El rey Felipe VI de España reconoció la mañana de este lunes durante una visita a la exposición La mitad del mundo. La mujer en el México indígena, que los conquistadores españoles cometieron abusos y provocaron controversias éticas y morales por su forma de ejercer el poder sobre las poblaciones indígenas de América y señaló la necesidad de tomar lecciones de esta historia compartida.

“Ha habido luchas, digamos, controversias morales y éticas en cuanto a cómo se ejerce el poder desde el primer día, es decir, los propios Reyes Católicos con sus directrices, las leyes de Indias... por el proceso legislativo, hay un afán de protección, que luego la realidad hace que no se cumpla como se pretende y hay mucho, mucho abuso, y también, como decía antes, valorar el hecho de que de ahí, de ese conocimiento, pues nos apreciaremos más”, señalaba el jefe del Estado en una conversación informal con el embajador de México en Madrid, Quirino Ordaz.

Parte de esta conversación, que tuvo lugar durante la visita a la exposición, que fue organizada conjuntamente por el Ministerio de Asuntos Exteriores español y la Secretaría de Cultura del Gobierno mexicano y que se exhibe en el Museo Arqueológico Nacional, fue difundida por la Casa Real a través de las redes sociales. La visita de Felipe VI, sin embargo, no constaba en su agenda oficial.

La cuestión de la petición de perdón a España por parte de México lleva varios años provocando tensiones en las relaciones diplomáticas entre ambos países, desde que el expresidente mexicano Andrés Manuel López Obrador exigiera una petición de disculpa formal por parte del monarca, que fue contestada de manera “poco diplomática” en opinión de las autoridades del país norteamericano.

Tras aquel roce, el rey Felipe VI no fue invitado en octubre de 2024 a la toma de posesión de Claudia Sheinbaum, hecho que la mandataria mexicana justificó por la falta de respuesta de Madrid a la solicitud de perdón. El Gobierno español respondió no enviando a ningún representante, una circunstancia sin precedentes.

La presidenta de México reiteró en el mes de octubre esta exigencia al Estado español, cuando subrayó que compartía la postura de su antecesor y afirmó que el país “todavía sigue esperando esa respuesta”. En aquel momento también cuestionó la reacción de una parte de la población y los medios españoles en lo que calificó como “una campaña que hicieron contra el presidente López Obrador”.

Apenas cuatro días después, el ministro de Asuntos Exteriores, José Manuel Albares, reconocía que existió “dolor e injusticia” con los pueblos originarios de México durante la colonización española y señalaba que era “justo” reconocerlo y “lamentarlo” porque “esa es también parte de nuestra historia compartida y no podemos ni negarla ni olvidarla”. Albares hizo esas declaraciones precisamente en la presentación de esta exposición sobre la mujer en el mundo indígena que acogen el Instituto Cervantes y otras tres sedes madrileñas.

En una nota difundida este lunespor la Casa Real, la institución monárquica apunta que esta exposición, que está disponible en Madrid hasta el próximo 22 de marzo, forma parte de un proyecto binacional “que nace con la aspiración de reforzar los vínculos entre ambos países a través del reconocimiento de la importancia histórica de las culturas originarias” y del papel fundamental de las mujeres en las comunidades indígenas de México. El país mexicano dedicóm el año 2025 a conmemorar la figura de las mujeres de los pueblos originarios.

La jornada laboral máxima en México quedó fijada en 40 horas semanales tras la publicación oficial de la reforma constitucional en el Diario Oficial de la Federación. Desde este martes comenzó a regir un esquema de reducción progresiva que lleva el límite legal de 48 a 40 horas, con implementación gradual hasta 2030. En la Argentina de Javier Milei la situación es completamente opuesta: la legislación continúa en 48 horas, sin chance alguna de que baje a 40 estando en el poder el partido conservador La Libertad Avanza, y el Congreso, a instancias de su gobierno, acaba de sancionar una reforma laboral proempresa, en medio de una ola de despidos, cierres de empresas y reducción del poder de compra.

En México, su presidenta, Claudia Sheinbaum, anunció la medida en una conferencia matutina y confirmó que la reforma se publicó oficialmente. La modificación recibió respaldo unánime tanto de la Cámara de Diputados como del Senado. De ese modo, el cambio quedó incorporado al texto constitucional y adquirió vigencia formal.

La reforma estableció que la reducción se aplicará sin disminución de sueldos, salarios ni prestaciones. También prohíbe las horas extra para menores de edad. Durante el anuncio, Sheinbaum sostuvo que la nueva normativa busca “reducir la fatiga y los accidentes laborales mediante un mayor descanso, mejorando la salud, la seguridad y el equilibrio entre la vida personal, familiar y profesional de los trabajadores”.

En contraste con este propósito del gobierno de Sheinbaum, entre los cambios a la legislación laboral aprobados en la Argentina, uno de los puntos más cuestionados por sectores sindicales fue la incorporación del denominado “banco de horas”. El esquema permite compensar horas trabajadas en exceso con descansos posteriores dentro de un período determinado, en lugar de pagarlas como horas extra en el momento. Sindicalistas advirtieron que el mecanismo puede trasladar al empleador la decisión sobre la distribución del tiempo de trabajo y alterar la previsibilidad de la jornada.

México es la segunda economía de América Latina, solo por detrás de Brasil y por delante de Argentina, que ocupa el tercer lugar en la región. Con más de 120 millones de habitantes, el país estuvo gobernado durante siete décadas por el Partido Revolucionario Institucional (PRI), que articuló un modelo de fuerte presencia estatal y relación corporativa con sindicatos, aunque con control político centralizado. En 2000 se produjo la primera alternancia con el conservador Partido Acción Nacional (PAN), cuyos gobiernos impulsaron una agenda más orientada al mercado y reformas estructurales. En 2018, Andrés Manuel López Obrador fundó y llevó al poder al Movimiento Regeneración Nacional (Morena), con un programa centrado en la ampliación del gasto social, la recuperación del rol del Estado y el fortalecimiento del salario mínimo. Esa línea política continuó con la elección de Claudia Sheinbaum, actual presidenta y referente del mismo espacio.

El Gobierno mexicano fundamentó la reducción de la jornada laboral en recomendaciones internacionales. La medida se apoyó en el Convenio 47 de 1935 y en la Recomendación 116 de 1962 de la Organización Internacional del Trabajo (OIT), que orientaron a los países a adoptar jornadas semanales de 40 horas sin reducción salarial y con diálogo social. Según informó la propia OIT en un reporte regional, en la mayoría de los países de América Latina persistieron límites de 48 horas semanales, aunque algunos avanzaron en reformas recientes.

De acuerdo con la Encuesta Nacional de Ocupación y Empleo citada en la cobertura mexicana, el 36,1% de las personas trabajadoras en México cumplió jornadas de 40 horas o menos, mientras que el 63,9% trabajó más de ese tiempo, especialmente entre 41 y 48 horas semanales o incluso más. El cambio constitucional impacta directamente sobre ese universo mayoritario que superaba el nuevo tope legal. En términos comparativos regionales, la Argentina mantiene el límite general de 48 horas semanales en la normativa laboral vigente.

La reforma mexicana se elaboró tras un proceso de diálogo entre representantes empresariales, sindicales, académicos y trabajadores, otra diferencia con la reforma laboral de Milei, cuya negociación se circunscribió a los gobernadores: plata para las provincias a cambio de votos en el Congreso.

Según la información publicada en México, más de 40 mesas de trabajo reunieron a 2.000 expertos para analizar la viabilidad y el impacto de la medida. El oficialismo presentó ese proceso como la base del consenso legislativo alcanzado.

El avance mexicano se produjo en un contexto regional donde el debate sobre el tiempo de trabajo volvió a cobrar centralidad. El informe técnico de la OIT para el Cono Sur señaló que los efectos de la reducción de jornada dependieron del diseño institucional y de la existencia de medidas complementarias que acompañaron su implementación. En ese sentido, la gradualidad hasta 2030 forma parte del esquema adoptado por México.

La modificación constitucional mexicana no implica, según lo publicado, una baja salarial. Tampoco habilita mecanismos de compensación que extendieran indirectamente la jornada. El núcleo de la reforma fue el reconocimiento del derecho al descanso como garantía constitucional, en línea con estándares internacionales.

JJD

'El Mencho' cayó. Nemesio Oseguera Cervantes era el líder del Cartel de Jalisco Nueva Generación (CJNG), una de las organizaciones criminales más importantes no solo de México, sino del mundo entero. El líder del cartel lo fue todo en el panorama del narcotráfico y el crimen organizado mexicano, tras fundar y llevar a su mayor cuota de poder al CJNG.

¿Y ahora qué? El abatimiento del líder del cartel por parte de las fuerzas mexicanas es de tal relevancia que amenaza con reconfigurar de manera violenta el statu quo del narcotráfico en todo el país.

Esto es así porque muchas de las grandes organizaciones criminales mexicanas se sustentan gracias a alianzas regionales y liderazgos personalistas, pero donde el clan familiar tiene un enorme peso. De hecho, el CJNG había logrado un notable crecimiento en los últimos años a costa de la guerra civil abierta en el rival Cartel de Sinaloa.

La caída de perfiles clave del Cartel de Sinaloa como 'El Chapo' Guzmán y 'El Mayo' Zambada abrió una crisis de enormes dimensiones en su seno, con pugnas descarnadas por la sucesión y control del grupo. En ese contexto, 'El Mencho' aprovechó la ventana de oportunidad para crecer a costa del Cartel de Sinaloa.

La competición por el control criminal de México

No es en absoluto la primera vez que 'El Mencho' se hace fuerte a costa del Cartel de Sinaloa, ya que precisamente el CJNG emerge gracias a miembros del Cartel del Milenio, facción del primero. Y con la implosión del Cartel de Sinaloa, especialmente tras la caída de 'El Mayo' Zambada en 2024, se consolida el poder de Jalisco.

Fueron los 'Chapitos', los herederos de 'El Chapo' Guzmán, los que se acercaron al CJNG cuando se desató la batalla en los últimos dos años frente a la Mayiza, el sector heredero de 'El Mayo' Zambada. La enemistad entre los dos sectores más importantes del Cartel de Sinaloa se saldó con un renovado auge del CJNG.

De esta manera, 'El Mencho' logró una mayor hegemonía criminal en México, de nuevo, a costa de sus rivales. Ya de por sí el CJNG insistió en el establecimiento de alianzas y el apoyo a diferentes disputas en estados cercanos a su feudo, especialmente en Guanajuato, Zacatecas y Michoacán. Algo más alejados de Jalisco, también pudieron penetrar con fuerza gracias a estas estrategias en Tamaulipas y Veracruz.

La difícil sucesión de 'El Mencho' en el CJNG

La caída de 'El Mencho' augura más inestabilidad. Si el CJNG no sobrevive a los siempre traumáticos procesos sucesorios del crimen organizado, la inestabilidad que sobrevoló la implosión de Sinaloa podría trasladarse también a este imperio criminal y a sus socios.

Junto a Oseguera Cervantes se encuentra fuera de combate una parte relevante de sus allegados. Con varios herederos familiares en prisiones estadounidenses —entre ellos su hijo y su hermano— también cayeron en esta operación 'El Sapo' y 'El Tolín'. El primero de ellos, importante peso en Puerto Vallarta, Jalisco, murió junto a 'El Mencho', según las informaciones estatales; mientras que el segundo fue arrestado, de acuerdo con la misma fuente.

“Los Cuinis” también son una facción emparentada con opciones de heredar el peso del CJNG, pero perdieron peso notable frente a nombres propios regionales desde la separación de 'El Mencho' con su esposa, Rosalinda González Valencia.

Pero en función de cómo de tumultuoso sea este proceso, el imperio de 'El Mencho' podría menguar. Y esto podría perjudicar también a los 'Chapitos'. Es decir, 'El Mayito Flaco', heredero de 'El Mayo' Zambada, y algunos clanes aliados en Durango podrían presionar en su disputa por los rescoldos del Cartel de Sinaloa y aprovechar para lanzar ofensivas frente al CJNG en el estado de Zacatecas.

También el territorio controlado por 'El Mencho' en Michoacán podría verse comprometido ante rivales regionales que tenían en común su animadversión al CJNG. E incluso en regiones más lejanas como Chiapas o Tamaulipas podrían desatarse ecos contra la presencia del CJNG o luchas contra sus socios, especialmente gracias a la pujanza del Cartel del Nordeste en el entorno de Nuevo Laredo, en Tamaulipas.

El fin de una generación de delincuentes

Con la caída de 'El Mencho' se profundiza la transformación del panorama criminal en México, que lleva años atomizándose, con una nueva generación de narcos al cargo de distintos clanes y el fin de los carteles de gran tamaño. De hecho, el CJNG carecía de una estructura tan clara como otros carteles y su conformación descentralizada podría tener réplicas en la nueva realidad criminal del país.

Además, la operación en la que murió contó con participación de Estados Unidos en México, junto a la Secretaría de Defensa Nacional. Por lo tanto, Donald Trump podría vender que terminó con uno de los capos que se encontraba (en esta ocasión, sí) al cargo de la producción de fentanilo.

La reacción de los miembros del CJNG y de sus socios llevó a acciones armadas y narcobloqueos en muchas regiones del país, por lo que si la situación escalase, tampoco sería descartable que sirviese de pretexto para una operación de mayor calado por parte de EE.UU.

Existe una importante lucha de facciones también dentro de las fuerzas de seguridad, tanto mexicanas como estadounidenses. Por consiguiente, si se dieran nuevos combates, habría que observar sobre qué fuerzas se concentran los ataques del CJNG. O si emergen diferencias de estrategia a la hora de abrir negociaciones para establecer un nuevo statu quo con las autoridades u otros grupos criminales.

Y también habrá repercusiones sobre el entramado regional, ya que los carteles mexicanos ampliaron notablemente su presencia en rutas y alianzas por todo el continente e incluso en otras partes del mundo. Así que, desde luego, todo cambia con la caída del que hasta la semana pasada podría ser considerado el narco más importante del mundo.

Nacido en 1966 en una comunidad rural en Aguililla, en el estado de Michoacán, Nemesio Oseguera Cervantes, alias El Mencho, se adentró en el negocio del narcotráfico desde su juventud, desde el menudeo —por el que fue encarcelado en EEUU— hasta liderar una de las organizaciones criminales más violentas de México, el Cartel Jalisco Nueva Generación (CJNG).

Tras varias deportaciones de EEUU y un período en prisión, regresó a México en los años 90. Allí se integró en estructuras del narcotráfico vinculadas al Cártel del Milenio, y tras la fragmentación de ese grupo criminal, encabezó la consolidación del Cártel Jalisco Nueva Generación (CJNG), a inicios de la década de 2010.

La trayectoria de Oseguera incluye una serie de calculadas alianzas y traiciones que le permitieron ir ascendiendo en el escalafón del hampa, haciendo uso de una violencia cada vez más descarnada. Por ejemplo, el asesinato, con la aquiescencia del Cártel de Sinaloa, de miembros del cártel de Los Zetas, una organización rival.

Bajo su liderazgo, el CJNG se expandió rápidamente hasta tener presencia en buena parte del territorio mexicano y consolidar rutas internacionales para el tráfico de metanfetaminas y fentanilo hacia EEUU.

Con él al frente, la organización fue acusada de cometer masacres, emboscadas a autoridades y bloqueos coordinados en distintas entidades del país, y se caracterizó por su rápida expansión territorial, su capacidad financiera y el uso de la violencia extrema contra grupos rivales y fuerzas de seguridad.

El especialista en seguridad Eduardo Guerrero afirmó en 2021, según recoge The Guardian, que las autoridades al norte y al sur de la frontera estadounidense consideraban al grupo una amenaza para la seguridad nacional. “Disponen de enormes cantidades de dinero, armas de última generación, grupos paramilitares de estilo militar y vehículos... Y representan un reto muy grave para el Gobierno [mexicano], sobre todo en ciudades pequeñas y medianas, donde un destacamento de 50 operativos del cártel puede derrotar fácilmente a cualquier fuerza policial local”, analizaba.

Entre los episodios de mayor impacto atribuidos a El Mencho destaca el atentado, en junio de 2020, contra el entonces secretario de Seguridad Ciudadana de Ciudad de México (hoy Secretario de Seguridad de México), Omar García Harfuch, cuando un comando armado emboscó su vehículo en una de las principales avenidas de la Ciudad de México, dejando varios muertos y heridos.

También se le atribuyen diversos ataques contra fuerzas federales y estatales en Jalisco y Michoacán, incluido el derribo de un helicóptero militar en 2015, así como bloqueos masivos en distintos estados como respuesta a operativos de seguridad.

El grupo criminal además ha sido vinculado con múltiples masacres y con centros de operación clandestinos, incluido el rancho Izaguirre, en Teuchitlán, Jalisco, hallado en marzo de 2025, así como propiedades aseguradas en el occidente del país señaladas como presuntos centros de adiestramiento.

Para el gobierno de Estados Unidos, Oseguera Cervantes era uno de los narcotraficantes más buscados del mundo. El Departamento de Estado de EEUU ofrecía hasta 15 millones de dólares por información que condujera a su captura, mientras que el Departamento del Tesoro lo incluyó en su lista de capos sancionados por tráfico internacional de drogas.

El cerco de las fuerzas de seguridad venía estrechándose ya sobre la familia de Oseguera Cervantes. Su hijo Rubén, conocido como El Menchito y considerado el número dos de la organización, fue condenado en EEUU en 2024 por conspiración para el tráfico de metanfetaminas y el uso de un arma de fuego.

La caída de El Mencho representa uno de los golpes más relevantes contra el narcotráfico en los últimos años en México, comparable en dimensión a la captura de Joaquín El Chapo Guzmán en 2016.

Con su muerte, el CJNG pierde a su máxima cabeza y comienza una nueva etapa, en medio de dudas sobre cómo se reorganizará y qué efectos tendrá en el crimen organizado en México.

Con información de agencia EFE.

El Senado mexicano aprobó este miércoles por unanimidad y en lo general la reforma que reduce de manera gradual la jornada laboral semanal de 48 a 40 horas, a partir de 2027 y hasta 2030, esto en beneficio de unos 13,5 millones de trabajadores.

Esta reforma fue aprobada con 121 votos a favor y cero en contra, en lo general y en los artículos no reservados, el dictamen que reforma la Constitución en materia de reducción de la jornada laboral, indicó el Senado.

La aprobación en lo general ocurre cuando el Senado avala la totalidad de la reforma constitucional. Los artículos no reservados, en tanto, son aquellos sobre los que no hubo desacuerdos y que los senadores aceptan tal como aparecen en el dictamen, sin necesidad de modificaciones ni de un debate adicional.

La implementación será gradual: una reducción de dos horas por año a partir de 2027 hasta alcanzar las 40 horas en enero de 2030. El año 2026 funcionará como periodo de adecuación para empresas y trabajadores.

La iniciativa establece que la jornada de 40 horas quedará definida en la Constitución y en la Ley Federal del Trabajo, sin que ello implique reducción de sueldos, salarios o prestaciones, y también prohíbe que menores de edad trabajen horas extra.

Asimismo, la iniciativa fue planteada por la presidenta de México, Claudia Sheinbaum, en diciembre y plantea modificar el artículo 123, Apartado A, de la Constitución mexicana estableciendo una implementación gradual entre 2026 y 2030.

El proyecto ya superó el trámite en la Cámara alta y el siguiente paso es su envío a la Cámara de Diputados, última instancia legislativa.

Si bien la reforma fue avalada por unanimidad, la aprobación enfrentó a los senadores del gobernante Movimiento Regeneración Nacional (Morena) y sus aliados de los partidos del Trabajo (PT) y Verde Ecologista de México (PVEM) con los opositores partidos Acción Nacional (PAN) y Revolucionario Institucional (PRI), quienes criticaron fuertemente la modificación al citado Artículo 123 y exigieron de inmediato se aplique la reducción de la jornada laboral.

“Es un acto de justicia para con los trabajadores, sí. Pero a ver también es un acto de justicia a medias”, dijo el senador del PAN, Marko Cortés ante el Pleno del Senado.

“Es una justicia a medias porque en México el 55 % de los trabajadores están en la informalidad, o sea, que esta reforma a más de la mitad de los trabajadores de México no les va a beneficiar absolutamente en nada”, afirmó el senador Cortés.

Y cuestionó “¿por qué esperar hasta el 2030 y no comenzar ya con las 40 horas? Quiero entender que el gobierno pactó con el sector empresarial que fuera así gradual (...) pero entonces díganle a los trabajadores que esta reforma de las 40 horas es hasta el 2030, que podrían, porque tienen la mayoría, hacerla ahora a partir del 2026 y se la está negando a los trabajadores”.

EFE

El escritor mexicano David Toscana fue anunciado como el nuevo ganador del prestigioso Premio Alfaguara de Novela, uno de los galardones más importantes para la literatura de habla hispana por una obra inédita que lleva como título El ejército ciego. La distinción, que le otorgará al autor premiado 175 mil dólares, se anunció hoy en una ceremonia que tuvo lugar en Madrid.

Además del dinero, el escritor será premiado con una escultura y la publicación simultánea del texto a finales de marzo en todo el territorio de habla hispana, según anunciaron los organizadores del premio.

Durante la ceremonia, se reveló que el texto de Toscana resultó ganador entre 1140 manuscritos recibidos para participar del certamen.

El jurado de esta edición fue presidido por el escritor Jorge Volpi y conformado por las escritoras Agustina Bazterrica y Brenda Navarro, el periodista Óscar López, y la programadora cultural Camila Enrich, además de la directora editorial de Alfaguara, Pilar Reyes.

El premio

El Premio Alfaguara de Novela fue lanzado por la editorial, ahora perteneciente a la multinacional Penguin Random House, en 1965. Más de tres décadas después, el escritor y editor Juan Cruz volvió a reeditarlo y desde entonces fueron galardonados escritores y escritoras destacados de las letras hispanoamericanas.

Entre otras y otros, lo recibieron Tomás Eloy Martínez, Manuel Vincent, Elena Poniatowska, Laura Restrepo, Leopoldo Brizuela y Pilar Quintana.

En la edición anterior el autor elegido fue el argentino Guillermo Saccomanno por su libro Arderá el viento.

AL/MC

Cualquier gobierno contrario a Estados Unidos o considerado hostil por la Administración de Donald Trump estará preocupado en estos momentos. Washington ha puesto el punto de mira sobre algunos de ellos y, tras el ataque ilegal de Washington contra Venezuela y el secuestro de Maduro, las amenazas se han intensificado contra algunos vecinos de la región —y otros más lejanos como Dinamarca—.

El presidente de EEUU ha apuntado hacia Cuba y Colombia inmediatamente después del asalto en Caracas. “Si viviera en La Habana y estuviera en el Gobierno, estaría preocupado”, aseguró su secretario de Estado, Marco Rubio, en una rueda de prensa junto a Trump. El propio Trump ha calificado Cuba de “Estado fallido” y ha dicho que se hablará muy pronto de ese país.

Rubio volvió a señalar a Cuba en el programa 'Meet the press' de la cadena NBC News: preguntado por la entrevistadora sobre si el Gobierno cubano sería el próximo objetivo de la Administración Trump, el encargado de la 'diplomacia de las bombas' estadounidense admitió que “el Gobierno cubano es un gran problema”, aunque no quiso hablar sobre los “pasos futuros” que adoptará Washington respecto a ese “problema”.

“No es ningún misterio que no somos grandes admiradores del régimen cubano que, por cierto, es el que estaba sosteniendo a Maduro”, declaró Rubio el domingo, agregando que el aparato de seguridad del presidente venezolano estaba “completamente controlado por Cuba” y sus guardias personales eran cubanos y no venezolanos. De hecho, entre las decenas de fallecidos que ha dejado el asalto de EEUU hay más de 30 militares cubanos asesinados.

Guardias y petróleo cubanos

El canciller venezolano, Yván Gil, informó en un comunicado de que los cubanos asesinados desempeñaban “tareas de protección y defensa institucional” como parte de la “cooperación entre Estados soberanos”. Desde Cuba, el presidente Miguel Díaz-Canel señaló que los militares de su país “cumplían misiones” en Caracas a “solicitud de órganos homólogos de ese país” y el Ministerio de Interior cubano indicó en redes sociales que, entre los fallecidos, hay personal de las Fuerzas Armadas Revolucionarias y de su departamento, donde ejercen también muchos militares, así como miembros de los servicios de Inteligencia, informa la Agencia EFE.

Cuba no es una amenaza existencial para EEUU, pero sí es una piedra en el zapato de Marco Rubio, que viene trabajando para tener a toda América Latina bajo control estadounidense

Jesús A. Núñez — Codirector del Instituto de Estudios sobre Conflictos y Acción Humanitaria (IECAH)

Hace un mes, el periódico The New York Times desvelaba que Maduro había reforzado su seguridad y se estaba apoyando en guardaespaldas y agentes de contrainteligencia cubanos ante el creciente temor a una intervención militar o una traición. Hasta ahora, ni Cuba ni Venezuela habían admitido que guardias cubanos estaban al servicio del presidente venezolano, aunque se sabe que La Habana paga los envíos de petróleo con servicios profesionales, como médicos, profesores y también personal militar, de seguridad personal e inteligencia.

Tras la salida de Maduro de escena y, por tanto, de un importante apoyo para Cuba, Trump consideró que, ante la mala situación económica en la isla, no sería necesaria una operación para acabar con el régimen cubano. “Cuba parece que está a punto de caer. No sé cómo van a poder mantenerse, no tienen ingresos. Recibían todos sus ingresos de Venezuela, del petróleo venezolano”, afirmó el mandatario en declaraciones hechas a bordo del Air Force One el pasado domingo. “No creo que necesitemos ninguna acción”.

Según Jesús A. Núñez, codirector del Instituto de Estudios sobre Conflictos y Acción Humanitaria (IECAH), esa va a ser la estrategia de EEUU para ahogar al régimen cubano: cortar el suministro de crudo desde Venezuela. “El régimen está recibiendo petróleo venezolano prácticamente gratis; si no lo recibe y, encima, tiene que comprarlo, será muy complicado porque no tiene recursos”. El economista y exmilitar considera que Cuba es el siguiente país en la lista de la Administración Trump, aunque no sea “una amenaza existencial para EEUU”, pero sí es “una piedra en el zapato de Marco Rubio, que viene trabajando en la línea de tener a toda América Latina bajo control estadounidense”.

El experto en conflictos dice a elDiario.es que los mensajes de la Administración Trump son claros y no hace falta interpretarlos. Con base en ellos, Colombia y Nicaragua parecen ser los objetivos más inmediatos, después de Venezuela y Cuba, ante una comunidad internacional que no hace nada para frenarlo. “¿Qué freno va a tener Trump, si ya ha dado estos pasos –que suponen violar el derecho internacional y su propia legislación– y ve que no hay consecuencias? ¿Por qué no va a acelerar [sus intervenciones en América Latina]?”, se pregunta A. Núñez.

¿Qué freno va a tener Trump, si ya ha dado estos pasos –que suponen violar el derecho internacional y su propia legislación– y ve que no hay consecuencias?

Jesús A. Núñez — Codirector del Instituto de Estudios sobre Conflictos y Acción Humanitaria (IECAH)

Gustavo Petro, el segundo enemigo

Después de capturar a Maduro, Trump volvió a arremeter contra su otro enemigo del sur, el presidente colombiano, Gustavo Petro. En la rueda de prensa desde Florida volvió a acusar sin pruebas a Petro de estar detrás del tráfico de cocaína: “Entonces será mejor que vigile su culo”, advirtió. Al día siguiente, Trump calificó al jefe de Estado colombiano como un “hombre enfermo”. Uno al que, además, “le gusta producir cocaína y venderla a los Estados Unidos. Y no va a estar haciéndolo por mucho tiempo”, dijo a bordo del Air Force One. 

A esas declaraciones, Petro contestó este lunes a través de su cuenta de X: “Aunque no he sido militar, sé de la guerra y la clandestinidad. Juré no tocar una arma más desde el pacto de paz de 1989, pero por la patria tomaré de nuevo las armas que no quiero”. “No soy ilegítimo, ni soy narco, solo tengo como bien mi casa familiar que aún pago con mi sueldo”, agregó el mandatario colombiano.

La lucha contra el narcotráfico ha sido el eje central de la confrontación verbal entre los dos países que mantuvieron durante décadas una alianza estratégica sin apenas fisuras. El gigante del norte es el gran socio comercial de Colombia y Bogotá ha sido, a su vez, fundamental en la estrategia de seguridad del Pentágono en América Latina.

Petro, lejos de replegarse frente a la gran potencia mundial, ha convertido la coyuntura en una herramienta política y ha devuelto los mensajes insultantes, calificando a Trump de “monstruo”. Sin embargo, la analista y experta en relaciones internacionales Sandra Borda advierte de que, a cinco meses de la primera vuelta de las elecciones presidenciales en Colombia, el mandatario de izquierdas carece de margen de maniobra para ir más allá de esas subidas de tono.

En cuanto a la actitud de Trump, Borda explica: “La amenaza del uso de la fuerza contra Colombia es parte de la estrategia de control de la región. Y aunque suene obvio recordarlo, es una forma de tutelaje selectiva e ideológica que [EEUU] aplica para todos los países”.

La experta dice a elDiario.es que no hay explicación coherente para justificar el indulto que Trump otorgó al expresidente de Honduras, Juan Orlando Hernández, condenado a 45 años por narcotráfico. Aún menos sí, al mismo tiempo, captura y encarcela a Maduro por delitos paralelos. Dentro de ese marco de doble rasero, que Borda cataloga como una 'nueva doctrina Monroe', se desenvuelve la pugna ideológica en el continente.

“Es su forma de lidiar con los países de la región. Lo hizo en Argentina, en México y en Brasil. Su forma de intervención en los procesos políticos y electorales se apoya en el uso de las amenazas y el uso de la fuerza como método de control de los Gobiernos que le resultan adversos en materia ideológica”, concluye la analista. 

La amenaza del uso de la fuerza contra Colombia es parte de la estrategia de control de la región

Sandra Borda — Analista y experta en relaciones internacionales

Una de cal y otra de arena para México

Después del ataque ilegal a Venezuela, Trump volvió a apuntar contra México y su presidenta, Claudia Sheinbaum, a la que acusó de tener “miedo” de confrontar al narco. “Me agrada Claudia Sheinbaum, es una excelente persona. Nos encantaría que México lo hiciera; son capaces de hacerlo, pero desafortunadamente los cárteles gobiernan México”, aseguró ante los medios.

No es la primera vez que Trump lanza a Sheinbaum advertencias directas: “Hay que hacer algo con México”. Y la respuesta de la presidenta ha sido firme y ha rechazado cualquier injerencia extranjera. También ha recordado que la lucha contra el crimen organizado es una responsabilidad del Estado mexicano, no una condición impuesta desde el exterior. “México no es un protectorado ni un patio trasero de nadie”, declaró. 

Este lunes, Sheinbaum indicó que México coopera con el Gobierno de Trump contra el narcotráfico “incluso por razones humanitarias”, pero insistió en que la violencia tiene entre sus causas “la entrada ilegal de armas de alto poder desde Estados Unidos hacia México, así como el grave problema del consumo de drogas en el país vecino”.

La relación entre los dos vecinos ha estado marcada por una tensa ambivalencia. Si, por un lado, Trump ha insistido en que le “agrada” Sheinbaum, por otro, la acusa de ser permisiva. Ese doble discurso —elogio personal seguido de amenazas políticas— ha marcado el tono con otros líderes latinoamericanos.

Sheinbaum, a quien analistas de medios estadounidenses como The New York Times han reconocido su tacto a la hora de gestionar las relaciones con la Casa Blanca, ha llamado a respetar la soberanía de los países y a resolver los conflictos por la vía diplomática y no con amenazas de fuerza. Este lunes, la mandataria se ha referido a la posibilidad de que EEUU intervenga en su país como en Venezuela: “Yo no creo en la invasión, no creo en ni siquiera que sea algo que ellos lo estén tomando muy en serio”. 

El investigador del Centro de Estudios Internacionales de El Colegio de México Juan Cruz Olmedo recuerda que la relación entre México y EEUU es, con diferencia, la más estrecha en la región. Por ello, cualquier tensión se mueve como una onda sísmica en ambas direcciones. En el caso mexicano, las primeras repercusiones serían económicas: entre el 80 y el 90% de sus exportaciones van a EEUU. 

Luego vienen los asuntos humanitarios y de seguridad; el tráfico de drogas y la migración. México se ha convertido en un corredor ineludible de tránsito para migrantes de Centroamérica o Sudamérica en su camino hacia el norte. Este último es un factor de presión enorme, apunta Cruz Olmedo, que ha sido utilizado como moneda de cambio dentro de la política migratoria bilateral.

La estrategia de la presidenta Claudia Sheinbaum ha sido mantener la cabeza fría, evitar las provocaciones y no caer en peleas discursivas. Aunque detrás de esa postura tranquila haya cedido en varios terrenos clave

Juan Cruz Olmedo — Investigador del Centro de Estudios Internacionales de El Colegio de México 

El cóctel entre comercio, narcotráfico y migración se halla en la médula de los roces entre Trump y Sheinbaum. El experto recuerda que el menú de presiones de la Casa Blanca ha abarcado desde la imposición de nuevos aranceles a las importaciones mexicanas, pasando por el uso de su poderío militar o nuevas sanciones migratorias unilaterales.

“Frente a esa incertidumbre, la estrategia de la presidenta Claudia Sheinbaum ha sido mantener la cabeza fría, evitar las provocaciones y no caer en peleas discursivas. Aunque detrás de esa postura tranquila haya cedido en varios terrenos clave, como la política de seguridad y la migración, donde ha endurecido el control en la frontera sur y ha aumentado la cooperación con EEUU en extradiciones y combate al narcotráfico”.

Los aliados de Trump hacen frente común

Algunos gobiernos de Latinoamérica se han mostrado a favor del ataque ilegal de EEUU contra Venezuela y no han mostrado su preocupación por que Washington intervenga en otros países de la región por su cercanía ideológica a Trump.

Desde Argentina, el Gobierno ultraderechista de Javier Milei respaldó el ataque de una potencia global como EEUU a un país del continente americano, abandonando así los principios rectores de la política exterior de Argentina: la autodeterminación de los pueblos y la no intervención en los asuntos internos de otros Estados.

El alineamiento de Milei con Trump –cuya Administración dio un auxilio financiero-político en medio de la campaña para las elecciones legislativas argentinas– empieza a tener consecuencias en el terreno. En una entrevista con el canal de televisión LN+, Milei dio por cierto que Maduro “tiene como fuente de ingresos el narcotráfico del Cártel de los Soles”, una organización de cuya existencia dudan los expertos, y afirmó que en su lugar debería asumir la presidencia Edmundo González Urrutia, a quien definió como “el verdadero presidente”.

Argentina se sumó a la postura de varios países dentro de la Comunidad de Estados Latinoamericanos y Caribeños (Celac) que bloquearon un comunicado conjunto de condena por el ataque de Washington a Venezuela, que había impulsado Colombia, país que detenta la presidencia del organismo. Paraguay, Bolivia, Ecuador, El Salvador y Panamá, gobernados por la derecha, se pronunciaron a favor de la acción ilegal de EEUU.

Además, el Gobierno argentino prepara una cumbre de líderes de derecha al estilo Grupo de Lima para el primer semestre del año en Buenos Aires: “Será una ofrenda de Milei a Trump, para demostrarle que puede ser su representante en la región y que él también tiene algo para aportar en el altar de Washington”, escribió Jorge Liotti, editorialista de La Nación, diario conservador argentino.

Antes del pasado fin de semana, Milei aseguró a la cadena CNN en español que su Gobierno avanza en la conformación de un bloque de países de ultraderecha, integrado por diez miembros que están dispuestos a “abrazar las ideas de la libertad y plantarse frente al cáncer del socialismo”.

Desde Chile –y en contraste con la postura del todavía presidente Gabriel Boric–, el presidente electo, el ultracatólico José Antonio Kast, celebró la detención de Nicolás Maduro como “una gran noticia para la región”.

El ultraderechista chileno afirmó que “los Gobiernos de América Latina deben asegurar que todo el aparato del régimen [chavista] abandone el poder y rinda cuentas”. Kast asumirá la Presidencia el 11 de marzo: ya ha viajado a Argentina y Ecuador y visitará este miércoles Perú en aras de “la coordinación regional” del bloque ultra. El mandatario peruano, José Jerí, cerró las puertas de Perú a venezolanos vinculados al Gobierno de Maduro, en línea con lo que hizo el Ejecutivo de Milei.

“Si no se portan bien, lanzaremos un segundo ataque”, advirtió el domingo el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, a los venezolanos y a su líder interina, Delcy Rodríguez, cuando regresaba en el Air Force 1 a Washington desde su mansión de Mar-a-Lago, en Florida, donde siguió la operación que acabó con la captura de Nicolás Maduro y su esposa.

Trump no solo pidió a Delcy Rodríguez “acceso total” a Venezuela en términos de recursos naturales y de otra índole, amenazando con nuevos ataques de lo contrario, sino que mandó avisos a otros países latinoamericanos o a territorios que quiere anexionarse por una cuestión de “seguridad nacional”.

Es el caso de Groenlandia, territorio autónomo de Dinamarca al que el presidente republicano volvió a señalar en el Air Force 1, donde también envió recados a Cuba, Colombia y México.

Le parece “bien” una intervención en Colombia

Colombia, país que hace frontera con Venezuela, tiene al frente a un hombre, Gustavo Petro, “enfermo”, al que “le gusta fabricar cocaína y mandarla a Estados Unidos”, dijo Trump.

“No va a seguir haciéndolo mucho tiempo, te lo aseguro”, repitió Trump que, preguntado sobre si ello significa que habrá una operación en Colombia por parte de Estados Unidos, se limitó a decir que “le suena bien”, porque en Colombia “han matado a muchas personas”.

Cuba caerá sola

Siguió la prensa preguntando por Cuba, país que “siempre ha sobrevivido gracias a Venezuela”, pero ahora “no recibirá ese dinero y no tendrán ingresos”. “Cuba está a punto de caer”, auguró Trump sobre la isla presidida por Miguel Díaz-Canel.

Y dijo que no se plantea una intervención estadounidense en Cuba porque “simplemente” va a “caer”: “No creo que necesitemos intervenir”.

Incapacidad de México de controlar el narcotráfico

“Sí que hay que ”hacer algo“ con México para combatir el narcotráfico, continuó Trump.

“Hay que hacer algo con México. México tiene que organizarse, porque se están filtrando (los estupefacientes) desde México. Y vamos a tener que hacer algo. Nos encantaría que México lo hiciera. Son capaces de hacerlo, pero desafortunadamente, los cárteles son muy fuertes en México”, afirmó.

Aseguró que ha ofrecido enviar tropas “cada vez” que ha hablado con la presidenta mexicana, Claudia Sheinbaum, una “persona estupenda” que “tiene un poco de miedo sobre los cárteles controlando México”, y que ha rechazado reiteradamente la oferta de Trump enfatizando la soberanía de su país.

Hablar de Groenlandia “en 20 días”

Cuando se le mencionó a Groenlandia, Trump rehúso de entrada hablar de ello. “No quiero hablar de Groenlandia. Hablemos de Venezuela, Rusia, Ucrania... Nos preocuparemos por Groenlandia en dos meses. Hablemos de Groenlandia en 20 días”, deslizó el republicano.

Sin embargo, a renglón seguido añadió: “Necesitamos Groenlandia desde el punto de vista de la seguridad nacional. Es muy estratégica”.

Trump argumentó que la inmensa isla situada entre los océanos Atlántico y Ártico está rodeada de barcos rusos y chinos “por todas partes”.

“Necesitamos Groenlandia desde el punto de vista de la seguridad nacional”, y añadió que Dinamarca “no va a ser capaz” de garantizar esa seguridad.

Trump aseguró que la “gran medida” de Dinamarca para “reforzar” recientemente la seguridad en Groenlandia fue sumar un nuevo “trineo tirado por perros”.

Al ser preguntado por cuál sería la justificación para reclamar Groenlandia, el presidente reiteró no querer hablar de ese territorio danés, aunque insistió en que Estados Unidos lo necesita por “seguridad nacional”.

“Y la Unión Europeo nos necesita para tenerla (la seguridad) y ellos lo saben”, zanjó.

Doctrina Monroe en el nombre de la paz

Trump defendió que la operación llevada a cabo en Venezuela no trató sobre petróleo, sino sobre la “paz en la tierra”.

“Necesitamos paz. Es nuestro hemisferio”, agregó, antes de mencionar la Doctrina Monroe, una política que fue promulgada en 1823 por el entonces presidente estadounidense James Monroe para justificar el intervencionismo de Estados Unidos en todo el continente frente al colonialismo europeo.

“La Doctrina Monroe fue muy importante cuando se promulgó y otros presidentes, muchos de ellos, la perdieron de vista. Yo no. Yo no la perdí de vista. Pero realmente es la paz en la tierra”, concluyó Trump.

EFE

“¿Para qué sirvieron todos esos avances tecnológicos, entonces?”, se preguntó Luiz Inácio Lula da Silva ante el Consejo de Desarrollo Económico y Social Sostenible (CDESS), al proponer reducir la jornada laboral en Brasil. El mandatario defendió el fin de la jornada 6 por 1 —seis días de trabajo y uno de descanso— y llamó a pensar una redistribución del tiempo laboral como respuesta a los incrementos de productividad.

“La producción aumenta, pero los salarios caen. Eso no tiene sentido”, argumentó. Lula no presentó un proyecto de ley, pero instó al Consejo —integrado por empresarios, sindicatos y movimientos sociales— a analizar la viabilidad de bajar la jornada legal, actualmente de 44 horas semanales, a 40. El debate se da en simultáneo con una propuesta de enmienda constitucional que apunta en esa dirección y ya circula en el Congreso Nacional.

El planteo del presidente brasileño se suma a una corriente regional que pone en discusión la duración del trabajo en contextos de automatización, concentración de la riqueza y crisis de bienestar. Apenas un día antes, México oficializó una iniciativa legislativa con alcance histórico: reducir progresivamente la jornada de 48 a 40 horas semanales sin baja salarial ni pérdida de derechos.

“Es un paso firme hacia una vida laboral más justa, digna y equilibrada”, expresó la presidenta del Senado mexicano, Laura Itzel Castillo, al presentar el proyecto de Claudia Sheinbaum. La reforma será gradual —dos horas menos por año entre 2027 y 2030— y fue diseñada tras cinco meses de foros con más de 2.000 actores sociales, incluyendo sindicatos, empresas y académicos.

Mientras Brasil y México avanzan hacia una reorganización del tiempo de trabajo en clave de bienestar, en la Argentina el Gobierno impulsa una reforma laboral en sentido contrario. El presidente Javier Milei, con el respaldo de Patricia Bullrich en el Senado, propone flexibilizar convenios colectivos, facilitar despidos y eliminar derechos adquiridos. Los gremios rechazaron el proyecto por considerarlo “inconstitucional, antisindical y regresivo”.

En México y Brasil, el foco está en distribuir mejor el tiempo generado por el crecimiento tecnológico. En Argentina, en cambio, la reforma oficialista busca reducir costos laborales sin contemplar el impacto social. Lula recordó que, cuando era sindicalista, 40.000 trabajadores producían 1.200 autos; hoy 12.000 fabrican el doble. “¿Por qué no se redujo la jornada?”, preguntó. Su respuesta: redistribuir ese excedente en tiempo libre para el pueblo.

El Consejo asesor convocado por Lula elaborará propuestas que luego pueden ser tomadas como base legislativa. Aunque sin fuerza de ley, el gesto presidencial instala el tema en la agenda pública y consolida una perspectiva común con México: priorizar la salud mental, el equilibrio vital y los derechos laborales en el marco de un nuevo contrato social.

JJD

México y Argentina atraviesan realidades opuestas en materia de política salarial. Mientras el Gobierno de Claudia Sheinbaum acordó con sindicatos y empresarios un aumento del 13% en el salario mínimo para 2026, en Argentina el Consejo del Salario fracasó por falta de acuerdo y el Gobierno impuso por decreto un incremento muy inferior, sin respaldo sindical ni consenso tripartito.

La Confederación Patronal de la República Mexicana (Coparmex) respaldó el ajuste anunciado esta semana, que llevará el salario mínimo nacional de 278,8 a 315,04 pesos diarios (US$17,26). El acuerdo incluye un componente inflacionario del 6,5% y un “monto independiente de recuperación” que refuerza el poder adquisitivo, con el objetivo explícito de que el salario cubra el 100% de la línea de bienestar.

“Es una decisión histórica y consensuada que fortalece el ingreso sin afectar la estabilidad del empleo formal”, señaló la Coparmex en un comunicado.

En Argentina, aumento sin acuerdo y por debajo de la inflación

En cambio, en Argentina, el Consejo del Salario fracasó la semana pasada, cuando empresarios ofrecieron una suba de apenas $4.000 sobre los $322.200 congelados desde agosto. La CGT rechazó la propuesta oficial y exigió una recomposición del 71,6% para acercar el salario mínimo a la Canasta Básica Total, hoy ubicada en $1.176.852.

Frente al desacuerdo, el Gobierno impuso de manera unilateral un cronograma de aumentos por decreto, que llevará el salario mínimo a $376.600 en agosto de 2026, un incremento interanual del 17% y apenas un 3,9% de suba en el primer mes, muy por debajo de la inflación proyectada.

“El laudo impuesto consolida una pérdida salarial incompatible con una vida digna”, denunció la CGT. La central obrera remarcó que la decisión del Ejecutivo “desconoce las necesidades básicas de millones de trabajadoras y trabajadores” y no se corresponde con los niveles de pobreza ni con el costo de vida real.

Dos caminos, dos modelos

El contraste entre ambos países vuelve a poner en primer plano las diferencias de enfoque político. En México, el aumento salarial fue definido en el marco del Consejo Nacional de los Salarios (Consami), tras más de 40 foros con participación de más de 2.000 representantes, incluidos gremios y empleadores. En Argentina, en cambio, los acuerdos tripartitos están quebrados y el Gobierno deslegitima la participación sindical en la negociación de los pisos salariales.

La iniciativa mexicana además contempla aumentos diferenciados para la frontera norte, donde el salario mínimo alcanzará 440,87 pesos diarios (US$25,15), con el objetivo de evitar desigualdades territoriales y acompañar el costo de vida local.

En paralelo, el gobierno de Sheinbaum propuso una reforma constitucional para reducir la jornada laboral de 48 a 40 horas semanales entre 2027 y 2030, también con respaldo de empresarios, bajo un esquema progresivo que incluye a las mipymes.

Una política salarial al servicio del trabajo

En México, el objetivo declarado es que para 2030 el salario mínimo supere en 2,5 veces el valor de la canasta básica, lo que implicaría una mejora real del poder de compra y una estrategia de redistribución con consenso social.

En Argentina, por el contrario, el salario mínimo se mantiene como un umbral desconectado de la realidad, que no llega a cubrir ni un tercio de una canasta básica para una familia tipo. Aun así, sigue siendo una referencia clave para programas sociales, prestaciones por desempleo y convenios colectivos.

Los dos gobiernos enfrentan contextos económicos distintos, pero la diferencia no es solo macroeconómica: es política. En uno, el salario se negocia; en el otro, se impone. En uno, se piensa en términos de bienestar; en el otro, en términos de recorte.

JJD

El presidente de EEUU, Donald Trump, aseguró este lunes que no descarta una acción militar contra Venezuela. A pesar de haber planteado una posible vía diplomática con el presidente del país, Nicolás Maduro, el día anterior. Trump sostuvo que “probablemente hablaría” con Maduro, pero subrayó que no descarta la posibilidad de una acción militar en territorio venezolano.

Horas más tarde, Maduro declaró estar abierto al diálogo con el gobierno de Trump.

“No lo descarto nada”, dijo Trump en el Despacho Oval, un día después de haber insinuado la posibilidad de tener “conversaciones” con Maduro. Sin embargo, Trump eludió las preguntas sobre si Maduro podría decirle algo que llevara a EEUU a dar marcha atrás en su ofensiva militar.

“Le ha hecho un daño tremendo a nuestro país”, afirmó Trump, vinculando a Maduro con el narcotráfico y la migración desde Venezuela, “veremos qué pasa”.

Estados Unidos intensificó la presión en los últimos días, designando como organización terrorista a un supuesto cartel de los Soles que, según afirma, está liderado por Maduro y otros altos miembros del gobierno venezolano. Además, el portaaviones USS Gerald R. Ford y los buques de guerra que lo acompañaban llegaron ya al Caribe este fin de semana.

La Administración Trump afirma que sus acciones son una operación antidrogas destinada a detener el flujo de narcóticos hacia ciudades estadounidenses, pero suponen un ejercicio de presión creciente contra Maduro.

Maduro logró acuerdos en el pasado con Estados Unidos y la oposición política venezolana, especialmente en los dos años previos a las elecciones presidenciales de julio de 2024. Dichas negociaciones dieron como resultado acuerdos destinados a allanar el camino para unas elecciones libres y democráticas, pero Maduro se proclamó vencedor sin mostrar las actas electorales que avalaran su victoria y la derrota de la oposición liderada por Edmundo González.

Entre las concesiones que EEUU hizo a Maduro se encontraba la aprobación para que la gigante petrolera Chevron Corp. reanudara la extracción y exportación de petróleo venezolano.

Durante su programa de televisión semanal del lunes, Maduro respondió a Trump afirmando: “Los países y gobiernos libres solo deben entenderse mediante la diplomacia. Quien quiera dialogar encontrará en nosotros gente de palabra, gente decente y gente con la experiencia para liderar Venezuela”, dijo. Y añadió en inglés: “Diálogo, sí. Paz, sí. Guerra, no. Jamás, jamás, guerra”.

Trump se abre a intervenir en México

El presidente de EEUU tampoco descartó una posible acción militar en territorio mexicano.

“¿Querría yo ataques en México para detener el narcotráfico? Por mí, de acuerdo, lo que sea necesario para detener el narcotráfico”, dijo Trump: “No estoy contento con México”.

Trump afirmó que el gobierno estadounidense tiene corredores de narcotráfico desde México “bajo control militar”, y dijo que también le gustaría atacar las “fábricas de cocaína” de Colombia.

“¿Si destruiría esas fábricas? Me enorgullecería hacerlo personalmente. No dije que lo haría, pero me enorgullecería”, afirmó.

Asociaciones civiles anunciaron este jueves una iniciativa para medir la pobreza y evaluar los resultados de impactos de programas y políticas sociales en México, ante la desaparición del Consejo Nacional de Evaluación de la Política de Desarrollo Social (Coneval).

El Consorcio por la Medición y la Evidencia está integrado por el Instituto de Investigaciones para el Desarrollo con Equidad (EQUIDE), de la Universidad Iberoamericana de México (Ibero); en conjunto con las organizaciones México Evalúa, México ¿cómo vamos?, el Centro de Estudios Espinosa Yglesias y el Instituto Mexicano para la Competitividad y Acción Ciudadana Frente a la Pobreza.

La iniciativa busca monitorear de manera independiente las mediciones de pobreza y las evaluaciones de la política social del Gobierno de México, tras la reciente extinción del Coneval, organismo autónomo que desde 2014 desempeñó dichas funciones, las cuales ahora asumirá el Instituto Nacional de Estadística y Geografía (Inegi).

Graciela Teruel, investigadora del EQUIDE de la Ibero, expuso en una conferencia de prensa que el objetivo del consorcio es fortalecer la “legitimidad de los datos” y ampliar las perspectivas hacia la “mejora de las decisiones públicas”, expuso.

“Lo que buscamos es doble: Primero, asegurar que la medición de pobreza siga siendo replicable, transparente y técnicamente sólida. Y segundo, promover una evaluación seria y continua de la política social utilizando nuevas herramientas, metodologías innovadoras y perspectivas multidisciplinarias”, señaló Teruel.

Asimismo, destacó que la desaparición del Coneval “representó una enorme pérdida institucional”, ya que “su capacidad técnica, su independencia y su papel como contrapeso en la medición de la pobreza y la evaluación de programas sociales fueron fundamentales para asegurar que las decisiones de política pública se tomaron con base en datos rigurosos, y no en cálculos políticos”.

Fernanda García, directora de Sociedad del (IMCO), remarcó la importancia de que “la evidencia siga siendo el eje de las mediciones de política pública” para “garantizar los derechos sociales y por el impacto en la política social en la sostenibilidad de las finanzas públicas”.

“Hoy, la política social exige precisión, y por eso, la rigurosidad y la transparencia son principios indispensables”, subrayó.

Por su parte, Rogelio Gómez Hermosillo, presidente ejecutivo de Acción Ciudadana Frente a la Pobreza, detalló que una de las primeras acciones del consorcio será presentar un análisis independiente a la Encuesta Nacional de Ingresos y Gastos de los Hogares (ENIGH) del Inegi, que está próxima a publicarse.

Esto “con el objetivo de comprender a fondo las dinámicas económicas y sociales de los hogares mexicanos, así como la evolución de las carencias y de la pobreza multidimensional en el país”, apuntó.

“Desde cada organización realizaremos análisis propios como un ejercicio de complementariedad y de monitoreo ciudadano y académico, con la intención de aportar insumos adicionales al debate público y la formulación de la política social. Este ejercicio busca contribuir a fortalecer la confianza en los resultados oficiales que se presenten”, agregó, al leer un pronunciamiento colectivo.

El Coneval era el organismo autónomo responsable de medir la pobreza y evaluar las políticas sociales en México desde 2004. La decisión, impulsada por el oficialismo y defendida por la presidenta Claudia Sheinbaum, incluye la transferencia de esas funciones al Instituto Nacional de Estadística y Geografía (Inegi), bajo el argumento de unificar metodologías y aprovechar las capacidades técnicas del instituto.

La medida fue cuestionada por especialistas, exfuncionarios y organizaciones sociales, que alertaron sobre los riesgos de concentrar funciones sin asegurar la autonomía técnica e institucional que caracterizaba al Coneval.

Advirtieron además que el Inegi, aunque robusto en encuestas y estadísticas, carece de atribuciones legales para evaluar políticas públicas y podría perderse el enfoque multidimensional de la pobreza que desarrolló el organismo disuelto.

Aunque Sheinbaum sostuvo que la decisión no implica el abandono de la medición de la pobreza, sino su integración a un órgano con mayor alcance estadístico, la disolución del Coneval representa un retroceso institucional según sus críticos. La experiencia mexicana, que fue tomada como referencia por varios países latinoamericanos, pierde así un organismo pionero en el monitoreo independiente de la política social.

JJD, con información de EFE.

Televisa, la principal cadena de televisión de México y uno de los conglomerados audiovisuales más grandes e influyentes en el mundo hispanohablante, ha sido revelada como el núcleo de una red dedicada a la desinformación, noticias falsas y campañas de difamación, tanto en televisión como en plataformas digitales. Según una investigación de Aristegui Noticias, altos funcionarios políticos y judiciales de México habrían colaborado en estas operaciones.

La investigación se basó en una filtración de 5 terabytes de archivos internos de Televisa, conocidos como #TelevisaLeaks, que exponen la creación de una unidad llamada Palomar, encargada de fabricar y manipular noticias para atacar adversarios. Los documentos incluyen chats comprometedores de ejecutivos, accionistas y empleados, así como imágenes, videos y directivas de campañas de desprestigio.

Uno de los protagonistas de la filtración es Arturo Zaldívar, expresidente de la Corte Suprema y actual colaborador de la presidenta Claudia Sheinbaum.

Publicada desde el 27 de octubre, la investigación detalla cómo Televisa intervino en asuntos políticos y empresariales durante seis años, desde el lobby para monopolizar los derechos de transmisión del fútbol hasta la injerencia en la selección de candidatos para la Corte Suprema. Se destaca la fabricación de acusaciones falsas de abuso sexual infantil para presionar a un juez federal, utilizando empleados de la cadena que se hicieron pasar por padres afectados.

En 2023, su CEO Emilio Azcárraga Jean —heredero del imperio familiar— fue vinculado al #FIFAgate, un caso de corrupción. Entre sus accionistas destaca David Martínez, dueño del 7,8% de las acciones y socio del Grupo Clarín en Telecom. Una de las campañas de Palomar buscó ocultar la responsabilidad de Martínez en el colapso de una línea de metro en Ciudad de México (2021), que dejó 26 muertos, desviando las culpas hacia Carlos Slim.

Televisa también opera servicios de cable, internet y telefonía, además de producir contenidos para terceros. Asociada a Univisión en EE.UU., el conglomerado controla el Club América, el Estadio Azteca y Editorial Televisa, entre otros negocios.

MU

Un ciudadano mexicano de 24 años fue detenido en el estado de Sonora, México, acusado de grooming a menores de edad en Argentina y otros países. La detención fue posible a partir de una investigación coordinada entre autoridades judiciales y fuerzas de seguridad de Argentina, México, España, Colombia y Venezuela.

La investigación se inició tras una denuncia elevada por el Centro Especializado en Cibercrimen de Ameripol, que alertó sobre la presencia de víctimas en territorio argentino.

El caso es similar al que se cuenta en la serie Atrapados protagonizada por Soledad Villamil.

La Unidad Fiscal Especializada en Delitos y Contravenciones Informáticas (UFEDyCI), encabezada por la fiscal Daniela Dupuy, tomó intervención para identificar a posibles víctimas y al sospechoso.

A partir de entrevistas con los padres de dos menores de Argentina, de 10 y 11 años, se confirmó que habían sido contactados por un adulto a través de medios digitales. Con esta información, la fiscalía dispuso medidas para establecer la identidad del agresor, obtener registros de conexión y coordinar con agencias internacionales.

El trabajo conjunto permitió identificar un total de 14 víctimas en cinco países. Con esa evidencia, las autoridades mexicanas emitieron una orden de detención y allanaron el domicilio del imputado, donde se secuestraron dispositivos electrónicos que ahora están siendo peritados.

La causa quedó a cargo de la Fiscalía General del Estado de Quintana Roo, donde también se localizó a una de las víctimas. El detenido fue imputado por delitos relacionados con la trata de personas agravada por la edad de las víctimas, con una pena prevista de entre 15 y 30 años de prisión. Permanece bajo prisión preventiva mientras avanza la investigación.

MM

La secretaria de prensa de la Casa Blanca, Karoline Leavitt, aseguró que Donald Trump accedió a la petición de los tres fabricantes de automóviles de Detroit de eximir del pago de aranceles a los vehículos que crucen las fronteras estadounidenses con México y Canadá.

“Hablamos con los tres grandes concesionarios de automóviles. Vamos a dar una exención de un mes para cualquier automóvil que llegue a través de USMCA”, aseguró Leavitt, en referencia al Acuerdo Estados Unidos-México-Canadá que rige el comercio entre las naciones.

Los aranceles entrarán en vigor el 2 de abril, aseguró Leavitt, “pero a petición de las empresas asociadas con USMCA, el presidente les está dando una exención por un mes para que no estén en desventaja económica”.

Trump aseguró que habló por teléfono este miércoles con el primer ministro canadiense, Justin Trudeau. “Me preguntó qué se puede hacer sobre los aranceles”, aseguró Trump, que culpa sin pruebas a Canadá de la epidemia de fentanilo que afecta a EE.UU. Trump cree que Trudeau “no hizo lo suficiente” y aseguró que la llamada terminó “de forma más o menos amistosa”

Los aranceles del 25% para México y Canadá entraronen vigor a la medianoche de este martes, tras finalizar la tregua de un mes que Donald Trump había concedido. En esta ocasión, no hubo margen para acuerdos de última hora, a diferencia del pasado mes de febrero, cuando ambos países lograron posponer in extremis la aplicación de las tarifas. Era un escenario que Trump ya había descartado horas antes, cuando, desde la sala Roosevelt de la Casa Blanca, aseguró: “Las tarifas están listas. Entrarán en vigor mañana (martes)”.

La entrada en vigor de los impuestos a las importaciones de ambos países vecinos dinamita décadas de libre comercio entre Estados Unidos, México y Canadá. El presidente canadiense, Justin Trudeau, ya anunció que impondrá aranceles a productos estadounidenses en respuesta. Se espera que estos impuestos afecten a unos 100.000 millones de dólares en importaciones de EEUU.

La Casa Blanca también envió un memorándum en el que informa de la imposición de un 10% adicional a los aranceles que ya se aplicaban a China desde el mes pasado. Así, tal como ya había anunciado el presidente, a partir de hoy el gravamen a las importaciones chinas será del 20%. El documento vincula el aumento de la presión comercial sobre Pekín con su “fracaso” a la hora de frenar la llegada de fentanilo a Estados Unidos.

“Determiné que la República Popular China (RPC) no tomó medidas adecuadas para mitigar la crisis de drogas ilícitas mediante acciones de aplicación de la ley en cooperación, y que la crisis descrita en la Orden Ejecutiva 14195 no disminuyó”, expone el texto, sin aportar datos sobre la entrada de fentanilo en el país durante el último mes ni sobre las acciones tomadas por el gobierno chino. Cuando se aplicaron inicialmente los aranceles del 10% en febrero, Trump aseguró que en “24 horas” llamaría a su homólogo chino, Xi Jinping. No se volvió a saber nada más sobre esa llamada.

Minutos después de que las tarifas entraran en vigor, el Ministerio de Finanzas chino anunció que impondrá aranceles adicionales de entre el 10% y el 15% a determinados productos estadounidenses a partir del 10 de marzo. China ya había aplicado una primera tanda de aranceles a productos importados de EEUU como respuesta a los primeros gravámenes de Trump.

Las acciones en las bolsas de China y Hong Kong cayeron este martes tras la entrada en vigor de los nuevos aranceles de EEUU. El índice de referencia chino CSI300 bajó un 0,3% al cierre de la sesión matutina. Horas antes, cuando Trump confirmó todo el paquete arancelario para China, Canadá y México, el índice bursátil Dow Jones se desplomó más de 700 puntos.

Trump sacude los mercados utilizando las medidas proteccionistas como su principal arma diplomática, vinculando los aranceles con la llegada de fentanilo y los cruces fronterizos. Sin embargo, se prevé que estos aranceles también tengan duras consecuencias para los consumidores estadounidenses. Muchos ciudadanos votaron por Trump en noviembre creyendo que reduciría el costo de la vida. Ahora, todo indica que ocurrirá lo contrario.

La entrada en vigor de estos nuevos aranceles marca así el inicio de la guerra comercial que Trump decidió declarar al mundo. Se trata del primer paso de un conflicto arancelario que podría escalar aún más con las tarifas recíprocas que el presidente estadounidense pretende aplicar al resto de países, siendo la Unión Europea el principal objetivo. Trump, que también atacó el IVA europeo, anunció su intención de imponer aranceles generales del 25% a los productos de la UE.

La industria del automóvil, primera damnificada

La aplicación de los aranceles sobre las importaciones mexicanas y canadienses tendrá un fuerte impacto en la economía estadounidense, especialmente en la industria automovilística. Muchas compañías estadounidenses fabrican sus vehículos en México o en otros países para reducir costos. De hecho, la producción de automóviles estadounidenses en territorio mexicano es posible gracias a un acuerdo comercial negociado por Trump durante su anterior mandato.

Aun así, el gobierno de Trump sigue presentando los aranceles como una política ganadora. Este lunes, el presidente anunció que la compañía taiwanesa de chips TSMC invertirá 100.000 millones de dólares para construir una planta de fabricación en Arizona. Durante la rueda de prensa, el secretario de Comercio, Howard Lutnick, calificó la inversión como un triunfo de las medidas proteccionistas. Según Lutnick, TSMC tomó la decisión porque “quiere evitar los aranceles”, en referencia a las tarifas recíprocas.

Desde hace días, la confusión y el caos rodean la aplicación de los aranceles en México y Canadá. La semana pasada, Trump generó falsas expectativas al mezclar los aranceles contra sus vecinos con los de la UE y sugerir que entrarían en vigor el 2 de abril. Esta declaración dio a entender que su gobierno concedía un mes más de gracia a sus principales socios comerciales. Tras la apreciación del peso mexicano y del dólar canadiense frente al dólar estadounidense, un funcionario de la Casa Blanca tuvo que aclarar que los aranceles entrarían en vigor el 4 de marzo y que solo entonces se evaluaría la posibilidad de modificaciones o nuevas treguas. Al día siguiente, Trump corrigió sus propias declaraciones en Truth Social y anunció que, además del 25% de aranceles desde el 4 de marzo, aplicaría un 10% adicional a China.

La confusión no terminó ahí. El domingo por la noche, Lutnick admitió en Fox News que las entradas fronterizas habían disminuido (una de las exigencias vinculadas a los aranceles) y que México y Canadá estaban considerando imponer aranceles a China, como exige EEUU. Por ello, dejó entrever que las tarifas podrían ser inferiores al 25% y que aún cabía la posibilidad de una nueva tregua.

El pasado mes de febrero, la presidenta mexicana, Claudia Sheinbaum, logró apaciguar a Trump con la promesa de enviar más soldados a la frontera. Por su parte, el primer ministro canadiense, Justin Trudeau, calmó al magnate comprometiéndose a nombrar un “zar del fentanilo” y firmando una nueva directiva de inteligencia sobre el crimen organizado y el tráfico de drogas, con la que destinaría 200 millones de dólares a la lucha contra esta sustancia.

La cantante mexicana Paquita la del Barrio, intérprete de 'Rata de dos patas', falleció este lunes a los 77 años. La triste noticia fue confirmada a través de un comunicado en su cuenta de Instagram oficial. 

“Con profundo dolor y tristeza, confirmamos el sensible fallecimiento de nuestra querida ‘Paquita la del Barrio’, en su hogar en Veracruz, siendo una artista única e irrepetible, que nos dejara una huella imborrable en el corazón de todos los que la conocimos y disfrutamos de su música”, comienza el escrito. 

La familia de la artista pidió respeto en este difícil momento: “En este momento de gran dolor pedimos de la manera más respetuosa a todos los medios de comunicación y a la opinión pública que nos brinden espacio y comprensión para que su familia pueda vivir su duelo en privacidad y paz”, agrega.

Finalmente, despide a la cantante con un agradecimiento: “Agradecemos de antemano su comprensión y respeto en este momento tan difícil. Descansá en paz, tu música y tu legado vivirá siempre en nuestros corazones”. 

Francisca Viveros Barrada, su nombre verdadero, nació en Veracruz el 2 de abril de 1947 y desde su juventud mostró un interés en la música, lo que la llevo a participar de los festivales del colegio a su corta edad. Paquita carecía de recursos económicos, por lo que a su corta edad se vio obligada a trabajar y por ello, terminó sus estudios primarios a los 16 años. 

Las letras y canciones de la mexicana retratan a la perfección lo que fue su vida y la violencia que vivió por parte de los hombres. Entre sus clásicos están; Rata de dos patas, Tres veces te engañe, Azul celeste y Cheque en blanco.

MM con información de la agencia NA.

El presidente estadounidense Donald Trump anunció el acuerdo con la presidenta mexicana, Claudia Sheinbaum, y el primer ministro canadiense, Justin Trudeau, para pausar la imposición de los aranceles del 25% a las importaciones de ambos países.

En efecto, el primer ministro canadiense anunció que Trump pospondrá los aranceles del 25% sobre las importaciones canadienses durante “al menos 30 días mientras trabajamos juntos”.

“Canadá está asumiendo nuevos compromisos para designar un zar del fentanilo, incluiremos a los cárteles en la lista de terroristas, garantizaremos vigilancia permanente en la frontera y lanzaremos una fuerza de ataque conjunta Canadá-Estados Unidos para combatir el crimen organizado, el fentanilo y el lavado de dinero. También he firmado una nueva directiva de inteligencia sobre el crimen organizado y el fentanilo y la respaldaremos con 200 millones de dólares”, ha asegurado Trudeau en una publicación en la red X.

Se trata de la segunda llamada que mantuvieron los dos mandatarios, después de haber tenido una primera conversación este lunes por la mañana, sobre la cual no ninguna de las partes quiso hacer declaraciones públicas. 

Después de esa primera llamada, los periodistas le preguntaron a Trump sobre como Trudeau podría convencerlo de eliminar los aranceles del 25%. El republicano respondió: “No sé… Lo que me gustaría es que Canadá se convirtiera en nuestro estado número 51”. Una vez más, Trump insitió en sus ansias expansionistas sobre su vecino del norte. 

La llamada con Trudeau, llega después de que Trump anunciara el acuerdo con su homóloga mexicana, Claudia Sheinbaum, para pausar la imposición de los aranceles del 25% a las importaciones mexicanas a cambio del despliegue “inmediato” de “10,000 soldados mexicanos a la frontera que separa México y Estados Unidos”. 

“Además, acordamos pausar de inmediato los aranceles previstos por un período de un mes, durante el cual llevaremos a cabo negociaciones encabezadas por el secretario de Estado Marco Rubio, el secretario del Tesoro Scott Bessent y el secretario de Comercio Howard Lutnick, junto con representantes de alto nivel de México”, ha escrito el republicano en su red social Truth. Y ha añadido que espera “participar en esas negociaciones con la presidenta Sheinbaum mientras intentamos lograr un ”acuerdo“ entre nuestros dos países”. 

Paralelamente, Sheinbaum anunció que “se ponen en pausa los aranceles por un mes a partir de ahora”. “Sostuvimos una buena conversación con el presidente Trump con mucho respeto a nuestra relación y la soberanía, y llegamos a una serie de acuerdos”, dijo la presidenta de México.

En el mensaje, Sheinbaum, también informó de su compromiso para “reforzar la frontera norte con 10.000 elementos de la Guardia Nacional de forma inmediata, para evitar el tráfico de drogas de México a Estados Unidos, en particular fentanilo”. En paralelo, EEUU “se compromete a trabajar para evitar el tráfico de armas de alto poder a México”. Aunque Trump no hizo ninguna mención sobre este apartado. 

“Nuestros equipos empezarán a trabajar hoy mismo en dos vertientes: seguridad y comercio”, afirmó la presidenta. 

No se especificó por ninguna de las dos partes que criterios se aplicarían para volver a imponer los aranceles una vez se agote el plazo de un mes. 

El presidente estadounidense había firmado los aranceles el sábado para que entraran en vigor a partir de este martes. Como respuesta, la presidenta mexicana también había anunciado que tomarían medias “arancelarias y no arancelarias” a la guerra comercial iniciada por Trump.

La aplicación de los aranceles sobre las importaciones mexicanas habría tenido fuertes repercusiones sobre la cesta de la compra de los ciudadanos norteamericanos, pero también para la industria automovilística de EEUU.

Muchas compañías automovilísticas de Estados Unidos fabrican sus coches en México o en otros países para reducir costes. Lo cierto es que la fabricación de coches norteamericanos en territorio mexicano es posible gracias a un acuerdo comercial negociado por Trump durante su anterior presidencia.

El republicano había vinculado la imposición de los aranceles a la inmigración y la llegada de fentanilo a través de la frontera sur, a pesar de ser dos cuestiones que no tienen nada que ver con las tarifas comerciales.

Los aranceles preocupan a México por ser el mayor socio comercial de Estados Unidos, con un valor de exportaciones a ese país de 490.183 millones de dólares en 2023, casi el 30% del producto interior bruto (PIB) mexicano, según un reporte del Instituto Mexicano de Competitividad (IMCO).

La Casa Blanca confirmó este viernes que empezará a aplicar a partir de este sábado 1 de febrero los aranceles del 25% sobre los productos de México y Canadá, así como el 10% sobre China. La medida, confirmada por la secretaria de prensa Karoline Leavitt, ya la había anunciado Trump el pasado mes de noviembre. 

“A partir de mañana, estos impuestos estarán vigentes”, explicó Leavitt en conferencia de prensa. “Estas son promesas hechas y promesas cumplidas por el presidente”. El jueves por la tarde, Trump planteó la posibilidad de aplicar excepciones a las importaciones de petróleo canadiense y mexicano, pero hoy la secretaria de prensa se abstuvo de hacer comentarios sobre la cuestión.

Cuando hizo el anuncio, a través de su red Truth Social, el presidente vinculó la imposición de los aranceles a la llegada de migrantes y fentanilo a Estados Unidos. “Este arancel permanecerá en vigor hasta que las drogas, en particular el fentanilo, y todos los inmigrantes ilegales detengan esta invasión a nuestro país. Tanto México como Canadá tienen el derecho y el poder absoluto de resolver fácilmente este problema”, escribió en su momento el magnate, que prometió aplicarlos el primer día que llegara a la Casa Blanca.

El republicano aplicó la misma lógica para China, a la que acusó de no haber frenado suficiente el tráfico de fentanilo hacia Estados Unidos. 

México y Canadá son dos de los principales socios comerciales de Estados Unidos, por lo que la aplicación de los aranceles comerciales tendrá un fuerte impacto en la economía norteamericana y el efecto inmediato que se puede esperar es un aumento de los precios. Una de las principales razones por la que mucha gente votó a Trump en las elecciones fue con la creencia que el costo de la canasta de la compra disminuiría. Trump así lo prometió. 

La aplicación estos nuevos aranceles para México y Canadá supondrá infringir el tratado firmado con estos países en 2020. El presidente favoreció este nuevo acuerdo que sustituyó el NAFTA (North American Free Trade Agreement) de 1994 que el republicano criticó durante su anterior campaña electoral. El tratado debe revisarse en 2026 y el equipo de Trump ya estuvo considerando posibles cambios para evitar que China use a México como base desde donde exportar sus vehículos eléctricos, aceros y otros bienes hacia Estados Unidos. 

El presidente convirtió los aranceles en su principal carta dentro de la política internacional. No solo amenazó con usarlos contra sus vecinos para solucionar problemas que no tienen ningún tipo de relación, sino que hizo lo mismo con China, Rusia y Colombia, siendo este último el caso más reciente. 

Trump amenazó con imponer aranceles ante la negativa del presidente colombiano, Gustavo Petro, de aceptar la deportación de 160 connacionales. Petro se negaba a ello por el trato que se les daba a las personas, siendo repatriadas con dos aviones militares y esposados. Al viejo estilo del republicano, el conflicto diplomático se desencadenó a golpe de tuit y fue desenredado en cuestión de horas.

La semana pasada, Trump también amenazó a Rusia a través de un post de Truth Social con “altos niveles de impuestos, aranceles y sanciones a cualquier” producto ruso si el presidente Vladímir Putin no hace “una oferta” paz un acuerdo de paz en Ucrania.

La aplicación de los aranceles, también es vista por Trump como una manera para impulsar la economía americana. Durante su intervención en Davos, el presidente advirtió que si no se fabrican los productos dentro de territorio estadounidense, se tendrán que pagar aranceles. “Si no fabricás tu producto en Estados Unidos, lo cual es tu prerrogativa, entonces, muy simple, tendrás que pagar un arancel”, afirmó el republicano, que también anunció “la mayor desregularización de la historia” y el “mayor recorte de impuestos”. Todo con el fin de convertir el país en un destino atractivo para las empresas. 

Ahora bien, parece que no todos los miembros del nuevo gobierno comparten la misma visión sobre los aranceles. Las medidas proteccionistas fueron objeto de críticas veladas por parte de los titulares del Tesoro y Comercio. El secretario del Tesoro, el gestor de fondos de cobertura Scott Bessent, dijo a sus inversores a principios de 2024 que el efecto inflacionista de los aranceles “fortalecería el dólar, lo que difícilmente es un buen punto de partida para un renacimiento industrial en Estados Unidos. 

Howard Lutnick, el nuevo secretario de Comercio, cuando Trump hizo el primer anuncio sobre los aranceles, intentó quitarle hierro diciendo que las amenazas de aplicar tarifas a las importaciones son solo una “estrategia de negociación”. 

Después de tres bajadas consecutivas de los tipos de interés, la Reserva Federal optó por la prudencia y anunció este miércoles que mantendría el precio del dinero a la espera de ver como la nueva administración aterriza sus políticas económicas. 

Los incendios en Los Ángeles, California, están alcanzando niveles alarmantes. Mientras tanto, los países latinoamericanos no están exentos de vivir una situación similar. En la Patagonia, al otro extremo del continente, el fuego arrasó con más de 10 100 hectáreas desde que comenzó el verano austral, afectando al Parque Nacional Nahuel Huapi, entre otras áreas. En Chile, los incendios forestales en lo que va del 2025 causaron la muerte de tres brigadistas.

Estos no son los primeros siniestros de grandes dimensiones que ocurren en aquella región de Estados Unidos, sin embargo, una particularidad los ha puesto en el foco internacional: los incendios pasaron de ser forestales a convertirse en urbanos, como también ocurrió en Chile en 2024. Y no se detienen. En menos de un mes, el fuego en Los Ángeles —desde que estalló el 7 de enero de 2025—, provocó no sólo la destrucción de más de 14 000 hogares e infraestructura, sino la irreparable pérdida de casi una treintena de vidas humanas.

En 2024, Bolivia, Chile, Colombia, Ecuador, México, Paraguay, Perú y Argentina fueron afectados por incendios que provocaron muertes y arrasaron con los bosques y su biodiversidad, incluso llevando a algunos de sus gobiernos a declarar la situación de desastre nacional.

¿Qué tan preparada está la región para enfrentar los incendios en 2025? A decir de los expertos en el tema, lo que está ocurriendo es una alerta generalizada que no se debe desestimar. Se trata de un llamado especial de atención para los gobiernos latinoamericanos, comúnmente rebasados en capacidades, para trabajar en la prevención, en destinar recursos suficientes a las estrategias de manejo del fuego y al combate oportuno de incendios forestales. Sobre todo, en una época donde los efectos del cambio climático —como vientos más fuertes, temperaturas elevadas y sequías prolongadas —están combinándose con las acciones humanas y los fuegos provocados, generando incendios con resultados catastróficos.

“Hay una transformación del ambiente en el que se propaga el fuego y las cosas se complican ahora bajo los efectos de la alteración del clima a escala planetaria”, dice Enrique Jardel, especialista mexicano en el manejo de fuego y profesor del Departamento de Ecología y Recursos Naturales de la Universidad de Guadalajara.

“Llevamos medio siglo hablando de manejo del fuego, igual que se viene hablando de planeación urbana, de control de la expansión desordenada de las ciudades y de acciones para mitigar el cambio climático”, continúa Jardel. “Ahora se presenta una situación en la cual estos factores se están combinando y vemos ese triste y mal ejemplo de los incendios en Los Ángeles, que ocurren en una región densamente poblada, que ha pasado por una transformación significativa del paisaje y que, por las características de su clima y vegetación, podemos decir que es uno de los ambientes más inflamables del mundo”, añade.

“Desde luego que es una lección que debemos aprender, porque pueden producirse condiciones similares en América Latina”, sostiene el experto.

Mongabay Latam conversó con especialistas para explicar la compleja situación. Este es el panorama latinoamericano, visto desde México, Colombia, Argentina, Chile y Bolivia.

Argentina: un frágil sistema de manejo del fuego

Desde inicios de 2025, Argentina enfrenta tres incendios forestales de importantes magnitudes en la región patagónica. En la localidad de Epuyén, provincia de Chubut, el fuego ha consumido aproximadamente 3000 hectáreas de bosques. Según reportaron diversos medios argentinos, para el 20 de enero del 2025, las llamas ya habían destruido al menos 50 viviendas y obligaron a más de 200 familias a evacuar la zona ubicada en el extremo sur del país.

Mientras tanto, otro incendio que inició a finales de diciembre pasado en el Parque Nacional Nahuel Huapi no ha podido ser extinguido. A la fecha, arrasó con más de 5.000 hectáreas de esta reserva boscosa cercana a la frontera con Chile. La situación es crítica. La combinación del clima seco, la falta de lluvias, los fuertes vientos y una débil capacidad de respuesta gubernamental han complicado el panorama.

“Argentina no pareciera estar preparada a nivel provincial ni a nivel nacional para un escenario de crisis climática que pone mucho más en riesgo —sobre todo, en la época de verano>— a los bosques andino patagónicos”, afirma Hernán Giardini, coordinador de la campaña de bosques de Greenpeace Argentina.

A finales de enero se sumó un tercer foco de incendio en la zona que alcanzó 2000 hectáreas de bosques nativos y pastizales en la provincia de Chubut, en la comuna rural Doctor Atilio Oscar Viglione, explica Giardini.

El especialista sostiene que estos incendios son una muestra de la fragilidad del sistema de manejo del fuego en el país. “A nivel nacional, los recursos para todo el tema del medio ambiente han sido disminuidos. Hay una decisión política de no poner mucho dinero en el medio ambiente, que va a repercutir a mediano plazo, por ejemplo, con los brigadistas que están en una situación de fragilidad laboral”, explica Giardini.

Los brigadistas no tienen contratos permanentes y son pocos en comparación con las áreas que se deben atender. Cada vez que se presenta un incendio, se deben movilizar otros grupos de brigadistas desde otras provincias a las zonas afectadas.

Giardini destacó la necesidad de una mayor inversión en prevención de incendios e infraestructura de respuesta rápida, así como una legislación más estricta para penalizar la destrucción forestal intencional. “Se deben aumentar significativamente —tanto a nivel provincial, como a nivel nacional— los esfuerzos en prevención, en infraestructura para el ataque rápido de fuego”, dice.

El especialista plantea que es necesario que “el Congreso de la Nación trabaje en proyectos que han quedado, en muchos casos, sin avances para la penalización por la destrucción ilegal de bosques, ya sea por conversión con deforestación o con incendios. Esa sería otra herramienta importante para frenar a aquellos que están tratando de destruir a los dos bosques ilegalmente”, concluye Giardini.

Colombia: los riesgos de combatir el fuego

El año recién empieza y en Colombia las altas temperaturas y la temporada seca ya encendieron las alertas de amenaza de incendios para 304 municipios, ubicados mayormente en la región Andina, según reportó el Instituto de Hidrología, Meteorología y Estudios Ambientales (Ideam) en su informe más reciente, publicado el pasado 20 de enero. Esto, de acuerdo con las autoridades, se debe a que actualmente el país presenta poca nubosidad y lluvias, así como temperaturas máximas y alta radiación solar, factores que han secado la vegetación convirtiéndola en material potencialmente inflamable.

“Los grandes vientos y las zonas previamente deforestadas pueden hacer que, con la biomasa seca y acumulada, lista para ser quemada, se propague rápidamente el fuego”, señala Rodrigo Botero, director de la Fundación para la Conservación y el Desarrollo Sostenible (FCDS). “Que yo conozca, no hay ningún país en Latinoamérica con sistema de quemas controladas para reducción de biomasa vegetal”, sostiene.

De acuerdo con Botero, la Unidad Nacional para la Gestión del Riesgo de Desastres (UNGRD) de Colombia ha mostrado tener una buena capacidad para obtener y brindar información. Este organismo posee un sistema de monitoreo no solamente de incendios, sino de otros riesgos naturales y que a su vez está conectado con las instituciones ambientales, ministerios, autoridades territoriales y con los cuerpos de bomberos departamentales y municipales.

Sin embargo, el país se enfrenta a un problema mayúsculo cuando se trata de enfrentar incendios de mayores dimensiones. “Su grandísimo talón de Aquiles es, realmente, que todavía es un sistema muy rudimentario, manual, donde dependemos de los apoyos de la Fuerza Aérea que tiene algunas aeronaves dispuestas para ese efecto. Se requiere del desarrollo de una aeroflota de control de incendios robusta, permanente e independiente de las Fuerzas Militares”, explica Botero.

Durante la temporada de incendios forestales de 2024, el Gobierno declaró una situación de desastre y calamidad, que “marcó un punto crítico para Colombia, con un incremento significativo en la frecuencia y severidad de estos eventos debido a las altas temperaturas globales”, reconoció la UNGRD en un comunicado publicado el 17 de enero.

Actualmente, anunciaron estar en preparación para proteger áreas fundamentales durante 2025, particularmente, con planes de respuesta específicos para los parques nacionales considerados vulnerables, como El Tuparro, Isla Salamanca, Cinaruco, Sumapaz y la Sierra Nevada de Santa Marta.

Sin embargo, Rodrigo Botero remarcó que Colombia presenta una problemática particularmente grave y distinta a otros países de la región: la presencia de incendios en zonas dominadas por los grupos armados y que ponen en riesgo la integridad de los cuerpos de bomberos.

“Este es un país en donde se dan incendios y campos minados a la par, es gravísimo, imagínate el nivel de riesgo”, dice Botero. “Es de tal gravedad el asunto, que inclusive el tema ha sido tratado en las mesas de negociación y de diálogo para incluir el protocolo explícito de cesar las hostilidades contra el personal que atiende desastres naturales, incluyendo los incendios. Me parece que eso es un precedente mundial importantísimo”, sostiene el especialista.

Otro asunto que considera importante, es señalar que en Colombia hay una minimización del delito de incendios provocados en el código penal. “Tiene que haber un escenario de tipificación legal para el manejo del fuego y para su tipificación como delito en aquellos casos que se ha comprobado la premeditación y el daño alevoso a los recursos naturales y los servicios ambientales”, concluye.

México: el manejo del fuego, una conversación pendiente

En México, los registros de la Comisión Nacional Forestal (Conafor) indican que 2024 fue uno de los años más devastadores para el medio ambiente. Fueron más de 1.6 millones de hectáreas consumidas por los 8002 incendios registrados en los 32 estados de la República, sin excepción.

De acuerdo con la Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales (Semarnat), los últimos tres años el país ha pasado por un prolongado período de sequía, sumado a una variación climática que ha favorecido temperaturas más altas. Los primeros incendios del 2025 ya se están haciendo notar. En lo que va del año, se han registrado 46 incendios forestales en siete entidades federativas, arrasando con una superficie de más de 522 hectáreas, de acuerdo con el Servicio Meteorológico Nacional (SMN).

Enrique Jardel, especialista mexicano en el manejo de fuego, señala que México, igual que muchos otros países del mundo, ha seguido una política de supresión del fuego, casi siempre respondiendo de manera reactiva a los incendios, movilizando combatientes y cada vez invirtiendo más en tecnología con maquinaria y aeronaves.

Aunque considera que ha habido avances en las capacidades para combatir incendios, para Jardel la conversación sobre el manejo del fuego basada en principios ecológicos aún está pendiente en muchas zonas del país.

“Este es un tema que queda un tanto relegado en medio de la política ambiental y forestal que, de por sí, están siempre en un plano secundario”, afirma Jardel. “Aunque ha habido momentos en los cuales han aumentado presupuestos, la tendencia de los últimos años es a ir reduciendo parte de los recursos aplicados a estas cuestiones”.

Además, sostiene que “paralelamente, hay una mayor transformación del paisaje, más gente viviendo en contacto con las áreas forestales y cambio climático, y lo que observamos durante el último sexenio fue prácticamente que se triplicó la superficie incendiada en relación al promedio de los 30 años anteriores”, afirma el especialista.

Con esta tendencia hacia una mayor superficie afectada por los incendios, Jardel sugiere prestar particular atención al manejo de las tierras forestales para lograr actividades efectivas de prevención y control de incendios, a través del manejo ecológico del fuego.

“Es un proceso social y, desde luego, implica una política bien diseñada”, concluye el especialista. “Esperemos que en esta administración [federal] se fortalezcan estos temas y que no sigan siendo relegados a un segundo o tercer plano porque al final de cuentas de ahí dependen los recursos, depende el abastecimiento de agua de las ciudades y de la agricultura y, desde luego, la conservación de biodiversidad, así que es un tema prioritario”.

Chile: consecuencias sobre la vida humana

Actualmente, en Chile existen 74 focos de incendios, de los cuales 11 están aún en combate, 29 controlados y 34 extinguidos, explica Estefanía González, subdirectora de Campañas de Greenpeace Chile, en entrevista con Mongabay Latam. Las tareas para combatir el fuego le han costado la vida a tres brigadistas privados, que trabajaban para la empresa Servicios Forestales Nacimiento. Sus muertes ocurrieron el domingo 19 de enero, mientras combatían un incendio forestal en la Región de La Araucanía.

“La situación ha sido bastante compleja , especialmente en la zona centro y centro sur del país, que es la más afectada ahora y también históricamente”, agrega. “Algunos de los incendios de mayor complejidad están ocurriendo en la región de la Araucanía, en la comuna de Los Sauces, con más de 400 hectáreas quemadas, y en la Región Metropolitana, en la zona de El Canelo, con más de 100 hectáreas afectadas”, afirma González.

La temporada de incendios se puede extender hasta abril y mayo, por lo cual aún es temprano para hacer balances, sostiene. Por ello, la especialista también pide poner especial atención a las zonas de interfaz urbano-rural y a las zonas con plantaciones de pinos y eucaliptos, que son altamente combustibles.

“Esperamos que los esfuerzos de prevención funcionen, que exista una rápida respuesta a los siniestros y se disponga de todos los recursos para combatir los focos que se generen”, concluye.

Bolivia: al calor de la emergencia

Marlene Quintanilla considera que los incendios en Bolivia se experimentan de manera tan descontrolada que, cada año, son más voraces que el anterior. “El año 2024 fue catastrófico”, afirma la ingeniera forestal y directora de investigación y gestión del conocimiento de la Fundación Amigos de la Naturaleza.

“Se incendiaron 10 millones de hectáreas, de las cuales una parte muy importante se ha desarrollado en bosques y en áreas que, en años anteriores, no identificamos que podrían quemarse; inclusive las zonas transicionales de la Amazonía han sido arrasadas por el fuego”, dice la experta.

Esta situación incluso orilló al gobierno boliviano a declarar “desastre nacional” en septiembre de 2024, con el objetivo de canalizar ayuda internacional y la transferencia de recursos económicos a las regiones más afectadas. Este pasado reciente pone en alerta respecto al año que recién empieza, considera Quintanilla.

“Ha habido avances muy leves en temas de planear cómo vamos a afrontar un año más de incendios, todo está al calor de la emergencia y esto es algo que se invita a cambiar en el país”, asevera. “Evidentemente este es un año particular de más desafíos donde el contexto económico del país está también en una condición difícil y distinta a la de hace tres años, donde teníamos una condición económica en la que se podría haber asignado recursos. Este es un año económicamente más complejo para el país”, afirma Quintanilla.

Ante la falta de recursos, lo mejor es reforzar la prevención. “Desde la política tenemos que proteger más ecosistemas y más bosques, porque son los que mitigan los efectos del cambio climático”, dice Quintanilla.

Además, es urgente endurecer el marco normativo de las leyes para sancionar de manera ejemplar los incendios provocados por los humanos. “No hay sanciones realmente ejemplares para disminuir esta presión”, considera la especialista. Mientras esto no mejore, agrega, seguirá habiendo personas que utilicen el fuego para tomar y habilitar tierras, con incendios que no sólo se dan en el lugar que les interesa quemar, sino que se expandirán con los vientos y la temperatura que se da por efectos del cambio climático.

“En Bolivia no tenemos la preparación y la economía suficiente como para atender estos megaincendios que se han dado en la gestión pasada”, concluye la experta. “Atender la prevención sería el área más importante y el marco normativo es clave para ello”.

ED