El Parlamento israelí (Knéset) aprobó este lunes por 68 votos contra 42 una ley que introduce la pena de muerte como castigo por “actos de terrorismo”, definidos de forma vaga. La ley fue considerada discriminatoria por organizaciones de derechos humanos, expertos de la ONU y Gobiernos europeos ya que, en la práctica, se aplicaría casi exclusivamente a los palestinos, tanto en Israel como en los territorios ocupados.

Los partidos árabes-israelíes unidos en el bloque Hadash-Ta’al denunciaron que, con la aprobación de este proyecto de ley, “el gobierno admite que el Estado de Israel mantiene dos sistemas jurídicos distintos basados en la nacionalidad y la raza: uno que permite la ejecución de árabes y otro que otorga protección e inmunidad a delincuentes judíos”. El bloque censuró lo que tacha de “apartheid en su máxima expresión” y anunció que pretende “presentar una petición urgente ante el Tribunal Supremo para anular la ley”, cuya inconstitucionalidad venían señalando durante la tramitación parlamentaria.

Antes de su aprobación, los ministros de Exteriores de Francia, Alemania, Italia y Reino Unido instaron en un comunicado conjunto a los legisladores y al Gobierno israelíes que dieran marcha atrás, expresando su preocupación por “el carácter discriminatorio de facto de este proyecto de ley”, que fue promovido por el partido ultraderechista Poder Judío, encabezado por el ministro de Seguridad Nacional, Itamar Ben Gvir.

Organizaciones de derechos humanos internacionales e israelíes también habían rechazado el proyecto de ley, así como expertos de Israel, que con esta legislación amplía los casos en los que se puede aplicar la pena de muerte, 70 años después de haberlos limitado.

La pena capital para los delitos comunes fue abolida en 1954 y se mantuvo para los crímenes de genocidio o traición. La única ejecución que llevó a cabo el Estado hebreo tuvo lugar en 1962 y el sentenciado a muerte fue Adolf Eichmann, considerado uno de los ideólogos del Holocausto, quien fue juzgado en Jerusalén después de haber sido capturado por agentes del servicio de Inteligencia exterior israelí (Mosad) en Argentina en 1960.

La ONG Amnistía Internacional denunció antes de su aprobación que las enmiendas que introduce el proyecto de ley buscan “ampliar los delitos castigados con la muerte y eliminar garantías clave del debido proceso” y que, de esta forma, “el Gobierno israelí se está otorgando descaradamente el permiso para imponer sentencias de muerte a los palestinos”. Además, consideró que la nueva legislación no sólo va en contra de la tendencia mundial hacia la abolición de la pena de muerte, sino que servirá como “una herramienta más dentro del sistema institucionalizado de apartheid israelí contra todos los palestinos”.

En Israel, la organización BTselem aseguró que la nueva ley “está redactada para aplicarse únicamente a los palestinos y tiene como objetivo normalizar el asesinato de palestinos como una herramienta de castigo colectivo”.

Por su parte, Ori Aronson, profesor de Derecho asociado de la Universidad Bar-Ilan de Israel, explica que, a pesar de que se hayan introducido algunos cambios durante la tramitación de la ley en los pasados meses, sigue siendo “discriminatoria” por distintos motivos.

El experto detalla que Israel tiene dos sistemas judiciales separados: uno para sus ciudadanos y residentes (incluidos los ciudadanos árabes, que son el 20% de la población) y otro para los palestinos en Cisjordania. “En Israel, el sistema es civil y penal; en Cisjordania es un sistema de tribunales militares”, dice y agrega que la pena de muerte se aplicaría de forma distinta en los dos sistemas.

“En los tribunales civiles, la pena de muerte se aplicaría a los casos de asesinato en el contexto de una acción terrorista, llevada a cabo con el propósito de negar la existencia del Estado” de Israel, señala Aronson, mientras que en los tribunales militares se aplicaría a todos los casos. El profesor, miembro del Foro de Profesores de Derecho para la Democracia, especifica que en Cisjordania afectaría sólo a los residentes palestinos (unos 3 millones), no a los más de medio millón de colonos israelíes que viven en los asentamientos y que perpetran ataques violentos contra los palestinos, con un número cada vez mayor de víctimas mortales.

BTselem señaló que “los jueces militares deberán condenar a muerte a los palestinos declarados culpables de asesinato, salvo en 'circunstancias especiales'”. Además, bastará con una mayoría simple de los jueces y las vías para apelar serán “extremadamente limitadas”. La ONG israelí recuerda que el 96% de los palestinos juzgados en tribunales militares son condenados, muchas veces por “confesiones obtenidas bajo coacción y tortura durante los interrogatorios”.

Aronson se muestra preocupado por las consecuencias que puede tener “la aplicación de la pena más severa de una forma discriminatoria”. Asimismo, lamenta que, en este caso, la legislación parece ser una “venganza pública”, por lo que hay temores de que “incite más odio en lugar que tener un efecto positivo” en la sociedad israelí.

Los legisladores que impulsaron las enmiendas apelan directamente a los deseos de venganza después de los ataques de Hamas del 7 de octubre de 2023 –en los que fueron asesinados unas 1.200 personas en Israel y más de 250, secuestradas–. Uno de los argumentos esgrimidos es que, si un terrorista es ejecutado, no podría ser liberado en futuros acuerdos de intercambio de presos con los grupos palestinos como Hamas, que a lo largo de las últimas dos décadas negoció la puesta en libertad de miles de prisioneros (incluidos destacados miembros de su brazo armado) por rehenes israelíes, militares o civiles.

“Los israelíes están muy traumatizados después del 7 de octubre y las heridas no empezaron aún a sanar; este tipo de medidas no parecen que vayan a sanar esas heridas sino a incitar más odio y rabia”, reflexiona el profesor de Derecho. “Es una trayectoria muy preocupante para un país que está muy polarizado, donde las emociones están a flor de piel y hay emociones muy fuertes y negativas entre los judíos y los palestinos dentro de Israel. Las medidas deberían ir en la dirección opuesta, hacia la reconciliación”, concluye.

También más de diez expertos y relatores especiales de Naciones Unidas mostraron su preocupación durante la tramitación de la ley, destacando que tanto en los tribunales civiles como en los militares se aplicarían “definiciones vagas y excesivamente amplias de delitos terroristas según la legislación israelí, que pueden incluir conductas que no sean genuinamente terroristas”. Por ejemplo, la pena de muerte se aplicaría a los homicidios involuntarios, si son cometidos en el marco de “actos terroristas”. 

“Dado que los juicios militares israelíes de civiles no suelen cumplir con los estándares de un juicio justo según el derecho internacional, cualquier condena a muerte resultante violaría aún más el derecho a la vida”, afirman los expertos y relatores. Además, la legislación “restringe aún más el acceso a la asistencia jurídica, no establece un proceso de apelación eficaz y elimina la supervisión externa efectiva, lo que socava aún más el derecho a un juicio justo”. Y agregan: “La negación de un juicio justo también constituye un crimen de guerra”.

Desplegar la Guardia Nacional, armar a los soldados que patrullan las calles, crear una unidad especial militar para gestionar los casos de “desorden público” y ahora ampliar la pena capital. Donald Trump dijo este martes que buscará ampliar la pena de muerte para los casos de homicidio que se cometan en Washington. La afirmación no deja de ser una provocación más en medio de la militarización del Distrito de Columbia.

“Si alguien mata a alguien en la capital, Washington, DC, buscaremos la pena de muerte, y eso es un elemento muy fuerte de prevención y todo el mundo que lo ha escuchado está de acuerdo”, afirmó el presidente durante la reunión de gabinete con el resto de secretarios.

Las palabras del presidente buscan reforzar su imagen de “orden y ley” que quiere transmitir con su campaña contra el supuesto crimen que azota la ciudad, a pesar de que las estadísticas de criminalidad habían bajado desde 2023. Gracias a este relato, Trump declaró la “emergencia criminal” en el Distrito de Columbia que le permitió desplegar la Guardia Nacional y poner la policía local bajo control federal.

De hecho, la narrativa de la inseguridad es la que está usando para amenazar a otras grandes ciudades demócratas –como Chicago y Nueva York– con desplegar ahí también la Guardia Nacional. Sobre esto, Trump lo ha planteado como si fuera una pura casualidad: “Justamente las ciudades de las que hablamos [sobre desplegar la Guardia Nacional] son demócratas”. Más allá del gesto autoritario que supone el uso del ejército para asuntos domésticos, Trump parece que está haciendo toda esta campaña con el objetivo de preparar el terreno para las elecciones del año que viene.

“Creo que el crimen será el gran tema de las midterms [elecciones de medio mandato de 2026] y será el gran tema para las siguientes elecciones”, afirmó ante los periodistas el presidente. Trump apuntó cómo pretende marcar la agenda y el marco de las legislativas del año que viene. Ahora que el republicano no puede capitalizar el malestar de la población por la inflación - porque él es quien gobierna y según él ahora la economía está “floreciendo”-, Trump busca otra arena desde donde pueda usar el populismo para sumar votos que le permitan mantener el control del Congreso. Paralelamente, ya ha puesto en marcha la maquinaria para modificar los mapas electorales en su favor.

En Washington está prohibida la pena de muerte para delitos locales, pero sigue siendo aplicable para ciertos crímenes, según la ley federal. La actuación de los federales en la ciudad ha hecho que muchos casos que habrían pasado como ofensas menores, se hayan convertido en crímenes federales. De aplicarse la pena de muerte, tal como ha pedido el presidente este martes, aumentaría drásticamente el número de acusados en el corredor de la muerte federal, cuyos casos suelen tardar muchos años en resolverse.

Una de las primeras órdenes ejecutivas que firmó Trump al llegar a la Casa Blanca en la que instruía buscar la pena de muerte “cuando sea posible” y cuando involucre “el asesinato de un agente del orden público; o un delito capital cometido por un extranjero ilegalmente en este país”.

En febrero, la fiscal general Pam Bondi, levantó la pausa establecida durante la presidencia de Joe Biden sobre la mayoría de las ejecuciones federales, y el Departamento de Justicia bajo Trump ya dijo que buscará la pena de muerte en el caso de Luigi Mangione, acusado de haber asesinado al ejecutivo de UnitedHealth Brian Thompson el año pasado.

El número de ejecuciones de 2023 en todo el mundo ascendió a las 1.153, el máximo desde 2015, según un informe publicado hoy por Amnistía Internacional (AI), que desvela un aumento de más del 30% respecto al año anterior. Así, las ejecuciones se incrementaron hasta alcanzar “la cifra más alta en casi un decenio con una fuerte subida en Medio Oriente”, según la ONG especializada.

En su análisis global 'Penas de muerte y ejecuciones 2023', AI destacó el aumento de estas condenas en Irán como una de las principales causas de que el año pasado fuera el récord en número de ejecuciones. Allí se produjeron 853, cifra que supone el 74% del total de ejecuciones registradas, si bien Amnistía Internacional no dispone de la suma de las que se produjeron en China, donde la organización estima que miles de personas murieron por este hecho.

En cuanto al número de sentencias a penas de muerte en 2023, también se incrementó respecto al año anterior, con 2.428 nuevas condenas, un aumento del 20% respecto a las 2.016 del año anterior.

Pese a todo, la secretaria general de AI, Agnès Callamard, se mostró optimista con el trabajo de la organización en pos de eliminar las ejecuciones en todo el mundo. “Los países que siguen llevando a cabo ejecuciones están cada vez más aislados; nuestra campaña contra este castigo abominable funciona y continuaremos hasta que hayamos terminado con la pena de muerte”, expresó, según la nota de prensa.

China, líder en ejecuciones

Pese a la ausencia de datos de China, que mantiene sus cifras en secreto, según Amnistía, la organización considera que fue el país que más ejecuciones llevó a cabo, con una estimación de miles.

Para AI, el secretismo respecto al número de ejecuciones –también en Corea del Norte y Vietnam, países en los que la organización cree que se producen ejecuciones de forma generalizada– sirve como indicador de que la pena de muerte se utiliza como herramienta gubernamental para ejercer el poder y sembrar el miedo en la población.

Entre los países que sí publicaron datos, sobresalió Irán, con un aumento del 48% en sus ejecuciones respecto al 2022, pasando de 576 ese año a las 853 de este, muchas relacionadas con los delitos de estupefacientes. “Las autoridades iraníes mostraron un total desprecio por la vida humana y aumentaron las ejecuciones por delitos de drogas, lo que puso aún más de relieve el impacto discriminatorio de la pena de muerte en las comunidades más marginadas y empobrecidas de Irán”, declara Callamard.

Después de China e Irán, destaca el número de ejecuciones en Arabia Saudí (172), Somalia (38, aunque AI considera que esta cifra es mayor) y Estados Unidos (24).

Continúa el progreso hacia la abolición

Aunque el informe subraya el aumento en las penas de muerte y ejecuciones en todo el mundo en 2023, Amnistía Internacional también destaca que ese año fue el momento en el que se registró el menor número de países donde se produjeron ejecuciones.

Esta cifra bajó de los 20 países que llevaron a cabo esta pena en 2022 a los 16 del último año, en el que no se registraron muertes de este tipo en Bielorrusia, Japón, Birmania y Sudán del Sur.

Además, la organización destaca que en Pakistán se eliminó la pena de muerte para delitos relacionados con las drogas, mientras que en Malasia se acabó con la pena de muerte obligatoria para algunos delitos.

Al mismo tiempo, según Amnistía, también los parlamentos de Ghana, Kenia, Liberia y Zimbabue dieron pasos hacia la abolición de la pena de muerte.

Con información de la agencia EFE

El estado de Alabama, al sur de Estados Unidos, ejecutó este jueves al preso Kenneth Eugene Smith asfixiándolo con gas nitrógeno, un método nunca antes probado y que ha provocado duras críticas internacionales. El Tribunal Supremo rechazó minutos antes de la ejecución el último recurso que la defensa del preso había presentado este mismo jueves por 6 votos a 3. La oficina de derechos humanos de la ONU ha alertado de que el nuevo método podría equivaler a tortura o tratos crueles, inhumanos o degradantes según la legislación internacional.

A Smith, condenado a muerte por asesinar a una mujer por encargo en 1988, lo declararon muerto a las 20.25 hora local tras haber inhalado el gas nitrógeno a través de una máscara y haberse quedado sin oxígeno. Los periodistas que fueron testigos oculares de la ejecución relataron que, después de que el gas comenzase a fluir, Smith se estuvo retorciendo durante un par de minutos y luego se le vio con respiración agitada durante varios minutos más.

Sus últimas palabras, ya con la máscara puesta, fueron: “Esta noche Alabama hace que la humanidad dé un paso atrás. Gracias por apoyarme. Los quiero a todos”.

El director del Departamento Correccional de Alabama, John Hamm, dijo en rueda de prensa posterior que las sacudidas del reo fueron “involuntarias”, pero no estaban fuera de lo esperado. El gas nitrógeno fluyó durante unos 15 minutos.

Rechazados todos los recursos

El Tribunal Supremo de Estados Unidos rechazó minutos antes de la ejecución el último recurso que la defensa del preso había presentado este mismo jueves por 6 votos a 3, dando así luz verde al inicio del procedimiento. La progresista Sonia Sotomayor, una de las tres juezas que votaron por detener la ejecución, argumentó que “al no haber podido matar a Smith en su primer intento, Alabama lo ha elegido como su 'conejillo de indias' para probar un método de ejecución nunca antes usado”.

Alabama ya intentó ejecutar a Smith en noviembre de 2022, pero el verdugo fue incapaz de introducirle las vías intravenosas. Como parte de un acuerdo posterior, Alabama se comprometió a no intentar matarlo de nuevo con inyección letal.

La Oficina del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos, Amnistía Internacional, Human Rights Watch o la Comunidad de San Egidio habían pedido en los últimos días a Estados Unidos que no permitiese la ejecución.

En un comunicado publicado este viernes, el alto comisionado de las Naciones Unidas para los derechos humanos, Volker Türk, dice que lamenta “profundamente” la ejecución de Smith “a pesar de la grave preocupación que suscita que este método novedoso y no probado de asfixia con gas nitrógeno pueda constituir tortura o trato cruel, inhumano o degradante”. “La pena de muerte es incompatible con el derecho fundamental a la vida. Insto a todos los Estados a que establezcan una moratoria sobre su uso, como paso hacia la abolición universal”, ha agregado.

En los mismos términos se ha expresado la Unión Europea, que recuerda que se opone firmemente a la pena de muerte porque es una violación del derecho a la vida y “la negación definitiva de la dignidad humana”. En un comunicado, el Servicio Europeo de Acción Exterior ha lamentado la ejecución en Alabama y sostiene que, según los expertos, el método utilizado “es un castigo especialmente cruel e inusual”.

Smith estaba en el corredor de la muerte por haber asesinado en 1988 a una mujer, Elizabeth Sennett, por encargo de su marido, Charles Sennett, que pretendía cobrar una indemnización. Smith y un cómplice, John Forrest Parker, recibieron 1.000 dólares cada uno. Sennett se suicidó una semana después del asesinato, cuando se dio cuenta de que las autoridades le consideraban sospechoso, mientras que Parker también fue condenado a muerte y fue ejecutado en 2010 con una inyección letal.

“A las tres personas implicadas hace años las hemos perdonado”, aseguró también en rueda de prensa Mike Sennett, hijo de la asesinada, junto a sus dos hermanos, después de presenciar la ejecución del último de los involucrados, una sensación que describieron como “agridulce”. “Los actos malvados tienen consecuencias”, afirmaron.

Las farmacéuticas rechazan que los fármacos se usen así

Todos los ojos estaban puestos sobre Alabama y su nuevo método de ejecución, el primero desarrollado desde que en 1982 se introdujo la inyección letal, que ha sido mayoritario durante las últimas cuatro décadas en el país desplazando a la silla eléctrica. Alabama decidió probar con la asfixia con gas nitrógeno ante la dificultad que han enfrentado en los últimos años los estados que aún usan la pena capital para adquirir fármacos letales ante la negativa de las farmacéuticas a que sean usados con este propósito.

Además, las complicaciones surgidas en varias ejecuciones desde 2014 -algunas en Alabama- han hecho que se cuestione el método por inhumano y que haya sido objeto de disputas legales durante años.

Otros estados estaban muy pendientes de la ejecución en Alabama, para introducir ellos también el método de asfixia con nitrógeno. Oklahoma y Misisipí, de hecho, ya han aprobado el método, pero aún no han desarrollado un protocolo para usarlo ni construido las instalaciones.

Desde que el Tribunal Supremo reintrodujo la pena de muerte en 1976, han sido ejecutados en Estados Unidos 1.583 presos, 73 de ellos en Alabama.

Amber McLaughlin, de 49 años y primera mujer transexual condenada a muerte en Estados Unidos, fue ejecutada este martes mediante una inyección letal en el estado Missouri, después de que el gobernador Mike Parson le denegara un pedido de clemencia, informó la prensa local.

McLaughlin falleció poco antes de las 19 (las 22 en la Argentina) y se convirtió en la primera persona ejecutada en Estados Unidos en lo que va del año y la tercera sometida a la pena capital en los últimos 12 meses en Missouri, según el diario St. Louis Post-Dispatch.

“Soy una persona amorosa y afectuosa, y me disculpo por lo que hice”, afirmó la condenada en su declaración final escrita.

McLaughlin, quien comenzó su transición de género hace unos tres años en la prisión, fue sentenciada por la violación y el asesinato de su exnovia Beverly Guenther, en el condado St. Louis.

“McLaughlin acechó, violó y asesinó a Guenther, es una criminal violenta; la familia y los seres queridos de Guenther merecen la paz; el estado Missouri ejecutará la sentencia de McLaughlin en cumplimiento de la orden del tribunal”, dijo el gobernador al denegar la conmutación de la pena máxima.

Según el Centro de Información sobre la Pena de Muerte, un grupo que se opone a la pena capital, no hay otro caso documentado de un hombre o mujer trans ejecutados en Estados Unidos.

Los abogados de McLaughlin habían hecho un pedido de clemencia a Parson el 12 de diciembre pasado, rogándole que conmutara la sentencia a prisión de por vida al alegar que el jurado que la declaró culpable no logró una decisión acerca de la sentencia.

Missouri e Indiana son los únicos dos estados donde la ley permite que el juez que presidió el proceso imponga la pena de muerte en el caso de un jurado indeciso.

Michelle Smith, codirector de Residentes de Missouri por Alternativas a la Pena de Muerte, dijo al diario The Kansas City Star que esta variante hace del estado “un caso extremo” que “hiede a injusticia”.

En su pedido de clemencia, los abogados de McLaughlin afirmaron que ella sufrió abusos durante la niñez, y padece una discapacidad intelectual que nunca se mencionó durante el juicio.

“La investigación reconoció el arrepentimiento sincero de McLaughlin y también lo hicieron todos y cada uno de los expertos que la evaluaron en los años que pasaron desde el juicio”, destacaron sus abogados.

McLaughlin fue “sólidamente diagnosticada con discapacidad intelectual limítrofe y universalmente con daño cerebral, así como síndrome de alcohol fetal”, argumentó la defensa.

Numerosas personalidades políticas y de la sociedad civil reclamaron que se anule la ejecución de McLaughlin al argumentar que fue abandonada por su madre, agredida recurrentemente por su padre adoptivo y protagonista de “múltiples intentos de suicidio”.

McLaughlin no inició ningún proceso legal para cambiar su nombre o comenzar un tránsito físico, por lo que se alojó hasta su ejecución en el Centro Correccional de Potosi, cerca de St. Louis, un establecimiento solo para varones.

Con información de Télam.

IG

Donald Trump añadió una macabra distinción a su presidencia: por primera vez en la historia de Estados Unidos, el gobierno federal ejecutó a más civiles en un año que todos los estados juntos.

La Administración Trump terminó con la vida de 10 prisioneros en un 2020 caracterizado por un número inédito de ejecuciones ordenadas por el gobierno federal. La oleada de ejecuciones se saltó una norma histórica y fue en contra de la tendencia de los últimos años en Estados Unidos, donde el número de ejecuciones estaba en declive.

El informe de fin de año del Centro de Información sobre la Pena de Muerte (DPIC, por sus siglas en inglés) analiza la extraordinaria sed de sangre que ha caracterizado a la Administración Trump. En los últimos años, el informe anual había dejado constancia de una disminución ininterrumpida en el número de ejecuciones. Todas, además, habían sido ordenadas por las autoridades de los estados, no por el gobierno central.

Récord a la baja

A nivel estatal, la tendencia se confirmó también en 2020, con la pandemia del coronavirus conteniendo un número de ejecuciones programadas que ya era bajo. Solo se aplicó la pena de muerte en cinco estados: Alabama, Georgia, Missouri, Tennessee y Texas. Y solo en Texas hubo más de una. Desde 1983, este ha sido el año con un menor número de ejecuciones a cargo de los estados.

Los estados ejecutaron a siete personas (tres de ellas, en Texas), frente a las 10 personas que fueron ajusticiadas por el gobierno federal. Pese a la oleada de muertes ordenadas por el gobierno federal, la suma total sigue dando el menor número de ejecuciones judiciales en Estados Unidos desde 1991.

En medio de esa tendencia descendente, las acciones de la Administración Trump se destacan como una grotesca anormalidad. Según Robert Dunham, director ejecutivo del DPIC y autor principal del informe, “las políticas de la Administración no sólo están desfasadas con las prácticas históricas de los presidentes anteriores, sino que también están completamente desfasadas con las prácticas estatales actuales”.

Una parte de la explicación tiene que ver con la negativa deliberada de Trump de tomarse en serio el coronavirus. A diferencia de los estados con pena de muerte, el gobierno federal insistió en seguir adelante con las ejecuciones programadas. El resultado fue un brote de Covid-19 en la cárcel de Terre Haute, en Indiana, donde el informe del DPIC documenta el contagio de al menos nueve miembros de los equipos de ejecución.

El desdén del presidente saliente

Pero el dato más importante de las ejecuciones federales en 2020 ha sido el desdén mostrado por la Administración Trump hacia las normas establecidas, y su determinación de llevar la pena de muerte más allá de los límites incluso para los estándares de los que apoyan la pena capital.

Desde que el 3 de noviembre Trump perdió las elecciones, el gobierno federal ejecutó a tres prisioneros: Orlando Hall, Brandon Bernard y Alfred Bourgeois. La última vez que un presidente saliente ocupó el primer lugar en una ejecución fue en 1889, cuando el gobierno de Grover Cleveland mató a un indio choctaw llamado Richard Smith.

Los tres ejecutados bajo el mandato de Trump como presidente saliente fueron hombres negros. Como destaca el informe del DPIC, en la lista de muertos la disparidad racial sigue siendo notoria. Durante décadas, casi la mitad de los ejecutados han sido personas no blancas.

El informe deja a la luz otros problemas sistémicos en la elección que hizo la Administración Trump de los prisioneros a matar. Lezmond Hill, ejecutado en agosto, era el único prisionero nativo americano en el corredor de la muerte del gobierno federal. Su ejecución ignoró la soberanía tribal sobre el caso así como las objeciones de la nación navajo, contraria a la pena de muerte.

Entre las personas que murieron este año por las prisas del gobierno federal en las ejecuciones figuran dos prisioneros con delitos cometidos cuando eran adolescentes: Christopher Vialva (tenía 19 años) y Brandon Bernard (tenía 18). En casi 70 años, son los primeros delincuentes ejecutados por el gobierno de Estados Unidos debido a un crimen cometido durante su adolescencia.

Peor que Texas

El informe anual de la Coalición de Texas para Abolir la Pena de Muerte (TCADP, por sus siglas en inglés), publicado el miércoles, subraya el dramático contraste entre la agresiva postura de la Administración Trump y la drástica reducción de las ejecuciones a nivel estatal.

Texas, que tradicionalmente ha sido la capital de la pena de muerte en Estados Unidos, ejecutó a tres personas este año, por debajo de las nueve de 2019. La última ejecución, el 8 de julio, fue la de Billy Joe Wardlow. Tenía 18 años en 1993 cuando cometió un robo y un asesinato.

Según Kristin Houlé Cuellar, directora ejecutiva del TCADP, “las circunstancias de su ejecución arbitraria son aún más atroces teniendo en cuenta que hubo legisladores estatales, defensores de la justicia para los jóvenes, expertos en neurociencias y dos jurados del juicio de Wardlow pidiendo un indulto por lo que ahora se sabe sobre el desarrollo del cerebro en los adolescentes”.

Hubo algunas buenas noticias. En marzo, Colorado se convirtió en el vigesimosegundo estado en abolir la pena de muerte. Louisiana y Utah llevan 10 años sin ejecutar a nadie. 

Joe Biden, el presidente electo, ha prometido terminar con la pena de muerte. Pero hasta que el 20 de enero entre en la Casa Blanca, Trump sigue al mando. Antes de que termine, tres prisioneros federales más podrían morir, incluyendo a la única mujer en el corredor federal de la muerte.

Traducido por Francisco de Zárate