Aunque existen decenas de tribunales de apelaciones en la Justicia, para el sistema político, “la Cámara” es una sola: funciona en el segundo piso de Comodoro Py 2002 y se ocupa de confirmar o rechazar las decisiones de los jueces en lo criminal y correccional federal de primera instancia, que tienen a su cargo las causas de presunta corrupción de los funcionarios del poder central. 

El gobierno de Alberto Fernández apuesta a nombrar a tres de los seis jueces de esta instancia y puede convalidar el regreso de un cuarto, lo que le permitiría rediseñar la mayoría del tribunal. Dos sillas de la Sala II están vacantes y otras dos de la Sala I están ocupadas por Leopoldo Bruglia y Pablo Bertuzzi, jueces trasladados sin intervención del Senado durante el macrismo que deben regresar a sus tribunales de origen una vez que la cámara alta concluya sus reemplazos definitivos, según dispuso la Corte Suprema hace dos meses.

Durante la última semana, elDiarioAR consultó a camaristas, excamaristas, candidatos a camaristas, asesores del Consejo de la Magistratura, jueces y fiscales de primera instancia, abogados, especialistas y exfuncionarios del tribunal de alzada porteño. Sin excepción, coinciden en que se trata del tribunal “más político” o “el más sensible a la política”, después de la Corte Suprema, sobre la que, en los últimos meses, se posaron las críticas del oficialismo. Detrás de la tensión del kirchnerismo con el máximo tribunal, estaba, en parte, la conformación de la Cámara y la salida o permanencia de Bruglia y Bertuzzi. 

Los consultados también concuerdan en que los sucesivos oficialismos y opositores han preferido la demora programada de los concursos para completar las vacantes y la intromisión o intentos constantes de influencia de los servicios de inteligencia y los operadores judiciales en el segundo piso del edificio de Retiro.

El poder de los camaristas reviste en sus facultades para revisar procesamientos; avalar o revocar prisiones preventivas; disponer sobreseimientos de funcionarios o exfuncionarios procesados; o, por el contrario, dejar esas decisiones de primera instancia sin efecto. Ordenan a los jueces medidas de prueba, como peritajes y testimoniales, que pueden ayudar a profundizar una investigación, pero también a dilatar el desarrollo del caso, según las versiones contrapuestas entre camaristas y algunos de los jueces de instrucción consultados. También deciden sobre la disputas de competencia entre jueces y el cierre de causas.

Desde 2008, el poder político evitó completar el tribunal mediante concursos, según los registros oficiales, y evitaron así el acuerdo del Senado para nombrar a los jueces. En su lugar, dejó las vocalías vacantes y nombró a jueces interinos. 

Un tribunal “regulador”

Sus fallos más resonantes de los últimos años incluyen la nulidad de las escuchas del caso Skanska (que dejó en suspenso durante años al primer gran caso de presunta corrupción durante el kirchnerismo); la inconstitucionalidad del pacto con Irán; la denominada “doctrina Irurzun”, que ordenó avanzar con las prisiones preventivas de los exfuncionarios kirchneristas por su supuesta influencia “residual” en el Estado; la falta de mérito del entonces procesado presidente de Techint, Paolo Rocca, en el caso Cuadernos; la primera excarcelación del empresario Cristóbal López en 2018; y el archivo y el desarchivo de la denuncia de Alberto Nisman; y la consideración de que el fiscal fue asesinado. 

También, la confirmación de varios de los procesamientos de Cristina Fernández de Kirchner; el aval de las declaraciones de los arrepentidos del caso Cuadernos; y la declinación de competencia para investigar los supuestos aportes truchos de la campaña de Cambiemos; entre otros.

“La Cámara Federal se ha vuelto poderosa, en parte, porque ha avanzado en darles órdenes a los jueces federales de primera instancia y eso la ha convertido en un actor influyente y un centro de vínculos con los operadores judiciales”, afirmó Alberto Binder, presidente del Instituto de Estudios Comparados en Ciencias Penales y Sociales (Inecip), en diálogo con elDiarioAR.

Binder, quien asesoró a más de diez países de América latina en sus reformas judiciales -incluida la Argentina-, sostuvo que la Cámara “es, también, una reguladora del manejo de la intensidad de los casos” que involucran a funcionarios y exfuncionarios, empresarios y en algunos casos, a los propios jueces y fiscales federales.

Vacantes

La Cámara debería estar compuesta por seis jueces, pero desde 2008, siempre hay vacantes. Cada juez debe ocupar una vocalía. Tres sillas son de la Sala I y otras tres, de la II. Cada sala maneja sus casos, los cuales se les asignan por sorteo una vez que las partes apelan la decisión de un juez de primera instancia. 

Las jubilaciones, renuncias y eyecciones de algunos camaristas, sumadas al nombramiento de jueces interinos y dilaciones de los concursos, lograron que, actualmente, sólo dos de los 6 cargos en el “tribunal más político” estén ocupados por titulares, que sólo pueden ser removidos por juicio político. 

“En cada café te queda un jirón de independencia”, dijo un magistrado que concursó en vano para llegar a la Cámara.

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El tribunal es presidido desde hace once años por Martín Irurzun, integrante de la Sala II. Su padre era asesor de un abogado de Raúl Alfonsín, pero fue Carlos Menem quien lo ascendió de primera instancia a camarista en 1994, con acuerdo del Senado. Desde entonces, es el único miembro de la Cámara que permanece. “Maneja la relación con los jueces de primera instancia”, explica una fuente del tribunal y confirman magistrados de instrucción. 

Durante el macrismo, Irurzun también quedó al mando de la oficina de escuchas telefónicas de la Corte y jugó un rol central en la fluida relación entre Comodoro Py y el expresidente del máximo tribunal Ricardo Lorenzetti, según los jueces consultados. La oficina de escuchas recibió críticas de dirigentes kirchneristas por los audios con conversaciones privadas de Cristina Fernández y otros opositores de Macri que llegaron a manos de medios de comunicación.

El único titular de la Sala I es Mariano Llorens, nombrado por el gobierno de Macri en 2018, tras haber sido uno de los siete finalistas de un concurso que se demoró 10 años.

Los otros dos miembros de la Cámara son Bruglia y Bertuzzi, quienes fueron trasladados desde otros tribunales, también a instancias del macrismo, pero tienen fecha de caducidad en el cuerpo tras la decisión de a Corte. 

El regreso

En el corto plazo, el Presidente debe convalidar el regreso del juez Eduardo Farah, quien llegó a la Sala II por concurso en 2008, pero solicitó su traslado en 2018, luego de haber ordenado junto a Jorge “Pati” Ballestero la excarcelación del empresario Cristóbal López en el caso Oil Combustibles. 

Las “presiones políticas y mediáticas” llevaron a Farah a pedir su traslado a otro tribunal, según argumentó. Ambos camaristas fueron denunciados por voces macristas de haber recibido supuestos sobornos, acusación que no levantó vuelo. El juez federal Luis Rodríguez dictaría sus sobreseimientos en diciembre de 2019. 

El 10 de noviembre último, Farah solicitó regresar a su cargo en la Cámara, según el escrito que presentó ante el Consejo de la Magistratura.  

Durante los dos gobiernos de Fernández de Kirchner, Farah ocupó la vocalía de la Sala II que ganó por concurso y subrogó una vacante en la Sala I durante ocho años (2008-2016). Al estar en ambas salas, intervenía en todos los casos que llegaban al tribunal de revisión. 

Javier Fernández negó haber intervenido en el regreso de Farah a la Cámara. “Eduardo (Farah) es mi mejor amigo, fuimos compañeros desde el jardín hasta la secundaria. Es brillante. Yo vi lo que sufrió, pero yo no garantizo nada”.

A pesar de ser considerado por sus colegas como un juez formado, su poder se le atribuyó en parte a su amistad con el auditor general de la Nación Javier Fernández, sindicado por los off the record como el “operador judicial” de la entonces Secretaría de Inteligencia. Fernández, que representa al peronismo en la Auditoría General de la Nación (AGN), siempre negó ese rol. Farah desmiente que el auditor tenga influencia sobre sus decisiones, según explicó un allegado al magistrado.

“Toque de suerte”  

Javier Fernández asegura que sólo se dedica a la AGN. En diálogo con elDiarioAR, negó haber intervenido en el regreso de Farah a la Cámara. “Eduardo es mi mejor amigo, fuimos compañeros desde el jardín hasta la secundaria. Es brillante. Yo vi lo que sufrió, pero yo no garantizo nada”, afirmó. “Son decisiones de la política”, agregó Fernández.

El auditor también negó haber sido “el puente” entre quienes aspiran a la Justicia federal y la ex-SIDE. Asegura que no ve ni habla con Jaime Stiuso, exjefe de los espías, desde hace años. Sostiene que tampoco habla desde hace seis con su hermano Sergio Fernández, presidente de otro poderoso tribunal de apelaciones: la Cámara Contencioso Administrativa, donde se dirimen los casos contra el Estado nacional y se juegan intereses millonarios. 

Fernández reitera una frase que le dijo a La Nación hace unos días: “Mi jefa política es Cristina Fernández de Kirchner”. “Soy peronista y el peronismo es vertical, se encolumna debajo de su líder”, proclamó.

En septiembre de 2018, Fernández fue procesado por presunta asociación ilícita en el caso Cuadernos, porque en las anotaciones del chofer Oscar Centeno se señalaban visitas a su casa para llevar dinero. También por las declaraciones del exjuez Norberto Oyarbide, quien acusó a Fernández de haberlo amenazado para acelerar un sobreseimiento al matrimonio Kirchner en una causa por enriquecimiento ilícito. 

La Sala II de la Cámara revocó el procesamiento. Luego, el influyente Fernández fue sobreseído por el juez Martínez De Giorgi. 

“Apoyos”, “impulsos”, “ayuda”, “toque de suerte” son algunos de los términos que utilizan los jueces y candidatos a jueces para definir el ingrediente central de la receta para llegar. “Podés salir primero en el concurso, en los exámenes, en la evaluación de antecedentes, pero si no te elige la política, no llegás”, explica un magistrado.

Mencionan haber tenido que “tomar café” con los radicales Darío Richarte y “Coti” Nosiglia, entre otros. Durante el macrismo, con Daniel “Tano” Angelici, quien al cierre de esta edición no había respondido la consulta de este medio. Se encontraba de viaje, dijo un allegado.

“En cada café te queda un jirón de independencia”, dijo un magistrado que concursó en vano para llegar a la Cámara.

“El Coti siempre que pudo dar una mano, lo hizo, a quien consideraba que se lo merecía, pero desde su rol en la política, no relacionado a los servicios de inteligencia que le atribuyen”, respondió una persona cercana al histórico dirigente radical.

“Su influencia viene por su rol en la Facultad de Derecho”, afirmaron cerca de Richarte, quien se desempeñó como número dos de la disuelta Secretaría de Inteligencia durante el gobierno de Fernando de la Rúa; encabeza el estudio jurídico que defendió a Amado Boudou en la causa Ciccone; y fue vicerrector de la UBA.

El Consejo de la Magistratura, que elige y controla a los jueces, tomó este jueves dos decisiones centrales en torno a la Cámara: además de disponer el retorno de Farah, aprobó las ternas de candidatos para una vacante en la Sala I del tribunal. El debate en el plenario puede verse en video en este link. 

En el primer lugar de la terna se encuentra Diego Amarante, titular del juzgado en lo Penal Económico número 5; seguido por Roberto José Boico, uno de los abogados de la vicepresidenta Fernández de Kirchner; y en tercer lugar, el juez federal de Dolores, Alejo Ramos Padilla. 

Operadores y servicios

Durante los últimos gobiernos, ningún ministro de Justicia logró hacer pie en los tribunales federales de Comodoro Py. La influencia o intentos de influir sobre los jueces y fiscales quedaron en manos de “operadores informales” o “mesas judiciales”, reconocen magistrados, abogados y exmiembros de la Cámara consultados.

Binder dice que “el método tradicional de manipulación de la Justicia se está desarmando y están tratando de construir uno nuevo”. Pero duda que puedan hacerlo. “El vínculo con los servicios de inteligencia no ha desaparecido por completo, pero con las medidas tomadas (por Alberto Fernández) ha mermado considerablemente porque la AFI ya no juega de esta manera”. La Agencia Federal de Inteligencia (AFI) está intervenida y ya no presta servicios como auxiliar de la Justicia.

A eso, agregó Binder, se sumó la pandemia. “No hay charlas en los bares ni en los despachos”.

“No es tan así. Todos tenemos carrera judicial que precede a las relaciones que nos adjudican” con la política“, sostuvo un magistrado. ”No voy a negar esas relaciones y amistades. No voy a negar que algunos de nosotros conocemos a (Jaime) Stiuso, pero a nosotros no nos llaman para darnos órdenes“, afirmó.

El fiscal federal Federico Delgado, autor de República de la Impunidad, sostiene que “la Justicia está privatizada y la Cámara Federal representa muy bien eso. El problema no son sólo los jueces, es el dispositivo institucional lo que está agotado”, agregó. 

La Justicia también intenta influir en la Justicia, dice Binder. “Están las llamadas de teléfono entre miembros de la Corte, miembros de la Cámara, jueces de primera instancia y un mundo que funciona como una gran caja de favores”, afirmó. “Sacando a algunos jueces, la mayoría son parte de ese sistema, no víctimas que reciben presiones de seres poderosos que los doblegan. Es un juego de poder donde participan permanentemente”, sostuvo. 

Los camaristas, a su vez, tienen sus propias alianzas internas con otros miembros del tribunal y con miembros de la Corte, que nunca son estancas, según explican. Varían con los tiempos políticos y con la temperatura de las relaciones personales y las pujas por la resolución de un caso donde las posturas están encontradas. 

Eyecciones y traslados

Dos crisis profundas atravesaron al tribunal de apelaciones en los últimos dos años. La primera ocurrió entre 2016 y 2018. Eduardo “Chiche” Freiler llegó a la Cámara por concurso a finales de 2004 e integraba la Sala I, sindicada más tarde por un sector de los medios como “la sala K”, por sus fallos “favorables” al gobierno de turno.

La Sala I avaló el procesamiento de Macri en la causa de las “escuchas ilegales”. Años más tarde, ya electo presidente, el fundador del PRO fue sobreseído en el caso. Freiler siempre sostuvo haber actuado conforme a sus convicciones.

Tras la asunción de Macri, en 2017, el oficialismo promovió el juicio político de Freiler por “mal desempeño por el crecimiento injustificado de su patrimonio”, según la acusación en el Consejo de la Magistratura. El juez se rehusó a renunciar y fue destituido en noviembre de ese año, escándalo mediante por el procedimiento en el Consejo, cuando el entonces oficialismo aprovechó una efímera vacante mientras un legislador del kirchnerismo aguardaba que Lorenzetti le tomara juramento. Actualmente, Freiler se dedica a la abogacía.

En 2018, su compañero de sala, Ballestero, terminó jubilandose de manera anticipada a sus planes, tras votar junto con Farah la excarcelación de Cristóbal López.

“El vínculo con los servicios de inteligencia no ha desaparecido por completo, pero con las medidas tomadas (por Alberto Fernández) ha mermado considerablemente porque la AFI ya no juega de esta manera” (Binder)

A Ballestero, intentar conservar su cargo le costó tener que vender su casa en el Mayling Club para refugiarse de los escraches de vecinos. Le pusieron siete stents coronarios en un lapso de seis meses. Pero, a diferencia de Freiler, logró irse con una jubilación de privilegio, que ronda el medio millón de pesos mensuales, confirmaron cerca del exjuez.

Actualmente, se dedica a la profesión y asesora a un consejero de la Magistratura que trabajó activamente por la salida de los camaristas Bruglia y Bertuzzi; que tuvo una injerencia clave en el regreso de Farah; y que intervendrá en los concursos.   

B y B

Entre 2016 y 2018, el gobierno de Macri promovió los traslados de dos jueces para ocupar las vacantes en la Sala I. El primero en llegar fue Bruglia, en 2016. Estaba en el Tribunal Oral Federal 4 de los tribunales de Comodoro Py. Dos años después, fue trasladado Bertuzzi, desde el Tribunal Oral Federal 1 de La Plata.

Los traslados fueron solicitados por los jueces, aprobados por el Consejo de la Magistratura, el Ejecutivo y la Corte. Dos años después, tras la asunción de Fernández, los mismos poderes avanzaron sobre sus propias decisiones. 

En 2020, el Consejo activó la revisión de los traslados, que consideró “inconstitucionales”; el Senado los revisó; Bruglia y Bertuzzi se negaron a rendir cuentas ante la cámara alta y el oficialismo votó por correrlos de sus cargos; el Presidente ordenó en septiembre que sean apartados.

Bruglia y Bertuzzi defienden sus traslados, basándose en la aprobación que realizó en su momento la propia Corte. En noviembre, el máximo tribunal sostuvo que un traslado sin ano es definitivo y que los que han terminado siéndolo obedecen a “costumbres inconstitucionales”.

“El poder de la Cámara tiene plazo fijo”, dijo un camarista. “Con el nuevo Código Procesal, pasará a ser un tribunal que decida si una causa va o no a juicio”. Sin embargo, los casos ya abiertos seguirán funcionando con las reglas actuales, explicó. 

ED