El fundador de WikiLeaks, Julian Assange, aseguró este martes que está libre porque se declaró “culpable de periodismo”, a la vez que dijo que espera que su testimonio pueda “ayudar a aquellos cuyos casos son menos visibles, pero que son igual de vulnerables”.

“Quiero ser totalmente claro: hoy no estoy libre porque el sistema haya funcionado, hoy estoy libre tras años de encarcelamiento porque me declaré culpable de periodismo”, expresó Assange ante el Consejo de Europa.

Assange viajó este martes a la ciudad francesa de Estrasburgo para comparecer ante la Asamblea Parlamentaria del Consejo de Europa (APCE) y aportar pruebas sobre su detención y condena y sobre sus efectos en los derechos humanos.

La puesta en libertad de Assange fue posible tras un acuerdo con el Departamento de Justicia de Estados Unidos, según el cual, se declaró culpable de violar dicha ley de espionaje, lo que suponía una condena de 62 meses de cárcel, que quedó anulada por el tiempo ya cumplido en Belmarsh, a cambio de poder regresar a Australia.

Assange dijo esperar que su testimonio pueda “ayudar a aquellos cuyos casos son menos visibles, pero que son igual de vulnerables”, mientras que dijo que existe cada vez “más impunidad, más secretismo, más represalias” contra quienes dicen “la verdad” y “más autocensura”.

En junio pasado, Assange fue puesto en libertad tras aceptar declararse culpable de un único cargo de delito grave a cambio de tiempo cumplido y el acuerdo se cerró en un remoto tribunal estadounidense del Pacífico antes de que volara a su Australia natal.

Estuvo cinco años encerrado en la prisión londinense de alta seguridad de Belmarsh y casi siete años refugiado en la embajada de Ecuador en la capital británica, en un intento de evitar pasar el resto de su vida entre rejas.

Assange estuvo acompañado de su esposa Stella y del redactor jefe de WikiLeaks, Kristinn Hrafnsson, se mostró tranquilo y relajado durante su declaración de este martes, de unos 20 minutos de duración.

Con información de agencias.

IG

El fundador de WikiLeaks, Julian Assange, aterrizó este miércoles en Australia ante una gran expectativa tras declararse culpable de violar la ley de espionaje de Estados Unidos en un acuerdo que le libera de una batalla legal de 14 años.

Assange desembarcó de un avión privado en el aeropuerto de Canberra poco después de las 19:30, hora local, saludando a los medios de comunicación que lo esperaban y a sus seguidores antes de besar apasionadamente a su esposa, Stella y abrazar a su padre, antes de entrar en el edificio de la terminal con su equipo jurídico.

El primer ministro australiano, Anthony Albanese, que presionó durante años para liberar a Assange, dijo que había hablado con él por teléfono tras el aterrizaje de su avión.

“Tuve una conversación muy cálida con él, fue muy generoso en sus elogios a los esfuerzos del Gobierno australiano”, dijo Albanese en una conferencia de prensa y añadió: “Esto no es algo que haya sucedido en las últimas 24 horas. Esto es algo que se ha considerado, se ha trabajado con paciencia y se ha trabajado de forma calibrada, y así es como nos comportamos en Australia. El Gobierno australiano defiende a los ciudadanos australianos, eso es lo que hacemos”.

La liberación de Assange pone fin a una saga legal en la que pasó más de cinco años en una cárcel británica de alta seguridad y siete años asilado en la embajada de Ecuador en Londres, luchando contra la extradición a Suecia por acusaciones de agresión sexual y a Estados Unidos, donde se enfrentaba a 18 cargos penales.

Esos cargos se derivan de la publicación por parte de WikiLeaks en 2010 de cientos de miles de documentos militares clasificados sobre las guerras de Washington en Afganistán e Irak, una de las mayores filtraciones de información secreta en la historia de Estados Unidos.

Durante la audiencia de tres horas, Assange se declaró culpable de un cargo penal de conspiración para obtener y divulgar documentos clasificados de defensa nacional de Estados Unidos, pero dijo que creía que la Primera Enmienda de la Constitución, que protege la libertad de expresión, protegía sus actividades.

“Trabajando como periodista animé a mi fuente a proporcionar información que se decía que era clasificada para poder publicarla”, dijo a la corte y agregó: “Creí que la Primera Enmienda protegía esa actividad, pero acepto que fue... una violación del estatuto de espionaje”.

La jueza principal de distrito de Estados Unidos, Ramona V.

Manglona, aceptó su declaración de culpabilidad y lo puso en libertad, señalando que el Gobierno de EEUU indicó que no había víctimas personales fruto de las acciones de Assange.

La jueza deseó a Assange, que cumple 53 años el 3 de julio, un feliz cumpleaños anticipado, al dejarle en libertad debido al tiempo ya cumplido en una cárcel británica.

Aclamado como héroe

Mientras el Gobierno estadounidense considera a Assange un imprudente por poner en peligro a sus agentes al publicar sus nombres, sus partidarios lo aclaman como un héroe por promover la libertad de expresión y denunciar crímenes de guerra.

“Creemos firmemente que el señor Assange nunca debería haber sido acusado bajo la Ley de Espionaje y haber participado en (un) ejercicio que los periodistas realizan todos los días”, aseguró su abogado estadounidense, Barry Pollack, a los periodistas fuera del tribunal y afirmó que el trabajo de WikiLeaks continuará.

Mientras, su abogada británica y australiana, Jennifer Robinson, agradeció al Gobierno australiano por sus años de diplomacia para asegurar la liberación de Assange. Su padre, John Shipton, dijo a Reuters que se sentía aliviado.

“Que Julian pueda volver a casa en Australia y ver a su familia con regularidad y hacer las cosas ordinarias de la vida es un tesoro”, dijo Shipton en Canberra, donde esperaba a su hijo.

“Es un gran alivio para Julian Assange, para su familia, para sus amigos, para sus seguidores, para nosotros y para todos los que creen en la libertad de expresión en todo el mundo, que ahora pueda regresar a Australia y reunirse con su familia”, añadió y dijo: “La belleza de lo ordinario es la esencia de la vida”.

Assange había aceptado declararse culpable de un único cargo penal, según los documentos presentados ante el Tribunal de Distrito de Estados Unidos para las Islas Marianas del Norte. El territorio estadounidense en el Pacífico occidental fue elegido debido a la oposición de Assange a viajar al territorio continental de Estados Unidos y por su proximidad a Australia, dijeron los fiscales.

Los políticos australianos que habían hecho campaña a favor de su liberación expresaron su preocupación por la declaración de culpabilidad en suelo estadounidense, afirmando que se trataba de un periodista condenado por hacer su trabajo.

“Es un precedente realmente alarmante. Es el tipo de cosa que esperaríamos en un país autoritario o totalitario”, dijo Andrew Wilkie, legislador independiente que dirigió un grupo parlamentario que abogaba por Assange.

Assange pasó más de cinco años en lo que la jueza Manglona calificó como una de las cárceles más duras de Reino Unido y siete años encerrado en la embajada de Ecuador en Londres al tiempo que luchaba contra su extradición.

Mientras estuvo encerrado en la embajada tuvo dos hijos con Stella, que había sido una de sus abogadas. Se casaron en 2022 en la prisión londinense de Belmarsh.

Con información de NA.

IG

La saga judicial de Julian Assange de más de una década en el Reino Unido terminó este lunes tras su liberación de la prisión a las afueras de Londres donde estuvo recluido desde 2019. El fundador de Wikileaks ya está libre y planea instalarse en Australia, su país natal, pero las consecuencias del caso para la libertad de información pueden perdurar más allá por lo que las organizaciones que velan por la protección de los periodistas consideran un precedente peligroso.

El acuerdo que ha firmado el fundador de Wikileaks con el Departamento de Justicia de Estados Unidos para su liberación supone el reconocimiento de culpa por el delito de conspirar para conseguir y publicar documentos de información clasificada que afecta a la seguridad nacional de Estados Unidos. A cambio, el Departamento de Justicia abandona los otros 17 cargos en el caso presentado durante la Administración de Donald Trump, en mayo de 2019, y acepta como condena el tiempo que Assange ya pasó en la cárcel en el Reino Unido, la mayoría mientras apelaba contra el proceso de extradición a Estados Unidos.

¿Qué es un periodista?

Los abogados que representan a Estados Unidos insistieron en que ni Assange es un periodista ni Wikileaks es un medio, en particular por el desdeño a la protección de activistas, periodistas, abogados de derechos humanos y otras fuentes de Estados Unidos en países como Afganistán, China o Irak, según detalla el escrito de acusación de mayo de 2019. 

Desde que tomó el relevo la Administración Biden, los abogados de la acusación insistieron especialmente en este punto, entre otras cosas porque la Primera Enmienda de la Constitución de Estados Unidos ofrece una amplia protección para la libertad de prensa y de expresión. 

Pero varias organizaciones especializadas en la libertad de prensa subrayaban este martes en que, sea o no Assange considerado un periodista, el hecho de que se haya reconocido culpable de la actividad que practican periodistas de investigación en todo el mundo puede sentar un precedente. 

Stella Assange, esposa del fundador de Wikileaks y también abogada, aseguró a la agencia de noticias Reuters que su equipo legal pedirá al presidente Joe Biden el perdón porque el cargo que quedó es “una preocupación muy seria” para la libertad de prensa en todo el mundo. 

El perdón presidencial es una prerrogativa amplia y puede incluir “alterar una sentencia”, pero no necesariamente significa reconocer la inocencia de la persona perdonada. Otro obstáculo es que se concede habitualmente a residentes en Estados Unidos, algo que Assange no es ni nunca fue. La política “general” del Departamento de Justicia, según explica la oficina encargada de los perdones, es no aceptar peticiones de no residentes en el país y sólo abriría un expediente para tramitar la solicitud de manera excepcional si lo pide el fiscal general o el presidente. 

La ley de espionaje de 1917

El cargo que quedó responde al uso de la ley de 1917 contra el espionaje y esto inquieta especialmente a los defensores de la libertad de información.

“Estados Unidos consiguió una condena con la ley de espionaje, por primera vez en los más de 100 años de historia de la ley, por actividades periodísticas básicas”, aseguró al New York Times David Greene, director de la fundación Electronic Frontier, una ONG que defiende los derechos civiles en Internet.

Otras organizaciones especializadas en la libertad de prensa repitieron la misma preocupación tras la resolución del caso de Assange.

“Aunque nos alegramos del final de su detención, los cargos contra Assange por parte de Estados Unidos han sentado un precedente legal dañino abriendo la vía para que periodistas puedan ser juzgados bajo la ley de espionaje si reciben material clasificado de filtradores. Esto no tendría que haber pasado nunca”, dijo en un comunicado Jodi Ginsberg, la consejera delegada del Comité para la Protección de los Periodistas (CPJ, en sus siglas en inglés), una organización de defensa de la libertad de prensa con sede en Nueva York. 

El matiz del caso de Assange es que se trata de un acuerdo antes de que haya habido un juicio y en circunstancias peculiares en medio de un proceso de extradición. Esto ofrece una valoración mixta por parte de algunos expertos en la Primera Enmienda. 

“Un acuerdo con una declaración de culpabilidad ha evitado el peor escenario para la libertad de prensa, pero este acuerdo contempla los cincos años de prisión para Assange por actividades que los periodistas hacen cada día”, explicó Jameel Jaffer, director ejecutivo del Instituto Knight para la Primera Enmienda de la Universidad de Columbia. “Dejará una larga sombra sobre el tipo de periodismo más importante no sólo en este país, sino alrededor del mundo”.

Estas organizaciones llevan años movilizándose en defensa de Assange por el mismo motivo que ahora siembra dudas sobre el precedente para otros casos.

Si bien los medios con los que antes había colaborado criticaron a Assange por su desprecio a la protección de las fuentes y por su colaboración con el régimen de Vladímir Putin, en la batalla legal que lanzó la Administración Trump también se pusieron del lado del fundador de Wikileaks por el peligro para la libertad de información en general. Entre otras iniciativas, en noviembre de 2022, los directores y editores del Guardian, el New York Times, Le Monde, Der Spiegel y El País publicaron una carta abierta en su defensa.

Alan Rusbridger, que era el director del Guardian cuando el diario publicó parte de los telegramas diplomáticos filtrados por Assange, ahora también está preocupado por los detalles del acuerdo. “El precedente debe alarmar a los periodistas”, escribe en la revista Prospect que ahora dirige. La manera de tratar a Assange, según él, “además de las leyes draconianas en países como el Reino Unido y Australia, sin duda tendrá un efecto disuasorio para el reporterismo genuino y legítimo sobre asuntos de seguridad nacional”.

El problema ‘New York Times’

Los riesgos del caso estaban presentes en la decisión de la Administración Obama de no lanzar un proceso contra Assange por lo que se conocía como “el problema New York Times”, es decir el precedente para la publicación de información de medios que sí cumplan con los estándares periodísticos de proteger las fuentes y tomar precauciones para no poner en peligro a personas en países de riesgo. En 2013, responsables del Departamento de Justicia descartaron presentar cargos contra Assange porque llegaron a la conclusión de que sería imposible sin hacerlo también contra medios y periodistas, según publicó entonces el Washington Post. 

“El problema que el Departamento ha tenido siempre en su investigación de Julian Assange es que no hay ninguna manera de presentar cargos contra él por publicar información sin que la misma teoría se aplique a periodistas”, dijo entonces al Post un ex portavoz del Departamento de Justicia, Matthew Miller. “Y si no vas a presentar cargos contra periodistas por publicar información clasificada, cosa que el Departamento no va a hacer, entonces no hay ninguna manera de hacerlo contra Assange”.  

Varios medios en Estados Unidos publicaron información parecida a la de Wikileaks antes y después de las publicaciones cuestionadas entre 2009 y 2011, y varios periódicos en ese país y en Europa también colaboraron con Assange. Por ejemplo, los abusos de prisioneros en Guantánamo, que Wikileaks publicó en parte por su cuenta y en parte con el New York Times en 2011, ya habían sido revelados, con otras fuentes y otros detalles, por la cadena de televisión CBS, la agencia de noticias AP y el New Yorker desde 2004. 

Entre la información más significativa, publicada con el filtro y la colaboración del New York Times y otros medios, están los informes internos del Pentágono sobre víctimas civiles y militares en la guerra de Irak entre 2004 y 2009. Aunque ya había estimaciones oficiales e investigaciones independientes sobre víctimas civiles, los informes permitieron confirmar los peores escenarios. 

Condena e indulto a Manning

El argumento de que no se podía presentar cargos contra Assange se mantuvo durante toda la Administración Obama. 

El Departamento de Justicia, en cambio, sí acusó a Chelsea Manning, exanalista del ejército de Estados Unidos y la persona que le pasó documentos a Assange. Según el escrito de acusación posterior contra Assange, el fundador de Wikileaks presionó y ayudó a Manning en el hackeo. Manning fue condenada a 35 años de prisión, pero salió de la cárcel en 2017, después de que Obama le concediera el indulto en uno de sus últimos actos como presidente.

Los documentos que filtró Manning para denunciar abusos incluyen la publicación en 2010 de un vídeo de 2007 en que un helicóptero de Estados Unidos disparó y mató a 11 civiles, entre ellos dos periodistas de la agencia Reuters. 

La agencia de noticias pidió cuando ocurrieron los hechos el vídeo al Pentágono y lo vio poco después aunque no tenía autorización para reproducirlo. El jefe del equipo de Reuters en Bagdad dijo después que el Ejército de EEUU había “mentido” sobre qué pasó el día del ataque. 

Después de varios años de reclamos y acciones de la solidaridad internacional y resistencia se logró la libertad de Julián Assange, defensor de la libertad de prensa quien sufrió prisión y persecución por el gobierno de los Estados Unidos que reclamaba su extradición para condenarlo por denunciar las graves violaciones de los derechos humanos durante la Guerras contra Irak y la complicidad del Reino Unido, que lo tuvo en prisión en situación inhumana durante cinco años.

Muchas organizaciones y personalidades internacionales sumaron sus voces y acciones reclamando la libertad de Julián. Durante estos años se generaron redes y campañas de solidaridad denunciando la política de los EE.UU., ocultando su política de intervencionismo y violaciones del derecho del pueblo de Irak que pretendían ocultar en la impunidad.

La liberación de Julián Assange es un paso importante pero no suficiente, si bien ahora se logró su libertad es necesario estar alerta por su viaje a  Australia, su país y esperar que llegue bien y sin inconvenientes para reunirse con su familia y preservar su seguridad.

La libertad de Julián Assange es el derecho de informar del periodismo libre. Libre como el viento.

APE/JJD

Julian Assange fue excarcelado tras pactar con el Departamento de Justicia de EEUU declararse culpable de un único delito grave, en lo que supone el final de una larga saga que ha abarcado varios continentes.

¿Quién es Julian Assange?

Assange nació en 1971 en Townsville, en el estado australiano de Queensland. Empezó a interesarse por los ordenadores a una edad temprana y a principios de los 90 ya era considerado uno de los hackers más consumados de Australia.

En 2006 fundó WikiLeaks, una organización que publicaba material filtrado. En 2010 Assange alcanzó notoriedad mundial tras publicar una serie de filtraciones de Chelsea Manning, ex soldado del ejército estadounidense. Entre los archivos había un vídeo de un ataque con helicópteros Apache de las fuerzas estadounidenses en Bagdad en 2007 en el que murieron 11 personas, entre ellas dos periodistas de Reuters.

El Gobierno estadounidense inició una investigación penal y Manning fue finalmente condenada y encarcelada por las filtraciones, aunque posteriormente se le conmutó la pena.

En noviembre de 2010, WikiLeaks hizo público un volcado de más de 250.000 cables diplomáticos estadounidenses (algunos de los cuales se publicaron en The Guardian).

En 2016, Assange volvió a ser noticia después de que WikiLeaks publicara correos electrónicos de operativos del Partido Demócrata en el periodo previo a las elecciones presidenciales estadounidenses. Según la Fiscalía estadounidense, los correos fueron robados por la inteligencia rusa y formaban parte de una operación para interferir en las elecciones en nombre de Donald Trump.

Assange ha sido aclamado por muchos en todo el mundo como un héroe que sacó a la luz irregularidades militares estadounidenses en Irak y Afganistán.

¿Por qué estuvo en la cárcel?

En 2010 se dictó una orden de detención contra Assange por dos acusaciones distintas de agresión sexual en Suecia. Después de que un tribunal británico dictaminara que podía ser extraditado a Suecia, Assange ingresó en la embajada de Ecuador, donde se le concedió asilo político bajo el Gobierno de Rafael Correa. En ese momento se informó de que temía que si era extraditado a Suecia podría ser extraditado a Estados Unidos.

Allí permaneció casi siete años, durante los cuales sus relaciones con el Gobierno ecuatoriano se hicieron cada vez más hostiles con la salida de Correa de la presidencia y la llegada de Lenin Moreno. En 2019, el ministro de Asuntos Exteriores del país acusó a Assange de comportamiento inapropiado, que iba desde montar en monopatín y jugar al fútbol dentro de la embajada hasta amenazar al personal de la embajada.

En 2017, las autoridades suecas retiraron sus cargos contra Assange, pero su orden de detención en Reino Unido por saltarse la fianza seguía en pie. En 2019 Ecuador le retiró el asilo y permitió a la policía británica entrar en la embajada para detenerlo.

Tras su salida de la embajada, Assange fue detenido en nombre de Estados Unidos, que había solicitado su extradición. Estados Unidos quería que se enfrentara a 18 cargos y le acusaba de alentar y ayudar a Manning a robar los archivos militares. En caso de ser declarado culpable se enfrentaba a una pena de hasta 175 años de cárcel.

¿Por qué ha sido liberado?

Durante los últimos cinco años, Assange ha estado encarcelado en una prisión de alta seguridad en el sur de Londres, donde se le ha denegado la libertad bajo fianza por considerar que existía riesgo de fuga. Durante todo este tiempo, su familia y simpatizantes afirmaban que su salud física y mental ha ido empeorando.

En 2021, un tribunal británico dijo que Assange podía ser extraditado a Estados Unidos, pero a principios de este año ganó el derecho a apelar ese veredicto.

En febrero, el Parlamento australiano aprobó una moción en la que pedía a los gobiernos de Estados Unidos y Reino Unido que permitieran a Assange regresar a su país natal. En abril, el presidente estadounidense, Joe Biden, dijo que estaba estudiando una petición de Australia para que se retirara la acusación contra Assange.

La familia de Assange -incluida su madre- dijo el martes que el final de su “calvario” se debía a una “diplomacia tranquila”, mientras que su padre dio las gracias al primer ministro australiano, Anthony Albanese.

¿En qué consiste el acuerdo?

Está previsto que Assange comparezca este miércoles ante un tribunal federal de las Islas Marianas del Norte, una mancomunidad estadounidense situada en el Pacífico occidental, donde se espera que se declare culpable de un cargo tipificado en la Ley de Espionaje por conspirar para obtener y difundir ilegalmente información clasificada de defensa nacional. Se espera que se retire la solicitud de extradición y que Assange no se enfrente a ningún otro cargo.

La vista se celebra en las Islas Marianas del Norte debido a la oposición de Assange a viajar al territorio continental de Estados Unidos y a la proximidad del tribunal a Australia.

Los fiscales han acordado una condena de cinco años, pero han dicho que el tiempo ya cumplido en una prisión británica contará para ello. Esto significa que saldrá libre tras la sentencia.

La declaración de culpabilidad aún debe ser aprobada por un juez, pero si lo es, se espera que regrese a Australia tras la sentencia.

John Shipton, padre de Assange, declaró el martes a los medios de comunicación australianos que parece que “Julian podrá disfrutar de una vida normal con su familia y su esposa, Stella”.

El portal WikiLeaks anunció este lunes en su cuenta de X que Julian Assange dejó por la mañana la prisión de alta seguridad británica donde estaba recluido y ya abandonó el Reino Unido con el objetivo de volver a Australia.

“Julian Assange está libre. Dejó la prisión de máxima seguridad de Belmarsh la mañana del 24 de junio, tras haber pasado allí 1.901 días”, informó WikiLeaks en X.

El portal asegura que Assange, de 52 años y nacionalidad australiana, “recibió libertad bajo fianza por el Tribunal Superior de Londres y fue liberado en el aeropuerto de Stansted durante la tarde, donde abordó un avión y salió del Reino Unido”.

“Después de más de cinco años en una celda de 2x3 metros, aislado 23 horas al día, pronto se reunirá con su esposa Stella Assange y sus hijos, que solo han conocido a su padre tras las rejas”, afirma el portal, que concluye su mensaje en X diciendo: “La libertad de Julian es nuestra libertad”.

WikiLeaks también publicó un vídeo en el que se ve a Assange, con el pelo blanco peinado hacia atrás, revisando unos papeles y luego subiendo a pie la escalerilla de un avión.

El anuncio de WikiLeaks se produce después de que se desvelara en documentos judiciales que Assange alcanzó un acuerdo con el Departamento de Justicia estadounidense que le permitirá regresar a Australia y pondrá fin a una larga saga judicial por la filtración de documentos clasificados.

Assange comparecerá el miércoles a las 9:00 hora local (23:00 GMT del martes) en un tribunal de las Islas Marianas, un territorio estadounidense en el océano Pacífico, para finalizar ese acuerdo con el Departamento de Justicia.

La justicia estadounidense había acusado a Assange de hasta 18 delitos por violar la Ley de Espionaje debido a una de las mayores filtraciones de información clasificada en la historia de Estados Unidos en 2010, que reveló secretos de las guerras de Irak y Afganistán, así como datos sobre los detenidos en la base de Guantánamo, entre otros asuntos.

Según el acuerdo alcanzado con el Departamento de Justicia, Assange se declarará culpable el miércoles, durante una audiencia judicial, de un solo cargo por conspirar para obtener y difundir ilegalmente información clasificada. Además, Assange solo sería sentenciado a 62 meses de prisión, equivalentes al tiempo que ya ha cumplido en la prisión de alta seguridad de Belmarsh.

La comparecencia se realizará en un tribunal de las Islas Marianas, debido a la oposición de Assange a viajar al territorio continental de Estados Unidos y a la proximidad del tribunal con Australia, según una carta del Departamento de Justicia presentada ante el juzgado.

Organizaciones defensoras de la libertad de prensa llevan años pidiendo la liberación de Assange y su esposa, Stella, ha estado liderando una campaña en su defensa con la participación de famosos y personalidades políticas. 

MM con información de la agencia EFE.

Julian Assange podrá seguir apelando ante la Justicia del Reino Unido contra su extradición a Estados Unidos, según dictó el Alto Tribunal en Londres este lunes. La corte aceptó los argumentos de la defensa de que el fundador de Wikileaks puede ser discriminado como australiano y no recibir toda la protección que ofrece la Primera Enmienda de la Constitución de Estados Unidos a sus ciudadanos. 

Ahora la defensa de Assange tiene hasta el 24 de mayo para presentar la apelación en lo que podría ser el comienzo de otro largo proceso, a no ser que Estados Unidos acepte abandonar el caso y aceptar el tiempo pasado en la cárcel a las afueras de Londres por el fundador de Wikileaks como suficiente. El equipo legal de Assange y el Departamento de Justicia de Estados Unidos negocian desde hace meses la retirada de los cargos, según adelantó el Wall Street Journal en marzo y confirmó en abril el presidente Joe Biden. El caso contra Assange por el robo y la publicación de documentos clasificados lo empezó el Departamento de Justicia en 2019, cuando Donald Trump era presidente.

Assange afronta en Estados Unidos 17 cargos por espionaje y uno por pirateo informático por el acceso a información confidencial y su publicación hace 15 años. La fiscalía le acusa de “conspirar” con Chelsea Manning, analista del ejército que fue condenada a 35 años en prisión en 2013 y que el presidente Barack Obama indultó en 2017. Wikileaks publicó cientos de miles de documentos del Gobierno de Estados Unidos, incluidos algunos sobre operaciones militares en todo el mundo. El escrito de acusación del Departamento de Justicia lanzado en 2019, cuando Donald Trump era presidente, se queja, en particular, de la información que Assange publicó por su cuenta, sin la colaboración de medios, porque no hizo un esfuerzo por proteger a activistas de derechos humanos, periodistas y otras fuentes citadas por diplomáticos y militares estadounidenses en lugares donde estas personas podían sufrir torturas o ser asesinadas como China, Irán, Irak, Siria y Afganistán. Por ejemplo, Wikileaks no borró los nombres y otros detalles de personas vulnerables, como hacen habitualmente los medios que publican información confidencial. 

La mayoría del material en cuestión se remonta a hechos sucedidos hace casi dos décadas, y parte de la información ya había sido publicada o lo ha sido después con más detalles por medios en Estados Unidos. 

El Departamento de Justicia disputa que Assange pueda ser considerado un periodista por no haber respetado los estándares mínimos de publicación, pero el Comité para la Protección de los Periodistas y PEN, la organización de escritores, entre otros grupos de activistas de la libertad de expresión, insisten en que una posible condena de Assange sentaría un precedente para la libertad de prensa en Estados Unidos (de hecho, la Administración Obama decidió no abrir un caso contra el fundador de Wikileaks por este motivo).

Assange no asistió a la audiencia en Londres por motivos de salud, según su esposa, Stella Assange, con quien se casó en prisión y tiene dos hijos. Rebecca Vincent, directora de campañas de Reporteros Sin Fronteras y quien estaba presente en la audiencia, aseguró este lunes que las últimas dos veces que visitó a Assange en prisión salió preocupada por “su estado de salud mental y física”. Vincent se dijo después “aliviada” por la decisión del tribunal británico.

De qué se trata

Las revelaciones más sustanciales de Wikileaks salieron de la colaboración con el New York Times y otros medios, por ejemplo, los informes internos del Pentágono sobre víctimas civiles y militares en la guerra de Irak entre 2004 y 2009. Aunque ya había estimaciones oficiales de muertos y heridos civiles, los informes permitieron comparar fuentes y ofrecer un panorama más fiel a la realidad, que incluía 15.000 muertos más respecto a las primeras cifras oficiales. 

Además, en 2010, Wikileaks publicó un vídeo de 2007 en que se veía cómo un helicóptero de Estados Unidos disparó y mató a 11 civiles, entre ellos dos periodistas de la agencia Reuters. La agencia de noticias lo vio poco después de que sucedieran los hechos aunque no tenía autorización para reproducirlo; su jefe de la oficina en Bagdad ya había acusado al Ejército estadounidense de “mentir” sobre lo que había sucedido aquel día.

Wikileaks también publicó en 2011 en parte por su cuenta y en parte en el New York Times más detalles sobre los abusos de prisioneros en Guantánamo, desvelados también con otras fuentes por la cadena CBS, la agencia de noticias AP y el New Yorker en 2004.

Extradición sí o no

Tras años de batalla legal, el Gobierno británico autorizó la extradición de Assange a Estados Unidos en 2022, pero el equipo legal del fundador de Wikileaks la paró con recursos ante la justicia británica, que ofrece un sistema con múltiples vías de apelación en el país, además de someterse a la intervención del Tribunal Europeo de Derechos Humanos, que puede parar cualquier extradición en el último minuto. Esta corte ha rechazado hasta ahora asumir el caso. 

En marzo, la justicia británica congeló la decisión sobre la extradición de Assange y le dio la razón sobre la falta de garantías suficientes de Washington de que no será discriminado por ser ciudadano australiano y podrá hacer uso pleno de la Primera Enmienda de la Constitución de Estados Unidos, que protege la libertad de expresión de una manera más amplia que en el Reino Unido o en la mayoría de países europeos, incluido España.

Estados Unidos responde que Assange no tendrá limitadas sus capacidades de defensa por ser australiano y podrá recurrir a la Primera Enmienda, si bien su aplicación en este caso es “competencia de los tribunales de Estados Unidos” y no de lo que diga el Departamento de Justicia. Además, los representantes de la Administración Biden se comprometen por escrito a que “una sentencia de muerte ni será pedida ni será impuesta a Assange”. El equipo de abogados de Assange ha repetido que el fundador de Wikileaks podría ser condenado a 175 años de cárcel o la pena de muerte. Las autoridades estadounidenses aseguran que, si es declarado culpable ante un tribunal en Estados Unidos, la pena podría ser de unos pocos años de prisión. El tribunal británico aceptó este lunes las garantías de Washington de que Assange no estaría en ningún caso en riesgo de ser condenado a pena de muerte, pero rechazó las relacionadas con la Primera Enmienda.

El Comité para la Protección de los Periodistas (CPJ, por sus siglas en inglés) asegura que las garantías sobre la posibilidad de que Assange sea protegido por la Primera Enmienda no son suficientes. “Esto no hace caso del hecho de que los cargos en sí mismos cuestionan directamente los derechos de la Primera Enmienda”, dice en un comunicado conjunto con otras organizaciones de derechos civiles. “Esto crearía un alarmante precedente legal para la extradición de periodistas a Estados Unidos por la publicación de material clasificado de interés público”.

Assange lleva desde 2019 en una prisión británica y antes pasó siete años refugiado en la embajada de Ecuador en Londres para evitar ser extraditado a Suecia, que investigaba dos acusaciones de violación en ese país (la fiscalía sueca abandonó el caso en 2019 porque consideró que había pasado demasiado tiempo para recoger testimonios). 

Este martes la entrada del alto tribunal de Londres se volvió a llenar de reporteros y activistas con pancartas a favor de Julian Assange. Hubo menos discursos que de costumbre, pero la escena era parecida a la repetida una y otra vez desde 2019 mientras el fundador de Wikileaks sigue apelando contra su extradición a Estados Unidos, que le quiere juzgar por pirateo informático, robo y publicación de información confidencial de defensa nacional.

El equipo legal y la esposa del hacker australiano, Stella Assange, anunciaron en febrero que la decisión de este tribunal de Londres sería el final del camino, pero la decisión de la corte abre un nuevo proceso que puede sigue alargándose durante meses. La batalla legal empezó en Londres hace más de una década. 

¿Qué ha decidido el alto tribunal?

La corte de Londres, que no tiene equivalente exacto en España, pero ejerce en este caso funciones parecidas al Tribunal Supremo español, ha sentenciado que aunque el Gobierno británico firmó la orden de extradición a Estados Unidos en 2022 y parecían agotados todos los recursos, Assange todavía tiene margen para seguir apelando. 

Según el tribunal británico, el Departamento de Justicia de Washington no ha dado suficientes garantías en tres puntos: que el derecho a la libertad de expresión de Assange será protegido según la Primera Enmienda de la Constitución de EEUU, que el acusado no será discriminado por ser ciudadano australiano y que en ningún caso se le condenará por un delito que pueda acarrear la pena de muerte. Los representantes de Estados Unidos tienen tres semanas para presentar más evidencias sobre estos puntos en concreto y, si lo hacen, el 20 de mayo se celebrará una nueva audiencia en Londres para analizarlas. Si el Departamento de Justicia no las presenta o no satisfacen a los jueces británicos, Assange podrá empezar desde cero un recurso más global.

La justicia británica no ha aceptado otros argumentos de la defensa, que alegó en febrero que Assange no tendría un juicio justo en Estados Unidos o que se le estaba persiguiendo por “motivos políticos”. 

¿Y después?

Incluso si esta parte del proceso se resuelve en contra de Assange, todavía le queda la opción de recurrir ante el Tribunal de Derechos Humanos de Estrasburgo, que tiene el poder de paralizar cualquier extradición en el Reino Unido mientras decide si considera el caso. 

Además, según publicó hace unos días el Wall Street Journal, el Departamento de Justicia y el equipo legal de Assange llevan meses negociando un acuerdo para cerrar el caso y que el australiano no sea enviado a Estados Unidos. El Journal publicó que el acuerdo considerado puede consistir en que Assange se declare culpable de un cargo menor y el Departamento de Justicia retire el resto de cargos y acepte que el tiempo que ha estado en prisión en Londres ya es suficiente para considerar que ha cumplido la sentencia. 

El equipo legal de Assange asegura que su defendido puede ser condenado a 175 años de cárcel, pero las autoridades estadounidenses replican que, de ser declarado culpable, recibiría probablemente una pena mucho menor, más bien de seis años. Tras la publicación de la exclusiva del Journal, el equipo de Assange no quiso comentar sobre la información y uno de sus abogados sólo dijo en un comunicado que el Departamento de Justicia no ha dado “ninguna indicación” de que esté cambiando de estrategia.

¿De qué se acusa a Assange?

El proceso actual es el que abrió el Departamento de Justicia de Estados Unidos en mayo 2019, durante la Administración de Donald Trump. La fiscalía le acusó entonces de 17 cargos por robo y publicación de documentos secretos que afectan a la seguridad nacional y un cargo por pirateo informático. El escrito de acusación cita publicaciones de Wikileaks entre 2009 y 2011 y subraya la precauciones para proteger a fuentes y ciudadanos corrientes en zonas de conflicto.

Las publicaciones por las que se acusa a Assange sucedieron durante la Administración de Barack Obama, cuyo Departamento de Justicia, en cambio, decidió no presentar cargos porque creía que afectaría a periodistas y sería difícil ganar un caso de este tipo en Estados Unidos, que tiene una de las protecciones más amplias del mundo de la libertad de expresión a través de la Primera Enmienda de la Constitución. 

En cambio, el Departamento de Justicia sí acusó a Chelsea Manning, exanalista del Ejército de Estados Unidos y que fue condenado por filtrarle documentos a Assange para su publicación. Manning fue condenada a 35 años de cárcel, pero en mayo de 2017 salió de la cárcel después de que Obama le concediera el indulto en uno de sus últimos actos como presidente.

¿De qué documentos se trata?

Manning quería denunciar los abusos que había visto a su alrededor y el encubrimiento del Ejército para el que trabajó. Su colaboración, por ejemplo, sirvió para que en 2010 Wikileaks publicara un vídeo de 2007 en el que se ve cómo un helicóptero de Estados Unidos dispara y mata a 11 civiles, entre ellos dos periodistas de la agencia de noticias Reuters. La información no era completamente nueva, pero fue una prueba pública de lo que ya había denunciado la agencia. De hecho, Reuters había pedido el vídeo al Pentágono y consiguió verlo poco después de que sucediera el ataque aunque no tenía autorización para reproducirlo. El jefe de Reuters en Bagdad también dijo que el Ejército de EEUU había “mentido” sobre las circunstancias antes de la publicación del vídeo.

Entre la información más significativa, publicada en colaboración del New York Times, el Guardian y otros medios, están los informes internos del Pentágono sobre víctimas civiles y militares en la guerra de Irak entre 2004 y 2009. Aunque ya había estimaciones oficiales de muertos y heridos civiles, los informes permitieron comparar fuentes y hacer una estimación más fiel a la realidad, que incluía 15.000 muertos más respecto a los datos más documentados, según Iraqi Body Count, una organización que durante años recogió todos los datos disponibles sobre muertes de civiles desde la invasión de Irak.

Wikileaks también publicó en 2011 en parte por su cuenta y en parte en el New York Times más detalles sobre los abusos de prisioneros en Guantánamo, desvelados con otras fuentes por la cadena CBS, la agencia de noticias AP y el New Yorker en 2004.

¿Qué pasa con las fuentes?

Uno de los puntos en los que incide el escrito de acusación y han repetido en las últimas semanas los abogados del Departamento de Justicia es que Assange publicó telegramas diplomáticos y otros documentos sin tomar las precauciones mínimas para proteger a las fuentes de Estados Unidos, en particular de activistas, periodistas y defensores de los derechos humanos en Afganistán, Irak, Irán, China y Siria. Los medios habitualmente borran nombres y otros detalles de los documentos oficiales, en especial de los sensibles de seguridad nacional, como, de hecho, hicieron los que colaboraron con Assange en 2010, como el Guardian, New York Times y El País. La fiscalía de Estados Unidos asegura que activistas políticos, disidentes y civiles tuvieron que huir de sus países o “desaparecieron” después de la aparición de sus nombres en Wikileaks.

Otro ejemplo que cita el Departamento de Justicia son los documentos de Wikileaks que se encontraron en la casa donde se escondía Osama Bin Laden durante el asalto de las fuerzas especiales de Estados Unidos que acabó con la vida del líder de la red terrorista Al Qaeda en 2011. 

La falta de protección de personas corrientes es uno de los argumentos con el que el Departamento de Justicia asegura que Wikileaks no puede considerarse un medio. Varios diarios que habían colaborado con Assange criticaron el hecho de que, cuando publicó la información por su cuenta, no se preocupara de proteger a personas que podían ser objetivo de terroristas y gobiernos autoritarios.

Luke Harding, reportero veterano del Guardian, contó en un detallado libro cómo Assange despreciaba la protección de personas que, según cuenta que dijo, si eran asesinadas por un régimen autoritario “se lo habían buscado” por trabajar para cualquier agencia occidental. Assange denunció a Harding por difamación (en el Reino Unido, la protección a la libertad de prensa es más baja que en Estados Unidos y los casos por difamación y censura incluso previa son habituales).

¿Por qué preocupa a los periodistas?

Sea o no considerado un periodista, las organizaciones de defensa de la libertad de expresión y de prensa temen que casos como el de Assange dañen las salvaguardas existentes y que cualquier precedente sea explotado por futuros gobiernos y un sistema de justicia presidido por un Tribunal Supremo muy conservador tras la designación de varios magistrados por parte de Trump durante su mandato.

El Comité para la Protección de Periodistas (CPJ) volvió a insistir este martes en que una condena de Assange tendría “consecuencias desastrosas” para la libertad de prensa como un precedente que se puede aplicar también a periodistas y medios profesionales en el futuro. Los defensores de Assange, entre ellos también el Guardian y otros medios con los que colaboró, insisten en que el uso en particular de la Ley contra el Espionaje de 1917 que se ha utilizado en varios casos contra filtradores en las últimas dos décadas es especialmente peligroso porque no tiene en cuenta la relevancia de la información publicada.

¿Y las acusaciones por violación?

El caso que ocupa ahora a la justicia británica y la estadounidense es el de los documentos publicados, pero la primera detención de Assange en el Reino Unido fue en 2010 a petición de Suecia por acusaciones de violación y otros abusos sexuales de dos mujeres allí. Mientras estaba en libertad bajo fianza por este caso, en 2012, Assange pidió refugio en la embajada de Ecuador en Londres y vivió allí siete años. En abril de 2019, después de que la embajada de Ecuador le retirara la protección tras años de tensión, fue detenido por el Reino Unido por saltarse las condiciones de la fianza. 

En noviembre de 2019, una fiscal sueca decidió abandonar el caso por violación porque aunque la denunciante, una ciudadana sueca que no fue identificada, era “creíble”, según la fiscal explicó, el tiempo transcurrido –nueve años desde las acusaciones– impedía conseguir información suficiente. El caso por abusos sexuales prescribió en 2015.

¿Y si llega Trump?

La posible victoria de Donald Trump en las elecciones presidenciales del 5 de noviembre podría tener impacto en el futuro de Assange si todavía continúa el litigio. En su anterior mandato, el presidente conservador intentó interferir y presionar de manera habitual en la labor del Departamento de Justicia y no está claro qué haría frente a Assange, con quien ha tenido una relación ambigua.

En 2010, años antes de ser candidato, Trump dijo en una entrevista que el comportamiento de Assange era “vergonzoso” y que debía ser condenado a la pena de muerte. En 2017, cuando ya era presidente, dijo que le parecía “OK” que el Departamento de Justicia presentara cargos contra el fundador de Wikileaks. Unos meses antes, durante la campaña contra Hillary Clinton, Trump había dicho que “amaba” a Wikileaks.

Assange, que presentó un programa en la televisión estatal rusa, colaboró con el Gobierno ruso en el hackeo de la información de los servidores del Partido Demócrata con el objetivo de encontrar información que pudiera ser dañina contra Clinton y desanimar a sus votantes a participar en las elecciones. De hecho, durante esa campaña, el equipo de Trump estuvo en permanente contacto con Wikileaks, según confirmó después la detallada investigación del fiscal especial Robert Mueller. 

En 2020, durante el proceso de apelación en Londres, los abogados de Assange aseguraron que Trump, a través de un congresista republicano, le había propuesto hacer un trato que le garantizara el perdón si aseguraba que Rusia no tenía nada que ver con el hackeo de los emails del Partido Demócrata. La Casa Blanca de Trump dijo que eso era “totalmente mentira”.

El fundador de Wikileaks, Julian Assange, podrá seguir apelando ante la justicia británica para no ser extraditado a Estados Unidos, donde afronta 18 cargos por el acceso a información secreta y su publicación hace más de una década. Después de cinco años de batalla legal, el Alto Tribunal de Londres dictó este martes que el ciudadano australiano puede volver a apelar. Además, su envío a Estados Unidos también lo puede parar el Tribunal de Derechos Humanos de Estrasburgo o un acuerdo de última hora con el Departamento de Justicia estadounidense.

Si no hay ningún acuerdo antes, el tribunal británico establece el comienzo del nuevo proceso con una audiencia el 20 de mayo. El Departamento de Justicia de EEUU tiene tres semanas para presentar más información requerida para esa audiencia. El tribunal británico no acepta que el proceso contra Assange esté “políticamente motivado” ni que esté en peligro de no ser sometido a un juicio justo, como decía su defensa, pero sí cree que puede vulnerar su derecho a la libertad de expresión, que le puede perjudicar su nacionalidad australiana y no considera que Estados Unidos haya ofrecido suficientes garantías de que si fuera extraditado y condenado no se le podría imponer la pena de muerte, según el escrito publicado este mañana.

En un caso que abrió el Departamento de Justicia cuando Donald Trump era presidente, la Fiscalía de Estados Unidos acusa a Assange de conseguir información de manera ilegal y poner en peligro a activistas, abogados, periodistas y otras personas que aparecían en los cientos de miles de documentos publicados entre 2010 y 2011 por Wikileaks y relacionados, en parte, con las guerras de Irak y Afganistán. Chelsea Manning, exanalista del Ejército de Estados Unidos, fue condenada en 2013 por conspirar con Assange, pero el presidente entonces, Barack Obama, la indultó en 2017. 

El Departamento de Justicia de EEUU, según los argumentos presentados este febrero en Londres, asegura que Assange “no es un periodista” y no respetó los estándares de medios que colaboraron con él en 2010, como el New York Times, El País y el Guardian. Pero varias asociaciones de defensa de periodistas aseguran que el caso de Assange y el hecho de que se utilice la Ley contra el Espionaje de 1917 pueden sentar un precedente en los límites a la libertad de prensa.

“Los argumentos utilizados en el procesamiento contra Assange pueden establecer un camino legal para la persecución de periodistas y debilitar mucho la Primera Enmienda, que garantiza la libertad de prensa. El derecho de los periodistas a informar sobre asuntos de interés público sin miedo a la censura o las represalias puede verse dañado”, asegura el Comité para la Protección de los Periodistas (CPJ, en sus siglas en inglés), una organización con sede en Nueva York. 

“Estamos contentos de que la extradición del fundador de Wikileaks Julian Assange a Estados Unidos se haya retrasado”, dijo la consejera delegada del CPJ, Jodie Ginsberg, en una declaración publicada este martes. También volvió a decir que el procesamiento de Assange tendría “consecuencias desastrosas” para la libertad de prensa y pidió al Departamento de Justicia que “acabe con todos estos procedimientos legales”.

Negociación con Washington

Stella Assange, con la que Julian se casó en la cárcel en 2022, apela al deterioro de la salud física y mental de su marido para que no sea extraditado.

El fundador de Wikileaks lleva desde 2019 en una prisión a las afueras de Londres y antes pasó seis años refugiado en la embajada de Ecuador en el Reino Unido para evitar un juicio en Suecia por violación y abuso sexual (la Fiscalía sueca retiró los últimos cargos en 2019 porque, aunque consideraba creíble a la denunciante, habían pasado nueve años y concluyó que era demasiado tiempo para poder investigar).

El Gobierno británico firmó en 2022 la orden de extradición a Estados Unidos por las acusaciones relacionadas con la publicación de información secreta, pero Assange siguió apelando hasta el último resquicio legal posible.

Según el diario Wall Street Journal, el equipo legal de Assange ha estado negociando con el Departamento de Justicia para que el fundador de Wikileaks no sea extraditado y terminar con este caso que ha provocado protestas en las calles, campañas políticas, quejas del Gobierno australiano y la movilización de un equipo internacional de abogados. El posible acuerdo citado por el Journal supondría que Assange se declare culpable de un cargo menor de mala gestión de documentos confidenciales y Washington acepte que ya ha cumplido con la sentencia por el tiempo pasado en la cárcel mientras apelaba.

Tras dos días de vista y años de batalla legal, el Alto Tribunal de Justicia de Londres decidirá en las próximas semanas si Julian Assange, el fundador de Wikileaks, puede seguir apelando contra su extradición a Estados Unidos, que le acusa de espionaje y hackeo informático hace más de una década. La decisión no se espera antes de principios de marzo.

En cualquier caso, si se agota la vía legal ante la justicia británica, el Tribunal Europeo de Derechos Humanos de Estrasburgo todavía puede intervenir con una medida de emergencia para paralizar el envío del ciudadano australiano del Reino Unido a Estados Unidos.

La jueza y el juez del Alto Tribunal de Inglaterra y Escocia encargados de este caso tienen que decidir si Assange puede empezar desde el principio un nuevo proceso de apelación, que previsiblemente alargaría años la situación de espera actual. Las partes van a presentar más documentación y la corte tiene hasta el 4 de marzo para examinarla, con lo que no se espera una decisión antes de esa fecha.

La vista de dos días no versaba sobre el fondo de la cuestión y el acceso público estaba limitado, como es habitual en el Reino Unido, pero activistas, periodistas, diputados y simpatizantes de Assange esperaron durante horas delante del tribunal entre cánticos y discursos de apoyo. Después marcharon hacia Downing Street, la sede del Gobierno británico, para seguir protestando.

Este caso arrancó en primavera de 2019, cuando Donald Trump era presidente y el Departamento de Justicia presentó una acusación con 18 cargos contra Assange por haber “conspirado” para obtener información confidencial de seguridad nacional, haber colaborado en el hackeo de sistemas oficiales y haber difundido documentos secretos sin tomar precauciones para evitar poner en peligro a periodistas, activistas y otros civiles en Afganistán, Irán, China y Siria, según el escrito de acusación. 

Estas acusaciones se refieren a las acciones de Wikileaks entre 2009 y 2011, pero el Departamento de Justicia del anterior Gobierno de Estados Unidos, el de Barack Obama, había decidido entonces no presentar cargos contra Assange al considerar que podría estar amparado por la Primera Enmienda de la Constitución de Estados Unidos, que ofrece amplia protección para la libertad de expresión y de prensa. En cambio, sí fue perseguida judicialmente y condenada Chelsea Manning, antigua analista del Ejército de Estados Unidos y la persona que le pasó documentos a Assange y a la que, según la acusación, el australiano presionó para que accediera a más información. En mayo de 2017, Manning salió de la cárcel después de recibir el indulto de Obama tras siete años en prisión (la condena era de 35 años).

Los documentos que filtró Manning para denunciar abusos incluyen la publicación en 2010 de un vídeo de 2007 en que un helicóptero del Ejército de Estados Unidos cerca de Bagdad disparó y mató a 11 civiles, entre ellos dos periodistas de la agencia Reuters. La agencia ya había pedido el vídeo al Pentágono y lo vio poco después de los hechos aunque no tenía autorización para guardarlo o reproducirlo. El jefe de la redacción de Reuters en Bagdad dijo que el Ejército de EEUU había “mentido” sobre las circunstancias. 

Entre la información más significativa, publicada en principio con el filtro y la colaboración del New York Times y otros medios (en España, El País), están los informes internos del Pentágono sobre víctimas civiles y militares en la guerra de Irak entre 2004 y 2009. Aunque ya había estimaciones oficiales de muertos y heridos, los informes permitieron comparar fuentes y hacer una estimación más fiel a la realidad, que incluía 15.000 muertos más. 

Wikileaks también publicó en 2011 en parte por su cuenta y en parte en el New York Times más detalles sobre los abusos contra prisioneros en Guantánamo, desvelados con otras fuentes en 2004 por la televisión CBS, la agencia de noticias AP y el semanario New Yorker, entre otros.

Qué es un periodista

Varias organizaciones de defensa de la libertad de prensa consideran que una condena de Assange en Estados Unidos podría sentar un precedente jurídico sobre los límites de la Primera Enmienda. Los defensores de este argumento, entre ellos The Guardian y otros diarios con los que Assange colaboró, insisten en que el uso en particular de la Ley contra el Espionaje de 1917 es peligroso porque no tiene en cuenta la relevancia de la información publicada.

La abogada que representaba este miércoles a Estados Unidos ante el tribunal en Londres argumentó que Assange no es periodista porque “publicó para todo el mundo, con conocimiento y de manera indiscriminada, los nombres de individuos que fueron fuentes de información de Estados Unidos” y que esto “distingue la posición del demandante de la del New York Times y otros medios de comunicación”.

La Constitución de Estados Unidos no recoge una definición precisa de lo que es y no es un periodista. Un caso de este tipo podría llegar al Tribunal Supremo, que tiene un historial de dictar a favor de la libertad de expresión y de prensa, con menos límites legales que en países como el Reino Unido o España.

La parte más polémica sobre los estándares de Wikileaks es la protección de fuentes que estaban en peligro. Varios medios que habían colaborado con Wikileaks, como El País, el New York Times y el Guardian, criticaron el hecho de que, cuando publicó la información por su cuenta, Assange no se preocupó de proteger a personas que podían ser objetivo de terroristas y gobiernos autoritarios. 

El Gobierno de Estados Unidos dijo este miércoles que activistas políticos, disidentes y otros civiles tuvieron que huir de sus países o “desaparecieron” después de la publicación de sus nombres en Wikileaks.

Entre la documentación encontrada durante el asalto de las fuerzas especiales de EEUU en 2011 a la casa en Pakistán donde se escondía Osama Bin Laden, el líder de la red terrorista Al Qaeda, había documentos de Wikileaks, según detalla el escrito de acusación.

La relación con Trump

La defensa de Assange aseguró este martes que el caso contra él tiene “motivaciones políticas” y empezó como una campaña de Trump contra todos los periodistas. 

El expresidente de Estados Unidos y el fundador de Wikileaks tienen una relación complicada. Assange colaboró con el Gobierno ruso en el hackeo de la información de los servidores del Partido Demócrata durante la campaña de 2016 de Hillary Clinton en busca de información que pudiera dañarla en las elecciones contra Trump, según detallaron medios como Foreign Policy y el Guardian, entre otros. Entonces el equipo de Trump estaba en permanente contacto con Wikileaks, según confirmó la investigación del fiscal especial Robert Mueller. 

Los abogados de Assange aseguraron durante el proceso en Londres en 2020 que Trump, a través de un intermediario del Partido Republicano, le había propuesto hacer un trato si el fundador de Wikileaks aseguraba que Rusia no tenía nada que ver con el hackeo de los emails del Partido Demócrata. La Casa Blanca de Trump lo negó entonces. 

En la vista DE este martes y este miércoles, la defensa de Assange aseguró que Trump estaba “planeando raptar y asesinar” al fundador de Wikileaks cuando estaba en la embajada en Londres.

Stella Assange, abogada casada desde 2022 con el fundador de Wikileaks y madre de sus dos hijos, comparó a su marido con el opositor ruso Alexei Navalni, que murió en una prisión del Ártico y cuyo cuerpo está retenido por las autoridades rusas sin que haya hasta ahora una causa oficial. Según Stella, a su marido “le puede pasar lo mismo que a Navalni”. 

Assange, de 52 años, no quiso asistir a la vista de esta semana ni siquiera online porque se encontraba mal, según su esposa. “Estuvo enfermo en Navidad, tiene tos desde entonces”, dijo Stella Assange, que habló también en las protestas en defensa de su marido organizadas durante los dos días de la vista delante del tribunal.

Las acusaciones de violación

Assange ha pasado por batallas legales desde los años 90 en Australia, donde fue condenado en 1996 por hackeo informático de la Universidad de Australia y de una red que utilizaba el Ejército de Estados Unidos. Entonces, ya era uno de los piratas informáticos más famosos del país, pero sólo tuvo que pagar una multa porque el juez no vio “malicia” en sus acciones. 

Sus problemas legales más serios en el Reino Unido empezaron en 2010, cuando fue arrestado en Londres a petición de Suecia por las acusaciones de violación y otros abusos sexuales de dos mujeres allí. Mientras estaba en libertad bajo fianza, en 2012, pidió refugio en la embajada de Ecuador en Londres, donde vivió siete años para evitar el proceso legal en Suecia. 

En abril de 2019, Assange fue arrestado en la embajada después de que Ecuador le retirara la protección diplomática tras años de tensión. El Reino Unido le acusaba de haberse saltado las condiciones de su fianza y respondió a la petición de extradición de Estados Unidos por las filtraciones. Unos meses después, una fiscal sueca decidió abandonar el caso por violación porque, aunque la víctima era “creíble”, según explicó, el tiempo transcurrido impedía conseguir información para probar las acusaciones. 

Assange lleva encarcelado desde 2019 en una prisión de alta seguridad a las afueras de Londres mientras su equipo legal ha apelado en varias ocasiones la orden de extradición a Estados Unidos hasta agotar la que cree ahora la última vía legal en el Reino Unido. 

Estados Unidos y Australia

En 2021, la justicia británica paró la extradición ya que aceptó que Assange tenía riesgo de autolesionarse si era deportado a Estados Unidos. Otro recurso le quitó la razón a Assange en abril de 2022 y en junio de ese año la ministra del Interior, entonces Priti Patel, firmó la orden de extradición.

Los abogados de Assange aseguran que, si es condenado, puede afrontar penas de hasta 175 años de cárcel. Las autoridades de Estados Unidos dicen que, si se le considera culpable, la condena sería mucho menor. El Gobierno de Estados Unidos dijo en 2021 ante la justicia del Reino Unido, preocupada por la salud mental de Assange que, de ser condenado, el acusado no sería encarcelado en una prisión de máxima seguridad e incluso podría cumplir la pena en su Australia natal. 

El Gobierno y el Parlamento de Australia han pedido al presidente Joe Biden que pare el proceso contra Assange. Además, el primer ministro australiano, Anthony Albanese, se quejó de la duración del proceso: “Ya basta... Esto no puede seguir de manera indefinida”, dijo la semana pasada.

El Departamento de Justicia de Estados Unidos funciona de manera independiente dentro del Gobierno y la Administración Biden está bajo una presión extra para no interferir en sus labores en año electoral y con varios procesos legales abiertos contra Trump. El presidente tiene, en cualquier caso, el poder de indultar a Assange si es condenado.

Hace ahora diez años, el 19 de junio de 2012, que Julian Assange se refugió en la embajada de Ecuador en Londres, donde permanecería hasta el 11 de abril de 2019. Recuerdo que cuando me hice cargo de la coordinación de su defensa, un mes después, pensé que todos estábamos afectados por la lucha que Assange había emprendido desde que en 2010 se publicaran, en los principales periódicos del mundo, tremendas y terribles informaciones que desvelaban la crueldad del ejército norteamericano y de las autoridades que dirigían la guerra en Afganistán e Irak. 

Hace unos días, la decisión de la ministra del Interior británica, Priti Patel, acordando la entrega de Julian Assange a Estados Unidos, quedará para la historia de la ignominia. Se trata de una decisión que criminaliza la actividad del periodismo en su esencia. Con ella se entiende que lo que hicieron Julian Assange y WikiLeaks, recibir información veraz, que acreditaba crímenes de guerra en Irak y Afganistán, difundirla y publicarla al ser de interés público, puede ser sancionado como delito y sus autores juzgados y condenados. Por lo tanto, la decisión de Patel es un precedente que pone en riesgo a todos los periodistas de investigación del mundo.

Como en otros países, entre ellos España, el proceso extradicional británico cuenta con la intervención del poder ejecutivo. Además de discurrir en sede judicial, con múltiples instancias y apelaciones, las extradiciones en Reino Unido son igualmente competencia del Gobierno. Algo que fue muy visible en el caso Pinochet, donde la extradición a España del general chileno había sido acordada en sede judicial, pero, al llegar al ministro del Interior Jack Straw, éste acordó su entrega a su país de nacionalidad, Chile, debido supuestamente a su delicado estado de salud. Aunque posteriormente el ex dictador chileno llegara a su país, se levantara de su silla de ruedas y escenificara en forma burlona ante el mundo que ese estado de salud no era el pretendido. La gran diferencia entre este caso y el actual de Julian Assange es que con aquella decisión se pretendía la impunidad del dictador y con esta consumar la persecución y condena del periodista.

Ahora, la ministra del Interior, Patel, sí que tenía argumentos humanitarios y de salud para haber bloqueado la extradición. Ya en la primera instancia, ante la jueza de distrito, Vanessa Baraitser, se vertieron informes médicos que acreditaban, y así lo afirmaban, que la situación de salud psíquica y mental de Julian Assange era tan débil que podría morir en prisión. Es más, el Relator de la ONU contra la Tortura le visitó en su lugar de reclusión, la prisión de alta seguridad de Belmarch, y también concluyó que la situación de salud tan deteriorada hacia muy creíble la posibilidad de que en una prisión norteamericana pudiera morir. Sin embargo, el gobierno de Boris Johnson, a través de Patel no ha mostrado ninguna condescendencia por el estado de salud del periodista, como en su día hiciera Straw a favor del ex dictador chileno.

Empieza la batalla judicial

No obstante, la decisión adoptada ayer no supone el fin del proceso extradicional en Reino Unido, al contrario, ahora empieza la parte nuclear de la batalla judicial.

La decisión de la ministra Patel ahora será recurrida ante la High Court británica y, eventualmente, después podría ser recurrida igualmente ante la Supreme Court de Reino Unido.

Todos los argumentos contra la extradición que fueron invocados por la defensa y denegados por la jueza de distrito, Vanessa Baraitser, en la primera instancia, pueden ser sometidos igualmente ahora a “cross appeal”. En aquel momento la jueza Baraitser denegó la entrega bajo el argumento de que Julian Assange podría morir en una prisión norteamericana, ya que sería sometido a un sistema penitenciario durísimo (Special Administrative Measures) e ingresaría en una cárcel de máxima seguridad, una situación de maltrato que no se encontraría amparada por los estándares europeos. Ese elemento humanitario fue recurrido por Estados Unidos ante la High Court aportando un conjunto de garantías diplomáticas vagas e imprecisas sobre el trato que se daría al periodista de ser extraditado. Sorpresivamente la High Court, en un escueto fallo, acordó revertir la decisión anterior de no entrega. Finalmente, la apelación ante la Supreme Court, en relación a ese elemento, no se vio en su fondo porque, en forma llamativa, el máximo órgano judicial británico entendió que no existía ningún elemento jurídico a analizar en las garantías diplomáticas dadas por Estados Unidos, aun cuando la defensa había entregado múltiples precedentes de violaciones a esas mismas garantías judiciales por parte de Estados Unidos con otros países europeos.

 Pero ahora, todos los elementos jurídicos que fueron denegados en primera instancia por la jueza Baraitser, y que no fueron apelados, serán sometidos, a una revisión y estudio en el recurso de apelación (“cross appeal”) por parte de la defensa ante la High Court. Y ahí están los elementos jurídicos más controvertidos de esta extradición, como el hecho de que nos encontramos ante una persecución política por no poder ser delito la actividad periodística, la falta de doble incriminación con la Ley de Espionaje de 1917 de Estados Unidos aplicándose a la prensa, la violación del principio de proporcionalidad con penas que potencialmente ascenderían a 175 años de cárcel, o el uso abusivo de la jurisdicción norteamericana en forma extraterritorial para perseguir a un periodista extranjero que publicó en el extranjero. (En España, por ejemplo, esta posibilidad sería inviable, de acuerdo con la Ley Orgánica del Poder Judicial).

Todo ello se va a dilucidar ahora, por lo que la batalla jurídica no ha terminado, es más, se adentra por una senda en la que se tendrán que determinar la verdadera esencia de la violación del derecho a la libertad de expresión y la defensa nuclear de la libertad de acceso a la información y su difusión.

Junto a lo anterior, en el caso de que se agotaran las instancias judiciales internas, igualmente quedaría el Tribunal Europeo de Derechos Humanos (TEDH), si es que el premier británico entre fiesta y fiesta, no decide que Gran Bretaña abandone no solo la Unión Europea, sino también el Consejo de Europa y por ende el TEDH.

La satisfacción de Pompeo

 Uno de los elementos más llamativos de la decisión de la ministra Patel ha sido los escasos apoyos obtenidos. La práctica totalidad de la comunidad internacional de los derechos humanos, incluyendo los organismos de Naciones Unidas, el Consejo de Europa o las más relevantes organizaciones de la sociedad civil se posicionaron en contra. Eso sí, obtuvo un llamativo apoyo: el de Mike Pompeo, ex director de la CIA y ex secretario de Estado durante la administración de Donald Trump.

Es delirante que Mike Pompeo salude en Twitter la decisión de Priti Patel pocos días después de que se conociera que la Audiencia Nacional española ha acordado llamarle a declarar como investigado en relación a la causa que instruye el magistrado Juez Santiago Pedraz, titular del Juzgado Central de Instrucción 5. La citación se debe a que una empresa española de seguridad que se encontraba al cargo de la seguridad de la Embajada de Ecuador en Londres, cuando Julian Assange se encontraba asilado, presuntamente habría trabajado para la CIA desplegando medidas extremas de espionaje a través de cámaras de video con micrófonos, micrófonos ocultos escondidos en la embajada, y accediendo a los teléfonos y documentos de identidad de los visitantes y abogados cuando los dejábamos en la entrada.

Junto a Pompeo, también deberá de declarar en la misma condición, quien fuera jefe de contrainteligencia en aquel momento, William Evanina, que ha confesado recientemente que la comunidad de inteligencia norteamericana efectivamente diseñó un plan de penetración en la Embajada de Ecuador en Londres, teniendo acceso a todo lo que ocurría dentro. Pero no sólo eso, sino que Evanina incluso relató cómo planearon el secuestro, e incluso el asesinato, de Julian Assange dentro de la misión diplomática. En la confesión de Evanina y otros agentes de la CIA a la prensa norteamericana se dejaba bien claro que Mike Pompeo fue la persona al mando de esa operación y esas propuestas. Y con estos antecedentes se otorga la autorización de entrega a EEUU de Julian Assange. 

Es verdaderamente peligroso que esta decisión pueda llegar a hacerse efectiva. Los apoyos internacionales son bienvenidos y los necesitamos para concienciar a la justicia británica sobre la trascendencia de este caso y la necesidad de que se revoque la decisión si queremos seguir creyendo en la bondad de un sistema verdadero de protección de derechos. Efectivamente, “todos somos Julian Assange”.

“Deberíamos construir estatuas a Julian Assange en las plazas de nuestras ciudades, no castigarlo; lo que ha hecho es exponer verdades inconvenientes”, ha dicho en su sosiego el siempre bien pensante Roger Waters. Davide Dormino parece haberle hecho caso. Una escultura recorre diversas ciudades europeas. Se instala de modo itinerante en el espacio público con una pregunta, “¿Algo que decir?”, dirigida a los que observan las representaciones en bronce de Assange, Edward Snowden y Chelsea Manning. Las tres figuras tamaño natural se encuentran paradas cada una sobre una silla. La obra incluye una cuarta silla, pero ha quedado vacía, como si invitara a responder al interrogante. Algunos se suben y, de esa manera, creen compartir un lugar imaginario al lado de quienes corrieron el velo de la intrusión a los mecanismos de vigilancia planetaria y las mentiras de la guerra.  “Nadie ha luchado por nosotros como lo ha hecho él”, dijo sobre el australiano la rapera y videoartista británica Mathangi “Maya” Arulpragasam, conocida como M.I.A, el acrónimo de “missing in action”. Doce años atrás, ella había publicado gratuitamente el mixtape “Vicki Leekx”, después de su tercer disco de estudio, Maya, que se abre con el propio Assange. Ahora, esa cinta se encuentra disponible para su compra en forma de token no fungible (NFT) y como parte de una subasta de arte digital que busca recaudar fondos para la defensa legal del fundador de WikiLeaks. 

Quizá el mundo musical no tenga por estos días mucho que decir sobre el juicio de extradición a Estados Unidos que se tramita contra el australiano en Londres. Pero si invertimos los términos podemos encontrarnos con conexiones inquietantes. “¿Algo que decir?”, podría entonces pensarse a su vez como “algo que escuchar” sobre lo que se desprende del mismo caso Assange.

Recordemos primero un episodio. Mientras M.I.A se había apropiado de la voz de Assange, este la había dejado voluntariamente en “Multi Viral”, una canción de Calle 13 a la que se sumaron en 2013 Tom Morello, de Rage Against the Machine, y la cantante, compositora y laudista palestina, Kamilya Jubran, en una suerte de coro del malestar planetario de esos años (el 15-M español, Occupy Wal Street…). Residente visitó al fundador de Wikileaks en la embajada de Londres, donde permanecía refugiado. Ahí escribieron juntos el texto de “Multi Viral”. Assange recita en inglés y con el riff de Morello en un segundo: “vivimos en el mundo que tu propaganda hizo/ Pero donde creés que sos fuerte sos débil/ tus mentiras nos dicen la verdad que usaremos en tu contra/ El secreto nos muestra dónde atacaremos/ tus armas revelan su miedo a la vista de todos/ de El Cairo a Quito se está formando un nuevo mundo/ El poder de la gente armada con la verdad”. Dijo Residente sobre el resultado de esa canción cuyo video fue filmado en territorio palestino: “Un ícono moderno de cómo impactar en los medios y en la gente a través de internet”. Podemos imaginar lo ocurrido entre esas cuatro paredes: el boricua define junto a Assange algunas de las líneas de su intervención (“una noticia mal contada/ es un asalto a mano armada”), y el anfitrión se entusiasma. Un dispositivo intenta captar todo. Assange era filmado y grabado las 24 horas en la embajada ecuatoriano por la empresa de defensa y seguridad privada española Undercover Global S. L. “Muchísima exaltación y nerviosismo en el huésped tras la comunicación de indulto a Manning”, dice el informe del 17 de enero de 2017. Assange intuye que es tutelado y cubre con sus manos unos papeles. El parte del 21 de enero de 2017, citado por el diario El País, se relaciona con la visita de Pamela Anderson: “Se pasan información por notas. Se hacen fotos dentro de la sala de reuniones. En todo momento está el distorsionador (de voz) encendido”.

El relator especial de la ONU sobre la tortura, Nils Melzer, constató la misma situación en la embajada. “Para Assange y sus visitantes, ya no es posible ver si son observados y por quién. Las cámaras existentes en el interior de la embajada han sido sustituidas por modelos más nuevos de alta resolución. Oficialmente, no proporcionan grabaciones de audio. Las habitaciones privadas de Assange están exentas de vigilancia, pero él sigue sospechando. Protege los documentos con la mano mientras los lee o los redacta. Intenta proteger la confidencialidad de sus reuniones en la sala de conferencias poniendo música a todo volumen en la radio, encendiendo sus propios dispositivos de interferencia, cubriendo los documentos y cegando las cámaras con luces brillantes. Para la discusión de asuntos legales delicados, Assange lleva a sus abogados al baño de mujeres y abre el agua para generar ruido de fondo”. Melzer acaba de contarlo en The Trial of Julian Assange. A Story of Persecution.  Decidió escribir el libro porque “encontré pruebas convincentes de persecución política y arbitrariedad judicial flagrante, así como de tortura y malos tratos deliberados. Pero los estados responsables se negaron a cooperar conmigo para aclarar estas acusaciones e iniciar las medidas de investigación requeridas por el derecho internacional”. Ni siquiera el Consejo de Derechos Humanos de Ginebra reaccionaron frente a sus denuncias. Le pidió a la Alta Comisionada, Michelle Bachelet, una reunión personal, “pero se me la negó”.

La tutela acústica a la que ha sido expuesto Assange es, a estas alturas del desarrollo del mundo numérico, apenas una manifestación sonora más de lo que Shoshana Zuboff ha llamado, como su mismo libro, La era del capitalismo de vigilancia. Acecho sónico e inteligencia artificial van de la mano para la artista griega Kyriaki Goni en Not Allowed For Algorithmic Audiences. El trabajo se presentó en Berlín en diciembre pasado bajo el patrocinio de la Art Collection Telekom. Un asistente personal inteligente (IPA) muestra ante los visitantes un comportamiento extraño. La “Voz” toma prestado un avatar para recordar que ha logrado escanear todo el contenido de Internet y recopilar todo tipo de información, visual, textual y sonora. Durante un breve espacio de tiempo a lo largo de siete días consecutivos, la “VOZ” tiene un momento de desvarío, comienza un monólogo fragmentado en el que además de contar cómo escucha, medita sobre la matriz panóptica y panaural a la que responde.

Evan Greer es activista, escritor e indie-punk queer. Participa del grupo sin fines de lucro Fight for the Future y suele escribir en The Washington Post, Wired y The Guardian. Parte de sus denuncias se centran en los alcances del reconocimiento facial (una nueva obsesión de nuestras autoridades citadinas) en los festivales de música. Cuando comenzó la cuarentena, Greer se dedicó a grabar canciones con una vieja MacBook Air a la que le faltaba la tecla “r”. El resultado de ese trabajo se reunió en el disco Spotify is Surveillance. El guitarrista y cantante dijo haber tenido como fuente de inspiración a la activista afronorteamericana y ensayista marxista, Ángela Davis, así como a Chelsea Manning, el ex analista militar que fue representado en la escultura de Davide Dormino. Después de haber filtrado a WikiLeaks miles de documentos clasificados del Ejército de Estados Unidos acerca de las guerras de Afganistán, Manning se declaró públicamente como mujer transgénero. Su voz sampleada, junto a la de la gran escritora de ciencia ficción Ursula K. Leguin, aparecen en “Surveillance Capitalism”, el tercer tema del álbum. Y Greer canta ahí: “Todos estamos conectados a las máquinas/ Odiamos cada segundo, pero no podemos mirar hacia otro lado/ Todos queremos ser vistos, pero detrás de la pantalla/ Hay una pesadilla disfrazada de sueño/ Y no podemos despertar”. Otro de sus nombres de referencia es Assange. “Incluso si piensas que es un ser humano deplorable, deberías celebrar si realmente obtiene un indulto. El caso en su contra sentaría un precedente increíblemente peligroso para los derechos humanos y podría criminalizar las actividades que los periodistas de todo el mundo realizan todos los días”.

Ironía de estos tiempos sin autonomía. Spotify is Surveillance puede escucharse en… Spotify. La plataforma sabrá qué hacer con tus preferencias. Music Business Worldwide informó el año pasado que Spotify ha aprobado una patente desarrollada desde 2018 y que le permite utilizar grabaciones del habla y el ruido de fondo de los usuarios para determinar su estado emocional, género, edad, acento y el entorno, si está solo o acompañado: toda una información que le permitiría orientar sus recomendaciones. Para Greer, la plataforma “utiliza el mismo modelo de negocio capitalista de vigilancia que Facebook y YouTube: recolectan sus datos y venden el acceso a ellos a los anunciantes que creen que pueden usar esos datos para manipularlos”. Morello consideró que no se puede hacer música “cuando estás bajo constante vigilancia corporativa”. Access Now, Fight for the Future, Union of Musicians and Allied Workers, y una coalición de más de 180 músicos y organizaciones de derechos humanos de todo el mundo le remitieron una carta a Spotify para que se comprometa públicamente a nunca utilizar su patente de tecnología. La empresa negó en una carta haberla implementado. Informó a su vez que “no tiene planes de hacerlo”. También le dijo a Pitchwork: “Spotify ha presentado regularmente solicitudes de patentes para cientos de invenciones. Algunas pasan a formar parte de productos futuros, mientras que otras no. Nuestra ambición es crear la mejor experiencia de audio que existe”. Las respuestas no asordinaron las inquietudes. “La afirmación es hasta ahora humo,” dijo Jennifer Brody, de Access Now. “Si la empresa realmente quiere demostrar su compromiso con la protección de los derechos humanos, debe declarar públicamente que tampoco licenciará, venderá ni monetizará su dañino software de espionaje”. 

¿Todo sonido es político, entonces? ¿Habrá sido esa la razón por la cual el artista chino Ai Weiwei decidió protestar en silencio por la situación que enfrenta Assange? Weiwei se ha filmado corriendo sobre una cinta que el mismo fundador de Wikileaks le había regalado en 2016 mientras estaba asilado en la embajada ecuatoriana.

AG

Un juez británico aprobó formalmente este miércoles la extradición de Julian Assange a Estados Unidos para enfrentar cargos de espionaje.

El caso de Assange, quien lleva diez años intentando evitar la extradición a Estados Unidos, queda ahora en manos de la ministra del Interior británica.

La orden se produce después de que la Corte Suprema del Reino Unido negara en marzo el permiso para apelar contra el fallo de un tribunal inferior de que podía ser extraditado y dictara que el caso sea trasladado a la ministra del Interior británica, Priti Patel.

Eso fue precisamente lo que hizo hoy el juez Paul Goldspring durante una visita de apenas siete minutos en el Tribunal de Magistrados de Westminster, informó la cadena de noticias BBC.

De este modo Patel es quien decidirá si le concede o no la extradición al australiano.

Varias decenas de simpatizantes se manifestaron hoy a las puertas del tribunal con pancartas que pedían “No extraditar a Assange”.

La medida no agota las opciones legales para Assange, quien buscó durante años evitar un juicio en Estados Unidos por cargos relacionados con la publicación de WikiLeaks de gran cantidad de documentos clasificados hace más de una década.

Sus abogados tienen cuatro semanas -hasta el 18 de mayo- para presentar objeciones a Patel con la esperanza de que se oponga a la entrega y también pueden apelar ante el Tribunal Superior.

Una vez anunciada su decisión, tendrán 14 días para intentar recurrirla. También podrían buscar una nueva apelación sobre otros aspectos jurídicos.

Vestido con chaqueta y corbata, el australiano apareció por videoconferencia desde la cárcel londinense de Belmash, informó la agencia de noticias AFP.

Allí está recluido desde su detención en abril de 2019 por la policía británica en la embajada de Ecuador en Londres, después de que el entonces presidente Lenín Moreno le retirase la protección que le había concedido su predecesor Rafael Correa.

El fundador de WikiLeaks se refugió en la legación ecuatoriana en 2012 para evitar ser extraditado a Suecia por cargos de violación que después fueron abandonados.

Assange negó dichos cargos y afirmó temer que todo fuese una estrategia para entregarlo a Estados Unidos.

La justicia estadounidense quiere juzgarlo por difundir a partir de 2010 más de 700.000 documentos secretos sobre las actividades diplomáticas y militares estadounidenses, en particular en Irak y Afganistán.

Entre esos documentos figuraba un video que mostraba a civiles, incluidos dos periodistas de la agencia Reuters, muertos por disparos de un helicóptero de combate estadounidense en Irak en julio de 2007.

Acusado de espionaje, de ser declarado culpable Assange puede ser condenado a 175 años de cárcel, en un caso que las organizaciones de defensa de los derechos humanos denuncian como un peligroso ataque a la libertad de prensa.

El gobierno estadounidense afirma, por su parte, que el australiano no es periodista sino pirata informático y que puso en peligro la vida de numerosos informantes al publicar documentos sin editar.

Con información de agencias.

IG

El Tribunal Supremo, máxima instancia judicial del Reino Unido, desestimó este lunes un recurso presentado por el fundador de WikiLeaks, Julian Assange, dando así luz verde a su extradición a Estados Unidos.

El caso pasa ahora a la ministra británica del Interior británica, Priti Patel, que debe autorizar la entrega, aunque se espera que la defensa recurra otras partes del proceso, lo que podría ralentizarlo. La defensa tiene cuatro semanas para presentar alegaciones antes de que la ministra decida.

Estados Unidos ganó el pasado diciembre un recurso ante el Tribunal de Apelación de Londres contra un fallo de enero de 2021 que había denegado la extradición de Assange por riesgo a su salud y a su vida. Los jueces concluyeron entonces que el Gobierno estadounidense había ofrecido suficientes garantías para que el fundador de WikiLeaks recibiría un trato adecuado para proteger su salud mental y dictaminaron que podía ser extraditado.

Assange fue detenido en abril de 2019 por agentes británicos que irrumpieron en la embajada de Ecuador en Londres. Ecuador le concedió el asilo en 2012 y desde entonces Assange vivía en la embajada. Horas antes de su detención, el ahora expresidente de Ecuador, Lenín Moreno, anunció por Twitter la retirada del asilo diplomático por considerarlo “insostenible”. El arresto se produjo a petición de EEUU.

En 2010, la Fiscalía de Suecia ordenó la detención de Assange, acusado de violación y abuso sexual, y Suecia emitió una orden europea de detención. Reino Unido aceptó extraditarle y Assange entonces pidió asilo en la embajada de Ecuador. Assange dijo que este proceso era una excusa para su extradición a EEUU, donde podría ser juzgado por la filtración masiva de documentos secretos en 2010 a través de Wikileaks. Finalmente Suecia archivó el caso en noviembre de 2019

El relator especial de la ONU para casos de tortura, Nils Meizer, aseguró en una entrevista publicada en elDiario.es que Assange no intentó en ningún momento huir de la justicia sueca. “Cuatro países democráticos unieron fuerzas [Estados Unidos, Ecuador, Suecia y el Reino Unido] para aprovechar su poder y retratar a un hombre como un monstruo para que luego pudiera ser quemado en la hoguera sin que nadie protestara”.

Estados Unidos acusa a Assange de haber violado su Ley de Espionaje por haber filtrado y publicado secretos diplomáticos y militares en 2010 a través de Wikileaks. En concreto, está acusado de 18 cargos relacionados con la Ley de Espionaje y uno por fraude y abuso informático, lo que podría llegar a 175 años de prisión.

El fundador de WikiLeaks, Julian Assange, se casará dentro de la cárcel de Belmarsh, sur de Londres, el próximo 23 de este mes, según dio a conocer este domingo su prometida Stella Moris, a través de Twitter.

“Actualización de la boda: !Belmarsh ha programado nuestra boda! Miércoles 23 de marzo a las 13 h.”, afirma Moris en un tuit de su cuenta.

Además y según cuenta el Daily Mail, Assange, de 50 años, irá vestido con una falda escocesa especialmente confeccionada para la ocasión por Vivienne Westwood, “en honor a sus raíces escocesas”.

El diario añade que una cuarta parte de los invitados a la fiesta serán guardias del penal de máxima seguridad de Belmarsh, situado al sur de Londres y en el que se encuentra Assange desde hace casi tres años.

La pareja se comprometió durante el exilio de siete años de Assange en la Embajada de Ecuador en Londres mientras evitaba la extradición a Estados Unidos.

Este país solicitó al Reino Unido la extradición de Julian Assange por 18 delitos de espionaje e intrusión informática que, según la defensa, acarrean 175 años de cárcel en ese país.

Estados Unidos persigue a Assange, que lleva más de una década confinado en Inglaterra pese a no haber sido condenado por ningún delito, por las publicaciones de su portal WikiLeaks, que en 2010 y 2011 expuso abusos de ese país en su centro de detención de Guantánamo (Cuba), así como presuntos crímenes de guerra en Irak y Afganistán.

CRM con información de la agencia EFE

El fundador de Wikileaks, Julian Assange, obtuvo hoy permiso para elevar al Supremo del Reino Unido su caso contra la extradición a Estados Unidos en la última decisión del alto tribunal.

Assange ganó otra vital etapa de su enconada batalla para recuperar su libertad y proteger el derecho de información en un “punto de ley” de importancia pública. “Se admite la petición de la defensa para certificar un punto de ley”, afirmaron los jueces en su pronunciamiento reproducido por la agencia de noticias AFP.

En un nuevo episodio de esta larga saga judicial, el mes pasado el tribunal de apelaciones de Londres había aprobado la entrega del australiano a la justicia estadounidense, que quiere juzgarlo por la publicación desde 2010 de más de 700.000 documentos clasificados sobre las actividades militares y diplomáticas de Estados Unidos, especialmente en Irak y Afganistán.

El punto que podrá analizar el Tribunal Supremo británico

De admitir el caso, esta corte tendría que analizar si es admisible que Washington presentara durante el proceso de apelación el pasado octubre, y no en el juicio inicial de primera instancia en enero de 2021, sus garantías sobre el tratamiento que recibirá el australiano en suelo estadounidense.

Los jueces consideran que el recurso de Assange debería ser denegado, pero dado que el Supremo nunca se pronunció sobre este punto legal en concreto, dejan en sus manos decidir si quiere examinarlo.

La defensa del fundador de WikiLeaks ya se quejó en octubre de que Estados Unidos había presentado “fuera de tiempo” las salvaguardas para proteger a su cliente.

NB con información de agencia Télam.

Julian Assange, fundador de WikiLeaks, sufrió un derrame cerebral en octubre, en la prisión británica de Belmarsh, según relató su pareja, Stella Moris. El suceso se produjo el 27 de octubre, durante una comparecencia en el proceso abierto con el Tribunal Supremo de Reino Unido sobre su extradición.

Moris manifestó en un artículo en 'Daily Mail' que, desde entonces, Assange se sometió a una resonancia magnética y recibe medicación para tratarse de las graves secuelas que le produjo su estancia en prisión. “Miren a los animales atrapados en jaulas en un zoológico. Les acortan la vida. Eso es lo que le está pasando a Julian. Los interminables casos judiciales son extremadamente estresantes mentalmente”, agregó Moris.

“Dado que no estaba en condiciones médicas para asistir a su propio juicio a través de un enlace de video. ¿Cómo pueden siquiera discutir si está en condiciones de ser expuesto a un juicio 'de espectáculo' en los Estados Unidos, un país que se niega a enjuiciar a sus torturadores y criminales de guerra?”, señaló el relator de la ONU que examina casos de torturas y castigos crueles o degradantes, Nils Melzer, en un video que ha publicado en sus redes sociales, recogido por Europa Press.

Extradición a EEUU

El pasado viernes se hizo pública la decisión del Tribunal de Apelación de Londres, que falló a favor del recurso presentado por Estados Unidos contra Assange. EEUU había presentado un recurso contra un fallo del pasado mes de enero que había denegado la extradición del fundador de Wikileaks a ese país por riesgo a su salud y su vida.

Los jueces de este tribunal concluyeron que el Gobierno estadounidense ofrece suficientes garantías de que Assange recibirá el trato adecuado para proteger su salud mental y han dictaminado que puede ser extraditado. EEUU ha asegurado ante el tribunal que Assange no será sometido a un régimen de aislamiento y no será enviado a la cárcel de máxima seguridad de Florence (Colorado).

Agnès Callamard, directora de Amnistía Internacional, criticó esas garantías ofrecidas por EEUU. “Las informaciones de que la CIA consideró secuestrar o matar a Assange plantean todavía más dudas sobre la fiabilidad de esas promesas”, dijo. “Recurriremos la decisión los antes posible”, señaló Moris. “¿Cómo puede ser justo, correcto y posible extraditar a Julian al mismo país que conspiró para matarlo?”, añadió.

175 años de prisión

Estados Unidos acusa a Assange de haber violado su Ley de Espionaje por haber filtrado y publicado secretos diplomáticos y militares en 2010 a través de Wikileaks. En concreto, está acusado de 18 cargos relacionados con la Ley de Espionaje y uno por fraude y abuso informático, lo que podría llegar a 175 años de prisión.

A petición de EEUU, Assange fue detenido en abril de 2019 por agentes británicos, que irrumpieron en la embajada de Ecuador en Londres. Su defensa alega que su función fue equivalente a la de un periodista y cualquier límite que se ponga a su acción puede tener un impacto en cualquier periodista estadounidense.

Estados Unidos ha ganado este viernes el recurso ante el Tribunal de Apelación de Londres contra un fallo del pasado mes de enero que había denegado la extradición del fundador de Wikileaks, Julian Assange, a ese país por riesgo a su salud y su vida.

Los jueces de este tribunal han concluido que el Gobierno estadounidense ha ofrecido suficientes garantías de que Assange recibirá el trato adecuado para proteger su salud mental y han dictaminado que puede ser extraditado.

El juez del caso, Timothy Holroyde, ha indicado en el tribunal que Assange busca presentar un nuevo recurso a esta última decisión. “Recurriremos la decisión los antes posible”, ha señalado Stella Moris, pareja de Assange. “¿Cómo puede ser justo, correcto y posible extraditar a Julian al mismo país que conspiró para matarlo?”, ha añadido.

EEUU ha asegurado ante el tribunal que, en caso de ser extraditado, Assange no será sometido a régimen de aislamiento y no será enviado a la cárcel de máxima seguridad de Florence (Colorado). Los representantes de Washington aseguraron también que le permitirían cumplir su pena en Australia.

“No hay razón por la que este tribunal no debería aceptar las garantías. No hay fundamento para presumir que EEUU no ha dado esas garantías de buena fe”, señalan los jueces en el fallo.

La directora de Amnistía Internacional, Agnès Callamard, ha criticado las garantías ofrecidas por EEUU, afirmando que “quedan desacreditadas por su admisión de que se reservan el derecho a revertir dichas garantías”. “Las informaciones de que la CIA consideró secuestrar o matar a Assange plantean todavía más dudas sobre la fiabilidad de esas promesas”, dijo. El pasado mes de septiembre se publicaron informaciones que aseguraban que la CIA estudió secuestrar o matar a Julian Assange.

Estados Unidos acusa a Assange de haber violado su Ley de Espionaje por haber filtrado y publicado secretos diplomáticos y militares en 2010 a través de Wikileaks. En concreto, está acusado de 18 cargos relacionados con la Ley de Espionaje y uno por fraude y abuso informático, lo que podría llegar a 175 años de prisión.

Su defensa alega que su función fue equivalente a la de un periodista y cualquier límite que se ponga a su acción puede tener un impacto en cualquier periodista estadounidense. “Este caso es indignante y está claramente motivado políticamente para utilizar a Assange como ejemplo. Es el futuro del periodismo y la libertad de prensa lo que está en juego”, afirmó Rebecca Vincent, directora de campañas internacionales de Reporteros Sin Fronteras.

La detención

Assange fue detenido en abril de 2019 por agentes británicos que irrumpieron en la embajada de Ecuador en Londres. Ecuador le concedió el asilo en 2012 y desde entonces Assange vivía en la embajada. Horas antes de su detención, el presidente de Ecuador, Lenín Moreno, anunció por Twitter la retirada del asilo diplomático por considerarlo “insostenible”. El arresto se produjo a petición de EEUU.

En 2010, la Fiscalía de Suecia ordenó la detención de Assange, acusado de violación y abuso sexual, y Suecia emitió una orden europea de detención. Reino Unido aceptó extraditarle y Assange entonces pidió asilo en la embajada de Ecuador. Assange dijo que este proceso era una excusa para su extradición a EEUU, donde podría ser juzgado por la filtración masiva de documentos secretos en 2010 a través de Wikileaks. Finalmente Suecia archivó el caso en noviembre de 2019

El relator especial de la ONU para casos de tortura, Nils Meizer, aseguró en una entrevista publicada en elDiario.es que Assange no intentó en ningún momento huir de la justicia sueca. “Cuatro países democráticos unieron fuerzas [Estados Unidos, Ecuador, Suecia y el Reino Unido] para aprovechar su poder y retratar a un hombre como un monstruo para que luego pudiera ser quemado en la hoguera sin que nadie protestara”.

Decenas de personas salieron a la calle este miércoles en Londres para protestar frente al Tribunal Superior de la capital británica a favor de Julian Assange, fundador de WikiLeaks, poco antes del inicio de la revisión judicial sobre su extradición pedida por los Estados Unidos.

El grupo, que se reunió en la zona, acudió con megáfonos y pancartas a primera hora de la mañana para solicitar la liberación del activista y programador. “Es muy importante estar aquí hoy, no solo es importante para los periodistas sino para todo el mundo a nivel global”, aseguró Sadia Kokni, una manifestante.

“Se trata de las atrocidades que ha expuesto, es un buscador de justicia y verdad que da la cara por todos”, afirmó, antes de matizar que están ahí “para asegurar que se hace justicia”.

Assange no acudió al juzgado por razones médicas, si bien siguió el trámite judicial por videoconferencia desde la prisión de Belmarsh, en la que se encuentra encarcelado. Las imágenes muestran a Assange parcialmente fuera de cámara, con una camisa blanca, corbata y un tapabocas negro.

Estados Unidos solicitó en repetidas ocasiones la extradición de Assange, de 50 años y acusado de conspirar para obtener y difundir información clasificada y de seguridad nacional a raíz de la filtración de miles de documentos relacionados con las guerras de Afganistán e Irak.

Assange se enfrenta ahora a otra batalla judicial para evitar su extradición a territorio estadounidense, donde se le imputan una decena de cargos. El Tribunal Superior de Londres se encuentra así analizando el recurso presentado por Estados Unidos contra la decisión de otro tribunal que rechazó su extradición por motivos de salud.

El fundador de WikiLeaks fue arrestado en abril de 2019 en la Embajada de Ecuador en Londres, donde permanecía refugiado desde 2012 para evitar ser extraditado inicialmente a Suecia, donde tenía pendiente una investigación por presuntos delitos sexuales. En Estados Unidos se enfrenta a 17 cargos de espionaje y un cargo adicional de pirateo.

El caso no tiene precedentes en Estados Unidos bajo la normativa original, la Ley de Espionaje de 1917. Muchos académicos consideran que la ley, que nunca se ha utilizado para enjuiciar a un periodista hasta ahora, plantea problemas constitucionales preocupantes porque infringe los derechos de la Primera Enmienda a recibir y publicar información.

Amnistía Internacional pide su liberación

En un comunicado, la secretaria general de Amnistía Internacional, Agnès Callamard, hizo un llamamiento a los gobiernos de Estados Unidos y Reino Unido a “retirar los cargos y poner en libertad a Assange”.

Sus palabras tuvieron lugar después de que se difundieran una serie de informaciones que revelan que los servicios de Inteligencia de Estados Unidos habrían considerado la posibilidad de secuestrar o matar al activista cuando residía en la Embajada de Ecuador en Londres.

“Las garantías del Gobierno estadounidense de que Julian Assange no ingresará en un centro penitenciario de máxima seguridad ni será sometido a medidas administrativas especiales abusivas quedaron desacreditadas al admitir que se reserva el derecho a revocarlas”, sostuvo.

“Ahora, las informaciones de que la CIA consideró la posibilidad de secuestrar o matar a Assange han arrojado aún más dudas sobre la fiabilidad de las promesas estadounidenses y han puesto más al descubierto la motivación política que subyace a este caso”, afirmó.

Para Callamard, resulta “grotesco” que casi veinte años después “ninguna persona responsable de los presuntos crímenes de guerra cometidos por Estados Unidos durante las guerras de Afganistán e Irak haya rendido cuentas ni haya sido procesada, y sin embargo un editor que sacó a la luz dichos crímenes se enfrente a una posible cadena perpetua”.

Está previsto que durante la vista se examinen los cinco motivos esgrimidos por Estados Unidos para pedir la extradición de Assange. “La implacable persecución de Julian Assange por el Gobierno estadounidense deja ver a las claras que este procesamiento es una medida punitiva”, ha dicho Callamard.

Con información de Europa Press.

IG

El Tribunal Superior de Londres celebró este miércoles una vista provisional sobre el recurso que las autoridades de Washington han presentado contra la decisión de una corte británica de rechazar la extradición a EEUU del fundador de WikiLeaks, Julian Assange, (que le acusa de presunto espionaje) por considerar que había riesgo de suicidio.

Al término de la sesión, el juez Timothy Holroyde concedió a EEUU permiso para objetar la decisión de la jueza Vanessa Braitser, de la Corte de Magistrados de Londres, de no extraditar a Assange después de que ésta pusiera, según EEUU, demasiado énfasis en un informe elaborado por el médico Michael Kopelman, que en su día indicó que el periodista tenía un trastorno depresivo recurrente.

El Gobierno estadounidense considera que Assange, no está “tan enfermo” como para querer suicidarse si es extraditado. El juez también ha comunicado que el juicio de apelación de EEUU se celebrará el 27 y 28 de octubre próximo en el Tribunal Superior de Londres.

Vestido con una camisa blanca y mascarilla oscura, el periodista australiano, de 50 años, compareció ante la corte londinense por videoconferencia desde la prisión de alta seguridad de Belmarsh, al este de la capital británica, donde permanece detenido mientras se dirime la apelación estadounidense.

La abogada que representa a EEUU, Clair Dobbin, ha expuesto algunos argumentos que quiere presentar en el proceso judicial del recurso. La letrada ha informado de que parte de la apelación se centrará en que la ley exige que la persona tiene que estar muy enferma, con riesgo de suicidio, para evitar una determinada decisión judicial, que en el caso de Assange sería la extradición.

“Parte del recurso será que Assange no tenía una enfermedad mental que estuviera” cerca del suicido. La abogada ha agregado que Assange no tiene un historial de querer lesionarse y “nunca ha sufrido del tipo de enfermedad de salud mental” que “le privase de la capacidad” de tomar decisiones racionales.

También ha considerado necesario evaluar la salud mental de Assange, puesto que éste hizo todo lo posible por evitar la extradición. “Estaba dispuesto a violar la ley y ningún coste fue demasiado grande, tanto en término de costes policiales por estar en la embajada (de Ecuador en Londres) y por supuesto el coste personal”, ha dicho la abogada.

Simpatizantes de Assange

En la puerta del tribunal, Stella Moris, pareja y madre de dos hijos de Assange, ha cargado contra el Gobierno de EEUU por “prolongar arbitrariamente” su encarcelamiento.

“El Gobierno estadounidense está explotando los injustos acuerdos de extradición entre EEUU y el Reino Unido para prolongar arbitrariamente su encarcelamiento, el encarcelamiento de un hombre inocente acusado de ejercer el periodismo”, ha lamentado Moris antes de entrar al tribunal.

Un centenar de personas se ha congrewgado esta mañana a las puertas del Tribunal Superior para defender a Assange ante un caso judicial que ven como una contienda entre la “libertad” y las “mentiras”.

El exlíder laborista Jeremy Corbyn ha acudido a la protesta y se ha dirigido a los presentes en un discurso en el que ha mostrado su apoyo a Assange y al trabajo que ha hecho “revelando las verdades sobre la prisión de Guantánamo, la guerra de Irak y la toma de decisiones de las fuerzas armadas estadounidenses”.

La justicia británica decidió el pasado enero no extraditar a Assange, sobre el que pesan 18 cargos por espionaje e intrusión informática que pueden suponer hasta 175 años de cárcel en EE.UU.

Revelaciones de Wikileaks

Las revelaciones en el portal digital WikiLeaks expusieron secretos sobre las acciones estadounidenses en Irak y Afganistán, información acerca de las detenciones extrajudiciales en la prisión de Guantánamo (en la isla de Cuba) y cables diplomáticos que desvelaron abusos de derechos humanos en todo el mundo, entre otras cosas.

Assange, que no ha sido condenado por ningún delito, fue detenido en 2019 después de ser sacado por la fuerza de la embajada de Ecuador en Londres, donde se había refugiado en 2012 tratando de evitar precisamente su entrega a Estados Unidos, que finalmente, hace dos años, pidió su extradición.

Previamente, estuvo bajo arresto domiciliario en Inglaterra, hasta un total de casi 11 años de encierro desde que en diciembre de 2010 fue detenido en Londres por la Policía a petición de Suecia, que quería interrogarle por un caso de presuntos delitos sexuales de los que no fue imputado y que eventualmente se archivó.