El narco Marco Antonio “Marcos” Estrada González, quien durante décadas lideró una organización dedicada a la venta de estupefacientes en el barrio porteño 1-11-14 del Bajo Flores, fue expulsado este miércoles a su país, Perú, en un operativo de seguridad especial que incluyó el traslado en helicóptero desde el penal donde estaba alojado.

Estrada González fue trasladado en la madrugada desde el Complejo Penitenciario Federal 2 de Marcos Paz -en el que estaba cumpliendo la pena a 24 años de prisión- hacia el Aeropuerto Internacional de Ezeiza, en medio de un operativo especial que contó con la participación de efectivos de la División Asuntos Migratorios e integrantes del Grupo Especial de Operaciones Federales (GEOF) de la Policía Federal Argentina.

El traslado se realizó bajo un total hermetismo, ante la eventualidad de un intento de fuga o de que el líder narco sufriera un atentado en su contra.

“Creemos que es la única forma que deje de manejar todo desde la cárcel. No puede volver a la Argentina de por vida y si lo hace dentro de los próximos 12 años a través de algún paso irregular y es descubierto, tiene que cumplir toda la condena”, dijo una fuente judicial.

Es que para los investigadores judiciales y policiales, “Marcos” aún seguía manejando desde su celda de la cárcel el negocio de la venta de estupefacientes, los aprietes a comerciantes, la amenazas a vecinos y la violencia en la villa 1-11-14.

“Marcos” estaba detenido en Marcos Paz cumpliendo una condena de 24 años de prisión por los delitos de “narcotráfico y acopio de armas de guerra” y, en principio, el operativo de traslado incluyó ocho móviles con efectivos federales que llegaron al penal bonaerense para llevarlo al aeropuerto.

Pero instantes antes de la partida, y con el objeto de evitar posibles filtraciones, los federales realizaron un cambio de último momento y aterrizaron un helicóptero dentro del complejo carcelario, a bordo del cual subieron a Estrada González y en compañía de un comisario y dos oficiales rumbo a Ezeiza, donde -también bajo custodia federal- tomó un vuelo a Perú.

Según estableció una investigación de la Procuraduría de Narcocriminalidad (Procunar), el líder narco seguía dirigiendo desde prisión una organización dedicada a la venta de drogas en el barrio 1-11-14 de Bajo Flores.

Autorización judicial

Por tal motivo, el 20 de mayo pasado, el Tribunal Oral en lo Criminal Federal (TOF) 3 -el último que lo había condenado en un juicio en el que la acusación estuvo a cargo del fiscal Diego Velasco-, autorizó el extrañamiento (expulsión del país) a Perú de Estrada González, en un fallo en el que le solicitó a la Dirección Nacional de Migraciones que disponga los medios para que realice el traslado del condenado a Lima y que le prohíba de manera permanente el reingreso a Argentina.

Desde entonces, autoridades nacionales, judiciales y policiales comenzaron a elaborar con las fuerzas policiales peruanas el plan para trasladar a “Marcos”, quien apenas pise suelo limeño quedará en total libertad, ya que en ese país no cuenta con causas judiciales en su contra.

El juicio

En un juicio que culminó en noviembre del 2020, en pleno aislamiento por la pandemia del coronavirus, el TOF 3 -el mismo que ahora le otorgó el extrañamiento- había condenado a “Marcos” a una pena de 17 años de prisión, pero se le unificó con una sentencia anterior a 10 años de encierro que había sido dictada en mayo del 2013, por lo que lo condenó a una pena única de 24 años.

Los jueces lo consideraron “organizador de una empresa destinada al tráfico ilícito de sustancias estupefacientes en la que intervinieran más de tres personas” en la villa 1-11-14, también conocido como el barrio Padre Ricciardelli, y coautor de “tenencia ilegal de material explosivo y acopio de armas”.

En el mismo fallo, que fue leído a través de una videoconferencia por el coronavirus y que fue seguida por los imputados desde la cárcel, el tribunal condenó a la esposa de “Marcos”, llamada Silvana Alejandra Salazar, a una pena única de 18 años de cárcel dado que ya cumplía otra a 8.

También condenó a su suegra, Lucía Enríquez Alarcón, alias “Doña Lily”, a la pena de 4 años y 6 meses de cárcel como “partícipe secundaria de tráfico de estupefacientes”.

Para los jueces, quedaron probados los vínculos de los condenados en la preparación, entrega y venta de droga durante alrededor de 12 años, aún luego de la detención de “Marcos”, que se produjo en diciembre de 2016.

“Hubo crisis económicas y cambios de gobierno, pero desde 2009 a 2017, al menos, nada cambió acá”, graficó uno de los investigadores al momento del juicio, quien agregó que “la entrega del dinero producto de la venta implicaba 14 millones de pesos aproximadamente” en cada turno mensual.

Para graficar el alcance del poder de “Marcos” al frente de la narco organización, los investigadores se remontan a junio de 1999, cuando se registró un triple homicidio en el interior de la Villa 1-11-14, en el predio conocido como “Cancha de los Peruanos”, que marcaron “el comienzo de poder de los Estrada González en el interior del asentamiento”.

Con información de Télam

DA

El mapa del narcotráfico en Argentina tiene actualmente tres focos principales, una casta de narcos que está siempre un paso adelante de las autoridades y un Estado incapacitado para coordinar políticas que contengan la problemática, según funcionarios, magistrados y especialistas consultados por elDiarioAR este semana.

Si bien el narcotráfico se extienden en todo el país desde hace décadas, la fotografía que hoy tiene la Procuraduría de Narcocriminalidad (Procunar) muestra tres focos más calientes por el nivel de actividad localizada: Rosario, el Conurbano bonaerense y Misiones, por la frontera con Paraguay y Brasil. 

Otros años, la región noroeste, especialmente Salta y Jujuy, en la frontera con Bolivia, eran uno de los puntos geográficos más problemáticos, y si bien, el narco sigue activo en la zona, distintas investigaciones judiciales pusieron demasiados ojos en la región y habrían aplacado un poco la actividad, confió a este medio uno de los fiscales que trabaja en el territorio. 

En estos tres puntos geográficos (Buenos Aires, Rosario y Misiones), el narco no sólo tiene presencia local sino que las provincias son parte de las rutas del tráfico de cocaína y marihuana, las principales drogas que se comercializan en el país. Rutas entre las provincias y desde países limítrofes. Formosa se suma a la red de rutas, entre otras provincias, según el último informe de gestión de Procunar (2020). Argentina es también ruta hacia Europa para la exportación ilegal.

El análisis de la fiscalía surge de 312 investigaciones en las que la Procunar intervino en 2020, pero también de otras decenas de causas en las que viene interviniendo desde años anteriores. En total, entre 2013 y 2020, participó en 1.794 causas de narcocriminalidad en todo el país.

Lo que más les cuesta a las autoridades es ponerse de acuerdo, según quedó en evidencia en las consultas realizadas. Coordinar políticas entre el Estado Nacional y las provincias, y entre los distintos poderes (Ejecutivo, Legislativo y Judicial) parece una odisea y la consecuencia es el pase de facturas y responsabilidades entre unos y otros.

Las maniobras fueron planificadas o llevadas a cabo desde el interior de los establecimientos penitenciarios.

Informe de la Procuración General de la Nación.

En septiembre último, un informe de la Procuración General de la Nación identificó 19 casos de jefes de bandas narco que seguirían manejando el negocio desde las cárceles del país –tanto federales como provinciales–, donde se encuentran cumpliendo condenas o con prisión preventiva, de acuerdo con el documento publicado en la web oficial.

El informe, en el que participaron cinco fiscales federales de distintos puntos del país, la Procunar, la Procuraduría de Violencia Institucional, la Unidad Fiscal de Ejecución Penal, la Asociación de Fiscales y funcionarios del Ministerio Público Fiscal fue elevado por el procurador Eduardo Casal al Ministerio de Justicia de la Nación, pero desde el Ejecutivo, que tiene bajo su poder el control del Servicio Penitenciario Federal, sostienen que “se toman todas las medidas de prevención posibles dentro de la ley y la Constitución Nacional” y que las restricciones en las cárceles tocaron techo. 

En el documento, los fiscales denunciaron maniobras “concretas de tráfico, transporte y comercialización de estupefacientes y de otros graves delitos vinculados (como el lavado de activos, homicidios, secuestros extorsivos, amenazas, amenazas coactivas o tenencia y tráfico de armas de guerra), que fueron planificadas o llevadas a cabo desde el interior de los establecimientos penitenciarios”.

“Estas personas también habían sido previamente condenadas por haber cometido otros delitos desde el interior de las cárceles y pese a ello pudieron repetir esos patrones de conductas criminales”, sostuvo el informe. Los 19 casos fueron identificados en el informe.

La actividad identificada por los fiscales en cárceles como Ezeiza o Marcos Paz; la Unidad 6 de Rawson; unidades de Chaco, Ciudad de Buenos Aires y Misiones; así como complejos de Salta, Santa Fe y La Matanza, entre otros, no sólo incluye el manejo del negocio narco sino también de “lavado de activos, homicidios, secuestras extorsivos, amenazas coactivas o la tenencia y  tráfico de armas de guerra y municiones”. Los fiscales se basaron en escuchas telefónicas a los investigados, entre otras medidas de prueba en sus respectivas causas. 

“El problema es el territorio”, responden desde el Ejecutivo ante la consulta. “Se realizan requisas en busca de los celulares, se sanciona a los penitenciarios ante presuntas irregularidades y se monitorea con cámaras las 24 horas. El Ejecutivo hace todas las medidas que nos sugieren los fiscales en el documento”, agregó la fuente oficial.

Es el poder Judicial es que tiene que solicitar ese tipo de restricciones al Ejecutivo.

Postura del Ejecutivo ante la consulta sobre el informe de la Procuración.

En el Ejecutivo, contaron el ejemplo de Ariel Máximo “Guille” Cantero, jefe de Los Monos, uno de los 19 líderes señalados en el informe. “Está condenado a 67 años de prisión, le hacen requisas semanales y está alojado solo en un pabellón para 20 plazas, sin contacto con otros detenidos para evitar que los maneje. Lo custodia un grupo especial del Servicio. El año pasado le encontraron un celular y suspendieron y sumariaron a 36 penitenciarios”, respondió la fuente. 

Comunicaciones

Para concretar las maniobras desde las cárceles, los jefes de las bandas, como Los Monos (Rosario), los grupos de Marcos Estrada González en la 1-11-14 (Ciudad y provincia de Buenos Aires) o del Primer Comando de Frontera (Misiones), “utilizaban medios de comunicación (teléfonos celulares y teléfonos de los pabellones)” o lo hacían “a través de personas tanto de adentro como del exterior y hasta coordinación entre personas detenidas en diversos penales”, sostiene el informe. “En algunos casos, no puede dejar de suponerse una posible connivencia de parte de los agentes del servicio penitenciario” en la facilitación o habilitación del uso de teléfonos celulares, indicó el informe de la Procuración.

“En algunos casos, los establecimientos penitenciarios presentaron niveles de seguridad que no resultaron adecuados para prevenir los riesgos inherentes a la peligrosidad de los internos allí alojados”, sostuvieron los fiscales y funcionarios del Ministerio Público Fiscal. 

“Después de encontrarle a Cantero el celular, se puso el teléfono del pabellón en el patio, donde tiene escaso acceso porque lo usaba permanentemente al ser el único en el pabellón. Quitarle acceso total al teléfono del pabellón y prohibirle las visitas es ilegal y anticonstitucional y ningún juez lo solicita formalmente. Es el poder Judicial es que tiene que solicitar ese tipo de restricciones al Ejecutivo”, respondió la fuente gubernamental consultada. 

En los próximos días, el Servicio Penitenciario Federal recibirá también a un hijo de 19 años de Cantero y a su esposa, a quienes alojará en distintas dependencias, confirmó la persona consultada.

El Conurbano

El partido de San Martín, en el norte del Gran Buenos Aires, tiene su propio esquema narco: bandas propias, división y disputa del territorio, según distintas investigaciones fiscales y judiciales. La semana última, fue el centro de las alarmas por el caso de la cocaína adulterada, que le costó la vida a 24 personas y afectó a decenas de consumidores, según actualizó este sábado la agencia Télam. 

Necesitamos reformar la ley de drogas.

Fuente oficial gobierno de la provincia de Buenos Aires.

La primera hipótesis del caso apuntó a un supuesto boicot entre grupos por el control del negocio. Con los días, las autoridades lo descartaron, como publicó elDiarioAR. Surgió la teoría de un error del “cocinero” al cortar la droga con una sustancia que no supo manejar -supuestamente el fentanilo, según las autoridades- y una presunta prueba para introducir este opiáceo que hace estragos en los Estados Unidos y se cobra la vida de decenas de miles de personas.

“No se puede entender la situación actual en la provincia sin explicar primero el quiebre que generó el cambio de la legislación en 2005”, sostuvo una fuente oficial ante la consulta de elDiarioAR. “Fue cuando se desfederalizó la tenencia simple de estupefacientes, y la policía y la Justicia locales pasaron a ocuparse sólo del narcomenudeo, es decir, del narco a baja escala”. 

Entonces, el narcotráfico a gran escala quedó a cargo de los tribunales federales en territorio provincial (Lomas de Zamora, San Martín, Morón, etc. etc.) con intervención de las fuerzas de seguridad federales. “Eso se interpretó como un paso adelante pero hoy creemos que fue un error: se cortaron los grandes procedimientos de drogas”, agregó la fuente, quien asegura que Sergio Berni apuesta a tender nuevamente los puentes entre el ministerio de Seguridad bonaerense y la Justicia federal.

“El resultado fue una enorme caja para la Bonaerense, con control del territorio, y se rompió la cadena de información. En otras provincias, como Córdoba, sucedió algo similar. Necesitamos reformar la ley de drogas”, aseguró la fuente. 

En la Procuración, una fuente respondió: “En algunos puntos de la provincia de Buenos Aires, la coordinación entre Justicia provincial y federal funciona; en otros, no. Se hicieron nueve mesas de intercambio de información desde 2019 entre fiscales provinciales y federales. Los efectos negativos de la desfederización se neutralizan con coordinación. Lo mismo se está haciendo en Salta”, agregó.

Una década caliente

En Rosario, concuerdan con el informe de Procelac: los capos siguen manejando desde las cárceles, reconocieron fuentes consultadas con acceso a las investigaciones.

El narco en Rosario adquirió magnitud hace más de una década, pero comenzó a gestarse a finales de los años 90, explicaron a elDiarioAR fuentes que trabajan diariamente en contacto con la problemática y cuyas identidades se reservan por razones de seguridad. Fue cuando la comunidad internacional estableció restricciones en la importación y comercialización de los precursores químicos en países productores de hoja de coca  (Colombia, Perú y Bolivia) y el narcotráfico buscó la flexibilidad argentina para conseguir estas sustancias clave en la elaboración de la cocaína.

Algunos precursores se utilizaban, por ejemplo, para la industria frigorífica y en Argentina se importaban y comercializaban sin control. Así que el narco trajo las cocinas al sur de Sudamérica: traían la pasta base y la refinaban en el país, donde conseguían con facilidad las otras materias primas.

Rosario ofreció un combo de atracción, profundizó otra fuente consultada en la provincia de Santa Fe: se presupone que primó la posibilidad de entrar y sacar la droga por el puerto, la hidrovía, aviones o tierra; los servicios de profesionales como abogados, contadores y un centro financiero presente por el mercado de cereales; la pobreza; y otra particularidad de la ciudad: es un importante centro urbano pero no es capital de la provincia y por ende no tiene al centro del poder en el territorio.

El narco en la ciudad santafesina no sólo implicaría la comercialización de cocaína y marihuana, tanto para la exportación y, en menor medida, para el consumo interno e interprovincial. Implicaría lavado de dinero dentro del sistema financiero y económico local -comenzó a haber más dinero circulando-; conlleva complicidad en sectores de la policía, la justicia y la política; el desarrollo de otras actividades ilegales como juego clandestino -justamente para el blanqueo de capitales de la droga y la diversificación de los negocios-, la extorsión -impuesto a la protección a comerciantes, por ejemplo-; y sicariato.

Utilizaban medios de comunicación (teléfonos celulares y teléfonos de los pabellones) personas tanto de adentro como del exterior y hasta coordinación entre personas detenidas en diversos penales.

Informe de la Procuración sobre narcocriminalidad en las cárceles.

La pobreza y la posibilidad de hacer dinero rápido convirtieron a Rosario en el foco más caliente de la narcocriminalidad: a muchos jóvenes no les importa si los asesinan antes de los 30 si la alternativa es vivir sumidos en la pobreza otros 50 años. 

Las bandas se distribuyen el territorio pero la gestión de ese territorio es sumamente compleja. El resultado: en 2021, se registraron 241 homicidios en la ciudad, el 67,3% de los asesinatos cometidos en la provincia de Santa Fe, de acuerdo con el Observatorio de Seguridad Pública provincial. La cifra es similar en años anteriores.

Ese número gigante está geográficamente concentrado. Alrededor del 80% de los homicidios se concentraría en un 10% o 15% del territorio de la ciudad: el más pobre, donde controlan las bandas, afirmó una fuente consultada en la provincia. Sin embargo, el lavado de activos se realizaría en las zonas más pudientes, donde hay dinero y donde operan los financistas, abogados y contadores del narco.

Eldorado

La principal preocupación sobre el territorio de Misiones en el Ministerio Público Fiscal surgió por una investigación desarrollada entre septiembre y diciembre de 2020. La Procunar se enfocó en el Primer Comando de Frontera (PCF), una organización narcocriminal transnacional que mantiene vínculos con las facciones de crimen organizado brasileras conocidas como Primer Comando da Capital (PCC), Comando Vermelho y Bala Na Cara, según el último informe de gestión de la fiscalía especializada.  

“La investigación permitió establecer que esta estructura ilícita era comandada por una persona desde el interior del Complejo Penitenciario Nº 1 de Ezeiza, donde se encontraba detenido por tres casos de  homicidio, maniobras de narcotráfico y planes para atentar contra la vida de un juez de instrucción de Posadas, provincia de Misiones, que lo investiga por uno de esos hechos”, informó Procunar. 

Las intervenciones telefónicas permitieron incautar 11.204 kilogramos de marihuana y 32 kilogramos de cocaína en dos meses. “La organización tenía su centro de operación en Misiones, montó una estructura en la zona oeste de la provincia de Buenos Aires y contaba con operadores en la República del Paraguay y el Estado Federativo de Brasil”. 

Ante la consulta de elDiarioAR, en la gobernación de Misiones declinaron dar su versión y sostuvieron que lo que ocurre en las fronteras es responsabilidad de las fuerzas federales.

ED

Los cuerpos habían quedado tirados en la entrada de la villa, en medio de los que pasaban con sus bolsas de las compras. Uno estaba abrazado a su muleta encima de su propio charco de sangre. Le faltaba una pierna. Un perro lo olfateaba. Otro quedó a unos metros, boca abajo. Había querido correr pero las balas lo alcanzaron. Al tercero le dieron en la puerta de su panadería. Pero nada tenía que ver con los motivos de la venganza. Fue la víctima inocente en la disputa por el nuevo reparto de las venta de drogas en la villa 1-11-14 del Bajo Flores. La matanza ocurrió el 7 de enero, en pleno mediodía, sobre la calle Riestra, en uno de los accesos al barrio, donde pasan centenas de personas. Los que investigan hace años a las bandas narcos explican que no fue un tiroteo más en una zona pesada de la Ciudad. Sino que ahora que el histórico jefe narco Marcos Estrada González seguirá en la cárcel por mucho tiempo, comienza la disputa por la sucesión.

Después de un año y medio de juicio oral, a principios de noviembre del año pasado, la megacausa por el narcotráfico en la villa terminó con una pena de 24 años para Marcos. Su esposa Silvana, su suegra “Doña Nely”, y varios de sus lugartenientes de mayor confianza también fueron parte de los 38 condenados en los tribunales de Comodoro Py. Marcos no lo esperaba. Sus abogados lo habían convencido de que no sucedería. Fue entonces que sus rivales olieron sangre. 

Marcos supo acaparar la venta de cocaína, marihuana y paco en el Bajo Flores. Sus guerras de mediados de la década de 2000, con su mayor rival, Alionzo Rutillo Ramos Mariños, alias Ruti, se habían saldado con la partida de este último a la villa 31 y luego con su expulsión a Perú. Marcos, desde la cárcel de Marcos Paz, seguía dirigiendo a sus tropas que estaban en los pasillos de la villa. Para eso contaba con su hermano Fernando Pity Estrada González, alias Pity. Pero con el avance de la causa contra la familia, Pity también huyó a Perú. Así los dos hermanos se dividieron a la distancia el control del negocio. Acordaron repartirse turnos y cada uno gobernaba durante 28 días hasta que se hacía el cambio de guardia. 

El último año, con la villa cerrada por la pandemia, las recaudaciones cayeron. Al no haber tanto dinero para repartir la relación de los hermanos se tensó. Sus soldados en territorio también empezaron a tratarse con aspereza. Los hombres de Pity no recaudaban tanto como los de Marcos. Entonces Pity comenzó a plantear que les extendieran sus turnos. En el sector de Marcos fueron firmes. Los dos mostraron los dientes todo el año pasado pero ninguno cruzó la línea. Hasta que se acercaron las Fiestas.

La madrugada del 20 de diciembre, cuatro hombres de Pity entraron a un pool en la Calle del Sol, a 50 metros de Riestra. Allí, en la mesas del fondo, se emborrachaban tres de los altos mandos de Marcos y un guardaespaldas. Los atacantes habían recibido la orden de tomar el turno por asalto y romper la paz. Llegaron con una ametralladora y comenzaron a disparar. La dueña del lugar y su hijo se tiraron debajo del mostrador. Fueron al menos 27 balas. El número 2 de Marcos recibió siete tiros pero pudo llegar al hospital Pirovano con vida y lo salvaron. Kevin, uno de sus compañeros no tuvo la misma suerte.

Para distintas fuentes, los disparos del 7 de enero fueron la respuesta al primer ataque. Allí murieron dos sospechosos de haberlo planeado: el hombre de las muletas y el que quedó tirado entre la gente. 

Luego del último tiroteo no hubo cambio de turno. La gente de Marcos se quedó con lo que le correspondía a Pity. Para entender la dimensión del volumen recaudado, hace más de un año, en distintas escuchas, los hombres de Marcos se jactaban de haber hecho en una semana 70.000 euros. Eso presume una recaudación diaria cercana al millón de pesos. 

“Los distintos procesos judiciales contra Marcos lo desangraron. Primero la estrategia judicial que le plantearon implicaba mucha plata. Luego, mantenerse en la cárcel y seguir sosteniendo a sus hombres de confianza presos. Todo eso es dinero. Ahora lo necesita más que nunca. Con lo cual la posibilidad de que decida entregar el mando será muy difícil”, explica uno de los funcionarios que acompañó la investigación de la megacausa. 

Si Marcos tiene buena conducta, podría salir en noviembre de 2033. Demasiado tiempo para mantener de manera remota el control de la villa. Los investigadores sostienen que estos episodios son solo el comienzo de la escalada entre los dos hermanos. A eso le suman la amenaza de que aparezca alguien más. 

El negocio de la droga en la villa tiene un largo pacto entre los narcos peruanos y paraguayos. Los segundos tienen un territorio más chico y su negocio es menor. Ninguno pasa la frontera para operar en los lugares del otro. Allí no hay conflicto. Pero en los últimos tiempos apareció un viejo ladero de Marcos, apodado Dumbo, que fue obligado a irse de la 1-11-14 y recaló en el barrio Piedrabuena, en Villa Lugano. Dumbo tiene un grupo que controla la venta de drogas en esa zona pero quiere un mercado más amplio. Por ahora se sienta a esperar que los Estrada González se desgasten entre ellos y quizás entre en escena cuando los encuentre con la guardia baja. Algunos detenidos de su banda confesaron esas intenciones.

Las investigaciones por narcomenudeo tienen cierta complejidad por la competencia del delito. Detenciones de dealers o crímenes como los de diciembre y enero son tomados por la Justicia ordinaria de manera separada. Cuando la instrucción avanza y se determina que los delitos los cometió una organización grande como la de Marcos, esos juzgados suelen declararse incompetentes para que las causas vayan a Comodoro Py. Pero como el narcomenudeo no es delito federal luego regresan al lugar de origen. Solo cuando todos esos casos se enhebran, se agrupan y se relacionan, las causas generan interés en los tribunales de Retiro. Esto es lo que sucedió con la megacausa a cargo de Sergio Torres, que terminó con la condena de noviembre de Marcos y su banda. 

Los procesos contra Marcos comenzaron en 2004. Fue condenado a 4 años y 2 meses de prisión por ser el organizador de una asociación ilícita que vendía drogas, que tenía armas y municiones de guerra. Ocho años después, en 2012, en un juicio abreviado, le dieron 6 años por los mismos delitos. Al año siguiente, otros seis años, por tráfico de estupefacientes. Las tres condenas se unificaron en una única pena de 10 años de prisión. A pesar de eso salió de la cárcel en febrero de 2014 con una condicional anticipada por buena conducta y por haber cumplido con un programa de talleres y estudios. Pero, en 2016, el juez Torres lo detuvo de nuevo en un barrio privado de Ezeiza, al comprobarse que seguía liderando el tráfico de drogas en la villa. Desde entonces no salió más. 

Los últimos tiroteos en la villa trajeron de nuevo a escena las responsabilidades de las distintas fuerzas de seguridad en la zona. La Gendarmería tiene varios puestos de control en las entradas y los alrededores. En charlas con miembros de los comedores o de la parroquia del padre Juan Isasmendi piden más gendarmes, dicen que se precisa más presencia y patrullajes por las calles internas y sostienen que se retiraron agentes. Desde el Ministerio de Seguridad de Nación niegan que haya habido alguna modificación en los operativos de la fuerza. “Tenemos los mismos 750 efectivos de siempre y hacen el mismo trabajo. Sólo una semana, cuando se denunció un abuso de los gendarmes contra unos chicos que no cumplían con la cuarentena, se interrumpió el patrullaje en una zona. Pero eso duró apenas diez días”, sostienen. También advierten que esa versión tiene una interna detrás, que involucra a la Policía de la Ciudad. Para la Nación, esa fuerza debería hacer la vigilancia en el Bajo Flores, al igual que lo hace en el barrio Padre Carlos Mugica, la ex villa 31. La puja es por los hombres, sus sueldos y el costo político de patrullar una zona que sólo va a ocupar lugar en los medios con coberturas indignadas. 

El enfrentamiento por el control de la droga en el Bajo Flores tuvo su capítulo más sangriento en 2005. Marcos y Ruti ya no eran más amigos y sus soldados se enfrentaban en las calles. En octubre de ese año cinco personas -entre ellas un bebé- fueron acribilladas en la procesión del Señor de los Milagros, el santo más venerado del Perú. Entre medio de danzas infantiles, humo de incienso y música popular, sicarios irrumpieron con fuego de metralla y pistolas. Después de esa masacre nada volvió a ser igual. La guerra estalló en los medios y no se la pudo tapar más. Desde entonces ya pasaron más de 15 años.