Los cables diplomáticos internos del Departamento de Estado estadounidense expuestos hace quince años por la organización WikiLeaks radiografían el marco de relación entre Washington y Caracas en la primera década del siglo. A horas de la captura del presidente de Venezuela, Nicolás Maduro, y de la consumación de la doctrina “Donroe” (Donald + Monroe), que da carta blanca al Pentágono para intervenciones armadas en el mundo, aquellos textos diplomáticos reservados son reveladores de un giro fundamental, así como del papel de figuras que siguen protagonizando la vida pública del país invadido; en especial, María Corina Machado.

El fallido golpe de Estado contra Hugo Chávez en abril de 2002 había dejado escaldado al Gobierno de George W. Bush. La Casa Blanca no actuó por mano propia en esa ocasión —con marines y misiles—, pero dejó sus huellas marcadas al precipitarse a reconocer legitimidad a la gavilla que había tomado el poder por unas 48 horas. Las declaraciones y los vínculos económicos con los jefes de la asonada no dejaron margen a Washington para despegarse del efímero derrocamiento de Chávez. El fracaso disparó un efecto búmeran. La “revolución bolivariana” tomó impulso y los opositores y sus padrinos internacionales debieron lidiar con el estigma de lo actuado durante la siguiente década.

Los textos intercambiados entre la Embajada de EEUU en Caracas y el Departamento de Estado en Washington dejan claro un giro estratégico a partir de 2002. Con la meta de bajar el perfil, la herramienta para “aislar a Chávez” pasó a ser el apoyo económico a las “organizaciones no gubernamentales”, que comprendían un amplio arco —real o ficticio— de derechos humanos, ambientalistas, feministas, libertad de prensa, transparencia electoral y calidad democrática.

Se llegó al punto de que opositores y empresarios golpearon la puerta de la Embajada de EEUU en Caracas para solicitar fondos, y recibieron como respuesta que Washington no incurría en esas prácticas ilegales. “El embajador (Patrick Duddy) enfatizó que Estados Unidos no interviene en Venezuela, a lo cual García (Ismael, un diputado opositor) respondió: ‘Sí, pero es hora de que empiece’”, reflejó un cable de la Embajada del 14 de septiembre de 2008. Una réplica similar se llevó el empresario Miguel Henrique Otero el 19 de febrero de 2010, cuando pidió financiamiento de la Casa Blanca para su influyente diario, El Nacional, hoy cerrado.

Súmate, un sello fundado por María Corina Machado, ocupó un rol clave en la estrategia blanda de penetrar a través de las ONG, detallan los cables diplomáticos. Machado aseguraba que su organización no tenía intención partidaria, sino que se proponía fomentar la participación electoral y la elaboración de padrones. En esa condición recibió USD 300.000 de parte del programa Democracia, Derechos Humanos y Trabajo, canalizados a través de Departamento de Salud de EEUU.

Una investigación en la Asamblea Nacional chavista detectó el aporte a Machado y legisló para convertir en delito ese tipo de financiamiento. Arrinconada por esa amenaza legal y el descrédito público —algo que resonó ayer en el desprecio a la Nobel de la Paz manifestado por Trump en la conferencia de prensa en Mar-a-Lago—, Machado propuso a la Embajada que le remitiera una carta que falsamente informara que los USD 300.000 habían sido reintegrados, lo que despertó dudas en el Departamento de Estado sobre la conveniencia, según un cable del 14 de agosto de 2006.

A veinte años de aquello, la política exterior estadounidense no sólo dejó de guardar reparos sobre el injerencismo en América Latina, sino que lo proclama como síntoma de su fortaleza recuperada. Machado tampoco intenta disimular el apoyo requerido a Washington; justifica la intervención armada desde un atril en Oslo, y Maduro es despojado del cargo sin capacidad de respuesta militar ni —se corroborará en las próximas horas— popular.

El cambio de escenario encuentra razones de fondo. George W. Bush, ocupado con la agenda guerrerista contra países árabes y musulmanes tras el 11 de Septiembre de 2001, no tenía margen ni le interesaba retomar el traumático intervencionismo en el patrio trasero latinoamericano de la segunda mitad del siglo XX. El Plan Cóndor y el prisma “será un hijo de puta, pero es nuestro hijo de puta” y “hay que hacer sangrar a Chile” terminaron en decenas de miles de muertos y desaparecidos en el continente. No era una agenda presentable en el siglo XXI.

Ayer quedaron rehabilitados el ataque armado y el secuestro de un presidente de un país importante de Sudamérica. Que quede claro. No es un hecho puntual; es una doctrina a ser aplicada mientras el espíritu Trump reine en la Casa Blanca.

Trump enterró esas inhibiciones. Planteó una potestad irrestricta para defender lo que denomina como intereses de Estados Unidos en todo el mundo por la vía militar, la doctrina “Donroe” (neologismo surgido de Monroe, aquella de “América para los americanos”), pilar de un mandato que se propone restaurar la primacía de su país frente a la emergencia China.

El crescendo es explícito. Del bloqueo económico al “enemigo” (Cuba, Venezuela) y el apoyo solapado a políticos y partidos afines (Macri, Piñera, Noboa, contra Lula y Petro), se pasó en 2025 al salvataje económico con el propósito confeso de que el ultra más arrastrado de todos ganara una elección de medio término. Ayer quedaron rehabilitados el ataque armado y el secuestro de un presidente de un país importante de Sudamérica para conseguir fines políticos o económicos.

En un mensaje que dejó varios cabos sueltos, el mandatario norteamericano dijo que él se encargará de administrar Venezuela hasta concretar la “transición democrática” y rehabilitar el potencial petrolero, un negocio sobre el que el magnate reclama resarcimientos. Habla del crudo venezolano como si fuera suyo. El dato anticipa el motor de lo que viene. Puede ser electo presidente de Venezuela el político más pristino en elecciones ejemplares, pero si se le ocurriere afirmar que negociará todo el petróleo con China en función exclusiva del interés nacional, su vida en Miraflores será corta.

Había precedentes coloniales por el estilo en América Central, no en Sudamérica, donde los golpes fueron llevados a cabo por elites civiles o militares, con ayuda o la tutela de, pero no reemplazadas directamente por la Casa Blanca. Que quede claro. No estamos ante un hecho puntual; es una doctrina a ser aplicada siempre que haga falta mientras el espíritu Trump reine en la Casa Blanca.

Otro elemento distintivo desde aquella década disparada tras el golpe de 2002 en Venezuela es que el Palacio Miraflores no está ocupado por Chávez, sino por Maduro. La mayoría de los años de Chávez fueron de crecimiento a altas tasas y redistribución de la riqueza sin precedentes en Venezuela. Con sus dosis de autoritarismo a cuestas, el fundador de la “revolución bolivariana” validó reiteradamente su liderazgo en elecciones que sus adversarios intentaban trampear o rehuir. El capítulo de Maduro es opuesto. Administró una de las debacles económicas más aceleradas del capitalismo reciente —por las inconsistencias del modelo chavista y el bloqueo de EEUU—, y puso un manto de sombra sobre los escrutinios que ganó, hasta que perpetró el fraude puro y duro en las presidenciales de 2024. Chávez era un líder en las urnas, las calles y la arena internacional. Maduro —con mucha menos suerte en el ciclo económico que su mentor— quedó como una caricatura en todos esos territorios.  

Los años que siguieron a la muerte de Chávez en 2013 vieron varios intentos de derrocar a Maduro, ya sea a través de acciones mal barajadas con mercenarios —operación Gedeón— o con el ensayo fraudulento en todos los sentidos posibles de Juan Guaidó. Terminaron mal, pero ningún Gobierno estadounidense —Obama, Trump y Biden— levantó el pie del acelerador, alentados por el deterioro de Venezuela que resquebrajaba resistencias.

La aparente facilidad y precisión quirúrgica para capturar a Maduro parece evidenciar el componente de la traición en el seno de Gobierno y la fuerza militar. De hecho, el diario The New York Times reveló que la CIA tiene un infiltrado en el Gobierno de Venezuela que le pasó coordenadas precisas de tiempo y lugar en que se encontraban Maduro y su esposa, Cilia Flores. Las próximas horas dirán si hay una base popular dispuesta a defender al régimen de la invasión extranjera, o si la anomia se terminó de apoderar de un pueblo asfixiado por las privaciones y la farsa política. Nadie se sorprendería si no hay quién dé la cara por Maduro.

Maduro administró una de las debacles económicas más aceleradas del capitalismo reciente —por las inconsistencias del modelo chavista y el bloqueo de EEUU—, hasta que perpetró el fraude puro y duro en las presidenciales de 2024

El amigo narco

Cambiaron los elementos del cuadro. Las razones esgrimidas por Trump y sus aduladores en el mundo se van por la canaleta. No hay épica, ni siquiera discurso. Sólo farsa y violencia de los hechos.

Aunque Trump gaste algunas palabras sin convicción, no promete la victoria de la libertad frente al totalitarismo como en la Guerra Fría, ni la primacía de la razón en el choque de civilizaciones desatado tras la caída del Muro de Berlín. Vocifera la guerra contra el comunismo, un enemigo casi inexistente. En rigor, el magnate no dedica mucha energía al engaño: quiere asegurar(se) negocios.

Ayer se cumplió un mes del indulto de Trump a Juan Orlando Hernández, expresidente de Honduras, condenado por narcotráfico a 45 años de prisión por un tribunal federal de Nueva York. Testimonios tomados en cuenta por el jurado indican que Hernández recibió al menos USD 1 millón del Chapo Guzmán y que se vanagloriaba de “meter la droga a los gringos en sus narices”. El fallo del jurado fue unánime, pero, como Hernández es derechista y su delegado en la elección reciente de Honduras, Nasry Asfura, promete seguir la agenda ultra, Trump lo dejó en libertad. Maduro será trasladado a Nueva York para ser juzgado por narcotráfico en los próximos días. Probablemente le tocará el mismo tribunal que juzgó a Hernández, pero éste lo mirará desde alguna finca de lujo entre Florida o Tegucigalpa.

Tampoco hay que prestar atención a los versículos sobre el amor por la democracia y contra los crímenes de lesa humanidad. Ello no está en la agenda real de Trump ni de Milei. El primer ministro israelí, Benjamin Netanyahu, tiene pedido de captura de la Corte Penal Internacional por sus supuestos crímenes de lesa humanidad, mientras Israel como Estado es juzgado por genocidio en la Corte Internacional de Justicia. Son procesos que se rigen por el derecho internacional, con acusaciones, testigos, expertos y defensas garantizados por la ley. El presidente estadounidense no sólo desconoce esos procesos, sino que activa sanciones abusivas contra investigadores, jueces y fiscales que los llevan a cabo.

Éxtasis soez

Maduro se transformó en un dictador y está acusado seriamente de delitos contra la humanidad, pero nadie puede sospechar que un mandatario, Trump, que dispara misiles contra barcazas y coquetea con supremacistas de su país tiene alguna intención real de combatir el narcotráfico ni los abusos de los derechos humanos. Qué decir de Milei, gozador patológico con los apaleamientos a jubilados y familiares de discapacitados, y negacionista del terrorismo de Estado.

El Presidente y los suyos entraron en éxtasis ayer por la mañana. Agustín Romo, presidente del bloque de La Libertad Avanza (LLA) en la Cámara de Diputados de la provincia de Buenos Aires y uno de los fieles de mayor peso de gurú Santiago Caputo, se sintió poseído por un protagonismo hollywoodense para explicar la razón real del ataque de Trump a Venezuela. “Why? Because we fucking can. And if we can, we do” (“¿Por qué? Porque podemos, carajo. Y si podemos, lo hacemos”). Su segundo mensaje fue contra Axel Kicillof. “Sos un zurdo hijo de puta que defiende dictadores, asesinos y narcotraficantes. No metas a los bonaerenses en tu mierda, forro”, posteó el jefe de la oposición de la principal provincia argentina ante la condena del gobernador de Buenos Aires a la intervención armada estadounidense.

No se trató de un arrebato circunscripto a un integrista católico enardecido como Romo. Pablo Quirno, veterano del JP Morgan, ahora ocupa el cargo de canciller. También se dirigió a Kicillof a través de un reposteo. “Ya que les gusta tanto el derecho, empezá por cerrar bien el orto, enano comunista”.

La brutalidad de la época avergüenza, pero la historia demostró que no concluye en sus destellos más revulsivos.

SL/MF

slacunza@eldiarioar.com

El fundador de WikiLeaks, Julian Assange, aseguró este martes que está libre porque se declaró “culpable de periodismo”, a la vez que dijo que espera que su testimonio pueda “ayudar a aquellos cuyos casos son menos visibles, pero que son igual de vulnerables”.

“Quiero ser totalmente claro: hoy no estoy libre porque el sistema haya funcionado, hoy estoy libre tras años de encarcelamiento porque me declaré culpable de periodismo”, expresó Assange ante el Consejo de Europa.

Assange viajó este martes a la ciudad francesa de Estrasburgo para comparecer ante la Asamblea Parlamentaria del Consejo de Europa (APCE) y aportar pruebas sobre su detención y condena y sobre sus efectos en los derechos humanos.

La puesta en libertad de Assange fue posible tras un acuerdo con el Departamento de Justicia de Estados Unidos, según el cual, se declaró culpable de violar dicha ley de espionaje, lo que suponía una condena de 62 meses de cárcel, que quedó anulada por el tiempo ya cumplido en Belmarsh, a cambio de poder regresar a Australia.

Assange dijo esperar que su testimonio pueda “ayudar a aquellos cuyos casos son menos visibles, pero que son igual de vulnerables”, mientras que dijo que existe cada vez “más impunidad, más secretismo, más represalias” contra quienes dicen “la verdad” y “más autocensura”.

En junio pasado, Assange fue puesto en libertad tras aceptar declararse culpable de un único cargo de delito grave a cambio de tiempo cumplido y el acuerdo se cerró en un remoto tribunal estadounidense del Pacífico antes de que volara a su Australia natal.

Estuvo cinco años encerrado en la prisión londinense de alta seguridad de Belmarsh y casi siete años refugiado en la embajada de Ecuador en la capital británica, en un intento de evitar pasar el resto de su vida entre rejas.

Assange estuvo acompañado de su esposa Stella y del redactor jefe de WikiLeaks, Kristinn Hrafnsson, se mostró tranquilo y relajado durante su declaración de este martes, de unos 20 minutos de duración.

Con información de agencias.

IG

El fundador de WikiLeaks, Julian Assange, aterrizó este miércoles en Australia ante una gran expectativa tras declararse culpable de violar la ley de espionaje de Estados Unidos en un acuerdo que le libera de una batalla legal de 14 años.

Assange desembarcó de un avión privado en el aeropuerto de Canberra poco después de las 19:30, hora local, saludando a los medios de comunicación que lo esperaban y a sus seguidores antes de besar apasionadamente a su esposa, Stella y abrazar a su padre, antes de entrar en el edificio de la terminal con su equipo jurídico.

El primer ministro australiano, Anthony Albanese, que presionó durante años para liberar a Assange, dijo que había hablado con él por teléfono tras el aterrizaje de su avión.

“Tuve una conversación muy cálida con él, fue muy generoso en sus elogios a los esfuerzos del Gobierno australiano”, dijo Albanese en una conferencia de prensa y añadió: “Esto no es algo que haya sucedido en las últimas 24 horas. Esto es algo que se ha considerado, se ha trabajado con paciencia y se ha trabajado de forma calibrada, y así es como nos comportamos en Australia. El Gobierno australiano defiende a los ciudadanos australianos, eso es lo que hacemos”.

La liberación de Assange pone fin a una saga legal en la que pasó más de cinco años en una cárcel británica de alta seguridad y siete años asilado en la embajada de Ecuador en Londres, luchando contra la extradición a Suecia por acusaciones de agresión sexual y a Estados Unidos, donde se enfrentaba a 18 cargos penales.

Esos cargos se derivan de la publicación por parte de WikiLeaks en 2010 de cientos de miles de documentos militares clasificados sobre las guerras de Washington en Afganistán e Irak, una de las mayores filtraciones de información secreta en la historia de Estados Unidos.

Durante la audiencia de tres horas, Assange se declaró culpable de un cargo penal de conspiración para obtener y divulgar documentos clasificados de defensa nacional de Estados Unidos, pero dijo que creía que la Primera Enmienda de la Constitución, que protege la libertad de expresión, protegía sus actividades.

“Trabajando como periodista animé a mi fuente a proporcionar información que se decía que era clasificada para poder publicarla”, dijo a la corte y agregó: “Creí que la Primera Enmienda protegía esa actividad, pero acepto que fue... una violación del estatuto de espionaje”.

La jueza principal de distrito de Estados Unidos, Ramona V.

Manglona, aceptó su declaración de culpabilidad y lo puso en libertad, señalando que el Gobierno de EEUU indicó que no había víctimas personales fruto de las acciones de Assange.

La jueza deseó a Assange, que cumple 53 años el 3 de julio, un feliz cumpleaños anticipado, al dejarle en libertad debido al tiempo ya cumplido en una cárcel británica.

Aclamado como héroe

Mientras el Gobierno estadounidense considera a Assange un imprudente por poner en peligro a sus agentes al publicar sus nombres, sus partidarios lo aclaman como un héroe por promover la libertad de expresión y denunciar crímenes de guerra.

“Creemos firmemente que el señor Assange nunca debería haber sido acusado bajo la Ley de Espionaje y haber participado en (un) ejercicio que los periodistas realizan todos los días”, aseguró su abogado estadounidense, Barry Pollack, a los periodistas fuera del tribunal y afirmó que el trabajo de WikiLeaks continuará.

Mientras, su abogada británica y australiana, Jennifer Robinson, agradeció al Gobierno australiano por sus años de diplomacia para asegurar la liberación de Assange. Su padre, John Shipton, dijo a Reuters que se sentía aliviado.

“Que Julian pueda volver a casa en Australia y ver a su familia con regularidad y hacer las cosas ordinarias de la vida es un tesoro”, dijo Shipton en Canberra, donde esperaba a su hijo.

“Es un gran alivio para Julian Assange, para su familia, para sus amigos, para sus seguidores, para nosotros y para todos los que creen en la libertad de expresión en todo el mundo, que ahora pueda regresar a Australia y reunirse con su familia”, añadió y dijo: “La belleza de lo ordinario es la esencia de la vida”.

Assange había aceptado declararse culpable de un único cargo penal, según los documentos presentados ante el Tribunal de Distrito de Estados Unidos para las Islas Marianas del Norte. El territorio estadounidense en el Pacífico occidental fue elegido debido a la oposición de Assange a viajar al territorio continental de Estados Unidos y por su proximidad a Australia, dijeron los fiscales.

Los políticos australianos que habían hecho campaña a favor de su liberación expresaron su preocupación por la declaración de culpabilidad en suelo estadounidense, afirmando que se trataba de un periodista condenado por hacer su trabajo.

“Es un precedente realmente alarmante. Es el tipo de cosa que esperaríamos en un país autoritario o totalitario”, dijo Andrew Wilkie, legislador independiente que dirigió un grupo parlamentario que abogaba por Assange.

Assange pasó más de cinco años en lo que la jueza Manglona calificó como una de las cárceles más duras de Reino Unido y siete años encerrado en la embajada de Ecuador en Londres al tiempo que luchaba contra su extradición.

Mientras estuvo encerrado en la embajada tuvo dos hijos con Stella, que había sido una de sus abogadas. Se casaron en 2022 en la prisión londinense de Belmarsh.

Con información de NA.

IG

La saga judicial de Julian Assange de más de una década en el Reino Unido terminó este lunes tras su liberación de la prisión a las afueras de Londres donde estuvo recluido desde 2019. El fundador de Wikileaks ya está libre y planea instalarse en Australia, su país natal, pero las consecuencias del caso para la libertad de información pueden perdurar más allá por lo que las organizaciones que velan por la protección de los periodistas consideran un precedente peligroso.

El acuerdo que ha firmado el fundador de Wikileaks con el Departamento de Justicia de Estados Unidos para su liberación supone el reconocimiento de culpa por el delito de conspirar para conseguir y publicar documentos de información clasificada que afecta a la seguridad nacional de Estados Unidos. A cambio, el Departamento de Justicia abandona los otros 17 cargos en el caso presentado durante la Administración de Donald Trump, en mayo de 2019, y acepta como condena el tiempo que Assange ya pasó en la cárcel en el Reino Unido, la mayoría mientras apelaba contra el proceso de extradición a Estados Unidos.

¿Qué es un periodista?

Los abogados que representan a Estados Unidos insistieron en que ni Assange es un periodista ni Wikileaks es un medio, en particular por el desdeño a la protección de activistas, periodistas, abogados de derechos humanos y otras fuentes de Estados Unidos en países como Afganistán, China o Irak, según detalla el escrito de acusación de mayo de 2019. 

Desde que tomó el relevo la Administración Biden, los abogados de la acusación insistieron especialmente en este punto, entre otras cosas porque la Primera Enmienda de la Constitución de Estados Unidos ofrece una amplia protección para la libertad de prensa y de expresión. 

Pero varias organizaciones especializadas en la libertad de prensa subrayaban este martes en que, sea o no Assange considerado un periodista, el hecho de que se haya reconocido culpable de la actividad que practican periodistas de investigación en todo el mundo puede sentar un precedente. 

Stella Assange, esposa del fundador de Wikileaks y también abogada, aseguró a la agencia de noticias Reuters que su equipo legal pedirá al presidente Joe Biden el perdón porque el cargo que quedó es “una preocupación muy seria” para la libertad de prensa en todo el mundo. 

El perdón presidencial es una prerrogativa amplia y puede incluir “alterar una sentencia”, pero no necesariamente significa reconocer la inocencia de la persona perdonada. Otro obstáculo es que se concede habitualmente a residentes en Estados Unidos, algo que Assange no es ni nunca fue. La política “general” del Departamento de Justicia, según explica la oficina encargada de los perdones, es no aceptar peticiones de no residentes en el país y sólo abriría un expediente para tramitar la solicitud de manera excepcional si lo pide el fiscal general o el presidente. 

La ley de espionaje de 1917

El cargo que quedó responde al uso de la ley de 1917 contra el espionaje y esto inquieta especialmente a los defensores de la libertad de información.

“Estados Unidos consiguió una condena con la ley de espionaje, por primera vez en los más de 100 años de historia de la ley, por actividades periodísticas básicas”, aseguró al New York Times David Greene, director de la fundación Electronic Frontier, una ONG que defiende los derechos civiles en Internet.

Otras organizaciones especializadas en la libertad de prensa repitieron la misma preocupación tras la resolución del caso de Assange.

“Aunque nos alegramos del final de su detención, los cargos contra Assange por parte de Estados Unidos han sentado un precedente legal dañino abriendo la vía para que periodistas puedan ser juzgados bajo la ley de espionaje si reciben material clasificado de filtradores. Esto no tendría que haber pasado nunca”, dijo en un comunicado Jodi Ginsberg, la consejera delegada del Comité para la Protección de los Periodistas (CPJ, en sus siglas en inglés), una organización de defensa de la libertad de prensa con sede en Nueva York. 

El matiz del caso de Assange es que se trata de un acuerdo antes de que haya habido un juicio y en circunstancias peculiares en medio de un proceso de extradición. Esto ofrece una valoración mixta por parte de algunos expertos en la Primera Enmienda. 

“Un acuerdo con una declaración de culpabilidad ha evitado el peor escenario para la libertad de prensa, pero este acuerdo contempla los cincos años de prisión para Assange por actividades que los periodistas hacen cada día”, explicó Jameel Jaffer, director ejecutivo del Instituto Knight para la Primera Enmienda de la Universidad de Columbia. “Dejará una larga sombra sobre el tipo de periodismo más importante no sólo en este país, sino alrededor del mundo”.

Estas organizaciones llevan años movilizándose en defensa de Assange por el mismo motivo que ahora siembra dudas sobre el precedente para otros casos.

Si bien los medios con los que antes había colaborado criticaron a Assange por su desprecio a la protección de las fuentes y por su colaboración con el régimen de Vladímir Putin, en la batalla legal que lanzó la Administración Trump también se pusieron del lado del fundador de Wikileaks por el peligro para la libertad de información en general. Entre otras iniciativas, en noviembre de 2022, los directores y editores del Guardian, el New York Times, Le Monde, Der Spiegel y El País publicaron una carta abierta en su defensa.

Alan Rusbridger, que era el director del Guardian cuando el diario publicó parte de los telegramas diplomáticos filtrados por Assange, ahora también está preocupado por los detalles del acuerdo. “El precedente debe alarmar a los periodistas”, escribe en la revista Prospect que ahora dirige. La manera de tratar a Assange, según él, “además de las leyes draconianas en países como el Reino Unido y Australia, sin duda tendrá un efecto disuasorio para el reporterismo genuino y legítimo sobre asuntos de seguridad nacional”.

El problema ‘New York Times’

Los riesgos del caso estaban presentes en la decisión de la Administración Obama de no lanzar un proceso contra Assange por lo que se conocía como “el problema New York Times”, es decir el precedente para la publicación de información de medios que sí cumplan con los estándares periodísticos de proteger las fuentes y tomar precauciones para no poner en peligro a personas en países de riesgo. En 2013, responsables del Departamento de Justicia descartaron presentar cargos contra Assange porque llegaron a la conclusión de que sería imposible sin hacerlo también contra medios y periodistas, según publicó entonces el Washington Post. 

“El problema que el Departamento ha tenido siempre en su investigación de Julian Assange es que no hay ninguna manera de presentar cargos contra él por publicar información sin que la misma teoría se aplique a periodistas”, dijo entonces al Post un ex portavoz del Departamento de Justicia, Matthew Miller. “Y si no vas a presentar cargos contra periodistas por publicar información clasificada, cosa que el Departamento no va a hacer, entonces no hay ninguna manera de hacerlo contra Assange”.  

Varios medios en Estados Unidos publicaron información parecida a la de Wikileaks antes y después de las publicaciones cuestionadas entre 2009 y 2011, y varios periódicos en ese país y en Europa también colaboraron con Assange. Por ejemplo, los abusos de prisioneros en Guantánamo, que Wikileaks publicó en parte por su cuenta y en parte con el New York Times en 2011, ya habían sido revelados, con otras fuentes y otros detalles, por la cadena de televisión CBS, la agencia de noticias AP y el New Yorker desde 2004. 

Entre la información más significativa, publicada con el filtro y la colaboración del New York Times y otros medios, están los informes internos del Pentágono sobre víctimas civiles y militares en la guerra de Irak entre 2004 y 2009. Aunque ya había estimaciones oficiales e investigaciones independientes sobre víctimas civiles, los informes permitieron confirmar los peores escenarios. 

Condena e indulto a Manning

El argumento de que no se podía presentar cargos contra Assange se mantuvo durante toda la Administración Obama. 

El Departamento de Justicia, en cambio, sí acusó a Chelsea Manning, exanalista del ejército de Estados Unidos y la persona que le pasó documentos a Assange. Según el escrito de acusación posterior contra Assange, el fundador de Wikileaks presionó y ayudó a Manning en el hackeo. Manning fue condenada a 35 años de prisión, pero salió de la cárcel en 2017, después de que Obama le concediera el indulto en uno de sus últimos actos como presidente.

Los documentos que filtró Manning para denunciar abusos incluyen la publicación en 2010 de un vídeo de 2007 en que un helicóptero de Estados Unidos disparó y mató a 11 civiles, entre ellos dos periodistas de la agencia Reuters. 

La agencia de noticias pidió cuando ocurrieron los hechos el vídeo al Pentágono y lo vio poco después aunque no tenía autorización para reproducirlo. El jefe del equipo de Reuters en Bagdad dijo después que el Ejército de EEUU había “mentido” sobre qué pasó el día del ataque. 

El portal WikiLeaks anunció este lunes en su cuenta de X que Julian Assange dejó por la mañana la prisión de alta seguridad británica donde estaba recluido y ya abandonó el Reino Unido con el objetivo de volver a Australia.

“Julian Assange está libre. Dejó la prisión de máxima seguridad de Belmarsh la mañana del 24 de junio, tras haber pasado allí 1.901 días”, informó WikiLeaks en X.

El portal asegura que Assange, de 52 años y nacionalidad australiana, “recibió libertad bajo fianza por el Tribunal Superior de Londres y fue liberado en el aeropuerto de Stansted durante la tarde, donde abordó un avión y salió del Reino Unido”.

“Después de más de cinco años en una celda de 2x3 metros, aislado 23 horas al día, pronto se reunirá con su esposa Stella Assange y sus hijos, que solo han conocido a su padre tras las rejas”, afirma el portal, que concluye su mensaje en X diciendo: “La libertad de Julian es nuestra libertad”.

WikiLeaks también publicó un vídeo en el que se ve a Assange, con el pelo blanco peinado hacia atrás, revisando unos papeles y luego subiendo a pie la escalerilla de un avión.

El anuncio de WikiLeaks se produce después de que se desvelara en documentos judiciales que Assange alcanzó un acuerdo con el Departamento de Justicia estadounidense que le permitirá regresar a Australia y pondrá fin a una larga saga judicial por la filtración de documentos clasificados.

Assange comparecerá el miércoles a las 9:00 hora local (23:00 GMT del martes) en un tribunal de las Islas Marianas, un territorio estadounidense en el océano Pacífico, para finalizar ese acuerdo con el Departamento de Justicia.

La justicia estadounidense había acusado a Assange de hasta 18 delitos por violar la Ley de Espionaje debido a una de las mayores filtraciones de información clasificada en la historia de Estados Unidos en 2010, que reveló secretos de las guerras de Irak y Afganistán, así como datos sobre los detenidos en la base de Guantánamo, entre otros asuntos.

Según el acuerdo alcanzado con el Departamento de Justicia, Assange se declarará culpable el miércoles, durante una audiencia judicial, de un solo cargo por conspirar para obtener y difundir ilegalmente información clasificada. Además, Assange solo sería sentenciado a 62 meses de prisión, equivalentes al tiempo que ya ha cumplido en la prisión de alta seguridad de Belmarsh.

La comparecencia se realizará en un tribunal de las Islas Marianas, debido a la oposición de Assange a viajar al territorio continental de Estados Unidos y a la proximidad del tribunal con Australia, según una carta del Departamento de Justicia presentada ante el juzgado.

Organizaciones defensoras de la libertad de prensa llevan años pidiendo la liberación de Assange y su esposa, Stella, ha estado liderando una campaña en su defensa con la participación de famosos y personalidades políticas. 

MM con información de la agencia EFE.

Julian Assange podrá seguir apelando ante la Justicia del Reino Unido contra su extradición a Estados Unidos, según dictó el Alto Tribunal en Londres este lunes. La corte aceptó los argumentos de la defensa de que el fundador de Wikileaks puede ser discriminado como australiano y no recibir toda la protección que ofrece la Primera Enmienda de la Constitución de Estados Unidos a sus ciudadanos. 

Ahora la defensa de Assange tiene hasta el 24 de mayo para presentar la apelación en lo que podría ser el comienzo de otro largo proceso, a no ser que Estados Unidos acepte abandonar el caso y aceptar el tiempo pasado en la cárcel a las afueras de Londres por el fundador de Wikileaks como suficiente. El equipo legal de Assange y el Departamento de Justicia de Estados Unidos negocian desde hace meses la retirada de los cargos, según adelantó el Wall Street Journal en marzo y confirmó en abril el presidente Joe Biden. El caso contra Assange por el robo y la publicación de documentos clasificados lo empezó el Departamento de Justicia en 2019, cuando Donald Trump era presidente.

Assange afronta en Estados Unidos 17 cargos por espionaje y uno por pirateo informático por el acceso a información confidencial y su publicación hace 15 años. La fiscalía le acusa de “conspirar” con Chelsea Manning, analista del ejército que fue condenada a 35 años en prisión en 2013 y que el presidente Barack Obama indultó en 2017. Wikileaks publicó cientos de miles de documentos del Gobierno de Estados Unidos, incluidos algunos sobre operaciones militares en todo el mundo. El escrito de acusación del Departamento de Justicia lanzado en 2019, cuando Donald Trump era presidente, se queja, en particular, de la información que Assange publicó por su cuenta, sin la colaboración de medios, porque no hizo un esfuerzo por proteger a activistas de derechos humanos, periodistas y otras fuentes citadas por diplomáticos y militares estadounidenses en lugares donde estas personas podían sufrir torturas o ser asesinadas como China, Irán, Irak, Siria y Afganistán. Por ejemplo, Wikileaks no borró los nombres y otros detalles de personas vulnerables, como hacen habitualmente los medios que publican información confidencial. 

La mayoría del material en cuestión se remonta a hechos sucedidos hace casi dos décadas, y parte de la información ya había sido publicada o lo ha sido después con más detalles por medios en Estados Unidos. 

El Departamento de Justicia disputa que Assange pueda ser considerado un periodista por no haber respetado los estándares mínimos de publicación, pero el Comité para la Protección de los Periodistas y PEN, la organización de escritores, entre otros grupos de activistas de la libertad de expresión, insisten en que una posible condena de Assange sentaría un precedente para la libertad de prensa en Estados Unidos (de hecho, la Administración Obama decidió no abrir un caso contra el fundador de Wikileaks por este motivo).

Assange no asistió a la audiencia en Londres por motivos de salud, según su esposa, Stella Assange, con quien se casó en prisión y tiene dos hijos. Rebecca Vincent, directora de campañas de Reporteros Sin Fronteras y quien estaba presente en la audiencia, aseguró este lunes que las últimas dos veces que visitó a Assange en prisión salió preocupada por “su estado de salud mental y física”. Vincent se dijo después “aliviada” por la decisión del tribunal británico.

De qué se trata

Las revelaciones más sustanciales de Wikileaks salieron de la colaboración con el New York Times y otros medios, por ejemplo, los informes internos del Pentágono sobre víctimas civiles y militares en la guerra de Irak entre 2004 y 2009. Aunque ya había estimaciones oficiales de muertos y heridos civiles, los informes permitieron comparar fuentes y ofrecer un panorama más fiel a la realidad, que incluía 15.000 muertos más respecto a las primeras cifras oficiales. 

Además, en 2010, Wikileaks publicó un vídeo de 2007 en que se veía cómo un helicóptero de Estados Unidos disparó y mató a 11 civiles, entre ellos dos periodistas de la agencia Reuters. La agencia de noticias lo vio poco después de que sucedieran los hechos aunque no tenía autorización para reproducirlo; su jefe de la oficina en Bagdad ya había acusado al Ejército estadounidense de “mentir” sobre lo que había sucedido aquel día.

Wikileaks también publicó en 2011 en parte por su cuenta y en parte en el New York Times más detalles sobre los abusos de prisioneros en Guantánamo, desvelados también con otras fuentes por la cadena CBS, la agencia de noticias AP y el New Yorker en 2004.

Extradición sí o no

Tras años de batalla legal, el Gobierno británico autorizó la extradición de Assange a Estados Unidos en 2022, pero el equipo legal del fundador de Wikileaks la paró con recursos ante la justicia británica, que ofrece un sistema con múltiples vías de apelación en el país, además de someterse a la intervención del Tribunal Europeo de Derechos Humanos, que puede parar cualquier extradición en el último minuto. Esta corte ha rechazado hasta ahora asumir el caso. 

En marzo, la justicia británica congeló la decisión sobre la extradición de Assange y le dio la razón sobre la falta de garantías suficientes de Washington de que no será discriminado por ser ciudadano australiano y podrá hacer uso pleno de la Primera Enmienda de la Constitución de Estados Unidos, que protege la libertad de expresión de una manera más amplia que en el Reino Unido o en la mayoría de países europeos, incluido España.

Estados Unidos responde que Assange no tendrá limitadas sus capacidades de defensa por ser australiano y podrá recurrir a la Primera Enmienda, si bien su aplicación en este caso es “competencia de los tribunales de Estados Unidos” y no de lo que diga el Departamento de Justicia. Además, los representantes de la Administración Biden se comprometen por escrito a que “una sentencia de muerte ni será pedida ni será impuesta a Assange”. El equipo de abogados de Assange ha repetido que el fundador de Wikileaks podría ser condenado a 175 años de cárcel o la pena de muerte. Las autoridades estadounidenses aseguran que, si es declarado culpable ante un tribunal en Estados Unidos, la pena podría ser de unos pocos años de prisión. El tribunal británico aceptó este lunes las garantías de Washington de que Assange no estaría en ningún caso en riesgo de ser condenado a pena de muerte, pero rechazó las relacionadas con la Primera Enmienda.

El Comité para la Protección de los Periodistas (CPJ, por sus siglas en inglés) asegura que las garantías sobre la posibilidad de que Assange sea protegido por la Primera Enmienda no son suficientes. “Esto no hace caso del hecho de que los cargos en sí mismos cuestionan directamente los derechos de la Primera Enmienda”, dice en un comunicado conjunto con otras organizaciones de derechos civiles. “Esto crearía un alarmante precedente legal para la extradición de periodistas a Estados Unidos por la publicación de material clasificado de interés público”.

Assange lleva desde 2019 en una prisión británica y antes pasó siete años refugiado en la embajada de Ecuador en Londres para evitar ser extraditado a Suecia, que investigaba dos acusaciones de violación en ese país (la fiscalía sueca abandonó el caso en 2019 porque consideró que había pasado demasiado tiempo para recoger testimonios). 

Este martes la entrada del alto tribunal de Londres se volvió a llenar de reporteros y activistas con pancartas a favor de Julian Assange. Hubo menos discursos que de costumbre, pero la escena era parecida a la repetida una y otra vez desde 2019 mientras el fundador de Wikileaks sigue apelando contra su extradición a Estados Unidos, que le quiere juzgar por pirateo informático, robo y publicación de información confidencial de defensa nacional.

El equipo legal y la esposa del hacker australiano, Stella Assange, anunciaron en febrero que la decisión de este tribunal de Londres sería el final del camino, pero la decisión de la corte abre un nuevo proceso que puede sigue alargándose durante meses. La batalla legal empezó en Londres hace más de una década. 

¿Qué ha decidido el alto tribunal?

La corte de Londres, que no tiene equivalente exacto en España, pero ejerce en este caso funciones parecidas al Tribunal Supremo español, ha sentenciado que aunque el Gobierno británico firmó la orden de extradición a Estados Unidos en 2022 y parecían agotados todos los recursos, Assange todavía tiene margen para seguir apelando. 

Según el tribunal británico, el Departamento de Justicia de Washington no ha dado suficientes garantías en tres puntos: que el derecho a la libertad de expresión de Assange será protegido según la Primera Enmienda de la Constitución de EEUU, que el acusado no será discriminado por ser ciudadano australiano y que en ningún caso se le condenará por un delito que pueda acarrear la pena de muerte. Los representantes de Estados Unidos tienen tres semanas para presentar más evidencias sobre estos puntos en concreto y, si lo hacen, el 20 de mayo se celebrará una nueva audiencia en Londres para analizarlas. Si el Departamento de Justicia no las presenta o no satisfacen a los jueces británicos, Assange podrá empezar desde cero un recurso más global.

La justicia británica no ha aceptado otros argumentos de la defensa, que alegó en febrero que Assange no tendría un juicio justo en Estados Unidos o que se le estaba persiguiendo por “motivos políticos”. 

¿Y después?

Incluso si esta parte del proceso se resuelve en contra de Assange, todavía le queda la opción de recurrir ante el Tribunal de Derechos Humanos de Estrasburgo, que tiene el poder de paralizar cualquier extradición en el Reino Unido mientras decide si considera el caso. 

Además, según publicó hace unos días el Wall Street Journal, el Departamento de Justicia y el equipo legal de Assange llevan meses negociando un acuerdo para cerrar el caso y que el australiano no sea enviado a Estados Unidos. El Journal publicó que el acuerdo considerado puede consistir en que Assange se declare culpable de un cargo menor y el Departamento de Justicia retire el resto de cargos y acepte que el tiempo que ha estado en prisión en Londres ya es suficiente para considerar que ha cumplido la sentencia. 

El equipo legal de Assange asegura que su defendido puede ser condenado a 175 años de cárcel, pero las autoridades estadounidenses replican que, de ser declarado culpable, recibiría probablemente una pena mucho menor, más bien de seis años. Tras la publicación de la exclusiva del Journal, el equipo de Assange no quiso comentar sobre la información y uno de sus abogados sólo dijo en un comunicado que el Departamento de Justicia no ha dado “ninguna indicación” de que esté cambiando de estrategia.

¿De qué se acusa a Assange?

El proceso actual es el que abrió el Departamento de Justicia de Estados Unidos en mayo 2019, durante la Administración de Donald Trump. La fiscalía le acusó entonces de 17 cargos por robo y publicación de documentos secretos que afectan a la seguridad nacional y un cargo por pirateo informático. El escrito de acusación cita publicaciones de Wikileaks entre 2009 y 2011 y subraya la precauciones para proteger a fuentes y ciudadanos corrientes en zonas de conflicto.

Las publicaciones por las que se acusa a Assange sucedieron durante la Administración de Barack Obama, cuyo Departamento de Justicia, en cambio, decidió no presentar cargos porque creía que afectaría a periodistas y sería difícil ganar un caso de este tipo en Estados Unidos, que tiene una de las protecciones más amplias del mundo de la libertad de expresión a través de la Primera Enmienda de la Constitución. 

En cambio, el Departamento de Justicia sí acusó a Chelsea Manning, exanalista del Ejército de Estados Unidos y que fue condenado por filtrarle documentos a Assange para su publicación. Manning fue condenada a 35 años de cárcel, pero en mayo de 2017 salió de la cárcel después de que Obama le concediera el indulto en uno de sus últimos actos como presidente.

¿De qué documentos se trata?

Manning quería denunciar los abusos que había visto a su alrededor y el encubrimiento del Ejército para el que trabajó. Su colaboración, por ejemplo, sirvió para que en 2010 Wikileaks publicara un vídeo de 2007 en el que se ve cómo un helicóptero de Estados Unidos dispara y mata a 11 civiles, entre ellos dos periodistas de la agencia de noticias Reuters. La información no era completamente nueva, pero fue una prueba pública de lo que ya había denunciado la agencia. De hecho, Reuters había pedido el vídeo al Pentágono y consiguió verlo poco después de que sucediera el ataque aunque no tenía autorización para reproducirlo. El jefe de Reuters en Bagdad también dijo que el Ejército de EEUU había “mentido” sobre las circunstancias antes de la publicación del vídeo.

Entre la información más significativa, publicada en colaboración del New York Times, el Guardian y otros medios, están los informes internos del Pentágono sobre víctimas civiles y militares en la guerra de Irak entre 2004 y 2009. Aunque ya había estimaciones oficiales de muertos y heridos civiles, los informes permitieron comparar fuentes y hacer una estimación más fiel a la realidad, que incluía 15.000 muertos más respecto a los datos más documentados, según Iraqi Body Count, una organización que durante años recogió todos los datos disponibles sobre muertes de civiles desde la invasión de Irak.

Wikileaks también publicó en 2011 en parte por su cuenta y en parte en el New York Times más detalles sobre los abusos de prisioneros en Guantánamo, desvelados con otras fuentes por la cadena CBS, la agencia de noticias AP y el New Yorker en 2004.

¿Qué pasa con las fuentes?

Uno de los puntos en los que incide el escrito de acusación y han repetido en las últimas semanas los abogados del Departamento de Justicia es que Assange publicó telegramas diplomáticos y otros documentos sin tomar las precauciones mínimas para proteger a las fuentes de Estados Unidos, en particular de activistas, periodistas y defensores de los derechos humanos en Afganistán, Irak, Irán, China y Siria. Los medios habitualmente borran nombres y otros detalles de los documentos oficiales, en especial de los sensibles de seguridad nacional, como, de hecho, hicieron los que colaboraron con Assange en 2010, como el Guardian, New York Times y El País. La fiscalía de Estados Unidos asegura que activistas políticos, disidentes y civiles tuvieron que huir de sus países o “desaparecieron” después de la aparición de sus nombres en Wikileaks.

Otro ejemplo que cita el Departamento de Justicia son los documentos de Wikileaks que se encontraron en la casa donde se escondía Osama Bin Laden durante el asalto de las fuerzas especiales de Estados Unidos que acabó con la vida del líder de la red terrorista Al Qaeda en 2011. 

La falta de protección de personas corrientes es uno de los argumentos con el que el Departamento de Justicia asegura que Wikileaks no puede considerarse un medio. Varios diarios que habían colaborado con Assange criticaron el hecho de que, cuando publicó la información por su cuenta, no se preocupara de proteger a personas que podían ser objetivo de terroristas y gobiernos autoritarios.

Luke Harding, reportero veterano del Guardian, contó en un detallado libro cómo Assange despreciaba la protección de personas que, según cuenta que dijo, si eran asesinadas por un régimen autoritario “se lo habían buscado” por trabajar para cualquier agencia occidental. Assange denunció a Harding por difamación (en el Reino Unido, la protección a la libertad de prensa es más baja que en Estados Unidos y los casos por difamación y censura incluso previa son habituales).

¿Por qué preocupa a los periodistas?

Sea o no considerado un periodista, las organizaciones de defensa de la libertad de expresión y de prensa temen que casos como el de Assange dañen las salvaguardas existentes y que cualquier precedente sea explotado por futuros gobiernos y un sistema de justicia presidido por un Tribunal Supremo muy conservador tras la designación de varios magistrados por parte de Trump durante su mandato.

El Comité para la Protección de Periodistas (CPJ) volvió a insistir este martes en que una condena de Assange tendría “consecuencias desastrosas” para la libertad de prensa como un precedente que se puede aplicar también a periodistas y medios profesionales en el futuro. Los defensores de Assange, entre ellos también el Guardian y otros medios con los que colaboró, insisten en que el uso en particular de la Ley contra el Espionaje de 1917 que se ha utilizado en varios casos contra filtradores en las últimas dos décadas es especialmente peligroso porque no tiene en cuenta la relevancia de la información publicada.

¿Y las acusaciones por violación?

El caso que ocupa ahora a la justicia británica y la estadounidense es el de los documentos publicados, pero la primera detención de Assange en el Reino Unido fue en 2010 a petición de Suecia por acusaciones de violación y otros abusos sexuales de dos mujeres allí. Mientras estaba en libertad bajo fianza por este caso, en 2012, Assange pidió refugio en la embajada de Ecuador en Londres y vivió allí siete años. En abril de 2019, después de que la embajada de Ecuador le retirara la protección tras años de tensión, fue detenido por el Reino Unido por saltarse las condiciones de la fianza. 

En noviembre de 2019, una fiscal sueca decidió abandonar el caso por violación porque aunque la denunciante, una ciudadana sueca que no fue identificada, era “creíble”, según la fiscal explicó, el tiempo transcurrido –nueve años desde las acusaciones– impedía conseguir información suficiente. El caso por abusos sexuales prescribió en 2015.

¿Y si llega Trump?

La posible victoria de Donald Trump en las elecciones presidenciales del 5 de noviembre podría tener impacto en el futuro de Assange si todavía continúa el litigio. En su anterior mandato, el presidente conservador intentó interferir y presionar de manera habitual en la labor del Departamento de Justicia y no está claro qué haría frente a Assange, con quien ha tenido una relación ambigua.

En 2010, años antes de ser candidato, Trump dijo en una entrevista que el comportamiento de Assange era “vergonzoso” y que debía ser condenado a la pena de muerte. En 2017, cuando ya era presidente, dijo que le parecía “OK” que el Departamento de Justicia presentara cargos contra el fundador de Wikileaks. Unos meses antes, durante la campaña contra Hillary Clinton, Trump había dicho que “amaba” a Wikileaks.

Assange, que presentó un programa en la televisión estatal rusa, colaboró con el Gobierno ruso en el hackeo de la información de los servidores del Partido Demócrata con el objetivo de encontrar información que pudiera ser dañina contra Clinton y desanimar a sus votantes a participar en las elecciones. De hecho, durante esa campaña, el equipo de Trump estuvo en permanente contacto con Wikileaks, según confirmó después la detallada investigación del fiscal especial Robert Mueller. 

En 2020, durante el proceso de apelación en Londres, los abogados de Assange aseguraron que Trump, a través de un congresista republicano, le había propuesto hacer un trato que le garantizara el perdón si aseguraba que Rusia no tenía nada que ver con el hackeo de los emails del Partido Demócrata. La Casa Blanca de Trump dijo que eso era “totalmente mentira”.

Tras dos días de vista y años de batalla legal, el Alto Tribunal de Justicia de Londres decidirá en las próximas semanas si Julian Assange, el fundador de Wikileaks, puede seguir apelando contra su extradición a Estados Unidos, que le acusa de espionaje y hackeo informático hace más de una década. La decisión no se espera antes de principios de marzo.

En cualquier caso, si se agota la vía legal ante la justicia británica, el Tribunal Europeo de Derechos Humanos de Estrasburgo todavía puede intervenir con una medida de emergencia para paralizar el envío del ciudadano australiano del Reino Unido a Estados Unidos.

La jueza y el juez del Alto Tribunal de Inglaterra y Escocia encargados de este caso tienen que decidir si Assange puede empezar desde el principio un nuevo proceso de apelación, que previsiblemente alargaría años la situación de espera actual. Las partes van a presentar más documentación y la corte tiene hasta el 4 de marzo para examinarla, con lo que no se espera una decisión antes de esa fecha.

La vista de dos días no versaba sobre el fondo de la cuestión y el acceso público estaba limitado, como es habitual en el Reino Unido, pero activistas, periodistas, diputados y simpatizantes de Assange esperaron durante horas delante del tribunal entre cánticos y discursos de apoyo. Después marcharon hacia Downing Street, la sede del Gobierno británico, para seguir protestando.

Este caso arrancó en primavera de 2019, cuando Donald Trump era presidente y el Departamento de Justicia presentó una acusación con 18 cargos contra Assange por haber “conspirado” para obtener información confidencial de seguridad nacional, haber colaborado en el hackeo de sistemas oficiales y haber difundido documentos secretos sin tomar precauciones para evitar poner en peligro a periodistas, activistas y otros civiles en Afganistán, Irán, China y Siria, según el escrito de acusación. 

Estas acusaciones se refieren a las acciones de Wikileaks entre 2009 y 2011, pero el Departamento de Justicia del anterior Gobierno de Estados Unidos, el de Barack Obama, había decidido entonces no presentar cargos contra Assange al considerar que podría estar amparado por la Primera Enmienda de la Constitución de Estados Unidos, que ofrece amplia protección para la libertad de expresión y de prensa. En cambio, sí fue perseguida judicialmente y condenada Chelsea Manning, antigua analista del Ejército de Estados Unidos y la persona que le pasó documentos a Assange y a la que, según la acusación, el australiano presionó para que accediera a más información. En mayo de 2017, Manning salió de la cárcel después de recibir el indulto de Obama tras siete años en prisión (la condena era de 35 años).

Los documentos que filtró Manning para denunciar abusos incluyen la publicación en 2010 de un vídeo de 2007 en que un helicóptero del Ejército de Estados Unidos cerca de Bagdad disparó y mató a 11 civiles, entre ellos dos periodistas de la agencia Reuters. La agencia ya había pedido el vídeo al Pentágono y lo vio poco después de los hechos aunque no tenía autorización para guardarlo o reproducirlo. El jefe de la redacción de Reuters en Bagdad dijo que el Ejército de EEUU había “mentido” sobre las circunstancias. 

Entre la información más significativa, publicada en principio con el filtro y la colaboración del New York Times y otros medios (en España, El País), están los informes internos del Pentágono sobre víctimas civiles y militares en la guerra de Irak entre 2004 y 2009. Aunque ya había estimaciones oficiales de muertos y heridos, los informes permitieron comparar fuentes y hacer una estimación más fiel a la realidad, que incluía 15.000 muertos más. 

Wikileaks también publicó en 2011 en parte por su cuenta y en parte en el New York Times más detalles sobre los abusos contra prisioneros en Guantánamo, desvelados con otras fuentes en 2004 por la televisión CBS, la agencia de noticias AP y el semanario New Yorker, entre otros.

Qué es un periodista

Varias organizaciones de defensa de la libertad de prensa consideran que una condena de Assange en Estados Unidos podría sentar un precedente jurídico sobre los límites de la Primera Enmienda. Los defensores de este argumento, entre ellos The Guardian y otros diarios con los que Assange colaboró, insisten en que el uso en particular de la Ley contra el Espionaje de 1917 es peligroso porque no tiene en cuenta la relevancia de la información publicada.

La abogada que representaba este miércoles a Estados Unidos ante el tribunal en Londres argumentó que Assange no es periodista porque “publicó para todo el mundo, con conocimiento y de manera indiscriminada, los nombres de individuos que fueron fuentes de información de Estados Unidos” y que esto “distingue la posición del demandante de la del New York Times y otros medios de comunicación”.

La Constitución de Estados Unidos no recoge una definición precisa de lo que es y no es un periodista. Un caso de este tipo podría llegar al Tribunal Supremo, que tiene un historial de dictar a favor de la libertad de expresión y de prensa, con menos límites legales que en países como el Reino Unido o España.

La parte más polémica sobre los estándares de Wikileaks es la protección de fuentes que estaban en peligro. Varios medios que habían colaborado con Wikileaks, como El País, el New York Times y el Guardian, criticaron el hecho de que, cuando publicó la información por su cuenta, Assange no se preocupó de proteger a personas que podían ser objetivo de terroristas y gobiernos autoritarios. 

El Gobierno de Estados Unidos dijo este miércoles que activistas políticos, disidentes y otros civiles tuvieron que huir de sus países o “desaparecieron” después de la publicación de sus nombres en Wikileaks.

Entre la documentación encontrada durante el asalto de las fuerzas especiales de EEUU en 2011 a la casa en Pakistán donde se escondía Osama Bin Laden, el líder de la red terrorista Al Qaeda, había documentos de Wikileaks, según detalla el escrito de acusación.

La relación con Trump

La defensa de Assange aseguró este martes que el caso contra él tiene “motivaciones políticas” y empezó como una campaña de Trump contra todos los periodistas. 

El expresidente de Estados Unidos y el fundador de Wikileaks tienen una relación complicada. Assange colaboró con el Gobierno ruso en el hackeo de la información de los servidores del Partido Demócrata durante la campaña de 2016 de Hillary Clinton en busca de información que pudiera dañarla en las elecciones contra Trump, según detallaron medios como Foreign Policy y el Guardian, entre otros. Entonces el equipo de Trump estaba en permanente contacto con Wikileaks, según confirmó la investigación del fiscal especial Robert Mueller. 

Los abogados de Assange aseguraron durante el proceso en Londres en 2020 que Trump, a través de un intermediario del Partido Republicano, le había propuesto hacer un trato si el fundador de Wikileaks aseguraba que Rusia no tenía nada que ver con el hackeo de los emails del Partido Demócrata. La Casa Blanca de Trump lo negó entonces. 

En la vista DE este martes y este miércoles, la defensa de Assange aseguró que Trump estaba “planeando raptar y asesinar” al fundador de Wikileaks cuando estaba en la embajada en Londres.

Stella Assange, abogada casada desde 2022 con el fundador de Wikileaks y madre de sus dos hijos, comparó a su marido con el opositor ruso Alexei Navalni, que murió en una prisión del Ártico y cuyo cuerpo está retenido por las autoridades rusas sin que haya hasta ahora una causa oficial. Según Stella, a su marido “le puede pasar lo mismo que a Navalni”. 

Assange, de 52 años, no quiso asistir a la vista de esta semana ni siquiera online porque se encontraba mal, según su esposa. “Estuvo enfermo en Navidad, tiene tos desde entonces”, dijo Stella Assange, que habló también en las protestas en defensa de su marido organizadas durante los dos días de la vista delante del tribunal.

Las acusaciones de violación

Assange ha pasado por batallas legales desde los años 90 en Australia, donde fue condenado en 1996 por hackeo informático de la Universidad de Australia y de una red que utilizaba el Ejército de Estados Unidos. Entonces, ya era uno de los piratas informáticos más famosos del país, pero sólo tuvo que pagar una multa porque el juez no vio “malicia” en sus acciones. 

Sus problemas legales más serios en el Reino Unido empezaron en 2010, cuando fue arrestado en Londres a petición de Suecia por las acusaciones de violación y otros abusos sexuales de dos mujeres allí. Mientras estaba en libertad bajo fianza, en 2012, pidió refugio en la embajada de Ecuador en Londres, donde vivió siete años para evitar el proceso legal en Suecia. 

En abril de 2019, Assange fue arrestado en la embajada después de que Ecuador le retirara la protección diplomática tras años de tensión. El Reino Unido le acusaba de haberse saltado las condiciones de su fianza y respondió a la petición de extradición de Estados Unidos por las filtraciones. Unos meses después, una fiscal sueca decidió abandonar el caso por violación porque, aunque la víctima era “creíble”, según explicó, el tiempo transcurrido impedía conseguir información para probar las acusaciones. 

Assange lleva encarcelado desde 2019 en una prisión de alta seguridad a las afueras de Londres mientras su equipo legal ha apelado en varias ocasiones la orden de extradición a Estados Unidos hasta agotar la que cree ahora la última vía legal en el Reino Unido. 

Estados Unidos y Australia

En 2021, la justicia británica paró la extradición ya que aceptó que Assange tenía riesgo de autolesionarse si era deportado a Estados Unidos. Otro recurso le quitó la razón a Assange en abril de 2022 y en junio de ese año la ministra del Interior, entonces Priti Patel, firmó la orden de extradición.

Los abogados de Assange aseguran que, si es condenado, puede afrontar penas de hasta 175 años de cárcel. Las autoridades de Estados Unidos dicen que, si se le considera culpable, la condena sería mucho menor. El Gobierno de Estados Unidos dijo en 2021 ante la justicia del Reino Unido, preocupada por la salud mental de Assange que, de ser condenado, el acusado no sería encarcelado en una prisión de máxima seguridad e incluso podría cumplir la pena en su Australia natal. 

El Gobierno y el Parlamento de Australia han pedido al presidente Joe Biden que pare el proceso contra Assange. Además, el primer ministro australiano, Anthony Albanese, se quejó de la duración del proceso: “Ya basta... Esto no puede seguir de manera indefinida”, dijo la semana pasada.

El Departamento de Justicia de Estados Unidos funciona de manera independiente dentro del Gobierno y la Administración Biden está bajo una presión extra para no interferir en sus labores en año electoral y con varios procesos legales abiertos contra Trump. El presidente tiene, en cualquier caso, el poder de indultar a Assange si es condenado.

Hace ya tres décadas que la multiplicación de las comunicaciones, primero en computadoras y luego en celulares, tiene un correlato en el almacenamiento infinito de esos intercambios y archivos digitales. Antes, las cartas, los diarios y los documentos se volvían amarillentos en algún cajón del placard o en un estante de una hemeroteca. Podía ser difícil acceder a ellos, pero todos sabíamos que estaban allí; bastaba con conseguir la llave o gestionar el permiso del bibliotecario.

En el siglo XXI convivimos con una presunción que equivale a autoengaño. Los metadatos van y vienen, vaciamos el chat, nos olvidamos de nuestras vidas pasadas, cambiamos el celular, pasamos a Telegram cuando WhatsApp comete alguna torpeza, creemos que ganamos la batalla cuando logramos quitarle un permiso al fisgón irredento Google. Alivio, el pasado se evapora. Y sin embargo, la misma tecnología que habilitó el intercambio instantáneo e infinito es la que permite que millones de terabytes conservados en estado gaseoso en alguna galaxia regresen a Tierra como dagas prestas a cortar cabezas. La distancia del rescate, que Samantha Schweblin pensó para otro relato, no está en manos del dueño del archivo —hasta el siglo XX, el receptor de la carta— o el bibliotecario municipal. Hoy, los verdaderos dueños de la nube son los servicios de Inteligencia estatales o paraestatales, Google, Facebook, Elon Musk, las grandes corporaciones, un data entry traidor o, cada vez menos, los hackers quince-veinteañeros que operan desde un garage en algún pueblito de Córdoba, Sicilia o el Kurdistán.

Bienvenidos a la era de las filtraciones: cambió el periodismo.

Los últimos quince años se vieron sacudidos por leaks globales que dieron cuenta de lógicas y tramas del poder. El submundo de dinero negro y realpolitik que marcha a contramano de las cumbres del G20 quedó expuesto, por ejemplo, en los 251.287 documentos del Departamento de Estado dados a conocer por WikiLeaks (2010) o los Panamá Papers sobre la caja B de los millonarios (2016).

Las filtraciones de WikiLeaks, Panama Papers, los audios de Majul, la lista de blanqueadores que publicó Horacio Verbitsky y el Telegram de Lago Escondido tienen distintos alcance, naturaleza y contenido, pero todos nacieron de alguna ilegalidad

Esas megafiltraciones conmovieron al mundo, pero hay otras, más caseras, que suelen alterar la vida de los países incluso con mayor intensidad. Por ejemplo, el periodista Luis Majul narró que el 23 de febrero de 2017, mientras corría por los bosques de Palermo, se le acercó una persona y le entregó audios de aparentes conversaciones privadas entre Cristina Fernández de Kirchner y el senador Oscar Parrilli. Este fin de semana, Tiempo Argentino, El Cohete a la Luna y Perfil publicaron el supuesto intercambio en Telegram entre el ministro de Seguridad de CABA, cuatro jueces, dos directivos de Clarín, dos exagentes de Inteligencia y un fiscal para fraguar pruebas y apretar gente con el fin de desmentir una invitación del grupo periodístico a una estancia en la Patagonia propiedad de Joe Lewis, magnate amigo de Mauricio Macri. El chat habría sido creado el 17 de octubre, día en que Página 12 informó sobre la excursión.

Las filtraciones de WikiLeaks, Panama Papers, los audios de Majul, la lista de blanqueadores que publicó Horacio Verbitsky y el Telegram de Lago Escondido tienen distintos alcance, naturaleza y contenido, pero todos nacieron de alguna ilegalidad. La soldada Chelsea Manning hizo más por la integridad moral de Estados Unidos que todos sus últimos presidentes, pero no dejó de vulnerar una norma cuando rompió la confidencialidad que suponía su puesto y entregó los documentos del Departamento de Estado a la organización WikiLeaks.

No espiarás

Las nuevas prácticas que enfrenta el periodismo disparan varias preguntas. La central: ¿Qué debe hacer un medio de comunicación cuando recibe una filtración producto de un delito que cometió un tercero, sea la violación de la intimidad o la confidencialidad de un documento?

En primer lugar, no participar del delito. Grabar con cámara oculta un testimonio privado, comprar contenido producto del espionaje, incorporar al equipo periodístico a un agente de la SIDE y participar de una extorsión con información privada en tándem con un fiscal o un juez no sólo son faltas éticas, sino que vulneran la ley. Parece obvio, pero el periodismo argentino, sobre todo el más premiado por sellos que dicen defender la libertad de expresión, ofrece un reguero de ejemplos recientes sobre esas prácticas.

Segundo, corroborar que la filtración sea tal y no un mero artificio. Cuando Clarín informó en marzo de 2015 que Máximo Kirchner y Nilda Garré compartían una sociedad radicada en Bélice que tenía depositados US$ 41 millones, la nota en cuestión contenía códigos, nombres y fechas. Todo falso. Similar fue el derrotero cuando el kirchnerismo agitó en octubre de 2005 la denuncia de cuentas en el exterior del entonces candidato a diputado del ARI Enrique Olivera. Y lo mismo ocurrió diez años después, días antes de la elección presidencial de 2015, cuando Laura Alonso y Patricia Bullrich dijeron haber recibido un listado de políticos, jueces y periodistas que eran espiados por el Gobierno de Cristina desde una central ubicada en San Cristóbal, con amplia repercusión en Infobae y Clarín. Un listado con nombres impactantes que, después de la victoria presidencial de Macri, quedó en la nada.

La confirmación de un indicio forma parte de la tarea periodística más básica, como hizo Perfil el fin de semana cuando consultó al entorno de D’Alessandro sobre el chat de Lago Escondido y éste ratificó la existencia de las conversaciones al declararse víctima de un hackeo.

Separados los tantos, si hay legítimo interés público, hay noticia.

Ciertas obligaciones corresponden al Estado, como el secreto fiscal, pero ningún periodista está obligado a dejar de develar la identidad de un coimero o de un evasor que blanqueó decenas de millones de dólares. El público tiene derecho a ser informado sobre la doble faz de los poderosos que se amparan en artilugios legales o se valen de su capacidad de influencia.

La confirmación de un indicio forma parte de la tarea periodística más básica, como hizo Perfil el fin de semana cuando consultó al entorno de D’Alessandro sobre el chat y éste ratificó la existencia de las conversaciones y repudió el hackeo

Lo mismo cabe para cualquier delito, real o tentativo, que quede expuesto en un diálogo de Telegram, como la intención de fraguar facturas para eludir una acusación por dádivas, “limpiar a un mapuche” o prenunciar la detención ilegal de un funcionario al que consideran molesto, como habrían discutido, sin que nadie presentara la más mínima objeción, el ministro de Justicia y Seguridad de CABA, Marcelo D’Alessandro, los hombres de Clarín Jorge Rendo y Pablo Casey, el fiscal general de CABA, Juan Mahiques, y los jueces Julián Ercolini, Pablo Cayssials, Pablo Yadarola y Carlos Mahiques, entre otros imprudentes del Lago Escondido.  

El runner de Palermo

El derecho del ciudadano a acceder a la información no se sobrepone al derecho a la privacidad. Aquí entra a jugar la edición periodística.

El intercambio del grupo “Operación de Página 12” que creo Casey, sobrino de Héctor Magnetto y organizador de la excursión, quedó transcripto en un link abierto en internet. Allí aparecen presuntos delitos como los mencionados, pero también datos privados y opiniones sobre terceros descerrajadas por los integrantes del chat. Hay insultos y expresiones en su literalidad racistas, homofóbicas y machistas que cobran un sentido distinto si son proferidas en público que si forman parte de un diálogo cerrado entre compinches. Nadie habla con los mismos términos en la cocina de su casa, la cancha, la oficina o la Sala de Conciertos de Estocolmo en la ceremonia del Nobel. En las formas del decir, el contexto es un montón. Aunque el morbo sea grande, la divulgación de opiniones reservadas meramente valorativas equivale a traicionar el derecho a la privacidad.

Esta variante lleva a las conversaciones entre la vicepresidenta y Parrilli que le acercaron a Majul en 2017. El trato (“soy Cristina, pelotudo”) que se dispensan personas que se tienen máxima confianza, como los hoy senadores, forma parte de su acuerdo mutuo. Lo único que probó la filtración es que Cristina es malhablada en la intimidad. Transcribir las opiniones y elucubraciones entre la jefa de la oposición con su principal ladero no es ni más ni menos que espionaje político, y alguien podría pensar que un Gobierno presidido por Macri, con maestrías y doctorados en inteligencia ilegal sobre propios y ajenos, pudo haber estado vinculado al runner que alcanzó a Majul en Palermo.

No recortarás

No corresponde publicar filtraciones truchas, ni opiniones meramente valorativas, ni información privada, ni recortar el contenido para beneficiar a los propios y perjudicar a terceros.

WikiLeaks, Swiss Leaks y Panama Papers fueron muestras de cómo La Nación, el medio argentino que encabezó las filtraciones, recortó el contenido más de la cuenta, incluso pese a la intención de los periodistas que trabajaron arduamente en dilucidar los datos. Luego, otros medios incurrieron en prácticas similares en sentido contrario, y muy pocos se animaron a tocar el tabú de los empresarios periodísticos, en un acuerdo transversal. Si la filtración queda atrapada en uno o un grupo de medios, como solía decir Majul, conviene leer todo lo posible y desconfiar de todo lo que se lee.

En el supuesto diálogo del grupo de Telegram creado el 17 de octubre, D’Alessandro, los Mahiques, Rendo y compañía hacen alarde de su influencia para acallar medios. Se los percibe muy conscientes de cómo aplanar la polémica generada por el viaje pagado por Clarín. Rendo y Casey se ocupan del contenido editorial de su diario y sugieren estrategias para condicionar a La Nación. D’Alessandro, integrante de un Gobierno anclado como ninguno en la pauta publicitaria, mapea medios y periodistas. Julián Leunda, jefe de asesores de Alberto Fernández, es citado llamando a varios de los contertulios con el compromiso de mantener a raya al Grupo Indalo. Todos parecen preocupados por Infobae. A los periodistas de El Destape y de Octubre (Página 12, AM 750) los tratan con furia y desprecio. Con el paso de las horas y de los días, los falsos excursionistas de pesca con mosca parecen celebrar el éxito de que el tema no trascendiera mucho más allá de la nota original de Página 12.

Si la filtración queda atrapada en uno o un grupo de medios, como solía decir Majul, conviene leer todo lo posible y desconfiar de todo lo que se lee

Día y medio después de la publicación del supuesto chat de Lago Escondido, el ministro D’Alessandro reaccionó a la filtración y arremetió en Twitter contra la “mafia kirchnerista”, denunció espionaje y concluyó: “Nadie les cree”. Lo respaldó todo el gabinete de Horacio Rodríguez Larreta, al unísono. Patricia Bullrich se tomó su tiempo y emitió un tuit con indignación medida. Margarita Stolbizer se distanció y demandó otras prácticas de los políticos en general. El resto de Juntos por el Cambio, incluido Macri, se mantuvo en silencio, aunque la experiencia indica que esa coalición no se quiebra, ni se dobla, ni se inmuta cuando es atravesada por relaciones indebidas con espías, jueces y periodistas.

Horas después, en la antesala de la sentencia contra Cristina en la Causa Vialidad, Alberto Fernández mencionó la excursión como supuesta prueba del lawfare y anunció una denuncia penal para dilucidar la financiación.

Hasta que habló el Presidente, los tres portales más difundidos eligieron no informar sobre el tema. Como si la coordinación subterránea que trasunta el diálogo en Telegram fuera cierta. 

SL

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Hace ahora diez años, el 19 de junio de 2012, que Julian Assange se refugió en la embajada de Ecuador en Londres, donde permanecería hasta el 11 de abril de 2019. Recuerdo que cuando me hice cargo de la coordinación de su defensa, un mes después, pensé que todos estábamos afectados por la lucha que Assange había emprendido desde que en 2010 se publicaran, en los principales periódicos del mundo, tremendas y terribles informaciones que desvelaban la crueldad del ejército norteamericano y de las autoridades que dirigían la guerra en Afganistán e Irak. 

Hace unos días, la decisión de la ministra del Interior británica, Priti Patel, acordando la entrega de Julian Assange a Estados Unidos, quedará para la historia de la ignominia. Se trata de una decisión que criminaliza la actividad del periodismo en su esencia. Con ella se entiende que lo que hicieron Julian Assange y WikiLeaks, recibir información veraz, que acreditaba crímenes de guerra en Irak y Afganistán, difundirla y publicarla al ser de interés público, puede ser sancionado como delito y sus autores juzgados y condenados. Por lo tanto, la decisión de Patel es un precedente que pone en riesgo a todos los periodistas de investigación del mundo.

Como en otros países, entre ellos España, el proceso extradicional británico cuenta con la intervención del poder ejecutivo. Además de discurrir en sede judicial, con múltiples instancias y apelaciones, las extradiciones en Reino Unido son igualmente competencia del Gobierno. Algo que fue muy visible en el caso Pinochet, donde la extradición a España del general chileno había sido acordada en sede judicial, pero, al llegar al ministro del Interior Jack Straw, éste acordó su entrega a su país de nacionalidad, Chile, debido supuestamente a su delicado estado de salud. Aunque posteriormente el ex dictador chileno llegara a su país, se levantara de su silla de ruedas y escenificara en forma burlona ante el mundo que ese estado de salud no era el pretendido. La gran diferencia entre este caso y el actual de Julian Assange es que con aquella decisión se pretendía la impunidad del dictador y con esta consumar la persecución y condena del periodista.

Ahora, la ministra del Interior, Patel, sí que tenía argumentos humanitarios y de salud para haber bloqueado la extradición. Ya en la primera instancia, ante la jueza de distrito, Vanessa Baraitser, se vertieron informes médicos que acreditaban, y así lo afirmaban, que la situación de salud psíquica y mental de Julian Assange era tan débil que podría morir en prisión. Es más, el Relator de la ONU contra la Tortura le visitó en su lugar de reclusión, la prisión de alta seguridad de Belmarch, y también concluyó que la situación de salud tan deteriorada hacia muy creíble la posibilidad de que en una prisión norteamericana pudiera morir. Sin embargo, el gobierno de Boris Johnson, a través de Patel no ha mostrado ninguna condescendencia por el estado de salud del periodista, como en su día hiciera Straw a favor del ex dictador chileno.

Empieza la batalla judicial

No obstante, la decisión adoptada ayer no supone el fin del proceso extradicional en Reino Unido, al contrario, ahora empieza la parte nuclear de la batalla judicial.

La decisión de la ministra Patel ahora será recurrida ante la High Court británica y, eventualmente, después podría ser recurrida igualmente ante la Supreme Court de Reino Unido.

Todos los argumentos contra la extradición que fueron invocados por la defensa y denegados por la jueza de distrito, Vanessa Baraitser, en la primera instancia, pueden ser sometidos igualmente ahora a “cross appeal”. En aquel momento la jueza Baraitser denegó la entrega bajo el argumento de que Julian Assange podría morir en una prisión norteamericana, ya que sería sometido a un sistema penitenciario durísimo (Special Administrative Measures) e ingresaría en una cárcel de máxima seguridad, una situación de maltrato que no se encontraría amparada por los estándares europeos. Ese elemento humanitario fue recurrido por Estados Unidos ante la High Court aportando un conjunto de garantías diplomáticas vagas e imprecisas sobre el trato que se daría al periodista de ser extraditado. Sorpresivamente la High Court, en un escueto fallo, acordó revertir la decisión anterior de no entrega. Finalmente, la apelación ante la Supreme Court, en relación a ese elemento, no se vio en su fondo porque, en forma llamativa, el máximo órgano judicial británico entendió que no existía ningún elemento jurídico a analizar en las garantías diplomáticas dadas por Estados Unidos, aun cuando la defensa había entregado múltiples precedentes de violaciones a esas mismas garantías judiciales por parte de Estados Unidos con otros países europeos.

 Pero ahora, todos los elementos jurídicos que fueron denegados en primera instancia por la jueza Baraitser, y que no fueron apelados, serán sometidos, a una revisión y estudio en el recurso de apelación (“cross appeal”) por parte de la defensa ante la High Court. Y ahí están los elementos jurídicos más controvertidos de esta extradición, como el hecho de que nos encontramos ante una persecución política por no poder ser delito la actividad periodística, la falta de doble incriminación con la Ley de Espionaje de 1917 de Estados Unidos aplicándose a la prensa, la violación del principio de proporcionalidad con penas que potencialmente ascenderían a 175 años de cárcel, o el uso abusivo de la jurisdicción norteamericana en forma extraterritorial para perseguir a un periodista extranjero que publicó en el extranjero. (En España, por ejemplo, esta posibilidad sería inviable, de acuerdo con la Ley Orgánica del Poder Judicial).

Todo ello se va a dilucidar ahora, por lo que la batalla jurídica no ha terminado, es más, se adentra por una senda en la que se tendrán que determinar la verdadera esencia de la violación del derecho a la libertad de expresión y la defensa nuclear de la libertad de acceso a la información y su difusión.

Junto a lo anterior, en el caso de que se agotaran las instancias judiciales internas, igualmente quedaría el Tribunal Europeo de Derechos Humanos (TEDH), si es que el premier británico entre fiesta y fiesta, no decide que Gran Bretaña abandone no solo la Unión Europea, sino también el Consejo de Europa y por ende el TEDH.

La satisfacción de Pompeo

 Uno de los elementos más llamativos de la decisión de la ministra Patel ha sido los escasos apoyos obtenidos. La práctica totalidad de la comunidad internacional de los derechos humanos, incluyendo los organismos de Naciones Unidas, el Consejo de Europa o las más relevantes organizaciones de la sociedad civil se posicionaron en contra. Eso sí, obtuvo un llamativo apoyo: el de Mike Pompeo, ex director de la CIA y ex secretario de Estado durante la administración de Donald Trump.

Es delirante que Mike Pompeo salude en Twitter la decisión de Priti Patel pocos días después de que se conociera que la Audiencia Nacional española ha acordado llamarle a declarar como investigado en relación a la causa que instruye el magistrado Juez Santiago Pedraz, titular del Juzgado Central de Instrucción 5. La citación se debe a que una empresa española de seguridad que se encontraba al cargo de la seguridad de la Embajada de Ecuador en Londres, cuando Julian Assange se encontraba asilado, presuntamente habría trabajado para la CIA desplegando medidas extremas de espionaje a través de cámaras de video con micrófonos, micrófonos ocultos escondidos en la embajada, y accediendo a los teléfonos y documentos de identidad de los visitantes y abogados cuando los dejábamos en la entrada.

Junto a Pompeo, también deberá de declarar en la misma condición, quien fuera jefe de contrainteligencia en aquel momento, William Evanina, que ha confesado recientemente que la comunidad de inteligencia norteamericana efectivamente diseñó un plan de penetración en la Embajada de Ecuador en Londres, teniendo acceso a todo lo que ocurría dentro. Pero no sólo eso, sino que Evanina incluso relató cómo planearon el secuestro, e incluso el asesinato, de Julian Assange dentro de la misión diplomática. En la confesión de Evanina y otros agentes de la CIA a la prensa norteamericana se dejaba bien claro que Mike Pompeo fue la persona al mando de esa operación y esas propuestas. Y con estos antecedentes se otorga la autorización de entrega a EEUU de Julian Assange. 

Es verdaderamente peligroso que esta decisión pueda llegar a hacerse efectiva. Los apoyos internacionales son bienvenidos y los necesitamos para concienciar a la justicia británica sobre la trascendencia de este caso y la necesidad de que se revoque la decisión si queremos seguir creyendo en la bondad de un sistema verdadero de protección de derechos. Efectivamente, “todos somos Julian Assange”.

Chelsea Manning (Oklahoma, 1987) lleva cinco años libre. En 2017, Barack Obama conmutó la pena de 35 años de cárcel que le impuso un tribunal por una de las mayores filtraciones de documentos de la historia de EEUU. Había entregado a Wikileaks un CD con más de 700.000 documentos clasificados de las guerras de Irak y Afganistán, algo que pagó con siete años en prisión. De aquella época habla poco, pero se filtró que intentó suicidarse dos veces y Amnistía Internacional denunció que sufrió maltrato.

Ella siempre dice que las amenazas no procedían de otros compañeros, sino de los guardias. Una intimidación que se vio agravada cuando la exanalista de inteligencia del Ejército comenzó su transición de género en una cárcel militar para hombres, donde entre otras cosas no le permitían dejarse crecer el pelo y seguían refiriéndose a ella en masculino. “Me siento presionada desde arriba”, reconoció una vez.

Ahora le parece otra vida. La soledad y la incertidumbre de esos años explotaron su sentimiento de comunidad y por eso es activista a tiempo completo en contra del estado de vigilancia de EEUU y por los derechos trans. En calidad de ello viajó al festival Culture & Business Pride, en Tenerife, España, a recibir el premio Alan Turing, y a participar en la mesa Derechos Humanos Hoy, moderada por elDiario.es. Allí ha hablado de su labor, de la transformación que vivió en prisión y del futuro violento que le vaticina al colectivo queer y transexual.

“La cárcel cambió por completo mi percepción del mundo y mis valores”, dice Manning. “Ahora aprecio mi tiempo y mi relación con los demás frente a una vida esencialmente materialista. En la cárcel también se generan entornos comunitarios sin tener acceso a una casa, a un coche ni a riquezas”, asegura, pero sin dejar de reivindicar que “la gente no quiere vivir en jaulas, desconectada”. La imposibilidad de asociarse con otros, expresarse libremente y luchar fue “un paso atrás para tomar perspectiva”.

Manning fue condenada en 2013 por espionaje después de haber proporcionado más de 700.000 documentos secretos del Departamento de Estado y el Pentágono a WikiLeaks. “Como dijo una vez el ya fallecido Howard Zinn, no existe bandera lo bastante grande como para tapar el asesinato de gente inocente”, escribió en un comunicado antes de entrar en la cárcel. Pero no le gusta ahondar en la filtración ni en la figura de Julian Assange, en parte por su necesidad de mirar al futuro y en parte porque hay documentos e información que han sido reclasificados por EEUU.

“2010 es una era distinta. Me suelen preguntar por lo que pasó entonces, por el secretismo y por la censura de la información. Pero es que ahora nos enfrentamos al problema contrario. Hay muchísima información y es muy complicado interpretarla: falta de información, desinformación, alteración de la información, sesgo de información. Hay que identificar qué es preciso y qué es útil porque económicamente es muy importante. Hay que replantear su perspectiva política y en términos de los derechos humanos”, defiende.

Me preguntan por lo que pasó [con Wikileaks], por el secretismo y por la censura de la información. Pero es que ahora nos enfrentamos al problema contrario: hay demasiada información

Su preparación le ha permitido especializarse en la red y los algoritmos. “La Inteligencia Artificial se está usando para crear pequeñas burbujas donde la gente interactúa entre sí sin darse cuenta de que una máquina les está dictando las normas. Terminas creyéndote la información que te proporciona esa máquina”, critica. Cree que los algoritmos son una parte causante de la radicalización del mundo y de “generarnos ansiedad y miedo solo para que volvamos a nuestros teléfonos a dejar nuestra información personal”.

Su proyecto político frustrado

En 2018, Chelsea Manning se presentó como candidata al Senado por Maryland. Su programa incluía cerrar cárceles, liberar reclusos, eliminar las fronteras nacionales y reestructurar el sistema judicial penal. Aquel intento político no salió adelante y siempre dice que creía saber más de lo que en realidad sabía, pero no se arrepiente. Ahora bien, con perspectiva, sabe que “cambiar el sistema desde dentro es un tema mucho más profundo que conseguir representatividad”.

“La idea de que si hubiera más mujeres o personas trans en las instituciones mejorarían las cosas es una falacia. He visto a mujeres y minorías –trans o personas racializadas– llegar al poder dentro de este sistema y hacer lo mismo. El establishment les vuelve incapaces de parar el daño y la destrucción. EEUU no se va a convertir en una nación más pacífica por tener un piloto trans de drones o una mujer presidenta”, asegura. “Las normas siguen existiendo, lo que hay que hacer es plantearse reestructurarlas de forma distinta”.

La idea de que si hubiera más mujeres o personas trans en las instituciones mejorarían las cosas es una falacia

Un ejemplo es que después de la legislatura de Donald Trump, con el Partido Demócrata en el Gobierno, algunos estados están retrocediendo en derechos fundamentales ya alcanzados, como el aborto. “Desde hace 50 años, la ultraderecha ha ido acumulando muchísimo dinero y ha respaldado al establishment para lanzar paquetes de medidas vinculados a su ideología y para eliminar determinados derechos. Este proyecto tiene una financiación enorme y el respaldo de figuras públicas como en su día Ronald Reagan o Donald Trump”, explica la exanalista.

Manning avisa de que su enfoque es muy “americanocentrista”, pero que las estrategias que usa la extrema derecha en su país se reproducen en distintas culturas y diferentes idiomas. “Oímos por todas partes términos como wokeness, cultura de la cancelación o fake news. Son las mismas políticas reaccionarias que usan lenguajes testados para minar los movimientos progresistas que puedan emerger”, compara. Por eso hay alianzas de partidos de extrema derecha, procedentes de regiones distintas y que tienen enfoques distintos en muchas cosas, “pero que se han dado cuenta de que les interesa compartir estrategias y explotar sus espacios en internet y los medios de comunicación”.

Mientras tanto, asegura volviendo a EEUU, el Partido Demócrata “no aboga tanto por el progreso, sino por mantener un 'statu quo' de centro donde todo permanezca invariable”. Recuerda que el lema de Joe Biden en la campaña electoral de 2020 era Build Back Better, reconstruir el pasado. “Cuando ven que hay un terreno progresista que amenaza con emerger, lo vuelven a acallar porque no les interesa”, replica.

Manning defiende que la comunidad LGTBI, en especial la trans, vive en la cuerda floja. “Cada día salen por lo menos 12 propuestas y contrapropuestas para perseguirnos y dos tercios de los estados de EEUU están cuestionando actualmente los derechos trans, los de las mujeres y alentando guerras culturales”. Pero lo que más le angustia a este respecto es la escalada de violencia.

“Hay una facción militarizada de la extrema derecha que apuesta por amenazar a la gente. Eso se solapa con la increíble militarización de la policía. No estoy diciendo que el cuerpo entero sea de extrema derecha. Algunos sí, pero como institución son de centro-derecha. Pero van armados hasta los dientes y en breve habrá una escalada de violencia contra la comunidad queer y trans. Lo estoy advirtiendo”, se lamenta.

Preguntada por las alternativas, se queda pensativa. “No me gusta vivir en un país donde cualquiera puede acceder a todo tipo de armas y herramientas. Pero cuando ocurre y tus oponentes están armados hasta los dientes, deberías poder protegerte por algún medio”, dice, sin atreverse a ahondar en el asunto. “Es una posición muy incómoda y muy rara para alguien que es vulnerable y necesita defenderse. No me gusta. No creo que sea el enfoque más saludable, pero ¿qué se supone que tienen que hacer las personas queer y trans cuando las instituciones están controladas por estos tipos?”, concluye.

Un juez británico aprobó formalmente este miércoles la extradición de Julian Assange a Estados Unidos para enfrentar cargos de espionaje.

El caso de Assange, quien lleva diez años intentando evitar la extradición a Estados Unidos, queda ahora en manos de la ministra del Interior británica.

La orden se produce después de que la Corte Suprema del Reino Unido negara en marzo el permiso para apelar contra el fallo de un tribunal inferior de que podía ser extraditado y dictara que el caso sea trasladado a la ministra del Interior británica, Priti Patel.

Eso fue precisamente lo que hizo hoy el juez Paul Goldspring durante una visita de apenas siete minutos en el Tribunal de Magistrados de Westminster, informó la cadena de noticias BBC.

De este modo Patel es quien decidirá si le concede o no la extradición al australiano.

Varias decenas de simpatizantes se manifestaron hoy a las puertas del tribunal con pancartas que pedían “No extraditar a Assange”.

La medida no agota las opciones legales para Assange, quien buscó durante años evitar un juicio en Estados Unidos por cargos relacionados con la publicación de WikiLeaks de gran cantidad de documentos clasificados hace más de una década.

Sus abogados tienen cuatro semanas -hasta el 18 de mayo- para presentar objeciones a Patel con la esperanza de que se oponga a la entrega y también pueden apelar ante el Tribunal Superior.

Una vez anunciada su decisión, tendrán 14 días para intentar recurrirla. También podrían buscar una nueva apelación sobre otros aspectos jurídicos.

Vestido con chaqueta y corbata, el australiano apareció por videoconferencia desde la cárcel londinense de Belmash, informó la agencia de noticias AFP.

Allí está recluido desde su detención en abril de 2019 por la policía británica en la embajada de Ecuador en Londres, después de que el entonces presidente Lenín Moreno le retirase la protección que le había concedido su predecesor Rafael Correa.

El fundador de WikiLeaks se refugió en la legación ecuatoriana en 2012 para evitar ser extraditado a Suecia por cargos de violación que después fueron abandonados.

Assange negó dichos cargos y afirmó temer que todo fuese una estrategia para entregarlo a Estados Unidos.

La justicia estadounidense quiere juzgarlo por difundir a partir de 2010 más de 700.000 documentos secretos sobre las actividades diplomáticas y militares estadounidenses, en particular en Irak y Afganistán.

Entre esos documentos figuraba un video que mostraba a civiles, incluidos dos periodistas de la agencia Reuters, muertos por disparos de un helicóptero de combate estadounidense en Irak en julio de 2007.

Acusado de espionaje, de ser declarado culpable Assange puede ser condenado a 175 años de cárcel, en un caso que las organizaciones de defensa de los derechos humanos denuncian como un peligroso ataque a la libertad de prensa.

El gobierno estadounidense afirma, por su parte, que el australiano no es periodista sino pirata informático y que puso en peligro la vida de numerosos informantes al publicar documentos sin editar.

Con información de agencias.

IG

Julian Assange, fundador de WikiLeaks, sufrió un derrame cerebral en octubre, en la prisión británica de Belmarsh, según relató su pareja, Stella Moris. El suceso se produjo el 27 de octubre, durante una comparecencia en el proceso abierto con el Tribunal Supremo de Reino Unido sobre su extradición.

Moris manifestó en un artículo en 'Daily Mail' que, desde entonces, Assange se sometió a una resonancia magnética y recibe medicación para tratarse de las graves secuelas que le produjo su estancia en prisión. “Miren a los animales atrapados en jaulas en un zoológico. Les acortan la vida. Eso es lo que le está pasando a Julian. Los interminables casos judiciales son extremadamente estresantes mentalmente”, agregó Moris.

“Dado que no estaba en condiciones médicas para asistir a su propio juicio a través de un enlace de video. ¿Cómo pueden siquiera discutir si está en condiciones de ser expuesto a un juicio 'de espectáculo' en los Estados Unidos, un país que se niega a enjuiciar a sus torturadores y criminales de guerra?”, señaló el relator de la ONU que examina casos de torturas y castigos crueles o degradantes, Nils Melzer, en un video que ha publicado en sus redes sociales, recogido por Europa Press.

Extradición a EEUU

El pasado viernes se hizo pública la decisión del Tribunal de Apelación de Londres, que falló a favor del recurso presentado por Estados Unidos contra Assange. EEUU había presentado un recurso contra un fallo del pasado mes de enero que había denegado la extradición del fundador de Wikileaks a ese país por riesgo a su salud y su vida.

Los jueces de este tribunal concluyeron que el Gobierno estadounidense ofrece suficientes garantías de que Assange recibirá el trato adecuado para proteger su salud mental y han dictaminado que puede ser extraditado. EEUU ha asegurado ante el tribunal que Assange no será sometido a un régimen de aislamiento y no será enviado a la cárcel de máxima seguridad de Florence (Colorado).

Agnès Callamard, directora de Amnistía Internacional, criticó esas garantías ofrecidas por EEUU. “Las informaciones de que la CIA consideró secuestrar o matar a Assange plantean todavía más dudas sobre la fiabilidad de esas promesas”, dijo. “Recurriremos la decisión los antes posible”, señaló Moris. “¿Cómo puede ser justo, correcto y posible extraditar a Julian al mismo país que conspiró para matarlo?”, añadió.

175 años de prisión

Estados Unidos acusa a Assange de haber violado su Ley de Espionaje por haber filtrado y publicado secretos diplomáticos y militares en 2010 a través de Wikileaks. En concreto, está acusado de 18 cargos relacionados con la Ley de Espionaje y uno por fraude y abuso informático, lo que podría llegar a 175 años de prisión.

A petición de EEUU, Assange fue detenido en abril de 2019 por agentes británicos, que irrumpieron en la embajada de Ecuador en Londres. Su defensa alega que su función fue equivalente a la de un periodista y cualquier límite que se ponga a su acción puede tener un impacto en cualquier periodista estadounidense.

Estados Unidos ha ganado este viernes el recurso ante el Tribunal de Apelación de Londres contra un fallo del pasado mes de enero que había denegado la extradición del fundador de Wikileaks, Julian Assange, a ese país por riesgo a su salud y su vida.

Los jueces de este tribunal han concluido que el Gobierno estadounidense ha ofrecido suficientes garantías de que Assange recibirá el trato adecuado para proteger su salud mental y han dictaminado que puede ser extraditado.

El juez del caso, Timothy Holroyde, ha indicado en el tribunal que Assange busca presentar un nuevo recurso a esta última decisión. “Recurriremos la decisión los antes posible”, ha señalado Stella Moris, pareja de Assange. “¿Cómo puede ser justo, correcto y posible extraditar a Julian al mismo país que conspiró para matarlo?”, ha añadido.

EEUU ha asegurado ante el tribunal que, en caso de ser extraditado, Assange no será sometido a régimen de aislamiento y no será enviado a la cárcel de máxima seguridad de Florence (Colorado). Los representantes de Washington aseguraron también que le permitirían cumplir su pena en Australia.

“No hay razón por la que este tribunal no debería aceptar las garantías. No hay fundamento para presumir que EEUU no ha dado esas garantías de buena fe”, señalan los jueces en el fallo.

La directora de Amnistía Internacional, Agnès Callamard, ha criticado las garantías ofrecidas por EEUU, afirmando que “quedan desacreditadas por su admisión de que se reservan el derecho a revertir dichas garantías”. “Las informaciones de que la CIA consideró secuestrar o matar a Assange plantean todavía más dudas sobre la fiabilidad de esas promesas”, dijo. El pasado mes de septiembre se publicaron informaciones que aseguraban que la CIA estudió secuestrar o matar a Julian Assange.

Estados Unidos acusa a Assange de haber violado su Ley de Espionaje por haber filtrado y publicado secretos diplomáticos y militares en 2010 a través de Wikileaks. En concreto, está acusado de 18 cargos relacionados con la Ley de Espionaje y uno por fraude y abuso informático, lo que podría llegar a 175 años de prisión.

Su defensa alega que su función fue equivalente a la de un periodista y cualquier límite que se ponga a su acción puede tener un impacto en cualquier periodista estadounidense. “Este caso es indignante y está claramente motivado políticamente para utilizar a Assange como ejemplo. Es el futuro del periodismo y la libertad de prensa lo que está en juego”, afirmó Rebecca Vincent, directora de campañas internacionales de Reporteros Sin Fronteras.

La detención

Assange fue detenido en abril de 2019 por agentes británicos que irrumpieron en la embajada de Ecuador en Londres. Ecuador le concedió el asilo en 2012 y desde entonces Assange vivía en la embajada. Horas antes de su detención, el presidente de Ecuador, Lenín Moreno, anunció por Twitter la retirada del asilo diplomático por considerarlo “insostenible”. El arresto se produjo a petición de EEUU.

En 2010, la Fiscalía de Suecia ordenó la detención de Assange, acusado de violación y abuso sexual, y Suecia emitió una orden europea de detención. Reino Unido aceptó extraditarle y Assange entonces pidió asilo en la embajada de Ecuador. Assange dijo que este proceso era una excusa para su extradición a EEUU, donde podría ser juzgado por la filtración masiva de documentos secretos en 2010 a través de Wikileaks. Finalmente Suecia archivó el caso en noviembre de 2019

El relator especial de la ONU para casos de tortura, Nils Meizer, aseguró en una entrevista publicada en elDiario.es que Assange no intentó en ningún momento huir de la justicia sueca. “Cuatro países democráticos unieron fuerzas [Estados Unidos, Ecuador, Suecia y el Reino Unido] para aprovechar su poder y retratar a un hombre como un monstruo para que luego pudiera ser quemado en la hoguera sin que nadie protestara”.

No sé si el nombre de Vanessa Baraitser, magistrada del Tribunal Penal Central de Londres, pasará a la historia del Derecho Penal Internacional o al de las extradiciones de su país, pero la decisión que ha emitido este lunes marcará un antes y un después en su carrera, al denegar la entrega de Julian Assange, fundador de Wikileaks, a los Estados Unidos de Norteamérica. Así ocurrió, como antecedente, con el juez Ronald Bartle cuando concedió la extradición de Augusto Pinochet en 1999.

Es cierto que podía, y quizás debía, haber optado por una decisión más enérgica, anteponiendo claramente la defensa de la libertad de expresión como motor de su sentencia, pero ha optado por acudir a la variable menos complicada para la justicia británica, siempre tan equilibrada y políticamente correcta; es decir a los motivos humanitarios.

Al rechazar la extradición de Julian Assange como solicitaba Estados Unidos, ha propiciado un suspiro colectivo de alivio. La jueza ha venido a resolver lo que tantas veces hemos puesto de manifiesto desde el equipo de defensores que coordino: la salud de Julian Assange ha sufrido un deterioro evidente, fruto de tantos años de encierro obligado y del acoso permanente que ha padecido durante este largo asedio. “El riesgo de que Assange se suicidara, si se permitiera la extradición era elevado”, explica Baraitser. “La salud mental del Sr. Assange se halla en tal estado que resultaría agobiante para él ser extraditado a Estados Unidos”.

Es cierto. He visto con mis propios ojos cómo el periodista y fundador de WikiLeaks ha sido tratado de forma inhumana por fuerzas poderosas y omnipresentes que por todos los medios han intentado callarle, neutralizarle y acabar con él. No lo han conseguido. Ha sido una pelea propia de David contra Goliat la que emprendimos para combatir la impunidad de Estados Unidos, desde que un 19 de junio de 2012 Julian se recluyera en la embajada de Ecuador en Londres en demanda de asilo, que le fue concedido por el gobierno del presidente Rafael Correa, valiente frente a la imponente administración norteamericana. Nos jugábamos la libertad de expresión, la libertad de información y, ante todo, el derecho de los ciudadanos a conocer quiénes manejan los hilos que mueven el mundo, qué es lo que no quieren que sepamos y hacia dónde pretenden dirigirnos. Es decir, estaba en juego la esencia misma de la democracia.

Julian Assange plantó cara y ha pagado por ello. Le acusaban de cometer 18 delitos, 17 de ellos bajo Ley de Espionaje de 1917 –ya ven de qué época hablamos– y uno relacionado con la supuesta ayuda informática a la militar Chelsea Manning, quien alega Estados Unidos que fue la fuente de WikiLeaks. Los 175 años de cárcel que le reclaman tienen que ver con la publicación de los diarios de guerra de Irak y Afganistán en 2010, los archivos de Guantánamo y los cables del Departamento de Estado. Lo que puso de manifiesto Assange fue la comisión de diferentes delitos por parte de las autoridades norteamericanas: crímenes de guerra, torturas y diversos crímenes internacionales.

Ha vivido un auténtico calvario desde entonces. Lo puso de manifiesto el Relator de la ONU contra la tortura Nils Melzer. Como también el Grupo de Trabajo de Detenciones arbitrarias de la ONU y el Relator de salud de la misma Organización, con informes reiterados y contundentes. A mayor abundamiento, el trato recibido en la cárcel de alta seguridad de Belmarsh desde su expulsión de la embajada en abril de 2018, ha llevado a la convicción judicial de que cualquier proceso que se siguiera contra él y que concluyera en condena, sería cruel y podría desembocar en una muerte segura.

Esta resolución evidencia la desproporcionalidad de las posibles penas y las dudas que el sistema penitenciario norteamericano, máxime en tiempos de pandemia, suscita en la magistrada y provoca que en su resolución leamos la aparente contradicción de afirmar que el proceso sería justo en el país reclamante, pero la ejecución de la pena no, porque podría llevar irreversiblemente a la muerte del sujeto afectado. Esta afirmación es de mayor gravedad si cabe que haber dicho claramente que la persecución de Julian Assange ha sido política y represiva del derecho a la libertad de expresión, como en realidad lo es desde la óptica de la defensa. La sentencia, descalifica, en definitiva, a todo el mecanismo penitenciario norteamericano, como ya lo hiciera hace apenas ahora dos años la misma justicia del Reino Unido con el caso de Lauri Love, de Anonymous, al denegar, por la misma razón, su extradición a USA en febrero de 2018.

Siete años de encierro y acoso

La solidaridad y el ánimo justo del presidente Correa evitó que, al refugiarse en la Embajada de Ecuador en Londres, Assange fuera entregado a Suecia por una oscura acusación que se desinfló con el tiempo sin que se formularan cargos y se cerró sin evidencias, pero que daba pie a la firme sospecha de que todo había sido una estrategia para provocar su extradición a Estados Unidos. Ese era el juego.

Siete años pasó en la Embajada, en una estancia sin luz solar, sin aire fresco, sufriendo todo tipo de padecimientos físicos y psicológicos. Siendo espiado de forma constante. El cambio de gobierno en Ecuador con la llegada al poder de un presidente, Lenin Moreno, que se mostró sumiso con EEUU, supuso la expulsión de la embajada y el ingreso en una prisión de alta seguridad que amenazaba con acabar destrozando el frágil estado del periodista. En mi última visita a esa prisión, cuando nos despedimos, entre lágrimas, con un largo abrazo, temí realmente por su vida y dudé de que la justicia en el caso de Julian Assange pudiera calibrarse de tal, mientras que ninguno de los graves hechos denunciados por él había sido investigado por el país que le reclamaba para silenciarlo.

En esta confrontación, el acoso se extendió a su entorno próximo. Sus abogados fuimos también objeto de espionaje por parte de la empresa de seguridad española (UC Global) presente en la embajada de Ecuador y presuntamente relacionada con los servicios de inteligencia norteamericanos, extremo que se está investigando en el Juzgado Central de Instrucción número cinco de la Audiencia Nacional española. De tal vigilancia no se libró siquiera el bebé, hijo de Assange, cuya vida –aun en términos tan minimalistas– era revisada y analizada de manera exhaustiva.

Matar al mensajero

El gran pecado que cometió el periodista fue, sin duda, fundar WikiLeaks, la agencia de noticias que estableció un sistema de cortafuegos en las IPs de manera que cualquier whistleblower del mundo pudiera enviar a esta plataforma información relacionada con la comisión de delitos. La fuente se mantenía anónima. Años después, una directiva europea sobre estos alertadores se plantea en los mismos términos.

Matar al mensajero ha sido siempre el recurso de los malvados, de los delincuentes, de aquellos que no saben cómo ocultar el mal que detentan. El silencio es la medicina que aplican de forma contundente en la creencia de que así sus pecados no verán la luz. A veces lo consiguen, pero en este caso la jugada no les ha salido bien. Assange no estaba solo, eran cientos de miles las voces que han clamado pidiendo libertad para el periodista en todo el mundo. Aunque también es verdad que se han producido muchos mutismos oficiales y descalificaciones personales inaceptables. Pero al final, y de momento, a la espera del más que probable recurso de apelación, se ha hecho justicia en un momento clave, cuando Donald Trump, rabioso por su calidad de mandatario saliente, da sus últimos coletazos aplicando mano dura en todos aquellos asuntos que puede resolver con su estilo en los escasos –y largos días– que restan para el relevo presidencial. No quiero pensar qué hubiera supuesto la extradición de Assange en estas circunstancias.

Creo que el mejor resumen lo hizo Noam Chomsky, cuyo testimonio leímos en el juicio ante la magistrada británica. En opinión del filósofo, Assange prestó un servicio enorme a la libertad de expresión y a la democracia. “El gobierno norteamericano busca criminalizarle por sacar a la luz del sol un poder que pudiera evaporarse si la población aprovecha la oportunidad de convertirse en ciudadanos independientes de una sociedad libre, en lugar de súbditos de un amo que opera en secreto”. Esa es la gloria de Assange y la miseria de Estados Unidos. Hoy, el mensajero sigue vivo. Y nosotros sus abogadas y abogados continuaremos defendiendo que solo cumplió, ni más ni menos, con su deber como periodista en beneficio de todos.

Baltasar Garzón es coordinador de la defensa de Julian Assange. Publicado por Télam y originalmente en Infolibre.

Julian Assenge, fundador de Wikileaks, permanecerá en prisión condicional hasta que se resuelva el recurso sobre la extradición a EEUU, según ha fallado hoy la jueza Vanessa Baraitser. La jueza rechazó el lunes en primera instancia su extradición a EEUU por motivos de salud, pero EEUU ha anunciado que recurrirá la decisión. Baraitser alega que Assange tiene “grandes redes de apoyo” que le permitirían evitar la extradición si así lo resuelve el juez en el recurso anunciado por EEUU. La jueza ha añadido que Wikileaks asistió a Snowden en su viaje a Rusia.

Assange lleva encarcelado en la prisión londinense de Belmarsh desde abril de 2019, cuando Ecuador le retiró la protección diplomática y fue finalmente detenido en la embajada. Si finalmente es extraditado a EEUU, Assange se enfrenta a una pena de hasta 175 años de prisión por 18 cargos de espionaje y fraude informático.

“Assange debe ser puesto en libertad de manera inmediata, rehabilitado e indemnizado por el abuso y arbitrariedad a la que ha sido expuesto”, había denunciado este martes Nils Melzer, relator especial de la ONU sobre tortura. “Incluso con un recurso pendiente, su aislamiento continuo en una prisión de alta seguridad es completamente innecesario y desproporcionado. No hay ninguna justificación para impedirle esperar el fallo final en un lugar en el que se pueda recuperar y en el que pueda vivir una vida familiar y profesional normal”.

A pesar de rechazar la extradición por motivos de salud, la jueza confirmó el argumentario de EEUU en materia de libertad de expresión y el mismo que tanto ha preocupado a las organizaciones internacionales de derechos humanos por el papel que puede tener en la persecución de periodistas. Esto puede perjudicar a Assange en el recurso.

“Esto plantea una grave preocupación”, ha afirmado Melzer. “Ninguna de estas cuestiones [libertad de prensa] será revisada por el Tribunal de Apelación, dado que el único tema en juego será la aptitud médica de Assange para soportar las condiciones de la detención en EEUU”, ha afirmado Melzer. “Si EEUU ofrece garantías de que Assange será tratado de forma humana, su extradición se podría confirmar en el recurso sin ninguna revisión significativa de las graves preocupaciones legales que plantea el caso”, ha añadido el relator especial de la ONU.

Poco después del fallo judicial del lunes sobre la extradición, el presidente mexicano, Andrés Manuel López Obrador, ofreció asiló político a Assange: “Voy a pedirle al secretario de Relaciones Exteriores que haga los trámites correspondientes para que se solicite al Gobierno de Reino Unido la posibilidad de que el señor Assange quede en libertad y que México le ofrece asilo político”. Esta oferta ha sido recogida por el representante de los intereses estadounidenses en la sesión de este miércoles como argumento a favor de la prisión condicional. El equipo de defensa de Assange ha señalado que la oferta de México es solo para cuando concluya todo el proceso judicial de extradición.

El recurso sobre la extradición hará que sea el gobierno de Biden el que tenga que gestionar el caso en los próximos meses. Zachary Terwilliger, el fiscal federal que acusa a Assange en EEUU vive sus últimos días en el cargo y ha afirmado que “será interesante ver lo que ocurre con el caso”. “Habrá que tomar algunas decisiones. Algunas de ellas sobre dónde concentrar los recursos y las energías”, ha añadido sugiriendo que puede haber cambios en la posición estadounidense.

“Con suerte esta decisión judicial pondrá fin a la persecución y encarcelamiento de Assange como individuo, pero desde una perspectiva más amplia establece un precedente devastador y debilita gravemente la libertad de prensa, la rendición de cuentas y el estado de derecho”, ha afirmado Melzer.

Multitud de organizaciones internacionales como Reporteros Sin Fronteras, Amnistía Internacional, el Comité para la Protección de los Periodistas, The European Centre for Press and Media Freedom y figuras políticas como la comisaria de derechos humanos del Consejo de Europa, Dunja Mijatovic, han celebrado la no extradición, pero también han mostrado su preocupación por las consecuencias y el precedente que fija el caso en la libertad de prensa.

De la embajada a la prisión

Assange fue detenido en abril de 2019 por agentes británicos que irrumpieron en la embajada de Ecuador en Londres. Ecuador le concedió el asilo en 2012 y desde entonces Assange vivía en la embajada. Horas antes de su detención, el presidente de Ecuador, Lenín Moreno, anunció por Twitter la retirada del asilo diplomático por considerarlo “insostenible”. El arresto se produjo a petición de EEUU.

En 2010, la Fiscalía de Suecia ordenó la detención de Assange, acusado de violación y abuso sexual, y Suecia emitió una orden europea de detención. Reino Unido aceptó extraditarle y Assange entonces pidió asilo en la embajada de Ecuador. Assange dijo que este proceso era una excusa para su extradición a EEUU, donde podría ser juzgado por la filtración masiva de documentos secretos en 2010 a través de Wikileaks. Finalmente Suecia archivó el caso en noviembre de 2019.

Poco después de su detención en la embajada de Ecuador en Reino Unido se publicó una acusación penal formal de EEUU en la que se le acusa de conspirar para piratear una red informática secreta del Pentágono. Los fiscales anunciaron posteriormente 17 cargos adicionales contra Assange por la publicación de cientos de miles de cables y archivos diplomáticos secretos, sobre todo de las guerras de Afganistán e Irak.

El relator especial de la ONU para casos de tortura, Nils Meizer, aseguró en una entrevista publicada en elDiario.es que Assange no intentó en ningún momento huir de la justicia sueca. “Cuatro países democráticos unieron fuerzas [Estados Unidos, Ecuador, Suecia y el Reino Unido] para aprovechar su poder y retratar a un hombre como un monstruo para que luego pudiera ser quemado en la hoguera sin que nadie protestara”.

El fallo de este lunes no es el final de una década de lucha de Julian Assange contra la extradición a Estados Unidos, pero sí anuncia el comienzo del fin.

En las ultimas semanas, los partidarios y aquellos cercanos al fundador de WikiLeaks habían presionado y depositado algunas esperanzas en que Donald Trump le concediese un indulto antes de abandonar la Casa Blanca. Pero el indulto de Navidad no llegó –ni en el Twitter del presidente ni en otro lugar–.

Después de la sentencia en el Old Bailey por la jueza de distrito Vanessa Baraitser, que ha rechazado extraditar a Assange a Estados Unidos, ahora es casi seguro que el foco se trasladara a una apelación contra la decisión.

Posteriormente, la decisión final sobre la extradición recaerá en la ministra de Interior británica, mientras que la postura del presidente electo de Estados Unidos, Joe Biden, será crucial en cualquier momento. El presidente entrante podría perdonar a Assange, aunque su descripción de él en 2010 como un “terrorista de alta tecnología” sigue presente en la mente de muchos.

Los partidarios de Assange, de 49 años, dicen que una acusación de 18 cargos en Estados Unidos, en la que se alega un complot para piratear ordenadores y una conspiración para obtener y revelar información de defensa nacional, sigue siendo un peligroso ataque a la libertad de prensa. 

El caso está relacionado con la publicación por parte de WikiLeaks de cientos de miles de documentos filtrados sobre las guerras de Afganistán e Irak, así como de cables diplomáticos, en 2010 y 2011.

Los fiscales dicen que Assange ayudó a la exanalista de defensa de Estados Unidos Chelsea Manning a violar la Ley de Espionaje, que fue cómplice de la piratería de otros y que publicó información clasificada que puso en peligro a los informantes estadounidenses.

Assange niega haber conspirado con Manning para descifrar una contraseña cifrada en los ordenadores del Departamento de Defensa de Estados Unidos y dice que no hay pruebas de que la seguridad de nadie se haya visto comprometida.

Si bien no se puede descartar una intervención de Trump, sería un salvador poco probable dado el papel en que los abogados de Assange le dieron al presidente en el curso de los procedimientos de extradición en el Alto Tribunal de Londres el año pasado.

Hace casi exactamente 10 años desde que Eric Holder, entonces fiscal general de Estados Unidos bajo Barack Obama y Joe Biden, reveló que había autorizado acciones “significativas” destinadas a enjuiciar al fundador de WikiLeaks por la publicación de miles de cables diplomáticos de las embajadas de Estados Unidos.

Para entonces, se había emitido una orden de arresto internacional a petición de las autoridades suecas, que querían interrogar a Assange sobre las acusaciones –una de violación y otra de acoso sexual– formuladas por dos mujeres en Estocolmo. Él ha negado tales acusaciones [Suecia archivó el caso en noviembre de 2019].

Tras perder un recurso en Reino Unido contra la extradición a Suecia, Assange entró en la embajada de Ecuador en Londres en 2012, donde se le concedió asilo político. Entonces su partidarios alegaban que la extradición a Suecia podría ir seguida de una posible extradición a EEUU por cargos de espionaje.

El fundador de Wikileaks pasó 2.487 días dentro de la embajada –durante ese periodo, el primer fiscal general de Trump, Jeff Sessions, describió el arresto de Assange como una prioridad. Las sospechas de que había sido acusado en secreto se dispararon cuando el Departamento de Justicia de EEUU lo citó sin darse cuenta en un documento judicial.

Sin embargo, el estancamiento de la crisis diplomática entre Reino Unido y Ecuador llegó a su fin en abril de 2019, cuando la policía británica sacó a la fuerza a Assange de la embajada después de que Ecuador revocara su asilo político. Poco después se publicó una acusación penal de EEUU en la que se le acusa de conspirar para piratear una red informática secreta del Pentágono.

Assange fue acusado de trabajar con Manning, exanalista de inteligencia del Ejército de EEUU, para entrar en la red del Departamento de Defensa en marzo de 2010 con el objetivo de obtener documentos clasificados. Los fiscales anunciaron posteriormente 17 cargos adicionales contra Assange por la publicación de cientos de miles de cables y archivos diplomáticos secretos, sobre todo de las guerras de Afganistán e Irak.

A la primera sala del tribunal en la que se discutía la solicitud de extradición a EEUU llegó una acusación extraordinaria: que Trump había ofrecido a Assange un indulto si afirmaba que Rusia no había estado involucrada en la filtración de correos electrónicos del Partido Demócrata.

Cuando se reanudaron los procedimientos en el alto tribunal, la COVID-19 causaba estragos en todo el mundo y los abogados de Assange intentaron sin éxito aplazar el caso de extradición contra él tras oponerse a las pruebas que acababa de presentar la Fiscalía estadounidense y en las que se le acusaba de reclutar hackers para robar secretos militares.

Entre los testigos llamados por el equipo de Assange estaba Daniel Ellsberg, el exanalista militar estadounidense que filtró los documentos del Pentágono sobre la guerra de Vietnam. Según Ellsberg, WikiLeaks había actuado en el interés público y su fundador no recibiría un juicio justo en EEUU.

Abogados británicos contratados por las autoridades de EEUU insistieron en que Assange no estaba acusado por filtrar cables diplomáticos de EEUU o por la publicación de un vídeo que muestra un ataque de 2007 desde un helicóptero Apache estadounidense en Bagdad en el que murió una decena de personas. Sino que las acusaciones se referían a la publicación de los nombres de informantes en Irak y Afganistán que había puesto sus vidas en peligro.

La pareja de Assange acusó a EEUU de separar a su familia y describió el intento de extradición como “un ataque frontal al periodismo”. Rodeada de seguidores y periodistas a las puertas del tribunal, Stella Moris dijo que los dos hijos que tiene con el cofundador de WikiLeaks “necesitan a su padre”. También acusó a EEUU de desgarrar la familia. En la víspera del fallo de la jueza Baraitser, Morris dijo que cualquier decisión de extraditar a Assange sería “política y legalmente desastrosa para el Reino Unido”.

Traducido por Lara Lema y Javier Biosca

Diez años atrás, varias decenas de miles de documentos divulgados por WikiLeaks dejaron expuesto el lado B de la política exterior estadounidense. Resultó que la burocracia del Departamento de Estado había consignado por escrito objetivos inconfesables, unas cuantas ilegalidades, intercambios de favores con amigos y supuestos enemigos, la voracidad pedigüeña de elites locales ante las delegaciones de Washington y un sinfín de historias mínimas de la política global y barrial.

Ante el desafío inédito, Estados Unidos y su aliado central, el Reino Unido, comenzaron una persecución en todos los órdenes contra Julian Assange, principal responsable de la divulgación los 250.000 documentos del Departamento de Estado. Al borde de perder la razón producto de un encierro de más de 8 años, según consignan quienes tuvieron contacto reciente con él y peritajes sicológicos, el periodista australiano recibió este lunes un aliciente: no será extraditado en lo inmediato a Washington, donde es acusado de espionaje y violación de documentos oficiales. El fallo de la Justicia británica es apelable, por lo que la decisión podría variar en poco tiempo.

La jueza Vanessa Baraitser esgrimió un argumento que no hace más que agregar sordidez al proceso. Como Assange es “un hombre deprimido y a veces desesperado” a causa del encierro, podría no soportar la extradición y hasta llegaría a atentar contra su vida. Por lo demás, las “garantías constitucionales y procesales” no estaban en riesgo, evaluó Baraitser. Su confianza en el sistema judicial estadounidense es total.

Es decir, la magistrada del fuero penal de Inglaterra y Gales consideró legítimo que el fundador de WikiLeaks fuera acusado en un proceso secreto del otro lado del Atlántico. Nada para objetar sobre la vulneración del derecho a la defensa que supone el ocultamiento de las pruebas y hasta de la acusación concreta, ni sobre la opacidad de un expediente alimentado por los servicios de Inteligencia.

La jueza tampoco evaluó el hecho de que la Fiscalía sueca cerrara, en mayo de 2017, la investigación por denuncias de agresión sexual contra dos jóvenes por falta de pruebas. Fue un detalle menor que la causa, no exenta de detalles llamativos, se hubiera iniciado en agosto de 2010, días después de la divulgación por parte de WikiLeaks de crímenes de guerra cometidos en Afganistán.

Ante la inminencia de su arresto en 2012, Assange pasó 5 años refugiado en la sede de la Embajada de Ecuador en Londres y, tras la caída de la causa sueca, permaneció otros 2 años en ese pequeño departamento del barrio de Knightbridge. Sospechaba, con algún motivo, que su destino próximo sería alguna cárcel secreta del estado de Virginia sin escala en Estocolmo. Cuando el obediente ecuatoriano Lenín Moreno dispuso el fin de asilo, policías británicos esperaron a Assange a la salida de la Embajada. Era abril de 2019. Ya no había reclamo sueco, por lo que la petición de extradición estadounidense debió salir a la luz.

Por sobre los detalles procesales, la irregularidad de la causa contra Assange radica en un plano simbólico y ello es, a veces, más poderoso. La información de WikiLeaks dejó al desnudo la promesa civilizatoria que los tutores de la democracia occidental decían encarnar. Entre la “seguridad nacional” y la libertad de expresión, la opción de las instituciones estadounidenses quedó clara. El aparato estatal, con sus 100.000 burócratas de Inteligencia, no debía ser vulnerado, ni siquiera para difundir crímenes de lesa humanidad cometidos por el Pentágono y la CIA.

La calidad de la democracia británica, de mejor fama que la de su socio transatlántico, chocó de plano con otra filtración en 2013: la del analista de Inteligencia Edward Snowden. En su caso, no hizo falta una denuncia sueca para que enviados del Gobierno se presentaran en la redacción de The Guardian y forzaran a sus editores a destruir a martillazos y con moladoras el hardware en el que habían guardado los archivos, o que otros agentes retuvieran ilegalmente en el aeropuerto de Heathrow al novio del periodista que contactó a Snowden. Tampoco necesitó demasiadas explicaciones el piloto del avión que transportaba a Evo Morales para aterrizar por la fuerza en Viena ante la sospecha infundada de que transportaba a Snowden, en otra noche surrealista.  

Principio rector

La historia registra múltiples episodios de estados de excepción y doble estándar en las relaciones internacionales. Aquella máxima del pragmatismo sobre los “hijos de puta” nuestros y ajenos atribuida a Franklin Roosevelt y retomada por Henry Kissinger es un principio rector de la política internacional; nada para escandalizarse. Eso sí. La máxima no suele ser puesta en documentos públicos como los que reveló WikiLeaks. Los textos, con sus aristas y masividad, encontraron en internet una potencia difícil de controlar: miradas diseminadas por todo el mundo para leer, copiar y pegar textos inabarcables.

Ante un desafío extraordinario, las potencias respondieron con métodos extraordinarios. Los Estados debieron solicitar asistencia de los pilares del capitalismo global. Allí acudieron Visa, Mastercard y el sistema financiero para bloquear los recursos y las transferencias a WikiLeaks. Google, Facebook y compañía fueron los primeros que se anotaron para volcar todo el fisgoneo del que eran capaces (anular cuentas, investigar mails, rastrear contactos) al servicio de la causa nacional del único país al que obedecen.  

A la par de la colaboración del sistema financiero y los rectores de internet se ubicó el quinto poder. Las grandes marcas de los medios de comunicación, en un principio, del Primer Mundo, y luego, de la periferia, comprendieron de inmediato que hay textos impublicables, y que era mejor prestar atención a algunos cables por sobre otros, no en función de su noticiabilidad, sino del interés político y económico de las empresas editoras. El límite infranqueable de la divulgación del contenido de WikiLeaks se dio cuando los editores se toparon con cables que revelaban que colegas encumbrados o los dueños de los medios tramitaban ante las embajadas estadounidenses alguna denuncia falsa, un pedido de auxilio económico o político, o un negocio paralelo de una empresa hermana.

Probablemente Assange —como suelen hacer los periodistas— haya seleccionado qué filtración activar y cuál era preferible guardar en un cajón. Quizás haya buscado una fuente de financiamiento non sancta en algún momento de su carrera, como algún que otro empresario del sector. Es posible que tenga un ego exacerbado, pecado que alguna vez se pudo haber hecho presente en una redacción. Pero hay algo seguro. Assange puso sobre la mesa —o colgó en la nube— una dosis de verdad superior a la que la democracia informativa podía asumir. 

SL

El Gobierno de México ofreció hoy asilo político para el fundador de WikiLeaks, Julian Assange, luego de que la Justicia británica rechazara extraditarlo a Estados Unidos para ser juzgado allí por la publicación de documentos de inteligencia. Fue el propio presidente, Andrés Manuel López Obrador, quien hizo pública la voluntad de recibirlo, tras celebrar la decisión del tribunal británico y pedir por un indulto, un movimiento indispensable para cualquier discusión acerca del futuro de Assange.

“Voy a pedirle al secretario de Relaciones Exteriores que haga los trámites correspondientes para que se solicite al Gobierno del Reino Unido la posibilidad de que el señor Assange quede en libertad y que México le ofrece asilo político”, dijo AMLO en su habitual conferencia de prensa matutina.

Antes había comentado acerca de la decisión de no extraditarlo. “Creo que es un triunfo de la justicia, celebro que en Inglaterra se actúe de esa forma, porque Assange es un periodista y merece una oportunidad; estoy a favor de que se le indulte”, dijo. “Indulto y asilo en México, nosotros le damos protección, vamos a hacer esa gestión”, resumió después.

El presidente mexicano aclaró que su país ofrece asilo con protección pero también con “la responsabilidad de cuidar que el que recibe el asilo no intervenga ni interfiera en asuntos políticos de ningún país”. López Obrador ya había ofrecido asilo político al expresidente boliviano Evo Morales en noviembre de 2019.

Assange, de 49 años, lleva 20 meses recluido en la cárcel londinense de Belmarsh desde su detención en abril de 2019 en la embajada de Ecuador en el Reino Unido, donde vivió refugiado siete años. Él y su portal WikiLeaks saltaron a la luz pública en 2010 a raíz de la divulgación de unos 700.000 documentos militares y diplomáticos confidenciales que detallaban prácticas del Gobierno de Estados Unidos. López Obrador, de hecho, fue uno de los tantos actores involucrados. Según las revelaciones, el Gobierno estadounidense seguía al entonces candidato presidencial desde 2006, relevando sus opciones de ministros en caso de llegar a la presidencia y su rol en la crisis política tras las elecciones de ese año, en las que AMLO denunció fraude y llamó a movilizar a sus seguidores.

La oferta de asilo político de AMLO a Julian Assange puede generar malestar en la administración entrante, que tendrá a Joe Biden como presidente. López Obrador fue uno de los últimos líderes en reconocer a Biden como ganador de las elecciones y el tono de la carta de felicitación tuvo, en contraste al trato que manifestó con Donald Trump, un tono más frío. El Ejecutivo mexicano también impulsó una reforma a la ley de seguridad nacional que obstaculiza el trabajo de agencias extranjeras en México, una medida que va a limitar especialmente la actividad de la Administración de Control de Drogas (DEA).

Estados Unidos acusa a Assange de haber puesto en peligro la vida de sus informantes con la publicación de los documentos secretos sobre las acciones militares estadounidenses en Irak y Afganistán, que revelaron actos de tortura, muertes de civiles y otros abusos. En total está acusado de 18 delitos de espionaje e intrusión informática. Después de mostrarse “extremadamente decepcionado” por la negativa de la Justicia británica a extraditar a Assange, el Departamento de Justicia estadounidense tiene ahora un plazo de 14 días para recurrir la decisión británica, y desde el gobierno ya avisaron que lo harán.

La defensa de Assange, por su parte, pedirá la libertad bajo fianza. Al margen del resultado de esta apelación y del proceso en general, Assange tiene una causa abierta en el Reino Unido por haber violado en el año 2012 el arresto domiciliario bajo fianza que se le había concedido mientras se evaluaba si iba a ser extraditado a Suecia. El periodista rompió el arresto para refugiarse en la embajada ecuatoriana en Londres.

Assange, que todavía se encuentra preso, deberá cerrar su proceso legal en Reino Unido antes de poder asilarse en cualquier país que se lo ofrezca.

NZ