La reforma que modifica indemnizaciones, aportes sindicales y reglas de negociación colectiva ya superó el Senado con 42 votos afirmativos y quedó en manos de la Cámara de Diputados, donde el oficialismo buscará convertirla en ley en las próximas semanas. El proyecto modifica más de 40 leyes y reconfigura aspectos centrales del régimen laboral.

Según el régimen aprobado, los empleadores que ingresen al esquema de formalización aportarán un 2% de contribuciones patronales y un 3% con destino a subsistemas de la Seguridad Social. Hasta hoy, esas contribuciones patronales a la Seguridad Social se liquidaron con alícuotas generales del 18% o del 20,40%, según el encuadre del empleador, de acuerdo con ARCA/AFIP.

Y en obras sociales, el proyecto mantuvo la contribución patronal del 6% prevista en la Ley 23.660, un punto que el dictamen original buscó reducir al 5%.

En paralelo, el Senado aprobó el capítulo de aportes compulsivos. El texto con media sanción estableció un tope del 2% de las remuneraciones para los aportes a favor de asociaciones de trabajadores, que hasta ahora variaron según cada convenio colectivo (por ejemplo, hubo acuerdos homologados con aportes solidarios del 1,5% o del 2,5%).

El proyecto también modificó alícuotas del Impuesto a las Ganancias, que pasaron del 30% al 27% y del 35% al 31,5%. Sin embargo, tras negociaciones con gobernadores, el oficialismo aseguró que no habrá recortes en Ganancias coparticipables, lo que preservó recursos provinciales . Sobre el financiamiento del Instituto Nacional de Cine y Artes Audiovisuales (INCAA), se resolvió postergar hasta el 1° de enero de 2028 la eliminación de asignaciones específicas que nutren su presupuesto .

Desde el sindicalismo y sectores académicos cuestionaron el alcance de la reforma. En un hilo publicado el 9 de febrero, el centro de estudios Fundar —organización dedicada al análisis y diseño de políticas públicas— advirtió que la ley habilita jornadas de hasta 12 horas con banco de horas, permite fraccionar vacaciones a criterio del empleador, debilita la negociación colectiva al trasladarla al ámbito de empresa y limita el derecho a huelga . También señaló que se creará un fondo para pagar indemnizaciones con recursos de la seguridad social .

El jefe del interbloque peronista, José Mayans, calificó el proyecto como “una ley abiertamente inconstitucional, que va a traer alta litigiosidad” . En el recinto sostuvo que “no va a generar trabajo esto. Este modelo no funciona, no le echen la culpa a los trabajadores” y cuestionó el tratamiento legislativo y la conformación de comisiones .

El impacto sobre quienes trabajan aparece como el núcleo del debate. La reforma habilita mecanismos de blanqueo sin sanción, reduce el cálculo de indemnizaciones y promueve esquemas como el banco de horas que, según dirigentes sindicales, trasladan poder de decisión al empleador. Jorge Sola, cosecretario general de la CGT, sostuvo que el banco de horas “lo decide el patrón, no el trabajador” y que el esquema “pone al trabajador en igualdad con el empleador, y eso es inconstitucional” .

La discusión se dio en un contexto de deterioro salarial. Según el Indec, el índice de salarios del sector privado registrado acumuló una suba de 25,6% entre enero y noviembre de 2025, mientras que la inflación alcanzó el 27,9%, lo que implicó una caída real de al menos 2,3 puntos porcentuales . En ese escenario, la Federación de Aceiteros advirtió que convocará a medidas de fuerza si la ley avanza .

Mientras se desarrollaba la sesión, en las inmediaciones del Congreso hubo represión y momentos de tensión con manifestantes. El Gobierno porteño informó que hubo alrededor de 40 demorados y una docena de detenidos, mientras que la Comisión Provincial por la Memoria afirmó que fueron 60. También se registraron heridos.

¿Y cómo está la Cámara baja para la batalla final?

En la Cámara de Diputados el oficialismo intentará acelerar el tratamiento del proyecto, con la intención de sancionarlo antes del inicio del período ordinario. Según pudo saber trabajAR, La conducción libertaria ya organizó un cronograma acotado en las comisiones de Trabajo y de Presupuesto, lo que le permitiría llevar el dictamen al recinto en la última semana de febrero.

El Gobierno apuesta a consolidar una mayoría con el acompañamiento del PRO, sectores de la UCR y bloques provinciales. El poroteo que circula en el oficialismo proyecta un número suficiente para alcanzar el quórum, aunque esa suma depende de acuerdos todavía abiertos con legisladores vinculados a gobernadores que plantearon reparos sobre el capítulo fiscal y sobre la creación del Fondo de Asistencia Laboral.

Ese fondo —que se financiaría con una retención del 3% del salario— aparece como uno de los puntos sensibles en la negociación. Algunos diputados plantearon interrogantes sobre su administración y sobre el impacto que tendría en empresas que no realicen despidos, lo que podría introducir tensiones en el tramo final del trámite parlamentario.

La definición en Diputados no sólo será política. De su votación dependerá si el esquema de indemnizaciones, aportes y reglas de negociación colectiva aprobado en el Senado se mantiene sin cambios o si se incorporan modificaciones que obliguen a devolver el texto a la Cámara alta, con el consiguiente retraso en su sanción definitiva.

JJD

La Confederación General del Trabajo (CGT) advirtió sobre el impacto negativo que tendría el banco de horas laborales, una figura que el Gobierno incluyó en su proyecto de reforma y que permitiría a las empresas reorganizar las jornadas según sus necesidades, acumulando o trasladando horas de trabajo sin pagar horas extra. La central sindical sostiene que se trata de una herramienta que debilita el poder de negociación del trabajador, lo deja a merced de decisiones unilaterales del empleador y rompe con el principio de protección consagrado en la Constitución Nacional.

“El banco de horas lo decide siempre el que organiza el trabajo, que es el empleador. ¿Qué trabajador puede elegir cuándo trabajar o descansar? Esa no es una relación entre iguales, por eso no puede presentarse como modernización”, afirmó Jorge Sola, cosecretario general de la CGT y dirigente del sindicato del seguro, en una entrevista con AM 580 Somos Radio. Para el dirigente, la lógica del proyecto desconoce que la parte más débil de la relación laboral necesita protección y previsibilidad, no mayor precariedad.

¿Qué es el banco de horas?

El banco de horas es un sistema que permite distribuir las horas de la jornada laboral de manera desigual a lo largo de un período determinado —generalmente mensual o trimestral—, de modo que las horas trabajadas de más en un día puedan compensarse con menos horas otro día. En teoría, el objetivo es dar flexibilidad, pero en la práctica la CGT alerta que se trata de una forma de eliminar el pago de horas extra y de romper la regularidad de la jornada laboral, que garantiza derechos básicos como el descanso, la planificación familiar y la posibilidad de tener múltiples ingresos.

“El banco de horas que propone el Gobierno no prevé mecanismos reales de acuerdo o consulta con el trabajador. Lo que termina ocurriendo es que se eliminan los límites diarios o semanales, y se otorga al empleador la potestad de imponer jornadas más extensas sin pagar compensación adicional”, explicó Sola. Desde su mirada, la reforma planteada por el oficialismo responde a intereses de grandes estudios jurídicos que asesoran a empresas con alta carga laboral, y no a las necesidades reales de las pymes o los trabajadores registrados.

Sola remarcó que la oposición de la CGT al proyecto es integral. “No estamos discutiendo algunos artículos. El espíritu de esta reforma va contra el principio protector del derecho laboral. Quieren instalar una supuesta igualdad entre empleador y trabajador que no existe, ni debe existir. La Constitución establece que debe protegerse a la parte más débil, y eso no está presente en ninguna parte del proyecto”, sostuvo.

Entre los puntos que la CGT considera regresivos, además del banco de horas, se incluyen:

Frente al tratamiento del proyecto en sesiones extraordinarias, Sola explicó que la CGT lleva adelante una estrategia de presión política sobre el Senado, con reuniones con gobernadores y bloques legislativos provinciales. “Nuestra tarea no es solo marchar. Convencimos a senadores de que no había consenso en diciembre y se cayó el tratamiento. Eso también es plan de lucha”, señaló.

Aunque evitó confirmar una fecha, anticipó que el Consejo Directivo de la CGT se reunirá en los próximos días para definir nuevas acciones si el oficialismo insiste con tratar la ley en febrero. “Vamos a protestar si esto avanza, pero también peleamos en todos los frentes: la calle, la política, la legalidad y la sociedad”, resumió.

El dirigente también cuestionó el origen técnico e ideológico del proyecto. “Esto no lo escribieron las pymes. Lo hicieron estudios jurídicos que trabajan para grandes grupos económicos, y que buscan licuar derechos laborales para bajar costos. No hay ninguna evidencia de que eso genere empleo”, denunció.

Para Sola, la ausencia de diálogo previo con los sectores involucrados es una muestra del enfoque unilateral del Gobierno: “No se consultó a los trabajadores ni a quienes más empleo generan en la Argentina, que son las pequeñas y medianas empresas. Eso revela que no hay vocación de modernizar nada. Lo que hay es un intento de disciplinar y debilitar a quienes trabajan”.

Sola también negó versiones periodísticas sobre supuestas internas dentro de la CGT y aseguró que el nuevo triunvirato funciona de manera cohesionada. “Yo creo en la unidad, pero con muchas voces hacia adentro y una sola hacia afuera. Las decisiones estratégicas se discuten en el Consejo Directivo, y las puertas están abiertas para todos los sectores del movimiento obrero”, afirmó.

También defendió el rol político de la CGT en un contexto de crisis: “Representamos a trabajadores de todos los sectores, incluso a los que votaron este Gobierno. Eso nos exige más responsabilidad. Tenemos que construir propuestas, no solo oponernos”.

JJD

El Gobierno nacional confía en aprobar la reforma laboral durante las sesiones extraordinarias convocadas para el 10 y 11 de febrero. La iniciativa, impulsada por el presidente Javier Milei, forma parte del paquete de reformas estructurales que el oficialismo considera prioritarias y podría ser tratada sin modificaciones sustanciales, pese a la resistencia de algunos sectores.

Fuentes con acceso al despacho presidencial aseguraron a Noticias Argentinas que la administración de La Libertad Avanza cuenta con los votos necesarios para sancionar el proyecto. Aunque no se descartan sugerencias o enmiendas técnicas, el Ejecutivo ratificó que cualquier modificación “no debe alterar el espíritu” de la norma.

La reforma, denominada oficialmente como “modernización laboral”, fue presentada por el Gobierno nacional como una herramienta para formalizar el empleo y reducir costos laborales. Sin embargo, distintos especialistas advierten que los cambios propuestos pueden profundizar la precarización de quienes ya trabajan en condiciones informales o con bajos niveles de protección social.

El senador chaqueño Juan Cruz Godoy, miembro de la Comisión de Trabajo y referente de LLA en la Cámara alta, afirmó que el proyecto “va a salir con un gran consenso”. Según el legislador, gran parte de la iniciativa ya fue aprobada durante el tratamiento de la Ley Bases, pero su sanción fue postergada por la demora en la aprobación del Presupuesto 2026.

En paralelo, el oficialismo despliega una estrategia política de presión y negociación territorial. El ministro del Interior, Diego Santilli, mantiene reuniones con gobernadores para intercambiar apoyos legislativos por beneficios específicos para las provincias. No obstante, desde Casa Rosada niegan que se vayan a implementar compensaciones fiscales directas: “La compensación va a surgir del crecimiento que va a generar, tanto en sus recursos propios como en la coparticipación”, sostuvo una fuente del entorno presidencial.

La exministra de Seguridad y actual jefa de bloque en el Senado, Patricia Bullrich, impulsa una comisión técnica a cargo de la abogada laboralista Josefina Tajes, que buscaría canalizar sugerencias de sectores empresariales y gremiales sin alterar el texto base. Hasta el momento, los sindicatos no fueron formalmente convocados a una discusión estructurada del articulado, y la CGT ya había manifestado su rechazo al contenido del capítulo laboral dentro del fallido DNU 70/2023.

Uno de los ejes argumentales del oficialismo gira en torno a la informalidad. Según Godoy, “los puestos laborales se están creando en negro”, lo que afectará en el futuro a millones de trabajadores sin aportes jubilatorios. “En 10 o 15 años, esas personas van a estar complicadas para cobrar su jubilación”, declaró el senador en Radio Rivadavia. No obstante, la iniciativa oficial no incluye una propuesta clara para promover el blanqueo laboral ni detalla mecanismos de fiscalización o incentivos a la registración.

El proyecto tampoco contempla medidas concretas para reforzar el rol de la inspección laboral, uno de los pilares de control del trabajo no registrado. La visión dominante en el oficialismo promueve un esquema de desregulación y reducción de costos empresariales como vía para fomentar el empleo, sin abordar las causas estructurales de la informalidad como la tercerización, la falta de inversión productiva o la subocupación crónica.

Respecto a los sindicatos, el discurso oficial sostiene que “la reforma es para adelante” y que no afectará a quienes ya tienen empleo registrado. Sin embargo, diversos juristas advierten que varios artículos del proyecto podrían vulnerar derechos adquiridos, limitar la capacidad de negociación colectiva y alterar los convenios vigentes.

El oficialismo buscará aprobar la reforma laboral con celeridad, sin abrir instancias amplias de debate ni convocar a audiencias públicas. Aunque el Gobierno insiste en que “todos se benefician con la reforma”, los sectores del trabajo organizado reclaman participación real en la discusión de un cambio que impactará de lleno en sus condiciones de vida.

JJD, con información de NA

El jefe de Gabinete, Manuel Adorni, encabezó el primer encuentro del año con los principales operadores legislativos del oficialismo, en una reunión que buscó afinar la estrategia para aprobar la reforma laboral en el Congreso antes del inicio del período ordinario. La mesa política se reunió durante más de dos horas en la Casa Rosada y contó con la presencia de la jefa del bloque de La Libertad Avanza, Patricia Bullrich; el ministro del Interior, Diego Santilli; el presidente de la Cámara de Diputados, Martín Menem; el asesor presidencial Santiago Caputo; el ministro de Economía, Luis Caputo; y el operador Eduardo “Lule” Menem, entre otros.

El objetivo inmediato es que el Senado habilite el tratamiento del proyecto a fines de enero. La discusión se concentra en dos ejes sensibles: el capítulo tributario —vinculado a cargas sociales y al Impuesto a las Ganancias coparticipable— y el futuro del Fondo de Asistencia Laboral (FAL), que garantiza cobertura ante despidos y suspensiones. La eliminación o modificación de este fondo podría representar un recorte directo en las protecciones mínimas para trabajadores en situación de conflicto laboral o desvinculación forzosa.

Entre los puntos en análisis se encuentran la eliminación de multas por empleo no registrado, la reformulación del régimen de indemnizaciones, cambios en los regímenes de licencias y restricciones a la representación gremial. La propuesta también apunta a modificar las condiciones de negociación colectiva y reemplazar el FAL por un esquema alternativo con menor alcance. Todo el paquete tiene como eje una flexibilización del mercado de trabajo, que podría debilitar la posición de los trabajadores frente a sus empleadores y facilitar contrataciones más precarias, sobre todo para sectores jóvenes, tercerizados o sin convenio colectivo.

Desde los sindicatos se advierte que la iniciativa implica una regresión en derechos adquiridos, con especial impacto en sectores laborales desprotegidos. El reemplazo del sistema de sanciones y la eliminación del FAL implican, en los hechos, menos incentivos para registrar trabajadores y menos herramientas para enfrentar despidos arbitrarios. La CGT ya anticipó que no descarta medidas de fuerza si el proyecto avanza sin cambios sustantivos.

El Gobierno, a su vez, estudia la posibilidad de dar lugar a una serie de compensaciones destinadas a los gobernadores que se resisten a determinados puntos del articulado de la reforma laboral. Según la agencia Noticias Argentinas, uno de los puntos impositivos que más resquemores encuentra entre los representantes provinciales está dado por la modificación de la escala para el pago del impuesto a las Ganancias que afecta la recaudación del tributo que es coparticipable.

Son varios los mandatarios provinciales aliados que no ocultan sus diferencias, por lo que en Casa Rosada debaten la posibilidad de “compensarlos” para acumular los apoyos necesarios y fue un tema que se debatió en la reunión de mesa política que convocó Adorni.

Lo cierto es que hay quienes plantean ofrecer soluciones específicas ante los reclamos puntuales de cada gobernador, mientras otros rechazan la posibilidad de dar lugar al planteo. Los menos permeables a ceder ante las tensiones sostienen que los representantes provinciales responden ante los argumentos y que se beneficiarán del impacto de la reforma en sus provincias.

Sobre la mitad del mes, el Poder Ejecutivo aceita los mecanismos que le permitan al equipo negociador compuesto por los Menem, Bullrich, Santilli y el secretario de Asuntos Estratégicos, Ignacio Devitt, concertar la línea que desplegarán para intentar anotarse un nuevo triunfo legislativo.

Santilli sigue de gira

El ministro del Interior, Diego Santilli, debió reprogramar por segunda vez la reunión con el gobernador de La Pampa, Sergio Ziliotto, quien tenía previsto visitar Casa Rosada el viernes por la tarde.

El mandatario provincial argumentó “problemas personales” para cancelar la audiencia en agenda para las 14 y, si bien la idea original era relizarla el pasado miércoles, los planes se vieron truncados por fuertes lluvias en La Pampa.

Desde la cartera que lidera el exdiputado del PRO revelaron: “El gobernador se comunicó con el ministro y pidió, por cuestiones personales de último momento, reprogramar la agenda. Acordaron una reunión para los próximas días”:

El encuentro se enmarca en una serie de contactos que el funcionario nacional protagoniza en la búsqueda de acuerdos que le permitan sancionar la Reforma Laboral que obesesiona al presidente Javier Milei.

Como contó esta agencia, el peronista Ziliotto se muestra abierto al diálogo, pero no oculta sus reparos al articulado que diseñó el ministro de Desregulación y Transformación del Estado, Federico Sturzenegger.

Santilli ya se reunió con gobernadores con diálogo con la Casa Rosada, como el chubutense Ignacio Torres, y el lunes visitará Salta para entrevistarse con otro de ellos, Gustavo Sáenz.

JJD

En apenas una semana, la primera de 2026, 386 trabajadores y trabajadoras perdieron su empleo en empresas industriales, comercios minoristas y plataformas tecnológicas de la Argentina. Los despidos golpearon a sectores diversos como el textil, la distribución, la petroquímica, la industria alimentaria y el e-commerce, en un contexto marcado por el ajuste del gasto, la caída del consumo y la liberalización comercial impulsada por el Gobierno nacional.

La ola de desvinculaciones comenzó el viernes 5, en la víspera de Reyes, con el anuncio de 32 despidos en Mercado Libre Argentina, en el área de Experiencia de Usuario. La empresa explicó la decisión como parte de una “evolución de la organización” regional, y aseguró que “no modifica la estrategia de crecimiento en el país ni en la región”.

Problemas en Lustramax y cierres de plantas en La Rioja y Munro

En el Parque Industrial de Tortuguitas, los trabajadores de Lustramax iniciaron una asamblea permanente tras la comunicación de 29 despidos, incluidos empleados en período de prueba. La empresa mayorista de artículos descartables adujo una crisis económica como motivo del ajuste, pero los trabajadores cuestionaron la medida y denunciaron la utilización del clima propicio al “reformismo laboral” para avanzar con cesantías sin costo político.

Desde hace 15 días, los trabajadores sostienen una medida de fuerza con estado de alerta, tras recibir las primeras amenazas de despido. El conflicto incluye además el reclamo por el pago de un bono de fin de año y la regularización de los aportes a la obra social, atrasados desde octubre. Bajo la consigna “Si tocan a uno, tocan a todos”, advirtieron que no aceptarán ninguna desvinculación, independientemente del tipo de contrato, y realizaron un llamado a la solidaridad del movimiento obrero y organizaciones sociales.

La profundización del modelo aperturista también afectó a la industria textil y alimentaria. Hilados S.A., parte del Grupo TN Platex, cerró su planta de confección en La Rioja y dejó sin empleo a 70 operarios y operarias. La firma mantendrá activa solo la hilandería, con una dotación mínima de 60 trabajadores. Desde el sector sindical señalaron que la apertura de importaciones y la caída del consumo interno forzaron el cierre, en una industria que ya opera con bajos niveles de utilización de su capacidad instalada.

La empresa había iniciado 2025 con 140 empleados y proyectaba una expansión que quedó truncada por la recesión. El cierre de la planta de confección en La Rioja no es un hecho aislado, sino parte de un deterioro estructural más amplio, que según gremios del sector textil provocó cientos de despidos en los últimos dos años.

En la provincia de Buenos Aires, la multinacional Lamb Weston anunció el cierre definitivo de su planta de Munro, afectando a 100 trabajadores. La empresa centralizará la producción de papas fritas congeladas en su nueva planta de Mar del Plata, construida con una inversión de US$320 millones. Aunque prometió indemnizaciones conforme a la ley, el cierre responde a una estrategia global de concentración operativa y abandono de plantas consideradas “menos eficientes”.

Farmacias y petroquímica: ajuste en sectores sensibles

En el comercio minorista, la cadena Farmacias del Dr. Ahorro cesó pagos y cerró 10 sucursales, con un saldo de 90 trabajadores despedidos. La empresa, de capitales mexicanos, acumuló cheques rechazados por más de $20 millones y enfrenta un escenario de desabastecimiento tras perder el crédito comercial de proveedores y droguerías. En el sector se evalúan distintas alternativas, desde una reestructuración hasta el retiro definitivo del mercado argentino.

En paralelo, la petroquímica Sealed Air despidió a 65 trabajadores tras una instancia de negociaciones fallidas con el gremio. Parte de las desvinculaciones se formalizaron como retiros voluntarios de empleados próximos a jubilarse, pero el conflicto derivó en un paro por tiempo indeterminado que mantiene la planta paralizada. La empresa justificó la decisión en un “proceso global de optimización de recursos”, aunque desde el sector sindical la lectura es otra: un recorte encubierto en un contexto de desprotección laboral.

Los despidos informados en Mercado Libre, Lustramax, Hilados S.A., Lamb Weston, Farmacias del Dr. Ahorro y Sealed Air suman al menos 386 trabajadores y trabajadoras desvinculados en la primera semana de enero. En todos los casos, las empresas confirmaron las medidas como parte de reorganizaciones internas, ajustes financieros o cambios en sus modelos operativos.

JJD

El primer encuentro del año entre los principales operadores legislativos del oficialismo marcará el regreso formal de la ofensiva libertaria para imponer una reforma laboral que podría afectar derechos históricos de trabajadores y trabajadoras. La mesa política convocada por el jefe de Gabinete, Manuel Adorni, se reunirá este viernes 16 de enero en la Casa Rosada para ajustar el texto y definir la estrategia parlamentaria.

El objetivo inmediato es lograr que el Senado habilite su tratamiento a fines de este mes, antes del inicio de las sesiones extraordinarias previsto para el 2 de febrero. Las conversaciones se centran en dos puntos sensibles: el capítulo tributario vinculado a cargas sociales y el funcionamiento del Fondo de Asistencia Laboral (FAL), cuya eliminación o modificación podría recortar garantías ante despidos y suspensiones.

La convocatoria incluye al presidente de la Cámara de Diputados, Martín Menem; a la jefa del bloque oficialista en el Senado, Patricia Bullrich; al ministro del Interior, Diego Santilli; a Ignacio Devitt, de Asuntos Estratégicos; y a Eduardo “Lule” Menem, operador político del interior. También podrían sumarse Karina Milei y el ministro de Economía, Luis Caputo, dos figuras clave en la articulación del poder real dentro del Ejecutivo.

El oficialismo apuesta a que las comisiones técnicas permitan “depurar” el proyecto y procesar objeciones de actores sociales, aunque sin convocar aún a instancias formales de diálogo con sindicatos ni organizaciones laborales. La abogada Josefina Tajes encabezará una de esas comisiones desde este viernes, según anticipó Bullrich.

Entre las modificaciones posibles se analiza la revisión de artículos sobre indemnizaciones, licencias y representación sindical, que ya motivaron alertas de la CGT y de varios gremios de base. Hasta el momento, el Gobierno no abrió canales de participación directa para trabajadores o especialistas del derecho laboral.

Un tablero político en movimiento

Diego Santilli se convirtió en una pieza central del despliegue territorial, con una agenda de diez visitas provinciales en enero para asegurarse apoyos de gobernadores aliados. Esta semana estuvo en Chubut con Ignacio Torres, en una actividad centrada en la emergencia por incendios forestales. El lunes irá a Chaco a reunirse con Leandro Zdero y luego a Mendoza para verse con Alfredo Cornejo.

Las negociaciones también tocan otras leyes. Podría incorporarse a extraordinarias un proyecto para modificar la Ley de Glaciares, un pedido clave de varias provincias cordilleranas. En cambio, la Reforma del Código Penal —también prioritaria para el oficialismo— quedaría postergada.

Mientras tanto, el oficialismo busca sumar una nueva “victoria legislativa” tras la sanción del Presupuesto y la Ley de Inocencia Fiscal en diciembre, aunque los efectos concretos de esas medidas sobre las condiciones de vida siguen sin esclarecerse.

Los puntos más sensibles en la discusión de la iniciativa gubernamental incluyen la eliminación de multas por trabajo no registrado, la modificación del régimen de indemnizaciones y la posible creación de un esquema alternativo al FAL. También siguen en debate los alcances de la reforma en materia de representación gremial y convenios colectivos. El eje general del texto apunta a una flexibilización del mercado de trabajo que podría debilitar la posición de los trabajadores frente a sus empleadores.

Para sindicatos y especialistas, estos cambios implicarían una regresión en derechos adquiridos. Los sectores más afectados podrían ser trabajadores jóvenes, tercerizados o sin convenio colectivo, que quedarían más expuestos a modalidades precarias y sin protección efectiva.

JJD, con información de NA

La construcción creció en promedio durante el año pasado, pero no todo lo que brilla es oro. Según el último informe del Indec, correspondiente a noviembre de 2025, la actividad de la construcción cayó 4,7% interanual, y 4,1% respecto a octubre en la serie desestacionalizada. Sin embargo, pese al alza acumulada del 6,6% en 2025, la desaceleración de los últimos meses pone en jaque al eslabón más vulnerable del sector: el empleo. En octubre, último dato disponible, había 392.130 puestos registrados en la construcción privada, apenas un 3,5% más que un año antes. Esa suba no alcanza a revertir la caída sostenida de 2024, el primer año de gobierno de Javier Milei, cuando el empleo formal en el sector tocó mínimos históricos.

El empleo registrado sigue lejos del nivel prepandemia y de los picos alcanzados en 2017, durante el gobierno de Mauricio Macri, o 2011, durante la primera presidencia de Cristina Fernández de Kirchner. Ahora, los trabajadores enfrentan condiciones cada vez más inestables, con obra pública paralizada y crecimiento moderado de la privada, según las encuestas cualitativas.

El panorama para el verano 2026 no es alentador. El 68,5% de las empresas privadas consultadas por el Indec prevé que la actividad se mantendrá estancada; solo el 13% cree que crecerá. En el caso de la obra pública, las perspectivas mejoran levemente, aunque el 24% de las firmas estima una caída en el próximo trimestre.

Las causas que señalan las constructoras son la caída general de la actividad económica (28,3%) y los altos costos del sector (21,7%), seguidos por la falta de crédito y atrasos en la cadena de pagos, especialmente en el caso de contratistas estatales.

En cuanto a la evolución del empleo para los próximos tres meses, el 70,7% de las empresas privadas prevé no hacer cambios, mientras que uno de cada cinco planea reducir personal. El 58,9% de las firmas públicas cree que mantendrá su plantel, aunque el 24,2% ya anticipa recortes.

Las obras de vivienda privada, los edificios industriales y los montajes industriales concentran buena parte de la actividad futura en el segmento privado. En el caso de la obra pública, el motor siguen siendo las obras viales, de pavimentación y de infraestructura básica (agua, cloacas, transporte).

A pesar de las dificultades, la construcción cerró octubre con una suba interanual del 4,1% en los permisos de edificación, lo que puede anticipar actividad futura. Se autorizó la construcción de 1,6 millones de m² en octubre, el nivel más alto del año.

Sin embargo, el consumo de insumos muestra una fuerte dispersión: subieron 33,2% los artículos sanitarios y 19,7% el hormigón elaborado, pero cayeron hasta 19,3% los ladrillos y 17,8% el yeso. Estos contrastes reflejan un mercado segmentado, con proyectos de alta gama que siguen en marcha y obras más accesibles paralizadas. La tendencia general no es de derrumbe, pero sí de ralentización con efectos directos sobre el trabajo. El empleo, la informalidad y la estabilidad de los ingresos se instalan, otra vez, en el centro de la escena.

JJD

“La reforma laboral va a discutirse el 10 de febrero, no a libro cerrado”, anticipó Patricia Bullrich en su doble rol como vocera del Gobierno en el Congreso y jefa de bloque de La Libertad Avanza en el Senado. Con dictamen favorable desde diciembre y en plena tregua estival, el oficialismo prepara las condiciones para retomar el debate legislativo a partir de la segunda semana de enero y el objetivo de llevar el proyecto al recinto durante las sesiones extraordinarias, es decir antes de marzo.

El plan del Gobierno es aprobar en febrero una de sus reformas más ambiciosas: una modificación integral de la ley laboral con el argumento de “modernizar” las relaciones de trabajo y reducir los costos laborales. En los hechos, el proyecto avanza sobre derechos colectivos, elimina garantías vigentes y modifica de forma regresiva el régimen de contratación, indemnización y condiciones laborales.

El texto fue presentado como parte del paquete de reformas estructurales y tiene apoyo de varias cámaras empresarias. La CGT, en cambio, respondió con una movilización masiva en diciembre y prepara nuevos actos para febrero. Los sindicatos alertan que la propuesta oficial “rompe el equilibrio entre partes” y busca debilitar a las organizaciones gremiales al recortar financiamiento y limitar su rol en paritarias.

Uno de los puntos más conflictivos es la eliminación de las cuotas solidarias, el mecanismo por el cual los gremios reciben aportes de trabajadores no afiliados cuando existe un convenio colectivo firmado. El proyecto establece que los aportes solo podrán realizarse con consentimiento individual expreso, y los empleadores actuarán como agentes de retención únicamente para cuotas de afiliación voluntaria.

“Es un ataque directo a la sustentabilidad de los sindicatos”, advirtieron desde la conducción cegetista, que además ve con preocupación el intento de priorizar convenios por empresa por sobre convenios por rama de actividad. Esto atomiza la negociación colectiva, reduce el poder de los trabajadores y fortalece a las patronales en una relación estructuralmente desigual.

La reforma también propone eliminar la ultraactividad de los convenios, es decir, la prórroga automática de sus efectos una vez vencido el plazo hasta que se firme uno nuevo. Este punto, considerado clave para preservar condiciones laborales frente a contextos de crisis, es presentado por el oficialismo como parte de una estrategia para “desburocratizar” el sistema de relaciones laborales.

En materia de despidos, el proyecto busca bajar el costo de las indemnizaciones, excluyendo ítems como aguinaldo, vacaciones u otros adicionales del cálculo compensatorio. Como alternativa, plantea la creación de un Fondo de Asistencia Laboral que operaría como seguro ante la pérdida del empleo, a cambio de reducciones en las contribuciones patronales.

Además, la iniciativa incluye la implementación de un sistema de banco de horas, que permitiría a las empresas modificar los horarios laborales sin compensación previa. Para los gremios, esto habilita una disponibilidad permanente del trabajador sin garantía de previsibilidad, lo que impacta directamente en la vida cotidiana.

Otros puntos polémicos son el fraccionamiento de las vacaciones, la reducción de plazos de preaviso y la eliminación de la responsabilidad solidaria de empresas contratantes frente a tercerizadas, lo que abre la puerta a nuevas formas de precarización.

El Gobierno confía en su capacidad de negociación para conseguir los votos necesarios en el Senado, pero aún debe enfrentar la oposición sindical y social. La CGT anticipó que no se quedará de brazos cruzados y varias centrales provinciales ya preparan jornadas de protesta para febrero.

JJD

La reforma laboral impulsada por el gobierno de Javier Milei podría llegar al recinto del Senado el próximo 26 de diciembre, con una estrategia de trámite exprés que lidera la flamante jefa del bloque de La Libertad Avanza, Patricia Bullrich. La iniciativa comenzará a debatirse este miércoles en comisiones, pese al rechazo anticipado de la CGT, que marchará este jueves, y del bloque peronista, que pide abrir el debate a especialistas y actores del mundo del trabajo.

La comisión de Trabajo y Previsión Social, que presidirá la propia Bullrich, se constituirá a las 9 de la mañana, y a las 11 ya está convocado un plenario con Presupuesto y Hacienda para iniciar el tratamiento. La senadora pretende dictaminar la reforma laboral el jueves y llevarla al recinto el lunes 23 o el viernes 26, en el marco de las sesiones extraordinarias. “Tenemos la decisión de sacar la ley antes de fin de año”, dijo Bullrich anoche.

El acuerdo para avanzar fue sellado en una reunión de Labor Parlamentaria presidida por Victoria Villarruel, en la que también participaron José Mayans (UxP), Eduardo Vischi (UCR) y otros jefes de bloque. Mientras el peronismo busca frenar el trámite acelerado, el radicalismo podría convertirse en pieza clave para la mayoría que intenta construir el oficialismo, junto a aliados del PRO y bloques provinciales.

Bullrich calcula tener unos 40 votos a favor, aunque admite que no hay chances de consensuar con el kirchnerismo. “Es una ley que ya se discutió mucho, no necesita más debate”, sostuvo, aludiendo al trabajo realizado en el Consejo de Mayo, donde participó la senadora radical Carolina Losada.

Sin embargo, desde la Confederación General del Trabajo advirtieron que se opondrán a cualquier intento de avanzar sin consulta con los trabajadores. El jueves habrá movilización a Plaza de Mayo. La central sindical considera que la reforma implicaría una regresión de derechos laborales, al flexibilizar condiciones de contratación, reducir indemnizaciones y limitar la actividad sindical.

El proyecto aún no fue difundido oficialmente, lo que genera preocupación entre juristas, gremios y legisladores opositores. Aseguran que no se puede debatir una reforma estructural del trabajo sin conocer el texto completo ni evaluar su impacto en millones de trabajadores registrados y no registrados.

En paralelo, el Gobierno busca modificar también la Ley de Glaciares, aprobada en 2010 tras un fuerte consenso ambiental, científico y social. La reforma apunta a flexibilizar la protección de glaciares y permitir actividad minera en zonas sensibles, dándole más margen a las provincias. Este miércoles se constituirán las comisiones de Ambiente, Justicia y Minería para iniciar el tratamiento.

Organizaciones socioambientales y especialistas ya expresaron su rechazo. Recuerdan que en 2019 la Corte Suprema ratificó la constitucionalidad de la ley vigente, subrayando que el acceso al agua y la protección de los bienes comunes deben estar por encima de los intereses económicos. Alertan además que, en un contexto de crisis climática y retroceso glaciar, el intento de modificar la norma pone en riesgo reservas estratégicas de agua dulce y aumenta la vulnerabilidad de las comunidades.

A una semana de la Navidad, el oficialismo busca imponer su agenda legislativa sin abrir un debate democrático amplio, que esté a la altura de una modificación legislativa de tanto calibre.

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En una convocatoria de urgencia y con clima de creciente tensión, la Confederación General del Trabajo (CGT) reunió este miércoles a su Consejo Directivo para fijar una postura frente al proyecto de reforma laboral que el Gobierno planea discutir en las sesiones extraordinarias del Congreso. La central obrera se prepara para expresar un rechazo unificado a una iniciativa que considera “regresiva en términos de derechos laborales” y que no fue consensuada con los sectores sindicales.

“No estaremos de acuerdo con ninguna reforma regresiva”, advirtió días atrás Cristian Jerónimo, uno de los triunviros de la CGT y titular del Sindicato del Vidrio, al cuestionar la falta de diálogo por parte del Ejecutivo. El oficialismo impulsa un proyecto que redefine paritarias, elimina la Ley de Teletrabajo, restringe huelgas y precariza a repartidores, entre otros puntos clave.

La reunión tuvo lugar a las 12 del mediodía en la histórica sede de Azopardo 802, encabezada por los secretarios generales Jorge Sola, Octavio Argüello y el propio Jerónimo, con un temario que incluyó el análisis del contexto laboral y económico, la evaluación del paquete de leyes que enviará el Ejecutivo y otros asuntos internos de funcionamiento .

La convocatoria se dio en un momento de alta conflictividad y como respuesta al desplazamiento de los sectores sindicales del debate legislativo. Gerardo Martínez, secretario de Relaciones Internacionales de la CGT y líder de la UOCRA, se ausentó esta semana de la reunión del Consejo de Mayo, donde el Gobierno presentó su paquete de reformas. Si bien desde Casa Rosada dijeron que regresaba de un viaje, el gesto fue leído como una señal de disconformidad interna dentro de la central.

El contenido preliminar del proyecto anticipado por el Gobierno incluye:

El Ejecutivo, a través del jefe de Gabinete Manuel Adorni, justificó el plan afirmando que busca “más libertad y prosperidad”, con el objetivo de “reducir la carga fiscal laboral y aumentar la competitividad empresarial”. Sin embargo, para millones de trabajadores, la iniciativa representa una pérdida de derechos históricos y un avance hacia la precarización, especialmente en sectores con baja cobertura gremial.

Mientras el Senado se prepara para abrir el debate en comisión, la CGT discute posibles medidas de fuerza si el proyecto avanza sin cambios sustanciales. También se prevé que la CTA y ATE se sumen al rechazo con jornadas de protesta. En simultáneo, el Gobierno intenta consolidar apoyos legislativos, con fuerte protagonismo del ala dura representada por Federico Sturzenegger, impulsor del paquete.

La reunión de la CGT, además de establecer una posición formal, busca contener las diferencias internas y reforzar la unidad gremial frente a un escenario adverso. Aunque sin fecha definida, no se descarta que la central convoque a una movilización nacional si el proyecto es tratado sin modificaciones sustanciales.

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“Se trata de una reforma promercado y la única finalidad que persigue el Gobierno es el disciplinamiento de la fuerza de trabajo”, denunció el secretario general de la Asociación de Trabajadores del Estado (ATE), Rodolfo Aguiar. Con ese argumento, el gremio estatal convocó este viernes a un paro nacional con movilización al Congreso para el próximo martes 9 de diciembre, cuando se espera que ingrese formalmente el proyecto de Ley de Modernización Laboral.

La medida anticipa el tono del conflicto que se avecina. ATE es uno de los sindicatos más combativos frente al gobierno de Javier Milei y viene protagonizando movilizaciones junto a otras centrales. Esta vez, la protesta se centrará en rechazo al borrador de 182 artículos que circuló esta semana y que propone modificaciones estructurales al Régimen de Contrato de Trabajo, incluyendo la exclusión de sectores enteros de la legislación laboral, nuevas formas de contratación, cambios fiscales y derogaciones de normas históricas como el Estatuto del Periodista y la Ley de Jornada Legal .

El telón de fondo: salario mínimo congelado y pérdida de poder adquisitivo

El anuncio de ATE se dio un día después de que el Gobierno convocara a sindicatos y empresas a una reunión del Consejo del Salario, que llevaba cuatro meses sin actividad. El salario mínimo actual es de $322.200 y no se actualiza desde agosto. En ese tiempo, la inflación acumulada —según estimaciones del Banco Central— provocó una pérdida del 31,4% en términos reales respecto de noviembre de 2023.

“Queremos un salario que esté por encima de la línea de pobreza”, reclamó el dirigente Hugo “Cachorro” Godoy, también de ATE, al señalar que la canasta básica supera los $600.000. Para el gremio, el congelamiento no solo afecta a quienes están fuera de convenio, sino que deprime toda la economía de ingresos, desde los programas sociales hasta las paritarias. Por eso, la crítica al congelamiento salarial y a la reforma laboral comparten raíz: un modelo que, según los sindicatos, busca reconfigurar el mundo del trabajo debilitando las instituciones colectivas.

Sin negociación ni consenso: otro frente abierto

El contraste entre la convocatoria al Consejo del Salario —una instancia institucional de diálogo tripartito— y el impulso unilateral de la reforma laboral deja al descubierto una doble vara del Ejecutivo. Mientras una parte del Gabinete (como la Secretaría de Trabajo) busca canalizar demandas por cauces formales, el proyecto de reforma ingresaría al Congreso sin participación sindical ni mesas de discusión.

ATE lo advirtió con claridad: “No es verdad que quieran mejorar la competitividad, la productividad o que crezca la economía. Eso no va a suceder quitando derechos”, sostuvo Aguiar. En línea con otras organizaciones gremiales, el sindicato sostiene que la verdadera intención del Gobierno es fragmentar, flexibilizar y debilitar la capacidad organizativa del movimiento obrero.

La jornada de lucha del 9 de diciembre será un nuevo termómetro de la calle. Coincidirá con las protestas de las CTA en la Secretaría de Trabajo y con la movilización de jubilados al Congreso, lo que anticipa una semana de alta tensión en el centro porteño. Con el proyecto en camino y sin señales de retroceso por parte del Ejecutivo, la reforma laboral podría convertirse en el eje central de la conflictividad social durante el verano.

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La Ley de Modernización Laboral ya tiene letra chica. El texto completo, filtrado en las últimas horas, revela un proyecto de 182 artículos que apunta a redibujar el mapa del trabajo en la Argentina. Incluye cambios sustanciales en el régimen de contratación, indemnizaciones, licencias, convenios colectivos y condiciones fiscales. También deroga normas con más de medio siglo de vigencia, como el Estatuto del Periodista Profesional.

La filtración del borrador se produce mientras el oficialismo acelera negociaciones parlamentarias. La senadora Patricia Bullrich, jefa del bloque de La Libertad Avanza, anticipó que la reforma será tratada en sesiones extraordinarias junto al Presupuesto 2026. “Vamos a sacar todas las leyes que el Ejecutivo está mandando”, prometió.

1. Exclusiones: quién queda fuera del paraguas de la ley laboral

Uno de los cambios más estructurales es el recorte del ámbito de aplicación de la Ley de Contrato de Trabajo (LCT). Según el texto, quedarán fuera:

Este punto legaliza figuras laborales hoy consideradas fraudulentas o encubiertas, como los monotributistas dependientes, y deja a miles de trabajadores sin amparo sindical, vacaciones ni licencias.

2. Redefinición del principio de favor

El nuevo artículo 9° de la LCT establece que la interpretación más favorable al trabajador solo se aplicará por “instituciones” (es decir, bloques normativos), y no por cada cláusula o norma aislada. Esto debilita un principio clave del derecho laboral argentino, que históricamente prioriza la protección individual.

3. Cambios judiciales y “castigo” por reclamar de más

El proyecto introduce un nuevo criterio para costas judiciales: si un trabajador reclama un monto “excesivo” (pluspetición inexcusable), deberá pagar las costas junto a su abogado. Para gremios y juristas, esto desalienta el acceso a la Justicia y criminaliza la demanda laboral.

4. La pata fiscal: incentivos, exenciones y baja de impuestos

El capítulo fiscal busca atraer inversiones con alivios impositivos. Entre las medidas más destacadas se incluyen:

También se crea un Régimen de Incentivo para Inversiones Productivas (RIMI) destinado a MiPyMEs, con beneficios fiscales específicos.

5. Derogaciones: normas históricas que caen

El Título XXV del proyecto deroga artículos clave de la Ley 20.744, entre ellos:

La eliminación del estatuto de prensa implica un golpe directo a la organización sindical en medios de comunicación, y abre la puerta a regímenes más precarios de contratación.

6. El “modelo productivista”: convenios por empresa y salarios por mérito

La reforma impulsa la negociación colectiva descentralizada, permitiendo convenios por empresa. A su vez, elimina la “ultraactividad” (vigencia automática de convenios vencidos) y promueve aumentos por productividad individual, por encima de paritarias sectoriales.

Se habilita además la fragmentación de vacaciones, que podrán tomarse por períodos mínimos de una semana, lo que atenta contra el descanso continuo y la salud laboral.

7. Jornada extendida y fondo de cese: trabajo más largo, despido más barato

Aunque el Gobierno relativizó este punto en público, el borrador incluye la posibilidad de extender la jornada diaria de 8 a 12 horas mediante acuerdos y de implementar “bancos de horas” (compensación con francos en lugar de pago extra).

Respecto a los despidos, el proyecto:

Para la CGT, esto implica un “traslado del costo del despido al trabajador” y rompe con la lógica protectoria del sistema actual.

8. Escenario político y resistencias

Mientras el oficialismo se encolumna detrás de la narrativa de “modernización”, los sindicatos anuncian movilizaciones y denuncias judiciales. CTA, ATE, UTEP y la CGT ya anticiparon su rechazo y preparan medidas de fuerza.

Desde el oficialismo, Bullrich considera que el proyecto es “necesario para que los argentinos vuelvan a conseguir un trabajo formal”, aunque reconoció que no será “de un día para el otro”.

Una reforma que busca cambiarlo todo

La propuesta oficial desarma pilares del derecho laboral argentino y redibuja el mapa de relaciones entre capital y trabajo. Para sus impulsores, es el paso necesario hacia un sistema más “eficiente y competitivo”. Para sus detractores, es una ofensiva sin precedentes contra los derechos laborales.

Como advirtió la CGT, “una reforma sin diálogo puede rebotar en la Justicia y generar más incertidumbre” . El Congreso, mientras tanto, se prepara para una batalla legislativa que marcará un antes y un después en el mundo del trabajo.

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“¿Para qué sirvieron todos esos avances tecnológicos, entonces?”, se preguntó Luiz Inácio Lula da Silva ante el Consejo de Desarrollo Económico y Social Sostenible (CDESS), al proponer reducir la jornada laboral en Brasil. El mandatario defendió el fin de la jornada 6 por 1 —seis días de trabajo y uno de descanso— y llamó a pensar una redistribución del tiempo laboral como respuesta a los incrementos de productividad.

“La producción aumenta, pero los salarios caen. Eso no tiene sentido”, argumentó. Lula no presentó un proyecto de ley, pero instó al Consejo —integrado por empresarios, sindicatos y movimientos sociales— a analizar la viabilidad de bajar la jornada legal, actualmente de 44 horas semanales, a 40. El debate se da en simultáneo con una propuesta de enmienda constitucional que apunta en esa dirección y ya circula en el Congreso Nacional.

El planteo del presidente brasileño se suma a una corriente regional que pone en discusión la duración del trabajo en contextos de automatización, concentración de la riqueza y crisis de bienestar. Apenas un día antes, México oficializó una iniciativa legislativa con alcance histórico: reducir progresivamente la jornada de 48 a 40 horas semanales sin baja salarial ni pérdida de derechos.

“Es un paso firme hacia una vida laboral más justa, digna y equilibrada”, expresó la presidenta del Senado mexicano, Laura Itzel Castillo, al presentar el proyecto de Claudia Sheinbaum. La reforma será gradual —dos horas menos por año entre 2027 y 2030— y fue diseñada tras cinco meses de foros con más de 2.000 actores sociales, incluyendo sindicatos, empresas y académicos.

Mientras Brasil y México avanzan hacia una reorganización del tiempo de trabajo en clave de bienestar, en la Argentina el Gobierno impulsa una reforma laboral en sentido contrario. El presidente Javier Milei, con el respaldo de Patricia Bullrich en el Senado, propone flexibilizar convenios colectivos, facilitar despidos y eliminar derechos adquiridos. Los gremios rechazaron el proyecto por considerarlo “inconstitucional, antisindical y regresivo”.

En México y Brasil, el foco está en distribuir mejor el tiempo generado por el crecimiento tecnológico. En Argentina, en cambio, la reforma oficialista busca reducir costos laborales sin contemplar el impacto social. Lula recordó que, cuando era sindicalista, 40.000 trabajadores producían 1.200 autos; hoy 12.000 fabrican el doble. “¿Por qué no se redujo la jornada?”, preguntó. Su respuesta: redistribuir ese excedente en tiempo libre para el pueblo.

El Consejo asesor convocado por Lula elaborará propuestas que luego pueden ser tomadas como base legislativa. Aunque sin fuerza de ley, el gesto presidencial instala el tema en la agenda pública y consolida una perspectiva común con México: priorizar la salud mental, el equilibrio vital y los derechos laborales en el marco de un nuevo contrato social.

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La senadora Patricia Bullrich confirmó este jueves que ya están en marcha las negociaciones en el Senado para avanzar con la reforma laboral que impulsa el Poder Ejecutivo. Desde su rol como presidenta del bloque oficialista de La Libertad Avanza, la exministra de Seguridad marcó la hoja de ruta legislativa para diciembre y aseguró que el proyecto, junto con el Presupuesto 2026, será prioridad para el oficialismo en el Congreso.

“Tenemos suficientes senadores como para discutir y hablar. Sabemos que algunos no la van a votar, entonces tenemos que dialogar con quienes tienen voluntad de transformación”, afirmó Bullrich en declaraciones radiales. La legisladora consideró que el proyecto permitirá que “los argentinos vuelvan a conseguir un trabajo formal”, aunque reconoció que “no será de un día para el otro”.

Según pudo saber la Agencia Noticias Argentinas, la iniciativa ingresará al Congreso por la Cámara alta, y el oficialismo prevé postergar para una segunda etapa los debates sobre el nuevo Código Penal, la Ley Tributaria y la Ley de Inocencia Fiscal .

Bullrich también buscó desdramatizar las tensiones internas tras la jura de los nuevos legisladores, cuando trascendieron diferencias con la vicepresidenta y titular del Senado, Victoria Villarruel. “Mi objetivo no es generar un campo de batalla, sino sacar las leyes que necesitamos”, aclaró. Y agregó: “Las cosas van a cambiar en el Senado, vamos a sacar todas las leyes que el Ejecutivo está mandando”.

En sus declaraciones, la jefa del bloque oficialista también apuntó contra el kirchnerismo, al que acusó de oponerse “por reflejo” a cualquier reforma. “Sabemos perfectamente lo que tenemos que hacer y no tenemos ningún miedo. No hay posibilidad de volver a la Argentina del desorden”, afirmó.

Qué propone el proyecto de reforma laboral

Si bien el texto aún no se presentó públicamente, el Gobierno adelantó que buscará reducir los costos laborales no salariales, limitar las multas por trabajo no registrado y reformar aspectos centrales de la Ley de Contrato de Trabajo. Para los gremios, se trata de una avanzada contra los derechos laborales y una reedición de reformas que la Justicia laboral ya declaró inconstitucionales en 2023.

Centrales sindicales como la CTA Autónoma, ATE y la UTEP ya anunciaron un plan de lucha conjunto, que incluye paros, movilizaciones y una contrapropuesta técnica con eje en la recuperación salarial, la reducción de la jornada laboral y la regulación de nuevas formas de empleo.

Desde el oficialismo, el discurso busca instalar la idea de una “modernización” del mercado laboral. Bullrich defendió la necesidad de reformas estructurales como condición para reactivar el empleo, en especial entre los sectores jóvenes e informales.

Una reforma en medio de tensiones sociales

El anuncio de Bullrich llega en un clima de creciente conflictividad. Desde el 4 de diciembre, movimientos sociales, sindicatos estatales y organizaciones territoriales comenzaron una serie de protestas con eje en la resistencia al ajuste, la defensa de la Ley de Glaciares y el rechazo a la reforma laboral.

“Diciembre puede ser un mes caliente”, advirtió Esteban “Gringo” Castro, exsecretario de la UTEP, al señalar el impacto del ajuste en los barrios populares y la falta de contención estatal. “Lo que alguna vez fue el Salario Social Complementario está totalmente pulverizado”, denunció.

En paralelo, Bullrich se refirió a la continuidad del Ministerio de Seguridad, tras su salida para asumir la banca en el Senado. Dijo que su sucesora, Alejandra Monteoliva, es “una gran profesional” que ya conocía las políticas del área. “Estoy contenta porque hay continuidad en la forma de hacer las cosas”, expresó.

También habló sobre la investigación que involucra al presidente de la AFA, Claudio “Chiqui” Tapia, con la financiera Sur Finanzas, acusada de lavado de activos. “La Justicia está actuando rápido y eso es lo importante”, dijo, y recordó que el Ministerio había elevado denuncias por inconducta ante la FIFA.

Mientras tanto, en el Senado, Bullrich se prepara para librar su primera batalla parlamentaria, en un recinto fragmentado, con bloques en reconfiguración y una oposición que aún debate su estrategia frente a un paquete de leyes regresivas.

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Con ollas populares, marchas, cortes y asambleas públicas, los movimientos sociales y las centrales sindicales iniciaron este jueves un ciclo de protestas que marcará el ritmo del mes. El epicentro fue en La Plata, donde desde las 10 se realizó una asamblea de la Unión de Trabajadores y Trabajadoras de la Economía Popular (UTEP) junto a gremios estatales y organizaciones piqueteras. La consigna común: resistir el ajuste y frenar la reforma laboral impulsada por el Gobierno de La Libertad Avanza.

La movilización en Plaza Belgrano —ubicada entre las calles 13 y 40— fue la primera expresión de lo que los convocantes anunciaron como “un diciembre caliente”. Las agrupaciones participantes —Movimiento Evita, Barrios de Pie, Movimiento de Trabajadores Excluidos (MTE) y la Corriente Clasista y Combativa (CCC)— buscarán confluir en un plan de lucha nacional, que incluirá jornadas de protesta, actividades territoriales y movilizaciones callejeras.

“El eje estará en los problemas vinculados al trabajo, el hambre y el avance del narcotráfico en los barrios”, adelantó Alejandro “Peluca” Gramajo, secretario general de la UTEP.

El rechazo principal es a la reforma laboral que prepara el Ejecutivo, a la que los gremios denuncian como un intento de flexibilización y precarización, “al servicio del FMI y de los grandes grupos empresarios”. Desde el Partido Justicialista se sumaron a la convocatoria con un comunicado titulado “Sí al trabajo, no a la precarización laboral del FMI”, en el que advierten sobre el deterioro del mercado de trabajo y la ofensiva contra los convenios colectivos.

Los movimientos populares también exigen una recomposición urgente del Salario Mínimo y del Salario Social Complementario, congelado en $78.000 desde la asunción del nuevo Gobierno. “Lo que alguna vez fue el Salario Social Complementario está pulverizado. Hay hambre, bronca y odio. Si el Estado no actúa, diciembre va a estallar”, advirtió Esteban “Gringo” Castro, exsecretario de la UTEP.

Las acciones no se limitarán al AMBA. A lo largo del país, durante el día, organizaciones socioambientales, comunidades indígenas y colectivos territoriales realizaron manifestaciones simultáneas para frenar el intento del Gobierno de modificar la Ley de Glaciares. Hubo concentraciones en Plaza Congreso (CABA), Plaza Rivadavia (Bahía Blanca), Legislatura (Mendoza), Plaza Güemes (Salta), Monumento a la Bandera (Rosario) y más de 30 localidades desde Ushuaia hasta Jujuy.

“Vamos a estar en las calles denunciando la motosierra libertaria”, expresó Silvia Saravia, dirigente nacional de Libres del Sur. Según explicó, el Presupuesto 2026 elimina la actualización automática de asignaciones, afecta a jubilados y recorta el salario familiar. “Milei y Pettovello le están haciendo la tarea sucia a Donald Trump”, acusó, en referencia a los intereses financieros detrás del ajuste.

En paralelo, los sindicatos estatales como ATE y las dos CTA definieron un plan de lucha propio, que contempla paros escalonados, protestas conjuntas con movimientos sociales y la presentación de una contrapropuesta técnica a la reforma laboral. Entre los ejes propuestos figuran:

“La reforma que propone el Gobierno ya fue declarada inconstitucional por la Justicia Laboral en sus aspectos más regresivos”, remarcaron las dos CTA. Además, alertaron que el objetivo de fondo es fragmentar al movimiento obrero y dividir la representación opositora en el Congreso, en nombre de una modernización sin derechos.

Frente a este escenario, la estrategia de los sectores convocantes es articular resistencias, sumar reclamos parciales a una causa común y proyectar una unidad social, sindical y política. “Unidad para resistir y también para construir condiciones para la victoria”, sostuvieron en un documento conjunto.

Mientras tanto, desde el Ministerio de Seguridad de la Nación confirmaron que aplicarán el protocolo antipiquetes, lo que anticipa un escenario de tensión en las próximas jornadas.

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Trabajadores y trabajadoras del subte B liberaron este jueves por la mañana los molinetes de la estación Federico Lacroze, en la ciudad de Buenos Aires, como parte de una protesta gremial contra una situación de acoso y violencia laboral sufrida por una empleada de limpieza. La acción directa tuvo lugar entre las 7 y las 8, y fue levantada tras una hora, aunque los delegados no descartan nuevas medidas en los próximos días.

El hecho que originó la protesta involucra a Araceli Pintos, trabajadora de limpieza recientemente desvinculada de la empresa. Según informaron fuentes sindicales a la agencia Noticias Argentinas, la mujer denunció haber sido acosada por un agente policial mientras prestaba tareas en el subte. Sin embargo, la respuesta empresarial no fue de acompañamiento, sino de represalia: “Defendieron al acosador y trasladaron a la compañera a otra línea”, afirmaron en un comunicado.

Más aún, el conflicto escaló cuando, tras el traslado forzado, la trabajadora fue desvinculada del puesto, lo que —según la versión gremial— fue una forma de castigo encubierto y revictimización. La concesionaria del servicio, Emova, se defendió asegurando que Pintos “fue despedida por reiterados incumplimientos durante su período de prueba” y que se cumplieron todas las instancias previas antes de tomar esa decisión.

“Pretendían que Araceli soportara y callara el abuso del personal policial y la violencia de los supervisores, si quería quedar efectiva”, denunciaron los trabajadores en el mismo texto. Además, calificaron el accionar de la empresa como “discriminatorio, ilegal y contrario a las leyes de igualdad y género vigentes”.

La denuncia no se limita al caso individual. Según señalaron los metrodelegados, la situación de Pintos es parte de un patrón más amplio: “Se enmarca en un avance de las prácticas persecutorias y violatorias del convenio colectivo”, expresaron. En ese sentido, mencionaron también las condiciones generales de trabajo en la red, como la presencia de asbesto cancerígeno, la contaminación ambiental y la ausencia de inversión y mantenimiento, que afectan tanto la salud de los empleados como la calidad del servicio.

La liberación de molinetes funcionó como medida simbólica y de visibilización, pero el malestar persiste y las acciones podrían continuar. El reclamo combina la defensa de los derechos individuales de una compañera acosada con una denuncia estructural sobre el trato empresarial hacia el personal de limpieza, uno de los sectores más vulnerables del sistema.

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“Queremos un salario que esté por encima de la línea de pobreza”, reclamó Hugo “Cachorro” Godoy, secretario general de la CTA Autónoma, en vísperas de una nueva sesión del Consejo Nacional del Empleo, la Productividad y el Salario Mínimo, Vital y Móvil, que se reúne este miércoles 26 de noviembre a las 12.30 de forma virtual. El encuentro, convocado por el Gobierno a través de la Resolución 6/2025, tiene como objetivo fijar un aumento del sueldo mínimo, congelado desde agosto, y actualizar también las prestaciones por desempleo.

El salario mínimo actual es de $322.200, un monto que lleva cuatro meses sin cambios. En ese lapso, la inflación erosionó su poder adquisitivo de forma severa. De acuerdo con estimaciones basadas en el Relevamiento de Expectativas de Mercado (REM) del Banco Central, el haber mínimo acumula una pérdida del 31,4% en términos reales respecto de noviembre de 2023, antes de la asunción del presidente Javier Milei. Incluso en la comparación interanual más reciente, contra noviembre de 2024, la caída real fue del 1,9%.

En paralelo a la sesión virtual del Consejo, las dos CTA —la Autónoma y la de los Trabajadores— convocaron a una movilización desde las 11 hacia la Secretaría de Trabajo, que conduce Julio Cordero. Coincidirá con la marcha semanal de jubilados en las inmediaciones del Congreso, lo que anticipa una jornada de protesta con alta tensión en el centro porteño.

“La convocatoria llega tarde”, denunció Godoy, quien explicó que su central tuvo que recurrir a la Justicia para forzar al Gobierno a reactivar el Consejo, luego de tres meses de inacción. “Para nosotros el Consejo del Salario es una institución tripartita que debe funcionar a pleno y garantizar un ingreso por encima del nivel de pobreza en la Argentina”, afirmó.

En sus declaraciones a la agencia Noticias Argentinas, el dirigente apuntó también contra las cámaras empresariales: “Vienen actuando en tándem con el oficialismo para seguir decidiendo por decreto el valor del salario mínimo”. Según el referente sindical, esa estrategia permite “planchar toda la economía de ingresos”, afectando también a los programas sociales y a los convenios colectivos.

El reclamo cobra mayor peso si se considera que una canasta básica de alimentos para una familia supera ampliamente los $600.000, según estimaciones privadas. Esto implica que el salario mínimo vigente no cubre ni siquiera la mitad de ese valor. Además, miles de trabajadores no registrados o con empleos informales tienen como única referencia el monto del SMVM, ya que sus ingresos no están regidos por convenios.

El Consejo está integrado por 16 representantes de empleadores y 16 de los trabajadores, más un presidente designado por el Estado nacional. Las deliberaciones se darán en el marco de la ley 24.013, que también vincula al salario mínimo con las prestaciones por desempleo, cuyos montos mínimo y máximo serán discutidos en la Comisión específica del organismo a partir de las 10.

Además del marco constitucional y normativo local, la discusión está amparada por el Convenio 131 de la OIT, que indica que el salario mínimo debe contemplar las necesidades básicas de las familias, el desarrollo económico, la productividad y el pleno empleo. No se trata solo de un número: el SMVM define el piso de ingresos legales en Argentina y repercute en múltiples esferas sociales.

Para el sindicalismo, el debate de este miércoles es una oportunidad para volver a poner en agenda la situación crítica de los sectores más vulnerables del mercado laboral, tras un año marcado por la aceleración inflacionaria y la recesión. “Vamos a participar de la reunión virtual, pero los principales dirigentes estaremos en las calles”, advirtió Godoy, anticipando el tono de la jornada.

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El gobierno de Giorgia Meloni enfrenta este viernes una huelga general convocada por sindicatos de base en rechazo a lo que denominan una “economía de guerra”. La protesta se dirige contra el proyecto presupuestario 2026 —aún pendiente de ratificación parlamentaria—, que aumenta de forma inédita el gasto militar, al tiempo que ajusta servicios públicos como salud y educación.

“El Gobierno alimenta una economía de guerra que debilita a los trabajadores y a los servicios públicos”, advirtió la Unión Sindical de Base (USB), una de las organizadoras. La protesta comenzó el jueves por la noche y se extenderá durante toda la jornada del viernes. Afecta transporte público, trenes, puertos y servicios estatales, aunque sin el respaldo de los sindicatos mayoritarios, que convocaron una medida propia para el 12 de diciembre.

Desde 2020, el gasto militar de Italia creció un 60%, pasando de €8.000 millones a €13.000 millones. Para 2026, el desembolso previsto es de casi €34.000 millones, lo que implicaría un aumento de más del 45% respecto a 2017. La meta, impulsada por la OTAN y respaldada por Estados Unidos, es llevar el gasto al 5% del PBI en una década, con un 3,5% para defensa convencional y 1,5% para seguridad.

El presupuesto también destina €130.000 millones a nuevos sistemas de armas y €9.000 millones en infraestructura militar para los próximos 15 años. Las compras incluyen armamento a Alemania, Estados Unidos e Israel, y han generado preocupación por la falta de transparencia y el vaciamiento del control democrático sobre las decisiones de defensa.

Francesco Vignarca, de la Red Italiana Paz y Desarme, alertó que invertir en armas da menos retorno económico que hacerlo en educación o salud. Subrayó que la industria armamentista representa menos del 1% del PBI italiano, y que gran parte de la producción y empleo se concentra en el exterior, incluso en filiales de firmas italianas como Leonardo.

La huelga también expresa solidaridad con el pueblo palestino y exige que Italia rompa relaciones con Israel, aplique un embargo militar y cese las entregas de armas. Asimismo, los sindicatos reclaman el fin del apoyo militar a Ucrania. “Salimos a bloquearlo todo contra el rearme”, afirmó Francesco Staccioli, dirigente de USB.

Italia no tiene un salario mínimo legal y los salarios reales están por debajo de los niveles de 1990. El sindicato CUB señaló que el presupuesto no contempla subas salariales ni inversión suficiente en vivienda pública, mientras los alquileres y el costo de vida se disparan. En paralelo, la edad de jubilación se estira a 67 años y tres meses a partir de 2027.

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El primer piloto nacional de semana laboral de cuatro días, impulsado por el gobierno de Islandia entre 2015 y 2019, arrojó resultados contundentes: no solo no cayó la productividad, sino que mejoró en la mayoría de los sectores. Desde entonces, se multiplicaron los ensayos en Reino Unido, España, Portugal, Alemania, Canadá, Estados Unidos, Australia y Japón. Las experiencias, variadas en su diseño, tienen un punto en común: trabajar menos no implicó producir menos.

En el caso islandés, más de 2.500 personas participaron en programas piloto del Estado y el Ayuntamiento de Reykjavík. Se mantuvieron los salarios y se redujeron las horas semanales de 40 a entre 35 y 36. Los trabajadores reportaron menor estrés, mejor equilibrio entre vida personal y empleo, y menos agotamiento. A partir de ese estudio, cerca del 86% de la fuerza laboral islandesa ya accedió a jornadas reducidas o con derecho a solicitarlas.

En 2022, el Reino Unido llevó adelante el mayor experimento mundial: 61 empresas y más de 2.900 empleados adoptaron el esquema 100-80-100 (100% del salario, 80% del tiempo, 100% del compromiso). El 92% de las firmas mantuvo la política tras los seis meses de prueba. Las ausencias cayeron un 65% y los pedidos de licencia por enfermedad bajaron un 71%. Además, las empresas vieron un aumento promedio del 35% en sus ingresos en comparación con el mismo período del año anterior.

En Portugal, el Gobierno socialista de António Costa inició en 2023 un piloto con 39 empresas voluntarias del sector privado. Aunque todavía no se publicaron resultados definitivos, el Ejecutivo adelantó que más del 80% de las firmas evalúan continuar con el esquema reducido. El modelo luso se diferencia por evitar la rigidez: cada empresa adaptó la reducción horaria de acuerdo con sus necesidades, a cambio de comprometerse a evaluar el impacto en productividad, salud y género.

España optó por financiar con fondos públicos la transición de pequeñas y medianas empresas. Con una inversión inicial de €10 millones, el plan piloto impulsado por el Ministerio de Industria apuntó a que las empresas prueben el modelo sin perder competitividad. Los primeros resultados, aún parciales, muestran mejoras en motivación, innovación y retención de talento.

En Canadá y Estados Unidos, varias empresas del sector tecnológico y servicios adoptaron el esquema con base en acuerdos internos, sin intervención estatal. Buffer, una firma de software, registró un 91% de empleados más felices tras un año de prueba. En Japón, el gigante Microsoft implementó en 2019 una semana de cuatro días con aumento del 40% en productividad. El Gobierno japonés recomendó oficialmente esta modalidad como forma de promover el bienestar y enfrentar la baja natalidad.

“Es una tendencia global que responde a una doble necesidad: mejorar la calidad de vida y adaptar el trabajo a una economía postindustrial, menos centrada en la presencia física y más en los resultados”, explicó Juliet Schor, economista del Boston College y una de las investigadoras del ensayo británico.

Los sindicatos también comienzan a incorporar el reclamo. En Alemania, el poderoso gremio IG Metall pidió en 2020 una semana laboral de 4 días para enfrentar la automatización y preservar el empleo en la industria. En Francia, donde la jornada de 35 horas rige desde 2000, los debates se reactivaron este año en medio del avance del teletrabajo y la fatiga laboral.

Las experiencias no están exentas de críticas: algunos expertos alertan sobre posibles efectos regresivos si no se garantiza la reducción para todos los sectores y no se controla la intensificación del trabajo. También existen dudas sobre su viabilidad en economías de menor escala o con altos niveles de informalidad.

Sin embargo, los resultados preliminares coinciden en que la semana laboral de cuatro días, bien implementada, puede ser una herramienta eficaz para mejorar el bienestar sin sacrificar productividad. A medida que crecen los desafíos del futuro del trabajo, la pregunta ya no es si es posible, sino bajo qué condiciones puede funcionar para todos.

En la Argentina, el debate sobre la reducción de jornada tomó impulso parlamentario en 2023, cuando se presentaron varios proyectos para acortar la semana laboral sin reducción salarial. Las propuestas, impulsadas por diputados del Frente de Todos y el Frente de Izquierda, incluían jornadas máximas de entre 36 y 40 horas semanales. Aunque perdieron estado parlamentario, abrieron un debate inédito en el Congreso.

La CGT y la CTA expresaron su apoyo a discutir la reducción como una herramienta para distribuir el trabajo y mejorar la calidad de vida, especialmente ante el avance de la automatización y los altos niveles de informalidad. Sin embargo, las cámaras empresarias rechazaron la posibilidad por considerar que encarecería los costos laborales, en un contexto económico de recesión e incertidumbre.

En el sector privado, algunas empresas de tecnología y servicios comenzaron a implementar esquemas de cuatro días en forma experimental, pero sin marcos normativos que acompañen el proceso. En 2022, una firma de software con sede en Córdoba redujo la jornada semanal a 36 horas, con resultados positivos en clima laboral y eficiencia, aunque sin datos oficiales sistematizados.

Con un régimen laboral aún basado en una ley de 1929 y sin cambios estructurales desde hace décadas, la Argentina observa las experiencias internacionales como posibles referencias futuras. En medio de un fuerte ajuste del Estado y flexibilización de derechos, el horizonte de trabajar menos sin perder salario parece distante, pero sigue en agenda gremial y parlamentaria.

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Javier Milei confirmó su intención de impulsar una reforma laboral tras las elecciones legislativas de 2025. Según declaraciones públicas y borradores legislativos vinculados a su espacio, el objetivo oficial es “modernizar” las relaciones laborales para fomentar el empleo privado formal. Sin embargo, la propuesta ya generó un fuerte rechazo de la CGT y una discusión abierta sobre su posible impacto estructural.

Aunque todavía no se presentó un proyecto definitivo en el Congreso, los textos preliminares —como el de la diputada Romina Diez— y las declaraciones de funcionarios como el secretario de Trabajo Julio Cordero permiten delinear los puntos principales de la iniciativa, que también toma elementos del DNU 70/2023 (declarado inconstitucional por la Justicia) y de la fallida Ley Bases.

1. Jornada laboral: más horas, menos extras

Uno de los aspectos más controversiales es la posible extensión de la jornada laboral legal de 8 a 12 horas diarias, algo que, según el borrador, se habilitaría mediante el artículo 197 bis. Este cambio permitiría, además, implementar “bancos de horas” para que las horas extras se compensen con francos en lugar de pagarse con recargo.

Desde el Gobierno, Federico Sturzenegger negó que se planee formalmente ampliar la jornada, pero el texto impulsado por Diez sí lo contempla. Para especialistas del área laboral, como Joan Vezzato de Fundar, esta medida implicaría una transferencia de ingresos desde los trabajadores hacia las empresas.

2. Indemnizaciones: de una vez a cuotas

El proyecto oficial también busca cambiar el régimen de despidos. Se permitiría pagar las indemnizaciones judiciales en hasta 12 cuotas mensuales, lo que abarataría el costo del despido para las empresas. Además, se avanzaría en el reemplazo del sistema actual por un fondo de cese laboral similar al que rige en la construcción, con aportes mensuales, aunque sin claridad aún sobre su financiamiento.

La CGT ya rechazó enfáticamente esta posibilidad, por considerarla un retroceso en derechos adquiridos. Empresarios, en cambio, señalan que estos cambios brindarían previsibilidad y facilitarían nuevas contrataciones.

3. Convenios colectivos: más empresa, menos actividad

Otra modificación sustancial es la posibilidad de negociar convenios por empresa, en lugar de hacerlo por actividad. Esta estrategia busca, según Cordero, adaptar los acuerdos laborales al tamaño y la localización de cada firma, y permitir aumentos por productividad.

Sin embargo, el proyecto también eliminaría la “ultraactividad”, es decir, la vigencia automática de los convenios vencidos hasta que se firme uno nuevo. Esto podría dejar sin efecto beneficios como adicionales por antigüedad, zona desfavorable o títulos académicos, salvo que se negocien nuevamente.

Para los sindicatos, esto fragmenta la negociación colectiva y debilita la capacidad organizativa de los trabajadores. Para las cámaras empresarias, en cambio, se trata de una medida necesaria para que el sistema laboral sea “más realista y competitivo”.

4. Vacaciones: más fragmentadas

El proyecto permitiría que las vacaciones se fraccionen en períodos más cortos, con un mínimo de una semana, en vez de tomarse en bloques más amplios como hasta ahora. La fragmentación flexibiliza la gestión interna de las empresas, pero reduce el descanso continuo de los trabajadores, una cuestión que también genera tensiones entre productividad y salud laboral.

5. Salarios: productividad por encima de paritarias

Finalmente, se propone modificar la lógica de aumentos salariales. En lugar de paritarias nacionales por rama, se plantean aumentos atados al rendimiento individual o por empresa. Esto implicaría la fijación de un piso mínimo, pero con escalas diferenciadas según la productividad de cada trabajador o unidad económica.

Para sectores gremiales, esto aumentaría la discrecionalidad y la presión interna, generando desigualdad entre trabajadores de una misma actividad. Para el Gobierno, en cambio, la medida apunta a incentivar la eficiencia y el mérito individual.

Posiciones enfrentadas

El Gobierno de Milei sostiene que la reforma busca reducir la informalidad y fomentar la contratación formal. La informalidad laboral alcanzó el 43,2% en el segundo trimestre de 2025, según el Indec. Para el oficialismo, el actual marco legal desalienta el empleo privado, especialmente en PyMEs.

La CGT, en cambio, rechaza de plano el proyecto, al que considera una réplica del DNU 70/23. Según Gerardo Martínez (Uocra), se trata de “una reforma que precariza” y que ataca los pilares de la negociación colectiva, las indemnizaciones y los derechos laborales básicos.

El empresariado valora varios de los cambios propuestos. La eliminación de cargas impositivas sindicales obligatorias y la previsibilidad en materia de despidos son, para muchas firmas, medidas esperadas desde hace décadas.

La oposición política mantiene posiciones divididas. Algunos sectores del radicalismo o del PRO podrían acompañar partes del proyecto, mientras que el peronismo, el Frente de Izquierda y otras fuerzas expresaron su rechazo total.

Lo que viene

El texto final aún no fue presentado en el Congreso, pero se espera que el Ejecutivo lo impulse formalmente antes de fin de año, como parte de un paquete más amplio que incluiría también una reforma impositiva. El Consejo de Mayo, que reúne a sindicatos y empresarios, será clave para intentar acercar posiciones, aunque el conflicto parece inevitable.

La reforma laboral de Milei se inscribe en una disputa de fondo sobre el modelo de trabajo en Argentina. Sus efectos dependerán no solo de lo que diga la ley, sino también de su implementación y de la capacidad de organización de los actores involucrados.

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