La fiscalía que investigó la muerte de un niño de 5 años el año pasado como consecuencia de la ingesta de dióxido de cloro en la localidad de Plottier, en la provincia de Neuquén, resolvió aplicar la “pena natural” al padre y la madre que le suministraron la sustancia en el marco de la pandemia de coronavirus.

“Entendemos que aun cuando dicha conducta fuera reprochable en los términos de un ilícito penal, a título negligente, no puede dejar de destacarse la desproporción que aparejaría el ejercicio de la acción penal en este caso, teniendo en cuenta el daño que ya han sufrido el padre y la madre del niño, por el hecho de haber atravesado el fallecimiento del mismo”, explicó en la resolución el fiscal del caso, Andrés Azar.

Asimismo, sostuvo que “de aplicarse una pena sin referencia a esta pérdida, la respuesta punitiva alcanzaría un quantum que excedería la medida señalada por el principio de proporcionalidad entre delito y pena”.

“La imposición de una pena por parte del Estado resultaría francamente violatoria a los principios constitucionales que la rigen, resultando a las claras, ineficaz a los fines específicos que conlleva la imposición de una sanción”, señaló el fiscal.

En tanto, añadió que “no debe ser ajena a la presente resolución el tipo de delito en el que han incurrido los progenitores del menor víctima: se trata de un homicidio culposo cuya pena conminada en abstracto es de 2 a 5 años, lo que implica que – en casos como el presente en el que carecen de antecedentes condenatorios – de aplicarse una pena, la misma podrá ser de ejecución condicional”.

Por último, Azar indicó que “no puede soslayarse que el suministro del dióxido de cloro de parte del padre y la madre al niño fue en un contexto de pandemia mundial por Covid-19, en el que se circuló información falsa en medios de comunicación y redes sociales, no avalada por las autoridades de Salud, en relación a supuestos métodos de prevención, cura y tratamiento”.

El fiscal resolvió aplicar el criterio de oportunidad de “pena natural”, previsto en el artículo 106 inciso 3 del Código Procesal Penal.

La norma señala que “se podrá prescindir total o parcialmente del ejercicio de la acción penal o limitarla a alguna de las personas que intervinieron en el hecho”, cuando “el imputado haya sufrido a consecuencia del hecho un daño físico o moral grave que torne innecesaria y desproporcionada la aplicación de una pena”.

El caso comenzó a investigarse el 15 de agosto de 2020, cuando el padre y la madre del niño lo llevaron a la guardia del hospital de la localidad neuquina de Plottier porque se sentía mal, luego de haberle suministrado dióxido de cloro.

CRM con información de la agencia Télam

El ministro de Salud porteño, Fernán Quirós, aseguró este miércoles que “si la Anmat no aprueba el dióxido de cloro, está prohibido y no debe aplicarse a humanos en nuestro país”, al referirse a la polémica por la decisión de un juez que ordenó a una clínica aplicar esa sustancia a un paciente con coronavirus, quien finalmente murió.

“La Argentina tiene un organismo de gran prestigio, que es la Anmat, con gente muy calificada y amplia experiencia en la evaluación de nuevas tecnologías, medicamentos y vacunas. Por eso debemos comprender que más allá de lo que nosotros podamos sentir o pensar sobre que tratamientos son mas útiles que cuales en diferentes enfermedades, debemos actuar en base a las recomendaciones de la Anmat”, explicó.

Durante la conferencia de prensa sobre la situación epidemiológica en la Ciudad, Quirós reiteró que el organismo nacional es quien recomienda utilizar determinado producto “en base a la evidencia científica y ese tratamiento no está aprobado por la Anmat, está prohibido en la Argentina. Si la Anmat no aprueba el medicamento, no debe aplicarse a humanos”.

Por otra parte, el funcionario porteño fue consultado sobre la complicación del comienzo de las clases presenciales ante un rebrote, y explicó que “la mayoría de los países tiene la misma mirada, la contagiosidad de los niños a los adultos es inferior a la contagiosidad promedio, pero el daño a los niños por no tener actividades presenciales es muy alto, y creemos que tenemos que empezar las clases con la mayor presencialidad posible”.

Vacunación

Sobre el plan para aplicar las vacunas Sputnik V, Quirós manifestó que “si bien hay un debate internacional en EEUU e Inglaterra sobre cómo aplicar de manera más eficaz las vacunas que tienen ambas dosis con el mismo componente, lo que voy a decir no aplica sobre la vacuna rusa porque tiene diferentes componentes”.

“Las vacunas han sido evaluadas experimentalmente en la fase 3, y se hizo de manera acelerada porque tomamos decisiones con cortes interinos, es decir no está terminada la fase, por eso digo que es poco prudente cambiar la modalidades que se ha evaluado, es preferible cumplir con los esquemas tal cual fueron investigados”, precisó el ministro de Salud porteño.

Al respecto, aseguró que “nos confirmaron que vamos a tener el segundo componente de las 24 mil que correspondieron a la Ciudad, que son exclusivamente para trabajadores de salud”.

NB con información de agencias.

El juez federal Javier Pico Terrero fue denunciado penalmente hoy por “intromisión en decisiones que son ajenas al derecho y propias de la ciencia médica” tras haber admitido como válida la medida cautelar que ordenó al Sanatorio Otamendi y Miroli a tratar con dióxido de cloro a un paciente en estado crítico con coronavirus y que “podrían haber tenido injerencia” en el fallecimiento de un hombre de 92 años, indicaron fuentes judiciales.

La presentación, realizada por el abogado Vadim Mischanchuk ante el Juzgado Nacional en lo Criminal y Correccional N° 58, señala que se investigue “la posible comisión de una mala praxis jurídica por intromisión en decisiones que son ajenas al derecho y propias de la ciencia médica”.

Según la denuncia, la mala praxis jurídica pudo haber tenido injerencia en el fallecimiento de Oscar Jorge García Rúa “a partir de la orden de aplicar tratamientos médicos no autorizados por la Anmat, sin estudios científicos de eficacia comprobada y sin ensayos clínicos conforme lo establece la legislación vigente en nuestro país”.

“No se debe judicializar la medicina, se deben respetar los criterios médicos que tengan aval científico y respaldo en las asociaciones médicas y sociedades científicas reconocidas legalmente”, continúa.

Mischanchuk recordó que el magistrado hizo lugar a la presentación judicial realizada por el hijastro del fallecido para que reciba “urgente la administración de nebulizaciones de ibuprofeno de sodio y la aplicación de dióxido de cloro”, y ordenó al sanatorio porteño a “garantizar la implementación de los tratamientos prescriptos por su médico tratante”.

El letrado alertó que “la decisión judicial podría sentar jurisprudencia para recetar tratamientos que no están autorizados por las entidades regulatorias correspondientes”.

“Resulta imperioso saber si la decisión del magistrado se basó en evidencia científica o, si por el contrario, estamos frente a una posible intromisión por parte de un hombre de derecho en la ciencia médica”, apuntó la denuncia.

Además, señaló que debe determinarse “si la orden del magistrado fue cumplida, en qué dosis se habría administrado la terapéutica y quién proveyó los productos para establecer si ello guarda relación con el lamentable óbito del paciente”.

La decisión de un juez de obligar al Sanatorio Otamendi a suministrar dióxido de cloro a un paciente internado con Covid-19 despertó polémica en el ámbito médico. La sustancia, que es promocionada como cura en redes sociales o incluso por algunos personajes mediáticos, es muy peligrosa y puede ocasionar graves daños a la salud. Autoridades y organismos de salud locales e internacionales advirtieron ya en múltiples ocasiones en contra de su uso.

El pedido a la Justicia para la administración del dióxido de cloro llegó de parte del hijo de la mujer del paciente, que también estaba hospitalizada con coronavirus y falleció la semana pasada. El juez federal subrogante Javier Pico Terrero, del Juzgado Civil y Comercial Federal N° 7, dio lugar a la solicitud y consideró que “la cobertura de los tratamientos indicados no ocasionaría un grave perjuicio para la demandada, pero evita, en cambio, el agravamiento de las condiciones de vida de la actora”.

La medida cautelar obligó a la institución a “garantizar la implementación de los tratamientos prescriptos por su médico tratante”. El Otamendi apeló la decisión y, según dijeron desde el sanatorio a Infobae, “están totalmente en contra de suministrar este tipo de sustancia”.

“Esto es un calamidad, es un escándalo jurídico y médico”, manifestó el abogado Ignacio Maglio, presidente del Comité de Bioética de la Fundación Huésped, a radio La Red. Maglio dijo que, pese a que la sustancia ya fue administrada el sábado, espera que el fallo no quede firme. “Creo que esto linda con un caso de mala praxis judicial, porque es absolutamente inaudito en la historia judicial argentina que un juez obligue a una institución a aplicar una sustancia explícitamente desaconsejada, tanto por la ANMAT, como la Sociedad Argentina de Infectología”.

En agosto de 2020, en medio de la conmoción que generó el caso de un niño que murió en Neuquén tras consumir dióxido de cloro, la ANMAT recordó que esta sustancia no estaba autorizada para su comercialización y uso y destacó, en base a un informe de la Organización Panamericana de la Salud (OPS), que si es ingerida puede causar “irritación en el esófago y estómago, dolor abdominal, náuseas, vómitos, diarrea e intoxicaciones severas, entre otras complicaciones”.

Además, advirtió que su inhalación “puede generar edema pulmonar, broncoespasmos, neumonitis química y edema de glotis, entre otras complicaciones respiratorias como bronquitis crónica y erosiones dentales, así como complicaciones en otros órganos del cuerpo”.

La Sociedad Argentina de Infectología (SADI) hizo recomendaciones similares y advierte sobre la toxicidad del dióxido de cloro.

El titular de la SADI, Omar Sued, dijo a Infobae que la noticia del fallo judicial no fue bien recibida por la institución. “Hemos visto muchos casos de muertes por intoxicación de dióxido de cloro y estamos muy preocupados por esta situación. Antes de tomar estas decisiones, los jueces tienen que asesorarse con Sociedades Científicas. La Sociedad Argentina de Infectología pone a disposición a todos sus miembros para poder asesorar a los jueces para que toman decisiones basadas en evidencia”, aseguró.

El jefe de Toxicología del Hospital Fernández, Carlos Damin, también expresó su preocupación por el fallo. “Me preocupa que un juez ordene un tratamiento médico y que además ese tratamiento no esté autorizado por el Ministerio de Salud de la nación, ni por ningún Ministerio de Salud del mundo, me parece mucho más preocupante”, le dijo a Página/12.

“Muchas veces la sociedad le atribuye factores mágicos a algunas sustancias, cuando toda la evidencia científica dice lo contrario. No hay evidencia de que sea efectivo como medicamento. Al revés, tenemos evidencia de lo peligroso que es utilizar esta sustancia cáustica”, explicó.

CB