Flybondi, la línea aérea que compró Leonardo Scaturicce hace un año, le ofreció este jueves el retiro voluntario a todos sus 1.500 empleados. La línea aérea fundada en 2016 atraviesa tiempos económicos difīciles, con permanentes cancelaciones de vuelos.

“La compañía puso en marcha un programa de retiros voluntarios”, anunció la firma de Scaturicce, amigo y consejero del asesor presidencial Santiago Caputo, que se hizo conocido hace un año por un vuelo de un avión suyo que no fue controlado por Aduana, después consiguió diversos contratos con el Estado y compró el correo Oca y el grupo logístico Flecha.

“Esta iniciativa forma parte de un rediseño organizacional que busca optimizar su capacidad y eficiencia operativa. El programa se desarrolla de manera voluntaria y en línea con la normativa vigente, contemplando condiciones acordes para quienes decidan adherir. La compañía continúa enfocada en fortalecer su operación y sostener sus compromisos con clientes, empleados y el entorno en el que opera”, agregó.

Los empleados tienen pocos días para decidir, según comentaron los que recibieron la propuesta de la empresa. El primer llamado a retiro voluntario va hasta el 25 de marzo y equivale a un despido tradicional (un salario por año trabajado) más medio salario extra, a cobrarse en tres cuotas, con cobertura de salud por 6 meses y cuatro pasajes sin cargo. El segundo llamado es del 25 al 27 de marzo para firmar el 30 de marzo e incluye menos beneficios: un despido más un cuarto de salario extra, prestación sanitaria por tres meses y dos pasajes sin cargo.

En la empresa no aclararon cuánto personal planean retener. Pero la idea es seguir operando con personal propio. Sólo en temporada de verano utilizaron aviones alquilados en el extranjero con tripulación del exterior, sobre todo española, pero no prevén usarlos en lo que resta del año, según informaron en la empresa.

Flybondi se ha caracterizado en los últimos años por las cancelaciones y las demoras. Antes la excusa era que el gobierno anterior no le proporcionaba los dólares para pagar el alquiler de los aviones en el extranjero. Ahora expertos señalan las dificultades financieras derivadas de la acumulación de costos como los seguros, los alquileres, la tripulación y el combustible cada vez más costoso por la guerra de Irán. Sólo el 57% de sus vuelos sale puntual, según la consultora Adventus. En el caso de Aerolíneas llega al 89% y en el de JetSmart, el 78%.

Tras cancelar 150 vuelos y dejar en tierra a 22.000 pasajeros en enero, la provincia de Neuquén multó a Flybondi por $228 millones. En cambio, la Administracion Nacional de la Aviación Civil (ANAC) no la sancionó, ni siquiera cuando descubrió que el año pasado usó talleres no habilitados. Su conductor es Oscar Villabona.

Atrás quedaron los anuncios de diciembre pasado, cuando la aerolínea low cost informó la firma de un acuerdo con las fabricantes de aviones Boeing y Airbus para la incorporación de aeronaves salidas de fábrica. Con una inversión aproximada de US$1.700 millones, preveía “consolidar la mayor expansión de flota de los últimos años tanto en Argentina como en Paraguay”. Pese a los retiros voluntarios, en la empresa aclaran que el plan inversor sigue vigente.

AR/CRM

La aceitera Vicentin, YPF, la siderúrgica Acindar, Nissan, Scania, Granja Tres Arroyos, Refinor (la petrolera de YPF y José Luis Manzano en el noroeste), Dass (fabricante de calzado Adidas, Nike, Umbro y Asics), Sancor, General Motors y Bridgestone fueron algunas de las grandes empresas que despidieron, suspendieron o retiraron voluntariamente de a cientos de empleados de su personal en lo que va del año, según un relevamiento de noticias publicadas que viene elaborando el Centro de Economía Política (CEPA), que dirige Hernán Letcher.

Halliburton (una de las grandes empresas de servicios petroleros), Ledesma, Kimberly Clark (con sus marcas Huggies, Kleenex, Scott y Plenitud), La Gráfica Morvillo, los canales Somos de Flow (Telecom), Aquarium Mar del Plata, Toyota -–a automotriz japonesa los niega–, Orbis, Molinos Río de la Plata, Forestadora Tapibecuá, Lácteos Verónica, Nestlé, Lumilagro y Ternium (siderúrgica del grupo Techint). La lista apabulla y continúa.

Lo que reflejan los medios se plasma en la estadîstica pública. Hasta abril habîa 6.255.000 empleados registrados en el sector privado, según la Secretaría de Trabajo. En diciembre eran 6.284.000. Unas 29.000 personas quedaron afuera. No por la motosierra del presidente Javier Milei sobre el Estado. Son echados de empresas privadas nacionales y extranjeras. Un 0,5% menos de trabajo que a fines de 2024. Y estos números no reflejan lo que pasó de mayo a julio, meses en que se ralentizó el rebote económico respecto del pozo del año pasado. En cambio, el listado del CEPA sí refleja los rajes de estos últimos tiempos.

“Es por el estancamiento de la actividad”, explica Letcher la caída del empleo privado formal. En su lista también aparece, aunque menos de 100 despidos, suspensiones o desvinculaciones, otras empresas de renombre, como Pirelli, General Motors, Cerámica Alberdi, Santander, las textiles TN&Platex y Coteminas, la pesquera Conarpesa, la litiera Exar, Prosegur, Azul Natural Beef, Arca Continental (embotelladora de Coca-Cola), Marengo (fabricante de los camarelos No Hay Plata, en alusión a la frase con la que Milei inauguró su presidencia), la agrícola Red Surcos, Raízen (la refinadora de petróleo de Shell), la bodega Fecovita, Laboratorios Bagó, la constructora Astra Evangelista, Tenaris (la otra acerera de Techint), los fabricantes de Puma y Topper o la metalúrgica privatizada Impsa.

La lista no llega a agosto. Este mes ya hubo noticias de despidos, suspensiones y desvinculaciones en Petroquímica Río Tercero, Algodonera Avellaneda, Mauro Sergio Textilana, Coca-Cola Andina (embotelladora) y Radio Con Vos.

El economista jefe de la consultora Empiria, Nicolás Gadano, observa que “es heterogénea la recuperación de la actividad económica, que ya tiene el nivel previo a la llegada de Milei (al poder) y al ajuste”. “Hay sectores muy intensivos en empleo como la construcción y sectores industriales que están niveles bastante por debajo de noviembre de 2023 y han expulsado personal. Y a los sectores que les va bien, como la extracción de petróleo y gas, emplean menos”, se refiere a lo que sucede en Vaca Muerta, Neuquén, que compensa los despidos del mismo rubro en provincias donde YPF dejó de producir, como Chubut y Santa Cruz. Claro que también en Vaca Muerta se denuncian ajustes. “Hay una pérdida neta de empleo que por ahora no se ve cómo se revertirá”, advierte Gadano, que colabora en la Fundación Pensar, del PRO.

Pese a las diferencias políticas, el jefe de macroeconomía del Banco Provincia de Buenos Aires, Matías Rajnerman, coincide con el análisis. Agrega que el comercio, generador de mucha mano de obra, cayó al inicio del gobierno de Milei, pero ahora empezó a levantar, y que el agro crece pero es intensivo en capital (maquinaria), no en empleo. “Cuando uno separa entre sectores ganadores y perdedores, se entiende por qué la economía ya opera 3,5% por encima de los niveles de 2023, pero se perdieron 15.000 puestos de trabajo en el camino, que difícilmente se recuperen en el corto plazo”, ratifica Rajnerman. El número de 15.000 surge del hecho de que las reducciones de personal formal privado, doméstico y público –vía motosierra– se compensan en parte con el mayor número de autónomos y monotributistas –esto incluye choferes de Uber y Didi o repartidores de Rappi y PedidosYa–. Además, crece el trabajo informal, sin derechos, tanto asalariado como cuentapropista.

“La política de apertura comercial en un semestre donde el tipo de cambio se apreció, o sea, no julio, también explica que haya empezado a recuperarse el comercio pero la industria haya profundizado su caída”, continúa Rajnerman. “El primero vende cada vez más productos producidos afuera, por lo que cierto rebote de la demanda interna no se trasladaba a la oferta local”, completa el economista del Provincia.

Melisa Sala, economista de la consultora LCG, atribuye la caída del empleo privado formal en 2025 a “una demanda local bastante deprimida y a los efectos de un dólar atrasado que hace más evidente la falta de competitividad de algunas empresas tanto para exportar como para competir con importaciones alentadas por la mayor apertura comercial”. Es llovido sobre mojado porque Sala recuerda que el trabajo privado ya “venía bastante estancado desde hace una década”.

“Caída del consumo masivo, apertura importadora y también un estrangunlamiento del financiamiento por tema suba de tasas”, apunta tajante las razones del bajón la director del Banco Ciudad de Buenos Aires por la oposición, Delfina Rossi. En cambio,el consultor Hernán Hirsch, más optimista, lo relaciona con “un cambio de modelo de económico, que implica una nueva asignación de recursos con otros sectores más dinámicos, lo cual lleva necesariamente a niveles de desempleo más alto transitoriamente”. Ojalá. “Se agrega la necesidad de mayor productividad micro”, suma Hirsch. Combo letal.

Acá presentamos el relevamiento del CEPA mes por mes, de enero a julio:

AR/MG

El Gobierno abrió un nuevo plan de retiros voluntarios para Aerolíneas Argentinas con el que busca reducir 500 puestos de trabajo hasta el 2 de agosto, plazo en que cierra el período para aceptar la propuesta.

Como en la etapa anterior de retiros –a la que adhirieron unos 300 empleados–, el plan vuelve a llamarse “Retiro Gratificado” y es parte de la estrategia del Gobierno para poder privatizar la línea de bandera.

Según anticiparon desde la empresa, la propuesta de retiro será en base al salario y la antigüedad y se abonará en un solo pago. Además, aclararon que este será “el último plan” de retiros que se ofrecerá.

De acuerdo a lo que señalaron desde Aerolíneas, esta propuesta está abierta a todos los empleados y que esperan captar a mayor de cantidad de empleados ya que la anterior oferta era menor que una indemnización y no resultaba atractiva para los trabajadores de mas antigüedad. En ese sentido, buscan replicar un esquema similar al que se hizo en el Correo y Ausa con ofertas más atractivas para los trabajadores.

El anuncio se da en medio de la decisión del Gobierno por la denominada apertura de los cielos, para permitir el ingreso de otras empresas.

En otro orden, las fuentes indicaron que se está trabajando para reducir el déficit operativo en el 2024, a 150 millones de dólares, la mitad de lo que se registró en el 2023, que fue de 390 millones.

De acuerdo a los datos parciales, entre enero y mayo se logró mejorar los costos operativos en un 67 por ciento, respecto al mismo período del 2023.

Aerolíneas tiene unos 11.500 empleados y en el plan anterior se establecieron pagos mensuales, por un monto equivalente al 50% de antigüedad en años al momento de la firma.

Desde la llegada al gobierno de Javier Milei, el futuro de Aerolíneas es incierto. En un primer momento se intentó incluirla dentro de las empresas a privatizar. Pero en el marco de los acuerdos para alcanzar el número en la votación particular de la ley Bases, el Gobierno aceptó la eliminación de Aerolíneas Argentinas de la lista de empresas públicas a privatizar. A la lista se sumaron el Correo Argentino y los medios públicos de Radio y Televisión Argentina (RTA).

Sin embargo, el Ejecutivo nunca desistió de su intención. “Todas las empresas del Estado son pasibles de privatización. En este impulso legislativo o más adelante, eso lo definirá la Cámara de Diputados”, dijo a fines de junio el vocero presidencial, Manuel Adorni.

La decisión de abrir los retiros se conoce también en medio del comienzo de las vacaciones de invierno y cuando está latente un conflicto gremial solo apaciguado por la conciliación obligatoria dictada la semana pasada por el Ministerio de Trabajo, luego de que la empresa y los gremios de la Asociación de Pilotos de Líneas Aéreas (APLA) y la Asociación Argentina de Aeronavegantes no llegaran a un acuerdo por las paritarias.

El pasado 12 de junio fue el Papa Francisco quien salió en defensa de Aerolíneas y posó con una bandera luego de recibir en el Vaticano al secretario general de la Asociación Argentina de Aeronavegantes, Juan Pablo Brey, uno de los principales dirigentes del sector.

Con información de Noticias Argentinas

En un contexto de desplome de la actividad generado por la pandemia de coronavirus, las medidas oficiales para prohibir los despidos sin causa justa y duplicar la indemnización no alcanzaron para contener la pérdida de puestos de trabajo. Según un relevamiento que hizo elDiarioAR entre las 100 empresas principales de la Argentina en términos de facturación, las compañías apelaron herramientas retiros voluntarios, jubilaciones anticipadas y cierto tipo de suspensiones para ajustar sus dotaciones y generar un ahorro de costos. 

En YPF, cerca de 500 empleados aceptaron un plan de retiro voluntario (lo que en el artículo 241 de la ley de contrato de trabajo se define como extinción por mutuo acuerdo) abierto entre julio y septiembre. Sobre una plantilla de 22.000 empleados, el plan estaba disponible para los 4.000 empleados fuera de convenio, pero solo el 12% aceptó la oferta de doble indemnización más un plus.

Los ahora exempleados recibieron el 30% de lo pactado en el momento del acuerdo y el 70% restante será pagado en 36 cuotas ajustables por inflación. También se les mantendrá el plan privado de salud durante los próximos tres años. Para YPF, empresa controlada por el Estado en 51%, el costo total del plan de retiros voluntarios fue de US$85 millones, pero redundará en ahorros anuales de 50 millones de ahora en más, según detallaron los ejecutivos de la empresa en una reunión virtual con inversores.

Dado que YPF es la principal accionista de Metrogas, el plan de retiros voluntarios también se puso a disposición en esa distribuidora, pero sólo para los empleados que habían pasado antes por la petrolera. Se acogieron diez empleados de los alrededor de 1.500 de Metrogas.

El Grupo Techint detalló que las empresas que lo integran no tuvieron programas institucionales de retiro voluntario, pero, “muchas veces motivados por la existencia de la doble indemnización y colaboradores que elegían reperfilar su carrera laboral, se hicieron acuerdos de cese de mutuo acuerdo”. El grupo no precisó cuántos, pero empleados de recursos humanos informaron la existencia de alrededor de 300 trabajadores desvinculados por esa vía. 

La cementera Loma Negra, del grupo brasileño Camargo Corrêa, llegó a un “acuerdo de salida” con diez empleados, sobre un total de 2.000 en diferentes plantas. El banco chino ICBC lleva adelante un programa de retiros y calcula que lo cerrará el mes próximo. El Galicia tiene el suyo, pero aclaró que hasta el momento se acogió “un número bajísimo'' de personas.

Coca-Cola ofreció un programa de desvinculación a 250 trabajadores en la Argentina, de los que entre un 12% y un 15% lo tomó, según calculó la empresa norteamericana.

“Estamos en pleno proceso de readaptación y reestructuración. El programa de retiros voluntarios es apenas un elemento de algo mucho mayor”, informó la mayor prepaga y obra social del país, OSDE, que prefirió no dar números de un plan que todavía está abierto. 

Minera Aguilar, de la anglosuiza Glencore, anunció el mes pasado el cierre de su explotación en Jujuy por agotamiento del material, decisión que estaba prevista para febrero o marzo próximos y fue precipitada por la pandemia. La compañía determinó abrir un plan de retiros voluntarios para 460 personas y conservar 180 empleados para “la etapa de cuidados y mantenimiento”. Luego de permanecer cerrado desde el inicio de la cuarentena y sin perspectivas de reapertura, Parque de la Costa, de Sociedad Comercial del Plata, también acordó ofrecer desvinculaciones de mutuo acuerdo a sus 480 empleados. Sin embargo, el jueves pasado la Cámara de Diputados aprobó y giró al Senado de la provincia de Buenos Aires un proyecto de ley para el salvataje del parque de diversiones, que busca conservar su operación y todos sus puestos de trabajo. 

En el mercado aerocomercial, la estatal Aerolíneas Argentinas ofreció un programa de jubilaciones anticipadas para quienes estuvieran cerca de la edad de retiro. Según los cálculos de la firma, entre 900 y 1.000 empleados —de los 12.000 totales— estaban en condiciones de acogerse al programa, que cerró el mes pasado. Sin embargo, muchos menos trabajadores de los que se esperaba se mostraron interesados. “Son dos caras de una misma moneda: cuanto menos generoso sos con el programa que ofrecés, menos atractivo es para que lo acepten”, explicaron en la compañía, y detallaron que las ofertas varían de acuerdo al área de actividad del empleado o empleada y del sindicato que los representa. “Lo cierto es que la compañía no estaba en condiciones de hacer una gran erogación ahora para conseguir ese ahorro futuro”, añadieron. 

Si bien es un caso diferente, porque la empresa decidió abandonar el mercado de cabotaje, Latam Airlines también acudió al retiro voluntario como una manera de desvincular a los 1.715 empleados que se quedaron sin trabajo. Según los últimos registros de la firma, se cerraron 1.200 acuerdos individuales y la negociación todavía continúa abierta con las 515 personas restantes. 

El dato de cuántas desvinculaciones ocurrieron en total con estas herramientas es difícil de construir, dado que no existe un registro centralizado y desde hace algunos meses tampoco la obligación de pasar por el Servicio de Conciliación Obligatoria (Seclo) del Ministerio de Trabajo. El 10 de septiembre pasado, la Corte Suprema emitió un fallo en el que ratificó la legitimidad de la extinción del contrato de trabajo celebrada frente a escribano público, sin intervención de una autoridad administrativa o judicial. 

Marco legal

El abogado laboralista Julián de Diego calcula que hubo 600 mil desvinculaciones acordadas desde el inicio de la pandemia, la mayoría ante escribano público, sin intervención de la autoridad de aplicación. “Las empresas todavía tienen un 30% de exceso de dotación y por eso el Gobierno sigue resistiéndose a levantar la prohibición de despedir y la doble indemnización. Si sale de golpe, va a haber una oleada de despidos”, advierte. 

El decreto 329, del 31 de marzo de 2020, estableció la prohibición de los “despidos sin justa causa y por las causales de falta o disminución de trabajo y fuerza mayor” por el plazo de 60 días, pero se fue prorrogando y actualmente se encuentra vigente hasta fines de enero. También se prorrogó hasta el 25 de enero de 2021 la doble indemnización en caso de despido sin justa causa, disposición que venía desde antes de la pandemia, desde que asumió la Presidencia Alberto Fernández, en diciembre de 2019. 

Culminado el primer mes de 2021, el Gobierno deberá definir si vuelve a extender la vigencia de las normas o inicia un proceso de transición. Según De Diego, se debaten dos opciones de salida: una es permitir que se produzcan despidos por falta de trabajo, pero manteniendo la doble indemnización; otra es partir de la doble indemnización e ir reduciendo gradualmente el porcentaje hasta alcanzar el esquema habitual.

“Si bien es muy difícil de cuantificar, por muchísimos lugares nos aparecen casos que revelan que la modalidad de extinción del vínculo por mutuo acuerdo es una herramienta que sobre todo están utilizando las empresas de mayor tamaño y medianas”, señaló Luis Campos, coordinador del Observatorio de Derecho Social de la CTA Autónoma. Su registro indica que en algunos casos los empleadores ofrecen el equivalente a una doble indemnización, pero en otros hacen ofertas “muy inferiores”. “Más allá de que es una decisión individual y hay trabajadores a los que estos acuerdos pueden servirles, recibimos otros testimonios en los que aparecía una sensación de temor por dos aspectos: porque la empresa no siguiera funcionando, se fuera a la quiebra y se quedaran finalmente sin nada, o por la posibilidad de sufrir represalias internas si no aceptaba”, contó Campos. 

Otro mecanismo de desvinculación más propio de las empresas chicas son las renuncias. “El empleador ofrece un monto de dinero y el empleador manda un telegrama, lo que suele suceder cuando los trabajadores tienen menos posibilidades de acceso a un asesoramiento”, detalló el abogado sindical. En la última Encuesta de Indicadores Laborales (EIL) del Ministerio de Trabajo se advierte que. de representar el 32% de las bajas totales en abril, la modalidad legal de la “renuncia” escaló hasta significar el 58,9% en octubre. 

En el sector informal las desvinculaciones no adquieren la forma de ninguno de los instrumentos mencionados anteriormente. “Ahí es directamente: ‘No vengas más por ahora, después te llamo’, y posiblemente cuando se eliminen las restricciones a la movilidad vuelvan a llamarlos, como puede ser el caso de las trabajadoras de casas particulares”, añadió el letrado de la CTA Autónoma, con la sospecha de que bajo esa modalidad se inscribe gran parte de los 3,7 millones de puestos de trabajo que, según el Indec, se perdieron entre abril y junio.

“Estamos recibiendo muchísimas consultas de cómo afrontar conversaciones con la gente teniendo, por un lado, la restricción para no generar desvinculaciones, pero por otro la necesidad de sí o sí revisar las estructuras organizacionales porque para muchas empresas el agua está llegando al cuello y tienen que tomar algún camino”, señaló Gustavo Aguilera, director de Talent Solutions y Capital Humano de ManpowerGroup Argentina.

Según Aguilera, “hay una gran resistencia a acogerse a retiros voluntarios” por parte de los empleados, que saben que “el mercado laboral está muy recesivo”, lo que obliga a las compañías a elaborar propuestas lo más generosas posible. “La gente no se conforma sólo con la doble indemnización, sino que además piden otras alternativas como extensión de la medicina prepaga, alguna gratificación adicional o incluso el acompañamiento en servicios de outplacement (reubicación profesional) para que puedan enfocarse en su reinserción laboral”, apuntó. 

Aunque la mayoría prefiere no hacerlo público, Aguilera asegura que “muchas empresas” iniciaron en los últimos meses programas tendientes a revisar entre un 10% y un 20% de sus plantillas. “Es el plan A, de corto plazo y para esta parte de la coyuntura, pero estoy seguro que la mayoría de las empresas tienen un plan B y un plan C, que tendrán que ver con la evolución de la situación económica”, anticipó. 

En el decreto de prohibición de despidos también se limitan las suspensiones, con la excepción de aquellas que se realicen en los términos del artículo 223 bis de la ley de contrato de trabajo. Se trata de un artículo que habilita las suspensiones en caso de “falta o disminución de trabajo, no imputables al empleador, o fuerza mayor debidamente comprobada”, figura que permite discontinuar el pago de aportes y que sirvió para contener las desvinculaciones. El último registro de la Encuesta de Indicadores Laborales (EIL) indica que cerca del 20% de las empresas aplicaron esta variante en los últimos meses y en mayo pasado casi el 9% del empleo registrado del sector privado se encontraba suspendido, número que bajó en octubre a 4,8%, aunque sigue siendo históricamente alto. 

DT/AR/SL