El subsecretario de Políticas Universitarias, Alejandro Álvarez, acusó a la Universidad de Buenos Aires (UBA) de intentar monopolizar los fondos destinados a hospitales universitarios de todo el país y afirmó que el conflicto responde a “una extorsión política” impulsada por el vicerrector Emiliano Yacobitti para presionar por mayores recursos.

Álvarez cuestionó el reclamo presentado por la casa de estudios, que “pretende quedarse” con “75.000 millones de pesos”, equivalentes al 95% del fondo total destinado a hospitales universitarios.

“Para todos los hospitales universitarios del país pretende dejar apenas 4.000 millones”, aseguró el funcionario en diálogo con Radio Rivadavia, mientras que agregó que las universidades como la Universidad Nacional de Cuyo ya solicitaron por sí solas partidas cercanas a los 2.400 millones de pesos para sus centros de salud.

El funcionario afirmó que las transferencias mensuales se realizaron “en tiempo y forma” y calificó de “falsa” la denuncia de desfinanciamiento. “Publiqué todas las transferencias hechas y les dije a los médicos que tienen que reclamarle al rectorado, porque nosotros ya hicimos los giros”, señaló.

Y explicó que el presupuesto universitario contempla dos componentes: los fondos corrientes asignados mensualmente a cada universidad y un fondo anual extraordinario de 80.000 millones de pesos destinado específicamente a salud. Según indicó, la UBA pretende que ese fondo se ejecute casi por completo en los primeros meses del año.

“Ellos quieren prácticamente duplicar su presupuesto de salud y quedarse con todo el fondo anual”, afirmó. En ese sentido, acusó a las autoridades universitarias de utilizar el conflicto sanitario para generar presión pública. “Sacan a los médicos a la calle, hablan de pacientes oncológicos sin atención y generan pánico para extorsionar al Gobierno”, sostuvo.

Álvarez apuntó directamente contra Emiliano Yacobitti y aseguró que el conflicto universitario está atravesado por intereses políticos. “Ellos tienen necesidades políticas que no tienen nada que ver con la educación ni mucho menos con la salud”, afirmó. Además, cuestionó el rol del dirigente radical dentro de la universidad: “Nadie sabe quién es el rector de la UBA, pero todos conocen a Yacobitti”.

El subsecretario también insistió en la necesidad de avanzar con auditorías técnicas de la Sindicatura General de la Nación para transparentar el manejo de fondos públicos. De acuerdo a su relato, la UBA mantiene una disputa judicial para impedir esos controles y sólo acepta auditorías posteriores de la Auditoría General de la Nación.

“La ley es clarísima: la auditoría interna corresponde a la SIGEN y la externa a la AGN”, remarcó. Y cuestionó: “Si están manejando bien las cuentas públicas, ¿por qué se niegan a ser auditados?”.

Por otra parte, Álvarez agregó que el actual sistema de distribución presupuestaria universitaria carece de criterios objetivos y respondió históricamente al lobby político en el Congreso. Por eso, propuso avanzar hacia un esquema basado en indicadores concretos como cantidad de alumnos reales, graduados, infraestructura y costos operativos.

“El 40% de la matrícula universitaria nunca rindió un examen en dos años”, aseguró, al explicar que el Gobierno comenzó a depurar estadísticas y detectar duplicaciones de alumnos. También indicó que la tasa de graduación de la UBA ronda el 30%, muy por debajo de estándares internacionales.

El funcionario cuestionó además el financiamiento estatal para estudiantes extranjeros, especialmente en carreras costosas como Medicina. “En la Facultad de Medicina de la UBA, alrededor del 50% de la matrícula son extranjeros”, afirmó.

Según explicó, el Gobierno ya introdujo cambios en el sistema de residencias médicas para priorizar a quienes estudiaron en universidades argentinas. “No puede competir en igualdad de condiciones un título argentino con universidades extranjeras sin acreditación equivalente”, señaló.

Con información de Noticias Argentinas

JIB

El primer encuentro del año entre los principales operadores legislativos del oficialismo marcará el regreso formal de la ofensiva libertaria para imponer una reforma laboral que podría afectar derechos históricos de trabajadores y trabajadoras. La mesa política convocada por el jefe de Gabinete, Manuel Adorni, se reunirá este viernes 16 de enero en la Casa Rosada para ajustar el texto y definir la estrategia parlamentaria.

El objetivo inmediato es lograr que el Senado habilite su tratamiento a fines de este mes, antes del inicio de las sesiones extraordinarias previsto para el 2 de febrero. Las conversaciones se centran en dos puntos sensibles: el capítulo tributario vinculado a cargas sociales y el funcionamiento del Fondo de Asistencia Laboral (FAL), cuya eliminación o modificación podría recortar garantías ante despidos y suspensiones.

La convocatoria incluye al presidente de la Cámara de Diputados, Martín Menem; a la jefa del bloque oficialista en el Senado, Patricia Bullrich; al ministro del Interior, Diego Santilli; a Ignacio Devitt, de Asuntos Estratégicos; y a Eduardo “Lule” Menem, operador político del interior. También podrían sumarse Karina Milei y el ministro de Economía, Luis Caputo, dos figuras clave en la articulación del poder real dentro del Ejecutivo.

El oficialismo apuesta a que las comisiones técnicas permitan “depurar” el proyecto y procesar objeciones de actores sociales, aunque sin convocar aún a instancias formales de diálogo con sindicatos ni organizaciones laborales. La abogada Josefina Tajes encabezará una de esas comisiones desde este viernes, según anticipó Bullrich.

Entre las modificaciones posibles se analiza la revisión de artículos sobre indemnizaciones, licencias y representación sindical, que ya motivaron alertas de la CGT y de varios gremios de base. Hasta el momento, el Gobierno no abrió canales de participación directa para trabajadores o especialistas del derecho laboral.

Un tablero político en movimiento

Diego Santilli se convirtió en una pieza central del despliegue territorial, con una agenda de diez visitas provinciales en enero para asegurarse apoyos de gobernadores aliados. Esta semana estuvo en Chubut con Ignacio Torres, en una actividad centrada en la emergencia por incendios forestales. El lunes irá a Chaco a reunirse con Leandro Zdero y luego a Mendoza para verse con Alfredo Cornejo.

Las negociaciones también tocan otras leyes. Podría incorporarse a extraordinarias un proyecto para modificar la Ley de Glaciares, un pedido clave de varias provincias cordilleranas. En cambio, la Reforma del Código Penal —también prioritaria para el oficialismo— quedaría postergada.

Mientras tanto, el oficialismo busca sumar una nueva “victoria legislativa” tras la sanción del Presupuesto y la Ley de Inocencia Fiscal en diciembre, aunque los efectos concretos de esas medidas sobre las condiciones de vida siguen sin esclarecerse.

Los puntos más sensibles en la discusión de la iniciativa gubernamental incluyen la eliminación de multas por trabajo no registrado, la modificación del régimen de indemnizaciones y la posible creación de un esquema alternativo al FAL. También siguen en debate los alcances de la reforma en materia de representación gremial y convenios colectivos. El eje general del texto apunta a una flexibilización del mercado de trabajo que podría debilitar la posición de los trabajadores frente a sus empleadores.

Para sindicatos y especialistas, estos cambios implicarían una regresión en derechos adquiridos. Los sectores más afectados podrían ser trabajadores jóvenes, tercerizados o sin convenio colectivo, que quedarían más expuestos a modalidades precarias y sin protección efectiva.

JJD, con información de NA

La Justicia federal le ordenó este martes al Poder Ejecutivo aplicar de manera inmediata la ley de financiamiento universitario y dejó sin efecto, de forma cautelar, el decreto que había suspendido la actualización de salarios docentes y becas estudiantiles.

La decisión fue adoptada por el Juzgado Contencioso Administrativo Federal 11, a cargo del juez Martín Cormick, en el marco de una acción de amparo presentada por el Consejo Interuniversitario Nacional y otras entidades del sistema universitario, según fuentes judiciales.

El magistrado declaró inaplicable el decreto 759/2025 en cuanto condicionaba la ejecución de la ley 27.795 a la definición previa de las fuentes de financiamiento por parte del Congreso.

Según el fallo, la suspensión dispuesta por el Ejecutivo aparece, en esta etapa preliminar del proceso, como una conducta arbitraria y contraria a la Constitución. 

El juez sostuvo que, tras la insistencia legislativa de ambas cámaras, prevista en el artículo 83 de la Constitución, “no admitiría, a priori, una variante suspensiva” para la promulgación y aplicación de la norma.

La resolución hizo lugar a la medida cautelar y ordenó al Estado cumplir de inmediato con los artículos 5 y 6 de la ley, que establecen la actualización de las remesas destinadas al pago de salarios docentes y la recomposición automática de las becas estudiantiles. La cautelar tendrá vigencia hasta el dictado de la sentencia definitiva.

El fallo

En sus fundamentos, Cormick señaló que el incumplimiento del deber normativo ocasiona “perjuicios graves de imposible reparación ulterior”, al advertir sobre la pérdida sostenida del poder adquisitivo de los ingresos del colectivo afectado. 

Añadió que esa situación compromete derechos laborales protegidos por la Constitución y por tratados internacionales de derechos humanos.

El juez también rechazó el argumento del interés público esgrimido por el Gobierno y sostuvo que el deterioro salarial impacta no solo en los trabajadores universitarios, sino también en el derecho a enseñar y aprender. En ese sentido, indicó que el eventual ahorro fiscal tendría una incidencia reducida, estimada en alrededor del 0,23 % del PBI.

Asimismo, la resolución cuestionó la medida del Ejecutivo por considerar que podría vulnerar el principio de división de poderes, al intentar condicionar la vigencia de una ley insistida por el Congreso mediante una norma de jerarquía inferior.

El fallo aclaró que la medida se dicta en un estado preliminar del proceso y no implica adelantar opinión sobre el fondo de la cuestión, pero consideró reunidos los requisitos legales para conceder la cautelar y ordenar el cumplimiento inmediato de la ley. 

Con información de la agencia NA

El Gobierno nacional confirmó este viernes que apelará el fallo del Juzgado Federal de Campana que ordenó poner en vigencia la Ley de Emergencia en Discapacidad y dejó sin efecto el artículo central del Decreto 681/2025, mediante el cual el Poder Ejecutivo había suspendido su aplicación.

Según informaron fuentes oficiales, la presentación se realizará ante la Cámara Federal de Apelaciones de San Martín, que deberá revisar la decisión adoptada por el juez Adrián González Charvay. Desde el Ejecutivo sostienen que la sentencia implica una intromisión en las atribuciones propias del Poder Ejecutivo, en particular en lo referido a la administración de los recursos públicos y la elaboración del presupuesto.

En la Casa Rosada advierten además que la implementación de la ley, tal como fue ordenada por la Justicia, carece de financiamiento específico y podría afectar el equilibrio fiscal, uno de los ejes centrales de la política económica del Gobierno. En ese sentido, remarcan que el Congreso sancionó la norma sin establecer las fuentes de recursos necesarias para su cumplimiento.

La Ley de Emergencia en Discapacidad había sido aprobada por el Congreso en julio del año pasado y declara la emergencia en el sector hasta fines de 2027. Si bien el Poder Ejecutivo promulgó la iniciativa, posteriormente dictó el Decreto 681/2025, que dejó la norma en suspenso al considerar que no estaban garantizados los fondos para su ejecución.

La decisión oficial generó un fuerte reclamo de familias, organizaciones y prestadores de servicios, quienes cuestionaron la paralización de la ley. En ese contexto, dos familias presentaron un amparo judicial en representación de sus hijos, ambos con Certificado Único de Discapacidad, lo que derivó en el fallo que ahora será apelado por el Gobierno.

La definición final quedará en manos de la Cámara Federal de San Martín, que deberá determinar si se mantiene la aplicación inmediata de la ley o si se valida la postura del Ejecutivo respecto de la falta de financiamiento y las competencias entre poderes.

Con información de medios

JIB

La Confederación General del Trabajo (CGT) rechazó de manera tajante el aumento del Salario Mínimo, Vital y Móvil (SMVM) definido por el Gobierno nacional tras el fracaso del Consejo del Salario. La resolución, publicada esta semana en el Boletín Oficial, fija un incremento mensual escalonado que comienza con $328.400 en noviembre y alcanza los $376.600 en agosto de 2026, lo que implica una suba interanual del 17%.

El nuevo esquema fue dispuesto por la Secretaría de Trabajo mediante un laudo, luego de que no se lograra consenso entre las partes. En la reunión convocada la semana pasada, los representantes del sector empresarial ofrecieron una mejora de apenas $4.000 sobre los $322.200 vigentes desde agosto. El Gobierno propuso un aumento mayor, de $12.000, pero la CGT consideró insuficiente el ajuste y no avaló la propuesta.

“Este laudo consolida una pérdida salarial incompatible con una vida digna”, advirtió la central obrera en un comunicado firmado por el Consejo Directivo Nacional. La CGT propuso una recomposición del 71,6% entre diciembre y abril, a través de tramos del 11,4% mensual, con el objetivo de restituir el poder adquisitivo perdido desde noviembre de 2023.

Según el texto difundido, ese esquema tenía como horizonte equiparar el SMVM con la Canasta Básica Total (CBT), que en la actualidad asciende a $1.176.852, según los datos oficiales del Indec. Ese monto representa el umbral por debajo del cual un hogar de cuatro personas cae en la pobreza.

“Lejos de ese objetivo, el laudo impuesto desconoce las necesidades básicas de millones de trabajadoras y trabajadores”, afirmó la CGT. Para la central, el salario mínimo “debe volver a constituirse en una referencia válida para todas las escalas salariales del país” y funcionar como mecanismo de contención frente a la pérdida de ingresos provocada por la inflación.

El nuevo esquema también redefine el cálculo de la Prestación por Desempleo, que ahora será del 75% del mejor salario neto de los últimos seis meses, con un piso del 50% y un tope del 100% del SMVM vigente. Además, actualiza el valor de la hora para trabajadores jornalizados.

La medida impacta sobre los trabajadores alcanzados por la Ley de Contrato de Trabajo, el régimen agrario, el sector público nacional y organismos estatales empleadores. Aunque se trata de una referencia para salarios muy bajos, su valor es clave para establecer otras asignaciones como programas sociales o pisos de negociación colectiva en ramas no organizadas.

La CGT ratificó que seguirá reclamando una recomposición que acompañe la evolución de precios y garantice un ingreso que permita cubrir las necesidades básicas. Mientras tanto, el salario mínimo permanece muy por debajo de los niveles necesarios para sostener una vida digna.

JJD

El exjefe de Gabinete, Guillermo Francos, habló tras su salida del Ejecutivo, reafirmó su compromiso de “apoyar al Gobierno” y se mostró contento por la “tarea realizada” durante su gestión. 

“Estoy bien, asumiendo que ya no soy jefe de Gabinete, viendo que Argentina sigue un rumbo totalmente claro y esto se verá reflejado en los años venideros”, señaló en declaraciones radiales. 

“Me hubiera gustado ser jefe de Gabinete con un bloque de 90 diputados y uno de senadores de 20”. Según planteó, un mayor respaldo legislativo “hubiera sido más fácil” para su tarea en la articulación política.

El exministro coordinador también dejó abierta la posibilidad de reincorporarse al Ejecutivo en algún rol futuro y sostuvo que volvería a asumir funciones: “Si el presidente me pide alguna colaboración yo estoy dispuesto a hacerlo”, planteó.

En tanto, el exfuncionario reafirmó su compromiso de “apoyar al Gobierno” y se mostró contento por la “tarea realizada” durante su gestión. 

“Estoy bien, asumiendo que ya no soy jefe de Gabinete, viendo que Argentina sigue un rumbo totalmente claro y esto se verá reflejado en los años venideros”, señaló.

Sobre Manuel Adorni, su reemplazo en la Jefatura de Gabinete, consideró que “puede coordinar el Gabinete sin problemas” y destacó su rol como vocero presidencial.

“Adorni no viene de la política, pero demostró ser un vocero presidencial muy original. Creo que puede coordinar el Gabinete sin problemas. Es jóven y tiene que hacer su experiencia, me parece que lo va a hacer bien”, vaticinó Francos. 

También se refirió al nuevo ministro del Interior, Diego Santilli, de quien afirmó que tiene “mucho oficio” pero, según expresó, a esa experiencia el Gobierno tiene que sumarle “unos mangos”.

“Santilli tiene mucho oficio, pero a ese oficio hay que ponerle unos mangos, porque si no tiene nada para ofrecer es muy difícil. Pero como va a haber obras de infraestructura hechas por concesión, la etapa va a ser distinta y va a poder negociar mucho más ese tema”, dijo el exministro.

En relación con el acuerdo comercial que se negocia con Estados Unidos, respaldó el avance bilateral impulsado por Milei. “Lo que está haciendo el Presidente Milei con el acuerdo que se delineó y va a ir avanzando en distintos aspectos generó la posibilidad de comerciar con Estados Unidos, que es un mercado enorme para la Argentina”, reconoció.

Y añadió: “Más allá de la afinidad ideológica, el presidente advirtió que Argentina es un país estratégico para Estados Unidos y Estados Unidos considera lo mismo de la Argentina”.

Con información de Noticias Argentinas

JIB

El Gobierno Nacional solicitó la devolución de miles de pasaportes pertenecientes a la serie AAL, debido a una falla de seguridad en la fabricación que compromete su validez internacional.

El incidente fue provocado por una partida defectuosa de tinta negra de seguridad, suministrada por un proveedor alemán. Si bien el problema no incluye a la totalidad de las impresiones (se estiman entre 5.000 y 6.000 afectados reales), el RENAPER no tiene certeza de cuáles documentos específicos presentan la imperfección dentro del universo comprometido.

Números afectados

El alerta, reportado inicialmente por el Consulado argentino en San Pablo, afecta a un universo de más de 200 mil documentos que están bajo revisión.

Las numeraciones potencialmente comprometidas son las siguientes:

-AAL314778 hasta AAL346228.

-AAL400000 hasta AAL607599.

-AAL616000 hasta AAL620088.

El Gobierno solicitó a todas las personas con pasaportes dentro de esos rangos numéricos que los presenten al RENAPER (o a los consulados, si residen en el exterior) para su verificación.

Si el documento está correcto, será devuelto. Si presenta la falla de tinta, el RENAPER imprimirá uno nuevo sin costo y lo remitirá al ciudadano afectado. Asimismo, fuentes oficiales afirmaron que la situación productiva “se encuentra resuelta” desde hace varias semanas y continuará con normalidad.

MU con información de la agencia NA

No siempre que algo crece quiere decir que mejora. La cuestión es mirar no tanto la foto sino la película. En julio, el Índice de Confianza en el Gobierno (ICG) que elabora mensualmente la Universidad Torcuato Di Tella mostró un repunte del 4,9% respecto del mes anterior, pero ese dato no alcanza para revertir el diagnóstico más amplio: la confianza en el Gobierno de Javier Milei sigue estancada en un nivel bajo y sin señales claras de recuperación sostenida. El índice se ubicó en 2,45 puntos sobre un máximo de 5, apenas por encima del registro de junio (2,34) y en el mismo nivel que en mayo, lo que marca una oscilación mínima y una consolidación de la meseta.

La variación interanual fue del 3,3%, y el índice se ubicó 9,6% por encima del mismo mes en 2017 (gestión de Mauricio Macri) y 44,3% por encima de julio de 2021 (bajo el mandato de Alberto Fernández). Pero si se toma el promedio acumulado durante los 19 meses de gestión libertaria, el resultado vuelve a dejar en evidencia los límites del actual oficialismo: la media es de 2,50 puntos, por debajo del promedio que acumulaba Macri al mismo tiempo de su mandato (2,59), aunque por encima del de Fernández (2,18).

La recuperación de julio no fue homogénea. El crecimiento del índice se explicó por mejoras en cuatro de los cinco componentes: la Preocupación por el interés general dio un salto del 17,5% (2,11 puntos), y también subieron la Honestidad de los funcionarios (5,2%, 2,82 puntos), la Capacidad para resolver los problemas del país (3,6%, 2,88 puntos) y la Eficiencia en la administración del gasto público (3,0%, 2,42 puntos). Pero el componente clave del índice, la Evaluación general del Gobierno, volvió a caer: bajó un 2,4% y se ubicó en 2,04 puntos. La sociedad, en suma, valora algunos atributos específicos pero mantiene una mirada crítica sobre el rumbo general.

Si se observa la evolución desde diciembre de 2024, cuando el ICG comenzó una curva descendente, se confirma que el Gobierno no logra romper el techo de confianza que se consolidó en torno a los 2,40 puntos. En mayo hubo un rebote, en junio una caída y en julio una suba marginal que no alcanza a mostrar una tendencia clara. El “rebote técnico” de este mes parece responder más a oscilaciones estadísticas que a un cambio real en la percepción social.

Una de las principales críticas que enfrentó el Gobierno de Javier Milei fue la desconexión entre el discurso de eficiencia estatal y los efectos concretos de su política económica sobre la vida cotidiana. Aunque parte de la población valoró la supuesta honestidad y determinación del oficialismo, la percepción general siguió siendo que el Gobierno no logró resolver los problemas estructurales del país, como la inflación, el deterioro del salario real o el aumento de la pobreza. A eso se sumó un estilo de gestión confrontativo, que no mostró capacidad de articulación con otros sectores políticos ni sensibilidad frente a demandas sociales urgentes.

Otra señal de malestar sostenido fue la falta de preocupación por el interés general que muchos ciudadanos aún percibieron. Aunque ese componente del índice subió en julio, siguió siendo el más bajo de los cinco medidos, lo que sugirió que una parte importante de la sociedad no vio en el oficialismo un proyecto colectivo sino más bien una agenda ideológica cerrada. La caída en la evaluación general del Gobierno, a pesar de ciertas mejoras puntuales, indicó que el relato de la “casta contra el pueblo” perdió fuerza cuando no hubo resultados concretos que respaldaran la narrativa libertaria.

Quiénes confían más (y quiénes menos)

En términos sociodemográficos, el patrón de confianza se mantiene estable. Los hombres confiaron más que las mujeres (2,64 contra 2,25), aunque en el caso de ellas la suba fue mayor (6,1% contra 3,1%). El grupo etario más afín al Gobierno sigue siendo el de los jóvenes de 18 a 29 años, con un índice de 2,79 puntos. Le siguen los mayores de 50 (2,53 puntos) y, en último lugar, las personas de entre 30 y 49 años (2,26 puntos), un segmento que se mantiene reacio a la narrativa oficial.

Por zona geográfica, el interior del país volvió a mostrar el mayor nivel de confianza (2,58 puntos), aunque la sorpresa vino desde la Ciudad de Buenos Aires: el ICG subió allí un 16,7%, hasta alcanzar los 2,45 puntos. En el Gran Buenos Aires, en cambio, la mejora fue más modesta (2,19 puntos, +3,8%).

El nivel educativo también mostró diferencias significativas. Quienes alcanzaron estudios terciarios o universitarios fueron los más confiados (2,50 puntos, +7,3%), seguidos por quienes cursaron hasta secundaria (2,45 puntos, sin variación) y finalmente por quienes tienen solo nivel primario (2,15 puntos, +7,5%).

El factor expectativas

Más allá de las características personales, las expectativas económicas marcan la brecha más profunda en la confianza. Entre quienes creen que la situación económica mejorará en un año, el ICG trepó a 4,17 puntos. Entre quienes creen que seguirá igual se ubicó en 2,81 (+21,6%) y entre quienes creen que empeorará fue de apenas 0,55 puntos (+14,6%). Es decir: la percepción sobre el futuro económico se convierte en el principal determinante del respaldo o rechazo al Gobierno.

También influye la experiencia con la inseguridad: quienes no fueron víctimas de delitos en los últimos doce meses mostraron un índice más alto (2,53 puntos) que quienes sí lo fueron (2,23 puntos). Sin embargo, este segundo grupo fue el que más creció en el mes (+19,9%), lo que podría interpretarse como una leve mejora de la imagen oficial incluso entre sectores más críticos.

JJD

Desde hace meses, los miércoles en la plaza del Congreso dejaron de ser un día más de la semana. Un amplio arco de organizaciones de jubiladas y jubilados se congrega frente al Parlamento para reclamar una vida digna en la vejez. Ahora, ese espacio semanal se amplifica en dos iniciativas clave: una campaña por un millón de firmas y una marcha nacional antirrepresiva para el próximo 16 de julio.

Este miércoles 2 de julio, a las 14, se realizará una conferencia de prensa en el Anexo del Congreso —o en la plaza, si no estuviera vallada— para anunciar el nuevo Plan de Lucha de las organizaciones de adultos mayores. Las demandas centrales son un aumento urgente de las jubilaciones, la continuidad de la moratoria previsional y la restitución plena de medicamentos y atención médica en el PAMI y en las obras sociales.

En paralelo, ya se organiza una gran movilización para el 16 de julio a las 16 horas, desde Congreso hasta Plaza de Mayo, bajo el lema #MarchaAntirrepresiva. El llamado se extiende a sindicatos, comisiones internas, organizaciones piqueteras, partidos políticos, centros de estudiantes, agrupaciones de mujeres y disidencias y asambleas barriales.

El eje de la convocatoria es claro: el ensañamiento del Gobierno de Milei, y en particular de la ministra Patricia Bullrich, con las protestas de los jubilados. Según denuncian los convocantes, el protocolo “antipiquetes” ha sido aplicado incluso sobre las veredas, afectando de manera sistemática las rondas y actos que se realizan todos los miércoles en el Congreso.

La represión ya dejó heridos, detenidos y hasta un fotógrafo internado en grave estado: Pablo Grillo. Por eso, entre los puntos principales de la movilización se exige juicio y castigo a los responsables de la violencia policial que lo dejó hospitalizado, y también la abolición del protocolo represivo, la derogación de los decretos DNU 340/25 y DNU 70/24, y de la Ley Bases.

El pliego de reclamos también incluye el rechazo a las nuevas atribuciones de la Policía Federal, la expulsión de los servicios de inteligencia de las universidades y organismos públicos, y un pedido expreso: “Fuera Bullrich”. Además, las organizaciones se pronuncian contra la persecución de referentes políticos, sindicales y estudiantiles, y extienden su repudio a la política exterior, condenando los bombardeos de Estados Unidos sobre Irán y el genocidio del pueblo palestino por parte del Estado de Israel.

Convocan a esta jornada nacional de lucha: la Mesa Coordinadora Nacional de Organizaciones de Jubilados y Pensionados de la R.A., el Plenario de Trabajadores Jubilados, Jubilades PTS + Independientes, Jubiladxs de Izquierda, Unión de Trabajadores Jubilados en Lucha, Jubilados Clasistas, Jubiladxs Anticapitalistas, Jubilados Frente Grande, Jubilados CONAT, el Centro de Trabajadores Jubilados Portuarios, el Encuentro de Jubilados de Asambleas Barriales, Autoconvocadxs Trabajadores, Estudiantes y Jubiladxs, el Movimiento Activo de Trabajadores y Jubilados, Trabajadores Activos y Jubilados, y Jubilados Independientes.

El miércoles 16 de julio será, según aseguran los organizadores, una jornada para visibilizar que la calle sigue siendo un territorio de derechos y no un espacio bajo asedio.

JJD

La aparente estabilidad del Índice de Confianza en el Gobierno (ICG) durante los primeros dieciocho meses de Javier Milei en la Casa Rosada comenzó a resquebrajarse otra vez. Tras un leve repunte en mayo, la medición de junio mostró una caída del 4,6% respecto del mes anterior y situó el índice en 2,34 puntos, casi al mismo nivel que el registrado en abril, el mínimo del año.

Desde diciembre de 2024, el ICG entró en una pendiente descendente que el leve alivio de mayo no logró revertir. Si se toma el promedio general desde que Milei asumió, la confianza se mantuvo en 2,50 puntos, una cifra apenas por debajo del promedio registrado durante la misma cantidad de tiempo del mandato de Mauricio Macri (2,61), pero claramente por encima del del primer año y medio de Alberto Fernández (2,21).

El informe de la Universidad Torcuato Di Tella detalla que los cinco componentes del ICG registraron bajas respecto del mes anterior. La más pronunciada fue en la Preocupación por el interés general, que cayó un 10% y se ubicó en apenas 1,80 puntos. También retrocedieron la Evaluación general del gobierno (2,09 puntos, -5%), la Eficiencia en el gasto público (2,35 puntos, -4,3%), la Capacidad para resolver los problemas del país (2,78 puntos, -4,3%) y, en menor medida, la Honestidad de los funcionarios (2,68 puntos, -0,7%).

La desconfianza creció incluso en los grupos que, hasta ahora, venían siendo los más afines al Gobierno. Por ejemplo, entre los jóvenes de 18 a 29 años, el ICG cayó un 9,2%, aunque sigue siendo el grupo etario con mayor nivel de confianza (2,76 puntos). También hubo disminuciones entre los mayores de 50 años (2,31 puntos, -6,1%) y los de entre 30 y 49 años (2,25 puntos, -0,9%).

En cuanto al género, la confianza fue más alta entre los hombres (2,56 puntos) que entre las mujeres (2,12 puntos), pero en ambos casos el índice cayó, especialmente entre los primeros (-5,5%).

La tendencia también se mantuvo a nivel geográfico. Los habitantes del interior del país mostraron el mayor nivel de confianza (2,49 puntos, -5%), seguidos muy de cerca por quienes viven en el conurbano bonaerense (2,11 puntos, -4,5%) y la Ciudad de Buenos Aires (2,10 puntos, -0,5%).

Una novedad del mes fue la variación según el nivel educativo: por primera vez en varios meses, quienes tienen hasta nivel secundario lideraron la confianza (2,45 puntos, +3,8%), seguidos por quienes tienen nivel terciario y/o universitario (2,33 puntos, -10,4%) y, al final, quienes solo cursaron la primaria (2,00 puntos, +17%).

El informe también reveló que la confianza es significativamente más baja entre quienes fueron víctimas de delitos en el último año (1,86 puntos, -17%) que entre quienes no lo fueron (2,49 puntos, -1,6%).

Por último, las expectativas económicas siguen marcando una fuerte diferencia en la percepción del Gobierno. Entre quienes creen que la situación mejorará en el próximo año, el ICG se mantuvo alto (4,08 puntos, -1,2%). Entre quienes creen que seguirá igual aumentó levemente (2,31 puntos, +3,1%). Pero entre quienes prevén un empeoramiento, el índice fue bajísimo: 0,48 puntos, con una caída del 11,1%.

Pese a la caída de junio, el ICG aún se ubica 2,6% por encima del mismo mes en 2017 durante la presidencia de Macri y 37,1% arriba del de junio 2021 bajo el mandato de Fernández. Sin embargo, el deterioro reciente en todos los componentes del índice empieza a configurar un nuevo desafío para el oficialismo en su relación con la opinión pública.

JJD

En la economía de Javier Milei, lo que se dice y lo que se hace parecen formar parte de universos paralelos. Mientras el secretario de Finanzas, Pablo Quirno, niega rotundamente cualquier intervención en el mercado de cambios, el ministro de Economía, Luis Caputo, reconoce que el Tesoro compró US$200 millones con superávit fiscal. Esa cifra, sin embargo, es apenas una parte: el propio Quirno se encargó de mencionar que el Gobierno adquirió “aproximadamente US$4.000 millones en el último mes” a través de distintas herramientas, aunque insistió en que eso no afectó el tipo de cambio.

La narrativa oficial sostiene que el dólar flota libremente, pero las acciones del Tesoro muestran una estrategia de recomposición de reservas que contradice esa supuesta inacción. Las compras se hacen mediante block trades, Repos, Bontes o venta de activos. Para Quirno, esas operaciones no inciden sobre la cotización. Para los operadores financieros, en cambio, los movimientos fueron tan evidentes que ya se hablaba de intervención antes del reconocimiento oficial.

El dólar oficial ya superó los $1.200, mientras las distintas variantes bursátiles y el informal se alinean en torno a esa misma barrera psicológica. El Banco Nación lo ofrece a $1.205 para la venta. El dólar mayorista se ubica apenas por debajo, y el MEP y el Contado con Liquidación rondan los $1.200. En ese contexto, Caputo sostuvo que la suba es normal y que no responde a movimientos del Gobierno, a pesar de que él mismo haya confirmado una compra de divisas con fondos fiscales.

Cristina Fernández Kirchner aprovechó esa grieta entre relato y realidad para lanzar dardos desde su prisión domiciliaria por la causa Vialidad, en la cual fue condenada por delitos de corrupción. “En 45 días se esfumaron US$4.000 millones”, denunció, y lo atribuyó al levantamiento del cepo, al aumento del déficit de cuenta corriente y a la fuga de capitales. “La macroeconomía está para el tuje y la micro es una tragedia social”, sintetizó la dos veces presidenta de la Nación (2007-2015), dejando en claro que para ella el modelo económico libertario no resuelve ninguno de los problemas estructurales del país.

El diagnóstico de la exmandataria apunta también a los sectores beneficiados: “Hay dos argentinas: una que viaja al exterior y otra que no llega a la comida del mes”. Según Cristina, más del 50% de las familias argentinas no llega a fin de mes y se endeuda para comer, no para consumir bienes durables. A su vez, recordó que Caputo no consiguió que la Argentina fuera recategorizada por los organismos financieros, lo que le impide seguir endeudándose con facilidad. “Bienvenido que no puedan seguir agravando la situación”, ironizó.

También cargó contra el poder judicial y mediático que, en su visión, allanó el camino para la presidencia de Milei. “No sea cosa que tanta inversión en persecución para que Milei llegue a Presidente haya resultado en vano”, advirtió, reintroduciendo su tesis del lawfare como condicionante estructural de la política argentina.

Desde el Gobierno, Quirno ensayó una defensa técnica del desequilibrio externo. Según él, el déficit de cuenta corriente es producto de un aumento de importaciones de bienes de capital y responde a una economía que crece por encima del 5%. Sin embargo, su explicación omite que una parte sustancial del rojo externo se explica por pagos de deuda, turismo y formación de activos externos. Es decir, por mecanismos de salida de divisas que poco tienen que ver con inversión productiva.

JJD, con información de NA.

El Gobierno nacional reactivó el operativo de repatriación de 300 argentinos que se encuentran en Israel en medio del conflicto con Irán.

De acuerdo los datos que fuentes vinculadas a la operación, la operación estará a cargo de Aerolíneas Argentinas que volará con una aeronave Airbus 330-200 hacia Roma, mientras que el gobierno de Israel se encargará de trasladar a los pasajeros con un avión de la empresa El Al hasta la capital italiana.

En el Gobierno finalizaban la confección de la lista de argentinos que integrarán el vuelo, que tiene previsto partir mañana con el regreso previsto para el jueves en horario a confirmar.

La decisión de reactivar el operativo se tomó a partir del alto el fuego dispuesto entre Israel e Irán y la consecuente reapertura del aeropuerto Ben Gurión de Tel Aviv.

MM con información de la agencia NA.

La salida se enmarca en la reformulación del área de Transporte que lidera Federico Sturzenegger desde el Ministerio de Desregulación y Transformación del Estado, e incluye la futura disolución de la CNRT y la posible fusión de distintos organismos vinculados al transporte aerocomercial.

Mogetta, funcionario número 139 que deja el Gobierno, había llegado a la administración nacional por su vínculo con Juan Schiaretti, exgobernador de Córdoba. Según fuentes consultadas por la Agencia Noticias Argentinas, hay posibilidades de que el abogado cordobés compita por las listas libertarias en las elecciones legislativas de la provincia de Córdoba.

“Es probable que sea candidato de La Libertad Avanza (LLA) en Córdoba. Va a tener que mostrarse en Córdoba”, admitió una fuente con acceso al despacho presidencial sobre la salida del funcionariio que se hará efectiva a finales de la próxima semana.

El ministro Caputo también se hizo eco de esa versión y expresó desde sus redes sociales: “Con respecto a la salida del secretario de Transporte, aclaro que Franco ha hecho un gran trabajo y que continúa siendo parte del equipo. Deja su cargo porque es probable que sea candidato de LLA en las próximas elecciones. Su reemplazo será Luis Pierrini”, detalló.

 Desde el entorno del presidente Javier Milei negaron que los rumores de salida se debieran a críticas a su desempeño e incluso se atrevieron a garantizar que estaba “firme” en la administración libertaria.

A través de un comunicado que fue difundido por el vocero presidencial, Manuel Adorni, se aclaró que Mogetta presentó su renuncia “con el objetivo de enfocarse en el proyecto político de LLA”.

“Durante su gestión, Mogetta fue una figura clave para encauzar y reordenar el área de Transporte, enfrentando con solvencia la situación crítica heredada de la administración anterior. Su trabajo fue determinante para reordenar el funcionamiento del sector, priorizando la eficiencia”, destacó el Gobierno.

En la misma línea, subrayó que “Milei y Caputo expresan su profundo agradecimiento por la labor realizada, su compromiso con los objetivos del Gobierno y su valioso aporte en una etapa particularmente desafiante”.

Lo cierto es que el elogiado exfuncionario había autorizado en los últimos días un nuevo aumento de los boletos de colectivos y subtes en el AMBA, que comenzó a regir la semana pasada, y no logró acercar posiciones en la negociación paritaria que involucra a las cámaras empresarias y a la Unión Tranviaria Automotor (UTA), que llamó a un paro de colectivos de 24 horas para el próximo martes, 6 de mayo.

Mogetta había desembarcado en la administración libertaria junto con su coprovinciano, el ex titular de ANSeS Osvaldo Giordano, quien debió dejar su cargo en febrero de 2024, luego de que su esposa, la diputada Alejandra Torres, votara en contra de las facultades delegadas y otros artículos contemplados en la Ley Bases.

Si bien la relación entre la Casa Rosada y el espacio de Schiaretti se tensó en las últimas semanas tras el apoyo del bloque cordobés a la creación de una comisión investigadora sobre el criptogate Libra, que salpica a Milei, Mogetta parecería haber quedado exento.

Desde la cartera de Caputo, quien se encargó en primera persona de designar al reemplazante para la Secretaría de Transporte, aseguran que Mogetta continuará formando parte del equipo.

El sucesor del cordobés es un empresario mendocino, titular de Triunfo Seguros, una empresa fundada por su padre Roberto Pierrini en 1967. La compañía cuenta con 650 empleados y 3.000 productores asociados en todo el país. Su presencia más fuerte es en Mendoza, San Juan, San Luis y Neuquén.

Luis Pierrini, de 56 años, que mantiene un bajo perfil y una estrecha relación con el ministro de Economía, es, además, vicepresidente del club Independiente Rivadavia. Su experiencia también incluye un paso por la Bolsa de Comercio de Mendoza, entre 2011 y 2012.

Pierrini “continuará impulsando las políticas del área conforme a los lineamientos establecidos por el Presidente”, anticipó el Gobierno.

El primer desafío que tendrá será el paro de colectivos convocado por la UTA para el próximo martes, 6 de mayo.

MU/MP con información de la agencia NA

Cinco meses consecutivos de caída configuran un patrón que ya no puede ser atribuido a fluctuaciones coyunturales. La gestión de Javier Milei volvió a perder confianza ciudadana en abril, según el último Índice de Confianza en el Gobierno (ICG) elaborado por la Universidad Torcuato Di Tella. El indicador descendió un 3,7% respecto de marzo y se ubicó en 2,33 puntos sobre 5 posibles, profundizando una tendencia negativa que comenzó en diciembre de 2024.

En términos interanuales, la caída es del 4,8%, y si se compara con abril de 2017 —segundo año de gobierno de Mauricio Macri—, el nivel de confianza actual es 10,7% menor. La comparación histórica también revela que el dato de abril de 2025 es 34,5% superior al registrado en abril de 2021 durante la gestión de Alberto Fernández, pero esa cifra sirve de poco consuelo para un gobierno que atraviesa un desgaste. Sin embargo, cabe tener en cuenta el impacto positivo en la percepción de las personas sobre la marcha del gobierno posterior al levantamiento del cepo cambiario para las personas, una de las principales promesas de campaña de Milei.

La media de confianza en los 17 meses de Milei al frente del Ejecutivo es de 2,51 puntos, una cifra inferior a los 2,63 de Macri en el mismo período de su mandato y apenas superior al 2,26 de Fernández. Desde diciembre de 2024 hasta abril de 2025, la pérdida acumulada en la valoración ciudadana alcanza el 12,4%.

Los números del ICG son duros, pero aún más revelador es el deterioro generalizado en sus cinco componentes. La Capacidad para resolver los problemas del país bajó un 3%, ubicándose en 2,77 puntos, mientras que la Honestidad de los funcionarios retrocedió un 1,5% y quedó en 2,58 puntos. La Eficiencia en la administración del gasto público apenas cayó un 0,2%, hasta 2,35 puntos, pero la Evaluación general del Gobierno se desplomó un 4,9%, quedando en 2,02 puntos. El golpe más fuerte se observó en la Preocupación por el interés general, que sufrió una caída del 9,7% hasta ubicarse en apenas 1,95 puntos.

El estudio, realizado por Poliarquía Consultores entre el 3 y el 11 de abril sobre 1.000 casos en ciudades de más de 10.000 habitantes, también permite observar variaciones según el género, la edad, la región geográfica, el nivel educativo y la percepción sobre la situación económica.

Entre los hombres, la confianza fue mayor (2,61 puntos) que entre las mujeres (2,04 puntos), repitiendo una brecha ya registrada en meses anteriores. Por rango etario, los jóvenes de 18 a 29 años fueron los que mostraron mayor nivel de confianza (2,55 puntos), seguidos por los mayores de 50 años (2,33 puntos) y los adultos de 30 a 49 años (2,27 puntos).

Geográficamente, el interior del país mantiene el mayor nivel de confianza (2,51 puntos, con una caída del 3,5%), mientras que en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires el índice fue de 2,21 puntos (una baja del 6,4%) y en el Gran Buenos Aires de 2,01 puntos (descenso del 2,9%).

El análisis por nivel de instrucción revela contrastes más marcados. Quienes tienen educación terciaria y/o universitaria mostraron un ICG de 2,50 puntos, apenas por encima de los 2,33 puntos de quienes completaron hasta secundaria, aunque estos últimos registraron un aumento del 3,6%. El dato más preocupante es el desplome de 30,2% entre quienes sólo alcanzaron la educación primaria, cuyo índice cayó a 1,41 puntos.

La experiencia de victimización delictiva también incidió en la percepción: quienes no fueron víctimas de delitos en los últimos doce meses marcaron un ICG de 2,43 puntos, frente a los 2,04 puntos de aquellos que sí sufrieron algún hecho de inseguridad.

El termómetro económico ofrece otro ángulo de análisis. Quienes creen que la situación económica mejorará en un año tienen una confianza de 4,09 puntos, pese a una caída del 2,4%. Entre los que consideran que todo seguirá igual, el índice creció 11,0% y llegó a 2,53 puntos. En cambio, para quienes creen que empeorará, la confianza se desplomó hasta apenas 0,45 puntos.

Así, el panorama que presenta el ICG de abril 2025 es el de una sociedad fragmentada, escéptica y, en muchos sectores, abiertamente desconfiada. La caída de la confianza no distingue edades, géneros ni zonas geográficas, aunque sí se ensaña con los más vulnerables en términos educativos y de experiencia con el delito.

JJD

A pocos días del plazo de vencimiento para designar a los integrantes de la comisión investigadora del caso $Libra aprobada en la Cámara de Diputdos el martes pasado, la oposición pediría una nueva sesión especial para el 22 de abril con el objetivo de desactivar lo que consideran una “maniobra” del oficialismo y los aliados tras la conformación de dos interbloques, informó parlamentario.com.

La polémica se desató tras la sorpresiva creación de un interbloque de 40 integrantes por parte de La Libertad Avanza, que sumó a la diputada tucumana Paula Omodeo. De manera simultánea, el PRO, el MID y el monobloque Somos Fueguinos conformaron otro interbloque con 41 miembros. Esta reconfiguración parlamentaria permitió a ambos espacios incorporar un miembro adicional a la comisión investigadora, alcanzando cuatro lugares cada uno.

Desde la oposición sostienen que esta maniobra vulnera el espíritu del reglamento aprobado en el recinto la semana pasada, y que busca paralizar o desviar la investigación sobre la difusión de la criptomoneda $Libra por parte del presidente Javier Milei, el pasado 14 de febrero.

En las primeras horas del viernes, el interbloque PRO-MID designó como representantes en la comisión a Cristian Ritondo, Silvana Giudici, Martín Maquieyra y Oscar Zago. Mientras tanto, otros bloques opositores, como Encuentro Federal, enviaron una carta al presidente de la Cámara, Martín Menem, reclamando que se retrotraiga la situación al momento de la votación del proyecto, y advirtiendo que los interbloques fueron conformados posteriormente, con el único fin de alterar la distribución de bancas en la comisión.

La oposición basa su planteo en un antecedente de la Corte Suprema de Justicia, que en 2022 anuló una maniobra similar del kirchnerismo en el Consejo de la Magistratura, cuando se desdobló el bloque oficialista en el Senado para obtener una banca extra. Según argumentan, la lógica debería aplicarse también en este caso, limitando a tres los representantes de cada uno de los interbloques recientemente conformados.

Aunque la mayoría de los miembros de la comisión ya fueron designados, desde la oposición no descartan impulsar una moción en el recinto para forzar una nueva votación que anule los lugares obtenidos de manera “artificial”. El debate promete escalar en la previa de la interpelación parlamentaria al jefe de Gabinete, Guillermo Francos, y a los ministros de Justicia, Economía y el titular de la Comisión Nacional de Valores.

MM con información de agencias y parlamentario.com

Por segunda vez, el Gobierno inundó las estaciones de tren con carteles en pantallas y mensajes en altoparlantes contra el paro general que la CGT encabeza este 10 de abril.

“Ataque a la República. La casta sindical atenta contra millones de argentinos que quieren trabajar. Si te extorsionan o te obligan a parar denunciá al 134”, decía el mensaje que fue difundido también redes sociales por el vocero presidencial Manuel Adorni, entre otros.

En paralelo, el Ministerio de Seguridad de la Nación compartió el mismo mensaje en sus canales oficiales a través de un flyer.

De hecho, horas antes, la ministra de Seguridad Patricia Bullrich posteó: “Gracias al 134, (Eduardo) Belliboni va a juicio”.

Paro general

La Confederación General del Trabajo (CGT), la mayor central obrera de Argentina, llevará adelante este jueves una huelga general de 24 horas en todo el país en rechazo a las políticas de ajuste del Gobierno de Javier Milei y en reclamo de mejores condiciones salariales.

La medida, convocada por la CGT y que cuenta con el apoyo de la Central de Trabajadores de la Argentina (CTA), reclama la recomposición salarial urgente de los trabajadores y repudia las políticas económicas implementadas por el Ejecutivo.

Las medidas de fuerza comenzaron este miércoles con el acompañamiento de múltiples sindicatos a una protesta de jubilados, que se manifiestan todas las semanas desde hace años frente al Congreso en reclamo de mejores condiciones.

La protesta se llevó a cabo sin incidentes y ante un fuerte operativo de las fuerzas de seguridad, y contó con la presencia de miles de trabajadores de distintos sindicatos.

Los sindicatos ferroviarios, del subte de Buenos Aires y el Sindicato de Peones de Taxi confirmaron su adhesión al paro, mientras que la Unión Tranviarios Automotor (UTA), que representa a los choferes de autobuses, anunció que no va a participar y que sus servicios funcionarán con normalidad.

En tanto, el transporte aéreo tendrá una operatividad del 45 % y los controladores aéreos mantendrán servicios mínimos por tratarse de una actividad esencial.

La operadora estatal Aerolíneas Argentinas informó que canceló más de 250 vuelos, lo que afectará a más de 20.000 pasajeros.

La Asociación de Pilotos de Líneas Aéreas (APLA), la Asociación del Personal Aeronáutico (APA), la Unión del Personal Superior y Profesional de Empresas Aerocomerciales (UPSA) y la Asociación Técnicos y Empleados de Protección y Seguridad a la Aeronavegación (ATEPSA) confirmaron también su adhesión a la huelga.

Además, las escuelas y universidades públicas permanecerán cerradas durante la jornada de este jueves, mientras que en el sector salud mantendrán guardias mínimas para atender urgencias.

No habrá tampoco atención al público en oficinas estatales, registros civiles y reparticiones municipales de todo el país, ni repartición de correspondencia por parte de Correo Argentino.

La recolección de residuos se suspenderá desde este miércoles a la noche y retomará su funcionamiento normal a partir de las 0:00 del viernes.

MM con información de agencias.

El Gobierno llega a su Día D con helicópteros sobrevolando el Congreso y un estado de alerta generalizado sobre lo que ocurrirá en la calle cuando el operativo de Seguridad de Patricia Bullrich vuelva a chocar con la manifestación en defensa de los jubilados. Puertas adentro, sin embargo, Martín Menem no está nervioso: está confiado en que tiene los votos para aprobar la ley más importante de Javier Milei este año. Es decir, la ratificación del nuevo acuerdo con el FMI. 

Apenas pasadas las 10 de este miércoles, el riojano pudo respirar tranquilo: el oficialismo consiguió el quórum para abrir la sesión la ayuda de los opositores aliados. Fueron 131 legisladores sentados en sus bancas, entre libertarios, del PRO, la UCR, Miguel Ángel Pichetto y los espacios que responden a gobernadores.

La sesión bordeó el escándalo al comienzo, con fuertes cruces entre los opositores más duros y Menem. “Quedate a laburar. ¿Quién te crees que sos?”, lo increpó el jefe de UP, Germán Martínez, cuando el riojano apuró la votación de un plan de labor corto para que se vote a las 16. “No me jodas”, le dedicó la también peronista Vanesa Siley. “No me pelotudees”, le dijo la trotskista Vanina Biasi. Otro fue el show que protagonizó el libertario Lisandro Almirón, que se paró a los gritos para pedirle disculpas a Oscar Zago por las trompadas de la semana pasada: “¿Querés que te dé un pico?”, cerró.

Menem vivió un momento por demás incómodo cuando Martínez reveló un audio que el riojano le envió al bloque de La Libertad Avanza para aconsejar a que los libertarios interrumpan la sesión con cuestiones de privilegio y llamen a votar temprano. Menem rápidamente corrió la sesión a otro lado y le cortó el micrófono al peronista.

La previa a la sesión

Ya Menem había estado incómodo tan solo 12 horas antes porque el panorama interno en las filas de LLA había sido otro. Ayer por la tarde el jefe de la Cámara baja caminaba nervioso junto al vicejefe de Gabinete José Rolandi por los pasillos del Senado, en donde se estaba debatiendo el DNU del acuerdo con el FMI en la Bicameral de Trámite Legislativo. El oficialismo había comenzado el día sin saber si tendría el número para dictaminar el DNU y el Gobierno había enviado a la caballería a convencer a un senador, el formoseño Francisco Paoltroni, de que pusiera su firma.

Si este miércoles el Gobierno se muestra ilusionado con ratificar el acuerdo con el FMI en la Cámara de Diputados es porque, horas antes, los funcionarios del Gobierno tuvieron que transpirar para poder dejar el camino allanado en la Bicameral de DNU. No fue fácil. Paoltroni se hizo desear y recién después de varias conversaciones y reuniones de pasillo con Rolandi, Menem y Gabriel Bornoroni atinó a estampar su firma en un dictamen de rechazo. Su firma era clave porque La Libertad Avanza, sin ella, no alcanzaba a tener la mitad más uno de las firmas de la comisión bicameral: necesitaban su firma —aunque fuera de rechazo— para poder habilitar la sesión del miércoles. Sin dictamen, el oficialismo necesitaría los dos tercios del recinto para aprobar el DNU: un número imposible de conseguir. 

Finalmente, el oficialismo consiguió las nueve firmas. Colaboraron el PRO —el diputado Diego Santilli y Luis Juez—, la UCR —el diputado Francisco Monti y el senador Víctor Zimmermann—, el propio oficialismo —el diputado Lisandro Almirón y el senador Juan Carlos Pagotto— y el peronista “Camau” Espínola. Paltroni, al final, también colaboró, pero no fue el único exlibertario enemistado con el “entorno” de Javier Milei que terminó respaldando el acuerdo: también lo hizo Oscar Zago.

Zago fue uno de los protagonistas de la jornada. El diputado del MID pasó, en menos de unos días, de pelearse casi a las trompadas con Almirón en el recinto a ser electo presidente de la Bicameral de Trámite Legislativo. Con el voto, incluso, del mismo Almirón. “Ante todo está la República y el presidente Javier Milei. Voto por Zago, ¡viva la libertad, carajo!”, exclamó el correntino, al momento de expedir su voto. Hubo risas irónicas y aplausos en las filas del peronismo, y más de un dirigente del oficialismo admitiría que temió hasta el final por el voto de Almirón. “Ya son amigos”, sonrió, satírico, un peso pesado de LLA.

La llegada de Zago a la presidencia había sido el otro escollo que el oficialismo había tenido que resolver, torpemente y a las apuradas, en la previa de la sesión del miércoles. Como anticipó elDiarioAR, LLA había convocado la reunión de comisión sin tener resueltas las autoridades de la Bicameral: un detalle técnico que, cuando se reunió la comisión el martes, casi termina en que el acuerdo con el FMI explote por los aires. 

Fue casi un sketch cómico: bajo la incrédula imágen de los funcionarios del Gobierno que habían asistido a la Bicameral a exponer sobre el acuerdo con el FMI, Pagotto se rehusó a levantarse de la silla de la presidencia, a pesar de que el lugar le correspondía, con el cambio de año, a un diputado. Durante casi una hora y media, Carolina Gaillard y Anabel Fernández Sagasti (UxP) emprendieron una batalla campal para forzar que Pagotto se retirase y votar las nuevas autoridades. El PRO y LLA intentaron defender su lugar —Menem incluso se metió en el medio de la reunión para mediar—, pero no había número: Nicolás Massot y Paoltroni acompañaban a UxP y se daba un empate.

UxP proponía la candidatura de Massot, en línea con conversaciones que ya había tenido con el propio Zago. El diputado del MID, sin embargo, defendió el lugar de Pagotto, así que se optó por una solución salomónica: a propuesta del oficialismo, Zago sería el presidente de la Bicameral. UxP se abstuvo, atento a una negociación previa que habían tenido con Zago: saben que votará a favor del acuerdo con el FMI, pero esperan que, a futuro, haga trabajar la Bicameral para tratar el resto de los DNU de Milei que es esa comisión duermen el sueño de los justos.

Solucionados los dos cabos sueltos —Zago y Paoltroni, dos exlibertarios ofendidos con el triángulo de hierro—, el Gobierno logró allanar el camino para el miércoles. 

Los votos de Milei para aprobar un nuevo acuerdo con el FMI

Anres de la sesión, en el bloque libertario se repetía una premisa, casi un lugar común: “Si sacamos dictamen el recinto está asegurado”. Esta confianza para ratificar el DNU del nuevo acuerdo parte de un pilar: el respaldo de los gobernadores. Con ellos y los aliados del PRO y la UCR, en LLA calculaban que tendrían al menos 140 votos a favor.

Pero no eran sólo los gobernadores. En los pasillos de la Cámara de Diputados predominaban las críticas a las “formas” —es decir, que el Gobierno hubiese enviado un DNU y no un proyecto de ley, tal como exige la Ley de Fortalecimiento de la Sostenibilidad de la Deuda Pública, una norma que tiene plena vigencia—, pero solo como preludio para una confesión: el reconocimiento implícito de que no había espacio para voltear un acuerdo con el FMI. Los diputados señalaban el temblor de los mercados financieros, con la suba del dólar y del riesgo país, e insistían en que no había margen para hacer otra cosa que ratificar el DNU.

Lo sostenían los radicales de Rodrigo de Loredo, pero también algunos de Democracia Para Siempre. Lo señalaban los lilitos de la Coalición Cívica y una mayoría del pichettismo de Encuentro Federal. Y lo remarcaban, con más énfasis que cualquiera, los dirigentes del PRO. “Si le votamos al kirchnerismo, ¿cómo no vamos a acompañar a Milei?”, reflexionaba un peso pesado del partido amarillo.

El oficialismo se había hecho de una importante mayoría que prometía blindar el acuerdo, pero del otro lado había un último escollo: el rechazo de Unión por la Patria y la amenaza latente del peronismo de no reconocer un acuerdo con el FMI que fuera vía DNU. Tarde a la noche, el PJ Nacional, reunido de emergencia a pedido de Cristina Fernández de Kirchner sacó un comunicado cuestionando el endeudamiento: “Los diputados y senadores que voten por la aprobación del DNU 179 le estarían confiriendo a Javier Milei las ‘facultades extraordinarias’ que son fulminados por nulidad insanable y absoluta”, advirtió. 

El PJ de CFK lanzaba, así, un último mensaje con un único receptor: el mismo FMI. UxP votará en contra del acuerdo con el FMI —aunque se espera que los catamarqueños de Raúl Jalil acompañen— y comenzará a trabajar en la judicialización apenas sea aprobado en la Cámara de Diputados.

MC/JJD/MC

Gustavo Idígoras es el presidente de la Cámara de la Industria Aceitera Argentina (Ciara), responsable del 48% de las exportaciones del país. Por el ángulo en que se sienta en la mesa de reuniones de un piso 9 en el edificio de la institución, donde funciona también el Centro de Exportadores de Cereales (CEC), de cuyo board es el director, le queda detrás una esquina del Luna Park. A diferencia de lo que pasaba en la primera mitad del siglo XX, en el estadio donde se oficiaron las peleas más importantes de la historia del boxeo argentino, el directivo intenta no meterse en los escándalos del momento —que prefiere denominar “sucesos”— de las últimas semanas del gobierno de Javier Milei. No piensa que el criptogate vaya a impactar en el mundo de los negocios, pero le preocupa la designación de jueces de la Corte Suprema por decreto, porque influye en la “condición de defensa de las inversiones”. 

Durante más de una hora de charla con elDiarioAR, dice que “está generando cierta angustia esperar todos los días un posible acuerdo con el Fondo (que el Gobierno anunció que autorizará por DNU, aunque no dio a conocerlo)” y piensa que en los próximos días habrá una definición. Aplaude el saneamiento de las cuentas del Banco Central y la baja de la inflación, pero jerarquiza la liberación del cepo como condición sine qua non para lograr una mayor inversión.

Habla de la situación del campo y reconoce el esfuerzo fiscal que implica la quita temporal de los derechos de exportación, pero pretende convertirla en una ley que las determine en forma permanente y gradual, para no generarle problemas al fisco. Pide celeridad para la licitación de la Vía Navegable Troncal: “En septiembre deberíamos ver quienes son los ganadores y perdedores de la licitación”.

—¿Cómo ve al Gobierno a poco más de un año de gestión?

—El Gobierno agarró una situación extremadamente compleja en el marco económico y logró contener el gasto estatal y el financiamiento que el Tesoro y el Banco Central le hacían al Estado. Eso fue positivo, así como también la curva inflacionaria descendiente. Son, claramente, los dos valores que hoy tiene el Gobierno para validar electoralmente. Ahora, una vez que exista un fortalecimiento de las reservas del Banco Central, el levantamiento del cepo es una condición fundamental para el crecimiento. Ninguna inversión puede venir a la Argentina si no sabe bajo qué condiciones entra y sale.

El levantamiento del cepo es una condición fundamental para el crecimiento

—¿Cómo debe seguir el camino?

—Si realmente queremos un flujo legítimo, hay que levantar el cepo. Sabemos que es un gran desafío, y que para eso hay que tener muchas reservas. Debe ser inminente el acuerdo con el Fondo. Nos está generando cierta angustia esperar, pero las negociaciones no son fáciles. Nosotros como Cámara tenemos buena relación con la gente del Fondo y suponemos que en marzo podría haber algún tipo de anuncio. Al FMI les sirve mucho la perspectiva de cosecha, precios, volúmenes de embarques, que genera la Bolsa de Cereales, porque todavía la Argentina sigue dependiendo de la capacidad exportadora industrial como garantía de pago de su deuda.

—¿Cómo impactan la estafa de la criptomoneda $LIBRA y la designación de los dos jueces de la Corte por decreto al presidente?

—El criptogate, si bien tiene un enorme impacto social y político en la Argentina y en el resto del mundo, en términos de decisión de inversión en general no tiene influencia alguna. El proceso de decisión por decreto es distinto, porque es la condición de defensa de tu inversión. Si el poder judicial en su máxima expresión tiene un tipo de cuestionamiento, eso puede implicar debilidad. Así que, si bien es un hecho legítimo, tendría que ser validado por el Congreso en algún momento. Porque, efectivamente, lo judicial es un aspecto muy analizado para las inversiones de largo plazo.

Nos está generando cierta angustia esperar, pero las negociaciones no son fáciles

—¿Qué expectativas tenés hacia adelante? 

—El camino de la estabilidad macroeconómica es imprescindible en Argentina. Que podamos vivir como un país normal es algo que hace muchos años no experimentamos. Ahora bien, esa estabilidad tiene que venir acompañada en algún momento de un crecimiento económico fuerte y sostenido. Eso todavía hoy no se está reflejando de una forma genuina. Entonces, la expectativa que uno tiene es que después de este programa económico empiece a haber determinado tipo de políticas a favor de la producción que permitan ese crecimiento: financiamiento, estrategia de negociación de apertura de mercados internacionales, entre otros.

—Eso a nivel empresa. Y la parte social, ¿cómo la ves?

—Yo creo que la post-estabilidad macroeconómica tiene que llevar a políticas activas que generen el crecimiento económico necesario para que haya una recuperación del empleo. No puede haber éxito empresarial con falta de empleo y un salario digno.

Que podamos vivir como un país normal es algo que hace muchos años no experimentamos

Los números y las perspectivas del sector cerealero

—¿Cuál es el panorama general de 2025 para el sector agropecuario?

—Para el 2025, la campaña final de verano está dando resultados positivos. El trigo, que empezó en diciembre y ya lleva más de 6 millones de toneladas de exportación, calculamos que podemos estar cerca de las 10 millones este año. La campaña de cebada tiene alrededor de 3 millones de toneladas. Los calores de enero afectaron al maíz temprano que se cosecha en marzo, así que puede ser un mes menos activo en términos de divisas. Para la campaña gruesa, que es la mayor dadora de divisas en Argentina (NdR: los cultivos de la campaña fina valen alrededor de U$S200/tn, y dentro de la gruesa el maíz y la soja valen U$S400.El 85% de la soja en Argentina se transforma en harina o aceite y vale U$S1100/tn) por precio y volumen, va a cerrar 2025 en 37m de toneladas de maíz, 28m de harina de soja y 5m de aceite. Son valores de años “normales”. 

—Eso en volumen, ¿y en cuánto a precios?

—Los precios internacionales hoy están extremadamente afectados por la geopolítica cambiante mundial. Dependen de cómo se levante Trump. Los aumentos de las tarifas de aranceles hacia China, México y Canadá van a tener mucho impacto. En principio, se perderá la referencia del tablero de Chicago - que va a sufrir una baja de precios por la baja demanda- donde se reflejan los precios internacionales de granos. Además, las guerras comerciales implican una fuerte caída de los precios internacionales. Finalmente, va a haber un desvío de comercio: algún país deberá sustituir lo que históricamente Estados Unidos le vendía a China.

—¿Tiene Argentina posibilidades de ocupar ese lugar?

—Lo cierto es que hoy Brasil está en mucha mejor situación para ser el gran ganador en ese sentido, porque es uno de los principales proveedores de China, le abastece el 60% de la soja que compra frente al 4% que aporta Argentina. El precio de exportación de Argentina es más caro, porque hay mucha demanda interna de la industria para transformar el grano en aceite; y además la calidad Argentina es menor que la de Brasil. La proteína, por una cuestión de clima, es menor y los chinos compran proteínas para darle a los cerdos, los pollos, etcétera. Brasil va a ser el ganador en soja, nosotros podemos competir en trigo, maíz y carne vacuna. Un efecto colateral podría ser México, que es un importador de todos los commodities desde Estados Unidos. México es un mercado fenomenal al que históricamente Argentina intentó entrar y no pudo porque tiene a Estados Unidos al lado presionando. Ahora bien, esto es el análisis lineal, económico y comercial. Falta la política. Si nuestra posición política es multilateral, no debería haber inconveniente. Si tenemos un alineamiento pleno a Estados Unidos, probablemente tengamos también medidas de restricción contra estos países. 

Si nuestra posición política es multilateral, no debería haber inconveniente

—En los últimos informes de liquidación de divisas, incluso antes de la quita de retenciones, se ven aumentos interanuales por encima del 35%. ¿Por qué, si el campo sigue liquidando divisas, el Banco Central no acumula reservas?

—Hubo un aumento de ingresos, porque seguimos comparando con un año de sequía. Pero, al mismo tiempo, los años anteriores el país tenía un régimen de licencias de importación automáticas ultra regulado que impactaba fuertemente sobre los flujos de pago de importaciones. La normalización del flujo de importaciones y los servicios turísticos al exterior me parece a mí que son la principal razón por la cual el Banco Central no tiene la capacidad de acumular reservas. 

—¿Qué opinas de la relevancia que va tomando el sector petrolero en la matriz productiva de Argentina? ¿Le quita poder de negociación al campo?

—No, al contrario. Argentina debería generar otros proveedores de divisas. Si bien es cierto que el año pasado la industria petrolera celebró haber logrado un superávit, en números ese superávit es menor a un mes del sector cerealero oleaginoso. Así que le falta bastante para crecer. Nosotros como industria creemos que en Argentina es mejor perder espacios de poder para crecer. Yo siempre digo que el futuro de la vaca viva es que Vaca Muerta sea un éxito. Porque el día que el sector petrolero, gasífero y minero puedan generar en Argentina un saldo superavitario de más de U$S1.000 millones es el día que la política en Argentina se va a olvidar del campo y le va a dejar crecer.

—El año pasado dijiste que, en estas condiciones, el sector agroexportador podría desaparecer en cuatro años ¿Esta baja temporaria de los derechos de exportación alcanza para revertir esa proyección?

—Es claramente una señal positiva. El Gobierno ha asumido un sacrificio fiscal hasta el 30 de Junio, y nos han dado a entender que no lo pueden extender todo el año, porque necesitan cumplir metas fiscales: el superávit es innegociable y hay compromisos con el Fondo Monetario Internacional. Pero para salir de este enorme estancamiento que yo planteaba el año pasado, nos está faltando aún una ley de baja de retenciones. Gradual, y con un esquema de varios años, nosotros propusimos diez, que le dé tranquilidad al agro de que hay un camino a transitar y no cause un daño fiscal. Eso va a reflejar rápidamente un crecimiento productivo. Con ese esquema, Argentina generaría un incremento exportador de U$S17.500 millones anuales. Sabemos que eso hoy es poco factible, pero es el camino. 

—Eso es lo que le van a pedir al Gobierno a partir del primero de mayo cuando venza el esquema actual

—Al Gobierno ya se le pidió la extensión de la medida, pero el Ministro Luis Caputo fue muy contundente en el no. 

—El tipo de cambio, ¿está atrasado en Argentina?

—No es tan importante el valor del tipo de cambio en nuestro mercado, sino la estabilidad. Porque somos tomadores de precios internacionales, y la volatilidad hace que el mercado de granos se paralice. Además, si existen brechas entre el tipo de cambio oficial y los paralelos es muy difícil que un productor venda sus granos, porque el productor tiene que comprar nuevamente insumos para seguir invirtiendo. 

—Un tipo de cambio atrasado. ¿No les perjudica a ustedes en la actividad?

—Sí, un tipo de cambio como el actual, tiene impacto. Porque uno, en definitiva, vende un producto en dólares, pero su estructura de costos está en pesos a un determinado tipo de cambio que hace que se encarezca en dólares. Sin embargo, un movimiento de tipo de cambio para darle más competitividad a la Argentina genera inestabilidad y es absolutamente rechazado por el Gobierno. En muchas reuniones de trabajo con el Ministerio de Economía nos han dicho y ya le hemos creído, que devaluar es meter el problema de la baja productividad de Argentina bajo la alfombra. Por eso reaccionan de una manera tan vehemente cada vez que se menciona una intención de devaluación. A la vez, la productividad es un proceso paulatino que necesita años para ganarla. Y el tipo de cambio es un proceso automático de corrección al que estamos acostumbrados.

—¿Cómo les impacta a ustedes el parate de la obra pública, teniendo en cuenta el déficit en infraestructura, que siempre mencionan como uno de los obstáculos contra la productividad del sector? 

—Hemos estamos explorando modelos diferentes al tradicional, cuando presentabamos el plan de obras que requeríamos al ministerio de turno. Hemos logrado sustituir parcialmente la gran obra pública de infraestructura y estamos yendo a estos casos testigos. Trabajamos con Gobiernos locales en obras estratégicas y con licitación privadas. Un caso testigo es la autopista Rosario-San Lorenzo. A Rosario ingresan mil camiones por día y genera no solamente ineficiencia económica, sino problemas de seguridad, con los vecinos, etcétera. Con el Gobierno de Santa Fe nos pusimos de acuerdo sobre las obras estratégicas en etapas, el Gobierno provincial sacó un decreto, las licitó, las asignó, las adjudicó y después fue al mercado privado y comercializó un bono a tres años para pagarlas. Nosotros compramos los bonos. Entonces se generó un círculo virtuoso. Ahora se está planificando la segunda etapa. Esto podría ser replicable en otras partes. El problema que tenés es que puede funcionar con provincias fuertes como Córdoba, Santa Fe, Buenos Aires, Mendoza, pero es más difícil para provincias con menos recursos y eso puede generar una asimetría en el desarrollo. 

Hemos logrado sustituir parcialmente la gran obra pública de infraestructura

Vía navegable troncal, la obra más importante

—¿Qué lectura hacés sobre el proceso de licitación de la Vía Navegable Troncal?

—Para nosotros es nuestra autopista, es la obra de infraestructura más importante para la Argentina y hace 15 años está estancada, se le hace solo mantenimiento y ningúna ampliación. Pensemos que es como si tuviéramos una Panamericana asfaltada y bien mantenida pero que tuviera una sola mano. Ese básicamente es el objetivo actual de la VNT, que es pasar de 34 pies a 40 pies porque es la profundidad que requieren los barcos hoy a nivel mundial. Hoy Argentina regala carga a Brasil, salen los barcos con el 50 o 60% de carga y se van a Brasil a terminar carga por el calado. Además, hay que agregar tecnología.

—¿Qué error cometió el Gobierno?

—Nosotros como privados, decidimos hace tres años formar un consorcio de usuarios junto con la Cámara de Acero, Siderar, Techint, la UIA, la Bolsa Comercio Rosario, la Cámara de Puertos, para hacer propuestas. Queríamos una licitación a riesgo empresarial, sin subsidio del Estado con un dragador que venga, ponga la plata y que se haga cargo de cobrar un peaje. Estuvimos de acuerdo con el Gobierno en eso. Cuando estábamos a punto de terminar un estudio integral con propuestas, el Gobierno se anticipó y publicó el llamado a licitación en el entendimiento que querían hacerlo en 2024. Eso nos sorprendió. Celebramos, por supuesto, que la hicieran pero cuando analizamos las 2.000 páginas, encontramos que había muchos puntos de mejora. Entonces como usuarios nosotros hemos defendido, pero nuestro acompañamiento también estaba limitado a unas cantidad de aspectos que no fueron incluidos y que no nos daban tranquilidad. En forma paralela hubo una pelea mundial de los dragadores sobre la Hidrovía, porque es la principal licitación del mundo en los próximos diez años en la materia.

Hoy Argentina regala carga a Brasil

—Ahora viene una segunda etapa.

—Queremos celeridad, no esperar a 2026, queremos que se ejecute en 2025 y sea un proceso abierto y transparente de aportes. El Gobierno nos anticipó que va a crear una mesa política donde escuche a diputados, senadores, gobernadores, etcétera, que hagan sus aportes y una mesa técnica donde nosotros llevemos estos pedidos. Hablamos de un esquema de tres más tres, que son tres meses de trabajo y tres de presentación de sobres. Serían seis meses totales desde marzo hasta septiembre, mes en el que ya tenés el análisis final de los sobres. El Gobierno va a trabajar sobre esa base.

—¿Qué tiene que ser diferente para que no vuelva a pasar otra vez? 

—El Gobierno tiene que ver la forma en la cual favorecer la competencia de dragadores, y que lleguen al menos tres a la ronda final para que sea el sobre económico el que determine quién va a dragar. Para eso el Gobierno va a tener que ver la forma de hacerlo más atractivo y flexibilizar algunas líneas del sobre técnico.

—¿Por qué crees que Jan de Nul no se presentó? 

—Es uno de los temas que todavía el día de hoy no nos queda claro. Entendemos que estaba listo, porque lo había expresado al igual que otra empresa de origen holandés que se había expresado que se iba a presentar. Y sin embargo no lo hicieron ninguno de los dos. Si fue solo el ruido político, asumieron un riesgo grande al no presentarse, porque el Gobierno podía seguir adelante con la licitación por treinta años y la empresa se tenía que ir del país.

NR/JJD

Karina Milei retomará este domingo sus actividades proselitistas en la Ciudad de Buenos Aires con una nueva jornada de afiliación a La Libertad Avanza (LLA) en el barrio de Villa Urquiza. La secretaria general de la Presidencia busca dar un mensaje de normalidad y en la Casa Rosada se aferran a una encuesta que recibieron en los últimos días para asegurar que ya empezó a “bajar la espuma” del escándalo desatado por la estafa de la cripto $LIBRA, aunque procuran omitir otros números que encendieron las alarmas en el corazón del poder. 

“Este tema morirá en breve. Fue todo un circo mediático y político que empezó a decaer”, afirmó a elDiarioAR un funcionario de Gobierno de diálogo frecuente con Milei, quien puso como ejemplo el hecho de que no se haya podido conformar una comisión investigadora en el Congreso. Desde la Casa de Gobierno aseguran que los testimonios que vinculan a Karina Milei con un presunto pago de coimas para organizar reuniones con su hermano fueron una “opereta” y que la funcionaria está “más firme que nunca”, ya que ella misma dejó trascender que no tiene ningún problema con que se la investigue. 

El escándalo se profundizó con las capturas de un chat publicadas por el prestigioso sitio especializado Coin Desk y reproducidas por el diario La Nación, donde Hayden Davis —el nombre de fantasía que utiliza el joven detrás del lanzamiento de la criptomoneda $LIBRA— afirmaba que “controlaba” a Karina a través del pago de sobornos. Davis se encargó de desmentir la veracidad de esas conversaciones, aunque la sospecha ya estaba instalada y fue alimentada por distintos testimonios de empresarios del mundo cripto, que afirmaron que el “entorno” del Presidente recibía dinero a cambio de promocionar la megaestafa. A ello se suman distintos testimonios que en off the record vinculan a la funcionaria con manejos irregulares que datan desde la campaña presidencial.

Karina, quien aterrizará de Estados Unidos en la madrugada de este domingo, ya tiene confirmada su jornada de afiliación a las 17 en el Club Pinocho. En paralelo, la hermana del Presidente lanzó un operativo de apoyo, que llevaron adelante sus alfiles en las redes sociales. Pilar Ramírez, su representante en la Ciudad y jefa del bloque libertario en la Legislatura, se encargó de definir a su jefa como “el corazón de LLA”. A ella se sumaron el armador Sebastián Pareja, un incondicional de la funcionaria, y la diputada nacional Romina Diez, una íntima de Karina y la principal armadora en Santa Fe, quien expresó: “Siempre junto a mi amiga íntegra, humilde, honesta, líder, empática llevándonos por el camino del bien. Pero eso a muchos les molesta”. 

La polémica por $LIBRA fue el eje central de los sondeos realizados en la última semana por parte de distintas consultoras. En la Casa Rosada se aferran a los números de Opinaia, la encuestadora que más consumen, para afirmar que el criptogate no dañó la imagen presidencial. Según el informe que envió un alto funcionario a elDiarioAR, que consiste en un relevamiento online de 1.000 casos entre el 17 y el 19 de febrero, la imagen del Presidente no cayó sino que subió cinco puntos desde enero. Según esta medición, Milei es el dirigente de mayor imagen positiva del país, con un acumulado del 55% entre la “muy positiva” y “algo positiva”. Además, un 12% considera que la gestión del Gobierno es “muy positiva”, un 30% “positiva”, y un 18% “neutro positiva”, lo que equivaldría a un 60% conforme con el rumbo del Ejecutivo.

Según el informe que envió un alto funcionario a elDiarioAR, que consiste en un relevamiento online de mil casos entre el 17 y el 19 de febrero, la imagen del Presidente no cayó sino que subió cinco puntos desde enero. Según esta medición, Milei es el dirigente de mayor imagen positiva del país, con un acumulado del 55% entre la 'muy positiva' y 'algo positiva'

Sin embargo, hubo otras mediciones que marcan un fuerte contraste con los números de Opinaia. Una de ellas es la de Zuban Córdoba, un sondeo nacional de 1.200 casos realizado el 18 y 19 de febrero, donde un 60% de los consultados no duda que el lanzamiento de $LIBRA fue una estafa. De esta medición, hay un número perturbador para el Ejecutivo, ya que indica que un 54,3% considera “creíble” que la funcionaria haya recibido coimas para la promoción de la cripto. 

Santiago Caputo, ratificado 

En el Gobierno se aferran a una serie de “hitos” que alcanzaron en los ultimos días y demostrarían que lograron recuperar su influencia en la conversación pública, luego del shock y mareo inicial. Entre ellos mencionan el fracaso de la oposición en su intento de crear una comisión investigadora del criptogate, la firma del decreto que transforma al Banco Nación en Sociedad Anónima, el show de la motosierra con Elon Musk y la polémica por los insultos de Milei en su conferencia en el Banco Interamericano de Desarrollo (BID). 

El viaje a Estados Unidos, que tuvo como objetivo la participación de Milei en la Conferencia de Acción Conservadora (CPAC), tuvo como novedad el guiño de Milei a Santiago Caputo, que viajó en un vuelo privado para unirse a la comitiva y clausuró las versiones de un supuesto enojo del Presidente hacia su principal asesor a raíz de su interrupción en la entrevista de Jonatan Viale en TN. 

Desde la Rosada sugieren que los cuestionamientos a Santiago Caputo realizados por funcionarios de primer nivel, como el vocero Manuel Adorni y el jefe de Gabinete, Guillermo Francos, fueron una estrategia que tuvo el visto bueno del asesor para correr el foco del debate, justo en momentos donde se empezaba a hablar de “coimas” y rol de Karina Milei en torno a la estafa critpo. 

Lo cierto es que, pese a los intentos de desviar el tema y las encuestas que avalan cierto alivio en el oficialismo en relación a la imagen de Milei, el tema quedó lejos de clausurarse, ya que el fiscal federal Eduardo Taiano resolvió que hay elementos suficientes como para avanzar con la investigación.

LA/JJD

La crisis política desatada por la estafa de la criptomoneda $LIBRA no se apaciguó en la Casa Rosada. Luego de varios intentos fallidos por minimizar el tema y una sucesión de argumentos contradictorios, en las últimas horas creció el nerviosismo por la posibilidad de que el escándalo golpee a Karina Milei. 

Las alarmas se encendieron cuando el sitio especializado CoinDesk publicó una serie de mensajes de texto que habrían sido enviados a mediados de diciembre por Hayden Mark Davis (no es su nombre real), la cara visible detrás de la criptomoneda $LIBRA. En esas capturas de chats, que fueron reproducidas por el diario La Nación, el empresario se jactaba de que podía “controlar” a Javier Milei gracias a los pagos que le había estado realizando a su hermana. 

“I control that nigga”, dice Davis para reflejar el supuesto poder que tendría sobre el presidente argentino. En esa misma conversación, donde insiste en que Milei “firma y hace” lo que él quiere, también se desprende que habían avanzado en una estrategia para el lanzamiento de $LIBRA, que incluía la promoción y ua serie de tuits de Milei.

Horas más tarde, el mismo portal compartió un comunicado donde el portavoz de Hayden desmintió haber enviado esos mensajes. Pese a eso, las menciones a Karina Milei cambiaron el clima y el tono en la Casa Rosada, donde hasta ahora buscaban ningunear la magnitud de la crisis aferrándose al mantra de que no hubo ningún delito.

“Karina no tiene nada que ver. Es una operación berreta que hizo el diario La Nación con una captura de chat trucha para intentar meterla a ella”, afirmó a elDiarioAR un estrecho colaborador del Presidente. Lo cierto es que la explicación de que la captura es trucha y el chat nunca existió —pese a haber sido publicada en un sitio de prestigio en el mundo cripto— no responde a las incogruencias y contradicciones del propio Hayden, quien reveló que tiene US$100 millones producto de la maniobra y que espera instrucciones de Milei para saber qué hacer con el dinero. 

Lo cierto es que Karina Milei, previo a la mención de Hayden, ya era blanco de críticas en el escándalo cripto. Fue ella quien habilitó las reiteradas visitas a Casa de Gobierno de la serie de personajes involucrados, empezando por Mauricio Novelli y Manuel Terrones Godoy, los impulsores del Tech Forum, donde Milei conoció a Davis y Julian Peh, los extranjeros que llevaron a cabo el lanzamiento de $LIBRA y la consiguiente estafa a los inversores.

Fue Karina quien habilitó las reiteradas visitas a Casa de Gobierno de la serie de personajes involucrados, empezando por Mauricio Novelli y Manuel Terrones Godoy, los impulsores del Tech Forum, donde Milei conoció a Davis y Julian Peh, los extranjeros que llevaron a cabo el lanzamiento de $LIBRA y la consiguiente estafa a los inversores

La relación de Milei con Novelli y Terrones Godoy data desde hace tiempo. En rigor, durante la última entrevista en TN, el Presidente no buscó siquiera criticarlos y usarlos de cortafuegos en un intento para que la crisis no salpique a su hermana, lo que abre más interrogantes sobre qué saben y cuál era el rol de estos traders. 

El “entorno”, ¿quién lo integra?

La publicación del sitio CoinDesk se dio luego de una serie de testimonios que apuntaron contra el “entorno” del Presidente. El primero fue Charles Hoskinson, creador de Ethereum y uno de los referentes de mayor peso en el mundo cripto, quien aseguró que allegados a Milei le hicieron un pedido de coimas para organizarle una reunión con él. “Danos algo y podrían pasar cosas mágicas”, fue, según sus palabras, el pedido que le hicieron y que se negó a aceptar. 

A esa denuncia se sumó la palabra de otros dos hombres influyentes en el área. Primero, la de Diógenes Casares, un joven CEO experto en finanzas, hijo del reconocido empresario Wenceslao Casares, quien publicó: “Me dijeron que alguien cercano a Milei había recibido un soborno de US$5 millones para ponerlo frente a él. Para ser claros, esto NO significa que Milei recibió dinero, sino que alguien cercano a él había recibido dinero para facilitar que Milei promocionara el token”.

Segundo, la del analista británico experto en cripto Nick O'Neill, quien publicó un video en el que dice que haber confirmado a través de “altas fuentes” y “con 100% de certidumbre”, que hubo coimas a funcionarios libertarios ligadas al impulso de $LIBRA. “Javier Milei y su equipo trabajaron durante semanas en el lanzamiento de un token”, señaló. A ellos se suma la revelación de la periodista Cristina Pérez, con llegada directa a los funcionarios de Gobierno a través de su pareja, el ministro Luis Petri, quien sostuvo que sus fuentes le indican que “hay un grupo que pide plata a cambio de acercar empresarios al Presidente”. 

Los primeros movimientos del Gobierno dan cuenta de que la ficción del “triángulo de hierro” entró en descomposición durante los últimos días. Los cuestionamientos al “entorno” fueron direccionados —por los propios funcionarios libertarios— contra Santiago Caputo, para mantener a salvo a Karina Milei, la otra integrante de la mesa chica que componen con el Presidente. 

Luego de que Caputo interrumpiera y censurara la entrevista de Jonatan Viale con el Presidente, algunos funcionarios de primera línea salieron a cruzarlo en público. Además, en un hecho inédito, repitieron que el joven asesor puso su renuncia “a disposición” de Milei. El vocero Manuel Adorni, la diputada Lilia Lemoine y el jefe de Gabinete, Guillermo Francos, coincidieron en que el asesor presidencial cometió un error y revelaron que desató un supuesto enojo de Milei, pese a que el Presidente se mostró risueño en el video filtrado. 

Adorni, Lemoine y Francos no saltaron a una pileta vacía; sus declaraciones tienen siempre el aval de Karina. En off, otros funcionarios afirmaron a elDiarioAR que existe cierto malestar con Caputo y no escatimaron sus críticas. Si bien lo del enojo podría ser un bluff, lo que refleja es la intención de proteger a Karina por sobre el “arquitecto” del triunfo libertario, un fusible a disposición de los hermanos Milei.

LA/JJD