuentemente criticado por políticos de todas las tendencias, desde la exministra francesa y expresidenta del Parlamento Europeo Simone Veil a Jean-Luc Mélenchon, líder de la formación de izquierdas Francia Insumisa. Este último incluía en su programa electoral una propuesta para lanzar unas cortes constituyentes de las que naciera una Sexta República.

En el caso de Emmanuel Macron se añade además la circunstancia de que otorga poca importancia a los actores sociales –como los sindicatos–, que no le parecen interlocutores prácticos en su “voluntad de transformación” del país. En su lugar Macron prefiere apoyarse en los cargos locales y en los delegados de Gobierno. “Un sentimiento de desprecio que conduce a la cólera social” y a una “desconfianza muy fuerte hacia las instituciones”, acusaba el Secretario General del sindicato CFDT, Laurent Berger.

¿Cambios en el sistema?

Macron se mostró reacio a una reforma constitucional profunda, pero sí prometió cambios en las instituciones antes del fin de su mandato en 2027. “Se pueden introducir reformas para mejorar la participación, incluso dentro del marco actual”, dice Loïc Blondiaux. “Yo defiendo los referéndum –en particular los de iniciativa ciudadana– que sirven para que la vida democrática respire, además de otras formas de democracia deliberativa como las convenciones ciudadanas”.

No obstante, para el politólogo, el problema ahora es que Macron ya no tiene credibilidad suficiente al afirmar que quiere abrir nuevos espacios de participación. “Ya en la campaña de 2017 prometió un cambio de estilo en la forma de gobernar, pero ejerció el poder de la manera más autoritaria posible. Y en la Convención Ciudadana para el Clima, en cuya organización participé, dio la sensación de traicionar sus promesas al no traducir ‘sin filtro’ las proposiciones en medidas legislativas”.

Esa crisis democrática de la que hablan los expertos tiene un impacto especialmente grave entre los jóvenes. En la segunda vuelta de las elecciones legislativas de 2022, cerca del 70% de los jóvenes de 18 a 24 años no acudieron a las urnas. Las encuestas evocan un alejamiento de los políticos y una desconfianza hacia las instituciones, a pesar de que esos mismos sondeos reflejan un interés creciente por temas centrales de la vida pública, como los derechos de las minorías y la emergencia climática. 

Decenas de sindicalistas que protestaban contra la reforma de las pensiones del presidente francés, Emmanuel Macron, invadieron brevemente el edificio del centro de París en el que tiene una oficina la firma estadounidense de inversiones BlackRock y después atacaron un local de comidas.

La acción sindical en el histórico edificio Centorial cerca del área de los Grandes Bulevares de París estaba dirigida a BlackRock debido a su actividad de fondos de pensiones privados, dijo a Reuters la manifestante Françoise Onic, de 51 años.

“El Gobierno quiere tirar las pensiones, quiere obligar a la gente a financiar su propia jubilación con fondos de pensiones privados, pero lo que sabemos es que solo los ricos podrán beneficiarse de tal configuración”, protestó un maestro de escuela, cuyo testimonio citó la agencia de noticias Reuters.

La acción se produjo en el día 11 de huelgas y manifestaciones organizadas por sindicatos en todo el país contra el plan del gobierno de aumentar la edad de jubilación en dos años a 64.

BlackRock no respondió de inmediato a una solicitud de comentarios de “Thomson Reuters”, que tiene una oficina en el mismo edificio.

A diferencia de muchos otros países europeos en los que las pensiones están financiadas, al menos parcialmente por fondos de pensiones privados, Francia tiene un sistema mediante el cual las contribuciones de quienes están trabajando actualmente aportan a las pensiones de quienes ahora están jubilados.

El Gobierno explica que se necesita un cambio para mantener el sistema de pensiones en números negros.

Cantando en voz alta el eslogan favorito de los manifestantes franceses contra la reforma de las pensiones “On est la” (“estamos aquí”), los manifestantes abandonaron el edificio después de aproximadamente media hora, dejando su gran atrio lleno del humo acre de los petardos.

Los enfrentamientos estallaron en París el jueves junto a una brasserie que suele frecuentar el presidente Emmanuel Macron.

La Rotonde, donde el toldo se incendió brevemente mientras los manifestantes arrojaban piedras, botellas y pintura a la Policía, es bien conocido en Francia por albergar una cena de celebración de Macron cuando lideró la primera ronda de las elecciones presidenciales de 2017.

“¡Golpe, bloqueo, Macron aléjate!” Los manifestantes corearon en la ciudad occidental de Rennes, donde la Policía disparó gases lacrimógenos contra los manifestantes que les arrojaron proyectiles y prendieron fuego a los contenedores.

Los grupos laborales prometieron mantenerse firmes después de que las conversaciones con la primera ministra Elisabeth Borne el miércoles, que duraron solo una hora, no lograron romper el estancamiento.

Los líderes sindicales y los manifestantes dijeron que la única forma de salir de la crisis era desechar la legislación, una opción que Borne y Macron rechazaron repetidamente. “No hay otra solución que retirar la reforma”, declaró la nueva líder del sindicato de línea dura CGT, Sophie Binet, al comienzo de la manifestación de París.

Las marchas de este jueves, el undécimo día de protestas a nivel nacional en los últimos tres meses, podrían proporcionar una indicación de si las manifestaciones prolongadas están perdiendo fuerza o ganando impulso. El día anterior de manifestaciones, el 28 de marzo, atrajo multitudes más pequeñas, según el Ministerio del Interior, con 740.000 personas protestando en todo el país en comparación con un récord de 1,28 millones visto el 7 de marzo.

Los trenes sufrieron menos interrupciones que en días anteriores de huelgas contra la reforma, según Reuters.

La autoridad de aviación civil pidió a las aerolíneas que reduzcan un 20% los vuelos en ciudades como Burdeos y Marsella, pero no en los aeropuertos de París como en huelgas anteriores desde mediados de enero.

También se espera que alrededor del 20% de los maestros de escuela primaria se unan a la huelga, informó la prensa local citando al sindicato Snuipp-FSU, por debajo de las huelgas anteriores.

Una fecha clave será el 14 de abril, cuando el Consejo Constitucional emita su veredicto sobre el proyecto de ley de pensiones, concluyó el informe de la agencia internacional.

A todo esto, el presidente chino, Xi Jinping, y el presidente francés, Emmanuel Macron, se reunieron conjuntamente con los medios de comunicación después de sostener este jueves conversaciones en Pekín, informó la agencia Xinhua.

Ambos mandatarios habían protagonizado antes una reunión trilateral con la presidenta de la Comisión Europea, Ursula von der Leyen, en aquella capital.

NB con información de NA.

El transporte público y el dictado de clases estaban este jueves casi paralizados en Francia en la primera gran jornada de huelga y protestas desde que el presidente Emmanuel Macron agravó la indignación pública al aprobar por decreto una resistida reforma jubilatoria.

Manifestantes bloquearon estaciones de tren, el aeropuerto Charles de Gaulle de París y refinerías, un día después de que Macron diera una entrevista por TV en la que defendió su decisión de elevar la edad jubilatoria a 64 años.

Los trenes regionales y de alta velocidad, el metro de París y los sistemas de transporte público en otras ciudades importantes se vieron interrumpidos. Alrededor del 30% de los vuelos en el aeropuerto de París Orly fueron cancelados, informaron autoridades.

Macron admitió ayer la “impopularidad” de su decisión de elevar la edad jubilatoria a 64 años, pero dijo que debe regir “para fin de año”, cargó contra los sindicatos y la oposición y acusó de “sediciosos” a quienes protagonizaron protestas violentas contra la reforma.

Los comentarios del presidente liberal fueron los primeros en público sobre la reforma desde que la aprobó por decreto, la semana pasada, pese a que la mayoría de los franceses la rechaza y a las masivas protestas callejeras que generó.

“Esta declaración alimentará la ira”, advirtió el secretario general de la central obrera CGT, Philippe Martinez, a la radio RTL, al inicio de la que es la novena jornada de huelga y movilización contra la reforma desde mediados de enero.

La violencia ha recrudecido en los últimos días en manifestaciones espontáneas contra la reforma y contra Macron, aunque las protestas multitudinarias convocadas para hoy por los sindicatos comenzaron de manera ordenada.

Manifestantes cortaron algunas de las principales autopistas y cruces para reducir el tráfico alrededor de varias ciudades, incluyendo Lille, Toulouse y Lyon.

El servicio de trenes se suspendió en la sureña Marsella por manifestantes posicionados cerca de las vías, dijeron autoridades, informó la agencia de noticias AFP.

En los suburbios del norte de París, varias decenas de trabajadores sindicalizados bloquearon una estación de ómnibus en Pantin, impidiendo que unos 200 vehículos salieran durante la hora pico.

Los gremios son la punta de lanza desde enero de la contestación contra el retraso de la edad de jubilación de 62 a 64 años para 2030 y el adelanto a 2027 de la exigencia de cotizar 43 años, y no 42 como ahora, para cobrar una pensión completa.

Macron, reelecto el año pasado hasta 2027, reiteró ayer que la reforma es necesaria para evitar un déficit en la caja de pensiones de Francia en momentos en que crece la expectativa de vida, cae la natalidad y se reduce la proporción de personas que trabajan.

El 7 de marzo lograron movilizar entre 1,28 millones y 3,5 millones de personas, en las protestas más grandes contra una reforma social en tres décadas, pero la manifestación de este jueves es la primera desde que Macron impuso su plan por decreto.

Este miércoles recibieron un espaldarazo de unos 300 profesionales de la cultura, entre ellos las actrices Juliette Binoche y Camille Cottin, que en una tribuna publicada en el diario Libération pidieron la retirada de una reforma “injusta”.

El Gobierno francés invocó una disposición constitucional la semana pasada para que se adoptara la ley de jubilaciones sin la aprobación de la Asamblea Nacional, la Cámara Baja del Parlamento.

Ahora la reforma debe pasar una revisión por parte del Consejo Constitucional de Francia antes de que Macron pueda promulgarla.

Según el principal sindicato docente, hasta el 50% de los maestros de las escuelas primarias estaban de huelga.

Varias acciones de bloqueo de depósitos petroleros, puertos, carreteras y universidades, entre otros, se llevaron a cabo ayer en toda Francia, donde la escasez de combustible se empieza a sentir en un 14% de las estaciones de servicio, según el sector.

La Policía dijo prever “entre 600.000 y 800.000 personas en unas 320 acciones” y espera manifestantes radicales en París y en “más de una decena de ciudades (...), animados por el clima de violencia de estos últimos días”.

Desde el 16 de marzo, cuando el Gobierno adoptó la reforma por decreto al temer perder la votación en la Asamblea, cientos de personas, en su mayoría jóvenes, salen cada noche a protestar, quemando contenedores y bloqueando calles seguidos por la policía.

Casi 1.000 personas fueron detenidas, unos arrestos que Amnistía Internacional calificó de “detenciones arbitrarias”. La oposición de izquierda, abogados, magistrados y la defensora del pueblo expresaron su preocupación por la actuación policial.

Con información de agencias.

IG

La central única de trabajadores de Uruguay, PIT-CNT lleva adelante este jueves un paro general y marchará contra el proyecto gubernamental de reforma de la seguridad social, iniciativa que considera negativa para los intereses populares.

La movilización, que la central sindical espera que sea masiva, se dirigirá hacia el Palacio Legislativo (sede del Parlamento), donde desde la semana pasada funciona una carpa en la que se realizan actividades informativas en contra de esta reforma.

“Nos están invitando directamente a trabajar más años porque nos aumentan la edad para jubilarnos y a cobrar menos”, denunció el titular del Sindicato Único de Telecomunicaciones (Sutel), Gabriel Molina, integrante de la conducción de PIT-CNT.

El proyecto elaborado por el Gobierno, que considera que la reforma es urgente ante los desafíos de sostenibilidad que presenta el sistema previsional hacia el futuro, ya fue aprobado en el Senado, únicamente con votos del oficialismo, y ahora busca respaldo en la Cámara de Diputados para convertirse en ley.

La normativa propone, entre varias modificaciones, aumentar la edad de retiro de 60 a 65 años, en un proceso gradual que no abarca a toda la población. Hasta el momento la edad jubilatoria en Uruguay es a los 60 años, pero con el nuevo proyecto varía entre los 63 y 65, según el año de nacimiento de cada trabajador y los aportes realizados. En consecuencia, quienes nacieron en 1973 se jubilarán con 63 años en 2036; los de 1974 lo harán con 64 años en 2038, y en 2040 los de 1975, con 65.

“Uruguay es el único país del mundo en el que al sistema previsional, en nuestro caso el Banco de Previsión Social (BPS, estatal), aportan más los trabajadores que los empresarios, y esa es una de las cosas que nosotros entendemos que se tendrían que revisar y esta reforma no lo hace”, señaló Molina.

El paro afectará los servicios en horarios muy dispares: será desde las 13 en los bancos, toda la jornada en las escuelas secundarias y desde las 9 en los taxistas, según los diarios El Observador y El País.

En cambio, habrá clases en las escuelas primarias y el transporte público en Montevideo “acompaña, pero no para”, según informaron los voceros del sector.

La Federación Uruguaya de la Salud (que centraliza la salud privada) convoca a un paro de 9 a 15, y en la salud pública la medida será de 24 horas.

Con información de agencias.

IG

Francia vivió este martes la segunda protesta masiva este mes de enero contra la reforma de la pensiones del gobierno de Emmanuel Macron, en una jornada en la que los sectores ferroviario, petrolero y educativo han efectuado importantes paros.

Después de la amplia protesta del 19 de enero, los sindicatos han echado un nuevo pulso a Macron exigiéndole la retirada tanto del retraso de la edad mínima de jubilación, de los 62 años actualmente a 64, como del adelanto a 2027 del alargamiento del periodo de cotización, de 42 a 43 años.

“El mundo del trabajo lo dice alto y claro, en la mayor protesta en 25 años, no quiere un aumento de la edad mínima de jubilación”, ha dicho a EFE Laurent Berger, líder de la Confederación Francesa Democrática del Trabajo (CFDT), primer sindicato del país.

Sindicatos y Ejecutivo se han enzarzado en la tradicional batalla por los datos de seguimiento. La Policía ha calculado 1,272 millones de manifestantes en todo el país, algo más de los 1,1 millones que lo hicieron, según sus datos, hace 12 días, mientras que los sindicatos han reivindicado 2,5 millones, medio millón más que en la pasada convocatoria.

Las cifras de la Policía suponen una movilización récord contra una reforma social desde 1995, según el diario francés Le Monde.

En la cabecera de la manifestación parisina junto a otros líderes sindicales, entre ellos Philippe Martínez, de la combativa Confederación General del Trabajo (CGT), los convocantes han asegurado que han asistido 500.000 participantes, frente a los 400.000 calculados hace 12 días –según la Policía, han asistido 87.000 personas–.

La de París ha sido la más mayoritaria entre las de 250 protestas convocadas en toda Francia, seguida por la de Marsella, al sur. Allí, la Prefectura ha estimado 40.000 manifestantes (205.000, según los sindicatos), aún así más que el pasado 19 de enero, la primera de una serie de movilizaciones contra la reforma de las pensiones.

En la capital, la protesta ha acabado con algunos enfrentamientos con las fuerzas del orden, que se han saldado con 30 detenciones.

Frente a la firmeza del Gobierno, los sindicatos han convocado, de forma unitaria, dos nuevas jornadas de huelga general y manifestaciones, el 7 y el 11 de febrero próximos.

La meta de los sindicatos es, como en 1995 durante la presidencia del conservador Jacques Chirac, lograr que la presión social sea tal que impida la puesta en marcha de una reforma de las pensiones.

Del sector ferroviario al petrolero

A la espera de los datos definitivos, había secundado el paro un 19,4% de los funcionarios de la Administración Central frente al 28% del 19 de enero, según el Gobierno. Los trabajadores públicos de las administraciones locales se adhirieron a la huelga en un 7,9%, frente al 11,3% del día 19, y los de los hospitales en un 8,5%, después del 9,9% anterior.

No obstante, sí que ha habido servicios especialmente impactados como el petrolero, el ferroviario, el aéreo y el educativo, según cifras de los sindicatos.

Cerca de un tercio de los empleados de los trenes gestionados por la estatal SNCF han secundado la huelga –frente al 46,3% del 19 de enero–, lo que ha provocado que solo circulasen dos trenes regionales de 10 y entre el 25 y 30% de los de alta velocidad.

En la enseñanza secundaria, se calcula un 55% de huelguistas, de acuerdo con los sindicatos. Según el Ministerio de Educación, ha habido un 25,92% de profesores que respaldaron el paro, contando todos los niveles educativos, frente al 38,5% del 19 de enero.

Como era esperado, el sector de las refinarías y los depósitos de combustibles de TotalEnergies se han movilizado en masa, de acuerdo con el sindicato CGT. Cuatro refinarías han contado con al menos 75% de su personal en huelga.

El Gobierno defiende la reforma

En la rutinaria sesión parlamentaria de control al Gobierno, la reforma de las pensiones ha sido uno de los principales temas. El ministro de Trabajo, el antiguo socialista Olivier Dussopt, ha defendido la reforma ante las preguntas de la izquierda y la ultraderecha.

“Pedimos a los franceses un esfuerzo para que se pueda mantener el actual sistema por repartición”, ha aseverado Dussopt, quien lo ha justificado esgrimiendo el envejecimiento de la población: se ha pasado de los tres cotizantes por un jubilado de la década de 1970, al 1,7 de cotizantes de hoy en día.

El Ejecutivo galo ha defendido también la reforma del sistema de pensiones para estar en línea con la UE, pues Francia es uno de los países en los que la edad mínima de jubilación es más baja (62), un argumento desechado por los líderes sindicales. “Cuando hemos trabajado toda la vida el anhelo es poder vivir de la pensión, y durante más tiempo. Ese es el mensaje de la calle en Francia”, ha dicho Martínez.

Berger, que es también presidente de la Confederación Europea de los Sindicatos (CES), ha pedido al Gobierno galo que deje de “usar el argumento de Europa” para alargar la vida laboral, ya que la edad real de las jubilaciones en Francia y el resto de la UE es muy parecida.

El entendimiento que el Gobierno Nacional y el FMI anunciaron hace un par de semanas ha generado muchos debates y especulaciones. El punto más critico parece ser que, aunque se llegó a consensos respecto de las metas de déficit fiscal para los próximos años, no parece haber acuerdo aún (o no es público) sobre cómo se llegará a cumplirlas.

El desafío de reducir el déficit se ve complicado. Subir impuestos parece poco factible dada la alta presión existente sobre la población registrada y las dificultades que el Gobierno tendría para lograr su aprobación en el Congreso. Entonces, sólo queda apostar al crecimiento económico (que “licúe” el gasto) o a reducir en términos reales algunas partidas presupuestarias. Sin embargo, la primera opción también es complicada: el principal componente del gasto público (el gasto previsional) está indexado a salarios y recaudación, dos variables que tienden a moverse muy procíclicamente. Por eso, el crecimiento de la economía puede resultar en un aumento rápido del gasto y el efecto de licuación desaparecería.

El gasto previsional depende del número de beneficiarios y los haberes medios. El número de beneficiarios es muy estable, porque la mayoría de los jubilados de este año son los del año pasado, más algunas altas menos algunas bajas. Por ejemplo, en los últimos cinco años (entre 2016 y 2021) el número de beneficiarios del sistema previsional en ANSES apenas aumentó un 0,8%. En cambio, los haberes promedios dependen de la movilidad, y la movilidad, por la ley aprobada a fin de 2020, depende de las variaciones de los salarios, la recaudación tributaria y la inflación. Por eso, la pregunta que nos deberíamos hacer (y, suponemos, se están haciendo los equipos técnicos del Fondo Monetario) es qué va a pasar con estas variables.

Podemos imaginar varios escenarios. Uno, muy malo desde el punto de vista de crecimiento y bienestar, es que “nada cambie”. Esto implicaría que la inflación se mantenga en los niveles de 2021 (en torno al 50%) y los salarios y recaudación sean estables en términos reales, sin recuperación alguna. Un ejercicio rápido de simulación muestra que este escenario de estanflación resultaría en un aumento del gasto previsional de casi el 4% en 2022 y luego estabilidad (cabe recordar que diez puntos de aumento del gasto previsional implican aproximadamente un aumento del gasto público en un punto del PBI.).

Siendo un poco más optimistas, ¿qué pasaría si lográsemos que baje la inflación (por ejemplo, unos 10 puntos cada año para que ronde el 40% en 2022, el 30% en 2023, el 20% en 2024 y el 10% en 2025) pero con políticas tan restrictivas que depriman la actividad económica y mantengan estables los salarios y la recaudación? La simulación dice que el aumento del gasto sería apenas más alto que en el escenario anterior para 2022, pero luego continuaría creciendo y, hacia 2025, mostraría un acumulado de algo más del 10%. En otras palabras, el gasto previsional subiría suavemente hasta sumar un punto más del PIB en cuatro años. Si, en cambio, el programa económico fuera exitoso en promover crecimiento aún sin bajar la inflación, el impacto fiscal se complicaría. Suponiendo que, con inflación estable en torno al 50%, los salarios crezcan al 1% y la recaudación al 3% anual real, el gasto previsional aumentaría un 6.7% en 2022 y un acumulado del 22% hasta 2025.

Finalmente, si la economía toma un camino más positivo y al mismo tiempo baja la inflación y suben salarios y recaudación, el escenario del impacto fiscal del sistema previsional sería crítico: un aumento del gasto del 7% en 2022 y el 30% en 2025. En otras palabras, si la economía mejora, el gasto previsional aumenta en 3 puntos del PIB.

Entonces, todo indica que estamos ante una encerrona. Si el programa económico es exitoso y bajamos la inflación mientras crecemos, subirá el gasto. Si sube el gasto, se complica el equilibrio fiscal, la credibilidad macroeconómica y el acuerdo con el FMI. En eso, la realidad argentina se parece al juego de la oca: podemos ir avanzando y acercarnos al éxito, pero si no tenemos cuidado y caemos en la casilla 58 (la de la calavera!) nos mandan de vuelta al inicio de la partida, mientras otros siguen avanzando.

No parece haber salida sin una reforma profunda del sistema previsional. Desde CIPPEC estamos trabajando para identificar los temas más críticos y generar propuestas superadoras. La regla de movilidad previsional es uno de los aspectos que hemos analizado, mostrando la necesidad de revisarla con urgencia para eliminar los efectos mencionados, pero además identificamos otros problemas, como la fragmentación (tenemos más de 170 regímenes distintos en vigencia) con condiciones excepcionales e inequitativas para muchos grupos (que reciben beneficios antes y mejores que el resto de la población), la duplicación de beneficios, que permite que más de un millón de personas cobren al mismo tiempo una jubilación y una pensión, o la aplicación de reglas para determinar los haberes que generan injusticias e incentivos negativos, entre otros muchos problemas. Necesitamos un sistema previsional más flexible, que proteja a toda la población, reconozca la heterogeneidad en el mercado de trabajo sin generar fragmentaciones o inequidades y asegure la sostenibilidad en el mediano plazo. Corregir estos problemas tendrá impacto en el mediano plazo, pero generará condiciones para poder crecer y mejorar la protección social al mismo tiempo. Si no abrimos una discusión seria sobre el rol del sistema previsional en Argentina las chances de superar la casilla 58 de nuestro juego de la oca y entrar en un camino de crecimiento y mejora de bienestar sostenido será pocas, con o sin acuerdo con el FMI.

RR

Director del Programa de Protección Social de CIPPEC

A dos días de fin de año, Alberto Fernández se anotó la segunda victoria política de un 2020 colmado de dificultades y malas noticias. La sanción de la ley de Interrupción Voluntaria del Embarazo es un triunfo del Presidente, motorizado dentro de su gobierno por Vilma Ibarra y trabajado por él voto a voto, con una dedicación que no mostró en otras iniciativas del oficialismo que quedaron anegadas en el Congreso. Junto con la reestructuración de la deuda, son dos objetivos que Fernández se había fijado en campaña y que pudo cumplir, pese a las demoras. Por convicción, por astucia, porque el movimiento feminista le impuso el tema como prioridad o porque todo tiene un tiempo de maduración, el profesor de Derecho Penal logró lo que Mauricio Macri prefirió no hacer ni capitalizar, cuando tuvo la oportunidad, en pleno derrumbe económico. Que se haya tratado de una demanda social y haya contado con el apoyo decidido de mujeres de distintos partidos no impide que el pancristinismo vuelva a entrar en la historia como la fuerza que sanciona una ley con eje en las libertades individuales, como lo fue hace más de 10 años el matrimonio igualitario. El contexto dramático en que se aprueba el aborto legal, sin embargo, también cuenta y aporta indicios para entender qué tipo de proyecto es o puede ser el de los Fernández.

Después de una década de estancamiento y bajo crecimiento, el peronismo kirchnerista enfrenta una prueba ácida en su cuarto ciclo de gobierno: demostrar cuál es su capacidad efectiva para aprovechar la oportunidad recurrente de la crisis y resolver los problemas estructurales en la Argentina de la precariedad y el empate tenso. Será difícil desmentir a Héctor Magnetto, quien afirma en privado que la alianza oficialista no tiene margen para hacer cambios importantes durante su mandato. La pandemia opera sobre un cuadro que Macri agravó de mil maneras en tiempo récord y, pese al rebote que se insinúa, el panorama es desolador. Más de 43 mil muertos, una caída de la economía similar a la de 2002, escasez de dólares para motorizar la reactivación, un aumento descomunal del continente de pobres y desocupados, cierre de pequeñas empresas, caída de ingresos por tercer año consecutivo y el FMI como acreedor privilegiado y auditor.  

El Covid-19 se resiste a quedar atrás y sigue siendo lo más urgente. Fernández no quiere retroceder con la apertura, gran parte de la sociedad ignora las cifras de nuevos muertos y las aglomeraciones de gente sugieren que el botón rojo nunca existió. Desde el fin del mundo, el Presidente corre la carrera global por acceder a la vacuna. Junto con Sputnik V y AstraZeneca, el objetivo es apurar el acuerdo con China: mañana mismo, sin ir más lejos, Fernández estará pendiente de que le lleguen buenas noticias de Beijing y de que madure el acuerdo con Sinopharm.  

Mañana mismo, Fernández estará pendiente de que le lleguen buenas noticias de Beijing y de que madure el acuerdo con Sinopharm.

La reforma del sistema de salud que planteó sin dar detalles Cristina en La Plata es parte de un programa de gobierno del que ni siquiera conocen sus trazos gruesos los sectores involucrados. Por segunda vez en dos meses, Alberto dio marcha atrás el 31 de diciembre con un aumento del 7% para las prepagas. Esta vez, lo hizo unas horas después de que su propio gobierno publicara la resolución 2897/2020 en el Boletín Oficial, con la firma de Ginés González García. Entre los fundamentos de la suba que no fue, el ministro de Salud marcaba la preocupación de las cámaras empresarias “por el estado crítico en que se encuentran la mayoría de los prestadores” y justificaba el incremento “a fin de garantizar su continuidad”. En el sector privado, también reclaman una reforma integral aunque no está claro que se trate de una alternativa compatible con la que enunció CFK; dudan sobre si existe alguna medida de corto plazo, si se analiza la vía de una estatización o se piensa en una variante más parecida al National Health Service, el sistema que adoptó el Reino Unido después de la Segunda Guerra Mundial y sobrevivió hasta hoy, debilitado por los recortes presupuestarios de distintos gobiernos.

Para las prepagas, que le presentaron ya su propuesta de reforma a Ginés, el sistema británico es una variante posible porque recauda, contrata con las clínicas las prestaciones y se hace cargo de los riesgos de financiar los tratamientos. La medicina privada se queja del congelamiento, dice que con el fin del ATP la mayoría de los sanatorios no podrán pagar los sueldos y afirma que el sistema va a un colapso entre febrero y marzo. Además, apunta contra los laboratorios, grandes ganadores de buena llegada al gobierno, que acentuaron su predominio con la pandemia y aumentaron los medicamentos a niveles inconcebibles pese a la emergencia sanitaria. Cómo financiar la salud en la era del virus es otra de las cuestiones que no tiene respuesta fácil. Aún con su importancia vital, el hospital público atiende a los afiliados que tienen cobertura pero aparece desfinanciado por las obras sociales que le pagan tarde y sin actualizar los aranceles. 

Las prepagas dicen que con el fin del ATP la mayoría de los sanatorios no podrá pagar los sueldos de febrero y marzo. Además, apuntan contra los laboratorios, que aumentaron los medicamentos a precios inconcebibles durante 2020.

Argentina es un país de múltiples realidades. Pese a que afecta a 18 millones de personas, la reforma jubilatoria que el Frente de Todos aprobó en Diputados tuvo muchísima menos repercusión que la sanción de la IVE. El oficialismo hizo coincidir las fechas para diluir las críticas en su contra. Sin embargo, la aprobación de la reforma jubilatoria se festejó en la residencia de Olivos. Sus consecuencias son difíciles de prever en el marco de la inestabilidad permanente. En su discurso de cierre, cuando entró a comparar piedras con balas, Máximo Kirchner defendió la medida, pero admitió que los jubilados no se van a recuperar en breve del golpe devastador sobre sus ingresos que sufrieron durante los años de Macri y debían revertir en parte en el 2020 en el que Fernández decidió los aumentos por decreto. El aliado paraoficial Luis Di Giacomo levantó la mano para votar y arriesgó su propia definición sobre la reforma: es “la menos mala” dijo, en una aproximación que seguro Sergio Massa comparte. 

La nueva fórmula no indexa por inflación, depende de la evolución de la economía y es casi una cuestión de fe en un contexto de múltiples restricciones, que tiene al nuevo Fondo pidiendo por lo bajo lo mismo que pedía el viejo, la reducción del déficit fiscal. Mientras la oposición denuncia el ajuste después del ajuste, el oficialismo evoca con nostalgia los años kirchneristas que no volverán. Una tercera perspectiva aportan desde consultoras como Eco Go. Según su directora, Marina Dal Poggetto, la formula es un bumerán para los Fernández: el gobierno paga un costo político con un cambio que no le garantiza un beneficio económico porque las jubilaciones pueden volver a licuarse en 2021 -si se quedan por detrás de una inflación que escala hacia el 4% mensual- pero volverán a ganar, si la reactivación se produce a partir de 2022. Para los analistas del establishment, que ponen en primer lugar la reducción del déficit y el acuerdo con el Fondo, el nuevo esquema es malo y en el mediano plazo deberá ser nuevamente enmendado porque no hay forma de financiar los aumentos previstos. Salvo, claro, que haya un acuerdo para una reforma estructural en un sistema impositivo que sigue siendo de lo más regresivo.

El contexto es el que cambió en la última década. Para la consultora de Dal Poggetto, en 2008 los ingresos de la Anses, fondeados en una tercera parte con rentas generales y dos terceras partes con ingresos de la seguridad social, alcanzaban para financiar el 80% del gasto de la Anses y el 110% de las jubilaciones y pensiones. Hoy, tras una licuación de más del 20% de los haberes, los ingresos de Anses alcanzan para financiar sólo el 60% del gasto de la Anses y el 90% de las jubilaciones y pensiones. En 2008, todavía había equilibrio fiscal, hoy el déficit abultado por la pandemia ronda el 7% del PBI. Otra vez la pregunta para el peronismo es cómo financiar el sistema desde la fragilidad de la escasez y el sobreendeudamiento. El trabajo no registrado, que nunca bajó del 35% y hoy afecta según algunos estudios a 1 de cada 2 asalariados, es una de las razones del desequilibrio y parece ausente, salvo por la propuesta de reforma laboral que hizo Roberto Lavagna para incorporar al sistema a los que están en la informalidad bajo un régimen low cost para las empresas.

Para Marina Dal Poggeto, la formula previsional es un bumerán para los Fernández: el gobierno paga un costo político con un cambio que no le garantiza un beneficio económico porque no hay forma de financiar los aumentos previstos.

Otra cuestión estructural, el funcionamiento de un servicio eléctrico oligopólico, quedará a prueba en el verano con el congelamiento de tarifas y el regreso de los cortes de luz en el conurbano bonaerense y la Capital Federal. Es probable que los reflectores estén sobre el debut del consorcio liderado por José Luis Manzano en Edenor. Mientras algunos no se explican por qué vendió el velocista Marcelo Mindlin, al lado del dueño de Pampa Energía dicen con ironía que el misterio es por qué compró el exministro del Interior una compañía que “regalada es cara”. Se refieren a los aumentos pisados por Cristina hasta nuevo aviso y la tarifa social que cubre a una parte de sus clientes. Manzano no sólo es socio de Daniel Vila y de Mauricio Filiberti. La composición de Empresa de Energía del Cono Sur (Edelcos) incluye un accionista que pasó inadvertido pero también incide, el titular de Global Income Fund Limited, un fondo constituido en Bahamas en 2018. El empresario mendocino no oculta su nombre y lo admite ante quien se lo pregunta: se trata de Ricardo Beroiza Contreras, un ingeniero chileno que hizo un master en Estados Unidos, trabajó durante 15 años en el Bank of America y es socio de Manzano en Edemsa, la distribuidora de luz de Mendoza. ¿Qué participación tiene Beroiza en el capital accionario de Edenor? Nadie ofrece precisiones.

Los cortes de luz en la tercera sección electoral empezaron a crecer con las temperaturas altas: afectan cada día a grupos de 500 vecinos y vuelven a poner a prueba la paciencia social.

A los intendentes del conurbano, les preocupa Edesur, que no mejoró el servicio pese a las intimaciones que recibió del ENRE ni a los pagos del Estado que -igual que Edenor- embolsó sobre fin de año por el consumo de energía de los barrios populares. Los cortes de luz en la tercera sección electoral empezaron a crecer con las temperaturas altas: según denuncian desde los municipios, afectan cada día a grupos de 500 vecinos y vuelven a poner a prueba la paciencia social. No parece el contexto más oportuno para la batalla interna que se precipita en el PJ, donde un grupo de intendentes liderados por Fernando Grey pretende resistir la intención de Máximo Kirchner para asumir la jefatura del partido con el impulso del zigzagueante Martín Insaurralde. El Frente de Todos sabe muy bien cuál es su base electoral pero la disputa de superficie con la oposición y las diferencias internas lo muestran muchas veces desligados de los problemas, estructurales, que afectan a sus votantes más que a nadie. Entre la inestabilidad económica, la presión devaluatoria y un Fondo que le respira en la nuca, deberá calibrar bien sus prioridades para el año electoral. Como aliada tiene a la soja, que aumentó 40% durante 2020, cotiza por arriba de los 470 dólares y tendrá desde enero otra vez retenciones del 33%. 

A Sergio Massa se le achica el desfiladero por el que camina, a pocos días para el debate de un proyecto estructural y determinante para las cuentas fiscales: el cambio de fórmula para actualizar las jubilaciones. Cinco diputados de los considerados aliados no acompañarán.

“La propuesta del Frente de Todos y de Alberto Fernández no resuelve el problema del achatamiento y de la pérdida de poder adquisitivo (de los jubilados)”, afirmaron en un comunicado los diputados lavagnistas de Consenso Federal Graciela Camaño, Jorge Sarghini y Alejandro “Topo” Rodríguez (todos de Provincia de Buenos Aires), junto a los diputados Enrique Estévez, del Partido Socialista, y Luis Contigiani, del Frente Progresista Cívico y Social (ambos de Santa Fe). 

Según le confirmaron a elDiarioAR, esa tribu presentará este jueves un proyecto propio que fue redactado por Contigiani. “Es más justo porque incluye la variable de la inflación a partir del Índice de Precios al Consumidor del INDEC”, adelantaron. Casualmente, se trata del INDEC conducido por el exdiputado Marco Lavagna, hijo del exministro de Economía. 

La fórmula lavagnista combina tres factores: evolución de recaudación de ANSES, evolución del salario y los precios. Pero además, incorpora una suerte de artículo de garantía que preserva un piso mínimo para las jubilaciones más bajas. Para lograrlo, el proyecto utiliza un indicador de costo de vida.

Así, el bloque lavagnista se planta en su rechazo a la iniciativa oficial. Todavía no está confirmado si a esta propuesta se va a sumar Eduardo “Bali” Bucca, quien también integra el Interbloque Federal. Los cuatro diputados del espacio que responden al liderazgo de Juan Schiaretti, en cambio, no lo harán. Con Alejandra Vigo a la cabeza (esposa del gobernador de Córdoba), apoyarán la reforma que impulsa el gobierno. ¿Motivos? El principal es el rojo que acumula la caja jubilatoria cordobesa, y un poco más atrás, la necesidad de asistencia financiera de la provincia mediterránea por parte de la Nación induce a votar en línea con la Casa Rosada.

La iniciativa comenzará a discutirse el lunes próximo en el plenario de las comisiones de Presupuesto y de Previsión Social. Massa prevé que se apruebe el 29 de diciembre: para eso, necesitará del aporte de al menos doce aliados. Entre los cuatro cordobeses y los seis conducidos por el mendocino José Luis Ramón (socio táctico de Massa en el Congreso), quedaría cerca. Pero no le resultará fácil. Juntos por el Cambio rechazará el proyecto sin fisuras.

“Los jubilados no pueden seguir siendo la variable de ajuste de los errores en que incurren los sucesivos gobiernos”, opinaron los diputados del interbloque Federal. “El gobierno de Cambiemos los perjudicó seriamente al cambiarles el sistema, con una fórmula de movilidad jubilatoria sólo defendible en una economía que fracasa: se estanca o decrece con alta inflación. También fueron perjudicados por la dolarización de las tarifas y su duro impacto en el costo de vida. Ahora, la propuesta del Frente de Todos y de Alberto Fernández no resuelve el problema del achatamiento y de la pérdida de poder adquisitivo”, concluyeron. El achatamiento se refiere a que la brecha entre jubilaciones altas y bajas, que se explica por la tendencia durante el kirchnerismo y profundizada en el primer año de Alberto Fernández de subir más las jubilaciones mínimas, que son cerca de la mitad dle total.

Los diputados referenciados en el exministro de Economía a su vez arrastran un malestar con el gobierno porque fueron excluidos de la Comisión Bicameral Mixta de Movilidad Previsional que estudió, durante 17 reuniones y tras 24 exposiciones, la letra del proyecto de ley. 

Los legisladores advirtieron que la nueva propuesta del oficialismo sigue sin resolver otro problema: el 50% de argentinos que trabajan en la informalidad y no aportan al sistema previsional.

“El sistema está quebrado y es indispensable aumentar la cantidad de aportantes, lo que se puede lograr incorporando al 50% de los trabajadores privados que hoy están en la informalidad y creando trabajo. Ese es el gran mandato social que debe cumplir el Gobierno”, aseguraron.

El empleo informal promedió cerca de 33% durante los últimos años, creció en el gobierno de Macri y alcanzó cerca de 40% durante la pandemia. El Instituto para el Desarrollo Social Argentino (Idesa), en base a datos del Indec, detalló que el 55% de los hogares argentinos tiene como jefe a un empleado en relación de dependencia registrado.

La nueva fórmula aprobada por el Senado es similar a la que rigió durante el gobierno de Cristina Kirchner. Se aplicará de manera trimestral (en la versión original del Poder Ejecutivo era semestral) y excluye a la inflación como factor para determinar la actualización de las jubilaciones. Estará compuesta en partes iguales por la recaudación de los impuestos destinados a financiar a la Anses y por el indicador que arroje el resultado más alto entre la Remuneración Imponible Promedio de los Trabajadores Estables (Ripte) y el índice de evolución salarial que elabora el Indec. Los lavagnistas le agregan una tercera pata: la inflación.

AF