El 3 de noviembre de 2017, antes de ingresar al pabellón para presos por causas de supuesta corrupción en la cárcel de Ezeiza, el ex vicepresidente Amado Boudou permaneció en el hospital penitenciario para la revisión de rutina. Era su primera vez detenido. Cuando ingresó al baño, encontró una foto del entonces presidente Mauricio Macri junto a su esposa, Juliana Awada, especialmente colocada para darle la bienvenida, recordó uno de los primeros amigos que lo visitó en la cárcel. 

Aquella y otras acechanzas “denigratorias”, sumadas al análisis de abogados, son algunas de las razones que citan sus amigos para fundamentar por qué firmaron la solicitada en apoyo al exfuncionario. Reclaman su libertad, a pesar de que el exvice de Cristina Fernández de Kirchner está condenado (con sentencia de cinco años y 10 meses confirmada por la Corte Suprema) por los delitos de cohecho pasivo y negociaciones incompatibles con la función pública por el caso Ciccone, que ya pasó por todas las instancias judiciales. Este viernes, la campaña rondaba las 13.000 firmas e incluye desde expresidentes latinoamericanos como Lula Da Silva, Dilma Rousseff, Rafael Correa y Evo Morales, hasta artistas, intelectuales y políticos. 

elDiarioAR consultó a quienes lo investigaron y juzgaron, a quienes lo defienden ante los tribunales y a miembros de su entorno para tratar de entender por qué un exfuncionario condenado con amplias pruebas, según establecieron 17 jueces de distintas instancias y varios fiscales independientes entre sí, se convirtió en un “símbolo” de la “injusticia”; qué representa Amado Boudou para quienes lo apoyan con pasión dentro del peronismo, a pesar de sus orígenes en el partido de derecha Unión del Centro Democrático (UCEDE). 

Así como existe el caso Dreyfus, nosotros tenemos el caso Amado Boudou.

Quienes lo investigaron y juzgaron tienen una visión muy diferente de su caso, según pudo reconstruir este medio, porque resaltan la prueba en su contra por el caso Ciccone. Estos mismos investigadores reconocen que el Gobierno de Macri “cruzó límites” que alimentaron, junto a otros factores, los apoyos a Boudou. 

Tanto en la etapa de instrucción como en el juicio oral y público, los acusadores coincidieron en que Boudou encabezó un “grupo” que se quedó con el 70% de las acciones de “la empresa quebrada y monopólica Ciccone Calcográfica, a través de The Old Fund (TOF) y de Alejandro Vandenbroele, con el objetivo de contratar con el Estado la impresión de billetes y documentación oficial”, según la acusación. 

El fiscal del juicio, Marcelo Colombo, quien defendió la prueba, no está vinculado al macrismo y es reconocido como un magistrado independiente. El fiscal que lo acompañó en representación de la Procuraduría de Investigaciones Administrativas (PIA), Santiago Eyherabide, actualmente acusa a la cúpula de la Agencia Federal de Inteligencia (AFI) de Cambiemos por presunto espionaje ilegal. 

Amigos y compañeros acaban de publicar una solicitada en su defensa. “Ante la posibilidad de que lo vuelvan a meter en la cárcel, decidimos hacer una movida”, contó el politólogo Edgardo Mocca, uno de los gestores de la campaña organizada por el Movimiento 18 de Mayo Corriente de Opinión, que también integra Boudou. “Horacio González redactó el primer borrador del texto de la solicitada, yo hice la segunda versión. Horacio también nos dijo: ‘Así como existe el caso Dreyfus (un caso icónico de antisemitismo en la sociedad francesa a fines del siglo XIX y principios del XX), nosotros tenemos el caso Amado Boudou’”, contó Mocca. Siguen llegando adhesiones, explicó. “Queremos sumar gobernadores e intendentes”, agregó.

“Lo persiguieron”, “lo humillaron”, “lo espiaron”, “es un preso político”, “compraron un testigo” (por la declaración de Vandenbroele como colaborador protegido), dijeron los consultados, a lo que se suma una característica también inédita de su caso: durante el Gobierno de Macri, Boudou fue encarcelado tres veces en el lapso de 15 meses y está al borde de un cuarto encierro carcelario (permanece con prisión domiciliaria). Por eso, sus amigos y aliados también responsabilizan a parte del Poder Judicial y a algunos medios de comunicación por su supuesta “complicidad” con Cambiemos. “Boudou creía que iban por él como paso previo para llegar a Fernández de Kirchner”, contó una amiga.

“Cristina nos ha dicho que el operativo contra Boudou es contra la continuidad del proyecto”, agregó uno de los hombres más cercanos al exvice. “Es su lealtad lo que ha generado todo esto”, dijo aquel amigo que contó la anécdota de la foto en Ezeiza. Esa palabra se repite en todas las conversaciones. “Lealtad”. La “lealtad” y “entereza” de bancarse la cárcel y el avance judicial en su contra sin quejarse hacia arriba ni a los costados; la “lealtad” de callar, sin jamás apuntar a Cristina y Néstor Kirchner (y subrayan “Néstor Kirchner”, según dos de los consultados, por la supuesta intención del expresidente de recuperar u obtener Ciccone antes de su muerte).

Es su lealtad lo que ha generado todo esto.

Los apoyos a Boudou tienen al menos tres componentes que se repiten en las conversaciones: sentimental (por el gran cariño que admiten tenerle los consultados); político (porque consideran que es artífice o pieza central de políticas clave del kirchnerismo, como la estatización de las AFJP, caso al que recurren sus aliados y el propio Boudou para afirmar que haber tocado dichos intereses corporativos y económicos fue lo que lo convirtió en blanco de la Justicia); y el judicial (porque es un “caso testigo” de lo que el kirchnerismo denomina lawfare).

Juliana Di Tullio, ex diputada del Frente de Todos y directora del Banco de la Provincia de Buenos Aires, es amiga de Boudou y firmó la solicitada. Lo visitaba cada 15 días en la cárcel, donde Boudou potenció su red de apoyos. “Es un distinto”, dijo Di Tullio, y “lo que más me impacta es que no pudieron doblegarlo ni disciplinarlo”.

Su abogada Graciana Peñafort, Di Tullio, Mocca y otros que prefirieron el off the record repiten las mismas impresiones sobre Boudou: que es “lúcido, con una cabeza extraordinaria para leer la política, para explicar la economía”; “a pesar de su situación, nunca le falla a los amigos que lo necesitan”; “un cuadro político, no sólo económico”; “con códigos”; que no les pasa facturas a quienes se excusan por no apoyarlo públicamente; que estuvo “siempre atento en la cárcel a los otros presos”; “siempre entero”. Era el “heredero” del poder de Fernández de Kirchner, asegura Mocca.

Una segunda y tercera fase es construir un sistema de protección para Amado, por ahora será con publicidad y junta de firmas.

“Desde el personal del Senado -de su época como vice- hasta los penitenciarios lo recuerdan por el buen trato”, dijo Peñafort. “Los guardiacárceles le decían: ‘Gracias a vos, mi vieja se pudo jubilar’”, recordó Di Tullio. 

La campaña no termina con la solicitada por su libertad. “Una segunda y tercera fase es construir un sistema de protección para Amado, por ahora será con publicidad y junta de firmas”, aseguró Mocca.

Sin embargo, en los tribunales, recuerdan otras facetas de Boudou. 

El caso Ciccone

Durante el juicio por el caso Ciccone, los fiscales sostuvieron que su acusación se basó en numerosas pruebas, entre ellas las siguientes:

El Tribunal Oral Federal número 4, entonces presidido por el juez Pablo Bertuzzi, lo sentenció en agosto de 2018 y ordenó su inmediata detención (había sido excarcelado a principios de ese año). El fiscal de juicio había solicitado la pena máxima en su contra, pero no había pedido que fuera a prisión porque la condena no estaba firme. 

Los jueces actuaron por un pedido de la Unidad de Información Financiera (UIF), entonces a cargo del macrismo. La defensa conecta esa decisión “inédita” del tribunal con el posterior traslado del juez Bertuzzi ordenado por el Ejecutivo a la poderosa Cámara Federal porteña, semanas después del fallo, según consta en el boletín oficial. El juez siempre ha negado cualquier conexión entre los hechos.

Durante su indagatoria en el juicio, Boudou refutó haber intervenido a favor del levantamiento de la quiebra de la imprenta de billetes; y dijo que el dueño de ese 70% era el exbanquero Raúl Moneta, entonces inimputable por una severa enfermedad, falleció en 2019. Moneta fue investigado en el expediente Ciccone II junto al banquero Jorge Brito, señalado como supuesto financista de The Old Fund, pero Brito fue sobreseído. Falleció en 2020.

Boudou también negó haber participado de reuniones con Nicolás Ciccone y lo acusó de elaborar una mentira; apuntó a la AFIP de Ricardo Echegaray; y enumeró sus medidas político-económicas que lo mantuvieron, dijo, lo suficientemente concentrado como para andar ocupándose de la imprenta de billetes.

Boudou dijo desconocer que Vandenbroele vivió en un departamento de su propiedad. Resaltó que durante la instrucción se le negaron medidas de prueba clave para su defensa. 

Algunos de los principales puntos que los defensores de Boudou citan para sostener que no habría existido el derecho a la defensa giran en torno a:

Este es el primer caso de lawfare.

“Este es el primer caso de lawfare”, aseguró Di Tullio en referencia a cómo se desarrolló el juicio. “Se lo indagó y proceso cuando era vicepresidente. ¿Hubo lawfare durante el gobierno de Cristina?”, ironizó uno de los magistrados del caso, y agregó: “¿Lawfare cuando se llevó puesto al Procurador (General de la Nación Esteban) Righi?”, quien presentó su renuncia tras una conferencia de prensa de Boudou en la que señaló al entonces jefe de los fiscales por el avance de la causa.

“¿Sabrán Lula, Dilma y otros tantos que firmaron esa solicitada quiénes fueron algunos de sus abogados cuando la causa estaba en instrucción?”, se preguntó un exfuncionario de Cambiemos.

Se refiere a Diego Pirota y sus colegas del estudio de Darío Richarte, exjefe de la SIDE durante el gobierno de Fernando De La Rúa, quienes también defendían a otros funcionarios. Un estudio apuntado en los tribunales como uno de los que coordinó la práctica profesional con “los servicios de los servicios” de la era de Jaime Stiuso y el auditor por el peronismo en la Auditoría General de la Nación (AGN), Javier Fernández, señalado como “operador judicial”, un rol que siempre ha negado. Stiuso y los abogados de dicho estudio también han negado haber participado de cualquier irregularidad.

Tras el quiebre entre el kirchnerismo y Stiuso, el estudio renunció a todas las defensas de funcionarios kirchneristas. El perfil de los defensores de Boudou dio un giro de 180 grados. Alejandro Rúa y Peñafort son, desde hace años, fervientes críticos de la intromisión de la exSIDE macrista en la Justicia.

Luego de que la Corte Suprema dejó firme su condena en menos de una carilla, sin analizar explícitamente la prueba, el juez Daniel Obligado ordenó que el exvice regresara a prisión por cuarta vez. Sus abogados recurrirán a la Cámara Federal de Casación para solicitar que Boudou continúe cumpliendo su condena firme en su domicilio, junto a su esposa e hijos menores.

¿Lawfare cuando se llevó puesto al Procurador (General de la Nación Esteban) Righi?

Peñafort también confirmó a este medio que acudirán a la Comisión Interamericana de Derechos Humanos para solicitar que la Corte de dicho organismo analice la sentencia del caso Ciccone. Plantearán la supuesta violación al debido proceso.

Boudou tendrá otras novedades judiciales tras la feria. En la causa por presunto enriquecimiento ilícito, por la que fue detenido por primera vez, en 2017, el juez Lijo decidirá su situación procesal luego de la feria de verano, afirmó una fuente judicial con acceso directo al caso. El exfuncionario niega haberse enriquecido ilícitamente.

Espionaje y “ensañamiento”

Aquel 3 de noviembre de 2017, las fotos oficiales de su detención lo mostraban posando a cámara (denunció que lo obligaron), vestido con remera negra, jeans y chaleco antibalas, junto a los prefectos que debían detenerlo.

Más tarde, el registro audiovisual del acto original de detención fue filtrado a medios de comunicación: recién levantado, despeinado, descalzo y en pijamas. “Esa humillación quedó registrada en las pupilas de mucha gente, no sólo de la política. Dejó clara la persecución”, afirma Peñafort.

Por esa filtración, los prefectos serán citados a indagatoria tras la feria judicial, explicó una fuente judicial. Deberán explicar quién les dio la orden de tomar esas imágenes y si recibieron la orden de filtrarlas. 

En los últimos meses, Boudou volvió a ver a uno de sus acusadores, pero esta vez en carácter de testigo, en la causa por presunto espionaje ilegal. Los fiscales Cecilia Incardona y Eyherabide (exfiscal de la PIA en el juicio de Ciccone) lo citaron porque Boudou habría sido uno de los blancos centrales del seguimiento del Servicio Penitenciario Federal durante el Gobierno de Macri, según el expediente de Lomas de Zamora. 

“El primer reingreso de Boudou a Ezeiza (2018) coincide con la intervención de los teléfonos públicos de dos pabellones donde estaban los presos por corrupción; tras ser excarcelado fue seguido y fotografiado; su ficha penitenciaria era de las consultadas por el grupo de espías de la AFI; sus abogados eran vigilados y son sobre los que más anotaciones se hacían”, explicó una fuente judicial con acceso directo a la investigación.

Para Boudou, Patricia Bullrich y Macri habrían estado detrás tanto de la filtración de las imágenes de su detención como de la declaración de Vandenbroele, dijeron tres personas cercanas al exvice y una fuente judicial. elDiarioAR se comunicó con Bullrich pero la exministra de Seguridad no respondió la consulta. Un exfuncionario de Macri dijo: “Patricia es muy expansiva y siempre cuenta lo que hace, pero nunca dijo que había hecho un arreglo con Vandenbroele”. Descartó que Macri hubiera solicitado la filtración de las imágenes o dicha declaración. 

Aún hoy, a casi 9 años del inicio del caso Ciccone y a más de 4 años de la expropiación de la imprenta de billetes votada en el Congreso, nadie se ha presentado a reclamar o adjudicarse la propiedad del 70% de las acciones de la compañía, confirmaron fuentes judiciales.

ED

Aunque existen decenas de tribunales de apelaciones en la Justicia, para el sistema político, “la Cámara” es una sola: funciona en el segundo piso de Comodoro Py 2002 y se ocupa de confirmar o rechazar las decisiones de los jueces en lo criminal y correccional federal de primera instancia, que tienen a su cargo las causas de presunta corrupción de los funcionarios del poder central. 

El gobierno de Alberto Fernández apuesta a nombrar a tres de los seis jueces de esta instancia y puede convalidar el regreso de un cuarto, lo que le permitiría rediseñar la mayoría del tribunal. Dos sillas de la Sala II están vacantes y otras dos de la Sala I están ocupadas por Leopoldo Bruglia y Pablo Bertuzzi, jueces trasladados sin intervención del Senado durante el macrismo que deben regresar a sus tribunales de origen una vez que la cámara alta concluya sus reemplazos definitivos, según dispuso la Corte Suprema hace dos meses.

Durante la última semana, elDiarioAR consultó a camaristas, excamaristas, candidatos a camaristas, asesores del Consejo de la Magistratura, jueces y fiscales de primera instancia, abogados, especialistas y exfuncionarios del tribunal de alzada porteño. Sin excepción, coinciden en que se trata del tribunal “más político” o “el más sensible a la política”, después de la Corte Suprema, sobre la que, en los últimos meses, se posaron las críticas del oficialismo. Detrás de la tensión del kirchnerismo con el máximo tribunal, estaba, en parte, la conformación de la Cámara y la salida o permanencia de Bruglia y Bertuzzi. 

Los consultados también concuerdan en que los sucesivos oficialismos y opositores han preferido la demora programada de los concursos para completar las vacantes y la intromisión o intentos constantes de influencia de los servicios de inteligencia y los operadores judiciales en el segundo piso del edificio de Retiro.

El poder de los camaristas reviste en sus facultades para revisar procesamientos; avalar o revocar prisiones preventivas; disponer sobreseimientos de funcionarios o exfuncionarios procesados; o, por el contrario, dejar esas decisiones de primera instancia sin efecto. Ordenan a los jueces medidas de prueba, como peritajes y testimoniales, que pueden ayudar a profundizar una investigación, pero también a dilatar el desarrollo del caso, según las versiones contrapuestas entre camaristas y algunos de los jueces de instrucción consultados. También deciden sobre la disputas de competencia entre jueces y el cierre de causas.

Desde 2008, el poder político evitó completar el tribunal mediante concursos, según los registros oficiales, y evitaron así el acuerdo del Senado para nombrar a los jueces. En su lugar, dejó las vocalías vacantes y nombró a jueces interinos. 

Un tribunal “regulador”

Sus fallos más resonantes de los últimos años incluyen la nulidad de las escuchas del caso Skanska (que dejó en suspenso durante años al primer gran caso de presunta corrupción durante el kirchnerismo); la inconstitucionalidad del pacto con Irán; la denominada “doctrina Irurzun”, que ordenó avanzar con las prisiones preventivas de los exfuncionarios kirchneristas por su supuesta influencia “residual” en el Estado; la falta de mérito del entonces procesado presidente de Techint, Paolo Rocca, en el caso Cuadernos; la primera excarcelación del empresario Cristóbal López en 2018; y el archivo y el desarchivo de la denuncia de Alberto Nisman; y la consideración de que el fiscal fue asesinado. 

También, la confirmación de varios de los procesamientos de Cristina Fernández de Kirchner; el aval de las declaraciones de los arrepentidos del caso Cuadernos; y la declinación de competencia para investigar los supuestos aportes truchos de la campaña de Cambiemos; entre otros.

“La Cámara Federal se ha vuelto poderosa, en parte, porque ha avanzado en darles órdenes a los jueces federales de primera instancia y eso la ha convertido en un actor influyente y un centro de vínculos con los operadores judiciales”, afirmó Alberto Binder, presidente del Instituto de Estudios Comparados en Ciencias Penales y Sociales (Inecip), en diálogo con elDiarioAR.

Binder, quien asesoró a más de diez países de América latina en sus reformas judiciales -incluida la Argentina-, sostuvo que la Cámara “es, también, una reguladora del manejo de la intensidad de los casos” que involucran a funcionarios y exfuncionarios, empresarios y en algunos casos, a los propios jueces y fiscales federales.

Vacantes

La Cámara debería estar compuesta por seis jueces, pero desde 2008, siempre hay vacantes. Cada juez debe ocupar una vocalía. Tres sillas son de la Sala I y otras tres, de la II. Cada sala maneja sus casos, los cuales se les asignan por sorteo una vez que las partes apelan la decisión de un juez de primera instancia. 

Las jubilaciones, renuncias y eyecciones de algunos camaristas, sumadas al nombramiento de jueces interinos y dilaciones de los concursos, lograron que, actualmente, sólo dos de los 6 cargos en el “tribunal más político” estén ocupados por titulares, que sólo pueden ser removidos por juicio político. 

“En cada café te queda un jirón de independencia”, dijo un magistrado que concursó en vano para llegar a la Cámara.

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El tribunal es presidido desde hace once años por Martín Irurzun, integrante de la Sala II. Su padre era asesor de un abogado de Raúl Alfonsín, pero fue Carlos Menem quien lo ascendió de primera instancia a camarista en 1994, con acuerdo del Senado. Desde entonces, es el único miembro de la Cámara que permanece. “Maneja la relación con los jueces de primera instancia”, explica una fuente del tribunal y confirman magistrados de instrucción. 

Durante el macrismo, Irurzun también quedó al mando de la oficina de escuchas telefónicas de la Corte y jugó un rol central en la fluida relación entre Comodoro Py y el expresidente del máximo tribunal Ricardo Lorenzetti, según los jueces consultados. La oficina de escuchas recibió críticas de dirigentes kirchneristas por los audios con conversaciones privadas de Cristina Fernández y otros opositores de Macri que llegaron a manos de medios de comunicación.

El único titular de la Sala I es Mariano Llorens, nombrado por el gobierno de Macri en 2018, tras haber sido uno de los siete finalistas de un concurso que se demoró 10 años.

Los otros dos miembros de la Cámara son Bruglia y Bertuzzi, quienes fueron trasladados desde otros tribunales, también a instancias del macrismo, pero tienen fecha de caducidad en el cuerpo tras la decisión de a Corte. 

El regreso

En el corto plazo, el Presidente debe convalidar el regreso del juez Eduardo Farah, quien llegó a la Sala II por concurso en 2008, pero solicitó su traslado en 2018, luego de haber ordenado junto a Jorge “Pati” Ballestero la excarcelación del empresario Cristóbal López en el caso Oil Combustibles. 

Las “presiones políticas y mediáticas” llevaron a Farah a pedir su traslado a otro tribunal, según argumentó. Ambos camaristas fueron denunciados por voces macristas de haber recibido supuestos sobornos, acusación que no levantó vuelo. El juez federal Luis Rodríguez dictaría sus sobreseimientos en diciembre de 2019. 

El 10 de noviembre último, Farah solicitó regresar a su cargo en la Cámara, según el escrito que presentó ante el Consejo de la Magistratura.  

Durante los dos gobiernos de Fernández de Kirchner, Farah ocupó la vocalía de la Sala II que ganó por concurso y subrogó una vacante en la Sala I durante ocho años (2008-2016). Al estar en ambas salas, intervenía en todos los casos que llegaban al tribunal de revisión. 

Javier Fernández negó haber intervenido en el regreso de Farah a la Cámara. “Eduardo (Farah) es mi mejor amigo, fuimos compañeros desde el jardín hasta la secundaria. Es brillante. Yo vi lo que sufrió, pero yo no garantizo nada”.

A pesar de ser considerado por sus colegas como un juez formado, su poder se le atribuyó en parte a su amistad con el auditor general de la Nación Javier Fernández, sindicado por los off the record como el “operador judicial” de la entonces Secretaría de Inteligencia. Fernández, que representa al peronismo en la Auditoría General de la Nación (AGN), siempre negó ese rol. Farah desmiente que el auditor tenga influencia sobre sus decisiones, según explicó un allegado al magistrado.

“Toque de suerte”  

Javier Fernández asegura que sólo se dedica a la AGN. En diálogo con elDiarioAR, negó haber intervenido en el regreso de Farah a la Cámara. “Eduardo es mi mejor amigo, fuimos compañeros desde el jardín hasta la secundaria. Es brillante. Yo vi lo que sufrió, pero yo no garantizo nada”, afirmó. “Son decisiones de la política”, agregó Fernández.

El auditor también negó haber sido “el puente” entre quienes aspiran a la Justicia federal y la ex-SIDE. Asegura que no ve ni habla con Jaime Stiuso, exjefe de los espías, desde hace años. Sostiene que tampoco habla desde hace seis con su hermano Sergio Fernández, presidente de otro poderoso tribunal de apelaciones: la Cámara Contencioso Administrativa, donde se dirimen los casos contra el Estado nacional y se juegan intereses millonarios. 

Fernández reitera una frase que le dijo a La Nación hace unos días: “Mi jefa política es Cristina Fernández de Kirchner”. “Soy peronista y el peronismo es vertical, se encolumna debajo de su líder”, proclamó.

En septiembre de 2018, Fernández fue procesado por presunta asociación ilícita en el caso Cuadernos, porque en las anotaciones del chofer Oscar Centeno se señalaban visitas a su casa para llevar dinero. También por las declaraciones del exjuez Norberto Oyarbide, quien acusó a Fernández de haberlo amenazado para acelerar un sobreseimiento al matrimonio Kirchner en una causa por enriquecimiento ilícito. 

La Sala II de la Cámara revocó el procesamiento. Luego, el influyente Fernández fue sobreseído por el juez Martínez De Giorgi. 

“Apoyos”, “impulsos”, “ayuda”, “toque de suerte” son algunos de los términos que utilizan los jueces y candidatos a jueces para definir el ingrediente central de la receta para llegar. “Podés salir primero en el concurso, en los exámenes, en la evaluación de antecedentes, pero si no te elige la política, no llegás”, explica un magistrado.

Mencionan haber tenido que “tomar café” con los radicales Darío Richarte y “Coti” Nosiglia, entre otros. Durante el macrismo, con Daniel “Tano” Angelici, quien al cierre de esta edición no había respondido la consulta de este medio. Se encontraba de viaje, dijo un allegado.

“En cada café te queda un jirón de independencia”, dijo un magistrado que concursó en vano para llegar a la Cámara.

“El Coti siempre que pudo dar una mano, lo hizo, a quien consideraba que se lo merecía, pero desde su rol en la política, no relacionado a los servicios de inteligencia que le atribuyen”, respondió una persona cercana al histórico dirigente radical.

“Su influencia viene por su rol en la Facultad de Derecho”, afirmaron cerca de Richarte, quien se desempeñó como número dos de la disuelta Secretaría de Inteligencia durante el gobierno de Fernando de la Rúa; encabeza el estudio jurídico que defendió a Amado Boudou en la causa Ciccone; y fue vicerrector de la UBA.

El Consejo de la Magistratura, que elige y controla a los jueces, tomó este jueves dos decisiones centrales en torno a la Cámara: además de disponer el retorno de Farah, aprobó las ternas de candidatos para una vacante en la Sala I del tribunal. El debate en el plenario puede verse en video en este link. 

En el primer lugar de la terna se encuentra Diego Amarante, titular del juzgado en lo Penal Económico número 5; seguido por Roberto José Boico, uno de los abogados de la vicepresidenta Fernández de Kirchner; y en tercer lugar, el juez federal de Dolores, Alejo Ramos Padilla. 

Operadores y servicios

Durante los últimos gobiernos, ningún ministro de Justicia logró hacer pie en los tribunales federales de Comodoro Py. La influencia o intentos de influir sobre los jueces y fiscales quedaron en manos de “operadores informales” o “mesas judiciales”, reconocen magistrados, abogados y exmiembros de la Cámara consultados.

Binder dice que “el método tradicional de manipulación de la Justicia se está desarmando y están tratando de construir uno nuevo”. Pero duda que puedan hacerlo. “El vínculo con los servicios de inteligencia no ha desaparecido por completo, pero con las medidas tomadas (por Alberto Fernández) ha mermado considerablemente porque la AFI ya no juega de esta manera”. La Agencia Federal de Inteligencia (AFI) está intervenida y ya no presta servicios como auxiliar de la Justicia.

A eso, agregó Binder, se sumó la pandemia. “No hay charlas en los bares ni en los despachos”.

“No es tan así. Todos tenemos carrera judicial que precede a las relaciones que nos adjudican” con la política“, sostuvo un magistrado. ”No voy a negar esas relaciones y amistades. No voy a negar que algunos de nosotros conocemos a (Jaime) Stiuso, pero a nosotros no nos llaman para darnos órdenes“, afirmó.

El fiscal federal Federico Delgado, autor de República de la Impunidad, sostiene que “la Justicia está privatizada y la Cámara Federal representa muy bien eso. El problema no son sólo los jueces, es el dispositivo institucional lo que está agotado”, agregó. 

La Justicia también intenta influir en la Justicia, dice Binder. “Están las llamadas de teléfono entre miembros de la Corte, miembros de la Cámara, jueces de primera instancia y un mundo que funciona como una gran caja de favores”, afirmó. “Sacando a algunos jueces, la mayoría son parte de ese sistema, no víctimas que reciben presiones de seres poderosos que los doblegan. Es un juego de poder donde participan permanentemente”, sostuvo. 

Los camaristas, a su vez, tienen sus propias alianzas internas con otros miembros del tribunal y con miembros de la Corte, que nunca son estancas, según explican. Varían con los tiempos políticos y con la temperatura de las relaciones personales y las pujas por la resolución de un caso donde las posturas están encontradas. 

Eyecciones y traslados

Dos crisis profundas atravesaron al tribunal de apelaciones en los últimos dos años. La primera ocurrió entre 2016 y 2018. Eduardo “Chiche” Freiler llegó a la Cámara por concurso a finales de 2004 e integraba la Sala I, sindicada más tarde por un sector de los medios como “la sala K”, por sus fallos “favorables” al gobierno de turno.

La Sala I avaló el procesamiento de Macri en la causa de las “escuchas ilegales”. Años más tarde, ya electo presidente, el fundador del PRO fue sobreseído en el caso. Freiler siempre sostuvo haber actuado conforme a sus convicciones.

Tras la asunción de Macri, en 2017, el oficialismo promovió el juicio político de Freiler por “mal desempeño por el crecimiento injustificado de su patrimonio”, según la acusación en el Consejo de la Magistratura. El juez se rehusó a renunciar y fue destituido en noviembre de ese año, escándalo mediante por el procedimiento en el Consejo, cuando el entonces oficialismo aprovechó una efímera vacante mientras un legislador del kirchnerismo aguardaba que Lorenzetti le tomara juramento. Actualmente, Freiler se dedica a la abogacía.

En 2018, su compañero de sala, Ballestero, terminó jubilandose de manera anticipada a sus planes, tras votar junto con Farah la excarcelación de Cristóbal López.

“El vínculo con los servicios de inteligencia no ha desaparecido por completo, pero con las medidas tomadas (por Alberto Fernández) ha mermado considerablemente porque la AFI ya no juega de esta manera” (Binder)

A Ballestero, intentar conservar su cargo le costó tener que vender su casa en el Mayling Club para refugiarse de los escraches de vecinos. Le pusieron siete stents coronarios en un lapso de seis meses. Pero, a diferencia de Freiler, logró irse con una jubilación de privilegio, que ronda el medio millón de pesos mensuales, confirmaron cerca del exjuez.

Actualmente, se dedica a la profesión y asesora a un consejero de la Magistratura que trabajó activamente por la salida de los camaristas Bruglia y Bertuzzi; que tuvo una injerencia clave en el regreso de Farah; y que intervendrá en los concursos.   

B y B

Entre 2016 y 2018, el gobierno de Macri promovió los traslados de dos jueces para ocupar las vacantes en la Sala I. El primero en llegar fue Bruglia, en 2016. Estaba en el Tribunal Oral Federal 4 de los tribunales de Comodoro Py. Dos años después, fue trasladado Bertuzzi, desde el Tribunal Oral Federal 1 de La Plata.

Los traslados fueron solicitados por los jueces, aprobados por el Consejo de la Magistratura, el Ejecutivo y la Corte. Dos años después, tras la asunción de Fernández, los mismos poderes avanzaron sobre sus propias decisiones. 

En 2020, el Consejo activó la revisión de los traslados, que consideró “inconstitucionales”; el Senado los revisó; Bruglia y Bertuzzi se negaron a rendir cuentas ante la cámara alta y el oficialismo votó por correrlos de sus cargos; el Presidente ordenó en septiembre que sean apartados.

Bruglia y Bertuzzi defienden sus traslados, basándose en la aprobación que realizó en su momento la propia Corte. En noviembre, el máximo tribunal sostuvo que un traslado sin ano es definitivo y que los que han terminado siéndolo obedecen a “costumbres inconstitucionales”.

“El poder de la Cámara tiene plazo fijo”, dijo un camarista. “Con el nuevo Código Procesal, pasará a ser un tribunal que decida si una causa va o no a juicio”. Sin embargo, los casos ya abiertos seguirán funcionando con las reglas actuales, explicó. 

ED