“La Argentina tiene que modificar la edad de retiro, que hoy está en 65 años para hombres y para las mujeres en 60. Si miramos la esperanza de vida de las mujeres, es más elevada que la de los hombres. En el mundo, no hay países que tengan la diferencia de cinco años. La Argentina con cinco años de diferencia es de los que más diferencia tiene, cuando casi todos están yendo a la igualdad de retiro”, remarcó el exministro de Mauricio Macri.

Además, recordó que en la Argentina “la edad de retiro no se modifica desde 1993 y desde ahí hasta ahora la esperanza de vida en Argentina ha aumentado tres años”.

“Mínimo tendría que ser 63 y 68, manteniendo todo igual, pero yo unificaría en 68. En el caso de las mujeres, probablemente podría tener en cuenta los períodos de maternidad, en los cuales además no hubo aportes, para corregir la edad de retiro. Eso generaría un ahorro considerable y hay que hacerlo gradualmente.En el caso de los hombres se puede hacer de cuatro meses por año y en las mujeres de a un año por año”, aseguró Dujovne en el Foro Económico NOA, organizado por la fundación Federalismo y Libertad de Tucumán.

En su exposición, destacó que con ese cambio se puede pasar de un gasto previsional de 8 o 9 puntos del PBI a 4 o 5, con mejores haberes para los que se jubilen: “Si miramos 10 años para adelante, podríamos generar un gran ahorro, tener mejor resultado fiscal, mejores jubilaciones, un sistema más justo. Si no lo hacemos, nos vamos a un gasto de 14 puntos del PBI en diez años”.

Por otro lado, estableció como punto de partida eliminar las moratorias y establecer un sistema escalonado.

 “Tenemos un sistema binario. El que aportó 30 años tiene jubilación y el que aportó 29 años y 11 meses no tiene jubilación. Es común que le echemos la culpa a la política de las moratorias. Tenemos que generar un sistema por el que podamos tirar la llave de las moratorias por la ventana, que no haya ninguna más. Y eso se hace generando un sistema que tenga alguna proporcionalidad por años aportados, el que aportó 20 años no tendrá la jubilación del que aportó 30 años”, señaló.

Y amplió: “Se acumulan varios beneficios, lo podemos ver con alguna expresidenta, y eso en el mundo no ocurre. Hay un período de transición para que uno pueda acomodarse si fallece el cónyuge, por un tiempo pueden convivir la pensión y la jubilación, pero los beneficios son individuales. La Argentina gasta cerca de dos puntos del PBI en beneficios derivados”.

Privilegios y jubilaciones anticipadas.

 La aparición de Dujovne desde Tucumán se da cuando el Gobierno logró el dictamen de la nueva Ley de Bases que implica para la amplia mayoría de las mujeres (más del 75%), subir la edad jubilatoria de 60 a 65 años.

El proyecto deroga la ley 27.705, la última y más importante moratoria previsional (“Unidad de pago de deuda previsional”) aprobada en marzo de 2023, por 2 años, prorrogables por otros dos.

Y las mujeres que, con 30 o más años de aportes o con la moratoria pueden jubilarse a partir de los 60 años, por la altísima informalidad femenina, si se deroga la moratoria en adelante sólo podrán acceder a una Prestación de Retiro Proporcional a los 65 años.

El exministro de Economía advirtió que el nivel de los haberes está bajo a nivel regional y pidió una reforma del sistema previsional.

“Hoy estamos con el sistema previsional yendo a un déficit actuarial enorme. Si no empezamos a reformar hoy el sistema previsional, vamos a ir a una inviabilidad fiscal de la Argentina, más adelante. Entonces hay que corregirlo”, advirtió Dujovne.

Y añadió: “Hoy, buena parte del ajuste que está llevando adelante el Gobierno nacional se basa en haber licuado las jubilaciones. Eso es insostenible”.

“El nivel de las jubilaciones en Argentina es muy bajo, 200 dólares. Uno mira los países de Latinoamérica donde el gasto en dólares no es tan diferente, y las jubilaciones son de 400, 500 dólares. Si podemos reformar la seguridad social y que una parte vaya a bajar el déficit y a que los jubilados cobren mejor, vamos a estar solucionando muchos temas a la vez”, finalizó.

La vicepresidenta Cristina Fernández de Kirchner publicó hoy videos de entrevistas realizadas a Nicolás Dujovne, exministro de Economía de Mauricio Macri, en los que el antiguo funcionario asegura que “el Gobierno, las empresas y las familias” tenían un “nivel de deuda de los más bajos del mundo” cuando esa administración llegó al poder en 2015.

Otro de los videos que compartió la vicepresidenta corresponde a declaraciones de Macri, quien en julio de 2019 -siendo Presidente- dio una entrevista al canal CNN en la que afirmó que “nunca el FMI en tan poco tiempo puso tanto dinero”.

“Uno ve la torta de fondo de prestamos y Argentina tiene la mayor parte del a cartera, eso fue algo inédito producto de un apoyo político. El Fondo es un apoyo político. Los mayores líderes del mundo decidieron apoyarme para marcar un rumbo distinto para la región”, dijo el entonces presidente en esa entrevista.

“Comparto un pequeño compilado de confesiones públicas de un exministro de Economía del Gobierno de Cambiemos”, publicó la vicepresidenta en su cuenta de la red social Twitter. Las publicaciones se conocen cuando el Banco Central llegó a un nivel mínimo de reservas y mientras el ministerio de Economía negocia con el Fondo un anticipo de los desembolsos por 10.600 millones de dólares previstos entre junio y diciembre.

La vicepresidenta dijo que algunas de esas confesiones públicas fueron “formuladas ante periodistas estrella de los medios de comunicación hegemónicos que hoy, cuando hablan, escriben, analizan y publican”, parecieran “haber olvidado el desendeudamiento del país, de las empresas y las familias logrado en nuestros gobiernos -hasta el 9 de diciembre del 2015- y el origen del actual y eterno problema argentino: el endeudamiento financiero, su consecuencia crónica e inevitable -la falta de dólares- y el retorno del FMI”.

Entre los videos que compartió la vicepresidenta, el exministro de Economía Dujovne afirma que la administración de Kirchner le dejó “una bendición” al Gobierno de Macri cuando éste asumió a fines de 2015.

“La Argentina hoy tiene niveles de endeudamiento bajísimos, tanto a nivel del Gobierno como a nivel de las empresas y de las familias. El Gobierno argentino hoy tiene una deuda neta, si le restamos lo que se debe a sí mismo después de que nacionalizó los fondos de pensión del 20% del PBI, si le sacamos los organismos internacionales 16% y de esos 8% denominado de moneda extranjera”, explicó Dujovne en 2016 durante una conferencia ante empresarios, organizada por la fundación Fernando Henrique Cardoso en Brasil.

En esas declaraciones, el exministro -que asumió en 2017- resaltó que “las empresas tienen un endeudamiento inferior a un tercio de su patrimonio” y que “las familias tienen un nivel de endeudamiento equivalente al 5% de su nivel de ingreso anual”.

“Es un nivel de los más bajos del mundo. No conozco ningún país que tenga un nivel de deuda más bajo”, destacó.

Durante un programa del canal Todo Noticias en el que oficiaba de columnista económico antes de asumir como ministro, Dujovne aseguró: “Este gobierno (Macri) asumió con una ventaja clara que era su capacidad de endeudarse producto de la baja deuda que le había dejado el gobierno anterior bajo el precepto de que no había un problema de solvencia”.

Ya como ministro de economía, Dujovne remarcó durante una entrevista a Todo Noticias: “No hay una bicicleta financiera. Lo que hay una transferencia de recursos desde las familias a las empresas. Hood Robin”.

Con información de Télam

De descanso por Pinamar, antes de viajar por trabajo junto al ministro de Economía, Sergio Massa, a Entre Ríos, el secretario de Industria y Desarrollo Productivo, José Ignacio de Mendiguren, dialogó por teléfono con elDiarioAR. Disparó para varios lados, incluso contra las presiones dentro del oficialismo para que en la campaña presidencial aumente el gasto público, como el llamado “Plan Platita”, como la oposición y cierta prensa llamó a las medidas con las que el Gobierno intentó meter dinero en el bolsillo de la población, sin que tuviera un satisfactorio efecto para el Frente de Todos en los comicios legislativos de 2021.

¿Cuáles es su agenda hoy en día?

Estamos trabajando para incluir en las sesiones extraordinarias del Congreso los proyectos de leyes de agroindustria, gas natural licuado (GNL) e hidrógeno. También estamos trabajando para apoyar la industria automotriz y el complejo forestoindustrial.

¿Y con la inflación?

Estamos negociando con las empresas, hay un ida y vuelta. Tenemos una agenda de todo lo que estamos dando en crédito subsidiado, en acceso al dólar para importaciones, contra el aporte de las empresas para morigerar los precios, teniendo toda la información arriba de la mesa. Siempre están los que nos critican diciendo que los acuerdos de precios no son la solución. Lo sabemos. Son el puente de plata para arreglar las expectativas, para después sentarte a negociar las paritarias pensando en la inflación futura, no la que que pasó.

¿Y con qué se complementan los acuerdos de precios?

Con un orden fiscal, con bajar el déficit fiscal (primario, antes del pago de deuda) del 12% cuando lo agarró Sergio (en agosto pasado) al 2,5%, cuando nadie pensaba que se iba a cumplir esa meta anual con el Fondo (Monetario Internacional), con subir las tarifas, a pesar de los que decían que no se podía, con dejar de financiar al Tesoro con emisión (monetaria), con el refuerzo de las reservas (del Banco Central). En agosto, los empresarios no sabían qué iba a pasar y entonces o no vendían sus productos, o te entregaban con remito abierto, sin precio, o se cubrían con aumentos siderales. Pero después no se dio la devaluación brusca que anticipaban, ni hubo default de la deuda en pesos, el FMI te aprobó la revisión del acuerdo, cerraste con el Club de París, conseguiste más plata del Banco Mundial, del BID (Banco Interamericano de Desarrollo), de la Corporación Andina de Fomento (CAF). La otro opción era ir a la hiperinflación.

¿Y en el 2023 electoral cómo sigue la receta?

El desafio es mantener la política fiscal o que te venza el Plan Platita. Pero ya no hablan de hiperinflación ni de Rodrigazo los (Domingo) Cavallo, (Ricardo) López Murphy, (Nicolás) Dujovne, (José Luis) Espert, (Javier) Milei ni (Roberto) Cachanosky, que lo anticipaban hace medio año. Massa demuestra que la política debe arreglar la economía. Es imprescindible tener un tipo con capacidad de jugar partidas simultáneas, no un técnico, uno que pueda hablar con los empresarios, los sindicalistas, con Estados Unidos, con China, con la oposición. Uno que cace el teléfono y llame uno a uno a los empresarios para contarles las costillas, porque los conoce uno a uno. Opera al más alto nivel, y lo respetan, y los empresarios ven que no hay otro como él. (Paolo) Rocca lo terminó aplaudiendo el mes pasado (en el seminario Pro Pymes, del grupo Techint) porque está controlando que se haga el gasoducto y cerró el Plan Gas a menos de 4 US$ el millón de BTU (unidad de medida), cuando el importado está a 40. No hay otro que te puede asegurar todo, no es (Mauricio) Macri, es Sergio. Hoy hay una inversión 22% del PBI, el mayor nivel en años. En 22 de las 24 provincias tenés pleno empleo, del 1% a 5% (N. de la R.: en realidad, son 15 los distritos, incluida la ciudad de Buenos Aires, que tienen 5% o menos). Yo lo veo acá en Pinamar: estalló el verano.

Con el cepo cambiario, no saben qué hacer con los pesos e invierten en maquinaria y construcción...

Sí, es eso, pero también hay negocios en la Argentina. La Argentina tiene activos, el problema es la caja chica.

¿Tienen plan B si la sequía afecta la cosecha gruesa (la del segundo trimestre, de soja y maíz) y faltan dólares?

Hay que ver la ecuación cantidad precio a ver si la menor cosecha se compensa con mayor precio, pero siempre Massa va a buscar otra alternativa. Vas a tener dólares de la licitación del 5G. O se me ocurre que podés negociar con Lula que te compre el gas que necesita a cambio de financiarte el segundo tramo del gasoducto... porque Lula no quiere que gane Macri las elecciones. El tema es si el poder quiere banca o cuidar a Massa. Hay que mirar a Estados Unidos, a Brasil, a los empresarios. ¿Quieren a un (Horacio Rodríguez) Larreta con (Hernán) Lacunza con su Power Point? ¿Quién va a negociar con los sindicatos?

Otra opción es depreciar más el peso, sin que sea un salto brusco, para alentar la exportación y desalentar la importación...

Podés acelerar la depreciación, pero no podés hacerlo sin reservas.

AR

Abril de 2019. Mario Vargas Llosa le preguntó a Mauricio Macri si mantendría el rumbo de su Gobierno en un segundo mandato. “Voy a tratar de ir en la misma dirección, lo más rápido posible. ¿Está bien?”. Risas cómplices.

La respuesta del líder ante un auditorio libertario convocado por la rosarina Fundación Libertad pudo ser vista como un síntoma del ensimismamiento de un gobernante que no atinaba a ver el rostro de un país asfixiado por la deuda externa y al borde del abismo social. Pasaron tres años y la osadía (temeridad) de Macri, que entonces llegó a tornarse irritante para varios de los propios, hoy se transformó en el libreto oficial de Juntos por el Cambio.

Las expediciones para jubilar al padre naufragaron antes de zarpar. Dentro de la coalición conservadora, la carrera hacia 2023 no deja lugar para los débiles. El moderado Horacio Rodríguez Larreta alerta que se viene cirugía mayor sin anestesia y juega una carta mágica ante el menor inconveniente: manda a su brava Policia, sea a la inmediaciones de la casa de Cristina Fernández de Kirchner o a las escuelas públicas tomadas por adolescentes; Patricia Bullrich se prepara para la guerra y enciende una vela por Jair Bolsonaro, presta a subirse a la ola, mientras María Eugenia Vidal actúa como si buscara un indulto de Macri. Y éste se guarda para sí el papel de tutor y avisa que, si alguien se desvía del libreto, saldrá a la cancha. Fuera de este marco queda el radical Facundo Manes a caballo de un proyecto personalísimo del que poco se sabe, más allá de gestos para desmarcarse y metáforas neurológicas.

La ausencia de una evaluación crítica sobre los resultados de un Gobierno que tuvo el respaldo —al menos el primer bienio— de representaciones empresariales, el FMI, los gordos de la CGT, el Grupo Clarín, los tribunales, el peronismo racional y Washington marida con el anclaje en un populismo reaccionario que resuelve la historia en atribuir los males al peronismo, la izquierda, los vagos y los mapuches.

En condiciones normales, un cuadro electoral promisorio para Juntos por el Cambio parecería inverosímil. No hay indicador social ni económico durante el cuatrienio de Cambiemos en Casa Rosada que deje de mostrar una performance negativa, si no de debacle: PBI, inflación, deuda, pobreza, desigualdad, salarios, industria, obra pública. Si la mirada se extiende al plano de la calidad democrática, la independencia de poderes y el espionaje estatal, el balance hace juego con la economía. Y sin embargo….

Cuatro razones

Hay explicaciones estructurales e internacionales para comprender la resiliencia del macrismo. Ernesto Semán ya apuntó en su Breve historia del antipopulismo que la despedida de Juntos por el Cambio con el 40% de los votos en 2019 dio la pauta de que la competitividad de la promesa basada sobre “el individuo autónomo”, descontaminado de toda pretensión colectivista, había llegado para quedarse.

También hay razones particulares, de las que cabe enumerar cuatro.  

Primero: la pandemia. El Gobierno de Alberto Fernández salió a la cancha con el marcador cinco a cero en contra. Una hecatombe sanitaria global llevó a que el PBI se desplomara 10% en un año. Al Frente de Todos le tocó organizar el salvataje a través de la emisión de dinero —remedio ineludible que lastraría el mandato hasta el final—, porque el crédito ya había sido agotado por Macri en uno de los procesos de endeudamiento más acelerados de la historia. Hasta las políticas más irresponsables de los Fernández, como los subsidios de tarifas para ricos, habrían tenido otro peso en un mundo sin pandemia.

El trauma del aumento de la pobreza y la deuda de 2019 quedó eclipsado por el trauma social y psíquico que disparó la pandemia

En ese punto, el coronavirus actuó como un factor decisivo para obnubilar la valoración del pasado reciente. El trauma del aumento de la pobreza y la deuda de 2019 quedó eclipsado por el trauma social y psíquico que disparó la enfermedad global. El macrismo vio la hendija y arremetió con su lucha libertaria contra las restricciones de movilidad. Malas artes para sacar ventaja del agobio colectivo.

Segundo: la falencia histórica de los Fernández. El Presidente estaba llamado a ser un líder progresista, con capacidad pragmática para articular demandas y poner racionalidad después del frenesí del gasto sin sustento del segundo mandato de Cristina y del tándem deuda-fuga de Macri. No fue el caso. Alberto demostró ser un dirigente irresoluto, sin la capacidad de conducción ni los equipos que requería el momento. El mandatario se ubicó en una posición de debilidad tal que no puede gritar los goles propios, además de haber metido en su propio arco unas cuantas que iban afuera.

Dueña de una relación única con buena parte del pueblo humilde, Cristina ratificó que conviven en ella una conductora que lee escenarios como nadie y una dirigente contradictoria, de vuelo bajo. Comprendió mal el momento histórico y, sobre todo, falló a su promesa de poner su capital político a favor de un proyecto que superara, con criterios de equidad, males de la economía que se volvieron endémicos.

La Cristina versión 2019-2023 demostró que no había aprendido nada de la de 2011-2015. Al contrario, agravó sus errores. La noción de que “la emisión no genera inflación” y otras teorías estrafalarias sobre la ventaja de gastar miles de millones de dólares en energía gratis para las clases medias y altas volvieron aumentadas. Así, la vicepresidenta quedó ante el desafío de que se comprenda por qué limó a su propio Gobierno con la acusación de que aplicaba una receta de ajuste hasta junio pasado para terminar avalando recortes llevados a cabo por Sergio Massa que no tienen mucho que envidiarle al manotazo que intentó Nicolás Dujovne entre 2018 y 2019.

Si el “Estado presente” y el Gobierno “del más débil” incurren en una mala práxis tan flagrante y logra estos resultados, ¿por qué no probar otra vez con la ley del más fuerte?

Tercero: Comodoro Py. Las ataduras entre servicios de Inteligencia, la mesa judicial de Macri, los medios de comunicación de mayor difusión y jueces y fiscales federales están expuestas en expedientes, infidencias por Whatsapp, testimonios cajoneados y hasta fotografías en Los Abrojos. Esa trama tuvo dos objetivos: la persecución a opositores y disidentes —sospechados algunos con fundamento, pero con resguardos procesales débiles o inexistentes como norma— y la garantía de impunidad para los propios.

Las pruebas e indicios están a la vista. Cuentas en Luxemburgo de la familia Macri en las que terminaron decenas de millones de dólares ganados en un pase de manos de parques eólicos, empresas offshore de buena parte del elenco gubernamental, blanqueo de dinero autoorganizado, negocios multiplicados a partir de decisiones del Ejecutivo en peajes, generación eléctrica, renta financiera, soterramiento del ferrocarril Sarmiento, subasta de terrenos públicos para desarrollos inmobiliarios, Paseo del Bajo, etcétera. Es cuestión de levantar una baldosa y aparece el vínculo con un apellido clave de Cambiemos. La única explicación posible para que ninguna de estas investigaciones haya avanzado hasta un estado procesal mínimamente aceptable es que un tejido de impunidad inédito en democracia fue forjado en Comodoro Py.

Con los grupos Clarín y La Nación a la cabeza, el periodismo con más peso abandona la pretensión tan sólo de distancia y elige abordar al macrismo en clave de aplicación de correctivos ante desvíos de rumbo

El capítulo judicial difícilmente consagra o sepulta hegemonías políticas, pero el hecho de que indicios tan claros y sistémicos hayan pasado inadvertidos en los tribunales impide una reorganización de nombres y prácticas dentro del bloque conservador. Sin costos ni consecuencias, la anuencia judicial facilita la vida política de quienes deberían dar alguna explicación.

Cuarto: los medios predominantes. En lo que el sociólogo Pablo Alabarces define como “claudicación” del oficio periodístico, la prensa más influyente abandonó la intención de interpelar y problematizar a un sector clave de la política. Con los grupos Clarín y La Nación a la cabeza, el periodismo con más peso abandona la pretensión informativa y de distancia, y elige abordar al macrismo en clave de aplicación de correctivos. El cuestionamiento a dirigentes de Juntos por el Cambio se reserva al reproche cuando alguno elige una estrategia señalada como equivocada.

La amonestación más habitual suele ser por algún gesto que se entienda como un diálogo o concesión al Gobierno peronista, pero también encuentra eco el reclamo de que los radicales, liberales y conservadores resuelvan su interna con eficacia y articulen, si la patria lo necesita, con Javier Milei. El insulto, la amenaza, la teoría conspirativa y la proclama de ultraderecha campean en el prime time de los canales de noticias, los pases radiales y las columnas de opinión.

Cálculos y conflictos

El combo indulgente —pandemia, los Fernández, Comodoro Py y medios— colabora para poner en carrera a Juntos por el Cambio, pero a la vez supone severos riesgos en un eventual segundo tiempo.

En primer lugar, la promesa de recortes draconianos garantizados con mano dura policial es más fácil de sostener en una entrevista complaciente o en una cena de gala de una ONG que de llevar a cabo.

Reformar (bajar) jubilaciones, despedir empleados públicos, enterrar el reparto de computadoras, reducir impuestos a los ricos, eliminar programas sociales, borrar a Aerolíneas Argentinas de un plumazo y facilitar el despido de trabajadores están en el menú liberal clásico, aquí y afuera. La puesta en práctica requiere liderazgo, legitimidad y el abandono de teorías terraplanistas sobre la atracción de inversiones que supondrá la mera sustitución de apellidos en la burocracia estatal, el endeudamiento infinito inocuo y los beneficios mágicos de una devaluación. En diciembre de 2015, el elenco macrista decía tener todo esto calculado.

Una agenda de derecha recargada se enfrenta al problema del conflicto de intereses. No es sólo una cuestión ética o de corrupción, sino de sustentabilidad.

Años atrás, el periodista Marcelo Falak enmarcó en Letra P el sustento teórico detrás de colocar a un ejecutivo de la industria del petróleo a cargo de Energía, a un terrateniente en Agricultura, a un ejecutivo bancario en Finanzas, a un gerente de personal en Trabajo, etcétera. Tras la debacle de los Estados de bienestar posterior a la crisis petrolera de 1973, el cientista social Philippe C. Schmitter desarrolló un enfoque crítico sobre el Gobierno de interés privado —citó Falak—, en el que “una organización no estatal controla en régimen de monopolio bienes, servicios o status que son indispensables para sus miembros (...) El Estado impondrá a cambio ciertas responsabilidades y comportamientos públicos a la organización”.

El ajuste que Macri propuso disimuladamente en su primer mandato —pondría a “las mafias” parasitarias en un cohete y las enviaría a la Luna— y, ahora, todo Juntos por el Cambio se plantea sin inhibiciones presenta el problema de que el terrateniente a cargo de Agricultura se quiere llevar lo suyo, el financiero a cargo de Finanzas busca maximizar la ganancia de su sector, y otro tanto con el empresario del transporte, el ejecutivo de la petrolera, el gerente del multimedios, cada uno en su respectiva silla estatal. Cuando eso ocurre, el déficit crece y los recortes contra los que no tienen lugar en el gabinete —los trabajadores y los jubilados— no alcanzan.

¿Alguien aprendió la lección?

¿Hay alguien en Juntos por el Cambio pensando que la repetición de este esquema corporativo puede chocar el país otra vez? ¿Existe una mirada más sofisticada que aquélla que divide a la Argentina entre la sociedad productiva que representan el campo, el Dipy y Marcos Galperín versus el “pozo oscuro del Gran Buenos Aires” (Pichetto), “los argentinos que no quieren trabajar” (Macri) y “el 30% con los que no hay ninguna posibilidad de dialogar” (Larreta)? ¿Algún miembro del bloque conservador se atreverá alguna vez a contradecir la catarata de agravios e indecencias que disparan los medios que los fogonean?

¿Existe una mirada más sofisticada que aquélla que divide al país entre la sociedad productiva que representan el campo, el Dipy y Marcos Galperín versus el “pozo oscuro del Gran Buenos Aires” y “los argentinos que no quieren trabajar”?

Los números de pobreza conocidos esta semana indican que el país se encuentra —grosso modo— en el punto de partida del Gobierno de los Fernández (36,5% en el primer semestre de 2022 versus 35,5% en diciembre de 2019). El porcentaje es similar, pero la sociedad está más golpeada y frustrada. En el medio, pasó la pandemia, que siguió a ocho años de estancamiento y recesión. Los sectores más pobres e informales llevan una década de pérdida de ingresos y escuchando a gobiernos que alargan el horizonte de la solución de sus urgencias. “Se acabó la fiesta”, prenuncia la elite recortadora desde un canal de Palermo. “¿Qué fiesta?”, se preguntan en Rafael Castillo, partido de La Matanza.

El país rema entre problemas cíclicos, pero a la vez se aproxima a un escenario que podría abrir la puerta a un período de crecimiento sólido. Con Vaca Muerta a la cabeza, los recursos energéticos están ahí, su producción está funcionando y el mundo la demanda. Al menos hasta la última estampida del dólar de julio pasado y con sus inconsistencias a cuestas, la economía venía demostrando una capacidad de reacción inesperada para los funebreros de siempre.

En este mar de incertidumbre, un nuevo abordaje corporativista con mayor dosis reaccionaria no servirá ni para solucionar los problemas que en gran medida agravó el Ejecutivo de Cambiemos, ni para dar cauce al desarrollo que insinúan Vaca Muerta, el litio y la economía del conocimiento.

SL

El presidente Alberto Fernández recogió el guante y cuestionó los dichos del ex ministro de Hacienda Nicolas Dujovne, quien sostuvo que la mayoría de las pensiones que paga el Gobierno por invalidez “son truchas”.

“Acá no estamos dando nada trucho ni malgastando la plata del Estado. Estamos poniendo al Estado en el lugar en el que debe estar. Donde las condiciones de igualdad se pierden, debe aparecer el Estado para poner igualdad”, vociferó el mandatario en el acto de entrega de la pensión 200.000, en la sede de la Agencia Nacional de Discapacidad (ANDIS).

Durante su discurso, el mandatario criticó la gestión del ex presidente Mauricio Macri que implicó el recorte de 160.000 pensiones por invalidez en su camino a la reducción del déficit fiscal.

“Alguien que nos acusa de estar dando pensiones truchas (Dujovne), fue el alguien que fue ministro de este país que precedieron nuestra llegada al Gobierno y hay algunos datos que quiero marcar para que entiendan que no todo es lo mismo. Nosotros hoy acabamos de dar la pensión 200 mil y estamos orgullosos y queremos dar las pensiones que hagan falta y que merezcan los argentinos. No es una dádiva del Gobierno sino un derecho que tienen. No estamos regalando nada, estamos reconociendo derechos a aquellos que los necesitan”, explicó Fernández.

Y agregó: “En aquellos años, entre 2016 y 2019 se dieron de baja 170 mil pensiones y hoy acá estamos celebrando que damos 200 mil pensiones. En esos cuatros años denegaron 6 de cada 10 solicitudes de pensión. Acá la preocupación es buscar la forma de hacer más fácil el acceso a la pensión y, en aquel momento, era buscar la excusa para no dar la pensión”.

En la misma línea, el Presidente reveló el estado de situación en la materia con el que se encontró tras su asunción y subrayó lo que considera una contradicción en la política de ajuste de asistencia de Macri dada la condición de su ex vicepresidenta Gabriela Michetti.

“Cuando llegamos al Gobierno, en ese momento estaban cajoneadas 145 mil solicitudes de pensión para personas con discapacidad. ¿Todo es lo mismo? No, no lo es. Si dijera que estos son los números de mi Gobierno me daría vergüenza. Que un Gobierno que además tuvo una vicepresidenta con una discapacidad haya hecho esto con las personas con discapacidades”, aseveró.

Durante el acto, el mandatario, acompañado por el director ejecutivo, Fernando Galarraga, lanzó la convocatoria 2022 del programa ACCESAR y firmó convenios de adhesión con los intendentes Alberto Descalzo (Ituzaingó - Buenos Aires); Martín Ascua (Paso de los Libres - Corrientes); José Luis Walser (Colón -Entre Ríos) y Daniel Harrington (Tolhuin -Tierra del Fuego).

El Plan ACCESAR apunta a trabajar de conjunto con los gobiernos municipales “en la institucionalización, jerarquización y ordenamiento de una política pública en el nivel local en materia de discapacidad y en la puesta en marcha de iniciativas, acciones y dispositivos que contribuyan a la construcción de ciudades accesibles e inclusivas”.

Participaron de la firma los intendentes Martín Rodrigo Gill (Villa María - Córdoba); Fernando Ubieta (La Paz -Mendoza); Emir Félix (San Rafael - Mendoza); Juan José Mussi (Berazategui - Buenos Aires); Juan José Fabiani (Almirante Brown - Buenos Aires); Karina Paniagua (Humahuaca - Jujuy) y Rubén Eduardo Rivarola (Palpalá - Jujuy).

Qué es el Plan ACCESAR

El Plan Integral para la Promoción y Protección de los Derechos de las Personas con Discapacidad en el ámbito local “ACCESAR” fue creado para apoyar a los gobiernos municipales en la puesta en marcha de iniciativas para que las ciudades sean accesibles e inclusivas y permitan el goce de todos los derechos humanos y libertades fundamentales de las personas con discapacidad en sus territorios, en igualdad de condiciones que las demás.

Para cumplir con ese objetivo, el Plan Accesar promueve la creación de entornos accesibles e inclusivos, en articulación con los gobiernos municipales y considerando las características de cada territorio.

Objetivos

Algunos de los objetivos del Plan Accesar son:

Líneas y componentes del plan Accesar

El Plan Accesar se implementa por medio de las siguientes líneas y componentes:

Etapas de implementación

El plan Accesar debe ser implementado por los gobiernos municipales en tres etapas:

La etapa 1 incluye el diagnóstico institucional y territorial, el fortalecimiento de las áreas municipales de discapacidad y la construcción del plan municipal de promoción y protección de los derechos de las personas con discapacidad en el ámbito local.

El diagnóstico evaluará la situación del Municipio en términos de accesibilidad y de capacidad operativa para atender las demandas de las personas con discapacidad. Los puntos que se deben incluir en el diagnóstico están detallados en el Formulario Diagnóstico Institucional y Territorial

La etapa de diagnóstico no podrá exceder de 30 días corridos desde la suscripción del Convenio.

La etapa 2 resultará del plan municipal y contendrá las acciones de promoción y protección de derechos de las personas con discapacidad.

En esta etapa, el “Plan Municipal de inclusión y accesibilidad para las personas con discapacidad” debe incluir:

También debe contemplar la implementación de dispositivos para mejorar las condiciones de vida y favorecer la independencia de las personas con discapacidad, por medio de las siguientes acciones:

La etapa 3 resultará del plan municipal y desarrollará las iniciativas para la construcción de ciudades accesibles e inclusivas.

En esta etapa se debe abordar el mejoramiento de la infraestructura local en relación con el diseño y la funcionalidad de los asentamientos humanos de acuerdo con las necesidades de las personas con discapacidad. Debe incluir propuestas para mejorar el acceso de las personas con discapacidad a las nuevas tecnologías de la información y la comunicación.

Categorías de municipios y recursos

Se establecen 3 categorías de Municipios según cantidad de población:

Para el desarrollo de la Etapa 1 del Plan, se destinarán los siguientes recursos:

En la etapa 1 se financiarán los siguientes componentes:

Cualquier otro equipamiento no incluido en esa enumeración deberá contar con previa autorización por escrito de la Unidad de Coordinación.

Los municipios deben rendir cuentas documentadas de la afectación de los fondos.

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Texto completo de la norma

Resolución 1200/2021 Agencia Nacional de Discapacidad

Normas complementarias

Resolución 1599/2021 Agencia Nacional de Discapacidad

Con información de agencias.

IG

Con el objetivo de desembarcar en Argentina a cualquier costo, la empresa Uber comenzó en 2016 a aplicar su particular manual definido incluso por sus propios operadores como un estilo de startup guerrilla y que queda en evidencia en la nueva filtración de documentos, The Uber Files (los Archivos de Uber), obtenidos por The Guardian y compartidos con el Consorcio Internacional de Periodistas de Investigación (ICIJ). La investigación global, que en Argentina realizó elDiarioAR junto con La Nación e Infobae, confirma los intentos del co-fundador y entonces CEO de la compañía, Travis Kalanick, para llegar hasta Mauricio Macri, el lobby para presionar al gobierno de la Ciudad de Buenos Aires y las gestiones ante la Administración Federal de Ingresos Públicos (AFIP) para evitar el pago de impuestos y cargas patronales.

Presiones, amenazas y estrategias agresivas fueron las opciones discutidas internamente en Uber para lograr convencer a funcionarios públicos de modificar las regulaciones y leyes a conveniencia de la empresa. En 2019, Uber logró un dictamen del Ministerio de Hacienda, entonces a cargo de Nicolás Dujovne, y de la AFIP, que le permitió reducir el pago del impuesto a las ganancias, pero la empresa ni siquiera tiene CUIT por un supuesto incumplimiento formal. 

No fue hasta 2021 que la compañía fue denunciada penalmente por las autoridades argentinas por el presunto delito de evasión de las cargas patronales de los conductores, a quienes se rehúsa a reconocer como empleados en relación de dependencia, cuestión que también llevó a Uber a tocar las puertas de la AFIP y recurrir a la Justicia. Actualmente, el fisco le reclama $165,6 millones por cargas patronales sólo por el período 2016-2018.

Los registros que salen a la luz este domingo en The Uber Files incluyen correos electrónicos, mensajes de texto y otros documentos producidos por ejecutivos de la empresa, incluido el entonces CEO, entre 2013 y 2017, cuando Uber irrumpía en las ciudades desafiando las leyes y regulaciones locales, eludiendo impuestos y tratando de ganarle la pulseada a la industria del taxi, principalmente, pero también a los activistas laborales.

Mientras en Argentina y otros países, los conductores de Uber, e incluso los pasajeros, eran blanco de los ataques violentos de grupos de taxistas enfurecidos, denominados “caza Uber”, Kalanick sostenía en comunicaciones privadas, ahora reveladas por The Uber Files, que “la violencia es garantía de éxito”. El portavoz del exCEO, Devon Spurgeon, respondió a ICIJ que el consorcio de periodistas “presiona” con su “agenda falsa de que el señor Kalanick dirigió una conducta ilegal o impropia” y “afirma tener documentos en los que el señor Kalanick estuvo o incluso fue autor, algunos de los cuales tienen casi una década”. Además, se quejó de que ICIJ rechazara “las solicitudes para revisar cualquiera de esos documentos, lo que exacerba aún más las preocupaciones sobre la autenticidad de muchos de los documentos originales”.

Actualmente, la empresa continúa operando en Argentina -está disponible en unas quince ciudades-, con varios litigios cruzados con autoridades y sindicatos de taxistas. Uber dijo al equipo argentino* de ICIJ que “la operación siempre ha observado y cumplido las leyes que se aplican a la naturaleza de su actividad, incluyendo las normas impositivas”. “En la Argentina no hay ninguna sentencia firme en contra de Uber”, agregó la compañía. 

La discusión sobre la legalidad o ilegalidad de Uber se centró en la carencia de controles, regulaciones y licencias de los conductores y vehículos a los que sí están sometidos remises y taxis que prestan el mismo servicio, pero fue mucho más allá. La compañía tiene una denuncia penal de la AFIP por presunta evasión de cargas patronales y trabajo no registrado de los conductores como trabajadores en relación de dependencia, según pudo corroborar el equipo argentino de The Uber Files. 

Uber contrarrestó la decisión del fisco con otros dos reclamos judiciales, basados en su principal escudo: una red de sociedades offshore para eludir el pago de ganancias, de IVA y de cargas sociales, a pesar de que, según la propia compañía, cobra una comisión del 25% a los choferes por cada viaje realizado en el país. Sólo en América Latina, durante el primer trimestre de 2022, Uber Technologies INC. registró ingresos por US$432 millones.

Quemando embrague

“Nosotros pensamos que la llegada del gobierno de Macri iba a generar un contexto más abierto al comercio, más pro mercado, y que eso nos permitiría saltar los problemas con los sindicatos, los taxis y remises. Teníamos órdenes del CEO de avanzar como fuera necesario porque consideraba que Buenos Aires era la única gran capital e incluso gran ciudad del mundo donde no operaba Uber”, explicó al equipo argentino de ICIJ  una persona que conoció de primera mano cómo operó Uber en Argentina y que pidió reservar su identidad. 

“Uber entró muy mal en Argentina, como si fuéramos guerrilleros. Al igual que en otros países, entramos buscando el apoyo popular para que ese apoyo ejerciera presión sobre los gobiernos y se vieran obligados a modificar las regulaciones”, afirmó la misma fuente.  

Uber había dado sus primeros pasos sobre el gobierno argentino, apegado a su manual. Los registros obtenidos en esta nueva filtración demuestran un modus operandi que se repitió en varios países: gestar lazos con el poder político local para lograr inmunidad en el desembarco. 

La operación siempre ha observado y cumplido las leyes que se aplican a la naturaleza de su actividad, incluyendo las normas impositivas

Uber Argentina.

“Alguna vez en el ministerio de Pancho Cabrera pidieron a la Ciudad que los escucharan, que eran una empresa moderna. Buscaban entrar por todos lados”, advirtió una fuente del gobierno porteño. Francisco Cabrera, exministro de Producción de Macri, se excusó de responder las consultas del equipo argentino.

Uber Argentina SRL se creó el 17 de diciembre de 2015, sin tener la certeza de si podría operar legalmente en el país. Ese mismo día, representantes de la empresa tuvieron un primer encuentro oficial con funcionarios del gobierno de la Ciudad de Buenos Aires, según publicó entonces La Nación. Los ejecutivos fueron recibidos por el entonces secretario de Transporte porteño, Juan José Méndez, y dos de sus asesores.

“El abordaje de Uber era siempre muy agresivo”, contó la fuente que conoció bien cómo operó Uber en Argentina. “Durante la primera reunión con Méndez planteamos que el Gobierno estaba en contra de la innovación. Él respondió que el Gobierno (porteño) debía respetar la legislación vigente y nos dijo que si queríamos operar, podíamos hacerlo como remises, con un número limitado de autos. Pero eso va en contra del modelo de negocios de Uber, que necesita el mayor flujo de autos posible, todo el tiempo”, agregó la fuente.

El gobierno porteño también debía contener a viejos aliados: los sindicatos de taxistas y remiseros.

Dos Uber

A partir de allí se abrió una discusión interna dentro de la empresa entre quienes plantearon que había que adaptarse a las reglas locales y funcionar como remises durante un tiempo y “quienes querían ir a la guerra con el Gobierno”, informó la fuente. Llegaron a promover una campaña publicitaria con solicitadas en los diarios que iba a decir: “¿Cambiemos qué?”.

“Venían cada tres semanas a insistir. Tenían un doble juego. La División Corporativa de Uber decía que querían adecuarse a la normativa y la División de Operaciones bajaba la orden de avanzar igual”, aseguró una fuente del gobierno de Horacio Rodríguez Larreta. Además, aseguró, “extorsionaban diciendo que iban a publicar listas de funcionarios que usaban Uber”, información a la que podían acceder a través de GreyBall, un software que le permitía recolectar información de los pasajeros para identificar si se trataba de funcionarios públicos, como por ejemplo, datos de la tarjeta de crédito utilizada para pagar el viaje.

“Al final, Uber decidió ir al choque”. Poco antes del lanzamiento de la aplicación en Argentina y en medio de las negociaciones con la Ciudad, la plana mayor de Uber se dio cita en la cena de Cippec y el CARI (Consejo Argentina para las Relaciones Internacionales, en mayo de 2016) y con Macri presente anunciaron el desembarco a pesar de que no cumplían con la reglamentación porteña. Los funcionarios de la Ciudad se enteraron allí mismo.

La violencia es garantía de éxito

Travis Kalanick, entonces CEO de Uber, en un mensaje a un colega, en 2016, en la previa de una protesta de taxistas en París.

“El señor Kalanick nunca autorizó ni dirigió el programa llamado Greyball para ningún propósito ilegal. El programa fue diseñado y utilizado para proteger a los conductores de Uber del acoso y las agresiones de los taxistas, un hecho desafortunado durante los primeros días de Uber”, respondió a ICIJ el portavoz del exCEO. 

En los últimos años, la empresa ha sido objeto de numerosos fallos judiciales con marchas y contramarchas: jueces que se inclinaron por la legalidad de su operación local y otros que la declararon ilegal. “Los más altos tribunales de la Justicia Nacional, de la Justicia de la Ciudad de Buenos Aires y de la Justicia de la Provincia de Mendoza, como así también la Justicia de la Provincia de Córdoba, han dictado sentencias en favor de la legalidad de Uber y su modelo. De hecho, en la Argentina no hay ninguna sentencia firme en contra de Uber”, afirmó la sede local, que aseguró que “más de 8,4 millones de personas han realizado viajes con la aplicación y más de 460.000 personas han generado ganancias” con Uber en Argentina. 

Macri

Uber había retrasado su desembarco en Argentina por el cepo al dólar. Temían no poder girar sus ganancias al exterior y la asunción de Macri les dio esperanzas.

El 18 de diciembre de 2015, un día después de la primera reunión de los ejecutivos de Uber con autoridades del gobierno de Rodríguez Larreta, Juan de Dios Batiz, méxicano, director de Política Pública de Uber para América Latina, envió un correo electrónico a Presidencia de la Nación, entonces a cargo de Mauricio Macri desde hacía apenas ocho días, según uno de e-mail que componen The Uber Files. El ejecutivo intentó concretar una reunión entre Macri y Kalanick en Davos, Suiza, aprovechando la asistencia del mandatario a la reunión anual del Foro Económico Mundial, en enero de 2016. 

“El motivo de tal solicitud es poder profundizar en la importancia de promover la innovación y la tecnología como motor del desarrollo económico. Como sabrás, Uber está operando a nivel mundial y América Latina no es la excepción. Argentina en particular, está en nuestros planes futuros y también queremos discutirlo”, escribió Batiz.

La respuesta a Batiz llegó el 29 de enero de 2016 y fue escrita por Horacio Reyser. “Asistiré a la Reunión Anual del Foro Económico Mundial 2016 en Davos, Suiza, y me encantaría conocer al Sr. Travis Kalanick. Estoy trabajando con el presidente Mauricio Macri en temas relacionados con inversiones extranjeras. Pedimos disculpas por no haber podido satisfacer su solicitud de reunión con el presidente Mauricio Macri, pero tiene una agenda complicada y estará menos de 48 horas en Davos. Por favor, hágame saber si cree que es posible una reunión para coordinar”. 

Uber entró muy mal en Argentina, como si fuéramos guerrilleros

Batiz informó a Uber de las novedades. Como asesor de Macri, Reyser solía mantener reuniones con directivos de empresas extranjeras, tomaba y canalizaba los intereses y pedidos y evaluaba si debía habilitar otras instancias en el Gobierno, explicó un integrante del círculo del expresidente y allegado a Reyser. “Fue un intercambio a nivel institucional, sin un pedido específico concreto, por lo que no generó de parte de Reyser una interacción con otras dependencias, ministerios o gobiernos locales. La reunión en Davos, finalmente, no se concretó”, ni con Reyser ni con Macri, afirmó la fuente ante la consulta. 

Uber se valió de dos lobbistas con experiencia política en Estados Unidos. Uno de ellos fue Carl Meacham, un lobbista estadounidense que hasta 2013 había sido asesor jefe de los republicanos en el Comité de Relaciones Exteriores del Senado de Estados Unidos. A finales de 2015, asumió como gerente de Asuntos Públicos de Uber para todo el Cono Sur. El segundo, Jim Messina, un ex asesor de Barack Obama que estuvo involucrado en el robo de datos de Facebook (el caso Cambridge Analytica) y que consignaba en su sitio web que asesoraba a Macri, aunque el gobierno de Cambiemos siempre lo negó.

En abril de 2016, Uber envió a una lobbista, Niki Christoff, a reunirse con funcionarios argentinos de la embajada en Washington, según surge de los intercambios de e-mails entre ejecutivos de Uber. Pero terminó recibiendo reproches por el accionar “prepotente” de la compañía, según detalló Meacham en un correo que envió el 26 de abril de 2016 a otros ejecutivos. “Se centraron en un tema principal: Uber no paga impuestos”, detalló.

Las solicitudes para revisar cualquiera de esos documentos, lo que exacerba aún más las preocupaciones sobre la autenticidad de muchos de los documentos originales

Devon Spurgeon. — Portavoz de Kalanick, exCEO de Uber.

“Uber convocó a Messina cuando se cerraron las opciones en la Argentina porque dieron de baja la posibilidad de operar con las tarjetas de crédito VISA. Hubo una conversación con él sobre cómo llegar al presidente Macri para que diera vuelta la situación. El bloqueo para operar con tarjetas VISA fue muy efectivo y, además, podía servir de referencia para otros países donde Uber tenía contrapuntos con los gobiernos. Porque esto fue antes de que Uber desarrollara su UberCash”, contó la persona que conoció la operatorio de la empresa en el país.

Una app offshore

La principal pelea local de Uber a nivel impositivo sigue siendo por el encuadre de los conductores como trabajadores en relación de dependencia, ya que hasta el momento es la única que se ha materializado en una denuncia de la AFIP. 

Durante la gestión de Leandro Cuccioli (marzo 2018-diciembre 2019), Uber mantuvo reuniones con funcionarios del organismo, confirmaron al equipo argentino de ICIJ dos altos exfuncionarios del organismo.

Sin embargo, en el registro público de audiencias del Ejecutivo, sólo quedó registrada una reunión de agosto de 2020, durante la gestión de Mercedes Marcó del Pont, entre el principal abogado tributario de la compañía, Guillermo Tejeiro (Estudio Bomchil), el director de Impuestos de Uber en México y el gerente de políticas para cono sur. Los recibió uno de los subdirectores del organismo, Juan Capello.

“Durante nuestra gestión, nos vinieron a ver. Fue una reunión grande, con abogados. Ellos siempre planteaban que no les correspondía pagar y desde AFIP sostenían que sí”, aseguró Jimena De La Torre, ex número dos de Cuccioli en la AFIP y actual integrante del Consejo de la Magistratura.

La AFIP le reclamó a Uber $55,9 millones en concepto de capital y $109,7 millones en concepto de intereses resarcitorios “por trabajo no registrado, no ingreso de aportes y contribuciones correspondientes a los trabajadores” sólo por el período 2016-2018. La Dirección General de los Recursos de la Seguridad Social determinó que los conductores tienen un vínculo laboral no registrado con la compañía.

La denuncia llegó recién en junio de 2021, cuando el organismo denunció penalmente al grupo económico por la presunta evasión de esos impuestos. Uber lo impugnó e impulsó dos reclamos en sede judicial durante 2022. 

Hasta el momento, ninguna de las tres causas tuvo movimientos significativos, informó una fuente con conocimiento de las causas.

El pago del impuesto a las Ganancias fue una de las discusiones centrales dentro de AFIP, pero Uber logró finalmente un dictamen del ministerio de Hacienda, entonces a cargo de Nicolás Dujovne, que le permitió tributar sólo el 25% de sus ganancias al ser considerada una empresa de los Países Bajos y no una empresa argentina. 

Si bien, para la AFIP, Uber debía pagar impuestos en el país, solicitó considerar si al ser una empresa radicada en Países Bajos no debería aplicarse el convenio que Argentina tiene con ese país para evitar la doble imposición, es decir, evitar que las empresas holandesas que operan en territorio argentino paguen dos veces el mismo impuesto (en su país y en Argentina) y viceversa para las compañías nacionales que operan en ese territorio. Hacienda siguió ese criterio y benefició a la compañía pero ni Uber ni la AFIP ni Dujovne confirmaron si la empresa alguna vez pagó ganancias.

El pago de Impuesto al Valor Agregado (IVA) fue otro punto central. Tres áreas de Hacienda (una división de investigación, la división de Revisión de Recursos y la Dirección de Asesoría Técnica de la Dirección Nacional de Impuestos) determinaron en 2018 que Uber debía tributar, según el dictamen al que accedió el equipo argentino de ICIJ, pero la compañía ni siquiera tiene CUIT desde hace más de cuatro años. “Inactividad por incumplimiento”, dice la constancia de AFIP: “Estado erróneo del domicilio”.

Uber nació en 2009, en San Francisco, Estados Unidos. Comenzó empleando a unos pocos expertos en tecnología y para 2014 aterrizó en Europa. 

En Europa, la empresa eligió Ámsterdam como sede central, impulsada, en gran parte, por las oportunidades que los Países Bajos ofrecían a las empresas transnacionales para evadir impuestos. La facturación de otras ciudades europeas, como Londres, se enrutó a través de los Países Bajos y se estableció una estructura elaborada de empresas ficticias para minimizar las ganancias imponibles. En Argentina, desde Buenos Aires a Mendoza, también se utilizó esa red de sociedades.

Durante nuestra gestión, nos vinieron a ver. Fue una reunión grande, con abogados. Ellos siempre planteaban que no les correspondía pagar

Jimena De La Torre. — Ex número dos de la AFIP (Cambiemos).

En los archivos filtrados de Uber, los Países Bajos aparecen repetidamente en referencia a cómo eludir impuestos en el mundo. Los documentos incluyen a Rachel Whetstone, jefa global de política/comunicaciones de Uber, describiendo sus ideas sobre cómo reestructurar para evitar impuestos, luego de que la revista Fortune publicara una investigación revelando estas estructuras societarias.

Tanto en los Países Bajos como en Argentina, Uber se inscribió como Sociedad de Responsabilidad Limitada (SRL). Uber Argentina SRL declaró dos socios: Uber International Holding BV (10%) y Uber International BV (90%), ambas constituidas en los Países Bajos. BV significa “Besloten Vennootschap”: es la versión holandesa y belga de una sociedad de responsabilidad limitada privada.

La principal accionista de Uber en Argentina -Uber International BV- es a su vez propiedad de otra compañía, Uber Technologies INC, radicada en Delaware, un estado considerado un paraíso fiscal dentro de Estados Unidos.

Como la aplicación de Uber es controlada por una de las empresas radicadas en los Países Bajos, la compañía argumenta que “el pago de impuestos correspondía a los contratistas”, es decir, a los conductores, según explicó la fuente con conocimiento directo de la operatoria de Uber en Argentina. Ese mismo esquema se repetía en el resto del mundo a pesar de las ganancias millonarias de la compañía. Sólo en el primer trimestre de 2022, Uber registró ingresos por US$6.854 millones en todo el mundo, según declaró a sus inversores en la bolsa de Nueva York.

*El equipo argentino de The Uber Files está integrado por Hugo Alconada Mon, Maia Jastreblansky y Ricardo Brom (La Nación); Mariel Fitz Patrick, Sandra Crucianelli e Iván Ruiz (Infobae); y Emilia Delfino (elDiarioAR).

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ED

En enero de 2017, Nicolás Dujovne hizo encender las alarmas de Alemán, Cordero, Galindo & Lee (Alcogal), el estudio panameño que brinda servicios offshore a corporaciones multinacionales, inversionistas y personas de alto patrimonio en América Latina. El economista acababa de asumir como ministro de Hacienda del gobierno de Mauricio Macri y el bufete activó sus alertas internas: tenían al funcionario argentino en sus registros internos de clientes y personas asociadas. Dujovne niega tajantemente haber sido cliente de Alcogal.

En agosto de 2016, el estudio Alcogal registró la sociedad Silveray Corporation a nombre de los padres del futuro ministro, Bernardo y Silvia. La compañía se radicó en Belice, en América Central, según consta en Pandora Papers, la nueva filtración global del Consorcio Internacional de Periodistas de Investigación (ICIJ, por sus siglas en inglés) que integra elDiarioAR junto con La Nación e Infobae*.

“A los fines impositivos, el 100% de las acciones (de Silveray Corporation) pertenecen a su madre, Silvia. La tenencia accionaria de los padres de Nicolás se encuentra declarada ante la AFIP y tributa acorde a ello todos los años”, indicó su vocero del exfuncionario ante la consulta del equipo argentino de ICIJ.

Alcogal emitió un certificado de acciones a favor del matrimonio, que comunicó dos domicilios en Buenos Aires y Punta del Este, y los inscribió como “copropietarios con derecho de supervivencia”, una figura que se utiliza en las sociedades creadas para ordenar patrimonios y herencias.

Ese mismo 16 de agosto de 2016, Alcogal redactó un poder a favor de Nicolás Dujovne y sus hermanas para que pudieran disponer de los activos que se encontraran dentro de la sociedad offshore de sus padres. La redacción de ese poder fue cuatro meses antes de que fuera designado como ministro de Hacienda.

En el documento, Nicolás Dujovne apareció con su nombre y número de documento de identidad argentino, con la autorización para “actuar individualmente” como apoderado de la sociedad “en cualquiera y todos los países del mundo en relación con sus negocios”, ya fuera para administrar de sus bienes; cobrar rentas, alquileres y dividendos; abrir, gestionar y cerrar cuentas bancarias; o solicitar créditos“, entre otras atribuciones. 

A los fines impositivos, el 100% de las acciones (de Silveray Corporation) pertenecen a su madre. La tenencia accionaria de los padres de Nicolás se encuentra declarada ante la AFIP y tributa acorde a ello todos los años.

Ese poder que consta en los registros de Pandora Papers no lleva las firmas de Dujovne ni de sus hermanas. Según indicó el exfuncionario ante la consulta del equipo argentino de ICIJ, el documento jamás se firmó y el poder nunca se ejecutó. El exfuncionario dijo que por ese motivo jamás fue apoderado de Silveray Corporation ni se presentó ese documento ante entidad bancaria alguna.

“Nicolás no es propietario ni beneficiario final de la sociedad”, indicó su vocero. “En 2016, los padres de Nicolas, debido a su edad, consideraron nombrar como apoderados a sus hijos y solicitaron a [Alcogal] la redacción de dicho poder. No obstante, nunca se llegó a firmar ni a ejecutar, por lo que ni Nicolás ni sus hermanas fueron finalmente apoderados de dicha sociedad”.

“Como es de público conocimiento”, abundó el vocero de Nicolás Dujovne, “un poder o cualquier otro acto jurídico no existe hasta que no es firmado, cosa que nunca sucedió en este caso. Más tarde, la decisión de mantenerse al margen del manejo societario fue reforzada luego por la designación de Nicolás como ministro de Hacienda”.

Persona Políticamente Expuesta

El estudio Alcogal activó el protocolo interno frente a Personas Políticamente Expuestas (PEP), a fin de protegerse de eventuales problemas legales o reputacionales.

Esas medidas preventivas quedaron registradas en un documento titulado “PEP and High Risk” y en el que los ejecutivos del bufete identificaron a 400 personas políticamente expuestas (PEP) y de alto riesgo que estaban vinculados al bufete como clientes o asociados a una sociedad offshore gestionada por ellos.

Nicolás Dujovne aparece en la línea 245 del listado, identificado como “Apoderado” de la sociedad Silveray Corporation y en la columna “date” –es decir, fecha“- aparece el 11 de enero de 2017, un día después de su asunción como ministro.

Al completar los datos del entonces ministro, en la columna sobre “Personas Políticamente Expuestas”, Alcogal anotó “sí”; en la columna sobre “Nivel de Riesgo”, le asignó la calificación “alto”; y en la columna destinada a “Listado de OFAC”, redactó “no”. Es decir, que se verificó que Dujovne no figuraba en la lista del Departamento del Tesoro de Estados Unidos con países, terroristas y narcotraficantes sancionables de acuerdo a las leyes estadounidenses.

El documento interno de Alcogal señaló, además, que “Silveray Corporation” continuaba activa –al menos al momento de la elaboración de ese listado-, y que el estudio uruguayo RGS Consultores sirvió de enlace entre la familia Dujovne.

La información fue volcada al listado por Lorena Vega, quien se identifica a sí misma como supervisora antilavado del estudio panameño. En la columna “comentarios / acciones” anotó: “Se activaron las alertas”.

“El poder nunca fue presentado -lo cual es lógico dado que nunca se firmó- y por lo tanto no une a Nicolás ninguna relación con esa cuenta ni esa compañía, más allá de que se trata de bienes de sus padres”, indicó el exministro a través de un vocero. “Alcogal se adhiere a todos los requisitos legales en la prestación de servicios corporativos y de formación de empresas, en pleno cumplimiento de todos los requisitos aplicables en todas las jurisdicciones en las que operamos”, dijo la firma ante la consulta de ICIJ.

*El equipo argentino de Pandora Papers está integrado por Hugo Alconada Mon, Maia Jastreblansky y Ricardo Brom (La Nación); Mariel Fitz Patrick, Sandra Crucianelli e Iván Ruiz (Infobae); y Emilia Delfino (elDiarioAR).

Pandora Papers es una colaboración global entre @elDiarioAR y el Consorcio Internacional de Periodistas de Investigación (@ICIJorg) sin fines de lucro. Si te gusta el periodismo como este, haz una donación al ICIJ para apoyarlo.

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ED

No existe una mirada unificada en la oposición sobre el principal problema de la Argentina. Tampoco, un referente validado por las distintas tribus de Juntos por el Cambio. Ni siquiera al interior del PRO. Pero sí ya hay voces que se imponen al interior de cada grupo. Dentro del larretismo, el economista que pica en punta es Hernán Lacunza. El exministro de Economía de María Eugenia Vidal está preparando junto a su equipo una suerte de plan tentativo para el 2023. El programa encierra una serie de hipótesis por demás optimistas. Las principales son dos: que efectivamente Horacio Rodríguez Larreta se consagre presidente y que el ajuste, que considera entre necesario e inevitable, lo realice el gobierno de Alberto Fernández en los próximos dos años.

“El 2023 depende mucho de condiciones que hoy no están claras, con una dinámica muy errática del programa actual”, se atajan cerca de Lacunza. Pero lo cierto es que el actual director de la consultora privada Empiria se reúne cada dos semanas con el alcalde porteño y le organiza encuentros con otros economistas, con empresarios y potenciales inversores. El establishment argentino todavía tiene bajo estudio a Larreta. Lo mira con una mezcla de ilusión y desconfianza, tras la experiencia fallida de Mauricio Macri. El alcalde está obligado a un juego de contrastes doble: con el kirchnerismo, pero también con el macrismo. Tiene que probar que su aventura sería distinta a la de su exjefe.

El miércoles pasado, el candidato a diputado Diego Santilli rindió examen ante los empresarios decepcionados con Macri. El embajador larreteano en la Provincia almorzó en el hotel Alvear, invitado por el Consejo Interamericano de Comercio y Producción (Cicyp). Los escuchó atentamente la élite económica de la Argentina: Alejandro Bulgheroni, accionista de Pan American Energy (PAE); los presidentes de la Cámara Argentina de Comercio (CAC), Mario Grinman, de la Unión Industrial Argentina (UIA) y del Cicyp, Daniel Funes de Rioja, y de la Bolsa de Comercio, Adelmo Gabbi, entre otros.

Ahí, el exvice de Rodríguez Larreta prometió bajar impuestos, reducir el Estado a tres funciones esenciales y cambiar la legislación laboral. Cuando le preguntaron si apoyará un acuerdo entre el gobierno y el FMI (en su futuro papel de diputado le tocará votar ese arreglo), respondió afirmativamente. Argumentó de forma algo somera que será lo que le “sirva a la Argentina”.

“No acordar no es una opción”, coincide Lacunza. En ese punto hay un consenso genérico entre los dirigentes que piensan el panorama económico en Juntos por el Cambio. ¿Quiénes? El senador Martín Lousteau y el candidato a diputado por la Capital Martín Tetaz, ambos militantes del bando radical. También, los mauricistas: el exministro de Hacienda Nicolás Dujovne, el diputado y expresidente de la Comisión de Presupuesto Luciano Laspina y el ex presidente del Banco Central, Guido Sandleris. Los tres, más Lacunza comparten un grupo de whatsapp. Ahí pingponenan sobre la agenda de la política económica, con muchos acuerdos pero a su vez con disidencias. 

Nico, el socio macrista del silencio

Dujovne es el único de los cuatro que mantiene un perfil bajo. Los consejos a su amigo Macri son el hilo que une al excolumnista televisivo de Carlos Pagni con la política. Con Rodríguez Larreta no tiene trato alguno. Dujovne quedó muy asociado al derrumbe final de Macri, y el alcalde lo sabe perfectamente. Por fuera de esa línea de diálogo permanente con el expresidente, el exministro está retirado y dedicado exclusivamente a sus negocios. Es socio del exsecretario de Hacienda y Crédito Público de México, José Antonio González Anaya, en un fondo de inversión que se especializa en los mercados emergentes. En concreto, administran el dinero de distintas personas (millonarias) y compañías.

El exministro de Macri conoció a su actual socio en julio de 2018. Fue durante uno de los encuentros previos a la cumbre central del G-20 realizada en Buenos Aires. El gobierno de Cambiemos ya había pedido el auxilio desesperado del FMI, en lo que sería el principio del fin.

Días atrás fue retratado, en una foto de celular al paso, junto a Macri en Miami. Cenaban en el restaurante Cipriani, de la Florida. “Coincidieron en Miami y arreglaron para verse. Son muy amigos”, explican cerca de Dujovne. Si bien vive en el barrio de Belgrano, el inversor a su vez alterna entre Nueva York y Punta del Este. 

Hace dos semanas hizo un alto en su hermetismo público. Aceptó darle una entrevista a Clarín. “No es cierto que haga falta un acuerdo nacional para un acuerdo con el FMI. El Fondo quiere sólo reaseguros políticos, que el país vaya en una dirección compatible con un programa sólido y no qué piensa la oposición”, opinó Dujovne. El asesor en finanzas además aseguró que el programa acordado a las apuradas con el FMI “sí funcionó”.

“El dilema es qué tipo y calidad de acuerdo vas a tener”, plantea Lacunza. En Radio La Red el principal consiglieri económico de Larreta y María Eugenia Vidal pronosticó que tanto “el deudor como el acreedor están tratando de estirar los plazos. Va a ser un acuerdo liviano, donde se posterguen vencimientos. El Fondo no gatillará la crisis y el gobierno no querrá hacer el ajuste. El mérito será no caer en una crisis durante el verano, pero no tendrá la virtud del largo plazo. Vamos a estirar la agonía”.  

Lacunza y su plan para Larreta 2023

Autor intelectual del cepo a la compra de dólares sobre el final del ciclo macrista (asumió una semana después de la de derrota de las PASO en agosto de 2019), Lacunza no trabaja solo en el plan que proyecta para el 2023. Lo acompañan otros economistas. La única mujer es su exjefa de Gabinete y candidata a legisladora Milagros Gismondi. También el hermano de Milagros, Francisco Gismondi, socio de Lacunza en Empiria. 

Semanas atrás, Francisco Gismondi publicó un artículo en la revista digital Seúl. El socio de Lacunza lo tituló “Bajar la inflación llevará (muchos) años”. Ahí, en contraste pleno con el voluntarismo que exhibía Macri en 2015, expuso que “si el actual gobierno, el que venga después o el que finalmente se decida a bajar la cree que se puede hacer rápido o fácil, va a tener problemas, como los tuvo el gobierno de Cambiemos”. Se trata de un abordaje gradualista al problema crónico de la inflación.

A mitad de camino entre la praxis política y la reflexión economía se ubica Luciano Laspina. El diputado santafesino es otro de los economistas que está preparando un equipo para el 2023. Según su revisión histórica, desde la vuelta de la democracia sólo hubo dos planes económicos integrales: el Austral alfonsinista y la Convertibilidad de Carlos Menem. El objetivo de Laspina es ser el autor intelectual del tercero, aunque con desenlaces menos traumáticos que los dos de los anteriores.  

Si bien anticipa su voto afirmativo a un cierre de la negociación con el FMI, Laspina quiere analizar la letra chica del pacto. Pretende que el acuerdo implique un cambio radical en la política fiscal, tarifaria, monetaria y de equilibrio externo. Sin demasiadas ilusiones, espera que Alberto Fernández encare un ajuste después de las legislativas del 14 de noviembre y rumbo al 2023. Pese a reconocer el liderazgo de Macri, el diputado y economista es un interlocutor ecuménico de larretistas y radicales. 

Las cuatro voces radicales

En la UCR existen al menos cuatro voceros sobre la situación económica. Hubo dos que se sumaron en los últimos meses y por la vía electoral: los candidatos a diputados por la Capital Martín Tetaz y el exministro aliancista Ricardo López Murphy. Si bien por ahora están enfocados en los debates de campaña, por momentos más chicaneros que conceptuales, después de las elecciones se aplicarán a las mesas de análisis sobre el rumbo general. El tercer radical es un líbero que coqueteó con ser candidato en Tucumán: Alfonso Prat-Gay, el primer ministro de Hacienda y Finanzas de Macri, antecesor de Dujovne y de Lacunza. 

“Está todo un poco anárquico, pero escuchamos a Alfonso, también a Carlos Melconián y a Lacunza”, reconoce un dirigente radical. Melconián es un free rider consultado por casi toda la oposición. Pero no participa de ningún espacio orgánico. “Es mejor negocio sonar como candidato a ministro que efectivamente serlo”, le dedica un macrista con malicia. Melconián todavía está resentido por su salida del gobierno en 2017. “No renuncié al Banco Nación, me rajaron”, se quejó mientras cenaba con Juanita Viale. 

Con perfil y ambiciones más políticas que técnicas, Martín Lousteau es otro referente del cambiemismo. Con Rodríguez Larreta almuerza una vez por semana en la sede de gobierno de Uspallata. Cambian figuritas sobre la coyuntura, pero también sobre la macro. Si antes de las PASO el senador planteaba la necesidad de incluir a la económica entre los ejes de campaña, ahora el exministro de Cristina Kirchner insiste con más énfasis. “El lunes siguiente a las elecciones tenemos que afinar un programa que reconozca equivocaciones, trace un diagnóstico claro y señale un camino de salida. Y se lo tenemos que mostrar a la sociedad”, revelan cerca de Lousteau. 

Anotado para suceder a Larreta en la Ciudad, el senador cuenta con una troupe de economistas. El más conocido del grupo es Guido Lorenzo, director de la consultora LCG, fundada por Lousteau. “Es en la cuestión económica que se encuentra la contradicción más evidente, la que aún parece no poder resolver Cristina Fernández: no se puede aumentar el déficit y al mismo tiempo reducir la deuda y bajar la inflación”, desgrana un informe reciente de LCG.

Pesimistas de trazo grueso respecto a lo que se viene, la familia de economistas está a la espera del escenario post-electoral. Pretenden que el Frente de Todos zanje su interna abierta respecto al rumbo macro. Pero no son neutrales ante esa pulseada. Los cambiemitas hinchan sin disimulo para que se imponga la línea de la austeridad y el ajuste antes de 2023. 

AF

El procurador del Tesoro, Carlos Zannini, prepara el terreno para demandar civil y económicamente al expresidente Mauricio Macri y exmiembros de su gabinete por el acuerdo de 2018 con el Fondo Monetario Internacional (FMI), según confirmaron a elDiarioAR tres fuentes con acceso directo al caso. El gobierno de Alberto Fernández sostiene que el exmandatario y sus colaboradores participaron de una presunta defraudación multimillonaria a las arcas públicas, acusación que niegan desde la oposición.

Como jefe de los abogados del Estado, Zannini realizó una presentación ante la jueza que investiga el caso, María Eugenia Capuchetti, solicitando que la magistrada acepte a la Procuración como actor civil en la causa penal. La jueza aceptó el pedido este miércoles, confirmó una fuente judicial, lo que le permite al Ejecutivo demandar por resarcimiento económico a Macri y a otros investigados en la causa si es que la Justicia penal da por probada la hipótesis criminal.

La cifra de la demanda civil aún está en estudio, respondió una fuente directa del caso a este medio. El crédito con el FMI fue por unos US$45.000 millones. 

Por este caso, el fiscal Franco Picardi imputó por los presuntos delitos de administración fraudulenta y defraudación contra la administración pública a Macri y cuatro de sus exfuncionarios: los exministros Nicolás Dujovne (Hacienda) y Luis Caputo (Finanzas) y los extitulares del Banco Central de la República Argentina (BCRA) Adolfo Sturzenegger y Guido Sandleris. Todos o algunos de ellos podrían ser alcanzados por la demanda civil y el eventual pedido de reparación económica al Estado.

El Gobierno ha demostrado un especial interés en este expediente. La causa data de 2019 pero en marzo fue reimpulsada por el Ejecutivo, que presentó una querella criminal a través de la Oficina Anticorrupción (OA) y que había sido anunciada por Fernández en el Congreso. La medida solicitada por Zannini llega además en medio de las negociaciones de la actual administración con el FMI para un posible nuevo acuerdo. No hay denuncias del Ejecutivo contra miembros del organismo internacional por este caso. Ninguno, además, fue imputado en la causa.

La jueza Capuchetti y el fiscal Picardi deben establecer si el acuerdo con el FMI en 2018 implicó conductas delictivas de los funcionarios responsables o si se trató de una “mala política económica”, sostuvo una fuente judicial con acceso directo al expediente. El fiscal solicitó que se realice un peritaje multidisciplinario para intentar determinar si los hechos configuran la comisión de delitos penales, explicó la fuente.

La denuncia

En marzo, la OA aportó a la causa informes técnicos y jurídicos del Banco Central y la Sindicatura General de la Nación (Sigen) como supuestas pruebas de que los exfuncionarios de Cambiemos destinaron el préstamo del organismo internacional de crédito al pago de títulos de deuda Lebacs adquiridos por individual que luego habrían fugado esos dólares al exterior. 

La querella oficial denunció que el gobierno de Cambiemos ejecutó “un programa criminal destinado a generar ingentes ganancias finales en dólares a personas físicas y jurídicas, las que fueron solventadas mediante el endeudamiento externo contraído por el Estado Nacional”, que, dice la denuncia, “en los próximos años deberá afrontar el pago de enormes cuotas del capital y sus intereses, circunstancia que implicó una transferencia extraordinaria, indebida y fraudulenta de activos desde el sector público hacia una parte del sector privado”. La jueza ya solicitó a la Comisión Nacional de Valores (CNV) que informe quiénes son los individuos y sociedades que se habrían beneficiado con esta operación financiera durante el gobierno de Macri.

“La primera mentira fundamental que hoy baten es el crédito del FMI. Los que dicen que se fugaron la plata y se la llevaron los amigos de Macri, la deuda es la misma. No es que debemos 50.000 millones más. ¿Por qué? Porque bajamos el déficit”, se defendió este lunes el expresidente en una entrevista con Joaquín Morales Solá en su programa Desde el Llano. “El FMI no es un banco comercial. Creían en el rumbo que habíamos tomado, por algo nos dieron la presidencia del G20, no de este rejunte que es el Grupo de Puebla”, sostuvo el exmandatario.

El actor civil

El organismo que encabeza Zannini ya era querellante en el expediente pero la figura del actor civil le permite iniciar una demanda contra los acusados del caso penal en buscar del resarcimiento económico y buscar que Macri y sus exfuncionarios paguen de su bolsillo el supuesto perjuicio al Estado por sus decisiones en torno al préstamo del FMI. 

La figura del actor civil está contemplada en el Código Procesal Penal Federal, pero no suele ser utilizada, confirmaron fuentes judiciales en Comodoro Py.  

La acción puede ser dirigida contra uno o más de los imputados por supuestos daños y perjuicios; permite reclamar medidas cautelares y restituciones, reparaciones e indemnizaciones económicas, según surge de la consulta a la normativa. En este caso, el Tesoro no identificó con nombre y apellido a los posibles demandados pero el Código le permite ir contra cualquiera de los imputados. Una vez constituido como actor civil, el Tesoro debe presentar su demanda en el plazo de tres días. 

ED

Nicolás Dujovne conoció a su actual socio en julio de 2018. Fue durante uno de los encuentros previos a la cumbre central del G-20 realizada en Buenos Aires. Cuatro meses antes del arribo de los veinte presidentes más poderosos del mundo, con Mauricio Macri en el papel de anfitrión orgulloso, se juntaron los Ministros de Finanzas y presidentes de bancos centrales del G-20. 

El macrismo ya había pedido el auxilio desesperado del FMI, en lo que sería el principio del fin, pero todavía sostenía su pretensión de encarnar un gobierno moderno, liberal y perfectamente integrado al tablero mundial. La organización del G-20 en la Capital potenciaba esas ínfulas. 

Dos meses más tarde, en septiembre de 2018, el ministro de Hacienda y Finanzas Dujovne y la directora gerente del Fondo Monetario Internacional, Christine Lagard, anunciarían la aprobación de un crédito por 57.100 millones de dólares. Era el préstamo más alto en la historia del FMI.

En la cita porteña de julio, se multiplicaban las conferencias y los intercambios protocolares. En las charlas de los funcionarios dedicados a la administración de la economía, se debatió sobre la arquitectura financiera internacional y las regulaciones financieras. Dujovne y el secretario de Hacienda y Crédito Público de México, José Antonio González Anaya, coincidieron en la necesidad de profundizar la apertura de la economía internacional.

Conocido como Pepe Toño, González Anaya era el delegado del por entonces presidente mexicano Enrique Peña Nieto, del histórico PRI. Dujovne y Pepe Toño se entendieron rápidamente. Los unió una especie de flechazo ideológico. El secretario de Hacienda de México se había doctorado en la Universidad de Harvard y tenía facilidad para entender la dinámica financiera global. Dujovne, también. Previo a su salto a la política, tentado por Macri, había sido economista jefe del Banco Galicia y había fundado y manejado una consultora financiera.

Dos años y medio después de aquel cruce en el G-20, Dujovne y González Anaya están alejados del poder político. Le sacan el jugo a sus contactos y expertise desde otro ámbito: son socios en un fondo de inversión que se especializa en los mercados emergentes. En concretísimo, le manejan la plata a distintas personas (millonarias) y compañías. 

Los exfuncionarios tienen clientes en Nueva York, Montevideo, México DF y Buenos Aires. Los aconsejan sobre dónde y cuándo invertir, especialmente en los llamados países emergentes. Por ejemplo, Colombia, Chile y Perú. Y ambos se llevan un porcentaje de las ganancias. Dujovne aprovecha su red de contactos con el establishment financiero de los Estados Unidos: desde el tiburón Larry Fink, fundador de BlackRock, el administrador de fondos más importante del mundo, hasta el exsecretario del Tesoro demócrata Larry Summers. Republicanos y demócratas por igual, en ese punto donde las diferencias y matices entre los representantes del poder permanente se vuelven intrascendentes. 

Pese a las restricciones impuestas por la pandemia, Dujovne no tiene inconvenientes para entrar y salir de Uruguay. El exministro tiene cédula uruguaya. ¿Motivo? Tiene una casa en José Ignacio, cerca de Punta del Este. Hijo de los reconocidos arquitectos Silvia Hirsch y Berardo Dujovne, la casa de “Nico” no es un chalet más. Tiene dos pisos y una terraza; está construida en madera y cuenta con detalles de diseño, como sus esquinas curvadas. La imaginó el arquitecto argentino Martín Gómez, creador de las mejores casas de Punta del Este. Valuada en más de un millón de dólares, está ubicada a tres cuadras de uno de los paradores más exclusivos, La Huella. La obra finalizó en 2017. Si bien circularon rumores sobre una supuesta mudanza a Uruguay, con el objetivo de pagar menos impuestos, cerca del economista lo negaron rotundamente. Dujovne sigue haciendo base en el Bajo Belgrano. Pero viaja habitualmente por el mundo para encontrarse con sus clientes. 

La sociedad Dujovne y González Anaya cuenta con una tercera pata: un exbanquero del grupo estadounidense Goldman Sachs. A diferencia de la relación reciente que tiene con el mexicano, Dujovne conocía al banquero de su vida previa como consultor y dueño de su empresa financiera. Casualmente, una de las últimas tareas de Dujovne como ministro de Macri fue encontrarse con inversores de Goldman Sachs en Nueva York. En junio de 2019, les prometió aplicar dos medidas en la Argentina: una reforma laboral y una quita del impuesto a las exportaciones. La única condición previa era que Macri consiguiera la reelección. 

El expresidente mantiene un contacto habitual con Dujovne. Su exministro participa de una mesa de economistas que todavía lo asesora. Son cuatro varones: Dujovne, su sucesor en el ministerio Hernán Lacunza, el ex presidente del Banco Central Guido Sandleris y el diputado Luciano Laspina. El equipo comparte un grupo de WhatsApp, y además realiza teleconferencias con Macri para debatir sobre coyuntura y desgranar los números de la economía argentina. 

Ex columnista de Carlos Pagni en TN, donde nunca le faltaba un pronóstico agorero ni un comentario socarrón, ahora Dujovne prefiere el perfil bajísimo. No da entrevistas, ni acepta charlas off the récord. Su plan es ser la antítesis de otros economistas que pasaron por el Estado y sostienen una hiperpresencia mediática, sin resignar un tono sabiondo, como Carlos Melconian y Martín Redrado. 

Según los macristas que todavía lo tratan, Dujovne guarda cierto respeto por el actual ministro Martín Guzmán. Pero a la vez asegura que el acuerdo con los bonistas privados y el FMI se podría haber concretado de forma más rápida. Sobre la marcha general del gobierno, es previsiblemente pesimista. 

Respecto a los frentes judiciales abiertos durante su gestión, sus amigos aseguran que está tranquilo. Especialmente, después de que la Cámara Federal porteña anulara su procesamiento en septiembre pasado. Poco antes de jubilarse, Rodolfo Canicoba Corral lo había procesado junto a los ex funcionarios macristas Guillermo Dietrich, Bernardo Saravia Frias y Javier Iguacel. El juez investigaba maniobras que beneficiaron a la empresa de peajes Abertis, vinculada al Grupo Macri. Para Dujovne era injusto emparejar sus responsabilidades con las de los otros excompañeros de gabinete. Y así lo dejó explicitado en la causa.

El exministro declaró por zoom ante Rodolfo Canicoba Corral. Antes de presentar un escrito preparado por sus abogados, aseguró: “No tuve ninguna participación en el tema de la renegociación de contratos de concesión de autopistas, que es objeto de investigación en la presente causa. Ello, por la sencilla razón de que se consideró que la ley vigente al momento en que se requirió la participación del Ministerio de Hacienda, no le otorgaba intervención a dicha cartera, cosa que sí sucedía hasta diciembre de 2107. El Ministerio que yo dirigía no emitió ningún juicio de valor, ni tampoco opinó si estaba bien o mal, porque no le correspondía hacerlo, nada más”. Así, se despegó de una de las investigaciones que más preocupan al macrismo.

En su última declaración jurada, Dujovne dijo tener un patrimonio de 275,7 millones de pesos. Era el ministro más rico de la era Macri. Su fortuna incluía 56,5 millones en “títulos y acciones en el exterior”. Una de ellas, Florentine Global, fue registrada en las Islas Vírgenes Británicas. En el 2017 eran $20,6 millones.

La mayor parte de su fortuna estaba registrada en el exterior: dos inmuebles en Uruguay por $37 millones y depósitos en ese país por $ 3,8 millones; $ 56 millones en depósitos en los Estados Unidos y $ 39 millones en el fondo Florentine Global, radicado en las Islas Vírgenes Británicas.

En marzo del 2018, en un seminario realizado en Madrid, Dujovne había pasado un momento incómodo. Fue cuando el moderador del encuentro lo sorprendió con una pregunta que encerraba una crítica apenas solapada: “¿Cómo espera que vayan las inversiones a Argentina si usted mantiene su patrimonio offshore?”. 

Ahora, ya no cuenta con obligaciones legales ni éticas de traer su patrimonio a la Argentina. Si bien no le cierra definitivamente la puerta a la actividad política, prefiere quedarse en las bambalinas de Juntos por el Cambio. El economista asesora de forma part-time Macri, sin desatender su actividad principal: el fondo de inversión que armó tras su excursión por la Rosada.

AF

Esta nota fue actualizada el domingo 10 de enero a las 11.30hs.