Los cuerpos habían quedado tirados en la entrada de la villa, en medio de los que pasaban con sus bolsas de las compras. Uno estaba abrazado a su muleta encima de su propio charco de sangre. Le faltaba una pierna. Un perro lo olfateaba. Otro quedó a unos metros, boca abajo. Había querido correr pero las balas lo alcanzaron. Al tercero le dieron en la puerta de su panadería. Pero nada tenía que ver con los motivos de la venganza. Fue la víctima inocente en la disputa por el nuevo reparto de las venta de drogas en la villa 1-11-14 del Bajo Flores. La matanza ocurrió el 7 de enero, en pleno mediodía, sobre la calle Riestra, en uno de los accesos al barrio, donde pasan centenas de personas. Los que investigan hace años a las bandas narcos explican que no fue un tiroteo más en una zona pesada de la Ciudad. Sino que ahora que el histórico jefe narco Marcos Estrada González seguirá en la cárcel por mucho tiempo, comienza la disputa por la sucesión.

Después de un año y medio de juicio oral, a principios de noviembre del año pasado, la megacausa por el narcotráfico en la villa terminó con una pena de 24 años para Marcos. Su esposa Silvana, su suegra “Doña Nely”, y varios de sus lugartenientes de mayor confianza también fueron parte de los 38 condenados en los tribunales de Comodoro Py. Marcos no lo esperaba. Sus abogados lo habían convencido de que no sucedería. Fue entonces que sus rivales olieron sangre. 

Marcos supo acaparar la venta de cocaína, marihuana y paco en el Bajo Flores. Sus guerras de mediados de la década de 2000, con su mayor rival, Alionzo Rutillo Ramos Mariños, alias Ruti, se habían saldado con la partida de este último a la villa 31 y luego con su expulsión a Perú. Marcos, desde la cárcel de Marcos Paz, seguía dirigiendo a sus tropas que estaban en los pasillos de la villa. Para eso contaba con su hermano Fernando Pity Estrada González, alias Pity. Pero con el avance de la causa contra la familia, Pity también huyó a Perú. Así los dos hermanos se dividieron a la distancia el control del negocio. Acordaron repartirse turnos y cada uno gobernaba durante 28 días hasta que se hacía el cambio de guardia. 

El último año, con la villa cerrada por la pandemia, las recaudaciones cayeron. Al no haber tanto dinero para repartir la relación de los hermanos se tensó. Sus soldados en territorio también empezaron a tratarse con aspereza. Los hombres de Pity no recaudaban tanto como los de Marcos. Entonces Pity comenzó a plantear que les extendieran sus turnos. En el sector de Marcos fueron firmes. Los dos mostraron los dientes todo el año pasado pero ninguno cruzó la línea. Hasta que se acercaron las Fiestas.

La madrugada del 20 de diciembre, cuatro hombres de Pity entraron a un pool en la Calle del Sol, a 50 metros de Riestra. Allí, en la mesas del fondo, se emborrachaban tres de los altos mandos de Marcos y un guardaespaldas. Los atacantes habían recibido la orden de tomar el turno por asalto y romper la paz. Llegaron con una ametralladora y comenzaron a disparar. La dueña del lugar y su hijo se tiraron debajo del mostrador. Fueron al menos 27 balas. El número 2 de Marcos recibió siete tiros pero pudo llegar al hospital Pirovano con vida y lo salvaron. Kevin, uno de sus compañeros no tuvo la misma suerte.

Para distintas fuentes, los disparos del 7 de enero fueron la respuesta al primer ataque. Allí murieron dos sospechosos de haberlo planeado: el hombre de las muletas y el que quedó tirado entre la gente. 

Luego del último tiroteo no hubo cambio de turno. La gente de Marcos se quedó con lo que le correspondía a Pity. Para entender la dimensión del volumen recaudado, hace más de un año, en distintas escuchas, los hombres de Marcos se jactaban de haber hecho en una semana 70.000 euros. Eso presume una recaudación diaria cercana al millón de pesos. 

“Los distintos procesos judiciales contra Marcos lo desangraron. Primero la estrategia judicial que le plantearon implicaba mucha plata. Luego, mantenerse en la cárcel y seguir sosteniendo a sus hombres de confianza presos. Todo eso es dinero. Ahora lo necesita más que nunca. Con lo cual la posibilidad de que decida entregar el mando será muy difícil”, explica uno de los funcionarios que acompañó la investigación de la megacausa. 

Si Marcos tiene buena conducta, podría salir en noviembre de 2033. Demasiado tiempo para mantener de manera remota el control de la villa. Los investigadores sostienen que estos episodios son solo el comienzo de la escalada entre los dos hermanos. A eso le suman la amenaza de que aparezca alguien más. 

El negocio de la droga en la villa tiene un largo pacto entre los narcos peruanos y paraguayos. Los segundos tienen un territorio más chico y su negocio es menor. Ninguno pasa la frontera para operar en los lugares del otro. Allí no hay conflicto. Pero en los últimos tiempos apareció un viejo ladero de Marcos, apodado Dumbo, que fue obligado a irse de la 1-11-14 y recaló en el barrio Piedrabuena, en Villa Lugano. Dumbo tiene un grupo que controla la venta de drogas en esa zona pero quiere un mercado más amplio. Por ahora se sienta a esperar que los Estrada González se desgasten entre ellos y quizás entre en escena cuando los encuentre con la guardia baja. Algunos detenidos de su banda confesaron esas intenciones.

Las investigaciones por narcomenudeo tienen cierta complejidad por la competencia del delito. Detenciones de dealers o crímenes como los de diciembre y enero son tomados por la Justicia ordinaria de manera separada. Cuando la instrucción avanza y se determina que los delitos los cometió una organización grande como la de Marcos, esos juzgados suelen declararse incompetentes para que las causas vayan a Comodoro Py. Pero como el narcomenudeo no es delito federal luego regresan al lugar de origen. Solo cuando todos esos casos se enhebran, se agrupan y se relacionan, las causas generan interés en los tribunales de Retiro. Esto es lo que sucedió con la megacausa a cargo de Sergio Torres, que terminó con la condena de noviembre de Marcos y su banda. 

Los procesos contra Marcos comenzaron en 2004. Fue condenado a 4 años y 2 meses de prisión por ser el organizador de una asociación ilícita que vendía drogas, que tenía armas y municiones de guerra. Ocho años después, en 2012, en un juicio abreviado, le dieron 6 años por los mismos delitos. Al año siguiente, otros seis años, por tráfico de estupefacientes. Las tres condenas se unificaron en una única pena de 10 años de prisión. A pesar de eso salió de la cárcel en febrero de 2014 con una condicional anticipada por buena conducta y por haber cumplido con un programa de talleres y estudios. Pero, en 2016, el juez Torres lo detuvo de nuevo en un barrio privado de Ezeiza, al comprobarse que seguía liderando el tráfico de drogas en la villa. Desde entonces no salió más. 

Los últimos tiroteos en la villa trajeron de nuevo a escena las responsabilidades de las distintas fuerzas de seguridad en la zona. La Gendarmería tiene varios puestos de control en las entradas y los alrededores. En charlas con miembros de los comedores o de la parroquia del padre Juan Isasmendi piden más gendarmes, dicen que se precisa más presencia y patrullajes por las calles internas y sostienen que se retiraron agentes. Desde el Ministerio de Seguridad de Nación niegan que haya habido alguna modificación en los operativos de la fuerza. “Tenemos los mismos 750 efectivos de siempre y hacen el mismo trabajo. Sólo una semana, cuando se denunció un abuso de los gendarmes contra unos chicos que no cumplían con la cuarentena, se interrumpió el patrullaje en una zona. Pero eso duró apenas diez días”, sostienen. También advierten que esa versión tiene una interna detrás, que involucra a la Policía de la Ciudad. Para la Nación, esa fuerza debería hacer la vigilancia en el Bajo Flores, al igual que lo hace en el barrio Padre Carlos Mugica, la ex villa 31. La puja es por los hombres, sus sueldos y el costo político de patrullar una zona que sólo va a ocupar lugar en los medios con coberturas indignadas. 

El enfrentamiento por el control de la droga en el Bajo Flores tuvo su capítulo más sangriento en 2005. Marcos y Ruti ya no eran más amigos y sus soldados se enfrentaban en las calles. En octubre de ese año cinco personas -entre ellas un bebé- fueron acribilladas en la procesión del Señor de los Milagros, el santo más venerado del Perú. Entre medio de danzas infantiles, humo de incienso y música popular, sicarios irrumpieron con fuego de metralla y pistolas. Después de esa masacre nada volvió a ser igual. La guerra estalló en los medios y no se la pudo tapar más. Desde entonces ya pasaron más de 15 años.