El político y economista Ernesto Samper llegó al poder en 1994 de la mano del Partido Liberal, de corte socialdemócrata en Colombia, después de una segunda vuelta en la que ganó al conservador Andrés Pastrana. Los cuatro años de su Gobierno tuvieron como principal logro haber creado un sistema de identificación de potenciales beneficiarios de programas sociales, todavía vigente, para ayudar a la población más empobrecida. En 2014, Samper tomó protagonismo regional al convertirse en el secretario general de la Unión de Naciones Suramericanas (Unasur), cargo que ocupó hasta 2019.

Hoy el expresidente de Colombia cree que la victoria de la izquierda de Gustavo Petro en su país responde a la movilización de una parte de la sociedad que estaba marginada.

¿Cómo analiza el resultado del domingo?

Es un resultado histórico, es la confirmación de la victoria de medio país que está buscando ser reconocido desde hace muchos años frente a otro país, que quería permanecer por las buenas o por las malas.

¿Qué tipo de cambio representa Gustavo Petro?

Un cambio dentro de la Constitución gracias a la democracia y con posibilidades de representar en términos sociales y económicos una diferencia respecto al modelo que llevábamos hasta el momento.

¿Cuáles son los elementos que explican esta victoria después de varias derrotas?

Pues en primer lugar, es un país que está buscando ser reconocido y reivindicado. Un país que, gracias a los Acuerdos de Paz, se pudo movilizar libremente, sin ser estigmatizado ni criminalizado por la supuesta relación con la lucha armada. En segundo lugar, el final de una era de más de dos décadas de presencia del uribismo en el poder, que logró sin duda consolidar una fuerza de derecha que antes no existía en Colombia. De tal manera que aquí lo que hay es la expresión legítima y democrática de dos fuerzas en contienda: una fuerza progresista y una fuerza defensora del statu quo. Por eso ganó Petro, porque representa al nuevo país.

¿Qué papel jugó Francia Márquez en la construcción de la victoria?

Un papel definitivo. Si el Pacto Histórico, que apoyó a Petro como resultado de la unión de la izquierda, ha sido una propuesta coherente desde el punto de vista ideológico, Francia representó el corazón de esa propuesta. El corazón es un corazón sufrido, una persona que ha sido victimizada, que representa una zona de conflicto, una mujer que ha sido de alguna manera humillada y que representa a los afrodescendientes y a la mujer cabeza de familia. En fin, ella es una mujer emblemática.

¿Cómo imagina la relación con el Congreso?

No me preocupa. Creo que por primera vez en la historia del país, el sector progresista consiguió un 30% de la cuota del Congreso. Hay todavía sectores de centro izquierda que podrían sumarse a esta alianza.

¿Podrá el Pacto Histórico formar una gran coalición que respalde las iniciativas del Gobierno desde el Congreso?

Creo que no vamos a asistir a una relación de alianzas clientelares o burocráticas, sino a una relación de alianzas temáticas, es decir, a mayorías por temas, especialmente en temas económicos como la reforma fiscal y otros relacionados con el avance social. De alguna manera, esas iniciativas que ha planteado Petro apuntan a toda la población como la aprobación de una renta básica y la superación de la pobreza extrema, que afecta a más de siete millones de colombianos.

¿Quién o qué sector liderará la oposición a partir del 7 de agosto?

Por un lado, habrá una coalición de Gobierno, que ya se está insinuando dentro de los sectores progresistas junto a algunos sectores de centro. Por el otro, habrá una coalición de oposición, de la derecha, que también es una coalición respetable y que tendrá la oportunidad de probar que las fórmulas que no pudieron legitimar a través de las elecciones son válidas en el Congreso. Va a estar interesante el debate.

AGB

Colombia le negó este martes el ingreso al dirigente social argentino Juan Grabois, quien formaba parte de una delegación de observadores con la misión de relevar la situación de derechos humanos en medio de la represión de las protestas que sacuden al país latinoamericano.

“Detenido y agredido nuevamente por un gobierno autoritario. Ahora en un cuartito. Esperando. Mis compañeros argentinos y colombianos intentando resolver afuera ¡No tenemos miedo! La Patria Grande está de pie”, escribió en Twitter Grabois, miembro del Dicasterio para el Servicio del Desarrollo Humano Integral del Vaticano, antes de que las autoridades migratorias colombianas lo obligaran a subir a un vuelo para salir del país.

Poco después, el mismo Grabois contó en la misma red social que lo subían a un vuelo con destino a Perú: “Me han retenido la documentación y el equipaje. Me suben custodiado a un vuelo a Lima, sin explicación de mi ulterior destino. Son tiempos de cambio para América Latina. Nada va a ser fácil. Pero despertamos. Adios Colombia ¡Fuerza!”

Expresidente colombiano Samper criticó la deportación

El expresidente colombiano Ernesto Samper (1994-1998) rechazó esta tarde la deportación de Grabois. “Migración Colombia acaba de deportar al ciudadano argentino @JuanGrabois, quien viene presidiendo una delegación de líderes de derechos humanos del Sur. Grabois es miembro del Consejo Asesor (Dicasterio) del @Pontifex_es y muy cercano al presidente @alferdez. ¡Que error!”, dice el tuit de Samper. El ex mandatario colombiano, quien también fue secretario general de la Unasur, arrobó en su mensaje al papa Francisco y al presidente argentino, Alberto Fernández.

La misión de observadores que partió desde Argentina llegó este martes a Colombia para relevar la situación de derechos humanos en medio de las protestas.

“Todos pasamos con la misma documentación, las mismas cartas de invitación y venimos en el mismo vuelo y al único que apartaron fue a Juan. No le dieron ningún argumento, dijeron que el país es soberano y decide quién entra y quién no, y lo apartaron a otro cuarto”, explicó a Télam uno de los miembros de la misión, Gonzalo Armúa del movimiento Patria Grande.

En su Twitter, la misión de observadores informó que Ismael Jalil, abogado de Correpi, fue “demorado” por asumir la defensa de Grabois.

La idea de la delegación argentina es permanecer en Colombia hasta el 2 de junio, y visitar, además de Bogotá, otras ciudades donde se registraron movilizaciones muy nutridas, pero también de las que acumulan más denuncias por abusos de las fuerzas de seguridad.

En las últimas tres semanas, al menos 42 manifestantes murieron, cientos fueron heridos y otro tanto fue denunciado como desaparecidos en medio de una política de represión policial a las protestas que aún continúa.

Integran la misión representantes de varias organizaciones, entre ellas el Servicio de Paz de Justicia (Serpaj), la Asamblea Permanente por los Derechos Humanos (APDH), la Coordinadora contra la Represión Policial e Institucional (Correpi), la Asociación Americana de Juristas (AAJ), el Frente de Organizaciones en Lucha (FOL) y la Asociación de Trabajadores del Estado (ATE).

El objetivo final del viaje es que el grupo pueda “elaborar un informe minucioso que, de corresponder, tienda a visibilizar y denunciar (las violaciones a los derechos humanos) a nivel nacional e internacionalmente tal como prevé el protocolo de Estambul suscripto por el propio Estado colombiano”.

En la delegación están Leonardo Pérez Esquivel (ATE); Sergio Maldonado; Alejandro Rusconi (AAJ); Marianela Navarro y Sebastián Fernández (FOL); Laura González Velasco (Somos-Barrios de Pie); Pablo Pimentel (APDH); Gonzalo Armúa (Patria Grande); Martín Ferrari (Frente Darío Santillán); Ismael Jalil (Correpi); y Teri Mattson (Codepink Women for Peace).

Además, viajaron Pablo Garciarena (Xumec, Asociación para la Protección de los Derechos Humanos); José María Cano (CTA Autonóma); Pablo Bres (Serpaj); María Paula Giménez (Centro Latinoamericano de Análisis Estratégico) y Milagros Rezinovsky (Movimiento Evita), entre otros.

CRM con información de la agencia Télam y redes sociales

Ernesto Samper (Bogotá, 1950) asume la abnegada tarea de ser optimista después de la experiencia del 2020. Con un pie en Colombia, país del que fue presidente entre 1994 y 1998, y otro en la región, en la que cumplió un rol como secretario general de la Unasur entre el 2014 y 2017, Samper apuesta a que el fin del conflicto armado entre el Estado y las FARC sea un punto de inflexión para la centroizquierda colombiana, que comienza a desprenderse del histórico estigma de ser igualados a la guerrilla.

Advierte, sin embargo, que el conflicto armado no ha terminado y en algunas zonas aparece recrudecido, con la matanza de líderes sociales en masa, masacres y nuevos enfrentamientos. El expresidente coincide en que el uribismo, al que describe como un “subproducto del conflicto armado”, puede aprovechar el clima de violencia para redefinir su narrativa y seguir en el poder. Por eso, en su opinión, la centroizquierda debería desechar como candidato a Gustavo Petro, el líder de Colombia Humana que compitió en una segunda vuelta contra Duque en 2018, y apostar a otros perfiles “más convocantes”.

A la región se acerca con una fórmula similar. “Soplan vientos progresistas en América Latina”, dice Samper, que integra el colectivo de líderes progresistas Grupo de Puebla. Para él, los últimos sucesos en Argentina, Bolivia, Chile y Estados Unidos son garantía suficiente para mostrarse convencido, pero avisa que la llave para incidir en los sucesos futuros de la región es tomar decisiones audaces en el tránsito de la pandemia a la pospandemia.

El siguiente es parte del extenso diálogo que mantuvo el expresidente con elDiarioAR.

Hace poco se cumplieron cuatro años de la firma del acuerdo de paz con las FARC. ¿Qué balance hace del proceso y cuáles son los desafíos que enfrenta a corto plazo?

Lo más importante del acuerdo es que, después de 50 años de estar enfrentados en la lucha armada, tuvimos la capacidad de entendernos y sentarnos en una mesa para sacar adelante una agenda básica que no planteaba imposibles sino cosas muy concretas, que tenían que ver con la pacificación inmediata del país. Estos temas, en términos simples, eran la sustitución social de los cultivos ilícitos, la protección y reparación de las víctimas, el establecimiento de mecanismos para la desmovilización y de una justicia transicional que de alguna manera nos permitiera pasar del conflicto al posconflicto.

Los acuerdos tuvieron dos años de implementación densa, pero lamentablemente en los últimos dos, al asumir el presidente Duque, el proceso comenzó a mostrar filtraciones y demoras. Para sintetizar, haría un balance acerca de lo que creo que es lo bueno, lo malo y lo inaceptable. Lo bueno es que 13.000 personas combatientes dejaron las armas, se reintegraron a la vida civil, constituyeron un partido y hoy día están buscando en el Congreso lo que antes buscaban en la selva, a través del ejercicio de la violencia. También es bueno que se haya establecido un sistema de justicia transicional que le va a permitir a las personas que estuvieron involucradas en el conflicto, inclusive las propias Fuerzas Armadas, previa confesión de sus responsabilidades, obtener un trato más favorable en términos de justicia que les permitirá rehacer su vida. La parte mala es que hay unos temas que todavía están pendientes y demorados: la reparación de las víctimas y la sustitución social de los cultivos, especialmente. Y la parte inaceptable es que el conflicto se está reactivando en zonas específicas en las cuales están asesinando, en promedio, a un líder social por día.

El conflicto se está reactivando en zonas específicas en las cuales están asesinando, en promedio, a un líder social por día

¿De qué manera cambió el conflicto?

Los acuerdos de La Habana fijaron el mapa de lo que debía ser la salida al conflicto. Pero hay unos factores objetivos de mucho peso que en determinadas regiones siguen alimentando enfrentamientos. En primer lugar, la falta de presencia social del Estado. El Estado colombiano ha tenido presencia militar en estas zonas durante muchos años, pero no ha tenido una presencia social, que es la que en estos momentos hace falta. De la misma manera se podría hablar de la presencia del narcotráfico. El conflicto no acabó con el narcotráfico. El narcotráfico sigue siendo el gran financiador de distintas formas de violencia. Estos factores objetivos, en los que el gobierno ha fallado, sumado a dificultades de orden fiscal que ha llevado a recortar gastos fundamentales para la protección de las víctimas, la sustitución social de los cultivos y el reparto de tierras, son los que se ciernen como nubarrones en las posibilidades de que el país siga avanzando en la paz.

El Estado colombiano ha tenido presencia militar en estas zonas durante muchos años, pero no ha tenido una presencia social, que es la que en estos momentos hace falta

El uribismo volvió al poder con una campaña construida a partir del rechazo de los acuerdos de paz, pero también han aparecido protestas masivas el año pasado y en las elecciones tuvimos a un candidato de izquierda, Gustavo Petro, llegando al balotaje. ¿Qué momento político vive Colombia? ¿Nota algún cambio con las últimas décadas?

Hay un cambio fundamental. Durante 50 años hicimos política en medio de la lucha armada, lo cual hizo que los sectores de centro izquierda fueran estigmatizados por su relación con una izquierda radical que tenía un frente político que participaba en las elecciones y un frente militar que guerreaba en las zonas rurales. Esa confusión quedó despejada con los acuerdos de paz. De hecho, las últimas elecciones fueron el resultado de un enfrentamiento democrático entre una alternativa de izquierda que estaba defendiendo la continuación del proceso de paz y una alternativa de derecha que quería devolver la historia hacia la guerra. En ese sentido la política ha cambiado de manera fundamental. Lamentablemente, esa situación de confrontación permaneció después de las elecciones y se creó una polarización ideológica que dificulta el mismo ejercicio de la política. Nosotros esperamos que, con las próximas elecciones, en el 2022, se puedan hacer programas que incorporen distintas alternativas sin necesidad de este enfrentamiento tribal.

La política colombiana actual no se entiende sin reparar en el uribismo. ¿Cómo describiría al movimiento que tiene a Álvaro Uribe como líder?

El uribismo es un subproducto del conflicto armado. Uribe se abrió espacio en la política colombiana gracias a su actitud frente a la guerrilla, en momentos en que la guerrilla estaba cometiendo todo tipo de atentados que involucraban a la población civil inocente. En ese momento aparece Uribe como un redentor que viene a poner orden, que tiene una concepción de que no hay un conflicto armado sino una lucha terrorista y el país le da un voto de confianza. Y él de alguna manera en su primer gobierno contribuye al proceso de conciliación, porque le demuestra a la guerrilla que no hay espacio para la lucha armada y que hay que buscar una salida política. Lo que sucede es que él no la busca y se opone a la salida política que finalmente consiguió Santos.

¿Qué sucede hoy, cuando el conflicto, si bien se ha reactivado en algunas zonas, ha disminuido notablemente? ¿Por qué una parte de la sociedad colombiana sigue votando al uribismo e identificándose con Uribe?

Yo creo que este proceso ha permitido una transformación histórica en Colombia, donde antes se enfrentaban dos partidos tradicionales, el Partido Liberal y el Partido Conservador. Ese enfrentamiento se traducía en que llegaba uno o el otro al poder, pero generalmente lo compartía con el que se quedaba por fuera. Con la terminación de la lucha armada los posicionamientos en el espectro político tienen un claro sentido ideológico. La gente que está acompañando al uribismo en este momento son las élites del país, los poderes fácticos, los grandes grupos económicos, el empresariado, la parte más retardataria de la Iglesia católica, junto a las nuevas iglesias evangélicas que participan del rechazo a garantías civiles como pueden ser la igualdad de sexos o el aborto. En fin, creo que en estos últimos cuatro años ha habido un realineamiento de las fuerzas políticas y sociales que ha llevado a una polarización ideológica que es la que en este momento tiene comprometida a las alternativas en Colombia.

¿Por qué la izquierda colombiana no logra posicionarse como una alternativa popular?

Bueno, lo está haciendo. No hay que olvidar que Gustavo Petro sacó muy pocos votos menos que Duque. Aquí hay una izquierda tradicional que podríamos catalogar como radical, pero también se ha formado una centro-izquierda. Yo creo que esa centro-izquierda con algo de la centro derecha están identificados en el proyecto de paz y por eso lo que queremos es que en las próximas elecciones aparezca un centro mucho más fortalecido que impida que el uribismo continúe en el poder. Cuatro años más de la derecha en el poder tendría un efecto bastante negativo sobre las posibilidades de supervivencia y sostenibilidad del acuerdo de paz.

Cuatro años más de la derecha en el poder tendría un efecto bastante negativo sobre las posibilidades de supervivencia y sostenibilidad del acuerdo de paz

Esta prolongación de la violencia que vive Colombia, sumado al hecho de la reaparición de Uribe en el centro de la escena, con su encarcelamiento, posterior liberación y su discurso recargado contra la justicia, ¿no pueden darle más aire al uribismo? ¿No hay un riesgo latente allí?

Por supuesto que existe. Y el riesgo tiene también mucho que ver con la propia personalidad de Petro, que de alguna manera no convoca a las personas que también estamos con la paz y la justicia social tal como él, pero que pensamos que se necesita a un perfil distinto para abanderar ese proyecto político, un perfil más convocante, un perfil que de alguna manera absorba muchos sectores de la clase media que hoy día están con la paz, pero no tienen quien los represente.

¿Claudia López, la alcaldesa de Bogotá, es uno de esos perfiles?

Sí, puede ser de ese perfil, aunque ella está ocupada con la alcaldía. Con la pandemia los alcaldes y gobernadores de América Latina se han empoderado bastante. Han aparecido unos liderazgos regionales que antes no existían. Podríamos mencionar el caso de Claudia López en Bogotá, pero también el de Daniel Quintero en Medellín, que ha abierto pasos significativos.

Para muchos colombianos, pero especialmente los jóvenes, que estuvieron en el centro de las protestas del 2019 y 2020, ni López ni Quintero son dirigentes de la centroizquierda. Ambos fueron cuestionados por su mano dura en las protestas.

Yo creo que para muchos jóvenes no solamente en Colombia sino en Latinoamérica, hoy les suena un poco hueco el debate ideológico o que traten de posicionarlos hacia la derecha o la izquierda. Acá la gente se está acostumbrando a que la izquierda pueda ser una opción. Antes, cuando un candidato de la izquierda brillaba, enseguida le sacaban el fantasma de la lucha armada y decían que era un vocero político de los sectores alzados en armas, que no era confiable. Hoy día yo creo que ese miedo se está superando. Creo que aquí hay una gran cantidad de gente, especialmente joven, que quisieron acompañar al proyecto de paz pero no les gusta que los matriculen en un lado o el otro.

Acá la gente se está acostumbrando a que la izquierda pueda ser una opción

Para algunos analistas, las victorias de Alberto Fernández en Argentina y Luis Arce en Bolivia son síntomas de una nueva ola progresista en la región. ¿Coincide o se muestra más cauto?

No, no, yo soy optimista. Creo que soplan vientos progresistas en América Latina. La elección de Alberto en Argentina, la de López Obrador en México, el regreso a la democracia a Bolivia, el voto aplastante para enterrar la Constitución de Pinochet en Chile y, yendo más lejos, el propio triunfo del presidente Biden en Estados Unidos de alguna manera también señala que hay otros vientos soplando en la región, independientemente de cuál sea la relación de Biden con América Latina. Creo que no puede ser en ningún caso peor de la que teníamos con Trump.

A los progresismos que han vuelto al poder en América Latina ahora les toca gobernar en un contexto económico más adverso que hace una década. ¿Cuáles son los principales desafíos que enfrentan ahora, en un periodo de vacas flacas?

 Diría que todos esos desafíos están marcados de una manera fundamental por este tránsito que vamos a tener que hacer en los próximos años de la pandemia a la pospandemia y por la respuesta a una pregunta fundamental, que es la de quién va a pagar los costos sociales de la pandemia. En las decisiones que se tomen en los próximos dos años en materia de refinanciación de la deuda externa, de una reforma tributaria que sea realmente progresiva y no regresiva, en materia de emisiones del Banco Central y de un nuevo modelo económico que tendría que ser un modelo solidario, de esas decisiones depende que el progresismo pueda tener un protagonismo positivo o simplemente un protagonismo neutro en las nuevas circunstancias de la región.

JE