La aprobación del juego online en los dos principales distritos del país terminó por romper un acuerdo tácito entre los institutos de lotería provinciales que beneficiaba a los operadores físicos de bingos y casinos. Hasta hace pocos años, mientras los televidentes e internautas argentinos eran bombardeados con publicidades de PokerStars o Bet365, ningún distrito tenía reguladas o permitidas las apuestas en línea.

En su momento, Misiones intentó cortarse sola otorgándole una licencia a la multinacional austríaca Bwin, pero una medida cautelar puso fin al experimento. En aquel momento, el argumento de los demás gobernadores era que la provincia iba a terminar cobrando impuestos por apuestas que levantaba de todo el país, perjudicando a los demás distritos. Las discusiones en torno a si convenía o no habilitar el negocio enfrentó a las loterías provinciales y fue motivo de encendidos debates, como el que ocurrió el 14 de agosto de 2013 en el Salón Hidalgo del Hotel Conquistador, reunión que terminó a los gritos. 

Avances tecnológicos

Mientras tanto, las apuestas en línea seguían sin estar reguladas, lo que no impedía que miles de jugadores argentinos probaran su suerte con partidos de Primera o Segunda División en una serie de páginas del exterior, con pagos hechos vía PayPal o transferencia bancaria. El director de un portal especializado en gaming estimó que durante el Mundial 2014 se apostaron US$90 millones desde Argentina.

En los últimos tiempos, la agudización de la crisis económica volvió a poner el tema en agenda y ya no hubo forma de contener a los gobernadores con ansias de recaudar por un negocio que ya existía, pero sin dejar un peso en el país. Hoy existen 9 provincias donde el juego online está regulado y en operación (Entre Ríos, Río Negro, Tucumán, Neuquén, Chaco, Misiones, San Luis, La Pampa y Santa Cruz), más otras 4 donde se avanzó con la regulación y se ultiman los detalles para la puesta en marcha del sistema (Ciudad de Buenos Aires, provincia de Buenos Aires, Santa Fe y Formosa).

“Los avances tecnológicos nos llevan a agilizar procesos para responder a las necesidades y demandas de los jugadores, y a la dinámica del mercado”, justificó Silvio Vivas, presidente del ente controlador de la Lotería de Entre Ríos.

FP

Un negocio recorre la Argentina en pandemia: las apuestas en línea. Las fuerzas de la historia, que incluyen el prolongado cierre de bingos y casinos, las necesidades de las arcas públicas y la naturalización del entretenimiento en el hogar, se unieron para hacerlo avanzar.

En Ciudad de Buenos Aires, el vicejefe Diego Santilli había dicho que estaba “en contra del juego”, pero su jefe, Horacio Rodríguez Larreta, autorizó la modalidad online, hasta entonces prohibida, que podría comenzar a funcionar en marzo. En Provincia, el Gobierno de Axel Kicillof mandó a decir a los trabajadores de los casinos que no se avanzaría con un proyecto armado por María Eugenia Vidal, pero al filo del cierre del año firmó una resolución que finalmente le adjudicaba licencias a 7 operadores, incluyendo empresas vinculadas a Daniel Angelici, Cristóbal López y Daniel Mautone, y la tradicional Boldt. Quedó afuera la española Codere, principal operadora de bingos bonaerenses que vive una grave crisis financiera que va más allá de la pandemia.

“Las necesidades financieras de la Ciudad y la Provincia aceleraron la puesta en funcionamiento del online, en medio de una despreocupación general por el tema de la ludopatía”, dijo a elDiarioAR Walter Martello, defensor del pueblo adjunto de la provincia.

El proyecto de Vidal, un concurso para que siete empresas comiencen a operar en este negocio no regulado, había quedado en stand by tras su derrota en las elecciones de 2019. “La provincia no es Las Vegas y no queremos que cada casa se convierta en un casino”, dijo la entonces senadora provincial Teresa García (hoy ministra de Gobierno). Al asumir, Kicillof tomó distancia del proceso y hasta modificó la carta orgánica del Instituto de Loterías para recortarle poder a su titular, el contador Omar Galdurralde. 

Mientras tanto, y con las salas cerradas por la pandemia, algunos representantes gremiales recibieron, aliviados, señales de que el juego online no iba a ser prioridad. Pero el 31 de diciembre apareció en el Boletín Oficial provincial una resolución que listaba a las 7 adjudicatarias, avanzando efectivamente con el proceso. “Lo tomamos muy mal. Nos venían diciendo que no era de agenda inmediata”, explicó a elDiarioAR Pablo Gelves, trabajador del Casino Central de Mar del Plata y miembro de la agrupación Agustín Tosco. “Se ve que entre la presión que ejercieron los empresarios y la necesidad de liquidez terminaron cediendo”, agregó.

Silencio

Cerca de Kicillof prometieron averiguar la versión oficial del cambio de postura, pero finalmente optaron por el silencio. “No vamos a realizar declaraciones al respecto”, se excusó una vocera. La movida fue una victoria del sector de Galdurralde, un hombre de Martín Insaurralde y cercano al binguero Daniel Mautone, pero también se leyó como un triunfo en Juntos por el Cambio, que desde 2019 venía impulsado el negocio por medio de Fernando Rovello, número dos de Lotería durante la gestión Vidal y hombre de Angelici. Casualidad o no, la resolución del Instituto llegó al mismo tiempo que los votos macristas para la aprobación del presupuesto provincial.

Angelici y Mautone, socios bingueros en las salas de Ramallo y Pergamino, tienen sangre joven en el online: Sebastián Mautone, uno de los hijos de Daniel, socio 151.737 de Boca y excandidato a vocal por la lista de Christian Gribaudo que perdió las últimas elecciones en el club. Entre las empresas adjudicatarias también aparecen Boldt, dueña del Casino Trilenium de Tigre; Argenbingo S.A. de Nazareno Lacquaniti, titular del Bingo Luján y aliado al gigante internacional Bet365; la empresa Pasteko S. A., de Gastón Stefani, titular de dos bingos en Berazategui; y Hotel Casino Tandil S.A., que a pesar de su nombre legal administra una serie de salas en la provincia de Catamarca. Estas dos últimas aparecen vinculadas al empresario futbolístico Gustavo Ranucci, ex vicepresidente de la Cámara de Bingos bonaerense y hombre cercano al conductor televisivo Marcelo Tinelli.

Para ingresar, cada una de las empresas deberá poner 65 millones de pesos de canon a dividirse en los próximos dos años y pagar, una vez habilitado el negocio, un 8 por ciento de ingresos brutos más otro canon variable del 2 por ciento de la ganancia neta.

Para las arcas provinciales, es dinero fresco en época de crisis. Para los empresarios del rubro, la noticia más importante del gaming de Latinoamérica en lo que va del mes.

Idas y vueltas en la Ciudad

El gobierno de Larreta también actuó en base a una escala de valores, al menos, flexible. Su proyecto original de apuestas en línea dejaba fuera del negocio a los titulares de las salas de juego físicas en la Ciudad: el Hipódromo de Palermo y el Casino Flotante de Puerto Madero, ambas con estrechos vínculos con Cristóbal López. El año pasado, con la crisis sanitaria y las salas cerradas, se activó una negociación política para permitir que estos operadores también puedan ingresar a la licitación.

Ante la presión de sus aliados “transparentistas” (la Coalición Cívica de Elisa Carrió y el bloque Confianza Pública de Graciela Ocaña), el oficialismo en la Legislatura encontró una solución elegante al entuerto y votó una modificación que levantaba la exclusión de estas dos empresas de juego presencial al tiempo que incluía una cláusula de “ficha limpia” que impediría la participación en el negocio de personas condenadas por delitos graves o contra la administración pública: un claro intento por despegarse de López en caso de que siguiera teniendo una participación en el negocio del juego.

El socio del Grupo Indalo asegura que ya no opera el negocio y quedó en manos de su socio Ricardo Benedicto. ¿Resultado? Los bloques de Carrió y Ocaña votaron a favor del cambio de criterio del larretismo, la izquierda votó en contra y el Frente de Todos se abstuvo.

Sebastián Vivot, gerente de Modernización de la Lotería de la Ciudad (Lotba), dijo que el proceso para habilitar a 12 operadores está “avanzado” y que las primeras plataformas empezarán a funcionar antes del final del primer trimestre. “Hay doce empresas que ya han pagado la tasa administrativa que les permite participar y aspirar a un permiso a una agencia de juego en línea”, explicó. En lugar de un canon, la recaudación porteña se estructura en torno a un porcentaje de lo apostado más un 6 por ciento de Ingresos Brutos. Fuentes de Lotba aseguraron a elDiarioAR que este año esperan recaudar entre $600 y $800 millones.

Dudas a futuro

El defensor adjunto Martello, autor del libro No va más, dice que la habilitación del negocio en ambos distritos deja muchos aspectos sin discutir, como las limitaciones a la publicidad y el futuro de las apuestas deportivas “en un país donde el juego está delegado a las provincias, pero el fútbol es regulado por una entidad federal como la AFA.”

En la provincia de Buenos Aires, donde viven más de 16 millones de personas, funcionan apenas 10  centros de atención y asistencia al juego compulsivo, la mayor parte de ellos en el conurbano. “Es decir que si una persona tiene problemas de juego patológico en General Villegas, para poder recibir ayuda profesional gratuita y personalizada deberá viajar más de 280 kilómetros hasta el centro más cercano, que en este caso está en Pergamino”, graficó.

La otra preocupación es el destino de las salas físicas. No son pocos los trabajadores de bingos y casinos que temen por sus puestos de trabajo ahora que al miedo por la pandemia y las aperturas con aforo reducido se le sumará la opción de apostar desde la comodidad del hogar. Los flamantes operadores en línea lo niegan. “Son públicos distintos. Las apuestas online apuntan a un público joven que hoy casi no va a las salas”, explicó el director de una de las empresas adjudicatarias con 25 años en el rubro. Otro operador festejó en el anonimato. “El online no es un mal negocio”.

FP

El empresario Cristóbal López espera para este 2021 un veredicto en el juicio del caso Oil Combustibles, pero aún quedarán pendientes el concurso de acreedores de esa petrolera (con una eventual extensión de quiebra a firmas asociadas y a su persona) y dos juicios penales por los casos Los Sauces y Cuadernos, informaron a elDiarioAR fuentes judiciales con acceso directo a los expedientes y su defensa.

Aunque fue noticia en los últimos días a raíz de la adjudicación de licencias del juego online en la provincia de Buenos Aires, su abogado penalista, Fabián Lértora, dijo a este medio que “López vendió su participación accionaria en las empresas de apuestas a uno de sus socios, Ricardo Benedicto”, por lo que sostiene que no fue beneficiado por la medida. La venta se habría pactado por casi US$100 millones, pero la Justicia se lo embargó.

Esta semana, trascendió que el 29 de diciembre el gobierno de Axel Kicillof finalizó el proceso de adjudicación del negocio del juego online que había comenzado María Eugenia Vidal durante su gestión. Según el boletín oficial bonaerense, la explotación del juego electrónico quedó en manos de 7 grupos empresarios, entre ellos Binbaires, en la que López asegura que ya no forma parte. Otros beneficiados por la decisión de Vidal y Kicillof fueron las alianzas que integran Daniel “Tano” Angelici, la empresa Boldt; el empresario del juego Daniel Mautone; y los exsocios de López asociados en Binbaires SA. Todos formaron uniones transitorias de empresas con firmas extranjeras, por disposición del Gobierno bonaerense.

El desprendimiento del negocio del juego, según el abogado de López, fue a partir de 2016, cuando el caso Oil Combustible llevó a López a vender sus acciones en dos empresas en pos de “no perjudicar” a sus socios en ese sensible negocio. También renunció a sus cargos en los directorios de Casino Club SA e Inverclub SA (a través de la cual integraba Binbaires, que explota tres bingos bonaerenses). Estas empresas no formaban parte del Grupo Indalo, por lo que no fueron alcanzadas por la crisis provocada por el caso Oil, explicó su abogado.

Según otra fuente de la sociedad comercial que integraba López, el otrora “zar del juego” y sus hijos vendieron su 30% en Inverclub SA a Benedicto, por más de US$38,6 millones, en cuotas anuales. Fue en junio de 2016 y la fuente sostiene que la operación quedó registrada en el Libro de Registro de Acciones de la empresa. 

La operación fue aprobada por la Comisión Nacional de Defensa de la Competencia, según la fuente de la sociedad, el 31 de octubre de 2016. En 2017, Benedicto solicitó suspender los pagos a López por el plazo de 180 días, cuando el gobierno de Mauricio Macri anunció que subiría la alícuota del impuesto a las ganancias a las apuestas y por una “deuda histórica” de la sociedad con el fisco porteño por ingresos brutos. Para abril de 2018, Benedicto supuestamente habría pagado a López unos US$11 millones de los US$38,6 millones acordados, según la misma fuente, quien no pudo actualizar la información, por el momento.

En Casino Club SA, López concretó la venta de sus acciones y las de sus hijos (tenían el 28% en total) en otros US$60 millones, en seis cuotas anuales, según la fuente consultada. La sociedad fue vendida a Inverclub SA en octubre 2017. El trámite se presentó también ante Defensa de la Competencia, pero en este caso la fuente no pudo confirmar si la operación fue finalmente aprobada. La primera cuota que López debía recibir fue de unos US$5 millones y la segunda, en abril de 2018, estaba estipulada en US$12,7 millones.

Sin embargo, el dueño del Grupo Indalo supuestamente no pudo percibir el resultado de la venta de esas acciones a su socio, explicó su abogado ante la consulta. Las cuotas que cobró quedaron embargadas por la Justicia federal, dijo su defensa y aclaró que consta en el expediente que entonces llevaba adelante el juez Julián Ercolini.

El día después del juicio

El principal caso contra López es el de Oil Combustibles, dividido en dos frentes: el penal y el comercial. El expediente que tramita en el fuero de criminal federal es por presunta “defraudación agravada” por el no pago al fisco de $8.000 millones del impuesto a los combustibles líquidos entre 2013 y 2015. El juicio oral y público, que comenzó en junio de 2019 en Comodoro Py 2002, se espera que finalice cerca de la feria de invierno de este año. Aún restan escuchar a algunos de los principales testigos del fisco y a los ofrecidos por las defensas. Los pronósticos son grises. 

En 2020, el aislamiento por la pandemia sorprendió al dueño del Grupo Indalo en una de sus propiedades en Comodoro Rivadavia, Chubut. Desde entonces, siguió las audiencias del juicio oral y público por el caso Oil. Su abogado penalista informó que el empresario sigue allí, donde nació un imperio que hoy está embargado, vendido o en concurso de acreedores.

El caso fue impulsado en 2016 por la gestión de Alberto Abad en la AFIP, tras la llegada de Mauricio Macri a la presidencia. Les costó la libertad a López y a su entonces socio Fabián De Sousa, que recuperaron en 2019, y la inestablidad de su emporio económico: el Grupo Indalo. También, asegura Lértora, empujó a quien entonces era conocido como “el zar del juego” a resignar su participación en el negocio de los casinos, bingos y apuestas con el que había hecho pie tanto en jurisdicción nacional bajo gobierno de los Kirchner, como en la Capital Federal, con Mauricio Macri, y en otras provincias.  

La defensa cree que tiene chances de demostrar que no habrían existido delitos por parte de las autoridades y accionistas de Oil, y que el proceso por el cual llegó a juicio, impulsado por la AFIP, estuvo viciado por supuestas irregularidades. Será el Tribunal Oral Federal 3 el que deba determinarlo. La fiscalía de juicio, a cargo de Juan García Elorrio, impulsa el caso y viene sosteniendo la acusación que, en parte, se basa también en que López y su socio De Sousa habrían destinado los fondos que debían utilizarse para cancelar los planes de pagos de la AFIP para otro fin: capitalizar a sus propias empresas y ampliar su grupo económico, por ejemplo, mediante la compra del canal de noticias C5N y Radio Diez al empresario Daniel Hadad, entre otros activos en medios que fue tomando Indalo.

Muy cerca de López dijeron a este medio que la prioridad en el frente penal es ganar el juicio de Oil y, si consiguen un veredicto a su favor, recién entonces planificar los pasos a seguir para intentar recuperar sus empresas. El caso comercial, donde se dirime el concurso de acreedores del Grupo Indalo tiene varios puntos en contra de López. “Esto es paso a paso”, dijo la fuente.

El empresario es testigo en otro expediente penal federal que está en plena investigación, a cargo de la jueza María Servini y en el que López declaró que Macri lo habría presionado para que sus medios de comunicación en una supuesta campaña mediática para “meter presa a Cristina Fernández de Kirchner”. 

El empresario sostiene que, al negarse a la presión, el Gobierno de Macri habría instrumentado una embestida para “desapoderarlo” de sus empresas, a partir del caso Oil, que incluiría, su alejamiento del negocio del juego, dicen cerca de López. En el gobierno de Cambiemos, siempre negaron esas acusaciones. En la causa, Servini busca acceder y analizar la totalidad de las llamadas de los teléfonos del expresidente Macri.

Frente comercial

La causa en el fuero comercial y el concurso de acreedores está íntimamente ligada al juicio penal. Los bienes de Oil están embargados y el resto del Grupo Indalo está en concurso de acreedores. El caso podría derivar no sólo en la imposibilidad de recuperar su emporio sino en que, de decretarse la quiebra, ésta se extienda a López y sus bienes personales. Pero será en un plazo no inmediato, aclaró una fuente judicial del caso.

Entre las últimas novedades, hubo dos fallos de la Cámara de Apelaciones en lo Comercial en diciembre sobre cuestiones puntuales del expediente. La fiscal general Gabriela Boquin había solicitado que el tribunal ordenara recolectar nueva prueba para establecer en qué fecha exacta comenzó la cesación de pagos de Oil a la AFIP, ya que consideró que no estaba establecido claramente. 

La medida de la fiscal implicaba realizar una auditoría de los planes de pagos que podría ampliar eventualmente las responsabilidades de funcionarios del fisco, según una fuente judicial con acceso directo al expediente. La Cámara negó esa petición y estableció que Oil entró en cesación de pagos supuestamente en junio de 2011, desde su creación, según publicó La Nación. López y De Sousa sostienen que la cesación de pagos comenzó en 2016, durante la gestión de Abad.

La Cámara también confirmó en diciembre el desplazamiento de los síndicos por haberle entregado el legajo con toda la documentación original de la AFIP a un abogado de López y De Sousa. El legajo desapareció y ahora debe ser reconstruido, confirmó una fuente de la causa.

Los Sauces

El caso por supuesto lavado de dinero de la corrupción se centra en los alquiler que López y De Sousa pagaron a la familia Kirchner mientras accedían a contratos con el Estado. La causa está elevada a juicio oral y público, aún sin fecha de inicio y con un peritaje pendiente que solicitaron las defensas, confirmó una fuente judicial del expediente. 

Es uno de los casos más sensibles para la vicepresidenta Cristian Fernández de Kirchner, ya que sus hijos Florencia y Máximo (jefe de la bancada oficialista en Diputados) están procesados en el expediente por sus roles (muy distintos uno de otro, según los acusadores y las defensas) en el manejo de la empresa Los Sauces SA, que administraba un hotel boutique en El Calafate.

Tanto para los empresarios como para los Kirchner el origen del dinero y de la prestación de los alquileres no es ilícito y por ende, sostienen, no habría habido maniobra de lavado.

Cuadernos

Sobre López y De Sousa pesan dos acusaciones derivadas de las investigaciones de los cuadernos de las coimas. Uno de los expedientes está elevado a juicio oral y público, aún sin fecha de inicio, y es por supuesto cohecho a los Kirchner para acceder a contratos de obra pública, según la acusación que consta en el expediente. Ambos negaron esas acciones, al igual que la vicepresidenta.

En el segundo expediente, los empresarios fueron procesados por el fallecido juez Claudio Bonadio por una supuesta maniobra de lavado de dinero, junto a otros imputados, en la compra de departamentos en el edificio de Recoleta donde vive la vicepresidenta Fernández de Kirchner. La Cámara Federal revocó esos procesamientos y los acusados están con falta de mérito, confirmó una fuente judicial con acceso al expediente. 

El acueducto

López y De Sousa fueron procesados por el juez Bonadio por supuestas irregularidades en la construcción de un acueducto en Chubut y Santa Cruz, entre el Lago Musters (Comodoro Rivadavia) y Rada Tilly (Caleta Olivia). Fueron acusados de presunta “defraudación contra la administración pública” en el periodo de entre 2013 y 2017, según el expediente.

La investigación se abrió en 2017, a raíz de una denuncia de la Oficina Anticorrupción y se basó en un informe de la Sindicatura General de la Nación (Sigen) que planteó que la constructora de los empresarios, CPC SA, habría sido favorecida con la licitación de manera irregular y que la obra no se concluyó, según la denuncia.

El caso está siendo revisado en la Sala I de la Cámara Federal y se espera que se dé a conocer el fallo después de la feria de enero, informó una fuente del tribunal.

ED

El Gobierno de la provincia de Buenos Aires otorgó licencias para operar el juego online a 7 oferentes, una medida largamente tramitada que puede cambiar la lógica del negocio oficial de apuestas en el principal distrito de la Argentina. La lista de ganadores, mediante un proceso que contó con el aval de la oposición, incluye a empresarios y firmas del exterior y nacionales, algunas de ellas ligadas al oficialismo y/o al macrismo  y/o a otras ramas del peronismo.

Entre los nombres que manejarán un negocio de facturación estimada en US$600 millones anuales se encuentra el accionista de Indalo, allegado al oficialismo y exarrendatario de la familia Kirchner, Cristóbal López; el operador judicial del macrismo y expresidente de Boca Juniors, Daniel Angelici; su exsocio Daniel Mautone; y la firma Boldt, que comenzó a pisar fuerte en la actividad gracias a adjudicaciones directas otorgadas por el gobierno de Eduardo Duhalde. En cambio, quedó afuera del negocio online la empresa española Codere que tiene a Argentina como uno de sus principales mercados y enfrenta severos problemas financieros.

Axel Kicillof culminó el proceso de adjudicación que había iniciado su antecesora, María Eugenia Vidal (PRO), y el hecho coincidió con el aval legislativo al presupuesto del principal bloque opositor, Juntos por el Cambio, subrayó Clarín. La resolución de la compulsa fue publicada el 31 de diciembre pasado en el Boletín Oficial de la Provincia y contó con la firma del presidente de Lotería de la Provincia de Buenos Aires, Omar Galdurralde, designado en el cargo por consejo del intendente de Lomas de Zamora, Martín Insaurralde, dijeron a elDiarioAR fuentes del Ejecutivo provincial.

En principio, la provincia que gobierna Kicillof percibirá anualmente US$90 millones a través de Ingresos Brutos y US$60 millones por el canon que recaudará Lotería sobre las apuestas digitales, especificó Clarín. Las empresas deberán abonar $65 millones como cargo fijo único, dijo la resolución.

El marco de la licitación esbozado durante el gobierno de Vidal en diciembre de 2018 exigió que los oferentes debían formar consorcios entre un local, que aportaría 25% del capital, y un extranjero, con el restante 75%, en virtud de la naturaleza de un negocio global al que se accede por internet.

Afortunados

Boldt,la firma de la familia Tabanelli que se había dedicado décadas a la impresión de documentos bancarios, puso un primer pie en los juegos de azar en 1993 a través de Club Keno de la Quiniela Bonaerense, por adjudicación directa firmada por el entonces gobernador Eduardo Duhalde, explicaron los periodistas Ramón indart y Federico Poore en el libro El Poder del Juego.  Bajo el mismo método, Tabanelli ganó espacio en el rubro de tragamonedas, hasta que en 1999 dio el salto al asociarse a su colega Santiago Soldati, de Sociedad Comercial Del Plata, para lanzar Trilenium en Tigre, “el casino más grande de Latinoamérica”. Boldt maneja bingos y tragamonedas en distintos partidos de Buenos Aires otorgados o renovados, en su mayoría, por la gestión de Daniel Scioli. En esta ocasión, Boldt se asoció a Cassava Enterprises, un operador de apuestas deportivas con sede en California, para participar del negocio online, informó La Política Online.

Angelici se anotó como uno de los ganadores de la compulsa mediante Atlántica de Juegos junto a la multinacional de origen canadiense PokerStars, con asiento legal en la Isla de Man. El dirigente de la UCR y articulador de la mesa judicial del macrismo tiene una larga tradición en el negocio de los bingos en la Provincia. La participación en el concurso estaba vedada para dirigentes deportivos, pero Angelici dejó de ser presidente de Boca en diciembre de 2019 y pudo concursar.

El exsocio de Angelici Daniel Mautone, uno de los principales bingueros del país y de la Provincia en particular, consiguió una licencia online a través de Casino de Victoria en asociación con Betsson Malta Holding Limited, una operadora de juegos de azar con sede en Estocolmo, remarcó LPO. En 2011, Mautone, aportante para las campañas de diversos candidatos en las provincias, dijo a Perfil que conocía a Alberto Fernández y se tenían “mutuo aprecio”.

En pleno proceso de recuperación de sus activos e influencia tras enfrentar diversos procesos judiciales durante el macrismo y permanecer detenido casi 2 años, Cristóbal López conformó la sociedad Binbaires junto a Federico Achával y Ricardo Benedicto. Los empresarios argentinos se juntaron con la griega Intralot Internacional. López y su socio en Indalo y Oil Combustibles Fabián De Sousa denunciaron haber sido víctimas de persecución durante el gobierno de Macri, ofensiva que supuestamente incluyó espionaje, extorsiones llevadas a cabo por allegados al entonces presidente y abusos procesales cometidos por Comodoro Py. Los dueños de Indalo enfrentan acusaciones por fraude y evasión impositiva que fueron ratificadas en distintas instancias judiciales. En diciembre, la Cámara Comercial detalló que los dueños de Oil Combustibles incurrieron de manera “sistemática” en “medios ruinosos y fraudulentos” en perjuicio del fisco.  Cuando comenzó el declive del macrismo, Indalo retomó el control pleno de sus medios C5N, Radio 10, Pop Radio y Ámbito Financiero, y sus dueños manifestaron su intención de recuperar todos sus activos.

El perdedor más sonoro del concurso fue la española Codere, responsable del 40% de la facturación de bingos y tragamonedas de la Provincia de Buenos Aires, un negocio que entró en crisis por las restricciones de la pandemia. A través de su subsidiaria Iberargen SA, Codere resultó la peor punteada en la competencia, dijo LPO. La Argentina representa cerca de un tercio del negocio global de Codere, pero sus problemas exceden con creces la filial local y debió reestructurar su deuda.

Hasta la fecha, el juego online estaba desregulado y el Estado no percibía ningún ingreso por esa actividad.

SL