En un intento por frenar las reiteradas fugas de detenidos en comisarías y alcaidías, el Ministerio de Justicia del Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires anunció la creación de una Subsecretaría de Asuntos de Política Criminal y Penitenciarios.

Según confirmaron fuentes oficiales, la nueva dependencia quedará a cargo de Leandro Halperin, mientras que el abogado Francisco Quintana asumiría como Secretario de Justicia. Ambos funcionarán bajo la órbita del ministro Gabino Tapia.

La decisión llega en medio de una crisis en el sistema de detención porteño. En la mañana del martes, seis detenidos se fugaron de la Comisaría 3ª, ubicada en el barrio de Once, apenas días después de otra fuga de seis presos en una alcaidía de Caballito. En total, se registraron tres evasiones en los últimos diez días, lo que puso en jaque a la gestión de seguridad.

La respuesta del Gobierno porteño no se hizo esperar. El ministro de Seguridad, Waldo Wolff, lanzó una advertencia contundente a la Policía de la Ciudad: los efectivos involucrados en fugas de detenidos, “ya sea por acción u omisión”, podrían ser desplazados de sus funciones y pasar a disponibilidad o situación pasiva.

De concretarse esta medida, los agentes responsables de la custodia de reclusos en comisarías y alcaidías podrían enfrentar la exoneración de la fuerza. El Ejecutivo porteño busca así endurecer su postura ante un problema que expone las debilidades del sistema de detención y refuerza las críticas sobre la gestión de la seguridad en la Ciudad.

MM con información de la agencia NA.

El jefe de gobierno porteño, Jorge Macri, acordó con la ministra de Seguridad, Patricia Bullrich, para que Nación traslade a detenidos con condena de comisarías porteñas a cárceles federales. La conversación entre ambos fue telefónica, luego de una nueva fuga, de seis presos de una comisaría en Balvanera.

Jorge Macri afirmó hoy que mantuvo conversaciones con la ministra de Seguridad, Patricia Bullrich, para “descomprimir la situación de las comisarías porteñas, poniendo foco en los detenidos con condena”, en referencia a la fuga de seis reclusos en la Comisaría Vecinal 3A de Once.

“Simultáneamente seguimos trabajando en la solución profunda con la transferencia del sistema penitenciario a la Ciudad”, explicó Jorge Macri, a la vez que precisó: “No definimos un número específico de presos a trasladar”.

El acuerdo contempla que el traslado de los presos de comisarías de la ciudad de Buenos Aires al Servicio Penitenciario Federal (SPF) sea lo más rápido posible, para descomprimir la sobrepoblación de detenidos en dependencias y alcaidías porteñas.

Además hubo una conversación telefónica entre los ministros de Justicia de Nación, Mariano Cúneo Libarona, y de la ciudad de Buenos Aires, Gabino Tapia, por la potestad del SPF de trasladar a los detenidos con condena a las cárceles federales que tengan disponibilidad para alojarlos.

Otra fuga en CABA: seis presos se escaparon de una comisaría en Balvanera

Durante la madrugada se produjo una nueva fuga de presos de una comisaría porteña, con el escape de seis detenidos de una comisaría de Balvanera, la Comisaría 3A. Uno de ellos fue recapturado.

En abril del año pasado, de esa misma dependencia policial se fugaron otros dos detenidos, quienes rompieron una reja del calabozo. Después siguieron la huida por un local ubicado al lado.

Fuertes cruces entre Nación y Ciudad por la fuga de presos en CABA

La semana pasada hubo fuertes cruces entre los gobiernos nacional y porteño por la fuga de presos de la Alcaidía 6A del barrio porteño de Caballito. Bullrich salió a cuestionar a Wolff, que había planteado que “los presos verdaderamente son de Nación”.

La funcionaria mencionó en su cuenta de X que “la Policía de la Ciudad detiene a estos delincuentes por delitos comunes, no federales, y además ya firmaron un convenio para la transferencia de los detenidos a la Ciudad”.

La ministra de Seguridad de la Nación le recriminó a su par de CABA: “¿Por qué, en lugar de evitar que se les fuguen una y otra vez, tiene el caradurismo de no hacerse cargo de los presos que le corresponden, como sí lo hacen las 23 provincias restantes?”.

Bullrich planteó: “Un ministro serio resuelve problemas. Si no está dispuesto a hacerlo, mejor dedíquese a ser comentarista o columnista de televisión, como lo hizo hoy”.

Wolff salió al cruce: “Los detenidos tienen que estar en cárceles federales. Lo saben todos. Tenían que estar en la época en que Garrigós de Rebori manejaba el SPF (Servicio Penitenciario Federal) y tienen que estar hoy”.

El ministro de Seguridad porteño criticó: “El 95% de los 2300 detenidos que están en alcaidías y comisarías de la Ciudad cometieron delitos juzgados por la Justicia nacional y les corresponde cumplir la condena en cárceles federales. Lo sabés. Nos cuestan 100 millones de dólares por año a los porteños y nos implica usar más de 3000 policías que no pueden estar en la calle. También lo sabés. Preguntale a cualquier jurista. Hay que trabajar para resolver el problema, no chicanear corriendo el arco”.

NB con información de agencia NA.

Seis presos se fugaron este domingo de una alcaidía del barrio porteño de Caballito. La policía logró recapturar rápidamente a dos de ellos, mientras se busca intensamente a los cuatro restantes, informaron fuentes policiales.

Todos los evadidos son de sexo masculino y según trascendió lograron fugarse a bordo de un taxi Fiat Siena, que es intensamente buscado a través de cámaras de seguridad de la ciudad y de patrullajes de móviles policiales.

Los dos recapturados habrían sido identificados como Kevin Alexander Aguilar Salazar y Brian Benítez, mientras que los cuatro prófugos serían Axel Ríos, Adrián Emanuel Martín, Matías Ferrari y Eduardo Ajasa.

La fuga se registró en el Anexo A de la Alcaidía 6, situada en la avenida Díaz Vélez 5152, en donde se encontró al jefe de servicio de esa unidad maniatado y se comprobó que le habían sustraído su teléfono celular.

Esta fuga se suma a tres que ya se habían producido en territorio porteño en 2024, la más sonada de ellas en diciembre en una comisaría de Liniers, de la que se evadieron 17 presos de alta peligrosidad, a consecuencias de lo cual fue relevada la cúpula de la Policía de la Ciudad.

La fuga de registró en la tarde de hoy, cuando seis detenidos en la alcaidía 6 A (Caballito), maniataron y golpearon a dos oficiales de la policía de la Ciudad y se evadieron. Inmediatamente se recapturaron a dos de ellos.

Los otros cuatro se subieron a un taxi que los cruzó a Lanús, según se desprende del relevamiento realizado en las cámaras del Centro de Monitoreo Urbano.

La policía está buscando al taxista para determinar si su participación en el hecho fue fortuita y solo pasaba por el lugar, si tiene algún tipo de relación con los delincuentes.

En este marco investigativo se realizaron además comunicaciones con las autoridades de Provincia para emprender la búsqueda en conjunto.

Asimismo, se inició un sumario interno para evaluar el comportamiento de los oficiales de toda la dependencia.

MM con información de la agencia NA.

“Otro día de cárcel” es el título de un live en Tiktok. Dura 47 minutos y muestra a tres presos que, bajo el sol, practican boxeo con cascos y guantes sobre el asfalto del patio de la Unidad Penitenciaria N°23 de Florencio Varela, provincia de Buenos Aires. Lo miran más de 220 personas. De fondo se ve un extenso muro rosado. Detrás de la cámara, que se ve solo por momentos, se observa la sombra de un grupo de internos: son los que manejan la transmisión en la red social, responden preguntas y cuentan su historia a personas que no conocen, que miran curiosos la dinámica de un penal sin interlocutores entre los que viven el encierro y los que están del otro de lado de la pantalla, en libertad.

Tiktok llegó a los penales y parece ser una manera en que los propios detenidos le ponen fin a su aislamiento. Presos entretenidos, penitenciarios preocupados, políticos en silencio. La curiosidad es infinita. La gente quiere saber todo.

—¿De dónde sos? —preguntan en el público.

—De Claypole.

—Debe ser feo estar en cana.

—Tal cual, capo.

—¿Por qué estás preso?

—He cometido un delito y estoy pagando [Quien transmite está condenado por robo].

—¿Cuántos años tenés?

—42.

—¿Qué se les hace a los que entran a la cárcel?

—En este penal, nada.

—¿Quién lava los tuppers?

—Yo.

Apenas pasaron tres minutos desde que elDiarioAR se conecta al vivo y el cuestionario casi interrogatorio durará mucho más. En el medio se escucharán bromas, saludos y hasta habrá una demostración de abdominales a pedido de una de las usuarias de la plataforma que quiere saber cómo es el cuerpo del streamer-preso.

El detenido llega a responder algunas preguntas periodísticas durante el vivo, pero no puede hacerlo por mensaje privado porque su cuenta fue denunciada como si se tratara de un menor de edad. Al estar preso, no tiene su documento para validar sus datos. Es la precaria manera con la que en ocasiones desde la cárcel moderan la interacción con el afuera cuando detectan algo que se les va de control. Horas más tarde, elDiarioAR logra concretar con el interno una comunicación directa por otro medio. La intención es conocer en primera persona cómo les cambia la vida dentro de penal al tener celulares con internet, por qué hacen vivos en Tiktok y qué consiguen. La única condición de quien responde es no revelar su identidad.

Ni Tumberos, ni El Marginal: la vida real

—¿Por qué hacés vivos en Tiktok?

—En mis vivos trato de salir de lo que es un contexto violento y hasta tortuoso. Busco hacer notar que no todo es léxico tumbero, conductas negativas y que existe otro tipo de comportamiento dentro de la cárcel. No todo es el relato del medio hegemónico o la oratoria de la política partidaria que utilizan en el poder para permanecer en sus cargos o para llegar a los mismos.

—Tu herramienta para los vivos en la cárcel es el celular. ¿Qué opinás de retirar los celulares de las cárceles?

—Sobre el teléfono todos dicen “che, no podés tener celular porque estás detenido” o “esto es una joda”. Pero yo que estoy detenido perdí el derecho a un medio libre, a estar en una sociedad libre, a transitar libremente, pero no perdí los derechos a la salud, la cultura, la educación o el trabajo. Son derechos que sigo conservando aunque esté en un contexto de encierro. Acá no existe un tratamiento de reinserción social efectivo. Es obvio que al servicio penitenciario no le gustaría para nada escuchar esto que digo, pero sí les gustaría que uno no esté mostrando lo que es la violencia institucional, el preso contra el preso, el penitenciario reprimiendo o un léxico tumbero.

—¿Cómo dirías que es “estar preso”?

—El sistema de reinserción social de la cárcel no es coordinado, no es investigado por nadie. De cada 10 presos que salen, 12 reinciden, ¿entendés? ¿Por qué cada vez hay más detenidos dentro de las cárceles? ¿Por qué cada vez se aumentan mucho más las penas? Porque el negocio es ese, que haya cada vez más presos.

—¿Podrías poner un ejemplo concreto sobre por qué decís que la reinserción no existe?

—Por ejemplo, dentro de la cárcel no se trabaja el problema de las adicciones. Yo no las tengo, pero muchos sí. De hecho, hay pibes que vienen presos y no saben qué delitos cometieron porque cuando los detuvieron estaban pasados y ni siquiera se acuerdan cuando los agarraron.

—¿Qué pensás acerca de las críticas de la opinión pública por la posibilidad de que ustedes puedan tener teléfonos y cometer delitos con ellos?

—Hay ciberdelitos que se cometen desde adentro de la cárcel. Hay amenazas y estafas, pero no se dedica a eso el 100% de los presos. Por ejemplo, hasta hace un año yo usaba el celular para trabajar como administrativo en una oficina, después me despidieron y no conseguí otra cosa, pero en una sociedad digitalizada es correcto el uso del teléfono de un interno, y al que le moleste vernos que busque otro contenido. Lo que pasa es que la gente no deja de canalizar sus frustraciones personales en el otro que está detenido proque ha cometido un delito. Entonces, ninguna pena es suficiente porque la sociedad está mal.

—¿En qué te mejora la vida usar celular dentro de la cárcel y, específicamente, transmitir vivos en Titkok?

—Me cambia la relación social, saber cómo está todo afuera. Mediante una interacción con la gente puedo hasta poner los pies sobre la tierra de la realidad social. Hay cosas que familiares o amigos no te transmiten por el solo hecho de resguardarte y que no reniegues. También, obviamente, el entretenimiento de las redes te saca un poco de acá. En pocas palabras, me informo, interactúo y me relaciono con el exterior. También, busco capitalizar el tiempo acá, con algún curso en la web, online o por Zoom.

—Y en general, ¿en qué crees que cambió la cárcel desde que se permiten los celulares?

—Los celulares cambiaron un montón el comportamiento de los presos. Hay violencia, hay muertes, pero no tantas como había antes y también uno puede mostrarse de otra forma. Hoy en día dicen que el preso tiene que reinsertarse en la sociedad, pero la sociedad está digitalizada. ¿Por qué no le vas a dar un teléfono a un preso si cuando sale lo primero que tiene una persona es un teléfono? El que no tiene un teléfono es un excluído, o sea que lo seguís excluyendo. Es fácil decir “sí, el preso con los teléfonos comete delitos virtuales”, pero si manejan un analfabetismo bárbaro. La mayoría de la población carcelaria es analfabeta, entonces la idea de que la mayoría puede delinquir con los celulares no es tan así.

Vigilador vigilado

La utilización de los celulares fue autorizada a modo excepcional en las cárceles durante la pandemia, en pleno gobierno de Alberto Fernández, bajo el argumento de que los internos no podían recibir visitas por el aislamiento. Superada esa etapa, en distintos puntos del país se avanzó en volver a prohibirlos. La provincia de Buenos Aires, en cambio, decidió mantener el permiso con cierto protocolo. En los pasillos del Servicio Penitenciario Bonaerense y del Ministerio de Justicia coinciden en dos puntos: intentar sacar los teléfonos ahora sería un desastre y permitirlos alivia el día a día y reduce los conflictos.

No hay cifras oficiales sobre la cantidad de delitos que se cometen desde las cárceles a través de celulares. Existen, es cierto, pero la amenaza que más preocupa políticamente en la estructura carcelaria no es esa, sino cómo los teléfonos invierten el poder y cambia los roles: los vigilados, vigilan. Con teléfonos en su poder los presos pueden grabar situaciones irregulares o violentas y difundirlas. Un delito, en cambio, es rápidamente rastreable y posible de interrumpir. Alcanza con ubicar el teléfono y aplicar una sanción o agravar la pena a ese detenido.

“Una interna de la Unidad N° 8 se suicidó y otra desde su celda grabó el actuar del personal penitenciario que fue absolutamente negligente. Como que no sabían qué hacer con la situación. Eso quedó documentado y, obviamente, hubo consecuencias administrativas y laborales para el personal que intervino. Esto nos habla del poder que tiene un celular dentro de la cárcel con la posibilidad de todo el tiempo estar filmando y poder ver lo que pasa sin que haga faltar ver la serie”, explica a elDiarioAR una alta fuente penitenciaria que pide anonimato. Y agrega: “En una unidad de Florencia Varela detuvieron a una persona que estaba involucrada en una red de pedofilia y vendía ese material entre los presos. Eso costó la cabeza de varias autoridades, lógicamente”.

El fenómeno, sin embargo, tiene sus contratiempos y hay algunas medidas de restricción para controlar su uso. “Hoy está complicada la regulación. En algunas unidades, por ejemplo, se pueden usar los celulares en las celdas pero no en espacios comunes. Es un fenómeno que hoy está absolutamente desbordado porque no hay manera de normarlo. Si los sacás, se te arma un lío enorme con la población así como también pasaba cuando estaban prohibidos que muchos penitenciarios hacían requisas, incautaban teléfonos y no los devolvían a las familias sino que los vendían en la misma cárcel. Detrás de cada celular había un negocio: o para tenerlo o si lo secuestraban”, agrega.

Voz social y otra manera de gestionar el conflicto

Desde espacios profesionales analizan la situación de manera macro. “A contrapelo de la decisión de Patricia Bullrich, la provincia de Buenos Aires dice 'yo voy a seguir habilitando los celulares', un poco por lo bajo, sin levantar mucho el perfil, porque en la opinión pública está muy impuesta la idea de que el crimen organizado se despliega a través del uso de celulares dentro de las cárceles, pero lo habilita y lo protocoliza. ¿Por qué? Porque esto cambió absolutamente la posibilidad de gestionar cárceles súper sobrepobladas”, señala Macarena Fernández Hofmann, coordinadora del equipo Política criminal y violencia en el encierro del Centro de Estudios Legales y Sociales (CELS).

Según la especialista, la superpoblación implica, entre otras cosas, que sea “imposible una relación uno a uno entre el agente penitenciario y el detenido”. En este contexto, durante años, se desarrollaron distintas estrategias hasta que un día aparecieron los celulares y los cambios emergieron.

“Lo que te dicen desde el SPB, y es real, es que les bajó el nivel de conflictividad. Entonces, es posible pensar en un enfoque del uso del celular para bajar los hechos de violencia dentro de la cárcel. De hecho, creo que hasta se puede pensar como un uso que previene la tortura por un montón de razones”, analiza Hofmann.

“El celular en la cárcel les permite a los internos un contacto mucho más asiduo con sus familiares. Eso hace que empiece a tener otro sentido la vida, porque también pueden vivir parte de esa vida que queda afuera. Cuando estás en la cárcel, no te fuiste a vivir a Marte. Seguís viviendo en esta sociedad. Yo entrevisté a un par de presos sobre el uso del celular y ellos dicen, por ejemplo, 'hago la tarea con mis hijos por videollamada'. O sea, les cambia la vida en ese sentido, pasan a ser parte de esa cotidianidad de la que no lo son físicamente”, apunta la experta del CELS. Y ejemplifica un avance en sus propias causas: “Pueden tener contacto con sus defensores directos. Ya sea porque viven una situación de violencia o hacer una denuncia, tienen la autonomía para hacerlo. También el aislamiento permite un montón de secretismo, pero con los celulares comienza a romperse”.

Con los celulares dentro de las cárceles, los internos obtuvieron otra autonomía. Pueden hacer consultas por videollamadas a sus propios médicos, pedir cosas a sus familiares, comprar por internet o acceder a conocimientos que en el penal de otra manera no podrían. Por ejemplo, ver tutoriales de oficios. También, por supuesto, entretenerse con música, películas o redes.

“Las cárceles hoy están muy sostenidas en la idea de lugar para ir a morir fuera de la sociedad. Acá, si lo pensamos en términos físicos, el aislamiento empieza a romperse y ellos pueden divertirse, ver una serie o hacer ese tipo de vivos en Tiktok. Y me parece muy interesante para el que está fuera, que no es parte de su entorno poder decir 'ah, esto implica estar en estas condiciones'”, reflexiona Hofmann. Para ella, además, es “muy interesante” incluso con su parte “más cruda y medio violenta” la posibilidad “de que los presos puedan tener una voz social sobre ellos mismos”.

Si la vida personal y en sociedad está atravesada actualmente por los celulares, tiene cierta lógica que también se usen en las cárceles. “Absolutamente todas las personas que estamos en este mundo, en este momento de la humanidad, usamos y vivimos a través de nuestros celulares. Y las cárceles y las personas privadas de la libertad son parte de esta sociedad”, observa Hofmann, que concluye: “La accesibilidad realmente permite que la cárcel no sea solo una tumba oscura”.

MM/MC

El mismo perfil de víctimas: jóvenes privados de su libertad con problemas de adicciones, con familias carenciadas imposibilitadas de visitarlos y acercarles alimentos o medicación. Desde el área de Sanidad del complejo penitenciario de Batán de la que estaba a cargo, el radiólogo Juan Carlos Salas tenía acceso a sus legajos personales e informes psicológicos. Con sus vulnerabilidades a la vista, los elegía. Les ofrecía pastillas, droga y dinero. Y abusaba de ellos. Lo hizo hasta que fue detenido un mes atrás. Para la fiscal que investiga el caso, quien pidió su prisión preventiva en las últimas horas, lo que ocurría “era un secreto a voces” dentro de la cárcel.

Salas, de 48 años, está acusado de abusar de al menos dos presos, de 23 y 28 años, quienes llevaban adelante tratamientos para sus adicciones dentro del penal ubicado 15 kilómetros al oeste de Mar del Plata. Fue imputado por los delitos de “abuso sexual gravemente ultrajante y abuso sexual con acceso carnal”. 

Por el caso fueron imputadas además dos autoridades del complejo, acusadas de encubrimiento por no dar curso a distintos informes presentados desde 2022 con denuncias por el comportamiento del acusado.

La causa, a cargo de la fiscal Florencia Salas, titular de la Unidad Funcional de Instrucción 1, se inició luego de que una de las víctimas, quien cumple condena en la Unidad Penal 15 (UP 15), solicitara una audiencia ante el Juzgado de Ejecución 1, a cargo del juez Ricardo Perdichizzi, tras una inspección de monitoreo de la Comisión Provincial por la Memoria (CPM) como mecanismo local de prevención de la tortura.

El detenido relató ante el magistrado responsable del seguimiento de su pena que había sido víctima de abuso por parte del acusado, jefe de Sanidad de las UP 15, 44 y 50 que funcionan dentro del complejo, con una población carcelaria de más de 2.300 internos e internas. A partir de este testimonio, el juez radicó una denuncia ante la UFI 1. La CPM hizo lo propio, en su caso ante la Fiscalía de Estupefacientes, pero ambas causas se unificaron luego.

En su presentación, la CPM indicó que se trataba de un “accionar rutinario y sistemático” por parte del radiólogo, “consistente en provocar un hostigamiento, abuso sexual y suministro de forma ilegal de medicación a personas en tratamiento y privadas de la libertad”. Para la fiscal, dentro del penal “estaba naturalizado” que Salas entregaba drogas a las víctimas a cambio de “favores sexuales”.

En la investigación declararon casi veinte testigos, entre internos, ex detenidos, ex trabajadores del complejo penitenciario y profesionales que se desempeñaron junto al acusado dentro y fuera de la unidad, indicaron fuentes judiciales a elDiarioAR. En línea con el testimonio de las víctimas, testigos relataron que oían “gemidos” en una dependencia del área de Sanidad, donde funcionó tiempo atrás una sala de radiología, luego de que el acusado ingresara al lugar con algún detenido. 

Un ex preso declaró por su parte en la causa que familiares de detenidos le entregaban a Salas cocaína en una clínica privada en la que trabajaba en el centro de la ciudad, y él la ingresaba presuntamente dentro de paquetes de yerba Andresito. 

En el marco de la investigación, se dispuso el allanamiento del sector de sanidad del complejo penitenciario, y se secuestraron preservativos usados, cajas de condones vacías y geles íntimos. También se secuestró documentación, y un celular del acusado, que será peritado para analizar su contenido. A partir de distintos testimonios, los investigadores establecieron que Salas tenía otro teléfono alternativo, que no pudo ser localizado.

La fiscalía obtuvo además el levantamiento del secreto bancario de las cuentas del acusado, y detectó trasferencias de dinero de su parte a allegados y parientes de las víctimas y de otros presos. “Hay cantidad de transferencias a familiares de internos. Eso nos va a permitir precisar si hubo más víctimas. No hay ninguna razón que justifique esos movimientos bancarios de Salas a familiares de detenidos”, dijo la fiscal a elDiarioAR.

Tras ser detenido el último 23 de mayo cuando salía de su casa rumbo al penal, el acusado se negó a declarar al ser indagado en los tribunales marplatenses, asistido por un defensor oficial. Días más tarde, con el patrocinio del abogado particular Martín Castro, pidió hacerlo, pero negó los hechos y no aceptó responder preguntas por parte la fiscalía.

Salas permanece alojado desde entonces en la Estación de Policía Comunal de la localidad vecina de Balcarce.

Encubrimiento

El último 6 de junio, también fueron imputados en la causa José Augusto Pedroche, ex jefe de Asistencia y Tratamiento de la UP 15, y Daniel Eduardo Medina, ex subdirector de Vigilancia y Tratamiento, por el delito de “encubrimiento doblemente agravado”. De acuerdo a los elementos incorporados en la investigación, ambos recibieron denuncias al menos desde 2022 sobre el comportamiento de Salas en Batán, y no lo informaron al Ministerio de Justicia y Derechos Humanos bonaerense como correspondía.

Ambos fueron puestos en disponibilidad preventiva por la Auditoría de Asuntos Interno, y se les inició un sumario administrativo. 

Al intervenir como particular damnificado institucional, la CPM pidió investigar si otras autoridades del penal estaban al tanto de los informes contra Salas por presuntas irregularidades en el área de salud penitenciaria, por violencia laboral y por manejo irregular de psicotrópicos y no lo reportaron.

“Hay al menos cuatro informes que llegaron a Medina y Pedroche, y no se les dio curso”, indicó una fuente del caso.

Augusto Infante, director del programa de Litigio Estratégico de la CPM, sostuvo en diálogo con elDiarioAr, que independiente de la carátula actual y “la gravedad del daño a la integridad sexual” de las víctimas, “cobra particular interés el aprovechamiento de su situación de especial vulnerabilidad, a fines de someterlas a abusos” por parte de Salas.

Indicó que aunque, como agente de Sanidad penitenciaria, Salas tenía “el deber de velar por la seguridad, la custodia y la salud” de las personas privadas de la libertad, “pero aprovechaba la circunstancia de poder y control que su cargo le daba”.

“El hecho de esto que acontezca en el medio penitenciario, la forma en que se castigaba la resistencia al sometimiento a los abusos, la aparición de la amenaza del traslado y el parte disciplinario, la forma en que ingresaba y salía Salas según los testimonios con material estupefaciente y el modo en que seleccionaba a las víctimas dan cuenta de una trama que solo puede cometerse en un sistema de crueldad con una falta de responsabilidad de todo orden”, aseguró

En ese sentido, consideró que “se trata de trama muy compleja”, que “no se conoce cuántas puertas puede abrir, pero no acontece en el vacío: acontece en un contexto que es el sistema de la crueldad que es el que describe la CPM desde hace 20 años, y que son prácticas que constituyen torturas, tratos crueles, inhumanos y degradantes”.

En esa línea, al solicitar la prisión preventiva del acusado ante el Juzgado de Garantías 2, en tanto, la fiscal subrayó que el acusado obtenía “favores sexuales”, con un claro consentimiento viciado“ ante la vulnerabilidad de las víctimas, por la situación de encierro y ”por la situación de poder“, sumado a ”la dependencia“ de estas sustancias que les generaba. 

Según fuentes judiciales, Salas ingresó a trabajar al complejo penitenciario en 2002, y se desempeñó en distintas áreas hasta 2018, cuando se le inició un sumario luego de que un oficial penitenciario denunciara que lo había visto entregando un blíster de pastillas a un detenido en un baño. En 2022, regresó a la unidad, en esa ocasión como jefe de Sanidad.

AVL/MG

La ministra de Seguridad, Patricia Bullrich, y el jefe de Gobierno porteño, Jorge Macri, anunciaron medidas para morigerar la “sobrepoblación de detenidos en comisarías y alcaidías de la Ciudad” y así prevenir fugas de presos, luego de varios episodios y cruces al respecto.

El mandatario de la Ciudad señaló que el distrito se ve afectado por una “sobrepoblación de detenidos en comisarías y alcaidías” y advirtió que “es un problema que empezó en la pospandemia”.

Con el objetivo de solucionar esta situación, el referente del PRO anunció que se avanzará en mejoras físicas de comisarías y alcaidías, remodelar y modernizar y fortalecer la seguridad en algunas dependencias.

De cada 100 detenidos, 94 tienen causas en la Justicia Nacional o Federal y el 20% tiene sentencia firme, es decir, ya están condenados, detalló el Gobierno porteño.

Además, dio a conocer que se profundizará la implementación de 2 mil tobilleras electrónicas para que pueda haber detención domiciliaria en los casos que decida la Justicia para delincuentes no peligrosos y también se impulsará “la deportación de extranjeros ilegales” que delincan, indicó Jorge Macri.

“No hay sentido en que la Argentina esté teniendo que gastar y generar recursos para cuidar a alguien que ha venido a delinquir al país”, añadió el jefe de Gobierno porteño.

Al advertir sobre la delicada situación, el Ejecutivo de la Ciudad indicó que en el distrito había 60 detenidos en las alcaidías y comisarías en 2020 y que actualmente hay más de 2.000, incluidos 340 extranjeros.

El Gobierno porteño avanzará en la construcción de una Alcaidía Central en la zona sur de la Ciudad; en la instalación de 19 módulos de detención, equipados y preparados para alojar 300 detenidos; y se retomarán las obras en el Complejo Penitenciario Federal II de Marcos Paz para trasladar a los presos detenidos en la cárcel de Devoto.

Jorge Macri también explicó que la proactividad de la Policía de la Ciudad en la lucha contra la inseguridad hace que haya más de 80 delincuentes detenidos por día, lo que genera presión en los lugares de reclusión.

Para poder llevar adelante estas medidas, el Gobierno porteño avanzará en un Decreto de Emergencia edilicia en alcaidías y comisarías de la Ciudad.

En ese sentido, Bullrich indicó que “todo esto lleva a apurar los plazos de construcción de cárceles y de establecimientos penitenciarios”.

La ministra de Seguridad remarcó que las medidas del Gobierno de la Ciudad “ayudan mucho al proceso de ordenamiento que hay que hacer” en lo que refiere a los detenidos. “No es lo mismo tener a un preso en una cárcel que en una comisaría”, subrayó.

Y concluyó: “Éste es un acuerdo razonable, que realmente nos ha hecho llegar a una conclusión común, porque no podemos vaciar las comisarías de un día para el otro, sino que hay que hacer un proceso”.

Las propuestas de Jorge Macri para descomprimir las comisarías de la Ciudad

De acuerdo a las cifras del Ministerio de Seguridad de la ciudad de Buenos Aires, que conduce Waldo Wolff, en 2023, se fugaron 41 presos de dependencias porteñas. En lo que va de 2024 ese número se redujo, pero se detuvo un 22% más de delincuentes por robo y hurto que en igual periodo del año pasado. Desde el inicio de la nueva gestión, el pasado 10 de diciembre, la Policía de la Ciudad detuvo a un promedio de 80 personas por día.

Con información de agencias.

IG

“Lamento darle una buena y una mala noticia. Le voy a dar la buena: en las dos audiencias y en el polígrafo, él salió inocente. Pero le voy a dar la mala: tiene insuficiencia renal terminal”. Fue la información recibida por uno de los familiares de Mario (nombre ficticio), uno de los fallecidos bajo custodia policial en El Salvador durante el estado de excepción aprobado hace un año por Nayib Bukele para acabar con las pandillas salvadoreñas. El joven de 24 años, que no tenía enfermedades o padecimientos crónicos previos, fue detenido en mayo de 2022.

Es uno de los testimonios recogidos en el informe de la organización de derechos humanos Cristosal sobre el coste de la “guerra” de Nayib Bukele contra las pandillas de El Salvador. Decenas de presos han sido torturados y asesinados durante el primer año de la operación, según documenta la ONG. Al menos 153 personas murieron bajo custodia después de ser arrestadas durante la operación, según la ONG.

Después de pasar siete meses en una prisión salvadoreña, Mario fue trasladado al hospital de Santa Teresa de Zacatecoluca, explica un familiar a Cristosal: “¡Señor de los cielos, si estaba irreconocible! Ya sólo era huesos y piel, el pechito amarillo…”. El médico le contestó: “De seguro él recibía golpes en el estómago. Se le reventó la gastritis… él ya no tiene cura”, recoge el informe. Dos días después, el joven murió en su casa.

Se trata de uno de los muchos jóvenes que, según la organización, murió en prisión sin estar implicado en las pandillas salvadoreñas. Mario era inocente, pero sufrió tratos inhumanos y degradantes recibidos en la cárcel, según los testimonios recogidos por la ONG. “Nos dan comida una vez, no dan desayuno ni almuerzo, solo a la hora de la cena… En una cancha grande nos ponen en fila y a quienes recibimos la comida, nos dan dos garrotazos en el lomo… Yo para que no me pegaran, porque dolían esos garrotazos, mejor no salía a comer”.

El negocio de las funerarias

La mayoría de los familiares de las personas fallecidas no recibieron comunicación de la prisión o de la Dirección General de Centros Penales, ni de los hospitales o de la Policía, aunque las autoridades penitenciarias tienen el deber de llevar un registro de los presos y de sus familiares. La mayoría se enteró por llamadas telefónicas o visitas de empleados de funerarias.

“Me avisaron de que una funeraria me andaba buscando. Nos encontramos, me preguntó si era mi hermano y me mostró una foto de él… en eso me puse mal. Solo me dijeron que había muerto. Me preguntó si quería que ellos fueran a retirar el cadáver. En ese momento yo también le llamé a mi mamá y justo también vinieron dos funerarias más que andaban con el mismo dato de él”, explica uno de los familiares.

Las funerarias se enteran primero de la muerte de una persona porque tienen contacto con el personal de hospitales, la Policía y el IML, y en algunos casos la información se obtiene a cambio de beneficios económicos, como una comisión o porcentaje por los servicios que presta la funeraria, explican desde Cristosal. “Los informantes” reciben comisiones que pueden ir del 5 al 10% del total de los servicios prestados en el mes y, de esta forma, las funerarias obtienen el nombre del fallecido, sus datos personales y dirección de sus familiares, e incluso hasta fotografías del cuerpo.

Recibir la noticia por parte de una empresa que busca vender sus servicios causa un gran sufrimiento a las familias que, desconcertadas, ceden y acaban pagando precios elevados para conseguir más información acerca de su ser querido y poder darle así sepultura. “Yo andaba en el monte cuando regresé y encontré a ese montón de niñas llorando, diciendo que se había muerto papito. Vinieron como cuatro funerarias a ver cuál cada uno iba a agarrar. Traía ceñidas las esposas y un pinchón como de clavo en el ojo”, dice el familiar de otra de las personas fallecidas en prisión, un hombre de 53 años.

Enterrados en fosas comunes

Pero hay familias a las que nadie avisa. La ONG ha registrado varios casos de cadáveres sepultados en fosas comunes. “Los familiares se enteran de la muerte por terceras personas o por las redes sociales”, denuncia la investigación. En su proceso de búsqueda, los seres queridos se enfrentan también a malos tratos y discriminación por empleados y funcionarios gubernamentales al ser tratados como “familiares de pandilleros”, denuncia la investigación.

La familia de Juan (nombre ficticio) acudía cada mes a la prisión donde estaba recluido, preguntaba por él y entregaba un paquete de alimentos. Ocho meses después de su detención les informaron que ya no estaba allí. Había muerto seis meses antes y nadie les había llamado. Fue enterrado en una fosa común y la exhumación se realizó dos meses después, sostiene el estudio. Las fotos tomadas por el IML mostraban que el cuerpo presentaba varios golpes, pero el informe oficial recoge que falleció por “leucemia”. El joven tenía 23 años.

La mayoría de las muertes quedan registradas como consecuencia de causas naturales y enfermedades: edema pulmonar, neumonía, insuficiencia renal, infarto, anemia, hemorragia cerebral, tuberculosis… Pero, en numerosos casos, la causa de la muerte y el aspecto del cadáver no son congruentes, según la ONG.

El cuerpo de Joel (nombre ficticio) también acabó en una fosa común. De 45 años, el hombre sufría discapacidad intelectual. “Su cuerpo fue trasladado al IML con apellidos distintos por lo que fue sepultado en una fosa común en el Parque Memorial [Cementerio] La Bermeja”, indica la organización. El reconocimiento médico oficial establece que murió por un “edema pulmonar”. Sin embargo, las fotografías forenses muestran que el cadáver presentaba moratones en el rostro. Personas entrevistadas informaron a Cristosal que fue golpeado dentro de la cárcel: “Recibió patadas en el estómago que le provocaron que expulsara sangre por la nariz y boca, lo que provocó que perdiera la movilidad y no pudiera comer; no recibió atención médica”.

Hacinamiento y tratos inhumanos

Según el informe de Cristosal, El Salvador supera las 105.000 personas privadas de libertad (aproximadamente el 1,6% de su población), lo que lo coloca con el país con más reclusos del mundo. La cifra se debe al régimen de excepción decretado por Bukele, durante el que se detuvieron a más de 66.000 personas en su “guerra” contra las pandillas, lo que generó unos niveles de hacinamiento nunca vistos hasta ahora en las cárceles del país, denuncia Cristosal.

El hacinamiento extremo ha desencadenado una situación de carencia de alimentos y de asistencia sanitaria en las cárceles del país, así como la falta de agua de consumo o aseo y las condiciones de limpieza.

“Los baños estaban tapados y los anteriores que estaban allí habían dejado todo sucio y lleno y rebalsaba hasta el piso, no había lugar para bañarse… Pasó cinco días sin poder defecar. A los cinco días empezaron a dar más de un tiempo de comida. Les pasaban tres baldes de diarios para defecar, no había nada de agua para limpiar, dormían debajo de los catres y en el suelo, algunos en el suelo de los baños, allí se llenaron de hongos en las espaldas. [A su ingreso a la celda] eran 45 personas, a los 10 días eran 252 personas”, cuenta un hombre de 20 años que estuvo recluido en Mariona.

Miedo

Numerosos testimonios recopilados por Cristosal evidencian que los detenidos son trasladados en vehículos policiales a las distintas cárceles y, al llegar, son esposados unos con otros, colocados de rodillas con la cabeza hacia abajo y, por lo general, “permanecen bajo el sol, en el cemento o grava durante más de una hora y, posteriormente, se les obliga a avanzar en cuclillas (con las piernas completamente flexionadas como si estuviese sentado en el suelo)”. Según la ONG, “mientras avanzan, los custodios los golpean” con garrotes de madera, “les dan patadas o golpes en la cabeza, algunos se desvanecen y sufren palizas para obligarlos a que se levanten”.

“Estuvimos media hora en grava y temblando del miedo porque mirábamos cómo los ingresaban [otro grupo que ingresó antes]; agachados, hincados, y te golpeaban. A la par mía había un chamaco que tenía osteoporosis, él temblaba del miedo y me decía ”aquí me van a matar“, y yo le decía ”tranquilo“. A mí no me golpearon, pero a ese chamaco como iba enfermo no podía correr; él venía lento y lo golpearon, aunque estuviera enfermo, eso no les importa”, dice un hombre de 23 años a la ONG.

Quienes han pasado por las prisiones salvadoreñas durante el régimen de excepción denuncian haber sufrido o presenciado torturas y los tratos inhumanos. Los entrevistados por Cristosol hablan de castigos y palizas como prácticas generalizadas. “[La celda] tenían ventanas selladas. No entran aire por esas ventanas, sólo entra aire por la puerta de las celdas y el techo de la celda está formado por un plafón. Vi morir a 10 personas asfixiadas”, explica a la ONG uno de los reclusos ya liberados. “En las celdas de enfrente, vi que murieron otras personas porque los agentes las mataban. Los sacaban, los golpeaban en medio de la cancha y le ponían descargas eléctricas. A otro señor de 95 años, cuando gritaron ”conteo“, lo pusieron a correr en el piso. El señor se cayó y, cuando se iba a levantar, le pegaron en la cabeza y allí murió”.

Signos de tortura

Laceraciones, hematomas, perforaciones, fracturas, cortes, quemaduras, estrangulación… Se trata de un patrón común en los casos registrados como muertes violentas y varios cadáveres presentaban claras evidencias de que la persona fallecida había sido víctima de palizas. Una de las causas más frecuentes descritas en los informes del Instituto de Medicina Legal (IML) es la asfixia mecánica, uno de los métodos de tortura más comunes conocidos en El Salvador y practicado entre 1970 y 1992 por los cuerpos de seguridad durante el conflicto armado del país.

El IML determinó que un hombre de 30 años murió a consecuencia de “asfixia mecánica por estrangulación”. Su cadáver presentaba una protuberancia a la altura del músculo esternocleidomastoideo (en el cuello) y hematomas, probablemente producida por un objeto rígido. Otro hombre de 42 años murió en un calabozo policial, según el IML por “asfixia mecánica por ahorcadura”. Su cuerpo presentaba varios golpes en la cabeza.

Algunos testimonios de las personas que estuvieron recluidas en los centros penitenciarios de Mariona, Izalco y Quezaltepeque dicen que hay ejecuciones dentro de las cárceles, pero que nadie habla de ello por miedo. Hablan de una pizarra ubicada en la prisión de Quezaltepeque. En ella anotan el número de reclusos que van muriendo. Un hombre ingresó a finales de abril del 2022. Cuando fue trasladado a otro penal un mes después, “la cifra alcanzaba los 40 fallecidos”.

El Sistema Interinstitucional de Control de Cárceles, un equipo multidisciplinario que evalúa la condición de vida en los penales, denunció “la acuciante situación de hacinamiento en Comisarías y Alcaidías de la Ciudad de Buenos Aires” y la superpoblación en gran parte de los centros de detención.

“El encierro en condiciones de sobrepoblación y hacinamiento se torna a todas luces ilegítimo y tal circunstancia no podría justificarse invocando deficiencias edilicias, carencias presupuestarias y/o cualquier otra situación de emergencia o excepción”, sostiene un informe, al que tuvo acceso la agencia Noticias Argentinas.

El Sistema Interinstitucional de Control de Cárceles es un organismo integrado por jueces federales y nacionales, la Procuración Penitenciaria de la Nación, la Procuración contra la Violencia Institucional (Procuvin) y la Defensoría General de la Nación.

En lo que concierne a la Ciudad de Buenos Aires (CABA), el documento revela que “se pudieron observar inadecuadas condiciones de detención y hacinamiento. Falta de agua, ventilación, recreación, sistema médico y vulneración de los derechos del colectivo de personas allí alojadas”.

“Particularmente preocupante es la problemática de las mujeres detenidas en estas condiciones. Toda mujer presa presenta una doble condición de vulnerabilidad, por estar privada de su libertad y por el hecho de ser mujer o autopercibirse como tal”, añade el texto.

El reporte también subraya que a nivel federal “hay 11.361 personas detenidas en el conjunto de las cárceles federales, para una capacidad disponible de 10.932 plazas”.

“El cupo fijado mediante la resolución ministerial se encuentra sobrepasado en diez cárceles federales. Todas las unidades del norte del país y el CPF VI de Mendoza recientemente inaugurado se encuentran con el cupo duplicado artificialmente mediante camas cucheta”, precisa el documento.

En CABA, la cárcel de Devoto tiene un cupo de 1.186 (aunque, según un peritaje oficial, debería ser de 819) plazas, pero al 31 de marzo pasado estaban alojadas allí 1.464 personas.

El Sistema recomendó a jueces, fiscales y defensores oficiales “prestar especial atención -en este contexto particular- al uso abusivo de la prisión preventiva, al alarmante incremento de las personas encarceladas con penas de hasta tres años y a eventuales retrasos en el régimen de progresividad de la ejecución penal para los condenados”.

El documento destacó que “la cantidad de personas detenidas por penas de corta duración se ha incrementado notablemente desde 2017. A diciembre de 2022, los condenados a penas menores a tres años cumpliendo pena en cárceles federales ascendían a 1.020 personas”.

Esa cifra es similar a la superpoblación detectada en las cárceles de la Capital Federal.

El equipo interdisciplinario también propone “finalizar, a la mayor brevedad posible, el nuevo Complejo Penitenciario Federal Ricardo Gutiérrez, en Marcos Paz, y el Complejo Penitenciario Federal Agote, en Mercedes”, ambos en la provincia de Buenos Aires.

Además, un sistema en CABA para el alojamiento transitorio de detenidos, una ley de cupo y una flexibilización en los regímenes de morigeración del cumplimiento de la pena para delitos de poca lesividad.

Con información de NA.

IG

Seis efectivos penitenciarios fueron detenidos por el escape de un peligroso delincuente que cumple una pena de prisión perpetua en un penal de la provincia de Chaco, quien ayer se fugó durante un trasladado a la ciudad de Córdoba para visitar a su pareja. Fue recapturado, pero tras abordar un taxi y asesinar al chofer.

Los agentes aprehendidos pertenecen al Servicio Penitenciario de dicha provincia y a la comitiva de custodiaba al preso Roberto José Carmona, condenado hace 36 años por un homicidio que ayer a la tarde se fugó de un domicilio en el barrio Las Violetas en Córdoba Capital, cuando visitaba a su pareja en una salida transitoria autorizada por la Justicia.

Como consecuencia del escape del hombre de 59 años, quien fue recapturado unas horas después por la policía provincial, los seis penitenciarios fueron imputados por el fiscal cordobés Horacio Vásquez por “favorecimiento de evasión” y permanecían hasta esta tarde alojados en la cárcel de Bouwer.

“Es materia de investigación, tenemos los elementos suficientes para atribuir este delito. Estamos recolectando elementos de prueba para ver si se trató de una fuga con complicidad dolosa, o si se trató de una mera negligencia por parte del personal”, aseguró el fiscal Vásquez a cargo de la causa. Además, fuentes judiciales señalaron a Télam que se continúa investigando si Carmona recibió ayuda de su novia para huir.

El fiscal reveló que la autopsia del taxista asesinado por Carmona indicó que “su muerte se produjo por las heridas cortantes de su cuello” y un puntazo en cada pierna. “El fallecimiento tuvo como causa las heridas cortantes de su cuello que le seccionaron la arteria yugular, lo que le provocó la muerte”, manifestó Vásquez, quien adelantó que imputará al preso por los delitos de “evasión”, “homicidio criminis causa” y “robo calificado por el uso de arma”.

Según explicó Vásquez, el recluso permanecerá en la cárcel de Bouwer, a su disposición en conjunto con la Justicia de Chaco. Por último, el fiscal aseguró: “A todos nos ha impactado esta noticia. Sobre los detalles no me voy a explayar porque hay una investigación recién comenzando. Puede ser indagado la próxima semana de concluirse la investigación preliminar”.

Por otra parte, Liliana Zárate Belletti, jefa de la policía cordobesa, dijo en conferencia de prensa esta mañana que la provincia no había sido notificada de la presencia de Carmona. “La policía de Córdoba no fue anoticiada. Nosotros tomamos conocimiento de la situación luego de un llamado al 911 que fue realizado a las 16.24. Con 34 años que tengo en la institución, con solo el nombre Carmona uno ya sabe quién es. Creo que ante tal peligrosidad deberíamos haber tenido conocimiento”, comentó.

En ese sentido, la funcionaria explicó que tras ser notificada de la fuga de Carmona, se comunicó con el jefe del Servicio Penitenciario de Chaco para obtener una foto actual del prófugo para poder ubicarlo con mayor facilidad. “Para dar con él, se convocó a todas las unidades móviles disponibles en la ciudad en ese momento. Luego de dar con el taxi con el que se fuga, se ordenó realizar un rastrillaje y un operativo cerrojo”, explicó.

Por último, la jefa de policía precisó que dos agentes dieron con Carmona en la intersección de las calles Luis Agote y Brown “caminando solo y visiblemente agitado”. “A partir de ese momento, se lo redujo para trasladarlo a la Jefatura de policía”, precisó.

La fuga de Carmona de una cárcel chaqueña

Todo comenzó cuando Carmona, condenado a prisión perpetua por el crimen de una adolescente de 16 años en 1986, viajó hacia la ciudad de Córdoba para visitar a su pareja en el marco de una salida transitoria otorgada por la Justicia. Se encontraba recluido en la cárcel de Sáenz Peña, Chaco.

Según las fuentes, el recluso gozaba desde 2014 del beneficio de visitar cada cuatro meses a su pareja, que vive en la capital cordobesa. En ese contexto, el preso fue trasladado a esa ciudad, por lo que pasó la noche anterior al crimen en la cárcel de Bouwer, aunque no se había informado a la Policía cordobesa.

Durante la mañana del martes, Carmona acudió al domicilio y durante el primer tiempo del partido de la Selección Argentina por las semifinales de la Copa del Mundo, pidió un taxi y se dio a la fuga. Durante la huida, mató a cuchilladas a su taxista, Jesús Gabriel Bocalón (46), y luego terminó chocando el vehículo en la intersección de las calles Santa Ana y Félix Paz.

Más tarde, Carmona robó un Volkswagen Gol de una mujer, lo abandonó y continuó escapando a pie, hasta que fue recapturado cuando intentaba perderse entre la multitud que festejaba en las calles la clasificación de la Selección a la final del Mundial de Qatar.

El padre del taxista de 46 años catalogó al homicida como “una sabandija” por matar a su hijo mientras huía de los agentes penitenciarios y apuntó contra el juez que le permitió hacer sus salidas transitorias. “Yo quiero saber quién es el juez que le dejo hacer esas salidas. No pueden autorizar a ese tipo con ese currículum que esté en las calles”, manifestó Raúl Bocalón ante El Doce.

LC con información de agencia Télam

Roberto José Carmona (58) es el preso más célebre de Córdoba, pese a que desde 1997, hace un cuarto de siglo, purga su condena a prisión perpetua en la cárcel chaqueña de la ciudad de Roque Sáenz Peña. En su historial criminal, Carmona carga con tres homicidios: el de una chica cordobesa en 1986; y el de dos presos, en una cárcel cordobesa y en otra chaqueña. Ayer a la tarde, Carmona volvió a matar: la víctima, un taxista cordobés.

En pleno partido por las semifinales del Mundial Qatar 2022 entre la Selección argentina y Croacia, Roberto Carmona volvió a ser noticia: mientras estaba en la zona sur de esta Capital, en el barrio San Roque, visitando a su pareja, se escapó ante un descuido de los guardias del Servicio Penitenciario de Chaco, tomó un taxi y con una navaja asaltó al chofer Javier Bocalón (42), quién se resistió, lo que produjo que el vehículo se descontrolara e impactara a alta velocidad contra una pared y una columna de cemento de electricidad, provocándole heridas en la cabeza de la víctima, que le causaron la muerte. Fuentes de la División Homicidios confiaron a elDiarioAR que el taxista, además de las heridas en la cabeza, presentaba “heridas punzocortantes”, por lo que se sospecha que había sido atacado por Carmona.

El delincuente dejó abandonado al taxista y al vehículo en la esquina de Santa Ana y Félix Paz en el límite de los barrios Las Palmas y Lamadrid y emprendió la fuga a pie. Caminó media cuadra y sorprendió a una mujer en la playa de un supermercado que queda frente al lugar del choque, robándole su automóvil VW Gol, emprendiendo la huida hacia Villa Carlos Paz, pero volvió a chocar en inmediaciones del Centro de Participación Comunal (CPC) de Ruta 20 y siguió la fuga nuevamente de a pie.

Tras el accidente fatal del taxista Bocalón y tras el relato de la mujer asaltada, la Policía dispuso un operativo de recaptura del sospechoso, aunque no se sabía a esa hora –alrededor de las 16.30- que se trataba de Carmona, sino se sabía sólo, que era un delincuente muy peligroso. El operativo incluyó un helicóptero y agentes del Equipo de Tácticas Especiales Recomendable (ETER), que alertados por los vecinos prácticamente peinaron los barrios Alto Alberdi y Los Naranjos.

Cerca de las 18.30, los agentes de la Policía cordobesa, finalmente detuvieron al prófugo en la esquina de Almirante Brown y Luis Agote, en la misma zona del accidente fatal con el taxista. Le secuestraron dos armas blancas con rastros de sangre.

La jefa de la Policía de Córdoba, comisario general Liliana Zárate Belletti declaró a los medios cordobeses que ni la Justicia, ni el Servicio Penitenciario de Chaco le habían informado a la fuerza que ella comanda sobre la presencia de Roberto Carmona en Córdoba; rechazando, de esta manera, sus responsabilidades sobre este nuevo raid delictivo.

Visitas familiares

Roberto Carmona se hizo conocido hace más de 35 años, en el verano de 1986, cuando asesinó a Gabriela Ceppi, la hija adolescente de un reconocido odontólogo cordobés, amigo y colega de los ex intendentes Ramón Bautista Mestre y Rubén Américo Martí.

La pésima conducta en Córdoba, donde asesinó a otro preso, hizo que fuera trasladado a una prisión en Chaco, donde también asesinó a otro recluso.

En junio de 2014, Roberto José Carmona fue beneficiado por el Juzgado de Ejecución 2 de Resistencia, Chaco, con el régimen de salidas transitorias de la cárcel: cada cuatro meses puede viajar a Córdoba donde puede permanecer durante tres días en el domicilio de su pareja que vive en barrio San Roque de esta Capital. Según el acuerdo de las autoridades judiciales chaqueñas y cordobesas, durante el viaje y su estancia en esta ciudad, el preso estará custodiado por efectivos del Servicio Penitenciario de Chaco; aunque los viajes son controlados por el juez de Ejecución 2 de Córdoba, Cristóbal Laje Ross.

El acuerdo, aún vigente, desmiente los dichos de la jefa policial Zárate Belletti, quién aseguró que la fuerza no fue notificada por las autoridades penitenciarias de Chaco, sino que fue una negligencia de la propia Justicia cordobesa. Con el paso de las horas, la sospecha apunta a dos hipótesis: relajamiento de los controles o liberación de zona.

Un psicópata

Héctor “Gonio” Ferrari es el periodista que más conoce a Roberto Carmona. En una de las tantas charlas que mantuvieron, el múltiple asesino le confesó, desafiante: “Yo soy recuperable, si quiero ser recuperable”. Ayer, demostró que es irrecuperable y sigue siendo un psicópata, tal cuál lo declaró una resolución judicial basada en una serie de pericias realizadas en 2011.

“Parte de la naturaleza criminal de Carmona se explica en su niñez. Su mamá, Magdalena Bonet, lo había abandonado con sus hermanos en La Plata y se fue a vivir a Catamarca. Imagine la idea, la mujer abandona a sus hijos y se va a miles de kilómetros de distancia. Cuando Roberto tenía cuatro o cinco años, no más, y viajó solo hasta Catamarca como pudo y la encontró. Haga este ejercicio mental, imagine a un niño de no más de seis años viajando solo, a dedo, en colectivo, caminando, desde una ciudad hasta otra que queda a miles de kilómetros, en busca de su madre. Eso hizo Roberto Carmona, a la edad en que los niños deben jugar con sus amiguitos a la pelota”, confió una ex funcionaria judicial a elDiarioAR, retratando la psiquis del asesino más célebre de esta provincia. Esta reconocida abogada, ya retirada, es la mujer que más conoce a Roberto José Carmona, y mientras fue funcionaria, hizo un seguimiento quincenal del preso, aunque estuviera alojado en Chaco.

En febrero de 1986, el nombre de Carmona salió en los diarios cuando fue detenido en la provincia de Buenos Aires donde lo buscaban por el asesinato de Gabriela Ceppi. La madrugada del miércoles 15 de enero, un mes antes, esta adolescente regresaba a la ciudad de Córdoba después de haber ido a bailar con dos amigos al boliche Chez Amis de Villa Carlos Paz. En medio de la autopista, se descompuso el Fiat 600 en el que regresaban los tres adolescentes. Además, se pinchó un neumático.

Un Ford Taunus se detuvo y un amable joven de 23 años les ofreció ayuda. Incluso le dio su campera de jean a Gabriela para que se abrigara. Mientras los dos chicos trabajaban en la rueda, el joven Carmona los asaltó con una carabina recortada. Después de robarles, se llevó a la chica con él. En su fuga Carmona violó dos veces a su víctima. Y luego la ejecutó de un disparo en la cabeza.

Tras ser detenido en Buenos Aires, los policías cordobeses trajeron a Carmona a esta Capital. Lo torturaron durante tres días para que confesara dónde había escondido el cuerpo de la víctima. El cadáver había quedado abandonado en un campo de sorgo a la vera de la Ruta 9 sur y fue encontrado descompuesto casi un mes después de cometido el homicidio. Las violaciones y la ejecución fueron confesadas bajo tortura.

En 1988, Roberto José Carmona fue condenado a reclusión perpetua y le impusieron una accesoria por tiempo indeterminado.

En 2014, tras pasar casi treinta años preso, el asesino de Gabriela Ceppi fue beneficiado para las visitas familiares, y el papá de la joven asesinada, Héctor Ceppi, declaró a los medios tras enterarse de la novedad: “Voy a hablar por mí, yo espero que Carmona rehaga su vida y no dañe más a nadie. La Justicia sabe lo que hace”. Ayer a la tarde, el anciano de 90 años de edad, no habló con los medios.

Carrera delictiva

La carrera delictiva de Carmona comenzó precozmente: a los 10 años cometió su primer robo importante, abrió el auto de un policía y se escapó con una pistola calibre 11.25. A los 13, su madre le exigió plata porque un hermano se había accidentado. Antes de los 18, ya había conocido varios de institutos de menores; y después pasó por las cárceles de Olmos, Sierra Chica, Junín, San Nicolás, Córdoba y Chaco.

La primera condena la recibió en marzo de 1982, siete años de prisión por un asalto. En octubre del mismo año, un tribunal de La Plata lo halló culpable de otro robo y le unificó la pena en 10 años y seis meses.

Seis años después, en 1988, Martín Castro, un interno de la Penitenciaría cordobesa de barrio San Martín, recibió un puntazo leve a manos de Carmona. A la noche, mientras Castro dormía Carmona le tiró caramelo hirviendo en la cara y lo desfiguró. Seis años después, en 1994, en la misma prisión, Carmona asesinó a puñaladas a Héctor Bolea, un preso pesado, jefe de pabellón. Carmona fue condenado a 16 años de cárcel por este otro crimen.

Por su pésima conducta, fue trasladado a una cárcel de máxima seguridad en Roque Sáenz Peña, Chaco, donde en julio de 1997, con una lanza hecha con un palo de escoba, mató a Demetrio Pérez Araujo. Otra vez lo condenaron a prisión perpetua.

Pese a los malos informes psicoambientales, en 2014 la Justicia de Chaco le dio a Roberto Carmona la posibilidad de visitar a su pareja que vive en Córdoba. El delincuente siempre había reclamado para que lo trasladaran a purgar su condena a esta provincia mediterránea y siempre le dieron respuestas negativas.

Ayer a la tarde, el fiscal cordobés Horacio Vázquez, que investiga la fuga del detenido y la muerte del taxista, le concedió a Carmona lo que buscaba: que lo alojaran en un penal cordobés. Las primeras horas las pasó en el complejo de la localidad de Bouwer, al sur de esta Capital y en los próximos días se resolverá si queda alojado allí o se lo traslada a Cruz del Eje, donde las condiciones de detención son más rigurosas.

Anteúltimo día de 2020, el año de la pandemia. En la Sociedad de Fomento Villa Jardín, un club al que llaman “El Villa”, el sol cae igual para todos: sobre el casero que ahora enciende el fuego para parar la olla en la que se cocerán los fideos; sobre las mujeres que alistan la mesa en la que prepararán las viandas para que se lleven, esta noche, más de cien familias. Lo demás a esta hora en Lanús es el silencio de la siesta, algún colectivo que pasa, el rebote de la pelota que un nene patea contra el paredón.

Además de ser un lugar de referencia para los vecinos, este es el “centro de operaciones” de la la asociación civil Grito Sagrado, presidida por Matías Dimicroff, que todavía no ha llegado. Aquí está el tempógrafo, una máquina que imprime logos en objetos, y que compró con la venta de un auto, cuando estaba todavía en arresto domiciliario. 

Se lo había sugerido Gastón, un ex compañero de la cárcel que, con la condena cumplida, se dedicaba a la fabricación de bombillas. Matías, preso en su casa, no podía emprender solo, así que se “asoció” con otro ex compañero de penal, Sergio Fuentes, que estaba en libertad. En una cadena de ayuda se repartieron las tareas: Matías estamparía los mates de Gastón y Sergio saldría a vender otros productos de la pequeña  empresa que, de repente, armaron: MASERGraf. 

Pero de eso ya pasaron tres años. Gastón D’Andrea es el fundador de Cimarrón, una cooperativa que desde 2007 fabrica y distribuye mates, bombillas y artículos de bazar. Cimarrón emplea a personas que estuvieron detenidas. Hace tres semanas los visitó Alberto Fernández. Y Fuentes y Matías Dimicroff ahora dirigen cuatro cooperativas que emplean a 120 personas liberadas. 

En simultáneo, esas cooperativas integran Cooperativas Libres, una federación que lidera y administra Dimicroff. Cooperativas Libres agrupa a nivel nacional a otras 60 asociaciones de ex presos. Más de 800 personas consiguieron empleo o aprendieron un oficio, lo que implica no sólo un ingreso económico, sino un sostén emocional para ellos y para sus familias.

Matías está demorado. Tiene 44 años, dos hijos y un pasado delictivo. De 2000 a 2002 estuvo preso en la cárcel de Devoto. Desde fines de 2003 al 2008, en la Unidad 9 de La Plata, uno de los penales más grandes y de máxima seguridad de la Provincia. De allí se escapó y estuvo prófugo hasta 2010, año en el que lo recapturaron durante un tiroteo en la puerta de un banco, en San Isidro. Cinco disparos en la pierna derecha y una amputación después, fue y vino por distintas cárceles durante tres años y medio. 

Un estudio médico determinó que el corte estaba mal hecho y en una operación perdió otros diez centímetros de piel, músculo y hueso. Pasó, entonces, otros tres años y medio en domiciliaria. Le sacaron la tobillera electrónica en 2016. La suma indica unos trece años preso por piratería del asfalto y robo a bancos. Nunca se lo acusó de un crimen o de haber lastimado a alguien. En la cárcel empezó a estudiar. Le faltan seis materias para recibirse de abogado.

En el comedor del club hay una ventilador encendido, una biblioteca que arman de a poco con libros donados, el aroma del pollo asándose y la cartelería lista para instalar en las sedes de Pami. Es que una de las cooperativas que dirige, la de obras públicas que lleva el nombre Reconstruyendo Vidas, ganó la licitación. Es un trabajo en conjunto con la cooperativa gráfica, aquella con la que empezó estampado mates, solo en su casa y que hoy emplea a unos veinte liberados. 

En la esquina del club está la panadería Artesanos de la Gastronomía, el último emprendimiento que también le da trabajo a personas que estuvieron detenidas. La cuarta cooperativa es Reciclando Sueños: presos vueltos recuperadores urbanos, capacitados en promoción ambiental, con un sueldo y rutina de trabajo. 

Cada cooperativa tiene convenios con universidades y sindicatos que aportan lo que a ellos les falta, que saben lo que ellos no: ingenieros y arquitectos y otros especialistas que los acompañan en el desarrollo productivo, aportan conocimientos técnicos o los capacitan. 

Matías pide que lo esperemos, que está en camino. El también tiene un pasado de militancia. Es peronista por su madre y sus abuelos paternos. Una militancia con convicciones que sufrió los devaneos de la frustración menemista. En 1998 su abuelo tuvo que cerrar la fábrica de cajas de cartón corrugado porque se fundió. Matías y sus amigos trabajaban ahí. Quedaron a la deriva. 

Dimicroff llegó a ser un referente de la Juventud Peronista en la Provincia. Liderazgo tuvo siempre, pero cuando lo desilusionó el peronismo de los noventa, lo tomó la calle. Los primeros robos dicen, “fueron cagadas de pibes”. La sofisticación del delito llegó después. Todavía no había pisado el primer penal cuando su nombre se cantaba en canciones en los pabellones: los “hechos” que protagonizaba él y muchos otros delincuentes blancos se volvían leyendas adornadas en traslados, en anécdotas, en visitas.

El sol que caía en el club igual para todos ahora baña entero el playón y recorta la silueta de un hombre que entra en el comedor, teléfono en mano. Cabello al ras, lentes gruesos, una renguera leve, la prótesis prolija asomando debajo de la bermuda. “Ya estoy, ya estoy. Escaneo algo y arrancamos…”. Matías Dimicroff, entonces, arrima una silla y se sienta a la mesa. 

Y habla: “Este club nació en el año 1952 con Perón y la comunidad organizada. Es la referencia histórica del barrio. Lo recuperamos con una asamblea barrial en la que elegimos nuevas autoridades. Y acá empezamos, con la idea de dar trabajo, posibilidades y oportunidades a los que pasaron por la cárcel y a sus familiares, porque están todos atravesados por esa historia. Y cuando abrimos acá, ¿Qué pasó? Cayó una cantidad de liberados”.

-¿En qué situación llegaban?

Y… no tenían trabajo. La falta de laburo es el primer problema que tiene alguien que sale en libertad. Porque un liberado  puede hacer un montón de cosas pero si no tiene trabajo… Nosotros lo vemos todo el tiempo: un tipo que quiere cambiar y se le cierran todas las puertas. Pasa cuatro o cinco meses así, con la deuda moral que tiene con su familia: no vieron a sus hijos crecer, no vieron a sus padres envejecer, no tiene ni un inodoro en la casa. Trata de reparar todo ese daño causado también por él. Y a los cuatro meses sale a hacer cagadas y a los seis meses está en cana de vuelta. Nosotros lidiamos con un sector social que tiene muy baja tolerancia a la frustración, que está acostumbrado a resolver todos los conflictos de la vida con violencia. Yo caí a los 23 años, pero acá hay pibes que fueron criados por el sistema penitenciario.

-¿Cómo es ser criado por el sistema penitenciario?

Vos llegás a un penal y tenés que pelear el primer día por la cama. Con faca. Te lastiman. Y al otro día tenés que pelear por las zapatillas y al otro día tenés que pelear por la comida y al otro día para que no te cojan y al otro día... Y así. Entonces, ¿qué podés esperar de una persona que vive diez años de esa forma? Cuando entrás en un penal tenés que desarrollar una estrategia de sobreviviencia. Los pibes que capaz que cayeron por robar un celular en pedo de pastilla tienen que pelear y pelear. Y en la cárcel mandan los chorros, opinan los chorros y la política de convivencia también la definen los chorros. Y los pibes pelean. Pelean una, dos, tres, cuatro veces. Y a los seis meses de pelear para sobrevivir, son chorros. Y la verdad que no son chorros. Robar un teléfono no te hace chorro. Entonces empiezan a desarrollar un personaje que hay que sostenerlo. Eso es una política que impone el Servicio Penitenciario y el Poder Judicial, con el apoyo de los medios de comunicación.

¿Por qué no puede ser resuelto el problema de la inseguridad?

El sistema carcelario produce un modelo de ser humano para que reincida, porque necesitan ese insumo. El delincuente es un insumo para el sistema. La cárcel tiene que tener un esquema de resocialización o de recuperación de esa persona. El castigo es el encierro, pero después tiene que haber condiciones para que esa persona de alguna manera pueda mejorar para volver a la sociedad. Eso no sucede.

La cárcel tiene que tener un esquema de resocialización o de recuperación de esa persona.

¿Y por qué no sucede?

Porque hay intereses en juego. Desde el Sistema Penitenciario, pasando por el Colegio de Abogados, el Poder Judicial, los medios de comunicación, los que construyen las cárceles… Todos esos que abastecen de bienes y servicios al sistema penal. Son operadores en un sistema caótico que también implica conflictos de intereses permanentes entre ellos. Pero hay un interés, uno solo, que no los enfrenta: todos necesitan presos, todos necesitan violencia y todos necesitan delito y fuerza policial. Mientras más violento el delito, más negocio.

¿Qué papel juega el Estado, entonces?

El que comete un acto que es intolerable para la convivencia social, debe tener un castigo. Ese castigo tiene que ser el encierro. Eso es indiscutible. Pero el encierro tiene que tender a mejorar los tipos, porque si se pudre en la cárcel va a salir peor. Entonces nosotros venimos a proponer un sistema en el que haya condiciones para quien quiera cambiar. El Estado tiene que ser una herramienta de solución de conflictos sociales, que existen en todas las sociedades del planeta, que tiendan a bajar la conflictividad social. Ese tipo que sale de la cárcel y vuelve a ser reinsertado en la sociedad, ¿Cómo llega? No importa lo que haya hecho, viene de Vietnam. Si no ofrecemos oportunidades, cambiemos el sistema legal y pongamos pena de muerte. Fijemonos si podemos resolver el conflicto de esa forma. No creo que sea la manera. De hecho, los países en los que existe la pena de muerte tienen los índices más altos de violencia, de delito y de encarcelamiento. Esos índices hablan bien o habla mal de vos como sociedad. 

El encierro tiene que tender a mejorar los tipos, porque si se pudre en la cárcel va a salir peor. Entonces nosotros venimos a proponer un sistema en el que haya condiciones para quien quiera cambiar.

-¿Por cuáles razones llega una persona a la cárcel?

El problema del delito, la inseguridad, la violencia en la sociedad es muy complejo y multicausal. No hay un solo factor, no hay una única explicación. Es pobreza estructural, son adicciones, están loquitos o son circunstancias de la vida. Coincidimos en que todos llegan porque tienen un conflicto. Nosotros queremos discutir política pública con el Estado y creemos que hay que segmentarlo. 

-¿Hay posibilidad de reducir la población carcelaria?

Creemos que el lugar donde se dan las condiciones para la transformación es en la comunidad organizada, que de sentido de pertenencia y de contención. Y esto pasa en las cooperativas, donde tenemos quilombos todos los días, eh, pero también tenemos ideas. Hay unos 45.000 presos en el sistema penitenciario bonaerense. De ese total, el 68% cometió delitos de pobreza, contra la propiedad o narcomenudeo. El resto llegó por otro tipo de delitos, más graves. Pero pensemos en ese 68%, que serían unos 30 mil presos. Si nosotros queremos resolver la mitad de lo que atacamos, que es la reincidencia, con las cooperativas podemos generar mil puestos de trabajo. No vamos a resolver el problema de la inseguridad. Ninguna política pública, ni en la Argentina ni otro lugar del mundo ha logrado eso. Pero es una manera mucho más humana que la propuesta de la mano dura. 

-¿Pero es el trabajo el que “salva” a las personas de la delincuencia?

A los pibes no los sacamos del delito solamente dándole changas o plata. La changa tiene que ser una opción temporal, porque después estos pibes piensan que se van a hacer ricos por un robo y terminan en cana de vuelta. Esa es la verdad. El trabajo de calidad, estable, no solamente es una herramienta de desarrollo económico. El trabajo es una herramienta de desarrollo espiritual. Lo que definitivamente a la larga los salva es el desarrollo personal, formarse en un oficio sin haber tenido acceso al conocimiento, poder evolucionar en la vida con un horizonte de futuro económico, pero sobre todo con condiciones de desarrollo, digamos. Y eso es lo que tratamos de hacer con las universidades y con los centros de formación profesional. Y este colectivo que vamos formando. No arrancamos esto pensando en dar trabajo. Nosotros queríamos reinventarnos, vivir de otras formas. Y con los meses y la organización nos dimos cuenta de que era una solución humana, que podemos sacar lo mejor de nosotros como sociedad. No sólo incorporamos ese cúmulo de personas al sistema del trabajo, también contribuimos al desarrollo nacional y producimos riqueza. 

No sólo incorporamos ese cúmulo de personas al sistema del trabajo, también contribuimos al desarrollo nacional y producimos riqueza.

-Más allá de las noticias policiales del día, la inseguridad se debate en dos sentidos: mano dura o baja en la edad de imputabilidad. ¿Por qué no hay una política pública que tenga una mirada integral?

No hay una política pública general que pueda abrazar a todos. Pero creemos que este tema debe entrar en la agenda, aunque sea en un renglón. Porque es una política de lucha contra el delito. 

Fuiste un referente de la Juventud Peronista en la Provincia. ¿Te reconciliaste con la militancia?

Nosotros cuando éramos pibes militábamos un peronismo nostálgico, quizás. Yo en dos años, hacia el final de los noventa, me rompí, se detonó todo para mí. El peronismo en el que creo construye el conjunto, no construye el pedazo. El que yo milito quizás tiene que ver con algunas cosas de lo que pasa hoy, pero no sé si del todo. Para mí el peronismo es como la actualización de esa revolución humanista que inició Cristo hace 2000 años. Es la actualización conceptual de los tiempos. Para ese peronismo, el ser humano en el centro y en el eje de todos los temas. Yo nunca fui funcionario público, pero tengo una fuerte convicción política. Nosotros tenemos una idea. Si el Estado la toma y convierte esto en una política pública que se fortalezca y expanda y construya... Porque nosotros no le salvamos la vida a nadie, en realidad. Son los pibes los que llegan acá a salvarse porque quieren cambiar. 

VDM