Una nueva renuncia sacudió la estructura del Gobierno nacional. César Oscar Lencina, subsecretario de Ciencia y Tecnología, presentó su dimisión indeclinable después de poco más de un mes en el cargo y expuso una serie de cuestionamientos sobre las condiciones de trabajo dentro de la dependencia. Entre los motivos de su decisión mencionó la falta de respaldo institucional, las dificultades de comunicación y situaciones de maltrato hacia los trabajadores.

La renuncia se hizo efectiva el jueves 29 de octubre y fue comunicada mediante una nota dirigida a la secretaria de Ciencia y Tecnología, Adriana Baravalle, con copia al jefe de Gabinete, Diego Santilli, de cuya órbita depende el área.

En el escrito, Lencina hizo referencia a “las dificultades persistentes” que encontró para ejercer sus responsabilidades, especialmente por la “falta de una comunicación eficiente y soporte institucional”. También denunció “situaciones de destrato y desconsideración hacia el personal en el entorno de trabajo”, una descripción que deja al descubierto las tensiones que, según su testimonio, atravesaban el funcionamiento cotidiano de la subsecretaría.

El exfuncionario sostuvo que esas conductas “no condicen en absoluto” con su manera de conducir organizaciones ni con su experiencia en la dirección de equipos. Ante ese escenario, explicó que había decidido dar “un paso al costado”, al considerar que no estaban dadas las condiciones necesarias para continuar desempeñando sus tareas.

Lencina había sido designado el 22 de septiembre mediante el Decreto 1056/2026. Su paso por la subsecretaría duró apenas 37 días, un período particularmente breve para un cargo de conducción dentro de la administración pública.

Un militar con experiencia en la Antártida

Antes de incorporarse al Gobierno, Lencina había desarrollado su carrera profesional en la Fuerza Aérea Argentina, donde alcanzó el grado de comodoro. Entre sus antecedentes se destacan su desempeño como jefe de la Base Antártica Marambio y su paso por la conducción de la Base Aérea Militar de Mar del Plata.

Es licenciado en Sistemas Aéreos y Aeroespaciales por el Instituto Universitario Aeronáutico y cuenta con una maestría en Relaciones Internacionales de la Universidad del Salvador. Su trayectoria estuvo vinculada principalmente con la actividad aeronáutica, la logística y la coordinación de operaciones en ámbitos de alta complejidad.

Su incorporación a la Secretaría de Ciencia y Tecnología había representado el desembarco de un oficial de la Fuerza Aérea en un puesto de conducción de la política científica nacional. Durante las pocas semanas que permaneció en funciones, participó de actividades de coordinación institucional y encuentros con representantes de organismos científicos y autoridades provinciales.

Cambios en la conducción del área científica

La salida de Lencina se produce en un contexto de modificaciones recientes en la estructura de Ciencia y Tecnología. En septiembre había dejado la subsecretaría José Luis Acevedo, mientras que en agosto Adriana Baravalle había asumido la conducción de la Secretaría de Innovación, Ciencia y Tecnología en reemplazo de Darío Genua.

La dependencia, que funciona bajo la órbita de la Jefatura de Gabinete, tiene entre sus responsabilidades la articulación de políticas públicas vinculadas con la investigación científica, el desarrollo tecnológico y la innovación.

La renuncia de Lencina agrega un nuevo cambio a esa estructura y plantea interrogantes sobre las condiciones de funcionamiento interno del organismo. A diferencia de otras modificaciones de funcionarios, en este caso la salida estuvo acompañada por cuestionamientos explícitos a las relaciones laborales y al respaldo recibido durante su gestión.

Por el momento, no se informó oficialmente quién reemplazará al exsubsecretario ni se conoció una respuesta pública de las autoridades del área a las acusaciones formuladas en su carta de renuncia.

Con información de la agencia NA

La mesa política retomará este martes a las 13 sus reuniones en Casa Rosada para definir los próximos pasos de la agenda legislativa y avanzar en las negociaciones con los gobernadores aliados, en una semana clave para el oficialismo.

El encuentro se realizará luego de la suspensión de la última reunión y tendrá como telón de fondo la intención del Poder Ejecutivo de acelerar el tratamiento de las principales iniciativas que busca impulsar en el Congreso antes de fin de año, en particular, la reforma electoral.

Entre las claves de la hoja de ruta legislativa figura el ambicioso articulado, que tiene como objetivo central la eliminación de las elecciones primarias, abiertas, simultáneas y obligatorias (PASO), y el tratamiento del Presupuesto 2027.

La discusión también estará atravesada por la búsqueda de respaldos parlamentarios para avanzar con los proyectos de morosidad y discapacidad, y la necesidad de definir una estrategia frente a la ofensiva opositora contra el DNU 70/2023.

En ese marco, la Casa Rosada convocó a una sesión especial en la Cámara de Diputados para el miércoles 21, con la intención de tratar el proyecto de Defensa de la Soberanía Nacional y avanzar con las propuestas alternativas sobre morosidad y discapacidad.

Otro de los ejes del temario girará en torno a la negociación con los 13 gobernadores aliados que da lugar a debates internos por los criterios y plazos.

Por un lado, el jefe de Gabinete, Diego Santilli, y el ministro de Economía, Luis Caputo, se muestran abiertos a cerrar la mayor cantidad de entendimientos en el menor tiempo posible. Por el otro, los primos Martín Menem y Eduardo “Lule” Menem se inclinan por encabezar negociaciones por provincia, de acuerdo con las particularidades de cada territorio.

Lo cierto es que las negociaciones persiguen un objetivo múltiple: garantizar los votos para las reformas en el Congreso, pero además, construir una base política con vistas a las elecciones presidenciales de 2027.

Esta semana, además, está previsto que se retomen las reuniones quincenales con representantes del PRO para acercar posiciones de cara a los próximos comicios presidenciales.

La reunión del reducido círculo se desarrollará en vísperas de un nuevo viaje del presidente Javier Milei, que viajará por quinta vez en el año a Estados Unidos.

El mandatario partirá el mismo martes a las 23 hacia Estados Unidos para apoyar a su par Donald Trump, antes de las elecciones legislativas de medio término previstas para el 3 de noviembre.

Sin embargo, la secretaria general de la Presidencia, Karina Milei, permanecerá en la Argentina y seguirá de cerca la agenda política local.

NB con información de NA.

Después de siete horas de trabajo no remunerado en el comedor Manos Solidarias, en el Bajo Flores, a Zaira Fernández todavía le quedaba una hora más. Tenía que cargar en la app del Gobierno porteño los datos de las 550 personas que cada día se llevan una ración con menos proteínas que antes. El viernes pasado, mientras anotaba los DNI, la app se trabó y ella aprovechó para entrar a sus redes. Ahí vio la noticia: una denuncia penal investiga si parte de las casi 30 toneladas de carne compradas para la Casa Rosada y la Quinta de Olivos terminó en “Pancitos Caseros”, un catering vinculado a la familia de María Belén Agudiez, ex subsecretaria de Planificación General de la Presidencia y amiga de Karina Milei.

“A nosotros nos persiguen, nos estigmatizan y nos controlan severamente con el hambre que hay, y ellos hasta se quedan con la carne comprada con fondos públicos para un emprendimiento privado”, dice a elDiarioAR Zaira, referente de Manos Solidarias, donde cada día se preparan 1.500 meriendas y 550 almuerzos. “Nos amenazan y nos imponen una app de control obligatoria que funciona mal y nos quita el tiempo que ya no tenemos para entregar un menú cada vez más escaso y sin proteínas”, agrega. Después de trabajar de 7 a 15 en el comedor, sale a limpiar o a coser peluches para vender.

Días antes de que el INDEC confirmara un aumento de la pobreza, el Gobierno nacional envió al Congreso el proyecto de Presupuesto 2027. Según los cálculos, se prevé un recorte real de casi 10% para Alimentar Comunidad, el programa que abastece a comedores y merenderos, que acumula una caída cercana al 50% desde 2023. En paralelo estalló el escándalo de Olivos, a partir de una denuncia de la diputada Marcela Pagano. El catering figura a nombre de Analía Agudiez, hermana de la exfuncionaria. El entorno de Belén Agudiez rechazó las acusaciones y la Justicia aún no decidió si avanza.

“No puedo más de la bronca”, dice a elDiarioAR Lorena Claudia Corral, referente del comedor del Centro Cultural Recreativo y Biblioteca Evita, en el barrio Zavaleta, donde trabaja desde hace 32 años. “A ellos nadie los controla, compran carne y se la llevan, mientras que a nosotros nos humillan y nos obligan a pasar los balances diariamente con una app que requiere internet y muchas veces no funciona”. En los comedores advierten que aumenta la demanda y empeora la comida. “Es todo harina, pasamos de tener un poco de pollo o cerdo semana de por medio, casi nada de queso, y carne olvídate. Pero carne hay, se la quedan ellos para el catering”, dice Lorena.

“La app desgasta y se vuelve inviable, por eso el trasfondo es tener un argumento para ajustar y recortar cada vez más, como quedó demostrado en el proyecto del presupuesto”, señala Mariano “Turco” Kritterson, responsable de la UTEP-Evita en la Ciudad. “Lo que hay detrás de todo esto es una forma más de las tantas que han empleado para desarticular a las organizaciones sociales”.

Bajo sospecha

Según la denuncia de Pagano, en Olivos la misma dependencia que decidía cuánta comida se pedía, recibía la mercadería y firmaba los remitos. A los comedores, en cambio, el Estado los puso bajo sospecha desde 2024. En mayo de ese año se supo que Capital Humano retenía unas 5.000 toneladas de alimentos en galpones. El ministerio dijo que no iba a repartirlas entre “comedores inexistentes” y se allanaron espacios del Polo Obrero y Barrios de Pie. En 2025 eliminó el registro nacional de comedores tras una auditoría de la SIGEN. Ante un pedido de informes, respondió que la auditoría que sostenía la denuncia de “comedores fantasma” no existía. Por su parte, en diciembre de 2025, la Ciudad cerró 40 comedores que calificó de “fantasma” y Jorge Macri habló de “gerentes de la pobreza”. Las organizaciones lo llaman persecución.

El control, además, se volvió digital. En abril de 2026, Capital Humano lanzó el SISOC, una plataforma que cruza con ANSES, ARCA y el RENAPER los datos de cada beneficiario y de más de 3.600 espacios comunitarios, y usa inteligencia artificial para detectar fraudes e inconsistencias. “Si hay una persona con una situación inconsistente, lo sacamos”, explicaron en la presentación. En la Ciudad, el registro es más riguroso: desde comienzos de 2026, los más de 500 comedores porteños deben cargar todos los días en una app el DNI de cada persona que retira una vianda.

Cómo funciona la app

La Ciudad presentó la aplicación como la garantía de que “cada ración queda trazada”. Cuando se entrega la última vianda, alguien toma un celular y carga los datos de cada persona que retiró comida: DNI, nombre completo, fecha de nacimiento, domicilio y grupo familiar. La carga cierra a las 23.59. A Zaira le lleva una hora. Lorena tuvo que destinar a un compañero solo a esa tarea, sin sueldo, porque no puede sacar a nadie de la cocina ni de la entrega: “O hacés una cosa o hacés la otra”, dice.

La aplicación depende de internet y en los barrios la señal se cae. Sin conexión, el sistema admite dos o tres cargas más y se traba. Las familias muchas veces aparecen incompletas: un grupo de siete figura con tres integrantes, o con uno solo, y hay que cargarlo otra vez. Hay gente que no sabe su número de documento, o una hija que viene a buscar la vianda y no sabe el de la madre. “Si te dicen mal el nombre, ¿qué hacés? ¿No le entregás el tupper?”, pregunta Lorena. Y si un día la carga no se completa, para el sistema esa comida no se entregó.

Cada falla puede traer una advertencia. Zaira recibió mensajes que le avisaban que no estaba completando bien la aplicación y que podían sancionar al comedor. Pidió otra forma de registrar y le contestaron que solo vale la app. Llegó a ofrecer un video diario como respaldo. Hubo comedores sancionados que se quedaron semanas sin mercadería y tuvieron que cerrar; al reabrir, quedaron bajo un seguimiento más estricto. Lorena, que entró al programa de grupos comunitarios en 1995, dice que nunca había vivido “un control así”.

Lo que más preocupa a las organizaciones es lo que pasa después con las raciones. Kritterson explica que el Gobierno porteño hace una “lectura lineal” de los datos: “Si entregó 100 raciones y la aplicación registra 85 personas, interpreta que fueron necesarias 85”. En comedores que cargaron menos personas algunos días, las raciones bajaron después. A compañeros de Lorena se las recortaron sin explicación y, cuando reclamaron, les dijeron que habían cargado menos de lo que recibían. “Para sacarlas es rápido, pero para aumentarlas no es rápido”, dice ella. Para Kritterson, la herramienta “termina funcionando como un argumento para justificar una decisión que implica entregar menos comida a quienes más la necesitan”. Hay algo que la app no registra: a quienes hacen la fila y se van sin plato porque las raciones no alcanzan.

Más fila, menos comida

Mientras crece el control, también crece la fila. En el primer semestre de 2026, la pobreza alcanzó al 32,3% de las personas, 4,1 puntos más que a fines de 2025, según el INDEC. En el Bajo Flores, Zaira ve a más gente acercarse al final del reparto para preguntar si sobró comida. Quienes antes juntaban algún ingreso en la calle, cuenta, hoy consiguen menos y terminan en el comedor.

En Manos Solidarias el pollo se alterna semana por medio con cerdo, el queso llega una vez al mes y la fruta bajó de cuatro unidades a dos. Las verduras vienen tan maduras que hay que repartirlas en el día. En Zavaleta, Lorena recibe el pollo pesado por cajón, con el cartón incluido, y una caja para chicos celíacos que muchas veces trae harina. Si el yogur viene aguado, le responden que es la marca permitida. La Asociación Civil por la Igualdad y la Justicia (ACIJ) advirtió que la Prestación Alimentar estuvo 23 meses sin aumento y que en abril cubría el 19,5% de la canasta básica alimentaria.

Para sostener el comedor, Lorena y sus compañeras venden prepizzas y hacen rifas. Nadie cobra sueldo. “También es difícil hacer una rifa porque la gente no tiene plata para comprarla. Salís a vender prepizzas y quizás te compran una vez para colaborar”, dice. Zaira cobraba los 78.000 pesos del Volver al Trabajo, que le alcanzaban para la garrafa. El programa terminó en abril. “Se va cerrando todo”, resume Lorena.

La Cámara de Diputados comenzará este miércoles el tratamiento del proyecto de Ley de Defensa de la Soberanía Nacional, enviado por el Gobierno al Congreso el 17 de septiembre. El plenario de las comisiones de Defensa Nacional, Legislación Penal y Relaciones Exteriores y Culto se reunirá a las 12 para una primera jornada informativa.

La iniciativa había sido anunciada por Milei en la cadena nacional del 3 de septiembre, dedicada a la cuestión Malvinas. El texto propone reemplazar la Ley 26.659 y ampliar el régimen de sanciones para quienes realicen actividades vinculadas con el aprovechamiento de recursos naturales en las islas, sus espacios marítimos e insulares y la plataforma continental argentina sin autorización de las autoridades nacionales.

El cronograma que maneja el oficialismo prevé que las comisiones avancen con el dictamen el martes 6 de octubre. Pretenden que el proyecto pueda llegar al recinto el miércoles 7, en una sesión que también incluiría iniciativas sobre discapacidad y sobreendeudamiento.

Un régimen más amplio de sanciones

El proyecto extiende el alcance de la legislación vigente, que estaba concentrada en las actividades hidrocarburíferas. La nueva propuesta abarca el aprovechamiento de recursos naturales renovables y no renovables sin habilitación argentina y contempla sanciones administrativas para las personas y empresas involucradas.

Entre las multas previstas se encuentran montos equivalentes a entre 4.000 y 500.000 barriles de petróleo. El régimen también contempla la suspensión o cancelación de habilitaciones y la inhabilitación para operar durante períodos de entre cinco y veinte años.

Las consecuencias previstas para quienes resulten sancionados incluyen además la imposibilidad de desarrollar determinadas actividades económicas en el país, la pérdida de beneficios impositivos o previsionales, la revocación de habilitaciones y la prohibición de contratar con organismos estatales.

El proyecto incorpora también nuevos delitos y eleva las penas para distintas actividades vinculadas con la exploración y explotación no autorizada de recursos. Para algunas de las conductas previstas, las escalas penales llegan hasta los 20 años de prisión. También establece multas calculadas en barriles de petróleo y sanciona a quienes suministren bienes o servicios considerados esenciales para la realización de esas actividades.

Otra de las herramientas incorporadas es la posibilidad de realizar juicios en ausencia para los delitos incluidos en el régimen. A la vez, el texto crea un Régimen de Desistimiento y Regularización para quienes abandonen las actividades alcanzadas por las prohibiciones.

Modifica el sistema de seguridad nacional

El proyecto también crea un Sistema de Seguridad Nacional y un Consejo de Seguridad Nacional, encabezado por el Presidente e integrado por funcionarios de distintas áreas del Gobierno.

El organismo tendría entre sus funciones la coordinación de políticas vinculadas con la defensa, la diplomacia, la economía, la inteligencia y la protección de infraestructuras consideradas críticas. El texto también propone modificaciones a la Ley de Defensa Nacional y establece disposiciones para los ámbitos aeroespacial, marítimo, fluvial y lacustre.

Además, la iniciativa incorpora nuevos delitos relacionados con amenazas a la seguridad nacional, entre ellos figuras vinculadas con la influencia extranjera, el espionaje, la interferencia electoral y determinadas campañas coordinadas de desinformación.

La Justicia intimó al Gobierno nacional a cumplir en un plazo de cinco días con la medida cautelar que ordena aplicar aspectos centrales de la Ley de Financiamiento Universitario y advirtió que, si persiste el incumplimiento, comenzará a imponer multas diarias.

La decisión fue adoptada por el juez Martín Cormick, titular del Juzgado Nacional en lo Contencioso Administrativo Federal N° 11, quien consideró que el Poder Ejecutivo no dio todavía “cumplimiento total” a la cautelar que se encuentra vigente y firme.

“En virtud de lo actuado en la causa, atendiendo a lo peticionado por la parte actora y verificándose que no existe cumplimiento total de la cautelar dictada en autos, medida que se encuentra firme, intímese al demandado Estado Nacional, Poder Ejecutivo Nacional, a que dé efectivo cumplimiento en un plazo perentorio de cinco (5) días, bajo expreso apercibimiento de aplicar astreintes por cada día de demora”, sostuvo Cormick en su resolución.

Las astreintes son multas económicas que puede imponer un juez con el objetivo de lograr el cumplimiento de una orden judicial y, en este caso, podrían aplicarse por cada día que transcurra una vez vencido el plazo otorgado al Ejecutivo.

La medida alcanza a los artículos 5 y 6 de la Ley 27.795, que establecen la actualización de los salarios del personal docente y no docente desde diciembre de 2023 hasta la sanción de la norma y la recomposición de los programas de becas estudiantiles.

La intimación había sido reclamada por el Consejo Interuniversitario Nacional (CIN), que sostiene que el Gobierno no cumplió integralmente con lo dispuesto por la Justicia.

La decisión constituye un nuevo capítulo de una disputa judicial que comenzó a fines del año pasado. En diciembre de 2025, Cormick dictó la cautelar a partir de un amparo colectivo impulsado por representantes del CIN y distintas universidades nacionales. El planteo busca que se declare la inconstitucionalidad del decreto 759/2025, mediante el cual el Ejecutivo subordinó la aplicación de la ley a la determinación de fuentes específicas de financiamiento.

La Sala III de la Cámara Nacional de Apelaciones en lo Contencioso Administrativo Federal confirmó posteriormente la medida. El 25 de junio pasado, la Corte Suprema rechazó un recurso del Gobierno por considerar que no estaba dirigido contra una sentencia definitiva, con lo que la cautelar quedó firme.

En medio de ese recorrido judicial, el 10 de junio la Subsecretaría de Políticas Universitarias, el CIN y organizaciones gremiales docentes y no docentes habían firmado un acta por la cual el Estado se comprometió a transferir fondos para incrementar en un 24,33% la masa salarial, aumentar un 20% los gastos de funcionamiento y ampliar en $50.000 millones las partidas destinadas a hospitales universitarios.

El acuerdo contempló también una actualización del 50% de las Becas Manuel Belgrano a partir de junio y estableció un cuarto intermedio hasta el 15 de septiembre para continuar las negociaciones paritarias. Para el Gobierno, esas medidas satisfacían “en lo sustancial” los artículos 5 y 6 de la ley. El CIN, en cambio, sostuvo que el convenio no cubría la totalidad de las obligaciones establecidas por la norma.

El Ejecutivo pidió entonces que se levantara la cautelar, pero el 1 de septiembre Cormick rechazó el planteo al considerar que el Estado no había demostrado que los acuerdos alcanzados eliminaran los perjuicios que habían dado origen a la medida judicial.

El magistrado sostuvo que “el Estado Nacional no ha logrado demostrar el impacto positivo sobreviniente” de esos acuerdos respecto de los “perjuicios graves de imposible reparación ulterior” y señaló que tampoco existía “una definición efectiva y final” sobre el deterioro de los ingresos y la pérdida salarial.

La nueva resolución judicial se conoció, además, en medio de una escalada del conflicto salarial universitario. El 17 de septiembre fracasó una nueva reunión paritaria en la que la Secretaría de Educación ofreció un incremento del 3% para septiembre y otro 3% para octubre, propuesta que fue rechazada por los sindicatos.

Según las estimaciones difundidas por las universidades nacionales y los gremios del sector, la recomposición salarial pendiente ronda el 31%, aunque existen diferencias entre las organizaciones respecto del cálculo exacto de la pérdida acumulada.

Tras el fracaso de la negociación, los gremios profundizaron las medidas de fuerza. ADUBA y APUBA iniciaron un esquema escalonado de paros y actividades de visibilización que comenzó el 21 de septiembre y se extenderá hasta el 22 de octubre.

“Seguimos insistiendo en que el Gobierno tiene que cumplir en democracia con la Ley de Financiamiento Universitario. Ya hay dos poderes de la Nación, el Legislativo y el Judicial, que dicen que tiene que cumplir”, afirmó el secretario general de la Federación de Docentes de las Universidades (FEDUN), Daniel Ricci.

El conflicto tendrá otro punto de confluencia el próximo 15 de octubre, cuando se realice frente al Palacio de Tribunales una nueva Marcha Federal Universitaria, la segunda de este año, en reclamo del cumplimiento de la ley y de una recomposición de los salarios docentes y no docentes.

Cada vez que un automovilista carga nafta paga un impuesto del 5% cuyo destino específico son las obras para evitar inundaciones en campos y pueblos. En el GNC, la alícuota es del 9%. Sin embargo, al 6 de abril de 2026, el fondo que se alimenta de ese impuesto tenía $34.922 millones en cuentas a la vista y otros $258.000 millones en Letras del Tesoro Capitalizables en Pesos. Es decir que el 88% del dinero del fondo está prestado al Estado nacional.

El dato fue informado por el Ministerio de Economía al Congreso en el Informe 145 de la Jefatura de Gabinete, aunque sin precisar a qué obras estaban afectados esos recursos.

La ley 26.181 del Fondo Fiduciario de Infraestructura Hídrica establece que el Estado debe garantizar la “intangibilidad de los bienes” del fideicomiso y la estabilidad del impuesto, que “no constituye recurso presupuestario alguno” y solo puede destinarse a los fines establecidos por la propia norma. Entre ellos figuran las obras hídricas, la recuperación de tierras productivas, la mitigación de inundaciones y el saneamiento. Las Letras del Tesoro no aparecen entre esos destinos.

Los números desde diciembre de 2023

Al 31 de diciembre de 2024 el fideicomiso acumulaba un resultado financiero positivo de $85.219 millones, según el informe de ejecución presupuestaria de la Oficina Nacional de Presupuesto citado en un pedido de informes de la Coalición Cívica. Un informe del gobierno bonaerense calculó que, entre 2024 y el primer trimestre de 2025, el fondo recibió unos $175.000 millones y aplicó $13.011 millones a obras: un 7,45%.

Durante 2025 el patrón se mantuvo. Hasta mayo se habían presupuestado $83.608 millones para obras y ejecutado $12.101 millones: el 14,47%. Para 2026, el Presupuesto proyecta una recaudación de $321.290 millones y prevé un gasto de capital de $260.199 millones, aunque no detalla qué obras serán financiadas.

Veintiocho obras neutralizadas

Ante un pedido de acceso a la información, la Secretaría de Obras Públicas informó a mediados de 2025 que el fondo financia 49 obras y que 28 se encuentran neutralizadas. El dato consta en el proyecto 2642-D-2025 de la Cámara de Diputados.

Entre ellas está una obra que el propio Gobierno catalogó como prioritaria: la Etapa 2 del Tramo IV del Plan Maestro del Río Salado, poco más de 30 kilómetros de dragado en una cuenca de 17 millones de hectáreas que alcanza a 59 municipios.

Los trabajos se detuvieron en febrero de 2025 y la paralización quedó formalizada mediante actas que invocaron como fundamento el decreto 70/2023 de emergencia económica. En octubre, después de una reunión con la Mesa de Enlace, el Gobierno anunció su reactivación.

Seis meses después informó avances de 13,88%, 58,63% y 31,69% en los tres subtramos. El cronograma original establecía que debían estar terminados en mayo de 2025.

La respuesta oficial

Los diputados preguntaron por qué las obras estuvieron frenadas durante 2025 si el financiamiento salía de ese fideicomiso. El Gobierno no respondió ese punto. Explicó, por otra parte, que se trata de un fondo extrapresupuestario y que “por tal motivo no registra subejecuciones presupuestarias”. Agregó que “el monto abonado es en función de la certificación”.

El ministro de Desregulación, Federico Sturzenegger, definió a los fondos fiduciarios como “un mecanismo para generar caja” y celebró cada cierre como un avance hacia “una sociedad con menos corrupción”. Sobre la infraestructura fue terminante: “La obra pública no vuelve más”.

El fondo hídrico, sin embargo, no fue eliminado. Tampoco el impuesto que lo financia, que permanece vigente hasta 2035.

Las críticas

El cuestionamiento más duro no surgió del kirchnerismo, sino del sector agropecuario y de la oposición dialoguista. “Es una vergüenza que Milei use los recursos del Fondo Hídrico para la timba financiera”, afirmó la diputada bonaerense Silvina Vaccarezza (UCR-Cambio Federal), quien habló de “290.000.000.000 de pesos puestos en el circuito financiero y no en el Salado”.

Alberto Larrañaga, integrante del Consejo Asesor del Plan Maestro del Salado, reclamó un mecanismo público para seguir el recorrido de los fondos. Ya en marzo de 2025 había considerado “inexplicable” que se frenaran obras por falta de financiamiento “cuando millones de pesos están durmiendo la siesta en la cuenta del fondo en el Banco Nación”.

“Necesitamos que Caputo deje de timbear la plata”, planteó también el ministro de Infraestructura bonaerense, Gabriel Katopodis.

Desde uno de los territorios afectados por las inundaciones, Patricia Gorza, de la Federación Agraria en Nueve de Julio, dijo: “Si no la vas a hacer, dejá de cobrarla al menos”.

Una historia de destinos cambiados

El fondo nació, precisamente, después de una inundación. En 2001, luego de que las aguas cubrieran vastas regiones productivas bonaerenses, el entonces ministro de Economía Domingo Cavallo firmó el decreto 1381/01, que creó la Tasa de Infraestructura Hídrica y el fideicomiso.

En 2006, la ley 26.181 reemplazó la tasa por un impuesto y agregó entre sus objetivos las “obras de saneamiento”. Esa modificación permitió derivar hacia obras de cloacas del Conurbano recursos que originalmente habían sido creados para atender los anegamientos rurales.

En 2016, por cada peso asignado al Plan Federal de Control de Inundaciones se giraron 1,8 pesos a las represas santacruceñas.

Durante años, los movimientos del fideicomiso podían seguirse a través de un sitio de la Unidad de Coordinación de Fideicomisos de Infraestructura. En 2012, a partir de esos registros, una investigación periodística reveló que más de $16,2 millones habían sido destinados a un stand en Tecnópolis. El entonces ministro Julio De Vido reconoció el gasto y sostuvo que no se trataba de una cifra “significativa”.

El Niño, otra vez

El antecedente es reciente. Entre marzo de 2025 y comienzos de 2026, el noroeste bonaerense atravesó una inundación prolongada y el temporal de Bahía Blanca llevó al Gobierno a crear por decreto un fondo de asistencia de hasta $200.000 millones.

Ahora, el pronóstico vuelve a encender las alertas. El Servicio Meteorológico Nacional informó que el sistema ENOS ya se encuentra en fase cálida, con una probabilidad cercana al 100% de continuidad entre julio y septiembre. La NOAA, por su parte, le asigna un 81% de posibilidades de alcanzar la categoría “muy fuerte” entre octubre y diciembre.

Ya hubo evacuados en Concordia y las Cataratas del Iguazú debieron cerrar.

El 3 de agosto, en Resistencia, Karina Milei, el jefe de Gabinete Diego Santilli y la ministra de Seguridad Alejandra Monteoliva presentaron junto a los gobernadores de Chaco y Corrientes el Plan Federal ENOS 2026/2027, que contempla monitoreo, mapas de riesgo y alertas tempranas.

El plan no asigna presupuesto ni incluye obras de infraestructura. Además, se apoya en tres organismos que fueron debilitados durante la actual gestión: el Servicio Meteorológico Nacional, con una caída presupuestaria del 39,7% real desde 2023; el Instituto Nacional del Agua, que permanece sin director designado; y Vialidad Nacional, disuelta por decreto en 2025.

La primavera comienza el 21 de septiembre. Ninguna obra hidráulica de la escala del Salado puede construirse en siete semanas. Mientras tanto, el dinero destinado a financiarla continúa generando intereses en Letras del Tesoro y cada litro de nafta sigue aportando un 5% al fondo.

El subsecretario de Políticas Universitarias, Alejandro Álvarez, acusó a la Universidad de Buenos Aires (UBA) de intentar monopolizar los fondos destinados a hospitales universitarios de todo el país y afirmó que el conflicto responde a “una extorsión política” impulsada por el vicerrector Emiliano Yacobitti para presionar por mayores recursos.

Álvarez cuestionó el reclamo presentado por la casa de estudios, que “pretende quedarse” con “75.000 millones de pesos”, equivalentes al 95% del fondo total destinado a hospitales universitarios.

“Para todos los hospitales universitarios del país pretende dejar apenas 4.000 millones”, aseguró el funcionario en diálogo con Radio Rivadavia, mientras que agregó que las universidades como la Universidad Nacional de Cuyo ya solicitaron por sí solas partidas cercanas a los 2.400 millones de pesos para sus centros de salud.

El funcionario afirmó que las transferencias mensuales se realizaron “en tiempo y forma” y calificó de “falsa” la denuncia de desfinanciamiento. “Publiqué todas las transferencias hechas y les dije a los médicos que tienen que reclamarle al rectorado, porque nosotros ya hicimos los giros”, señaló.

Y explicó que el presupuesto universitario contempla dos componentes: los fondos corrientes asignados mensualmente a cada universidad y un fondo anual extraordinario de 80.000 millones de pesos destinado específicamente a salud. Según indicó, la UBA pretende que ese fondo se ejecute casi por completo en los primeros meses del año.

“Ellos quieren prácticamente duplicar su presupuesto de salud y quedarse con todo el fondo anual”, afirmó. En ese sentido, acusó a las autoridades universitarias de utilizar el conflicto sanitario para generar presión pública. “Sacan a los médicos a la calle, hablan de pacientes oncológicos sin atención y generan pánico para extorsionar al Gobierno”, sostuvo.

Álvarez apuntó directamente contra Emiliano Yacobitti y aseguró que el conflicto universitario está atravesado por intereses políticos. “Ellos tienen necesidades políticas que no tienen nada que ver con la educación ni mucho menos con la salud”, afirmó. Además, cuestionó el rol del dirigente radical dentro de la universidad: “Nadie sabe quién es el rector de la UBA, pero todos conocen a Yacobitti”.

El subsecretario también insistió en la necesidad de avanzar con auditorías técnicas de la Sindicatura General de la Nación para transparentar el manejo de fondos públicos. De acuerdo a su relato, la UBA mantiene una disputa judicial para impedir esos controles y sólo acepta auditorías posteriores de la Auditoría General de la Nación.

“La ley es clarísima: la auditoría interna corresponde a la SIGEN y la externa a la AGN”, remarcó. Y cuestionó: “Si están manejando bien las cuentas públicas, ¿por qué se niegan a ser auditados?”.

Por otra parte, Álvarez agregó que el actual sistema de distribución presupuestaria universitaria carece de criterios objetivos y respondió históricamente al lobby político en el Congreso. Por eso, propuso avanzar hacia un esquema basado en indicadores concretos como cantidad de alumnos reales, graduados, infraestructura y costos operativos.

“El 40% de la matrícula universitaria nunca rindió un examen en dos años”, aseguró, al explicar que el Gobierno comenzó a depurar estadísticas y detectar duplicaciones de alumnos. También indicó que la tasa de graduación de la UBA ronda el 30%, muy por debajo de estándares internacionales.

El funcionario cuestionó además el financiamiento estatal para estudiantes extranjeros, especialmente en carreras costosas como Medicina. “En la Facultad de Medicina de la UBA, alrededor del 50% de la matrícula son extranjeros”, afirmó.

Según explicó, el Gobierno ya introdujo cambios en el sistema de residencias médicas para priorizar a quienes estudiaron en universidades argentinas. “No puede competir en igualdad de condiciones un título argentino con universidades extranjeras sin acreditación equivalente”, señaló.

Con información de Noticias Argentinas

JIB

El primer encuentro del año entre los principales operadores legislativos del oficialismo marcará el regreso formal de la ofensiva libertaria para imponer una reforma laboral que podría afectar derechos históricos de trabajadores y trabajadoras. La mesa política convocada por el jefe de Gabinete, Manuel Adorni, se reunirá este viernes 16 de enero en la Casa Rosada para ajustar el texto y definir la estrategia parlamentaria.

El objetivo inmediato es lograr que el Senado habilite su tratamiento a fines de este mes, antes del inicio de las sesiones extraordinarias previsto para el 2 de febrero. Las conversaciones se centran en dos puntos sensibles: el capítulo tributario vinculado a cargas sociales y el funcionamiento del Fondo de Asistencia Laboral (FAL), cuya eliminación o modificación podría recortar garantías ante despidos y suspensiones.

La convocatoria incluye al presidente de la Cámara de Diputados, Martín Menem; a la jefa del bloque oficialista en el Senado, Patricia Bullrich; al ministro del Interior, Diego Santilli; a Ignacio Devitt, de Asuntos Estratégicos; y a Eduardo “Lule” Menem, operador político del interior. También podrían sumarse Karina Milei y el ministro de Economía, Luis Caputo, dos figuras clave en la articulación del poder real dentro del Ejecutivo.

El oficialismo apuesta a que las comisiones técnicas permitan “depurar” el proyecto y procesar objeciones de actores sociales, aunque sin convocar aún a instancias formales de diálogo con sindicatos ni organizaciones laborales. La abogada Josefina Tajes encabezará una de esas comisiones desde este viernes, según anticipó Bullrich.

Entre las modificaciones posibles se analiza la revisión de artículos sobre indemnizaciones, licencias y representación sindical, que ya motivaron alertas de la CGT y de varios gremios de base. Hasta el momento, el Gobierno no abrió canales de participación directa para trabajadores o especialistas del derecho laboral.

Un tablero político en movimiento

Diego Santilli se convirtió en una pieza central del despliegue territorial, con una agenda de diez visitas provinciales en enero para asegurarse apoyos de gobernadores aliados. Esta semana estuvo en Chubut con Ignacio Torres, en una actividad centrada en la emergencia por incendios forestales. El lunes irá a Chaco a reunirse con Leandro Zdero y luego a Mendoza para verse con Alfredo Cornejo.

Las negociaciones también tocan otras leyes. Podría incorporarse a extraordinarias un proyecto para modificar la Ley de Glaciares, un pedido clave de varias provincias cordilleranas. En cambio, la Reforma del Código Penal —también prioritaria para el oficialismo— quedaría postergada.

Mientras tanto, el oficialismo busca sumar una nueva “victoria legislativa” tras la sanción del Presupuesto y la Ley de Inocencia Fiscal en diciembre, aunque los efectos concretos de esas medidas sobre las condiciones de vida siguen sin esclarecerse.

Los puntos más sensibles en la discusión de la iniciativa gubernamental incluyen la eliminación de multas por trabajo no registrado, la modificación del régimen de indemnizaciones y la posible creación de un esquema alternativo al FAL. También siguen en debate los alcances de la reforma en materia de representación gremial y convenios colectivos. El eje general del texto apunta a una flexibilización del mercado de trabajo que podría debilitar la posición de los trabajadores frente a sus empleadores.

Para sindicatos y especialistas, estos cambios implicarían una regresión en derechos adquiridos. Los sectores más afectados podrían ser trabajadores jóvenes, tercerizados o sin convenio colectivo, que quedarían más expuestos a modalidades precarias y sin protección efectiva.

JJD, con información de NA

La Justicia federal le ordenó este martes al Poder Ejecutivo aplicar de manera inmediata la ley de financiamiento universitario y dejó sin efecto, de forma cautelar, el decreto que había suspendido la actualización de salarios docentes y becas estudiantiles.

La decisión fue adoptada por el Juzgado Contencioso Administrativo Federal 11, a cargo del juez Martín Cormick, en el marco de una acción de amparo presentada por el Consejo Interuniversitario Nacional y otras entidades del sistema universitario, según fuentes judiciales.

El magistrado declaró inaplicable el decreto 759/2025 en cuanto condicionaba la ejecución de la ley 27.795 a la definición previa de las fuentes de financiamiento por parte del Congreso.

Según el fallo, la suspensión dispuesta por el Ejecutivo aparece, en esta etapa preliminar del proceso, como una conducta arbitraria y contraria a la Constitución. 

El juez sostuvo que, tras la insistencia legislativa de ambas cámaras, prevista en el artículo 83 de la Constitución, “no admitiría, a priori, una variante suspensiva” para la promulgación y aplicación de la norma.

La resolución hizo lugar a la medida cautelar y ordenó al Estado cumplir de inmediato con los artículos 5 y 6 de la ley, que establecen la actualización de las remesas destinadas al pago de salarios docentes y la recomposición automática de las becas estudiantiles. La cautelar tendrá vigencia hasta el dictado de la sentencia definitiva.

El fallo

En sus fundamentos, Cormick señaló que el incumplimiento del deber normativo ocasiona “perjuicios graves de imposible reparación ulterior”, al advertir sobre la pérdida sostenida del poder adquisitivo de los ingresos del colectivo afectado. 

Añadió que esa situación compromete derechos laborales protegidos por la Constitución y por tratados internacionales de derechos humanos.

El juez también rechazó el argumento del interés público esgrimido por el Gobierno y sostuvo que el deterioro salarial impacta no solo en los trabajadores universitarios, sino también en el derecho a enseñar y aprender. En ese sentido, indicó que el eventual ahorro fiscal tendría una incidencia reducida, estimada en alrededor del 0,23 % del PBI.

Asimismo, la resolución cuestionó la medida del Ejecutivo por considerar que podría vulnerar el principio de división de poderes, al intentar condicionar la vigencia de una ley insistida por el Congreso mediante una norma de jerarquía inferior.

El fallo aclaró que la medida se dicta en un estado preliminar del proceso y no implica adelantar opinión sobre el fondo de la cuestión, pero consideró reunidos los requisitos legales para conceder la cautelar y ordenar el cumplimiento inmediato de la ley. 

Con información de la agencia NA

El Gobierno nacional confirmó este viernes que apelará el fallo del Juzgado Federal de Campana que ordenó poner en vigencia la Ley de Emergencia en Discapacidad y dejó sin efecto el artículo central del Decreto 681/2025, mediante el cual el Poder Ejecutivo había suspendido su aplicación.

Según informaron fuentes oficiales, la presentación se realizará ante la Cámara Federal de Apelaciones de San Martín, que deberá revisar la decisión adoptada por el juez Adrián González Charvay. Desde el Ejecutivo sostienen que la sentencia implica una intromisión en las atribuciones propias del Poder Ejecutivo, en particular en lo referido a la administración de los recursos públicos y la elaboración del presupuesto.

En la Casa Rosada advierten además que la implementación de la ley, tal como fue ordenada por la Justicia, carece de financiamiento específico y podría afectar el equilibrio fiscal, uno de los ejes centrales de la política económica del Gobierno. En ese sentido, remarcan que el Congreso sancionó la norma sin establecer las fuentes de recursos necesarias para su cumplimiento.

La Ley de Emergencia en Discapacidad había sido aprobada por el Congreso en julio del año pasado y declara la emergencia en el sector hasta fines de 2027. Si bien el Poder Ejecutivo promulgó la iniciativa, posteriormente dictó el Decreto 681/2025, que dejó la norma en suspenso al considerar que no estaban garantizados los fondos para su ejecución.

La decisión oficial generó un fuerte reclamo de familias, organizaciones y prestadores de servicios, quienes cuestionaron la paralización de la ley. En ese contexto, dos familias presentaron un amparo judicial en representación de sus hijos, ambos con Certificado Único de Discapacidad, lo que derivó en el fallo que ahora será apelado por el Gobierno.

La definición final quedará en manos de la Cámara Federal de San Martín, que deberá determinar si se mantiene la aplicación inmediata de la ley o si se valida la postura del Ejecutivo respecto de la falta de financiamiento y las competencias entre poderes.

Con información de medios

JIB

La Confederación General del Trabajo (CGT) rechazó de manera tajante el aumento del Salario Mínimo, Vital y Móvil (SMVM) definido por el Gobierno nacional tras el fracaso del Consejo del Salario. La resolución, publicada esta semana en el Boletín Oficial, fija un incremento mensual escalonado que comienza con $328.400 en noviembre y alcanza los $376.600 en agosto de 2026, lo que implica una suba interanual del 17%.

El nuevo esquema fue dispuesto por la Secretaría de Trabajo mediante un laudo, luego de que no se lograra consenso entre las partes. En la reunión convocada la semana pasada, los representantes del sector empresarial ofrecieron una mejora de apenas $4.000 sobre los $322.200 vigentes desde agosto. El Gobierno propuso un aumento mayor, de $12.000, pero la CGT consideró insuficiente el ajuste y no avaló la propuesta.

“Este laudo consolida una pérdida salarial incompatible con una vida digna”, advirtió la central obrera en un comunicado firmado por el Consejo Directivo Nacional. La CGT propuso una recomposición del 71,6% entre diciembre y abril, a través de tramos del 11,4% mensual, con el objetivo de restituir el poder adquisitivo perdido desde noviembre de 2023.

Según el texto difundido, ese esquema tenía como horizonte equiparar el SMVM con la Canasta Básica Total (CBT), que en la actualidad asciende a $1.176.852, según los datos oficiales del Indec. Ese monto representa el umbral por debajo del cual un hogar de cuatro personas cae en la pobreza.

“Lejos de ese objetivo, el laudo impuesto desconoce las necesidades básicas de millones de trabajadoras y trabajadores”, afirmó la CGT. Para la central, el salario mínimo “debe volver a constituirse en una referencia válida para todas las escalas salariales del país” y funcionar como mecanismo de contención frente a la pérdida de ingresos provocada por la inflación.

El nuevo esquema también redefine el cálculo de la Prestación por Desempleo, que ahora será del 75% del mejor salario neto de los últimos seis meses, con un piso del 50% y un tope del 100% del SMVM vigente. Además, actualiza el valor de la hora para trabajadores jornalizados.

La medida impacta sobre los trabajadores alcanzados por la Ley de Contrato de Trabajo, el régimen agrario, el sector público nacional y organismos estatales empleadores. Aunque se trata de una referencia para salarios muy bajos, su valor es clave para establecer otras asignaciones como programas sociales o pisos de negociación colectiva en ramas no organizadas.

La CGT ratificó que seguirá reclamando una recomposición que acompañe la evolución de precios y garantice un ingreso que permita cubrir las necesidades básicas. Mientras tanto, el salario mínimo permanece muy por debajo de los niveles necesarios para sostener una vida digna.

JJD

El exjefe de Gabinete, Guillermo Francos, habló tras su salida del Ejecutivo, reafirmó su compromiso de “apoyar al Gobierno” y se mostró contento por la “tarea realizada” durante su gestión. 

“Estoy bien, asumiendo que ya no soy jefe de Gabinete, viendo que Argentina sigue un rumbo totalmente claro y esto se verá reflejado en los años venideros”, señaló en declaraciones radiales. 

“Me hubiera gustado ser jefe de Gabinete con un bloque de 90 diputados y uno de senadores de 20”. Según planteó, un mayor respaldo legislativo “hubiera sido más fácil” para su tarea en la articulación política.

El exministro coordinador también dejó abierta la posibilidad de reincorporarse al Ejecutivo en algún rol futuro y sostuvo que volvería a asumir funciones: “Si el presidente me pide alguna colaboración yo estoy dispuesto a hacerlo”, planteó.

En tanto, el exfuncionario reafirmó su compromiso de “apoyar al Gobierno” y se mostró contento por la “tarea realizada” durante su gestión. 

“Estoy bien, asumiendo que ya no soy jefe de Gabinete, viendo que Argentina sigue un rumbo totalmente claro y esto se verá reflejado en los años venideros”, señaló.

Sobre Manuel Adorni, su reemplazo en la Jefatura de Gabinete, consideró que “puede coordinar el Gabinete sin problemas” y destacó su rol como vocero presidencial.

“Adorni no viene de la política, pero demostró ser un vocero presidencial muy original. Creo que puede coordinar el Gabinete sin problemas. Es jóven y tiene que hacer su experiencia, me parece que lo va a hacer bien”, vaticinó Francos. 

También se refirió al nuevo ministro del Interior, Diego Santilli, de quien afirmó que tiene “mucho oficio” pero, según expresó, a esa experiencia el Gobierno tiene que sumarle “unos mangos”.

“Santilli tiene mucho oficio, pero a ese oficio hay que ponerle unos mangos, porque si no tiene nada para ofrecer es muy difícil. Pero como va a haber obras de infraestructura hechas por concesión, la etapa va a ser distinta y va a poder negociar mucho más ese tema”, dijo el exministro.

En relación con el acuerdo comercial que se negocia con Estados Unidos, respaldó el avance bilateral impulsado por Milei. “Lo que está haciendo el Presidente Milei con el acuerdo que se delineó y va a ir avanzando en distintos aspectos generó la posibilidad de comerciar con Estados Unidos, que es un mercado enorme para la Argentina”, reconoció.

Y añadió: “Más allá de la afinidad ideológica, el presidente advirtió que Argentina es un país estratégico para Estados Unidos y Estados Unidos considera lo mismo de la Argentina”.

Con información de Noticias Argentinas

JIB

El Gobierno Nacional solicitó la devolución de miles de pasaportes pertenecientes a la serie AAL, debido a una falla de seguridad en la fabricación que compromete su validez internacional.

El incidente fue provocado por una partida defectuosa de tinta negra de seguridad, suministrada por un proveedor alemán. Si bien el problema no incluye a la totalidad de las impresiones (se estiman entre 5.000 y 6.000 afectados reales), el RENAPER no tiene certeza de cuáles documentos específicos presentan la imperfección dentro del universo comprometido.

Números afectados

El alerta, reportado inicialmente por el Consulado argentino en San Pablo, afecta a un universo de más de 200 mil documentos que están bajo revisión.

Las numeraciones potencialmente comprometidas son las siguientes:

-AAL314778 hasta AAL346228.

-AAL400000 hasta AAL607599.

-AAL616000 hasta AAL620088.

El Gobierno solicitó a todas las personas con pasaportes dentro de esos rangos numéricos que los presenten al RENAPER (o a los consulados, si residen en el exterior) para su verificación.

Si el documento está correcto, será devuelto. Si presenta la falla de tinta, el RENAPER imprimirá uno nuevo sin costo y lo remitirá al ciudadano afectado. Asimismo, fuentes oficiales afirmaron que la situación productiva “se encuentra resuelta” desde hace varias semanas y continuará con normalidad.

MU con información de la agencia NA

No siempre que algo crece quiere decir que mejora. La cuestión es mirar no tanto la foto sino la película. En julio, el Índice de Confianza en el Gobierno (ICG) que elabora mensualmente la Universidad Torcuato Di Tella mostró un repunte del 4,9% respecto del mes anterior, pero ese dato no alcanza para revertir el diagnóstico más amplio: la confianza en el Gobierno de Javier Milei sigue estancada en un nivel bajo y sin señales claras de recuperación sostenida. El índice se ubicó en 2,45 puntos sobre un máximo de 5, apenas por encima del registro de junio (2,34) y en el mismo nivel que en mayo, lo que marca una oscilación mínima y una consolidación de la meseta.

La variación interanual fue del 3,3%, y el índice se ubicó 9,6% por encima del mismo mes en 2017 (gestión de Mauricio Macri) y 44,3% por encima de julio de 2021 (bajo el mandato de Alberto Fernández). Pero si se toma el promedio acumulado durante los 19 meses de gestión libertaria, el resultado vuelve a dejar en evidencia los límites del actual oficialismo: la media es de 2,50 puntos, por debajo del promedio que acumulaba Macri al mismo tiempo de su mandato (2,59), aunque por encima del de Fernández (2,18).

La recuperación de julio no fue homogénea. El crecimiento del índice se explicó por mejoras en cuatro de los cinco componentes: la Preocupación por el interés general dio un salto del 17,5% (2,11 puntos), y también subieron la Honestidad de los funcionarios (5,2%, 2,82 puntos), la Capacidad para resolver los problemas del país (3,6%, 2,88 puntos) y la Eficiencia en la administración del gasto público (3,0%, 2,42 puntos). Pero el componente clave del índice, la Evaluación general del Gobierno, volvió a caer: bajó un 2,4% y se ubicó en 2,04 puntos. La sociedad, en suma, valora algunos atributos específicos pero mantiene una mirada crítica sobre el rumbo general.

Si se observa la evolución desde diciembre de 2024, cuando el ICG comenzó una curva descendente, se confirma que el Gobierno no logra romper el techo de confianza que se consolidó en torno a los 2,40 puntos. En mayo hubo un rebote, en junio una caída y en julio una suba marginal que no alcanza a mostrar una tendencia clara. El “rebote técnico” de este mes parece responder más a oscilaciones estadísticas que a un cambio real en la percepción social.

Una de las principales críticas que enfrentó el Gobierno de Javier Milei fue la desconexión entre el discurso de eficiencia estatal y los efectos concretos de su política económica sobre la vida cotidiana. Aunque parte de la población valoró la supuesta honestidad y determinación del oficialismo, la percepción general siguió siendo que el Gobierno no logró resolver los problemas estructurales del país, como la inflación, el deterioro del salario real o el aumento de la pobreza. A eso se sumó un estilo de gestión confrontativo, que no mostró capacidad de articulación con otros sectores políticos ni sensibilidad frente a demandas sociales urgentes.

Otra señal de malestar sostenido fue la falta de preocupación por el interés general que muchos ciudadanos aún percibieron. Aunque ese componente del índice subió en julio, siguió siendo el más bajo de los cinco medidos, lo que sugirió que una parte importante de la sociedad no vio en el oficialismo un proyecto colectivo sino más bien una agenda ideológica cerrada. La caída en la evaluación general del Gobierno, a pesar de ciertas mejoras puntuales, indicó que el relato de la “casta contra el pueblo” perdió fuerza cuando no hubo resultados concretos que respaldaran la narrativa libertaria.

Quiénes confían más (y quiénes menos)

En términos sociodemográficos, el patrón de confianza se mantiene estable. Los hombres confiaron más que las mujeres (2,64 contra 2,25), aunque en el caso de ellas la suba fue mayor (6,1% contra 3,1%). El grupo etario más afín al Gobierno sigue siendo el de los jóvenes de 18 a 29 años, con un índice de 2,79 puntos. Le siguen los mayores de 50 (2,53 puntos) y, en último lugar, las personas de entre 30 y 49 años (2,26 puntos), un segmento que se mantiene reacio a la narrativa oficial.

Por zona geográfica, el interior del país volvió a mostrar el mayor nivel de confianza (2,58 puntos), aunque la sorpresa vino desde la Ciudad de Buenos Aires: el ICG subió allí un 16,7%, hasta alcanzar los 2,45 puntos. En el Gran Buenos Aires, en cambio, la mejora fue más modesta (2,19 puntos, +3,8%).

El nivel educativo también mostró diferencias significativas. Quienes alcanzaron estudios terciarios o universitarios fueron los más confiados (2,50 puntos, +7,3%), seguidos por quienes cursaron hasta secundaria (2,45 puntos, sin variación) y finalmente por quienes tienen solo nivel primario (2,15 puntos, +7,5%).

El factor expectativas

Más allá de las características personales, las expectativas económicas marcan la brecha más profunda en la confianza. Entre quienes creen que la situación económica mejorará en un año, el ICG trepó a 4,17 puntos. Entre quienes creen que seguirá igual se ubicó en 2,81 (+21,6%) y entre quienes creen que empeorará fue de apenas 0,55 puntos (+14,6%). Es decir: la percepción sobre el futuro económico se convierte en el principal determinante del respaldo o rechazo al Gobierno.

También influye la experiencia con la inseguridad: quienes no fueron víctimas de delitos en los últimos doce meses mostraron un índice más alto (2,53 puntos) que quienes sí lo fueron (2,23 puntos). Sin embargo, este segundo grupo fue el que más creció en el mes (+19,9%), lo que podría interpretarse como una leve mejora de la imagen oficial incluso entre sectores más críticos.

JJD

Desde hace meses, los miércoles en la plaza del Congreso dejaron de ser un día más de la semana. Un amplio arco de organizaciones de jubiladas y jubilados se congrega frente al Parlamento para reclamar una vida digna en la vejez. Ahora, ese espacio semanal se amplifica en dos iniciativas clave: una campaña por un millón de firmas y una marcha nacional antirrepresiva para el próximo 16 de julio.

Este miércoles 2 de julio, a las 14, se realizará una conferencia de prensa en el Anexo del Congreso —o en la plaza, si no estuviera vallada— para anunciar el nuevo Plan de Lucha de las organizaciones de adultos mayores. Las demandas centrales son un aumento urgente de las jubilaciones, la continuidad de la moratoria previsional y la restitución plena de medicamentos y atención médica en el PAMI y en las obras sociales.

En paralelo, ya se organiza una gran movilización para el 16 de julio a las 16 horas, desde Congreso hasta Plaza de Mayo, bajo el lema #MarchaAntirrepresiva. El llamado se extiende a sindicatos, comisiones internas, organizaciones piqueteras, partidos políticos, centros de estudiantes, agrupaciones de mujeres y disidencias y asambleas barriales.

El eje de la convocatoria es claro: el ensañamiento del Gobierno de Milei, y en particular de la ministra Patricia Bullrich, con las protestas de los jubilados. Según denuncian los convocantes, el protocolo “antipiquetes” ha sido aplicado incluso sobre las veredas, afectando de manera sistemática las rondas y actos que se realizan todos los miércoles en el Congreso.

La represión ya dejó heridos, detenidos y hasta un fotógrafo internado en grave estado: Pablo Grillo. Por eso, entre los puntos principales de la movilización se exige juicio y castigo a los responsables de la violencia policial que lo dejó hospitalizado, y también la abolición del protocolo represivo, la derogación de los decretos DNU 340/25 y DNU 70/24, y de la Ley Bases.

El pliego de reclamos también incluye el rechazo a las nuevas atribuciones de la Policía Federal, la expulsión de los servicios de inteligencia de las universidades y organismos públicos, y un pedido expreso: “Fuera Bullrich”. Además, las organizaciones se pronuncian contra la persecución de referentes políticos, sindicales y estudiantiles, y extienden su repudio a la política exterior, condenando los bombardeos de Estados Unidos sobre Irán y el genocidio del pueblo palestino por parte del Estado de Israel.

Convocan a esta jornada nacional de lucha: la Mesa Coordinadora Nacional de Organizaciones de Jubilados y Pensionados de la R.A., el Plenario de Trabajadores Jubilados, Jubilades PTS + Independientes, Jubiladxs de Izquierda, Unión de Trabajadores Jubilados en Lucha, Jubilados Clasistas, Jubiladxs Anticapitalistas, Jubilados Frente Grande, Jubilados CONAT, el Centro de Trabajadores Jubilados Portuarios, el Encuentro de Jubilados de Asambleas Barriales, Autoconvocadxs Trabajadores, Estudiantes y Jubiladxs, el Movimiento Activo de Trabajadores y Jubilados, Trabajadores Activos y Jubilados, y Jubilados Independientes.

El miércoles 16 de julio será, según aseguran los organizadores, una jornada para visibilizar que la calle sigue siendo un territorio de derechos y no un espacio bajo asedio.

JJD

La aparente estabilidad del Índice de Confianza en el Gobierno (ICG) durante los primeros dieciocho meses de Javier Milei en la Casa Rosada comenzó a resquebrajarse otra vez. Tras un leve repunte en mayo, la medición de junio mostró una caída del 4,6% respecto del mes anterior y situó el índice en 2,34 puntos, casi al mismo nivel que el registrado en abril, el mínimo del año.

Desde diciembre de 2024, el ICG entró en una pendiente descendente que el leve alivio de mayo no logró revertir. Si se toma el promedio general desde que Milei asumió, la confianza se mantuvo en 2,50 puntos, una cifra apenas por debajo del promedio registrado durante la misma cantidad de tiempo del mandato de Mauricio Macri (2,61), pero claramente por encima del del primer año y medio de Alberto Fernández (2,21).

El informe de la Universidad Torcuato Di Tella detalla que los cinco componentes del ICG registraron bajas respecto del mes anterior. La más pronunciada fue en la Preocupación por el interés general, que cayó un 10% y se ubicó en apenas 1,80 puntos. También retrocedieron la Evaluación general del gobierno (2,09 puntos, -5%), la Eficiencia en el gasto público (2,35 puntos, -4,3%), la Capacidad para resolver los problemas del país (2,78 puntos, -4,3%) y, en menor medida, la Honestidad de los funcionarios (2,68 puntos, -0,7%).

La desconfianza creció incluso en los grupos que, hasta ahora, venían siendo los más afines al Gobierno. Por ejemplo, entre los jóvenes de 18 a 29 años, el ICG cayó un 9,2%, aunque sigue siendo el grupo etario con mayor nivel de confianza (2,76 puntos). También hubo disminuciones entre los mayores de 50 años (2,31 puntos, -6,1%) y los de entre 30 y 49 años (2,25 puntos, -0,9%).

En cuanto al género, la confianza fue más alta entre los hombres (2,56 puntos) que entre las mujeres (2,12 puntos), pero en ambos casos el índice cayó, especialmente entre los primeros (-5,5%).

La tendencia también se mantuvo a nivel geográfico. Los habitantes del interior del país mostraron el mayor nivel de confianza (2,49 puntos, -5%), seguidos muy de cerca por quienes viven en el conurbano bonaerense (2,11 puntos, -4,5%) y la Ciudad de Buenos Aires (2,10 puntos, -0,5%).

Una novedad del mes fue la variación según el nivel educativo: por primera vez en varios meses, quienes tienen hasta nivel secundario lideraron la confianza (2,45 puntos, +3,8%), seguidos por quienes tienen nivel terciario y/o universitario (2,33 puntos, -10,4%) y, al final, quienes solo cursaron la primaria (2,00 puntos, +17%).

El informe también reveló que la confianza es significativamente más baja entre quienes fueron víctimas de delitos en el último año (1,86 puntos, -17%) que entre quienes no lo fueron (2,49 puntos, -1,6%).

Por último, las expectativas económicas siguen marcando una fuerte diferencia en la percepción del Gobierno. Entre quienes creen que la situación mejorará en el próximo año, el ICG se mantuvo alto (4,08 puntos, -1,2%). Entre quienes creen que seguirá igual aumentó levemente (2,31 puntos, +3,1%). Pero entre quienes prevén un empeoramiento, el índice fue bajísimo: 0,48 puntos, con una caída del 11,1%.

Pese a la caída de junio, el ICG aún se ubica 2,6% por encima del mismo mes en 2017 durante la presidencia de Macri y 37,1% arriba del de junio 2021 bajo el mandato de Fernández. Sin embargo, el deterioro reciente en todos los componentes del índice empieza a configurar un nuevo desafío para el oficialismo en su relación con la opinión pública.

JJD

En la economía de Javier Milei, lo que se dice y lo que se hace parecen formar parte de universos paralelos. Mientras el secretario de Finanzas, Pablo Quirno, niega rotundamente cualquier intervención en el mercado de cambios, el ministro de Economía, Luis Caputo, reconoce que el Tesoro compró US$200 millones con superávit fiscal. Esa cifra, sin embargo, es apenas una parte: el propio Quirno se encargó de mencionar que el Gobierno adquirió “aproximadamente US$4.000 millones en el último mes” a través de distintas herramientas, aunque insistió en que eso no afectó el tipo de cambio.

La narrativa oficial sostiene que el dólar flota libremente, pero las acciones del Tesoro muestran una estrategia de recomposición de reservas que contradice esa supuesta inacción. Las compras se hacen mediante block trades, Repos, Bontes o venta de activos. Para Quirno, esas operaciones no inciden sobre la cotización. Para los operadores financieros, en cambio, los movimientos fueron tan evidentes que ya se hablaba de intervención antes del reconocimiento oficial.

El dólar oficial ya superó los $1.200, mientras las distintas variantes bursátiles y el informal se alinean en torno a esa misma barrera psicológica. El Banco Nación lo ofrece a $1.205 para la venta. El dólar mayorista se ubica apenas por debajo, y el MEP y el Contado con Liquidación rondan los $1.200. En ese contexto, Caputo sostuvo que la suba es normal y que no responde a movimientos del Gobierno, a pesar de que él mismo haya confirmado una compra de divisas con fondos fiscales.

Cristina Fernández Kirchner aprovechó esa grieta entre relato y realidad para lanzar dardos desde su prisión domiciliaria por la causa Vialidad, en la cual fue condenada por delitos de corrupción. “En 45 días se esfumaron US$4.000 millones”, denunció, y lo atribuyó al levantamiento del cepo, al aumento del déficit de cuenta corriente y a la fuga de capitales. “La macroeconomía está para el tuje y la micro es una tragedia social”, sintetizó la dos veces presidenta de la Nación (2007-2015), dejando en claro que para ella el modelo económico libertario no resuelve ninguno de los problemas estructurales del país.

El diagnóstico de la exmandataria apunta también a los sectores beneficiados: “Hay dos argentinas: una que viaja al exterior y otra que no llega a la comida del mes”. Según Cristina, más del 50% de las familias argentinas no llega a fin de mes y se endeuda para comer, no para consumir bienes durables. A su vez, recordó que Caputo no consiguió que la Argentina fuera recategorizada por los organismos financieros, lo que le impide seguir endeudándose con facilidad. “Bienvenido que no puedan seguir agravando la situación”, ironizó.

También cargó contra el poder judicial y mediático que, en su visión, allanó el camino para la presidencia de Milei. “No sea cosa que tanta inversión en persecución para que Milei llegue a Presidente haya resultado en vano”, advirtió, reintroduciendo su tesis del lawfare como condicionante estructural de la política argentina.

Desde el Gobierno, Quirno ensayó una defensa técnica del desequilibrio externo. Según él, el déficit de cuenta corriente es producto de un aumento de importaciones de bienes de capital y responde a una economía que crece por encima del 5%. Sin embargo, su explicación omite que una parte sustancial del rojo externo se explica por pagos de deuda, turismo y formación de activos externos. Es decir, por mecanismos de salida de divisas que poco tienen que ver con inversión productiva.

JJD, con información de NA.

El Gobierno nacional reactivó el operativo de repatriación de 300 argentinos que se encuentran en Israel en medio del conflicto con Irán.

De acuerdo los datos que fuentes vinculadas a la operación, la operación estará a cargo de Aerolíneas Argentinas que volará con una aeronave Airbus 330-200 hacia Roma, mientras que el gobierno de Israel se encargará de trasladar a los pasajeros con un avión de la empresa El Al hasta la capital italiana.

En el Gobierno finalizaban la confección de la lista de argentinos que integrarán el vuelo, que tiene previsto partir mañana con el regreso previsto para el jueves en horario a confirmar.

La decisión de reactivar el operativo se tomó a partir del alto el fuego dispuesto entre Israel e Irán y la consecuente reapertura del aeropuerto Ben Gurión de Tel Aviv.

MM con información de la agencia NA.

La salida se enmarca en la reformulación del área de Transporte que lidera Federico Sturzenegger desde el Ministerio de Desregulación y Transformación del Estado, e incluye la futura disolución de la CNRT y la posible fusión de distintos organismos vinculados al transporte aerocomercial.

Mogetta, funcionario número 139 que deja el Gobierno, había llegado a la administración nacional por su vínculo con Juan Schiaretti, exgobernador de Córdoba. Según fuentes consultadas por la Agencia Noticias Argentinas, hay posibilidades de que el abogado cordobés compita por las listas libertarias en las elecciones legislativas de la provincia de Córdoba.

“Es probable que sea candidato de La Libertad Avanza (LLA) en Córdoba. Va a tener que mostrarse en Córdoba”, admitió una fuente con acceso al despacho presidencial sobre la salida del funcionariio que se hará efectiva a finales de la próxima semana.

El ministro Caputo también se hizo eco de esa versión y expresó desde sus redes sociales: “Con respecto a la salida del secretario de Transporte, aclaro que Franco ha hecho un gran trabajo y que continúa siendo parte del equipo. Deja su cargo porque es probable que sea candidato de LLA en las próximas elecciones. Su reemplazo será Luis Pierrini”, detalló.

 Desde el entorno del presidente Javier Milei negaron que los rumores de salida se debieran a críticas a su desempeño e incluso se atrevieron a garantizar que estaba “firme” en la administración libertaria.

A través de un comunicado que fue difundido por el vocero presidencial, Manuel Adorni, se aclaró que Mogetta presentó su renuncia “con el objetivo de enfocarse en el proyecto político de LLA”.

“Durante su gestión, Mogetta fue una figura clave para encauzar y reordenar el área de Transporte, enfrentando con solvencia la situación crítica heredada de la administración anterior. Su trabajo fue determinante para reordenar el funcionamiento del sector, priorizando la eficiencia”, destacó el Gobierno.

En la misma línea, subrayó que “Milei y Caputo expresan su profundo agradecimiento por la labor realizada, su compromiso con los objetivos del Gobierno y su valioso aporte en una etapa particularmente desafiante”.

Lo cierto es que el elogiado exfuncionario había autorizado en los últimos días un nuevo aumento de los boletos de colectivos y subtes en el AMBA, que comenzó a regir la semana pasada, y no logró acercar posiciones en la negociación paritaria que involucra a las cámaras empresarias y a la Unión Tranviaria Automotor (UTA), que llamó a un paro de colectivos de 24 horas para el próximo martes, 6 de mayo.

Mogetta había desembarcado en la administración libertaria junto con su coprovinciano, el ex titular de ANSeS Osvaldo Giordano, quien debió dejar su cargo en febrero de 2024, luego de que su esposa, la diputada Alejandra Torres, votara en contra de las facultades delegadas y otros artículos contemplados en la Ley Bases.

Si bien la relación entre la Casa Rosada y el espacio de Schiaretti se tensó en las últimas semanas tras el apoyo del bloque cordobés a la creación de una comisión investigadora sobre el criptogate Libra, que salpica a Milei, Mogetta parecería haber quedado exento.

Desde la cartera de Caputo, quien se encargó en primera persona de designar al reemplazante para la Secretaría de Transporte, aseguran que Mogetta continuará formando parte del equipo.

El sucesor del cordobés es un empresario mendocino, titular de Triunfo Seguros, una empresa fundada por su padre Roberto Pierrini en 1967. La compañía cuenta con 650 empleados y 3.000 productores asociados en todo el país. Su presencia más fuerte es en Mendoza, San Juan, San Luis y Neuquén.

Luis Pierrini, de 56 años, que mantiene un bajo perfil y una estrecha relación con el ministro de Economía, es, además, vicepresidente del club Independiente Rivadavia. Su experiencia también incluye un paso por la Bolsa de Comercio de Mendoza, entre 2011 y 2012.

Pierrini “continuará impulsando las políticas del área conforme a los lineamientos establecidos por el Presidente”, anticipó el Gobierno.

El primer desafío que tendrá será el paro de colectivos convocado por la UTA para el próximo martes, 6 de mayo.

MU/MP con información de la agencia NA

Cinco meses consecutivos de caída configuran un patrón que ya no puede ser atribuido a fluctuaciones coyunturales. La gestión de Javier Milei volvió a perder confianza ciudadana en abril, según el último Índice de Confianza en el Gobierno (ICG) elaborado por la Universidad Torcuato Di Tella. El indicador descendió un 3,7% respecto de marzo y se ubicó en 2,33 puntos sobre 5 posibles, profundizando una tendencia negativa que comenzó en diciembre de 2024.

En términos interanuales, la caída es del 4,8%, y si se compara con abril de 2017 —segundo año de gobierno de Mauricio Macri—, el nivel de confianza actual es 10,7% menor. La comparación histórica también revela que el dato de abril de 2025 es 34,5% superior al registrado en abril de 2021 durante la gestión de Alberto Fernández, pero esa cifra sirve de poco consuelo para un gobierno que atraviesa un desgaste. Sin embargo, cabe tener en cuenta el impacto positivo en la percepción de las personas sobre la marcha del gobierno posterior al levantamiento del cepo cambiario para las personas, una de las principales promesas de campaña de Milei.

La media de confianza en los 17 meses de Milei al frente del Ejecutivo es de 2,51 puntos, una cifra inferior a los 2,63 de Macri en el mismo período de su mandato y apenas superior al 2,26 de Fernández. Desde diciembre de 2024 hasta abril de 2025, la pérdida acumulada en la valoración ciudadana alcanza el 12,4%.

Los números del ICG son duros, pero aún más revelador es el deterioro generalizado en sus cinco componentes. La Capacidad para resolver los problemas del país bajó un 3%, ubicándose en 2,77 puntos, mientras que la Honestidad de los funcionarios retrocedió un 1,5% y quedó en 2,58 puntos. La Eficiencia en la administración del gasto público apenas cayó un 0,2%, hasta 2,35 puntos, pero la Evaluación general del Gobierno se desplomó un 4,9%, quedando en 2,02 puntos. El golpe más fuerte se observó en la Preocupación por el interés general, que sufrió una caída del 9,7% hasta ubicarse en apenas 1,95 puntos.

El estudio, realizado por Poliarquía Consultores entre el 3 y el 11 de abril sobre 1.000 casos en ciudades de más de 10.000 habitantes, también permite observar variaciones según el género, la edad, la región geográfica, el nivel educativo y la percepción sobre la situación económica.

Entre los hombres, la confianza fue mayor (2,61 puntos) que entre las mujeres (2,04 puntos), repitiendo una brecha ya registrada en meses anteriores. Por rango etario, los jóvenes de 18 a 29 años fueron los que mostraron mayor nivel de confianza (2,55 puntos), seguidos por los mayores de 50 años (2,33 puntos) y los adultos de 30 a 49 años (2,27 puntos).

Geográficamente, el interior del país mantiene el mayor nivel de confianza (2,51 puntos, con una caída del 3,5%), mientras que en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires el índice fue de 2,21 puntos (una baja del 6,4%) y en el Gran Buenos Aires de 2,01 puntos (descenso del 2,9%).

El análisis por nivel de instrucción revela contrastes más marcados. Quienes tienen educación terciaria y/o universitaria mostraron un ICG de 2,50 puntos, apenas por encima de los 2,33 puntos de quienes completaron hasta secundaria, aunque estos últimos registraron un aumento del 3,6%. El dato más preocupante es el desplome de 30,2% entre quienes sólo alcanzaron la educación primaria, cuyo índice cayó a 1,41 puntos.

La experiencia de victimización delictiva también incidió en la percepción: quienes no fueron víctimas de delitos en los últimos doce meses marcaron un ICG de 2,43 puntos, frente a los 2,04 puntos de aquellos que sí sufrieron algún hecho de inseguridad.

El termómetro económico ofrece otro ángulo de análisis. Quienes creen que la situación económica mejorará en un año tienen una confianza de 4,09 puntos, pese a una caída del 2,4%. Entre los que consideran que todo seguirá igual, el índice creció 11,0% y llegó a 2,53 puntos. En cambio, para quienes creen que empeorará, la confianza se desplomó hasta apenas 0,45 puntos.

Así, el panorama que presenta el ICG de abril 2025 es el de una sociedad fragmentada, escéptica y, en muchos sectores, abiertamente desconfiada. La caída de la confianza no distingue edades, géneros ni zonas geográficas, aunque sí se ensaña con los más vulnerables en términos educativos y de experiencia con el delito.

JJD