El Juzgado Nacional en lo Criminal y Correccional Federal 10 estableció el embargo y la inhibición de bienes para las exautoridades del Banco Nación durante el gobierno de Mauricio Macri que estuvieron al mando del Banco Nación y otros imputados, en el marco de la causa que investiga a la cerealera Vicentín y el presunto fraude millonario contra el Estado. Entre los apuntados en el fallo figuran Javier González Fraga, expresidente de la entidad, su vice, Lucas Llach, y otros 18 directivos, además de los empresarios a cargo de la empresa.

De acuerdo a la resolución judicial, la “finalidad del embargo se extiende a asegurar la eventual imposición y cumplimiento del decomiso, y de esta manera impedir que se consolide el provecho del delito en cuestión. También será necesario considerar la posible pena de multa que pudiera dictarse y la solidaridad en la obligación de reparar el daño que pudiera recaer sobre todos los responsables del delito”, de acuerdo a la información que dio a conocer este miércoles DataClave.

Los apuntados son los exfuncionarios del Banco de la Nación Argentina:

Javier Antonio González Fraga (presidente),

Lucas Llach (vicepresidente),

Carlos Alberto Castellani (director),

Ercilia Antonia Nofal (directora),

Miguel Ángel Arce (director),

Guillermo Goldberg (director),

Jorge Alberto Lawson (director),

Marcelo Javier Pose (director),

Javier Okseunik (director),

Agustín Pesce (director),

Juan José Fragati (gerente general),

Martín Enrique González (subgerente de Banca Corporativa),

Susana Graciela Ojeda (subgerente de Riesgo y Política de Crédito),

Maricel Leonor Moschini (subgerente de Soporte Crediticio),

José Luis Testa (gerente zonal),

Luis María Celestino Restelli (gerente zonal),

Darío Marcelo Giacossa (gerente de sucursal),

Néstor Ariel Bled (gerente de sucursal),

Alexis Diosnel Tortul (responsable de la plataforma comercial) y

Alejandro Fabián Díaz (síndico).

Asimismo y por otro lado, habrían intervenido los siguientes empresarios del Grupo Vicentin:

Néstor Buyatti (presidente),

Alberto Julián Macua (vicepresidente),

Herman Roberto Vicentin (apoderado),

Martín Sebastián Colombo (director),

Roberto Oscar Vicentin (director) y

Máximo Javier Padoan (director).

La imputación sostiene que “los funcionarios del Banco de la Nación Argentina conjuntamente a los empresarios del Grupo Vicentín, entre agosto y diciembre de 2019 habrían generado que las compañías Vicentín SAIC y Algodonera Avellaneda SA defraudaran las arcas de la entidad pública por un perjuicio patrimonial de U$S 304.328.665,75 –según reclamara el banco en el concurso preventivo de la primera firma señalada–, que hasta la actualidad continúa siendo de cobro incierto”.

Para ello, “los funcionarios, apartándose de la normativa que regula su actividad, habrían omitido intimar a las empresas aludidas por la deuda que se hallaba vencida y era exigible desde el 8 de agosto de 2019, originada por préstamos concedidos en concepto de prefinanciación de exportaciones”, agrega la resolución.

Además, el fallo sostiene que esta maniobra “implicó la omisión de retener desde aquel mes hasta diciembre del mismo año los importes depositados en las cuentas nro. 4280047390 en dólares y nro. 4280047287 en pesos –ambas radicadas en el BNA y de titularidad de Vicentin SAIC–, que habían sido constituidas como garantía de los empréstitos, y por las que entre agosto y diciembre de 2019 circularon U$S 795.651.945 y $ 2.031.118.902 respectivamente”. 

“Los funcionarios habrían posibilitado entre el 8 de agosto y el 3 de diciembre de 2019 que desde las dos cuentas mencionadas se liberaran un total de $ 43.449.104.966, al autorizar que dicha suma fuera progresivamente transferida a través de 125 operaciones a la cuenta corriente nro. 4282044266 –también radicada ante el BNA–, desde la que las empresas carecían de restricciones para operar y sobre la que el banco carecía de facultades para cobrarse”, apunta la decisión judicial. 

Y añade: “Asimismo, los funcionarios, cada uno desde su rol, habrían posibilitado entre el 8 de agosto y el 3 de diciembre de 2019 que desde las dos cuentas mencionadas se liberaran un total de $ 43.449.104.966, al autorizar que dicha suma fuera progresivamente transferida a través de 125 operaciones a la cuenta corriente nro. 4282044266 –también radicada en el BNA–, desde la que las empresas carecían de restricciones para operar y sobre la que el banco carecía de facultades para cobrar. Ello permitió que los empresarios pudieran sustraer el dinero de la esfera de la entidad y que, como se denunciara, a partir del 26 de diciembre de 2019 las nuevas autoridades del BNA resolvieran cancelar las obligaciones pendientes del Grupo Vicentin, impidiendo que pudieran retener USD 6.795.851, representativos de un 2,2 % del total de la deuda”.

Para la Justicia, “la actuación coordinada entre funcionarios del BNA y empresarios, al haber perjudicado patrimonialmente al banco mediante el otorgamiento irregular de veintiocho préstamos por un total de USD 105.500.000, concedidos entre el 8 y el 26 de noviembre de 2019”.

“Ello ocurrió sin considerar que el grupo ya registraba, al 7 de noviembre de 2019, una deuda vencida y exigible de USD 149.500.000, que superaba los límites normativos y que, además, carecía de calificación crediticia actualizada, así como de la autorización y garantías necesarias para acceder a nuevos créditos”, dice la resolución.

En este contexto, el fallo acusa a los empresarios, “en connivencia con los funcionarios del BNA”, de haber “actuado con el fin de defraudar al banco para beneficiar a Vicentin SAIC y Algodonera Avellaneda SA, evitando el pago de las obligaciones contraídas, solicitando la liberación de fondos garantizados y obteniendo nuevos préstamos sin reunir las condiciones ni ofrecer garantías suficientes”.

Asimismo, “habrían desviado fondos que se encontraban bajo custodia del banco para evitar que fueran aplicados al pago de la deuda contraída”.

Finalmente, “el grupo habría realizado operaciones bancarias destinadas a desviar y ocultar los fondos provenientes de la maniobra fraudulenta. Entre ellas, se menciona una transferencia de USD 16.942.805 a una cuenta en el exterior sin justificación aparente, y el canalizamiento de $ 222.780.392,10 a través de once empresas mediante facturación apócrifa, cuyas actividades declaradas ante AFIP/ARCA no pudieron ser verificadas”.

Qué decía el exdiputado Claudio Lozano en septiembre

En una columna que publicó elDiarioAr en septiembre pasado, el economista Claudio Lozano explicaba que el juez Julián Ercolini, “a pedido del fiscal Gerardo Pollicita, citó para que presten declaración indagatoria a 26 personas que en 2019 integraban de los directorios de la cerealera Vicentin y del Banco Nación, acusados de cometer un fraude millonario contra el Estado”.

“Siendo director del Banco Nación, a comienzos del 2020, fui el primero en presentarme ante el fiscal Pollicita para hacer una declaración testimonial y presentar tres informes que describían el comportamiento delincuencial del grupo empresario, así como la connivencia con las principales autoridades del Banco”, relató Lozano.

Además, remarcó que “muchos de los argumentos vertidos por el fiscal retoman lo que sostuve en esos informes y que ratifiqué en mi declaración. El vínculo del Grupo Vicentín con Mauricio Macri, relación materializada en que el grupo empresario era el principal aportante a las campañas electorales. En la presencia de uno de los integrantes del Directorio del Grupo como presidente del PRO en la Provincia de Santa Fe, se traducía en las llamadas del ingeniero presidente de la Argentina, pidiéndole al presidente del Banco Nación, González Fraga, que le facilitara el acceso al crédito a Vicentín”.

De este modo, “el grupo empresario pudo transitar desde abril del 2018 con la calificación crediticia vencida, superando los límites normativos internos del Banco e incluso los límites y regulaciones propias del sistema financiero. Así las cosas y fuera de toda norma Vicentín mantuvo su línea de financiación incluso cuando dejó de pagar a partir de la derrota de Macri en las PASO del 2019”, detalló.

Para Lozano, “la connivencia entre el gobierno de Macri con Vicentín llegó al extremo de posibilitarle al grupo empresario disponer de los 791 millones de dólares que estaban depositados en una cuenta en garantía en el Banco Nación y que más que duplicaban la deuda del grupo con el Banco. Decisión esta que le permitió al grupo Vicentín estafar al Estado argentino”.

“Han pasado cinco años y ya no está en el poder la fuerza que gobernaba en ese momento. La primera reflexión habla de la lentitud con la que se mueve la Justicia. La segunda nos lleva a lamentar los titubeos, la improvisación y la falta de orientación estratégica que caracterizó al último gobierno del Frente de Todos. Estaban todos los elementos, todas las pruebas y por ende todas las posibilidades de transformar las acreencias que el Banco tenía sobre Vicentín en la creación de una Empresa Pública no estatal, de carácter mixto con participación del Estado y de los pequeños productores rurales, que a su vez funcionara como empresa testigo del comercio exterior de granos de nuestro país. Se pudo hacer, no se hizo”, cerró Lozano.

Con información de DataClave.

Claudio Lozano, graduado de economista por la Universidad del Salvador, ha tenido una larga trayectoria en la Central de Trabajadores de la Argentina (CTA), después fue diputado entre 2003 y 2015, primero con el apoyo de Néstor Kirchner, después crítico del kirchnerismo. En 2019, con su partido, Unidad Popular, se sumó al Frente de Todos, integró el directorio del Banco Nación, pero en esta elección, si bien apoya la candidatura a senador del peronista Mariano Recalde en la ciudad de Buenos Aires, él encabeza una lista propia para diputados.

–¿Cómo tiene que resolverse el caso de su colega José Luis Espert?

–La primera solución es separarlo de la función de presidente de la Comisión de Presupuesto (de la Cámara de Diputados) y abrir una comisión que investigue los vínculos con este narco (en referencia a Federico “Fred” Machado, acusado por narcotráfico en Estados Unidos). En función de eso, definir la continuidad o no de él en el Parlamento. Indudablemente su vínculo lo haría alguien falto de idoneidad como para seguir siendo diputado. Del mismo modo que lo hicimos en su momento con (Luis) Patti, que fue electo diputado nacional, pero habida cuenta de su vínculo con el genocidio y su directa relación con la tortura en la provincia de Buenos Aires, una comisión llevó adelante el juicio, se presentaron todas las pruebas de las causas en las que Patti estaba involucrado, él hizo su descargo y después el Parlamento votó.

–¿También debería renunciar a su candidatura para la reelección?

–Si tuviera que ver con mi fuerza política, hacía rato que ya no estaría. Lo que pasa es que esa fuerza política está atravesada por el vínculo con el narco.

–¿Por qué dice eso?

–Porque casualmente no hay una reacción. El propio Milei no está planteándole que tiene que salir de su candidatura. Primero, Espert se encargó de decir que este era un aporte de campaña a la fuerza y no a él. Luego los que administraban la campaña lo desmintieron. Efectivamente, era un fondo que había recibido él en una cuenta personal y luego este explica que en realidad fue un aporte de una empresa minera a la cual estaría vinculado (Fred) Machado. Una empresa minera le pagó US$200.000 por algo que no se hizo, porque después de la pandemia se cortó la relación. Él dijo que viajó una sola vez en su avión y el propio juez (Marcelo) Martínez de Giorgi ya dijo que fueron 35 veces. Además todos sabemos que le puso a disposición una camioneta. También está sobre la mesa que quienes conducían la camioneta eran exfuncionarios de la SIDE (Secretaría de Inteligencia). Con semejantes definiciones y a partir de las noticias de los propios Estados Unidos, que el Presidente lo siga sosteniendo habla a las claras de que el tema por alguna razón los vincula a todos.

–Justo esta semana publicamos que la Unión Industrial Argentina (UIA) denuncia un aumento del contrabando y que despachantes advierten que la mercadería que va y viene de México y España, que antes se controlaba por canal rojo de la Aduana por tratarse de destinos sensibles del narco, ahora van por verde...

–Todo el proceso de desregulación, que incluye todas las áreas, incluso la de los cielos, abre a las claras el funcionamiento para los ilícitos. Los vínculos del poder con el narco no son de ahora, son viejos. En el momento de la revolución de los aviones (gobierno de Mauricio Macri), Espert aparece vinculado a determinadas sociedades ligadas al narco. Aparte, las aerolíneas involucradas en el tránsito de mercadería es una cosa bastante común. Argentina ha vuelto al proceso de desregulación de los cielos con esta gente. Y la apertura importadora elimina controles.

–La Aduana es un área controlada por el asesor presidencial Santiago Caputo, que a su vez tiene como consejero a Leonardo Scatturice, el nuevo dueño de Flybondi al que no le controlaron las valijas en marzo...

–Pruebas no tengo, pero me merece sospecha.

–Usted quería armar una lista conjunta con el peronismo, pero no pudo y terminó sumándose a la fragmentada oferta de la tercera vía electoral en la Ciudad...

–Efectivamente queríamos un bloque político amplio de lo que serían las fuerzas nacionales, democráticas y populares en la Ciudad. Le hicimos una propuesta en esa dirección tanto a Fuerza Patria como al FIT (Frente de Izquierda y los Trabajadores) y a otras agrupaciones menores respecto a ir con una sola lista de senadores que se ordenará en función de los votos que se habían obtenido en la última elección. Pero vamos con una lista propia de compañeras y compañeros con trayectoria en la defensa de los derechos de trabajadores, los jubilados, las mujeres, el ambiente, las pymes, los derechos urbanos, los inquilinos. Tenemos la voluntad de que el Parlamento no sea una escribanía del poder económico ni del Fondo, como tampoco de Milei, como lo fue durante casi todo este tiempo hasta hace dos meses, donde en la debacle del Gobierno muchos de los socios naturales que tuvo para todo el desastre que promovió durante este tiempo se le estén abriendo. Hay todo un espacio de una oposición cómplice o complaciente con el Gobierno, que en realidad comparte la hoja de ruta del acuerdo con el Fondo este y que consecuentemente no supone ninguna modificación significativa respecto a la perspectiva futura de de la Argentina.

–Hablando de desregulaciones, uno de los asesores del ministro Federico Sturzenegger en la materia fue Lucas Llach, que ahora junto a Javier González Fraga serán indagados por el préstamo que le dieron desde el Banco Nación, como vicepresidente y presidente, respectivamente, a Vicentin en el gobierno de Macri. Usted, como director del Nación, impulsó esa causa hace cinco años...

–Buena parte de los elementos que aparecen en la presentación que ha hecho el fiscal fundamentando el pedido de citación indagatoria y que el juez ha validado fue aportada por mí. Son informes que hice en el banco, comparecí ante el fiscal y le entregué absolutamente todo. Es una pena que se despierten cinco años después porque hubiera sido de utilidad que todo eso fuera público en ese momento. La actitud de González Fraga, Llach y de todo ese directorio de no haber defendido los intereses del banco llega a límites realmente alarmantes. El crédito tenía una cuenta en garantía, por la que ingresaban los dólares de las exportaciones de Vicentin. Era una cuenta en donde había US$791 millones, lo que más que duplicaba el total de la deuda que Vicentín tenía, pese a que tenía la calificación vencida hacía dos años y desde agosto de 2019 había dejado de pagar. Estos señores no solo no ejecutaron la garantía porque con eso se hubiera recuperado el dinero, sino que además permitieron que sacaran el dinero de la cuenta. De manera tal que cuando ingresamos al banco la cuenta en garantía en dólares estaba vacía. Cuando había algún tipo de dificultad en el banco para las negociaciones para mantenerle el cupo de crédito a Vicentin , sus directivos se cruzaban a la Casa Rosada y desde ahí el propio Macri llamaba a González Fraga para que despejara de alguna manera el camino. Así era la connivencia entre Macri y el grupo empresario Vicentin, principal aportante de la campaña. El presidente del PRO en la provincia de Santa Fe era al mismo tiempo directivo de Vicentin. Ahora es la connivencia entre Luis Caputo, Milei y las siete cerealeras más importantes. Ahora no hay US$ 300 millones de credito, sino US$1.500 millones que no se pagaron de retenciones. Llach ya dijo por qué aparece esto ahora. Hay distintas interpretaciones. Obviamente la relación Macri-Milei es de conflicto. Y también la Caputo-Sturzenegger. Llach es un hombre de Sturzenegger. En el marco de las eventuales discusiones sobre cambio de ministro, también hay disputas en los negocios. La propuesta que hay en curso por parte de Vicentín, que ahora está parada, en el marco del concurso de acreedores en la propuesta. es que quede en manos de Viterra y Bunge, que hoy son un solo grupo empresario a nivel internacional. Cargill quedaría fuera del negocio, pero algunos señalan que tiene buena llegada a Comodoro Py...

–¿Por último, cómo ve la situación económica antes y después de las elecciones?

–Estamos en el marco de una crisis de deuda y cambiaria absolutamente esperable de un esquema de política económica que canjea la inflación en pesos por inflación en dólares. Es incapaz de acumular divisas frente a una economía profundamente endeudada y sólo se sostiene con más deuda, es absolutamente insustentable. En esa insustentabilidad hoy está puesta al extremo y demanda una corrección cambiaria que viene dándose. Hemos pasado del dólar cerca de $1.000 a 1.400 y estamos en vísperas de una devaluación que seguramente tomará forma después del 26 de octubre y va a tener impacto en precios. Se va a volver a deteriorar el poder adquisitivo, va a profundizarse el cuadro recesivo. Se pretende seguir la hoja de ruta del Fondo Monetario con tres reformas absolutamente regresivas en materia laboral, previsional e impositiva. Ese es el escenario futuro de la Argentina, con el agravante de que en esta fuga hacia adelante el Gobierno busca el amparo y la subordinación completa en el peor de los momentos mundiales a la potencia norteamericana. Justo en el marco de la disputa mundial de los Estados Unidos con China. Esto es un disparate marca cañón. Primero, porque la Argentina tiene fuertes niveles de asociación comercial y financiera con China y porque tiene fuertes niveles de competencia con los Estados Unidos. Esto tiene que ver con el acceso al continente antártico, poniendo una base en Ushuaia. Tiene que ver con el control sobre YPF y las utilidades de Vaca Muerta en un contexto de juicio en los Estados Unidos. Tiene que ver con este el acceso a bienes comunes, al litio en particular; el desarrollo de la energía nuclear en la Argentina. La idea de nación termina desapareciendo y le proponen a la Argentina una absoluta subordinación colonial. El 26 de octubre termina siendo casi determinante para frenar esto y abrirle la puerta a una discusión diferente. El apoyo del Tesoro (de EE UU) va a estar subordinado a la capacidad de vertebrar nueva gobernabilidad por parte del Gobierno. Ahí es donde radica el problema, porque estamos frente a un gobierno terminado. Terminado en lo económico, porque su esquema capotó. No hay con qué sostener un país que en el curso de estos ocho meses muestra un balance cambiario donde salieron de la Argentina US$17.000 millones por fuga de capitales y casi 7.000 millones por turismo y compras al exterior. Al mismo tiempo pagaste casi US$10.000 millones de deuda. O sea, se te fueron más de 35.000 millones, prácticamente el 90% de las reservas brutas de la Argentina, en un país que no acumula y tiene un montón de vencimientos a futuro. Por eso la desesperación de que el Tesoro norteamericano compre deuda para remar este asunto. Pero no veo un gobierno capaz de reinventarse en lo económico, ni tampoco muy abierto a reinventarse en lo político porque ha perdido a sus propios socios. Este. No sé si los gobernadores están en voluntad de volver a articular con Milei. Así que creo que es un gobierno terminado cuando le faltan dos años. Está la sombra de tener que avanzar en una solución institucional previa a 2027. Es una de las alternativas que tiene el escenario actual.

–Pocos dirigentes hablan abiertamente como usted sobre la posibilidad de que Milei no termine el mandato...

–Hace ya varios meses hemos venido presentando sistemáticamente causales de juicio político. Es un gobierno que sistemáticamente ha violentado la Constitución. Hicimos siete presentaciones, desde el DNU 70/23 hasta el de la deuda, pasando por quitarle los medicamentos a los jubilados y a los pacientes oncológicos, el alimento a quienes padecen hambre. Ha sido francamente vergonzosa la actitud del Parlamento de no frenar ninguno de los decretos, sin que nadie se anime a decir que está a tiro de juicio político. Tenemos el caso $Libra, la corrupción en el área de discapacidad, la definición de no promulgar o no acatar las leyes. Ha hecho gala de la suma del poder público gobernando por decreto durante dos años, porque el Parlamento se lo permitió. Hubo un delito de traición a la patria. Así que estamos muy convencidos de que hace falta un juicio. A este gobierno hay que desplazarlo y hay que ir a elecciones anticipadas. No se puede permitir que se siga acumulando daño sobre el sufrimiento de buena parte de nuestra sociedad. Menos todavía que sigan hipotecando el futuro y la posibilidad de que seamos una nación soberana.

AR/MG

Cuando aún no abonó los salarios de febrero, la compañía agroindustrial Vicentin cerró en forma temporal dos de sus plantas, por la caída de contratos.

“En este momento se impone la protección de los activos, lo que permitirá un rápido arranque cuando esto sea factible”, indicó.

“Ante la imposibilidad de obtener contratos de fazón en tiempo oportuno para cumplir regularmente con los compromisos de la sociedad, y en espera de poder revertir la situación una vez que la incertidumbre del proceso judicial sea resuelta, se ha decidido ayer proceder al cierre seguro de todas las plantas en operación (Ricardone y Avellaneda)”, señaló.

El freno de estas operacionas amenaza a más de 1.000 empleados directos y a otros 3.000 puestos indirectos que están vinculados a la cadena productiva del complejo oleginoso. El gremio aceitero ya está en alerta máxima y anticipó que, si no se paga lo adeudado en los próximos días, se podrían activar medidas de fuerza.

Cabe recordar que la justicia de Rosario ordenó la semana pasada la prisión preventiva de cuatro exejecutivos de Vicentin: Omar Scarel, Alberto Macua, Roberto Gazze y Daniel Buyatti. Los imputados enfrentan cargos por asociación ilícita, estafa y administración fraudulenta, en un caso que involucra aproximadamente u$s600 millones. Según la investigación, habrían falsificado balances, simulado operaciones comerciales y desviado fondos de manera sistemática, incluso durante el proceso de concurso de la empresa.

MU con información de la agencia NA

Dos ex altos directivos de Vicentín, la emblemática agroexportadora en crisis, fueron detenidos este viernes en el marco de una investigación por estafas que provocaron el default de la compañía. Se trata de Daniel Buyatti y Roberto Gazze, miembros de las familias accionistas de la empresa, quienes fueron arrestados tras un pedido formal de los fiscales que llevan adelante el caso.

Ambos exejecutivos, quienes habían ocupado roles clave en la gestión del dinero de la empresa, siempre estuvieron en la mira de la justicia por su responsabilidad en la administración de los fondos. Sin embargo, las detenciones se producen en un contexto más grave: los fiscales descubrieron que, a pesar de haberse retirado formalmente del directorio, Buyatti y Gazze continuaron orquestando maniobras ilegales con los fondos que ingresaban a la firma.

Vicentín, actualmente en convocatoria de acreedores, enfrenta una situación económica crítica, con un pasivo post concursal superior a los 5 mil millones de pesos. La compañía no ha podido cumplir con el pago de sueldos en tiempo y forma y enfrenta el riesgo inminente de quiebra. Según informó el medio local Rosario 3, estos hechos complican aún más el panorama de una empresa que alguna vez fue un referente en la agroindustria argentina.

El operativo que culminó con las detenciones de Buyatti y Gazze forma parte de un amplio despliegue realizado por Gendarmería Nacional, que incluyó más de 20 allanamientos en varias ciudades, como Rosario, Reconquista, Avellaneda, y localidades de la provincia de Buenos Aires. Los fiscales provinciales Miguel Moreno y Sebastián Narvaja lideran la investigación, que comenzó en 2020 y apunta a los delitos de asociación ilícita, estafa y administración fraudulenta, todos relacionados con la gestión de la firma.

MM

La Cámara de Apelaciones de Reconquista decidió suspender el proceso de “cramdown” o salvataje de Vicentín, abierto por el juez de primera instancia Fabián Lorenzini el pasado 15 de septiembre. La medida fue tomada a partir de una presentación de la cerealera.

De esta manera, la Cámara de Apelación en lo Civil, Comercial y Laboral de la Cuarta Circunscripción Judicial decidió “hacer lugar al pedido de modificación de cambio de efecto de los recursos (de apelación) concedidos el 20 de septiembre de 2023, los cuales quedan concedidos con efecto suspensivo”.

Lorenzini, quien entiende en el concurso preventivo de la agroexportadora en default por US$1.500 millones, hace poco menos de dos semanas rechazó la homologación del acuerdo propuesto por la empresa y abrió la vía del cramdown.

Esta instancia de salvataje está contemplada en la Ley de Quiebras y Concursos (LQC) para darle continuidad a una compañía a partir de la presentación de ofertas de interesados en administrarla. El magistrado elevó la apelación a la Cámara, la cual decidió suspender el proceso hasta resolver la cuestión de fondo.

Según explicaron fuentes cercanas al caso, lo que decidieron los jueces de la Cámara fue “cambiar el efecto de la apelación, que era devolutivo. El proceso de salvataje hubiera seguido como si no se hubiera apelado, pero ahora es suspensivo”.

“El proceso no sigue hasta que la Cámara confirme el rechazo de la propuesta y el periodo de concurrencia o salvataje”, comentaron las fuentes al remarcar que el tribunal “no se expidió sobre el fondo de la cuestión”. Por lo tanto, que “habrá que esperar a ver que dice la propia Cámara”.

En los considerandos de la decisión judicial, la Cámara explicó que “la resolución del 15 de septiembre -en lo que aquí interesa- contiene dos decisiones que se sustentan en diferentes reglas concursales”.

Por un lado, los magistrados entendieron que “una rechaza las impugnaciones deducidas por el Banco de la Nación Argentina, Commodities SA, la AFIP, el Banco de la Provincia de Buenos Aires y el BICE SA, con fundamento en el art. 50 de la LCQ; y otra decide no homologar el acuerdo porque el mismo sería abusivo, con fundamento en el art. 52 inc. 4) de la LCQ. La apertura del periodo de concurrencia es consecuencia de esta última”.

El fallo entiende que “si la primera decisión, o sea la que se expidió por el rechazo de las impugnaciones, es apelada por las impugnantes a quienes se les desestimó el planteo, la ley concursal prevé expresamente en su artículo 51 que lo será 'al solo efecto devolutivo'. En cambio, dicho artículo nada prevé en relación al efecto de la apelación deducida contra la no homologación oficiosa (art. 52 inc. 4) de la LCQ)”.

En esa línea, la decisión judicial expresó “que si bien para algunos autores dicha falta de previsión significa que nos hallamos ante una laguna del derecho que merece ser integrada por la vía de la analogía con la regla excepcional del art. 511 , pensamos que no existe tal laguna ante la existencia de la norma de clausura del art. 273 inc. 4) de la LCQ que consagra el efecto suspensivo para las apelaciones en materia concursal”.

Hace días, el juez Lorenzini amplió los plazos para la presentación de propuestas para el salvataje de la empresa del 17 de octubre al 29 de septiembre.

LC con información de agencia Télam

El juez civil y comercial Fabián Lorenzini extendió hasta el 17 de octubre el plazo para la presentación de propuestas de “salvataje” para la empresa agroexportadora Vicentin. De acuerdo con el magistrado, la decisión busca favorecer que “las personas o empresas interesadas en competir” no dejen de hacerlo “por cuestiones no esenciales” al proceso.

La semana pasada, había rechazado la propuesta de pago efectuada por Vicentin y abrió un período de cromdown que originalmente iba a cerrar el próximo viernes 29 de septiembre. Sin embargo, hoy firmó una nueva resolución para extenderlo. “El nuevo plazo para que los interesados presenten sus pedidos de inscripciones vencerá el día 17 de octubre de 2023 o el día hábil inmediato posterior si resultare feriado”, aclaró.

Hasta este viernes 22 de septiembre, no se había formalizado aún ninguna propuesta de salvataje de la agroexportadora, que está en concurso preventivo desde marzo de 2020, luego de que se declarase en cesación de pagos a principios de diciembre de 2019.

El pasivo de la empresa, según el expediente, asciende a 1.500 millones de dólares. La semana pasada, los directivos de Vicentin habrían ofrecido pagar un tercio de ese monto: unos 30.000 dólares en efectivo, que cubría el 100% de la deuda a 816 acreedores, y el resto en un plazo de 12 años, con una quita que llegaba hasta el 80% de los acreedores de mayor monto verificado. Sin embargo, esta propuesta fue rechazada, por lo que la empresa se reservó el derecho de apelar y ofrecerá una nueva oferta.

En este marco, Vicentin necesita que exista una propuesta de un tercero con la cual competir, según lo establece el artículo 48 de la Ley de Quiebras y Concursos que regula el “salvataje”.

La directora del Banco de la Nación Argentina (BNA), Silvia Batakis, contó a principios de esta semana que la entidad que conduce participará de una oferta mixta para ser accionista de la continuidad de la agroexportadora. Otro acreedor privado también tiene intenciones de competir, pero aseguró que para ello, Vicentin debe mejorar la oferta de pago de deuda y presentar otro plan para mantener operativa las plantas de la compañía y los puestos laborales.

ACM con información de agencias.

El juez civil y comercial que entiende en el concurso preventivo de la agroexportadora Vicentin, rechazó este viernes la homologación del acuerdo propuesto por la empresa. Abrió la vía del cramdown o salvataje a partir del próximo lunes, según informaron fuentes judiciales.

El fallo, si bien rechaza las impugnaciones presentadas por actores en el proceso como el Banco Nación, la Administración Federal de Ingresos Públicos (AFIP), el Banco Provincia, el Banco de Inversión y Comercio Exterior y Commodities -un acreedor granario privado-, terminó no homologando el acuerdo como se planteaba.

La disposición está contemplada en la ley de Quiebras y Concursos, y pretende darle continuidad a una empresa a partir de la presentación de ofertas de aquellos interesados en administrar la compañía.

La propia norma contempla que la concursada, es decir Vicentin, pueda presentarse en el período de concurrencia (cramdown) que se extenderá hasta fines de septiembre.

Vicentin, la principal empresa agroexportadora de capitales argentinos, entró en cesación de pagos en diciembre de 2019. En marzo de 2020, pidió su concurso preventivo con créditos verificados por casi US$1.500 millones.

Fabián Lorenzini, juez civil y comercial de las segunda nominación de la ciudad santafesina de Reconquista, firmó hoy la resolución que rechaza la homologación del acuerdo presentado por Vicentin para salir del concurso.

La misma resolución abre el período de salvataje y, a su vez, rechaza las impugnaciones a la propuesta interpuestas por el Banco Nación y la AFIP, junto a otros tres acreedores.

El directorio de la compañía informó este viernes a través de un comunicado que “ejerciendo sus legítimos derechos, Vicentin apelará la resolución por ser manifiestamente arbitraria e infundada, solicitando además la suspensión inmediata de sus efectos para evitar la configuración de perjuicios irremediables”.

Por su parte, el juez argumentó su rechazo al señalar, en una resolución de 27 páginas, que “el impedimento (para homologar) surge de la desigual distribución del esfuerzo entre los acreedores y la sociedad concursada”.

El escrito del magistrado añade que la resolución “encuentra fundamento en la existencia de un esquema que genera una transferencia excesiva e injustificada del pasivo concursal sobre las espaldas de aquellos acreedores que no perciben el 100% de sus acreencias dentro de los primeros 365 de la propuesta”.

Para Lorenzini, la propuesta presentada por Vicentin, la cual cubría el 100% de los créditos de 816 acreedores con el pago de US$30.000, no contempla en igualdad de condiciones al resto de los acreedores de mayor monto, que terminarían de cobrar en 12 años y con una quita cercana al 80%.

De esa manera, el juez sostuvo que el acuerdo que Vicentin pidió que homologara “no ofrece pautas claras para los acreedores que deberán esperar 12 años para cobrar el saldo de sus créditos”.

Entre otros puntos, señala la resolución que “del análisis realizado sobre los contratos vinculados acompañados, no surge cuál será el resultado patrimonial de su tenencia; no organiza sistemas que respeten la libertad de los acreedores (por ejemplo, mediante un retiro programado de acciones privilegiadas, o la percepción de dividendos, o el pago de intereses)”.

De esa manera, el Lorenzini dio por caída la propuesta de pago presentada por la agroexportadora santafesina, que incluía la transferencia de acciones a los denominados “interesados estratégicos”, que eran Bunge S.A.; la Asociación de Cooperativas Argentinas (ACA) y Viterra S.A. (ex Glencore, con la que Vicentín aún es socia en la planta de crushing de Renova).

La propuesta contaba con las mayorías de acreedores y de capital exigidas por la ley, pero el juez señaló que ese requisito “no es suficiente para obtener la homologación judicial” del acuerdo.

En cuanto a las acciones que Vicentin ofrecía a través de un fideicomiso, “los acreedores no cuentan con la alternativa de transferir libremente sus certificados de participación en el fideicomiso, antes del plazo establecido para su rescate definitivo”, indicó Lorenzini al fundamentar su rechazo a la homologación.

Añadió que “tampoco se contempla un eventual dividendo sobre las acciones por parte de sus tenedores mediante el cual se podría generar un mecanismo que justifique una espera tan prolongada, en el supuesto de que la rentabilidad de la empresa fuera superior a la proyectada”.

Así, el juez de Reconquista aseguró que “se observa un intento por hacer descansar en los hombros de los acreedores, contingencias empresariales inclusive posteriores al concursamiento de la empresa, contrariando así la finalidad económica y social de este tipo de procesos de crisis”.

Al mismo tiempo, la resolución dispone en su artículo tercero la apertura del período de concurrencia, es decir el salvataje o cromdown. Lorenzini estableció su apertura el próximo lunes 18 y por 10 días hábiles judiciales, hasta el 29 de septiembre inclusive.

Los oferentes interesados en la continuidad de la agroexportadora deberán realizar un depósito de garantía de U$S100.000.

A la vez, el Lorenzini instruyó a la Sindicatura del concurso para que presente en un plazo máximo de 5 días hábiles “un cronograma definitivo para el período de concurrencia” que podrá acordar con la intervención de la sociedad.

Según pudo saberse, al menos un acreedor importante de Vicentin tiene la intención de presentar, junto a otros actores, una propuesta de salvataje de la agroexportadora.

El abogado Gustavo Feldman, quien patrocina a acreedores en las causas penales contra los exdirectivos de la firma, dijo que “Lorenzini hizo lo que no podía dejar de hacer”, ya que “la propuesta de Vicentin era ilegal, fraudulenta y contenía cuestiones de forma y de fondo incompatibles con las leyes vigentes”.

Feldman, crítico de la actuación del magistrado y quien lo denunció en dos oportunidades además de pedir su apartamiento, sostuvo que la resolución “no implica ningún mérito para Lorenzini, todos los errores y horrores que cometió deberán ser analizados y esto no borra nada”.

De todos modos, el letrado señaló que “esto constituye un alivio para la familia de los trabajadores de Vicentin” y también “para los acreedores que en su momento apostaron por la empresa y luego buscaron una solución que fuera una restitución que funcione como paliativo de un no pago liso y llano”.

LC con información de agencia Télam

La Corte Suprema de Justicia de la Nación confirmó este viernes una sentencia en favor de la empresa Vicentin, la cual impugnó la validez de un decreto que fija los parámetros para la determinación de los precios de transferencia para el Impuesto a las Ganancias.

Según fuentes del máximo tribunal, el conglomerado industrial de productos primarios con sesgo exportador Vicentin SAIC litigaba en esta causa por una diferencia del tributo de 30 millones y 24 millones de pesos para los períodos fiscales 2002 y 2003, respectivamente.

La causa llegó a los jueces supremos luego que el Estado Nacional apelara la sentencia de la Cámara Federal de Resistencia, la cual confirmó la declaración de inconstitucionalidad de los artículos de los decretos 916/04 y 1.287/05, que reglamentaron la ley 25.784 (de Impuesto a las Ganancias). Se consideró que el primer decreto violó el principio de legalidad tributaria, al establecer una aplicación retroactiva del impuesto a períodos fiscales concluidos y el segundo a cuestiones vinculadas con la exportación de productos.

“Nuestra Constitución Nacional prescribe, de manera reiterada y como regla fundamental, tanto en el artículo 4 como en los artículos 17 y 52, que sólo el Congreso impone las contribuciones”, sostuvo la Procuradora Fiscal Laura Monti en un dictamen donde coincidió la Corte para rechazar el recurso extraordinario. “Los principios y preceptos constitucionales prohíben a otro Poder que el Legislativo el establecimiento de impuestos, contribuciones y tasas”, continuó.

De acuerdo con el dictamen, el decreto 916/04 “altera la sustancia de los derechos otorgados por la ley 25.784 e introduce una deducción ajena a su letra, lo cual configura un exceso en el ejercicio de las atribuciones que la Constitución Nacional concede al Poder Ejecutivo”.

El fallo de la Corte Suprema fue firmado por su presidente Horacio Rosatti -aunque hizo una disidencia parcial al no invalidar todos los artículos cuestionados- y los ministros Carlos Rosenkrantz, Juan Carlos Maqueda y Ricardo Lorenzetti.

LC con información de agencia Télam

Doce de los directores de la agroexportadora Vicentin al momento de la cesación de pagos en diciembre de 2019, fueron imputados este jueves por la Justicia. Están acusados de conformar una asociación ilícita para la “planificación y comisión de una pluralidad de delitos”, entre los que se denuncian defraudación, estafas y administración infiel.

Miguel Moreno, fiscal de la Unidad de Delitos Complejos de la ciudad de Rosario, acusó a los directivos Daniel Buyatti, Alberto Macua, Roberto Alejandro Gazze y Omar Scarel de ser jefes de una presunta asociación ilícita. Imputó también a los entonces miembros del directorio de Vicentin SAIC Máximo Padoan; Cristián Padoan; Martín Colombo; Sergio Roberto Vicentin; Pedro Germán Vicentin; Yanina Colomba Boschi; Javier Gazze y Miguel Vallaza como presuntos miembros de la asociación con fines delictivos.

En la lectura de la imputación, Moreno afirmó que los involucrados “operaron como grupo, de manera concertada, siguiendo un plan, con división de roles, durante un período prolongado de tiempo, en una dinámica interna que nada tenía que ver con el cometido ni la estructuración de los cargos societarios que detentaban, pero aprovechándose de ellos para realizar una serie de ilícitos”.

De acuerdo con la imputación, la organización “desde el año 2017 puso en marcha una planificación destinada” por un lado a “simular el bienestar financiero y contable de Vicentin, mediante la ocultación del pasivo, de manera de conseguir las líneas crédito, obtener los desembolsos de los bancos, continuar con la captación y recepción de granos” y “paralelamente comenzó a administrar infielmente el capital de Vicentin” por el otro.

La venta de acciones de Renova, una sociedad que Vicentin comparte con Viterra Argentina (exGlencore), fue una operación que se realizó dos días antes de la declaración de cesación de pagos, según el documento. En el concurso preventivo de acreedores de febrero de 2020, se verificaron deudas de Vicentin SAIC por unos U$S 1.500 millones.

Entre otros casos, el fiscal acusó a los directivos de seis hechos de estafa, en concurso real, cometidos entre el año 2017 y 2019 “donde resultaron víctimas los Bancos Internacionales IFC; FMO; I.N.G. Bank, Natixis y Rabobank y cuyo perjuicio patrimonial asciende a 500 millones de dólares”. Según las evidencias reunidas por Moreno, las maniobras consistieron en alterar estados contables y los balances de los años 2017 y 2018 de Vicentin, para aparentar una situación financiera que no era real.

Asimismo, el fiscal les imputó a los acusados 37 hechos de estafa cometidos entre enero de 2017 y diciembre de 2019, por medio de “la utilización de un plan de puesta en escena de empresa solvente y confiable de Vicentin, destinado a generar confianza en los productores, vendedores de granos, acopios, cooperativas y corredores”. Para Moreno, los proveedores fueron “engañados” y “entregaron toneladas de granos a Vicentin bajo la modalidad de contratos con precio a fijar, fijo y en depósito sin contrato, con el pleno conocimiento de los directores y síndicos de la imposibilidad de cumplir las obligaciones asumidas”.

Otro de los casos por los que se acusa al directorio de Vicentin fue un hecho de estafa al Banco Macro por 508 millones de pesos.

De acuerdo a la imputación, se acusa a Gazze y Vallazza de entregar documentación con información contable falsa, “ocultando la realidad económica de la empresa”, los cuales se produjeron el 25 y el 30 de septiembre del 2019 “con el fin de obtener asistencia crediticia bajo engaño, a sabiendas de que no iba a ser posible cumplir con los compromisos asumidos”.

La extensa imputación de 238 páginas contiene un caso de presunta administración fraudulenta, en perjuicio de la propia Vicentin.

El fiscal acusó al directorio y al síndico de que “al momento de presentar la nómina de acreedores de la empresa Vicentin SAIC al 10 de febrero de 2020 en el proceso concursal, haber asumido una deuda ajena de U$S 12.900.366 que originalmente correspondía a la empresa Renova S.A. en virtud de entregas de soja que la empresa Commodities supo hacer en esa firma en carácter de depósito” en el segundo semestre de 2019.

La deuda contraída por Renova por el depósito de granos pertenecientes a la firma Commodities (del grupo Grassi), fue reconocida como propia por Vicentin en el concurso, a través del legajo 440, lo que implicó incrementar su pasivo en más de 12 millones de dólares.

Entre las múltiples acusaciones, existe una por administración fraudulenta de $1.589.265.278, que según la imputación fueron “transferidos a la cuenta Citibank de Renova en cinco pagos realizados entre el 4 y el 5 de diciembre de 2019”, el mismo día que Vicentin hizo pública su cesación de pagos, al que denominó “estrés financiero”.

“Estas transferencias estuvieron dirigidas a saldar deudas que Vicentin contrajo con Renova, por supuestas prestaciones de servicio, no sabemos la fecha ni motivo exacto”, sostuvo Moreno, para agregar que sin embargo “fueron condición para que Renaisco (una empresa radicada en un paraíso fiscal y controlada por la multinacional Glencore) abone la suma de U$S 29.400.000 que le restaba pagar por la compra del paquete accionario” de Renova, operación realizada 24 horas antes del default.

LC con información de agencia Télam

La Unión Industrial Argentina (UIA) pidió en las últimas horas al Ministerio de Trabajo que declare la “escencialidad” de la actividad del Puerto de Rosario con el fin de movilizar las cargas, tras la paralización que se registra desde hace un mes en las por un conflicto laboral y por la decisión de una firma concesionaria de no acatar la conciliación obligatoria dictada por la cartera.

De acuerdo al monitoreo realizado por la entidad, “al día de la fecha se mantiene inmovilizada la carga de más de 1.000 contenedores”, algo que “perturba seriamente la operatoria de comercio exterior”.

este jueves se realizará una nueva audiencia en la cartera laboral nacional, tras el fracaso del último encuentro entre las partes celebrado del martes, informaron fuentes gremiales.

El Puerto de Rosario, que administra una concesionaria conformada por el grupo chileno Ultramar y la local Vicentin, está paralizado desde hace un mes por un conflicto laboral.

La controversia se originó cuando la delegación Rosario del Sindicato Unidos Portuarios Argentino (SUPA) reclamó reabrir la discusión paritaria y solicitó un aumento salarial que acompañe a la inflación.

El conflicto creció hasta que la concesionaria Terminal Puerto Rosario (TPR) despidió a 25 trabajadores, en medio de varias jornadas de huelga.

El 29 de diciembre pasado, el Ministerio de Trabajo dictó la conciliación obligatoria, pero TPR no acató la medida, por lo que las terminales continúan paradas.

Fuentes al tanto de las negociaciones señalaron que las partes avanzaron con la reincorporación de 20 de los despedidos, y la cesantía de los 5 restantes con el pago de las indemnizaciones. Sin embargo, los despedidos no aceptan la medida y presionan al sindicato del sector.

Ante la continuidad del conflicto, la UIA expresó que la falta de actividad “ha paralizado la carga y descarga de contenedores que se encuentran varados a la intemperie, afectando a las industrias que necesitan de los insumos de uso difundido, productos perecederos e incluso críticos allí contenidos, especialmente de los sectores alimenticio y farmacéutico”.

“Además, dicha parálisis -de la terminal que es una de las vías principales del circuito logístico hacia el exterior- perturba seriamente la operatoria de comercio exterior, generando el doble perjuicio de impedir el abastecimiento local y el ingreso de divisas al país”, afirmó la entidad fabril en el comunicado.

La UIA planteó también que “empresas argentinas -particularmente cerealeras, alimenticias, automotrices y exportadoras de electrodomésticos- tienen compromisos de ventas y plazos acordados con clientes del exterior a los que no pueden responder, generando paradas de producción, riesgos de pérdidas de mercados de exportación e incluso sanciones por el incumplimiento de los compromisos asumidos”.

En procura de una solución al dilatado conflicto, la entidad que preside Daniel Funes de Rioja manifestó “la necesidad de liberar cuanto antes la carga inmovilizada”.

Para eso, solicitó al Ministerio de Trabajo “se proceda a 'declarar la esencialidad' de dicha actividad para no continuar afectando las cadenas de valor y restablecer el abastecimiento de bienes a lo largo del país”.

Con información de Télam.

IG

El presidente Alberto Fernández se manifestó a favor de la posibilidad de que el Estado cuente con “una empresa testigo para que ordene el mercado” en el plano alimentario y dijo que la decisión de la Corte Suprema de Justicia de Santa Fe de desplazar al juez del concurso de acreedores de Vicentin permite contar con “un escenario más favorable” que el que existía en el inicio del proceso.

“Una empresa testigo que te ordene el mercado no es algo menor (...) Nosotros en materia alimenticia tenemos que hacer algo que nos permita de algún modo intervenir para ordenar estas cosas. No se trata de la Junta Nacional de Granos, sino de buscar más herramientas. En su momento, la alternativa (de estatizar) Vicentín la descarté. En ese momento, dije lo descarto, porque era hacerle un favor a los acreedores, no a la Argentina”, señaló el jefe de Estado en un reportaje con Página 12.

“En el escenario actual, en el que la Corte Suprema de Justicia de Santa Fe ha intervenido y se podría dar la posibilidad de cramdown –que es una propuesta de solución de la deuda hecha por los acreedores principales, en este caso el Banco Nación-, yo dije estudiémoslo porque es posible. Lo que no es posible es esta lógica de ‘expropiemos empresas de cualquier modo’ porque después se paga lo que no corresponde. Y yo no quiero hacer eso”, subrayó el Presidente.

“El Banco Nación es un acreedor privilegiado y puede ser determinante de la quiebra o de la continuidad. Ahora, si somos garantes de la continuidad, entonces pondremos las condiciones para que sea posible”

Fernández dijo que en su momento decidió retroceder con la estatización de Vicentin ante la posibilidad de que una decisión en tal sentido “podía obligar a los argentinos a pagar una deuda cuantiosa, que no era razonable”.

“Retrocedí de la estatización, pero seguimos trabajando la alternativa del cramdown y ahora hay un escenario donde, tal vez, podamos hacer algo. No digo que esté seguro, pero sí que tenemos un escenario más favorable que aquél”, completó.

Según Fernández, “el problema es que a Vicentin lo convierten en un problema ideológico. Y no es un problema ideológico, es un problema de oportunidad”.

 “Yo estoy convencido de que lo que nosotros tenemos que garantizar es terminar con estos oligopolios, monopolios, y cuando estos sistemas existen, como el caso de las 7 u 8 cerealeras que existen en Argentina, si el Estado tuviera una cerealera que exporta, tendríamos posibilidades de intervención en favor del mercado, en favor de los argentinos. Pero eso no hay que hacerlo de cualquier modo”, remarcó.

Al ser consultado sobre los precios de los alimentos y la inflación, el Presidente dijo que “el problema existe, no me hago el distraído y asumo la realidad”.

“El Indec dice lo que dice, lo asumo y trabajo todos los días para resolver eso en un escenario de enorme complejidad y en un escenario interno donde son pocos los que solidariamente dicen: 'vamos a ayudar a arreglar las cosas'. Como peronista que soy, considero que nadie se realiza en una comunidad que no se realizan todos. Y ellos apuntan a lograr que la sociedad argentina no se realice”, señaló.

Diálogo con el sector privado

En lo que respecta al diálogo con el sector privado, Fernández dijo que “hay empresarios que ganan demasiado y hacen padecer a la gente”.

 “Hay que buscar la manera de que todos nos comprometamos a implementar un mecanismo de excepción que nos permita sortear este momento”, señaló el jefe del Estado.

“El mecanismo tiene que ser buscar el consenso. Estamos en una guerra, ellos están ganando demasiado y eso le hace padecer a la gente. No pretendo que pierdan, pero pongamos un límite a su utilidad, vendiendo el producto a un precio acorde con que el consumidor final no pierda tanto”, agregó el Presidente.

“Yo veo que el diálogo no funciona, pero los sistemas de fijación de precios tampoco funcionan. Las dos cosas son ciertas. En la Argentina hay dos presidentes que aplicaron la Ley de Abastecimiento: Perón y yo. He aplicado multas a diestra y siniestra, y no pararon los aumentos. El mecanismo tiene que ser buscar el consenso”, recalcó.

Fernández aseguró que si bien “el gobierno está haciendo mucho” para poder parar la inflación, “lo que pasa es que las herramientas no alcanzan”.

“Hay un problema estructural en Argentina, que se ha desarrollado a lo largo de los años. No es una cuestión de hoy. Que en Argentina haya una gran empresa láctea, que concentra muchísimo el mercado lácteo, es la consecuencia de que hubo una época en que se cerraron 27 mil tambos en Argentina. El resultado es la concentración. Y que la leche se traslade irracionalmente cientos de kilómetros desde donde se produce, hasta donde se pasteuriza y luego hasta donde se consume, es irracional”, completó el Presidente.

LG con información de Télam.

El presidente de la aceitera Vicentin fue detenido este lunes en la ciudad santafesina de Avellaneda en el marco de una causa que investiga la venta de acciones de la empresa Renova que estaban cautelados por la Justicia, informaron fuentes judiciales.

Omar Scarel fue apresado en Avellaneda, distante unos 330 kilómetros al norte de la ciudad de Santa Fe, y en las próximas horas será trasladado a Rosario, donde el miércoles se realizaría la audiencia de imputación.

Además del operativo de detención del empresario, la Unidad de Delitos Económicos y Complejos del Ministerio Público de la Acusación (MPA) de Rosario ordenó allanamientos en oficinas de Puerto Norte de esa ciudad del sur provincial.

Las fuentes dijeron que el fiscal Miguel Moreno investiga a Scarel por maniobras realizadas antes de ocupar la presidencia de Vicentin, firma de la que era contador.

Entre otras acciones, le endilga haber confeccionado y utilizado balances anuales con cierre a octubre de 2017 y octubre 2018 con datos falsos que ocultaban los verdaderos números de la empresa.

También se le imputa haber presentado informes ante bancos internacionales con la intención de mostrar que Vicentin poseía una posición financiera sólida para conseguir créditos.

Esas maniobras habrían sido realizadas por Scarel entre enero de 2017 y julio de 2019 y le habrían permitido a la aceitera con sede en Avellaneda conseguir créditos por unos US$ 500 millones.

Con información de agencias.

IG

Los 14 miembros del directorio de la agroexportadora Vicentin, que llegó a alcanzar los primeros puestos en el ranking de embarques de granos al exterior, fueron imputados este martes por estafa, defraudación y balances falsos por el fiscal de Rosario, Miguel Moreno, quien pedirá en la próxima audiencia fijada para el jueves la prisión preventiva de algunos de esos directivos.

Moreno, fiscal de la Unidad de Delitos Económicos de Rosario, imputó a los directivos de Vicentin por el delito de balance falso en concurso real por defraudación y estafa en seis hechos cometidos contra bancos extranjeros damnificados por el default de la empresa, en la audiencia que se llevó a cabo en el Centro de Justicia Penal.

También imputó a todos los ejecutivos por el delito de estafas en carácter de coautor contra las acopiadoras de quienes recibió granos hasta el momento de declararse en estrés financiero y posterior cesación de pagos, precisaron fuentes judiciales santafesinas.

Los 14 imputados son Daniel Néstor Buyatti (presidente de Vicentin), Alberto Julián Macua (vicepresidente), Roberto Alejandro Gazze (director financiero), Máximo Javier Padoan, Cristián Andrés Padoan, Martín Sebastián Colombo, Sergio Roberto Vicentin, Pedro Germán Vicentin, Roberto Oscar Vicentin y Yanina Colomba Boschi, Raul González Arcelus, Omar Adolfo Scarel (síndico) y Miguel Vallazza.

Buyatti fue imputado además en forma personal por el delito de apropiación indebida de tributos, y junto al resto de los directivos recibió la imputación por el delito de estafa contra el Banco Macro, una de las instituciones financieras locales afectadas por las maniobras de Vicentin, junto a los bancos Nación y Provincia de Buenos Aires.

El juez que interviene en el caso, Román Lanzón, deberá decidir este jueves si dicta la prisión preventiva de algunos directivos, medida que será solicitada por el fiscal en el entendimiento de que pueden influir para alterar el proceso, o si acepta la oferta de fianza ofrecida por la empresa por una suma de US$ 5 millones.

Al concluir la audiencia, el fiscal Moreno señaló que “si bien la pena contemplada por estafa es de seis años, por la acumulación de delitos imputados estamos en condiciones de pedir la pena máxima, que son hasta 50 años”.

Entre los directivos de Vicentin, sólo Máximo Padoan hizo declaraciones a la prensa al retirarse y manifestó su “desconcierto” por la imputación.

Tras el cuarto intermedio, en el tramo final de la investigación que Moreno encaró desde hace casi un año y medio, durante la audiencia del jueves los defensores de los imputados harán su descargo, ya que señalaron que tienen que analizar en detalle una evidencia electrónica de 36 millones de archivos que les llegaron a último momento.

Además de las diligencias de los principales acreedores y bancos perjudicados, la semana pasada el Banco Nación pidió que se investigue a la consultora que auditaba los balances de Vicentin, dados los elementos que permitieron deducir la falsificación documental, aún cuando los auditores adujeron que la caída de la empresa en 2019 fue una crisis que arrastraba desde años anteriores.

La encuesta del fiscal analizó la actividad desarrollada por los representantes del órgano de dirección y fiscalización de Vicentin, que “habrían celebrado contratos de compra venta y recibiendo mercadería, sabiendo y conociendo la imposibilidad de afrontar los pagos de la misma”.

A los imputados se les atribuye haber confeccionado, aprobado y utilizado los balances anuales con cierre a octubre de 2017 y octubre 2018 que contenían información financiera falsa consistente en ocultar el verdadero pasivo de la empresa.

La fiscalía sostiene que también confeccionaron y presentaron ante los bancos internacionales, informes trimestrales correspondientes a los períodos enero 2017, abril 2017, julio 2017, enero 2018, abril 2018, julio 2018, enero 2019, abril 2019 y julio 2019.

Esos informes exhibían una aparente sólida situación patrimonial de Vicentin “con el fin de ocultar su realidad económica financiera, engañar a las entidades financieras y así, provocaron bajo error disposiciones patrimoniales que superan los US$ 500 millones en virtud de líneas de créditos acordada”.

Los bancos extranjeros denunciantes son la Corporación Financiera Internacional (CFI, del Grupo Banco Mundial); los holandeses Nederlandse Financierings-Maatschappij voor Ontwikkelingslanden N.V., Coöperatieve Rabobank U.A e ING Bank; y Natixis New York Branch, de Estados Unidos.

El fiscal Moreno definió las maniobras de Vicentin como “una puesta en escena de empresa solvente y confiable”, a fin de generar confianza en los productores, vendedores de granos, acopios, cooperativas y corredores, “quienes, engañados, entregaron toneladas de granos bajo la modalidad de contratos con precio a fijar, con el pleno conocimiento de los directores y síndicos de la imposibilidad de cumplir las obligaciones asumidas”.

Identificó entre los afectados a las firmas locales Cuatro Hojas S.A, Olzen Industria y Comercio de Calzados S.A., Maniagro S.A., La Clementina S.A., Commodities S.A, a las que ofrecieron mejores precios que la competencia y plazos muy superiores para fijar precio.

El cuerpo sin vida de Nicolás Nardelli, integrante de unas de las familias propietarias de la cerealera Vicentin, fue hallado en la madrugada de hoy en una vivienda de Campo Timbó de la localidad santafesina de Oliveros, y la justicia de la provincia investiga las causas de la muerte, informaron voceros policiales y judiciales.

Nardelli, de 37 años, es hijo de Gustavo Nardelli, quien se desempeñó como gerente de Terminal Puerto Rosario como representante de Vicentin. Además, era sobrino de Sergio, exCEO y uno de los principales accionistas de la agroexportadora, quien falleció en 2020 a los 59 años como consecuencia de un paro cardíaco.

La policía de la comisaría 9na. de Timbúes informó que pasadas las 23 de anoche recibieron un llamado alertando sobre la presencia de un cadáver en una vivienda de Campo Timbó, en la localidad de Oliveros.

El hallazgo estuvo a cargo de un amigo del joven, que concurrió a visitarlo alrededor de las 21.Allí comprobaron que yacía sin vida Nicolás Nardelli, con domicilio en una finca de calle Urquiza, de la ciudad de San Lorenzo.

El cuerpo fue trasladado hacia el Instituto Médico Legal de la ciudad de Rosario, donde se le iba a practicar la correspondiente autopsia. Voceros judiciales indicaron a Télam que, en principio, la causa de muerte fue suicidio por ahorcamiento.

Con información de agencias.

IG

La Comisión de Control, formada por todos los acreedores de Vicentin, desmenuzó y destrozó el informe que presentaron a mediados de marzo los síndicos Carlos Amut, Ernesto García y Diego Telesco, quienes excusaron a los propietarios de la fallida exportadora de tener responsabilidad alguna en lo que fue una de las cesaciones de pago récord de la Argentina, asegurando que el desfalco no fue responsabilidad de ellos sino producto de causas exógenas.

“Vicentin se las ingenió para exhibir a sus acreedores, con base en documentación con fuertes indicios de falsedad (indicios precisos, plurales, graves y concordantes) una solvencia que era ya inexistente desde hacía muchísimo tiempo”, le aseguran los acreedores al Juez del Concurso contra lo que concluyeron los síndicos. Y sin eufemismos, la totalidad de los damnificados por los accionistas, a los que el Banco Nación denomina como el “Clan Vicentin”, fueron en queja ante el juez del concurso por “la enorme superficialidad y carencia total de rigor técnico en el análisis efectuado por la Sindicatura en su informe general.”

Las quejas de los acreedores fueron puestas por escrito en dos presentaciones a las que tuvo acceso elDiarioAr. En ambos escritos, los acreedores formularon formalmente sus reservas ante el informe que sin argumentos científicos repitió las excusas brindadas por los dueños de la exportadora que defaulteó US$ 1.500 millones en diciembre de 2019 y se presentó a concurso preventivo en el primer trimestre de 2020.

En el informe de 150 páginas presentado el 15 de marzo los síndicos habían hecho suyas las mismas excusas presentadas por la empresa. En la cesación de pagos “se entrelazan una serie de causas conformando la típica clasificación de causas mixtas”, dijeron los tres contadores santafesinos. Es decir, por eventos como la sequía, el riesgo político por el cambio de gobierno y hasta por la alocada excusa de la pelea comercial entre China y Estados Unidos, Vicentin pasó en apenas tres meses de ser una empresa próspera con patrimonio positivo, a una fallida que debía US$ 1.500 millones a sus acreedores y carecía de recursos para honrar sus deudas. Todo en línea con lo que había dicho la empresa. Y sin explicar por qué sólo Vicentin fue perjudicada por esa serie de causas exógenas y mixtas sin que ninguna de sus competidoras, como Aceitera General Deheza, por dar un ejemplo, sufriera el mismo destino.

Por esta y muchas otras razones, el escrito de los síndicos recibió las dos furibundas presentaciones en reserva. La primera, firmada por el Comité de Control, donde está el Banco de la Nación Argentina, principal acreedor con US$ 300 millones, los bancos internacionales, que en conjunto conforman al segundo mayor acreedor, los acreedores granarios, y los trabajadores agrupados en los sindicatos aceiteros de General Obligado y San Javier, y de San Lorenzo. La segunda presentación es un escrito adicional de los letrados del Banco Nación que además de insistir en los argumentos que resaltan la falta de seriedad del trabajo de los síndicos, insiste con el pedido de responsabilidad patrimonial de los accionistas para hacer frente al quebranto que se sospecha fraudulento.

“Para la Sindicatura del caso, podría decirse que, apenas, 'pasaron cosas”', dicen los abogados del banco más grande de la Argentina, en clara alusión a la excusa dada por el ex presidente Mauricio Macri a su propia crisis económica en 2018. Vicentin fue una de las empresas que más dinero aportó a la campaña presidencial del hijo de Franco Macri. Y actualmente su directorio es asesorado por Diego Guelar, quien fuera embajador en China durante el macrismo.

“No puede ignorarse que los actos jurídicos fraudatorios, las simulaciones, el abuso de la personalidad jurídica, el desvío del interés social, la confusión patrimonial inescindible y la utilización de una estructura rizomática de holding a repetición y hasta extramuros, han sido parte de la clave de bóveda sobre la cual el CLAN VICENTIN cimentó este proceso”. Y para que no quedaran dudas sobre sus sospechas, los abogados del Nación aseguran: “empresarios ricos, una vez más, son titulares de una empresa pobre … en el medio de ”parientes societarios“ -buena parte del resto del CONJUNTO ECONÓMICO FAMILIAR VICENTIN- sobradamente prósperos.” Las mayúsculas, de más está decirlo, son del propio escrito presentado a la justicia.

Sin avanzar sobre la responsabilidad patrimonial, el escrito firmado por todos los acreedores y el conjunto de los trabajadores, es igual de duro con el trabajo (poco) profesional del trío de contadores. Una de las críticas más agudas a la impericia de los auxiliares de justicia refiere a la incomprensión que manifiestan sobre términos técnicos básicos de las finanzas como el que muestran a la hora de analizar la sospechosa venta “entre gallos y medianoche” que hicieron los accionistas del 16,7% de las acciones de Renova a favor de la cerealera suiza Glencore.

“Otra imprecisión grave para destacar por parte de la Sindicatura” es su mala interpretación del derecho de preferencia (“right of first refusal”), dicen los abogados de los acreedores, entre los que se encuentra el letrado del estudio Bruchou, que representa al IFC, brazo financiero del Banco Mundial. Según el informe de los síndicos, en el contexto de cesación de pagos “se decidió la venta de las acciones de Renova SA en poder de Vicentín Paraguay SA con un único oferente posible ya que a partir del acuerdo de accionistas se había convenido un Right of first Refusal (derecho a primer oferta o derecho de preferencia) a favor del otro accionista de Renova SA.”

Claro que la interpretación del derecho de preferencia, como bien notan los acreedores, es cuánto menos ignorante, si no cómplice con la interpretación de los accionistas. “Ese derecho no determina la existencia de un único oferente, sino la posibilidad de que, frente a una transacción de venta, el beneficiario de ese derecho pueda igualar las condiciones ofrecidas por el candidato elegido por el vendedor para comprar el paquete accionario en venta,” le explican al juez los acreedores. “Constituye un error conceptual grueso afirmar que la figura determinaba ”un único oferente posible“.

Todo esto sin considerar que Vicentin no sólo no busco mejores oferentes para el porcentaje que acabó vendiendo a Glencore para proteger los intereses de la empresa y los de sus acreedores, sino que “una parte relevante de dichos pagos tuvo como destinatario a la propia Glencore, empresa compradora de dicha tenencia.” Es decir, de lo pagado por Glencore, US$ 29,4 millones fue destinado a repagar una deuda con Oleaginosa Moreno S.A., empresa controlada por Glencore. “Sin dudas la cancelación precitada no fue ajena a las negociaciones mantenidas por las partes en el marco de la transacción, sino que integró la ecuación de compra, en un marco de total falta de transparencia y de espaldas al resto de los acreedores, en una situación en la que Vicentin cometía ya actos desesperados de liquidar activos para aplicarlos luego sin ninguna planificación seria,” se quejaron los acreedores.

Utilizando ese ejemplo, los acreedores vuelven a dejar constancia que pese a que los síndicos no repararon en esa maniobra, en tan solo tres días, “los fondos provenientes de la venta se dilapidaron sin ningún tipo de plan, dejando a la compañía en condición de accionista minoritario en Renova, sin dudas el activo más importante dentro de su patrimonio.”

La referencia a la sospechosa venta de ese porcentaje de Renova es recurrente en el escrito de los acreedores, quienes recuerdan que “hay actuaciones penales cuya hipótesis de acusación es ni más ni menos que las entidades prestamistas fueron engañadas por la concursada mediante la exhibición de una solvencia patrimonial que era, lisa y llanamente, inexistente.”

El argumento central de los acreedores remite a la falta de consistencia en los tres últimos estados contables de la empresa “aquellos que por ley está obligado el deudor a presentar como requisito de inicio” de un concurso. Y catalogan a esos estados contables como “una ficción amañada con el propósito de exhibir una solvencia financiera que no es tal.”

Esa falta de consistencia no sólo no fue destacada por los síndicos, si no que fue justificada, dicen los acreedores. “A la evidente parcialidad se le agrega un componente de enorme ingenuidad,” detallan. “El Informe General no ensaya ninguna explicación científica, objetiva y fundada, se limita nada más que invocar causales genéricas (sequía, la incertidumbre de las elecciones primarias de agosto de 2019 -PASO-, las condiciones del mercado internacional) sin realizar esfuerzo alguno siquiera por demostrar sus efectos concretos en el caso particular, ni -mucho menos todavía- adentrarse en indagar o prospectar la incidencia de ”causas endógenas“, propias del (des) manejo empresario, como fuente primera y determinante del desquicio organizacional y financiero resultante, que determinaron la presentación y formación de este exorbitante proceso concursal.”

Entre las decenas de preguntas que plantean los acreedores ante el juez por la falta de pericia en el informe de los síndicos, se destacan las siguientes:

- “¿No tiene especial interés para la Sindicatura, a la hora de ponderar cuáles fueron las causas del desequilibrio económico de Vicentin, profundizar en el dato de que contratos bajo la modalidad ”precio a fijar“ por un importe de US$ 636 millones a julio de 2019 ”no se encontrarían registrados como pasivos comerciales al cierre del trimestre bajo IFRS (Normas Internacionales de Información Financiera), presentado en esa fecha“?

- ¿O que los pasivos comerciales de Vicentin pasaron de US$ 106,6 millones en julio de 2019 a US$ 696,8 millones en sólo tres meses, derivándose de allí que “semejante variación sugiere que las deudas relacionadas con la compra-venta de granos con precio a fijar no se encontraban expuestas en el pasivo de los años anteriores”?

Los acreedores tienen una única respuesta a esas preguntas retóricas: con la aparente complicidad de su auditor externo KPMG, que decidió retirarse de su rol de auditor para no quedar asociado, Vicentín presentó libros falsos durante años a sus acreedores internacionales. Y de allí que califiquen al informe general de la Sindicatura como una “grave y muy vistosa actitud de ceguera y complacencia”.

WC

El grupo de acreedores de Vicentin -que presentó la semana pasada una oferta de restructuración amigable a los accionistas de la cerealera para evitar su quiebra- sumará hoy el apoyo de otros 20 acreedores, según dijeron dos personas con conocimiento directo de la situación. El grupo también recibirá el apoyo institucional de la prestigiosa Bolsa de Comercio de Rosario tal como lo anunció a través de un comunicado oficial. También de la Sociedad Gremial de Acopiadores de Granos y el Centro de Corredores de Cereales de la misma ciudad sostendría la misma posición, aseguraron las mismas fuentes.

Formalmente hoy más temprano se sumarán al grupo que aceptaría capitalizar sus acreencias para rescatar a Vicentin, las corredoras de granos y acopio Tomás Hnos y Cía, Riboldi, Cía de Insumos y Granos, y Gaviglio Comercial, dijeron las fuentes que pidieron no ser identificadas porque no son voceras oficiales del grupo de acreedores.

Los acreedores que se suman al grupo de privados que aceptarían capitalizar sus créditos para que la empresa centenaria vuelva a producir tienen una condición: que los accionistas que están siendo penalmente investigados por estafa se retiren de la conducción. En total sumarían más de US$ 20 millones a los US$ 120 millones en créditos que tiene ese grupo, según estimaron las dos personas.

El grupo de acreedores granarios tendría aproximadamente el 10% del monto total de la deuda que la empresa presentó en un Concurso Preventio de Acreedores que se tramita en el juzgado quiebras de la ciudad de Reconquista, Santa Fe.

Las acopiadoras Agrotecnología y Servicios, Fedea, Desab, Landeta Cereales y la Cooperativa Agrícola Mixta de Margarita Ltda son otros de los acreedores que hoy se sumará al grupo aseguró una de las personas.

El grupo recibirá también el apoyo de tres de las más respetadas instituciones de la ciudad donde están los puertos desde los que sale el 80% de las exportaciones agroindustriales de la Argentina. El apoyo más significativo y más doloroso para los accionistas de la empresa será el de la Bolsa de Comercio, que durante años fue presidida por Alberto Padoán, quien está casado con una nieta de los fundadores de la empresa y como tal es uno de los principales accionistas. La Bolsa, presidida por Daniel Nasini, quien fuera vicepresidente en la gestión de Padoán, tomó la decisión convencida que sólo con el apoyo de los acopiadores a los que empresa les defaulteó la deuda, podrá recuperarse la cadena de abastecimiento de la materia prima, dijeron las dos personas.

Es que aún cuando el grupo no tiene la cantidad de créditos suficientes como para imponer su plan al resto de los acreedores, tienen el suficiente poder de acumulación de granos que le permitiría a la Nueva Vicentin -que ellos quieren constituir- recuperar el suministro de la materia prima que precisa la cerealera para retomar sus actividades. La centenaria empresa tiene una capacidad de molienda de soja estimada en 8 millones de toneladas métricas. Actualmente, la planta está casi inoperativa por falta de materia prima.

Con la llegada de los nuevos 20 acreedores, el grupo ahora sumaría unos 90 acreedores. Todos ellos reconocidos acopiadores de la zona que le permitirían a la Nueva Vicentin recuperar la confianza de los productores para que vuelva a recibir granos para su molienda y exportación. Estafados por Vicentin, que defaulteo de la noche a la mañana sin dar explicaciones, los productores de granos se muestran reacios a volver a confiar en la empresa concursada porque detrás están los viejos accionistas.

Ahora que se suma el apoyo formal de las tres instituciones basadas en Rosario, podrían incorporarse más acreedores granarios. Con el apoyo formal de esas instituciones, muy probablemente se pueda obtener el apoyo de la totalidad de los acreedores de esa categoría, que suman un total de US$ 500 millones, un tercio del total de la deuda defaulteada en diciembre de 2015, dijeron ambos consultados.

La oficina de prensa de la Bolsa de Comercio de Rosario no devolvió inmediatamente llamados telefónicos solicitando comentarios.

Privados piden al Estado

Con ese apoyo, el grupo de acreedores privados, los primeros en requerir la intervención del Estado Nacional y provincial como la mejor manera de que Vicentin pueda ser rescatada- también irían a buscar el apoyo formal y explícito del Banco de la Nación, el acreedor más importante de la empresa luego de que la conducción de Javier González Fraga le diera un crédito a sola firma de US$ 300 millones al filo de la salida de Mauricio Macri del poder y a días de que se declarara en default.

El Banco Nación, el más grande de la Argentina, apoya la propuesta que envió la semana pasada a los accionistas de Vicentin el grupo de acreedores original.

“Vemos con buenos ojos las sugerencias que realizaron los acreedores comerciales que buscan sacar a la empresa de la parálisis en la que se encuentra,” dijo Eduardo Hecker, presidente del Nación a elDiarioAR el 25 de febrero.

El banco, presidido por Hecker, lidera además al grupo de bancos estatales (Provincia, BICE, Banco de Santa Fe), que en total cuentan con US$ 500 millones en créditos otorgados. El resto de la deuda está en manos de bancos extranjeros que compraron parte de un préstamo sindicado que estructuro el IFC, el brazo financiero del Banco Mundial.

El plan presentado por este grupo de acreedores consiste, principalmente, en capitalizar las acreencias a través de la pérdida de participación de los accionistas actuales. Otra condición que requiere el grupo de acreedores es la salida del nuevo directorio, elegido en octubre de 2020 y conformado por primera vez por miembros externos a la familia fundadora. Según el plan para una “Nueva Vicentin”, el 1° de febrero de 2025 sería la fecha en la que se procedería a la determinación del precio de venta de la participación de los accionistas.

Diego Guelar, ex embajador en China durante la presidencia de Macri y actual asesor del directorio de Vicentin, declinó comentarios. También prefirió no hacerlo un vocero externo de la empresa que fue consultado.

PRG

Esta nota fue actualizada a las 21 para incluir que la Bolsa de Comercio de Rosario apoyó el plan de salvataje.

El secuestro de granos crece de la mano de los intentos repetidos de sacarlos de manera ilegal por los diferentes pasos fronterizos y fluviales. Entre las provincias que más aumentos se registraron, Salta lidera el ranking de decomisos, pero la suba es sostenida en varias provincias. El domingo pasado, solo en Salvador Mazza, detuvieron tres camiones que llegaban desde Buenos Aires con 87 toneladas de soja. Y en la misma localidad salteña, dos fines de semanas atrás ya habían parado a otros seis vehículos con sus semirremolques con 136 toneladas de soja y 62 de maíz. En lo que va del año, la cifra asciende a 357 toneladas de granos en esa provincia. Como referencia, en el 2020 se secuestraron, en todo el país, 3.500 toneladas. En paralelo a estos operativos que aumentan, en Comodoro Py, en Córdoba, Santa Fe y Misiones, entre juzgados federales y del fuero penal económico, se investigan denuncias por contrabando, subfacturación y delitos aduaneros contra las principales empresas agroexportadoras. 

“Los procedimientos crecieron casi un 144% entre 2019 y 2020. Pasamos de 57 operativos a 139 el año pasado. Y el decomiso de granos subió también un 55%. Es un tema que nos ocupa y sobre el cual estamos trabajando mucho. En agosto y septiembre de 2020 aumentaron en varios lugares, sobre todo en Salta, en la zona de la ruta nacional 34 y en Corrientes”, explica a elDiarioAR la ministra de Seguridad de la Nación Sabina Frederic. Respecto de las detenciones y las modalidades de transporte en la zona de la frontera explica que “que en muchos lugares, los que mismos llevan granos de contrabando, luego son los que trasladan droga por esos corredores”. Además agregó que “estamos viendo si hay un correlato entre la incautación de divisas que realizamos y esos movimientos de granos”.

El aumento de contrabando está empujado por la diferencia de precios que los granos tienen en la Argentina, respecto de otros países de la región. A esto, en el caso de la soja, hay que sumarle un tercio del descuento por retenciones. Y la posibilidad de -en el caso de los que contrabandean- de quedarse dólares en la mano y beneficiarse con el desdoblamiento cambiario, vendiéndolo en el mercado no oficial. En Brasil o Paraguay la tonelada de soja se puede vender a 500 dólares y aquí a 340. 

Las históricas rutas de contrabando de granos eran desde Misiones hacia Paraguay o Brasil. Pero ahora se percibe un crecimiento de lo que sale por la frontera hacia Bolivia. Salta registra los valores más altos, con el 41% de los procedimientos. Luego Corrientes, con el 23% , Misiones 18%, Córdoba el 9% y Jujuy algo más del 3%. El otro 30% se reparten en el resto de las provincias.

Las históricas rutas de contrabando de granos eran desde Misiones hacia Paraguay o Brasil. Pero ahora se percibe un crecimiento de lo que sale por la frontera hacia Bolivia.

Corrientes también se adelantó y desplazó a Misiones al tercer lugar. En la primera de las dos provincias, hace un par de semanas se secuestraron 170 toneladas de soja, en la segunda, hace una semana, en la localidad de El Soberbio, la Prefectura confiscó 11 toneladas de granos de soja que iban a ser subidas a barcazas para sacarlas desde un puerto natural no habilitado. En Formosa, también hace unos días se detuvo a un camión con 30 toneladas de soja que tenía papeles falsos. Los casos se repiten y las modalidades son parecidas.

“Los camioneros llegan sin cartas de porte (una documentación sobre la mercancía y datos del traslado) o con cartas de porte fraguadas o robadas. Estamos a la cabeza de las cifras pero porque decidimos abordarlo desde hace un tiempo. Acá trabajamos juntos Aduana, Afip y Gendarmería. Estamos atentos a los camiones que se acercan a la frontera. Pero no nos quedamos con las detenciones de los camioneros. Estamos tratando de ver qué organizaciones están detrás, que no tienen otra finalidad que la evasión”, explica a elDiarioAR el fiscal general de Salta Eduardo Villalba. 

Las hipótesis de los investigadores presumen que quienes intentan pasar los granos en camiones hacen base en lugares alejados de las ciudades pero a no más de 20 kilómetros de las fronteras. Que las cargas llegan de origen y quedan unos días en un lugar sin vigilancia y cercano. Y cuando ven la ruta despejada intentan pasar por los distintos pasos desde una distancia breve.    

El investigador de la Universidad Nacional de Quilmes, Esteban Rodríguez Alzueta, también plantea una relación entre el contrabando de granos y el de drogas, como sugirió Frederic. “El tráfico de drogas y el tráfico ilegal de granos, organizados por importantes empresas que operan también en los mercados legales, no son mundos compartimentados, sino yuxtapuestos. No hay narcotráfico sin tráfico ilegal de granos, sin evasión impositiva, sin fuga de divisas, sin campo argentino”, sostiene en una charla con este diario. “Esa informalidad que se precisa la provocó el tráfico de granos durante décadas. Ellos blaquean una parte de la cosecha y la otra es en negro. Si sale es porque los controles son muy livianos, no sólo fronterizo y de red fluvial sino también las agencias fiscales sobre la contabilidad de las empresas”, agrega. “Es un fenómeno que no comenzó con el macrismo. Tiene muchos más años. Son rutinas inertes que se van reproduciendo y no se las detiene. El capital, para valorizarse, tiene una enormidad de mecanismos ilegales”, concluye. 

El tráfico de drogas y el tráfico ilegal de granos, organizados por importantes empresas que operan también en los mercados legales, no son mundos compartimentados, sino yuxtapuestos. No hay narcotráfico sin tráfico ilegal de granos, sin evasión impositiva

Esteban Rodríguez Alzueta — Investigador de la Universidad Nacional de Quilmes

Todos los consultados analizan el crecimiento de esas modalidades delictivas y de los operativos de las fuerzas federales. Entienden que allí hay un problema y que solo se controla con investigaciones y trabajos específicos. Es una modalidad que crece y se debe atender para que no siga aumentando. Pero también algunos señalan que esos volúmenes son menores respecto del gran negocio que genera la exportación de soja, que tiene una cosecha de 50 millones de toneladas. Por un lado está la prevención del delito y por otro el impacto económico de esas evasiones. Con esa preocupación, los mecanismos de evasión de las grandes agroexportadoras, los que sí mueven el amperímetro tributario, también aparecen bajo la mira de la Justicia.       

La Unidad de Información Financiera (UIF), como parte de la investigación de delitos complejos relacionados con la evasión y contrabando, le apuntó a las cerealeras que operan en el “Corredor litoral”, sus puertos y rutas terrestres. Es una zona que desde hace décadas se utiliza para operaciones de narcotráfico, trata, tráfico de armas hacia la Triple Frontera y, también, el contrabando de granos. Por esas razones pidió ser querellante en una causa donde se investiga el tráfico de cereales y oleaginosas, principalmente soja, en El Soberbio, Paraje El Progreso, Colonia Alicia, Colonia Aurora, Santa Rita, todas localidades misioneras que limitan con Brasil. 

La UIF también se presentó como querellante en dos causas contra los grupos Bunge Argentina y Vicentin. Al primero se le investiga por delitos aduaneros en base a declaraciones juradas de exportación falseadas y por contrabando. La causa se instruye por “probable existencia de conductas de fraude contra la administración pública, la posible comisión del delito de evasión agravada y el potencial lavado de activos”. Según surge de información de la UIF, Bunge habría obtenido una ventaja patrimonial reduciendo el pago de retenciones, y habría declarado exportaciones por más de 7 millones de toneladas de granos antes de la suba del canon, pudiendo haberse ahorrado casi 100 millones de dólares en impuestos. La jueza María Eugenia Capuchetti primero le había denegado a la UIF la posibilidad de ser querellante y luego se declaró incompetente. Ahora el caso le cayó al juez Penal Económico Marcelo Aguinsky, que deberá resolver ese tema. Los imputados por esos delitos son los directivos de Bunge, Adrián Chueco, Ramón Fernández Asenjo, Guillermo Marcotegui, y el ex ministro Agroindustria de Macri, Luis Etchevehere.

En la acción contra Vicentin, el juez Julián Ercolini mandó al juzgado federal de Reconquista, Santa Fe, la parte de la investigación por el contrabando de granos hacia Paraguay, por evasión y por el vaciamiento de la empresa. Lo que se intenta determinar allí es una presunta maniobra por parte Vicentin Paraguay S.A. Saber si Vicentin se benefició irregularmente de exenciones impositivas a la exportación de soja a través de esa filial en el exterior. 

“Algunos sectores voraces vienen desarrollando e impulsado históricamente distintas prácticas para manipular las ventas de productos y la oportuna liquidación de divisas. Prácticas que, a través artimañas como sobrefacturaciones, subfacturaciones o el contrabando presionan sobre el ingreso de divisas”, explica el titular de la UIF, Carlos Cruz.  

Esta semana comenzará en el Tribunal Oral Federal Nº2 de Córdoba una causa contra una veintena de empresarios cerealeros por hacer un armado de empresas falsas para blanquear ventas de cereal que se hicieron en negro y evadir el pago de los impuestos. La comercialización se hizo en Río Tercero, San Agustín, Despeñaderos, todas de esa provincia, y en la Capital Federal también. Las operaciones las hacían, entre otras empresas, F.G. Cereales SA y Cercal SRL. Para esto utilizaban personas o empresas con identidades ficticias, en general insolventes, y ocultaban a los verdaderos dueños, que estaban obligados a los pagos de impuestos. El volumen de comercialización era de tal magnitud que, según los documentos secuestrados, durante 2012 los destinatarios de sus ventas fueron grandes jugadores del sector como Vicentin SAIC, Bunge y Cargill. 

El Banco de la Nación, el más grande de la Argentina, apoya la propuesta que enviaron a los accionistas de Vicentin un grupo de acreedores granarios que aceptarían capitalizar sus acreencias para rescatar a la empresa centenaria y evitar su quiebra.

“Vemos con buenos ojos las sugerencias que realizaron los acreedores comerciales que buscan sacar a la empresa de la parálisis en la que se encuentra,” dijo Eduardo Hecker, presidente del Nación a elDiarioAR.

Los acreedores -que fueron damnificados en alrededor de US$ 120 millones por la empresa que defaulteó su deuda en US$ 1.500 millones a comienzos de diciembre de 2019- enviaron una carta al directorio de la empresa con una propuesta de salvataje. Según la misiva, aceptarían que su pasivo comercial sea capitalizado. Como condición para capitalizar sus acreencias, el grupo reclama el apartamiento del directorio actual de la cerealera, ya que los consideran una pantalla y un impedimento para que Vicentin recupere la confianza de los proveedores de granos, es decir el sector de originación de la exportadora.

El grupo, compuesto por 69 integrantes que en su conjunto tienen el 30% de la deuda granaria de la agroexportadora, asegura en la carta que la propuesta que presentan se trata de “la única alternativa posible para volver a poner en marcha a Vicentin, ya que, hasta ahora, la compañía se mostró esquiva a construir y aportar para hallar soluciones”. 

Entre los acreedores más destacados, se encuentran Commodities SA, del grupo Grassi, con más de US$ 55 millones reclamados; Morel Vouliez y Villarrica SRL, con más de US$ 10 millones cada uno; y Trocello, con más de US$ 6 millones. La deuda granaria totaliza unos US$ 500 millones y a ella hay que sumarle otros US$ 500 millones que la empresa le debe a bancos estatales y otro tanto debido a bancos internacionales como Rabobank, Itaú, Credit Agricole, entre otros, que compraron parte de un préstamo estructurado por el IFC, el brazo financiero del Banco Mundial.

Los acreedores privados, que enviaron hoy su propuesta, son los primeros en requerir la intervención de los estados federal y provincial como la mejor manera de que Vicentin pueda ser rescatada.

Privados piden ayuda al Estado

“Creemos firmemente que la participación del Estado Nacional y el de la Provincia de Santa Fe serán imprescindibles para poder llegar a una solución,” dice el texto enviado al directorio de Vicentin en la carta.

El plan presentado por este grupo de acreedores consiste, principalmente, en capitalizar las acreencias a través de la pérdida de participación de los accionistas actuales. Otra condición que requiere el grupo de acreedores es la salida del nuevo directorio, elegido en octubre de 2020 y conformado por primera vez por miembros externos a la familia, con el contador Omar Scarel como presidente, el ingeniero Daniel Foschiatti como vicepresidente y el letrado Estanislao Bougain como director. A ellos es que está dirigida  la carta.

“Los accionistas actuales deberán proponer un mecanismo ineludible, a satisfacción de los acreedores, que asegure la transferencia del 100% de las acciones si se llega a un plan de reestructuración exitoso,” le dicen los acreedores, que cuentan con la confianza de los productores agropecuarios que les entregan sus granos.

Según el plan para una “Nueva Vicentin”, el 1° de febrero de 2025 sería la fecha en la que se procedería a la determinación del precio de venta de la participación de los accionistas. “El pago se hará en cinco cuotas anuales, en la misma moneda que se generen los resultados y la valuación”, detalla la propuesta presentada.

Los acreedores granarios que presentaron la propuesta destacan en la carta la importancia de tener al Banco Nación del lado de la nueva Vicentin. “El Banco Nación, como agente de desarrollo para el país, es esencial para construir herramientas para financiar y recomponer el capital de trabajo”, dice la carta.

Vicentin tiene 1.767 acreedores comerciales pero los 69 acreedores reunidos en este grupo son referentes de peso en la comercialización de granos en la provincia y su mayor fortaleza es la confianza de los productores agropecuarios -algunos de sus miembros consultaron al estudio Casanova Mattos Salvatierra, mientras que la empresa está asesorada por el estudio Alegría- . Recuperar la confianza de los productores será imprescindibles para que la empresa, paralizada desde el default, vuelva a recibir granos para su exportación. Estafados por Vicentín, que defaulteo de la noche a la mañana sin dar explicaciones, la empresa necesitará dinero contante y sonante para poder volver a comprar la materia prima que antes obtenía a pagar a más de 60 días sólo con su palabra.

En las condiciones actuales en la que se encuentra la empresa, el Banco Nación está imposibilitado de extenderle a la empresa nuevos créditos que le sirvan para capital de trabajo ya que está concursada. La situación cambiaría si Vicentin consigue firmar un Acuerdo Preventivo Extrajudicial (conocido como APE) con un masa crítica de sus acreedores que logre una rápida homologación judicial. En ese caso, el Banco podría considerar volver a reabrir la línea de crédito de la exportadora, que podría utilizarlo como capital de trabajo.

El Banco Nación es el acreedor más importante de Vicentin, con US$ 300 millones en créditos, un préstamo que le fue otorgado a la empresa a sola firma cuando el banco era manejado por Javier González Fraga durante la presidencia de Mauricio Macri. El Banco Nación lidera a su vez al grupo de bancos estatales que tienen créditos, como el Banco Provincia, el Banco de Santa Fe y el BICE. En conjunto, los estatales suman casi US$ 500 millones, a los que se le podría sumar también el Banco Nación.

Diego Guelar, ex embajador en China durante la presidencia de Macri y actual asesor del directorio de Vicentin, declinó comentarios.

Un vocero externo de la empresa que pidió no ser nombrado dijo que el directorio agradecía la propuesta, pero que no la consideraría. “Agradecemos el interés de presentar una propuesta, pero ratificamos que la salida de la crisis debe incluir a todos los actores que forman parte del proceso concursal y a los consensos que se alcancen en el marco del comité de reestructuración que confiamos contará con la máxima representación de todos los sectores involucrados,” fueron las palabras de este vocero en un mensaje de texto.

PRG

Podría decirse que Eduardo Hecker vive a contramano de la realidad. En diciembre de 2019, en medio de la algarabía por la llegada del nuevo gobierno, el licenciado en Economía de la Universidad de Buenos Aires caminaba por calle Florida con cierta cara de agobio. Recién asumido, Alberto Fernández acababa de nombrarlo presidente del Banco Nación, el más grande de la Argentina. Pero Hecker, lejos de transmitir euforia por su nuevo cargo, lucía agobiado, casi devastado por la nueva responsabilidad.

Quien fuera titular de la Comisión Nacional de Valores entre 2006 y 2008, y anteriormente del Banco de la Ciudad de Buenos Aires entre 2004 y 2006, regresaba a la función pública para encontrase con la peor de las noticias que puede recibir un banquero: un pufo, es decir, un quebranto. La empresa Vicentin, una de las supuestas ganadoras del modelo de exportación agrícola con bajas retenciones que había impuesto Mauricio Macri, había anunciado tres días antes de la salida del gobierno de Juntos por el Cambio que no pagaría sus deudas, estimadas en US$1.500 millones. El principal afectado era el Nación. La familia Vicentin había lastrado al banco estatal con una deuda de $18.000 millones, equivalentes a US$300 millones.

El agobio en la cara de del exsecretario de Desarrollo Económico de la Ciudad de Buenos Aires entre 2000 y 2003 estaba justificado: llegaba al Nación para desarrollar una política de fomento y asistencia crediticia para las pequeñas y medianas empresas, pero se encontraba con que el banco no tenía dinero para prestar.

Un año después de aquella caminata por Florida, Hecker recibe a elDiarioAR en su despacho del banco, y pese a que el dinero adeudado por Vicentin está todavía en el limbo de un concurso preventivo de acreedores y que la pandemia lo obligó a reformular sobre la marcha su estrategia inicial, se lo ve exultante, casi desbordando felicidad. “Vamos a terminar el año con un resultado operativo positivo que va a ser por lo menos el doble del resultado negativo que tuvo el Banco el año pasado,” dijo con alegría. “Dimos vuelta el Banco en apenas un año,” aseguró.

Lo que sigue es un resumen de la entrevista donde cuenta cómo lo hicieron, asegura que se podrá cobrar el dinero de “la estafa” que realizó Vicentin, pronostica un crecimiento de la economía Argentina de dos dígitos para el 2021, adelanta que luego del acuerdo entre la Argentina y el FMI, la brecha entre los dólares paralelos y el oficial tenderá a desaparecer, y se anima a sugerir que el Estado debe fomentar subsidios para que la universidad pase a ser un título de grado necesario para ingresar a la fuerza laboral.

¿Cual es el balance de este primer año? ¿Qué encontraron y qué consiguieron?

Encontramos un banco con problemas importantes. Básicamente dos: un resultado operativo negativo de $17.000 millones en el 2019 y serios problemas de liquidez. Entre 2015 y 2019, es decir en los cuatro años del gobierno de Mauricio Macri, el banco tuvo una pérdida del patrimonio neto de casi la mitad. Nos enfocamos en resolver primero el tema de la liquidez y ordenamos rápidamente esa cuestión, y a resolver los temas de rentabilidad del banco, de solvencia. El resultado operativo cambió rotundamente, y más que lo dimos vuelta. De hecho, tuvimos un resultado operativo tan importante que vamos a poder previsionar una parte para tenerr un banco más sólido, previsible y estable. Al mismo tiempo, por otro lado, tuvimos que responder a lo que fue la pandemia. De entrada nomás tuvimos que poner en marcha la tarjeta Alimentar a pedido del Ministerio de Desarrollo Social. Enseguida vinieron los IFE. Sólo para tener una idea del trabajo que se hizo: en la última tanda de la IFEs, que yo creo que con buen criterio la Anses dijo que solamente los bancarizados podrán cobrar, nos obligó a bancarizar a 1,3 millón de personas en apenas tres semanas. Nosotros solos. Reabrir las sucursales en la pandemia fue otro desafío complejo. Son más de 700 sucursales en todo el país. Y para los jubilados, para los beneficiarios de planes sociales, pero también para las pymes, era importante que el banco estuviera abierto. Todo eso forma parte del balance complejo de este año. Pero yo creo que es un balance muy positivo en términos de tres cosas básicas: recuperamos liquidez y solvencia, por un lado, funciones importantes un banco. Y recuperamos la política crediticia a las pymes, que es el corazón ahora de la política crediticia del banco junto con los prestamos personales.

Vicentin fugó $1.000 millones. El balance muestra bienes de cambio que no se han transformado en productos, ni en dinero, ni en nada. Han desaparecido. Se evaporaron".

¿De cuánto será ese resultado operativo tan importante?

Todavía es pronto para decirlo. Entre otras cosas, porque seguramente vamos a hacer previsiones importantes, porque en el momento más caliente salimos a dar créditos para la nómina salarial y demás, porque si no, no se iban a poder pagar muchos sueldos en la Argentina. Pero se va a recuperar todo el resultado operativo negativo el año pasado y se van a consignar resultados largamente positivos.

¿De qué cifra hablamos?

Seguramente vamos a tener un resultado operativo, que es el doble de lo negativo que fue el año pasado, pero en sentido positivo. O sea que qué va a ser un resultado importante…

Podría llegar a 40.000 millones de pesos…

No puedo comentar el resultado final antes de que termine el período y, por otro lado, seguramente haremos previsiones importantes. Pero va a ser un resultado importante y todo eso va a ir a mejorar el patrimonio.

¿Qué se hizo mal en esos cuatro años anteriores donde se perdió la mitad del patrimonio neto?

Una mezcla de cosas. Por un lado, hubo tasas de interés pagadas a depósitos públicos muy altos. Por el otro, el gobierno nacional le quitó utilidades y patrimonio al Banco Nación para resolver sus  temas fiscales.

¿Por qué la propiedad privada de 200 personas que son miembros de las familias propietarias de Vicentin, que estafaron por US$ 1500 millones a bancos públicos y privados,es más defendible que la propiedad privada de los ahorristas y productores estafados?"

¿Tomaban mucho dinero?

Sí. El macrismo, en términos netos, le saco al banco alrededor del 55% del patrimonio y le quitó la capacidad crediticia. No solamente es un tema de solvencia, de riesgo, sino también de capacidad prestable de la institución. Por suerte, en el último año, hemos fortalecido al banco. A ese agujero que nos dejó Vicentin lo hemos podido cubrir a partir del crecimiento y pudimos reorientar la política de préstamos hacia las pymes, lo que nos permite segmentar el riesgo. Nunca más, en mi mandato seguro y espero que en el futuro tampoco, va a haber una exposición a un riesgo tan grande en una sola empresa. Claramente, sin menospreciar la importancia que tienen las empresas grandes, nos hemos enfocado a la pequeña y mediana empresa para fomentar la base primero de la resistencia en la pandemia, para que la economía argentina no se resienta más de lo que naturalmente se resintió y, a partir de aquí, para la reconstrucción y el desarrollo. Ese es el eje.

¿Va a haber consecuencias por el caso Vicentin?

Espero que sí. Ocurre sin embargo que los grupos mediáticos, en su afán de atacar al gobierno, manipularon a la opinión pública muchas veces en su contra usando falsamente la idea de la propiedad privada.

¿Cómo es eso?

Presentaron el legítimo derecho de los acreedores como una ofensiva encubierta contra la propiedad privada en forma errada. ¿Por qué la propiedad privada de pocos que tienen mucho es más valiosa que la propiedad privada de los muchos que tienen poco? ¿Por qué la propiedad privada de 200 personas que son miembros de las familias propietarias de Vicentin, que estafaron por 1500 millones de dólares a bancos públicos y privados de la Argentina y del exterior y a productores, cooperativas y acopiadores es más importante y más defendible que la propiedad privada de los ahorristas de los bancos estafados y de los productores, los acopiadores que se vieron estafados porque nunca les pagaron? ¿Por qué una propiedad privada vale más que otra propiedad privada? ¿Por qué ese 0,001% de la población puede gozar de un apoyo mediático publicitario? Se entiende sólo desde la lógica de que esos medios querían pegarle al gobierno.  ¿Pero y la propiedad privada? Por eso nosotros nos enfocamos en recuperar la plata para que no estafen a nuestros ahorristas.

¿Podrán recuperar el dinero?

Yo soy optimista. Creo que sí. Estamos haciendo todo lo necesario para recuperar la plata. De hecho, eso es lo principal: recuperar el dinero. ¿Para qué? Para dar créditos. Tenemos, desde el punto de vista legal todos los frentes abiertos para defender nuestro nuestros créditos y hemos establecido vinculaciones con productores, con los sindicatos, con otros bancos, con los bancos extranjeros, como para mancomunar las acciones siempre en el marco de buscar los acuerdos necesarios para el beneficio común.

¿Su convicción íntima es que hubo una estafa?

Todo parece indicar que sí. Si uno tenía fuertes sospechas, el balance del 2019 largamente ocultado, presentado con todos los plazos vencidos, termina siendo un hecho escandaloso. Con un informe de una auditoría externa que renuncia, que era KPMG, y que no responde a las dudas que suscita el propio balance. La verdad es que distintos estudios que se han hecho dan cuenta de que hay un agujero de por lo menos unos US$800 millones que no se sabe a dónde fueron. A mi entender son $1.000 millones los que se han fugado del país. El balance muestra bienes de cambio que no se han transformado en productos, ni en dinero, ni en nada. Han desaparecido. Se evaporaron.

¿Qué falló dentro el banco?

Hubo una decisión de la política de, por las razones que sea, aumentar y sostener esa exposición al riesgo de Vicentin. Después, bueno, las intencionalidades son difíciles de juzgar, pero los hechos son estos hechos.

¿Y la decisión política que tiene el banco hoy cual es?

Las pymes. En lo que va del año otorgamos en créditos para pymes solamente unos $65.000 millones. A un promedio de $2.200.000 por empresa, dimos crédito a casi 30.000 empresas.

¿Cómo ve la economía?

Lo digo con prudencia, se está recuperando a tasas muy positiva, no de una manera pareja. Desde hace un tiempo uno advierte sectores que empiezan a demandar dinero para inversión. Están mirando un poco más lejos que el capital de trabajo, dicho en términos de un banco. Soy muy optimista respecto de que el año que viene vamos a tener una tasa de crecimiento de la economía importante. No me voy a poner a pronosticar ahora, ya hace tiempo que no hago proyecciones macroeconómicas, pero estoy convencido de que va a haber mucho más que un rebote. Hay un crecimiento en la economía, en parte por rebote, pero en parte también crecimiento genuino en muchos sectores.

¿Cuáles?

Todo el sector de la metalmecánica, la industria automotriz y textil se están recuperando. Es decir, sectores que estuvieron muy paralizados en los años de Macri, empezaron a tener tasas de crecimiento positivo.

¿Cuáles son los sectores que siguen golpeados?

El sector del turismo, la gastronomía. Recuperar esa actividad va a llevar más tiempo. Pero ya se están abriendo. Lo que hay dejar en claro es que la sostenibilidad de la recuperación tiene que ver con lo que es la preocupación fundamental, que es la superación de la pandemia. Mientras exista riesgo, el crecimiento va a estar supeditado al tema sanitario, porque ese es el tema que, en mi opinión, con criterio absolutamente acertado, adoptó el gobierno, que es primero está la salud. Por eso, en la medida en que empiece la vacunación y evitemos recaídas en los brotes de Coronavirus, la economía va a tener un impulso importante.

Cuando habla de tasas de crecimiento importantes, ¿estamos hablando de alrededor de dos dígitos?

Puede estar cerca de dos dígitos. Insisto, no quiero hacer proyecciones macroeconómicas. Y va a ser muy importante que se salga de la situación de pandemia.

¿La inflación sigue siendo un riesgo?

La economía en la Argentina tuvo en el 2019, con recesión, una tasa de inflación del 54%. Ahora, vamos a terminar el año con 20 puntos menos de inflación. Estará en el orden del 34%. Yo soy de los que piensan siempre que la inflación es un tema muy importante, que no hay que subestimar. Me parece que cumplible el objetivo del presupuesto de la inflación del 29 por ciento para el 2021. Mi opinión es que hay que tener menos inflación que esa, pero irá bajándose paulatinamente.

¿Y cómo influyen los distintos precios del dólar?

Creo que el acuerdo con el Fondo Monetario internacional puede ser muy importante para dar certidumbre en el frente fiscal y cambiario, y eso también va a hacer que el dólar o las cotizaciones alternativas a la del mercado único y libre de cambios, tanto las del mercado de capitales como el dólar blue, caigan. Es decir, que esas brechas, disminuyan, notoriamente.

Tenemos que lograr que el ingreso de los jóvenes al mundo del trabajo se haga a una edad más avanzada, no a los 18, ni a los 17, sino mucho después, a los 22."

¿Sólo por el acuerdo? ¿Por qué ocurriría?

La Argentina es un país que produce, que tiene exceso de ahorros, pero no los canaliza hacia el sector productivo. Va a ser muy importante que aumente el uso de sus ahorros, no para la fuga, como paso en el gobierno anterior, sino todo lo contrario. Que se canalicen tanto por el canal del mercado de capitales como por el bancario para proyectos de inversión. Durante el gobierno anterior, se vivió el festival del carry trade. Es decir, traían dólares y los cambiaban por pesos para aprovechar tasas de interés excesivamente altas que partían de un diagnóstico de que la inflación se iba a combatir con esa tasa de inflación muy alta. Ese diagnóstico errado era un incentivo para la entrada de capitales de corto plazo. Ese carry trade todavía se está desarmando, y es lo que generó estas brechas gigantescas. En la medida en que se terminen de desarmar las posiciones del carry trade y que se se termine de construir como se está haciendo, muy bien, en mi opinión, una curva de rendimiento de pesos adecuada y compatible con el escenario fiscal y financiero de la Argentina del año 21, esas brechas van a ir cayendo. La economía va a ir tornándose más lógica. Por ese camino hay una racionalidad para alcanzar una mayor tranquilidad en la economía y también en el mercado de capitales.

Hemos hablado de coyuntura. ¿En qué temas de largo plazo está pensando ahora que logró tapar el agujero de Vicentin y poner en marcha la política de créditos a las pymes?

Un tema que me atrae y del que se habla poco es cómo ayudar desde el Estado a que la mano de obra se califique. Soy de la idea de que poco a poco la educación universitaria tiene que convertirse en la nueva secundaria. Tenemos que lograr que la universidad y otros estudios terciarios se conviertan en una cosa más habitual, y que el ingreso de los jóvenes al mundo del trabajo se haga a una edad más avanzada, no a los 18, ni a los 17, sino mucho después, a los 22.

¿Para qué?

Por un lado, para que la presión en el mercado de trabajo sea menor. Por el otro, para que la retención en la matrícula educativa de la gente que se va a seguir formando haga que ingresen más productivos al mercado laboral. Debería haber una política de Estado a largo plazo para formar más a los jóvenes. Con eso se va a lograr una baja la tasa de desocupación y, al mismo tiempo, se va a aumentar la productividad de la fuerza de trabajo. Si en algún momento se pensara que la edad de la jubilación se extendiera, sería lógico que al mismo tiempo, se extendiera la edad de ingreso a nuestro mercado laboral.

¿En qué tipos de carreras piensa?

Argentina ya tiene para la industria 4.0 una base muy importante y una inversión hecha, que es, por ejemplo, una gran camada de ingenieros electrónicos, por dar un caso concreto, que se han formado especialmente en las universidades públicas. Es una inversión que el Estado viene haciendo desde hace muchísimo tiempo y que es la base para el desarrollo técnico. Lo que le falta a la Argentina es ser consciente de que tiene esa fuerza de trabajo súpercalificada, competitiva y que incrementarla le permitiría avanzar en un desarrollo, al menos a nivel medio, de la industria del conocimiento y que generaría enorme cantidad de ingresos, tanto con valor agregado, como en una balanza comercial de superávit alta. No solamente por lo que está implícito en los mismos sectores de la industria electrónica sino también en agregación de valor y en una generación de exportaciones de sectores vinculados como el agro. La agricultura de precisión, por ejemplo, sería una de las beneficiarias de esta industria que permitiría también ganar innovación en procesos y en productos. Permitiría tener ahorros sustantivos en logística y transporte. Permitiría tener ahorros sustantivos en combustibles, y en eficiencia energética en las empresas. El Gobierno ha encarado para ese lado en áreas específicas de industria del conocimiento y tiene que avanzar. 

PG