El primer plenario del Frente de Sindicatos Unidos (FreSU), con más de 1.6000 delegados, resolvió esta tarde, en el Día Internacional de las y los Trabajadores, “seguir dando pelea en las calles y en todos los espacios que sea necesario para defender el conjunto de las y los trabajadores”, reivindicó el derecho a huelga como “herramienta esencial” para defender los derechos laborales y definió que “el salario digno y la distribución de la riqueza” son el primer punto del Programa Unidad, Lucha y Rebeldía para Recuperar la Patria. “Reivindicamos el derecho al trabajo y a un salario mínimo vital y móvil según su definición en el Artículo 14 bis de la Constitución Nacional y el Artículo 116 de la Ley de Contrato de Trabajo, esto es, que asegure a los trabajadores en su jornada legal de trabajo una vida digna, mediante la satisfacción de las 9 necesidades allí contempladas: alimentación adecuada, vivienda digna, educación, vestuario, asistencia sanitaria, transporte, esparcimiento, vacaciones y previsión”, señalaron en el programa, que fue votado a mano alzada durante el acto de cierre, y precisaron que el valor de ese salario debería ser $2,8 millones para un trabajador sin cargas de familia. En la actualidad es de $357.000.

Al cierre del Plenario, el secretario general de la Unión Obrera Metalúgica (UOM), Abel Furlán, afirmó: “Nunca más de aquí hacia el futuro, las y los trabajadores vamos a andar en tinieblas. Tenemos claro el programa, tenemos claro que es lo que tenemos que defender para nosotros, para nuestras familias y para nuestra patria”. “Mientras el Gobierno y los empresarios se reúnen en el Hotel Llao Llao para entregar el país, nosotros nos reunimos en esta contracumbre para defender la soberanía y a los trabajadores”, se refirió a la cita de hombres de negocios con el ministro de Economía, Luis Caputo. Incluso Furlán definió la reunión porteña del FreSU como “contracumbre” del Foro Llao Llao.

“Vamos a recorrer distintas provincias para fundar el FreSU en todo el país para que los trabajadores tengan un lugar donde expresarse”, prometió el metalúrgico. “Eso nos va a permitir empezar a construir ese camino que necesitamos para desembocar en un plan de lucha y en una huelga para decir basta, porque los trabajadores somos los que generamos la riqueza de nuestro país”, agregó Furlán.

El secretario general de la Asociación de Trabajadores del Estado (ATE), Rodolfo Aguiar, dijo que “hay una sola manera de derrotar la reforma laboral, de enterrarla para siempre, es no cumpliéndola en los lugares de trabajo”. “Llamemos a la desobediencia: que nadie pida permiso para hacer una asamblea. Le avisamos al Gobierno y a los patrones, pero sobre todo a las y los trabajadores: hoy iniciamos el camino por la recuperación salarial y no vamos a parar hasta que no nos devuelvan hasta el último peso que nos quitaron.”

El secretario general de la Federación Aceitera y Desmotadora, Daniel Yofra, señaló: “Los compañeros vinieron a buscar una respuesta a la problemática que hoy tiene el movimiento obrero y se la van a llevar: este frente sindical se constituyó y se sigue fortaleciendo pensando en la lucha. Luchar contra este gobierno, contra las patronales y contra la burocracia sindical que nos quiera venir a frenar”. Así fue que apuntó contra la CGT, que por ahora ha basado su estrategia contra la flexibilización laboral en recursos judiciales. Yofra llamó a “prender fuego el país con huelgas” para conseguir mejorar la calidad de vida de los trabajadores.

Del acto de cierre participó también el secretario general de La Fraternidad, Omar Maturano, que recibió la solidaridad del FreSU ante la sanción impuesta por la Secretaría de Trabajo contra el sindicato de maquinistas ferroviarios. “La multa millonaria aplicada por ejercer el derecho de huelga no es una medida administrativa: es un acto de persecución y disciplinamiento contra todo el movimiento obrero. El Gobierno pretende castigar a quienes paran, organizan y reclaman. Pretende instalar el miedo como límite a la acción sindical. No lo vamos a aceptar”, subrayó el FreSU en un comunicado. La multa ocurrió la misma semana en que la revista Noticias reveló que el patrimonio de Maturano creció con propiedades en el exterior, casas, departamentos y autos de alta gama, todos registrados a nombre de su esposa, Fernanda Selva.

“Convocamos a fortalecer la unidad, ampliar el FreSU, multiplicar la organización desde los lugares de trabajo y construir un plan de acción sostenido. Reivindicamos el derecho a la protesta, la huelga y todas las formas legítimas de lucha colectiva como herramientas esenciales para defender al pueblo trabajador”, afirmaron los delegados en el programa. “Reafirmamos una convicción histórica: los sindicatos no somos un obstáculo para salir de la crisis. Somos, en cambio, una herramienta de defensa colectiva, de organización democrática y de transformación social”, subrayó el FreSU en la introducción del programa de este frente conformado por más de 140 organizaciones de las tres centrales obreras entre las que se encuentran UOM, ATE, la Federación Aceitera y Desmotadora, los Aeronáuticos de Pablo Biró, Docentes Universitarios, los Encargados de Edificios de Víctor Santa María, Portuarios, Papeleros, Molineros, Gráficos, Metrodelegados, Curtidores, Visitadores médicos y la Asociación de Personal Jerárquico del Gas. El FreSU también tiene diálogo con otros gremios como el Sindicato de Prensa de Buenos Aires, que viene reclamando por los bajos salarios de todos y cada uno de los diarios.

Precisamente, el pasado lunes se celebró una asamblea de toda la prensa escrita reunida en Sipreba.“ Nuevamente, la aceleración de la inflación del primer trimestre de 2026 de casi el 10%, y que volverá a ser alta en abril, degradó la capacidad de compra de nuestros ingresos”, se advirtió. “Y todas las empresas, grandes, medianas o chicas, incluso los medios que son líderes en lectores, siguen sin dar respuestas acordes al momento que nos toca vivir. Por resolución del plenario, se definió realizar con asambleas, reuniones por sectores y recorridas para hacer escuchar nuestro reclamo salarial y que los medios del sector se dispongan a subir las escalas salariales y atender a la deuda histórica que afrontan con periodistas y trabajadores/as de prensa”, se promovió. El salario básico neto de convenio es de $586.000, algunos diarios lo pagan y otros tampoco superan el $1 millón, menos que $1.100.000 de la paritaria con más empleados, la de comercio.

AR

Los trabajadores llegan al Día del Trabajador con un reclamo que une salario, derechos laborales y costo de vida. La CGT lanzó hace unas semanas la convocatoria a una movilización en Plaza de Mayo para hoy poniendo a los ingresos de las personas, cada vez más hundidos, en el centro de la protesta y un destinatario visible: el gobierno de Javier Milei.

La central obrera pidió marchar con una bandera argentina a partir de las 15 con la consigna “traé tu bandera argentina”.

La marcha coloca al trabajo registrado, el salario justo y los derechos laborales en el centro de la escena sindical. En la convocatoria, la CGT sostiene: “Somos quienes, con nuestra fuerza de trabajo, ponemos en marcha en cada rincón del país el motor de la Argentina”. También afirma que “el salario es dignidad y no variable de ajuste”. La frase ordena el sentido político de la movilización: el conflicto no gira sólo alrededor de una ley o de una disputa judicial, sino de cuánto vale el trabajo en una economía donde los ingresos pierden contra precios que siguen altos.

La central obrera llega a Plaza de Mayo después de una semana con novedades judiciales para la reforma laboral. La Sala IV de la Cámara Contencioso Administrativo Federal concedió el pedido del Gobierno para que la causa iniciada por la CGT contra la ley pase del fuero laboral al Contencioso Administrativo. Desde la CGT preparan una apelación y sostienen que el conflicto de competencia puede terminar en la Corte Suprema.

Ese expediente define más que un trámite entre fueros. La discusión judicial alcanza la vigencia de la reforma laboral impulsada por Milei. El 30 de marzo, la CGT obtuvo una cautelar que suspendió 82 artículos de la ley hasta que se resolviera su constitucionalidad. Luego, el Gobierno apeló y consiguió dejar sin efecto esa suspensión, aunque la cuestión de fondo sigue sin resolución.

Para la CGT, el fuero laboral debe intervenir porque la reforma modifica relaciones entre empleadores y trabajadores. El Gobierno sostiene que corresponde el Contencioso Administrativo porque la demanda cuestiona una decisión del Estado. La disputa por el tribunal que debe resolver el caso se suma al rechazo sindical a una reforma que toca condiciones de contratación, organización del trabajo y derechos acumulados en convenios y leyes laborales.

La movilización también se monta sobre datos económicos que golpean a los hogares asalariados. En marzo, la inflación fue de 3,4% y acumuló 9,4% en tres meses. En el mismo período, la canasta básica total superó $1,4 millones para una familia tipo. Ese dato marca la distancia entre el costo mínimo de vida y los ingresos de muchos hogares que dependen de un salario.

El consumo muestra la misma tensión sobre el bolsillo. Un informe citado por elDiarioAR registró una caída interanual de 2,6% en marzo, una suba mensual de 0,7% y una baja acumulada de 2% en el primer trimestre de 2026. Cuando el consumo cae, el salario deja de ordenar la vida cotidiana y pasa a administrar recortes.

Los gastos fijos refuerzan ese deterioro. Un informe del Centro RA de la Facultad de Ciencias Económicas de la UBA mostró que los alquileres subieron 423% desde diciembre de 2023, más del doble que el índice general de precios, que avanzó 209%. La suba de vivienda, gas, electricidad y agua achica el margen disponible para alimentación, transporte, salud y educación.

La crianza agrega otra presión sobre los hogares trabajadores. Según datos del Indec citados por elDiarioAR, el costo de criar a un hijo superó los $676.000 en marzo y volvió a subir en todos los tramos de edad. El componente de cuidado fue el más alto. Para una familia con hijos, el salario debe cubrir comida, alquiler, servicios y tareas de cuidado cada vez más caras.

La CGT busca leer esos datos desde una consigna laboral. “Trabajo digno, con derechos, salario justo y sin ajuste a los trabajadores”, escribió la central obrera en la convocatoria difundida para la marcha. La elección de Plaza de Mayo le da al reclamo un destinatario directo: el Gobierno nacional y su política económica. Cuánto alcanza el salario frente a una canasta básica de más de $1,4 millones, alquileres que crecieron 423% desde diciembre de 2023 y un costo de crianza que ya supera los $676.000.

JJD

La dinámica económica actual, a primera vista, parece contradictoria: la economía crece, pero la mayoría de la gente vive cada vez peor. La actividad repunta, pero el empleo cae, los salarios pierden poder adquisitivo y las familias tienen más dificultades para llegar a fin de mes. 

Lejos de ser algo raro o transitorio, este desacople entre los indicadores macroeconómicos y la percepción cotidiana expresa un patrón de funcionamiento cada vez más estructural.

La explicación principal radica en la reconfiguración productiva que impulsa el actual modelo económico: apreciación cambiaria, apertura comercial indiscriminada, reducción del gasto público y una presión sostenida para bajar los salarios. Este esquema castiga especialmente a los sectores dependientes del mercado interno, mientras que los que logran expandirse son aquellos que cuentan con ventajas comparativas naturales, como el agro, la minería y el petróleo.

Entre 2023 y 2025, el PBI creció un 3%. Sin embargo, ese avance se concentró casi exclusivamente en el sector agropecuario (impulsado por la recuperación tras la histórica sequía), con aportes más acotados de la minería y la intermediación financiera. Si se excluye al agro, el resto de la economía prácticamente no creció en relación con 2023.

El impacto sobre el empleo es directo. Mientras los sectores “perdedores” (industria, comercio y construcción) explican cerca del 45% del empleo privado formal, los sectores “ganadores” (agro, minería e intermediación financiera) representan menos del 9%. Pero incluso dentro de estos últimos se registran caídas en la cantidad de puestos de trabajo en los últimos dos años.

Desde noviembre de 2023 se destruyeron 283.000 empleos asalariados formales (206.000 en el sector privado y 77.000 en el público) y cerraron más de 24.000 empresas con trabajadores registrados. La creación de aproximadamente 158.000 monotributistas no alcanza a compensar esa pérdida y, en muchos casos, refleja un proceso de creciente precarización laboral.

En definitiva, la primarización de la estructura productiva genera un desacople entre la evolución de la actividad y el empleo. El año 2025 se convirtió en el primero del que se tenga registro en el que la economía creció (4,4%) mientras el empleo cayó (–0,5%). 

Más allá del arrastre estadístico, el problema de fondo es que los sectores más dinámicos no tienen capacidad para absorber el empleo que se destruye en las actividades más afectadas por el esquema económico vigente. El resultado es un patrón de crecimiento que, por su propia composición, tiende a generar mayores niveles de desempleo estructural y de informalidad.

Al aumento del desempleo se suma el deterioro de ingresos. Desde noviembre de 2023 los salarios de trabajadores registrados cayeron un -7,9% (-2,3% en el sector privado y -17,9% en el público). Dicha caída se da sobre salarios que ya se encontraban sumamente deprimidos tras la caída de los años 2018 y 2019, que no se recuperó en los años siguientes. Así los salarios de trabajadores se ubican un 28,6% por debajo de agosto de 2017 (-23,3% en el sector privado y -37,7% en el público). 

Además, estos datos están subestimados: la medición oficial de la inflación sigue usando una canasta de consumo de hace más de dos décadas (del año 2004), poco representativa de lo que hoy gastan los hogares argentinos. Si usamos la nueva canasta relevada en 2017, la caída del salario real de los trabajadores del sector privado pasa del 2,3% al 8,6% y para los trabajadoras/es del sector público empeora del 17,9% al 23,2%. 

Por eso las familias deben desprenderse de ahorros o tomar deuda para llegar a fin de mes. La mora en el crédito bancario llegó al 11,2% en febrero, multiplicándose más de cuatro veces en poco más de un año y alcanzando su mayor nivel desde 2004. 

Una oportunidad histórica: ¿extractivismo o desarrollo?

El proceso de desindustrialización no es nuevo y, de hecho, forma parte de una tendencia global que también afecta a países desarrollados. Sin embargo, la caída reciente en Argentina es particularmente intensa. La participación de la industria en el PBI se encuentra en mínimos de las últimas décadas y la utilización de la capacidad instalada permanece en niveles muy bajos, incluso por debajo de los registrados durante la pandemia.

El impacto de este proceso excede el mercado laboral. La industria sigue siendo un sector estratégico por múltiples razones: sus rendimientos crecientes a escala, la generación de encadenamientos productivos, el dinamismo de su frontera tecnológica (concentra buena parte de la innovación), su capacidad para generar y ahorrar divisas (clave en una economía bimonetaria como la argentina) y su rol en la estructuración territorial de los centros urbanos, entre otros.

Este diagnóstico cobra aún más relevancia en un contexto global que abre una ventana de oportunidad excepcional para la Argentina. El mundo avanza en un proceso de transición energética que demanda los recursos que nuestro país posee en abundancia. A las reservas de gas y petróleo se suman condiciones privilegiadas para el desarrollo de energías renovables (solar, eólica, hidroeléctrica, etc.) en todo el país. A esto se agrega una ventaja menos frecuente: una trayectoria consolidada en el desarrollo nuclear, con capacidades propias para diseñar reactores, producir combustible y exportar tecnología. En un mundo que busca diversificar su matriz energética, estos activos adquieren un valor estratégico.

El potencial no se agota en la energía. Argentina también cuenta con recursos minerales estratégicos para la economía del siglo XXI: litio, cobre, oro, plata y tierras raras, fundamentales para baterías, electromovilidad, electrónica y tecnologías avanzadas. 

La pregunta central es qué hacer con esa dotación de recursos. Existen dos caminos posibles. Uno es utilizar estos recursos como plataforma para el desarrollo, promoviendo encadenamientos productivos, agregando valor local y fortaleciendo capacidades tecnológicas. El otro es consolidar un modelo extractivo, en el que la explotación queda en manos de grandes empresas multinacionales con escasa articulación con el resto de la economía. 

La experiencia histórica es clara. Todos los países hoy desarrollados tomaron el primer camino e impulsaron su industrialización mediante políticas activas: protección comercial inteligente, subsidios focalizados, inversión pública en infraestructura y en tecnología. En definitiva, llevaron adelante una planificación estratégica que puso objetivos claros y bien coordinados con el sector privado. Solo una vez alcanzado el desarrollo promovieron e impusieron la apertura y el libre mercado como regla general. 

Esta conducta de los países ya desarrollados fue conceptualizada como “patear la escalera”: utilizar herramientas de desarrollo y luego limitar la capacidad de otros países de aplicar esas mismas medidas. Sin embargo, en los últimos años ese paradigma comenzó a resquebrajarse. El ascenso de China como potencia industrial y tecnológica obligó a las economías avanzadas a volver a aplicar las medidas intervencionistas del pasado, pasando por encima de los organismos internacionales que ellos mismos habían creado para prohibir esas políticas, como la Organización Mundial del Comercio (OMC).

Esto también implica una ventana de oportunidad para países como la Argentina, porque los espacios para proteger e impulsar sectores estratégicos son mayores que en el pasado. Pero el país va totalmente a contramano del mundo. Mientras los países centrales (o algunos de la región como Brasil) vuelven a implementar aranceles, subsidios y programas de inversión en ciencia y tecnología para reconstruir capacidades productivas, la Argentina se abre de manera indiscriminada al comercio exterior, paraliza la inversión en infraestructura, desfinancia el sistema científico tecnológico, desmantela los programas de incentivo productivo e industrial y avanza en un proceso de privatización y/o apertura al capital privado (en muchos casos extranjero) de empresas públicas en sectores estratégicos, como Nucleoeléctrica (energía nuclear), Enarsa (energía), Yacimientos Carboníferos Río Turbio (carbón), AySA (servicios públicos de agua y saneamiento), IMPSA (ingeniería energética y metalúrgica), entre otras. 

El Régimen de Incentivo a las Grandes Inversiones (RIGI) es, quizás, la expresión más clara del abandono de impulsar un plan de desarrollo autónomo. Argentina necesita de la inversión extranjera directa (IED) como complemento para potenciar los sectores en los que tiene alto potencial, pero no en la forma en que la promueve el RIGI. El régimen otorga excesivos beneficios impositivos y facilidades cambiarias, con escasos requerimientos de integración productiva local, transferencia tecnológica o generación de empleo de calidad.

Por el momento, hay proyectos aprobados por unos USD 16.000 millones y otros USD 17.000 millones se encuentran en evaluación, en su inmensa mayoría vinculados a la minería y la energía. Las inversiones que lleguen en el marco de este régimen tendrán, previsiblemente, un marcado perfil extractivista sin siquiera garantizar el alivio en materia de divisas. 

En el plano comercial, las empresas adheridas al RIGI cuentan con un régimen cambiario especial que les permite flexibilizar la obligación de liquidar divisas provenientes de exportaciones, al tiempo que pueden importar bienes vinculados a sus proyectos con arancel cero. En el plano financiero, disponen de amplias facilidades para acceder al mercado de cambios. En este marco, el ingreso inicial de divisas asociado a las inversiones podría verse, en el tiempo, compensado por la remisión de utilidades y la salida de capitales sin fines específicos. A esto se suma la posibilidad de recurrir a tribunales arbitrales internacionales, como el CIADI, para dirimir controversias con el Estado, lo que limita los márgenes de acción de la política económica y traslada eventuales disputas fuera del ámbito judicial local.

Como señalaba Aldo Ferrer, “cada país tiene la globalización que se merece”, en función de cómo responde a sus desafíos y oportunidades. Argentina enfrenta hoy una disyuntiva clara. Cuenta con recursos, capacidades y una ventana de oportunidad para impulsar el desarrollo. Pero también corre el riesgo de profundizar un patrón de especialización basado en la exportación de recursos naturales, con escaso impacto en el empleo y en las condiciones de vida de la población.

La disociación entre crecimiento económico y bienestar social, al igual que la dependencia externa, tenderán a profundizarse si se mantiene este rumbo. Aún estamos a tiempo de corregirlo: tomar las riendas de nuestro propio destino y aprovechar los recursos disponibles para impulsar un salto productivo que no solo haga crecer la economía, sino que mejore efectivamente la vida de la mayoría.

El autor es economista. Miembro del Grupo Paternal. 

AR

El consumo de los hogares volvió a mostrar en marzo las señales de fragilidad que caracterizan a la política económica del tándem Javier Milei-Luis Caputo. El Índice de Consumo Privado (ICP-UP) registró una caída interanual del 2,6%, pese a una leve recuperación mensual del 0,7%, en un contexto marcado por el deterioro del ingreso real de los trabajadores.

El dato confirmó que la mejora mensual no alcanzó para revertir la tendencia de fondo: en el primer trimestre del año, el consumo acumuló una contracción del 2% respecto del mismo período de 2025. La evolución del indicador reflejó un escenario en el que los hogares ajustaron gastos ante la pérdida de poder adquisitivo, incluso en segmentos con empleo formal.

El ICP-UP, elaborado por la Universidad de Palermo como indicador anticipado del consumo, mostró además que el nivel de marzo se ubicó por debajo del registrado un año atrás, aunque todavía por encima de los valores observados entre 2018 y 2024. Esta combinación evidenció una recuperación incompleta, con un piso más alto que en crisis previas pero sin capacidad de sostener el consumo frente a la inflación.

El comportamiento de los salarios formales durante 2025 ya había anticipado este deterioro. Según datos del Indec, el índice de salarios del sector privado registrado aumentó 25,6% entre enero y noviembre, mientras que la inflación alcanzó 27,9% en el mismo período. Esa diferencia implicó una caída real de al menos 2,3 puntos porcentuales, incluso en el segmento con mayor cobertura sindical.

La pérdida de poder adquisitivo limitó la capacidad de consumo cotidiano y obligó a ajustar gastos básicos, una tendencia de la que el ICP-UP dio cuenta, por su caída interanual. La desaceleración de los aumentos salariales y el rezago de las paritarias profundizaron ese escenario.

Carne, motos y restaurantes: el consumo se movió a distintas velocidades

Los datos sectoriales mostraron además una evolución desigual dentro del consumo. Según el informe, distintos rubros avanzaron a velocidades diferentes, lo que evidenció una recomposición fragmentada y sin tracción generalizada.

Esa heterogeneidad aparece con claridad al desagregar los rubros de consumo. Mientras algunos indicadores mostraron leves mejoras, otros continuaron en caída o estancados. En los bienes durables, el comportamiento fue dispar: el patentamiento de autos se mantuvo prácticamente sin variación interanual en marzo (0,3%), luego de meses en baja, mientras que las ventas de motos crecieron 55,4% en el mismo período.

En el consumo masivo, en cambio, predominó la caída. El ajuste impactó directamente en alimentos básicos, con una baja interanual del 9,8% en el consumo de carne vacuna y del 4,6% en carne aviar en febrero, mientras que la venta de combustible se mantuvo sin cambios respecto del año anterior. Estos datos reflejaron un recorte en gastos esenciales de los hogares.

Los servicios vinculados al esparcimiento también mostraron comportamientos divergentes. La recuperación fue parcial y segmentada: los restaurantes tradicionales registraron una suba interanual de 1,4% en febrero, pero las ventas asociadas a espectáculos y entretenimiento en centros de compra cayeron 10,6% interanual.

En los bienes semidurables, el comportamiento volvió a ser mixto. Las ventas de indumentaria en shoppings crecieron 4% interanual y las de jugueterías 5,4%, mientras que los artículos deportivos no lograron sostener la recuperación y registraron una leve caída del 0,5%.

En paralelo, el indicador mensual mostró que la suba del 0,7% en marzo permitió recuperar niveles similares a los de octubre de 2025, luego de varios meses de caídas desde mediados del año anterior. Sin embargo, ese rebote no alcanzó para modificar la tendencia descendente en la comparación anual.

El deterioro del consumo también se vinculó con conflictos laborales y pérdida de ingresos en sectores específicos. En el transporte, por ejemplo, los choferes de la línea 60 denunciaron una pérdida del 61,87% del poder adquisitivo en dos años, con salarios que quedaron congelados frente a una inflación acumulada del 259,34%. Este tipo de situaciones mostró cómo la caída del ingreso impactó de manera directa en la capacidad de gasto de los trabajadores.

La relación entre salario y consumo volvió a quedar expuesta como el principal factor de la dinámica económica cotidiana. Sin recomposición sostenida de ingresos, la recuperación mensual del consumo quedó limitada a movimientos puntuales, sin consolidarse en una tendencia estable.

El informe de la Universidad de Palermo señaló que el ICP-UP se construyó a partir de múltiples indicadores de alta frecuencia, lo que permitió captar de manera anticipada los cambios en el comportamiento de los hogares. En ese marco, la persistencia de variaciones interanuales negativas reforzó la idea de un consumo condicionado por restricciones estructurales.

La evolución reciente mostró que la mejora mensual no respondió a una expansión del ingreso real, sino a ajustes puntuales tras meses de caída, lo que limitó su sostenibilidad. Sin cambios en la capacidad de compra de los salarios, el consumo continua atado a un escenario de recuperación débil o, al menos por ahora, impalpable.

JJD

Flybondi informó a su personal que no depositó los salarios correspondientes a marzo, en un escenario de incertidumbre laboral que se profundizó después de que la compañía impulsó un programa de retiros voluntarios. La comunicación llegó de manera directa a cada empleado y atribuyó la demora a “problemas administrativos”, sin precisar una fecha de pago.

La empresa envió un mensaje interno dirigido a los trabajadores —a quienes denomina “flybondiers”— en el que reconoció la situación. “Desde ya lamentamos la demora que se produjo y queremos llevar tranquilidad sobre esto”, señaló el escrito firmado por el “Equipo de Personas”. En la misma comunicación agregó: “Estamos 100% abocados a resolverlo a la brevedad y poder confirmarles el día de pago”.

El aviso llegó pocos días después de otro mensaje corporativo que había encendido las alarmas dentro de la aerolínea. Dos semanas antes, la compañía había comunicado a su personal la apertura de un plan de retiros voluntarios y había advertido que evaluaba “determinaciones drásticas” frente a su situación operativa.

Según reportó el medio especializado InfoGremiales, la empresa presentó el esquema de retiros en una reunión por Zoom con los trabajadores, en la que se detalló un cronograma breve para adherir al programa. La iniciativa se produjo en medio de tensiones internas y de un clima de presión para aceptar la desvinculación voluntaria, según reconstruyó ese portal sindical.

La aerolínea ya había anunciado semanas atrás un plan de retiros voluntarios dirigido a la totalidad de sus empleados, es decir 1.500 trabajadores, en el marco de un proceso de reorganización empresarial.

La compañía aérea privada explicó entonces que el programa formaba parte de un “rediseño organizacional” orientado a mejorar su eficiencia operativa. En ese contexto, ofreció condiciones de salida para quienes aceptaran desvincularse.

El conflicto salarial, por lo tanto, se produjo en un escenario de ajuste interno que ya había afectado a los trabajadores de la aerolínea. La demora en el pago de los sueldos sumó un nuevo factor de incertidumbre laboral para una plantilla que días antes había recibido propuestas de retiro.

Crisis del empleo y deterioro salarial

La situación en Flybondi se inscribe en un contexto más amplio de crisis laboral que atraviesa distintos sectores de la economía argentina. En los dos primeros años del gobierno de Javier Milei se perdieron 300.000 puestos de trabajo y desaparecieron 21.938 empresas desde noviembre de 2023, en un escenario marcado por cierres industriales y despidos en múltiples actividades.

Uno de los casos más resonantes fue el cierre de la histórica fábrica de neumáticos Fate en San Fernando, que dejó a 1.500 trabajadores sin empleo después de 86 años de actividad industrial.

La crisis también alcanzó a otros sectores productivos. El frigorífico General Pico despidió 194 empleados y paralizó sus plantas, mientras que empresas textiles comenzaron a enfrentar reestructuraciones o procesos judiciales para ordenar sus deudas.

En paralelo, compañías históricas enfrentaron interrupciones productivas o conflictos laborales. La lechera Lácteos Verónica, por ejemplo, detuvo operaciones en una de sus plantas y dejó a 700 trabajadores en un escenario de incertidumbre laboral, con denuncias de vaciamiento y deudas salariales.

En ese marco, el índice salarial del sector privado registrado subió 25,6% entre enero y noviembre de 2025, mientras que la inflación alcanzó 27,9% en el mismo período, lo que implicó una caída del salario real superior a dos puntos. Y en el primer bimestre de 2026 la inflación volvió a salirse de las manos, al registrar casi un 6%, según el Indec, mientras consultoras privadas esperan otro 3% para marzo.

El deterioro salarial y la pérdida de puestos de trabajo son dos caras de un mismo proceso. En distintos sectores productivos, trabajadores enfrentan simultáneamente paritarias demoradas, suspensiones, planes de retiros o cierres empresariales. La demora en el pago de salarios en Flybondi se sumó a la cadena de tensiones laborales que atraviesan distintas actividades.

JJD

Marcos Galperin, fundador de Mercado Libre y creador de su billetera digital Mercado Pago, es uno de los empresarios argentinos que más afinidad ha mostrado con la agenda económica del presidente Javier Milei. Pero a juzgar por los niveles de morosidad que presenta su compañía, no le estaría yendo muy bien.

Mercado Pago registró un salto en su nivel de morosidad y mostró una señal del deterioro de la capacidad de pago de trabajadores y familias en la Argentina.

Según datos públicos de la Central de Deudores (CENDEU), el ratio de irregularidad de la billetera virtual subió de 5,5% en enero de 2025 a 14,7% en enero de 2026. El movimiento siguió la tendencia general del sistema financiero, pero mostró con claridad que el problema ya no quedó limitado a los bancos tradicionales: también alcanzó a las plataformas digitales que en los últimos años expandieron su negocio de crédito al consumo.

El dato de Mercado Pago apareció en un escenario más amplio de fuerte empeoramiento del endeudamiento de los hogares. El último Informe sobre Bancos del Banco Central mostró que la mora en créditos a familias pasó de 2,67% a 10,6% en un año, el nivel más alto en casi dos décadas.

En el mismo corte, la morosidad general del financiamiento al sector privado llegó a 6,4%. Dentro de las líneas más sensibles para el consumo cotidiano, los préstamos personales marcaron 13,2% y las tarjetas de crédito, 11%. En las entidades no bancarias y billeteras virtuales, la irregularidad se acercó al 25%, por encima del nivel informado para Mercado Pago.

El impacto de ese deterioro recayó sobre quienes viven de su ingreso mensual y debieron sostener gastos corrientes con financiamiento. La propia cobertura sobre el salto de la mora de Mercado Pago señaló que el deterioro de la capacidad de pago golpeó “con fuerza sobre las familias”.

La empresa sostuvo ante Infobae que su cartera estuvo concentrada en personas físicas y defendió que su tasa de irregularidad quedó “en línea con la de los principales bancos privados del país” y por debajo del promedio de las entidades no bancarias, al que ubicó en 23,9%. Pero incluso en esa comparación favorable, el 14,7% mostró un empeoramiento fuerte en apenas doce meses.

La suba de la mora no se explicó sólo por el crecimiento del crédito, sino también por el retroceso del ingreso real. En una nota publicada por trabajAR a fines de enero, se mostró que el índice de salarios del sector privado registrado acumuló una suba de 25,6% entre enero y noviembre de 2025, mientras la inflación para ese mismo período alcanzó 27,9%. Esa diferencia implicó una caída real de al menos 2,3 puntos porcentuales en los trabajadores formales. El mismo artículo advirtió que más del 80% de la masa salarial relevada por el Indec quedó por debajo de la inflación acumulada hasta noviembre.

Ese cruce entre deuda más cara y salarios debilitados apareció también en las explicaciones de economistas y bancos. Según una cobertura de marzo sobre el endeudamiento de los hogares, la consultora LCG vinculó el aumento de la morosidad con tasas de interés activas elevadas y con un contexto de “salarios estancados o en retroceso”. En ese informe, la tasa nominal anual promedio de los préstamos personales en febrero se ubicó en 69%. Otra nota de abril sobre la preocupación bancaria resumió el diagnóstico en dos motores: “tasas altas y salarios golpeados”.

La mora expresó que una parte creciente de los hogares no logró sostener el pago de cuotas de préstamos, tarjetas o financiamiento de consumo con ingresos corrientes. En un mercado laboral con salarios formales rezagados y con expansión del pluriempleo, el crédito funciona cada vez más como un recurso para cubrir gastos y no como una herramienta excepcional. En ese marco, que Mercado Pago —una de las puertas de entrada más extendidas al financiamiento digital— mostrara una irregularidad de 14,7% resultó menos una anomalía empresaria que un síntoma del ajuste sobre los ingresos laborales.

El Gobierno reconoció las dificultades, aunque buscó relativizarlas. En marzo, Luis Caputo afirmó que era fundamental “seguir bajando la inflación, que bajen las tasas y que los bancos den plazos para que la gente se vaya acomodando”. En esa misma intervención, sostuvo que las dificultades “se va[n] a ir acomodando” y que no era un asunto “problemático a futuro”. Hasta ahora, sin embargo, los datos públicos del Banco Central mostraron un empeoramiento persistente de la mora de los hogares y un traslado directo de esa presión a bancos, fintech y billeteras virtuales.

Lo que expuso Mercado Pago fue el límite del relato de normalización financiera cuando el salario no alcanza. La mora de su cartera casi se triplicó en un año, mientras la de los hogares se cuadruplicó y los salarios registrados volvieron a perder contra los precios.

Galperín, que durante más de dos décadas fue CEO de la compañía y hoy mantiene un rol de conducción estratégica, ha expresado en distintas ocasiones su respaldo a las ideas de liberalización económica impulsadas por el gobierno de La Libertad Avanza, e inclusive manifestó coincidencias con el enfoque confrontativo de Milei frente a sectores políticos y mediáticos. Su posición lo ubica entre los referentes del empresariado tecnológico que miran con buenos ojos el rumbo económico del Gobierno, en contraste con el vínculo más tenso que la compañía mantuvo en otros períodos con administraciones de perfil más intervencionista.

Pero los números de su propia billetera virtual sugieren que, más allá de las afinidades ideológicas, la economía real, la de la clase trabajadora, está bajo una presión cada vez más tenaz: si el crédito se usa para sobrevivir y no para consumir, ¿hasta dónde puede crecer el negocio?

JJD

Abril empezó y no es tan bello como cantaban con entusiasmo Fito Páez y Luis Alberto Spinetta, en una canción hermosa y simple, y con un videoclip luminoso que ambos compartieron con Dolores Fonzi, la musa inspiradora del rosarino al componerla e incluirla en su disco Naturaleza Sangre (2003). Este abril, por el contrario, y como cada mes desde hace por lo menos tres años y medio, es otro de malaria en la economía libertaria; malaria para los trabajadores que son, básicamente, víctimas del modelo.

El mes que empezó vuelve a traer aumentos en servicios esenciales que afectan directamente el ingreso disponible de quienes trabajan. El transporte público, las cuotas de medicina prepaga, la electricidad y el agua comienzan el mes con nuevas actualizaciones tarifarias en el Área Metropolitana de Buenos Aires (AMBA), en un escenario en el que los salarios no paran de perder contra la inflación.

El calendario cambia, las cuentas también

El transporte público registró uno de los incrementos más inmediatos. El boleto mínimo de colectivo en la provincia de Buenos Aires pasa de $832,57 a $873,37 para los viajes de hasta 3 kilómetros con tarjeta SUBE registrada, según el nuevo cuadro tarifario que comenzó a regir en abril.

La actualización siguió el mecanismo que aplicó la provincia: el índice de precios al consumidor (IPC) de febrero más un 2% adicional. Con esa fórmula, los valores de los distintos tramos también aumentaron: $972,93 para viajes de 3 a 6 kilómetros, $1.047,14 entre 6 y 12 kilómetros, $1.122,90 entre 12 y 27 kilómetros y $1.197,39 para trayectos más largos.

En la Ciudad de Buenos Aires también se aplicó una suba. El pasaje mínimo de colectivo quedó en $715,26, con aumentos escalonados según la distancia del recorrido.

El impacto es directo sobre los trabajadores que utilizan el transporte público para ir y volver del empleo. En muchos casos, el gasto en movilidad es un componente fijo del ingreso mensual y se ajusta de manera más frecuente que las paritarias o los salarios. El ajuste data de por lo menos la gestión de Sergio Massa al frente del Ministerio de Economía y se acentuó con ferocidad al asumir en el poder el tándem de economistas Javier Milei-Luis Caputo.

La presión sobre el transporte se agravó además por una decisión del sector empresario. Las cámaras del autotransporte que representan alrededor del 85% de las líneas de colectivos del AMBA informaron que reducirán la frecuencia del servicio debido al aumento del precio del gasoil y a la falta de actualización de los costos reconocidos por el Estado.

En un comunicado conjunto, las entidades empresarias señalaron que el incremento del combustible y la ausencia de una compensación oficial los colocó en una situación en la que consideran imposible sostener los niveles habituales de prestación. La medida comenzó a regir el 1° de abril y podría afectar los tiempos de espera de los usuarios.

La reducción de frecuencias implica más tiempo de viaje y mayor incertidumbre para quienes dependen del colectivo para llegar al trabajo, en un contexto en el que los costos de movilidad ya venían aumentando de manera sostenida.

Los aumentos de abril también alcanzaron al sistema de salud privado. Las empresas de medicina prepaga comunicaron actualizaciones en sus cuotas de hasta el 2,9%, en línea con la inflación registrada en febrero. Esa suba impactó además en los copagos que deben abonar los afiliados por consultas y prácticas médicas.

Las tarifas de servicios públicos también se modificaron. Las distribuidoras eléctricas Edenor y Edesur aplicaron nuevos cuadros tarifarios. En el área de Edesur, por ejemplo, los hogares de ingresos altos (Nivel 1) comenzaron a pagar un cargo fijo de $1.393,73 para consumos de hasta 150 kWh y un cargo variable de $115,29 por kWh, según el esquema informado para abril.

En el caso de Edenor, el cargo fijo inicial quedó en $1.414,93, con un cargo variable de $115,28 por kWh. Los usuarios con subsidios mantienen valores más bajos dentro de los límites establecidos por el esquema de segmentación tarifaria.

El agua también registró un ajuste. La empresa AySA aplicó el último tramo del aumento del 4% que había comenzado a implementarse a principios de año.

El efecto combinado de estas subas se produce en un contexto en el que el ingreso de los trabajadores sigue deteriorándose frente a los precios. Los datos oficiales del INDEC mostraron que el índice de salarios aumentó 2,5% en enero, mientras que la inflación del mismo mes fue de 2,9%, lo que implicó una nueva pérdida del poder de compra.

La situación se repitió especialmente entre los trabajadores registrados. En ese segmento, el sector privado subió 2,1% y el público 1,8%, ambos por debajo del IPC del mes.

El deterioro del ingreso también aparece en relevamientos sobre la percepción de los trabajadores. Un estudio citado en coberturas recientes registró que el 83,9% de los trabajadores afirmó que su salario no le gana a la inflación, mientras que el 56,4% de los hogares tomó deuda en los últimos seis meses para cubrir gastos básicos.

“Dios Santo que bello abril”, dice el estribillo de la canción. Pero en muchos hogares el mes empezó con una escena más terrenal: el calendario nuevo y una pila de facturas esperando turno sobre la mesa.

JJD

La Cámara Argentina de Comercio y Servicios (CAC), la Confederación Argentina de la Mediana Empresa (CAME), la Unión de Entidades Comerciales Argentinas (UDECA) y la Federación Argentina de Empleados de Comercio y Servicios (FAECyS) firmaron un nuevo acuerdo paritario para la actividad mercantil, con una suba salarial del 5%. 

Las partes pactaron un incremento del 5% sobre las escalas de las remuneraciones básicas del convenio colectivo de trabajo 130/75, tomando como base los valores correspondientes al mes de marzo de 2026, con más las sumas no remunerativas vigentes a esa fecha.

La mejora tendrá carácter remunerativo y no acumulativo, y se abonará en tres tramos: 2% a partir del mes de abril de 2026; 1,5% desde mayo de 2026 y el 1,5% restante a partir de junio de 2026.

Además, se acordó el pago de una suma fija no remunerativa de 120.000 pesos, que se adicionará a la suma no remunerativa que ya se viene abonando y que continuará manteniendo igual carácter en los recibos de los empleados de comercio.

Lo pactado tendrá vigencia desde el 1° de abril de 2026 y alcanzará a todo el personal comprendido en el CCT 130/75.

En el entendimiento se aclaró que los incrementos establecidos en este acuerdo no serán vinculantes para las negociaciones salariales que se celebren en el ámbito de la ciudad de Río Grande, provincia de Tierra del Fuego, sin perjuicio de que las sumas resultantes de los incrementos convenidos constituyan el mínimo convencional vigente a partir de la homologación.

El comunicado completo

La Federación Argentina de Empleados de Comercio y Servicios (FAECYS), junto a la Cámara Argentina de Comercio (CAC), la Confederación Argentina de la Mediana Empresa (CAME) y la Unión de Entidades Comerciales (UDECA), un nuevo acuerdo paritario que regirá para los meses de abril, mayo y junio de 2026.

El entendimiento contempla un incremento del 5%, distribuido de forma escalonada de la siguiente manera: un 2% en abril, un 1,5% en mayo y un 1,5% en junio. Asimismo, se estableció el pago de un bono extraordinario de $120.000 para los trabajadores de todas las categorías.

El convenio mantiene la dinámica de monitoreo constante sobre la situación económica para garantizar que el poder adquisitivo no quede rezagado frente a la evolución de los precios en este primer semestre del año.

Al respecto, el secretario general de FAECYS, Armando Cavalieri, señaló: “Este acuerdo es el resultado de un diálogo maduro y responsable. Somos plenamente conscientes de la difícil situación que atraviesa la economía y que impacta directamente tanto en el bolsillo de los trabajadores como en la operatividad de las pymes y los comercios de cercanía”.

A eso agregó: “Acompañamos la realidad actual de las empresas y los pequeños comercios para preservar las fuentes de trabajo, sin dejar de proteger el ingreso de nuestra familia mercantil. Nos brinda la previsibilidad necesaria para transitar estos meses con certidumbre jurídica”.

Firmas:

El salario volvió a perder contra los precios en enero y el dato oficial confirmó que la mejora nominal no alcanzó para recomponer el poder de compra de quienes trabajan. Según el INDEC, el índice de salarios subió 2,5% respecto de diciembre de 2025, pero la inflación del mismo mes fue de 2,9%. Dentro del promedio general, el sector privado registrado aumentó 2,1%, el sector público 1,8% y el sector privado no registrado 4,4%. La foto mensual dejó así un nuevo retroceso para la mayor parte del empleo formal, en un contexto en el que los convenios corrieron detrás de los precios y el ingreso siguió sin recuperar lo perdido desde el cambio de gobierno.

La caída golpeó sobre todo a los trabajadores registrados, porque fueron justamente los dos segmentos formales los que quedaron por debajo del IPC. El dato del sector privado no registrado fue el único que superó la inflación de enero, pero esa mejora no puede leerse de manera lineal como una recuperación del empleo informal. En una nota previa de trabajAR, basada en la serie del INDEC, elDiarioAR ya había señalado que ese componente se calcula con promedios trimestrales móviles de la Encuesta Permanente de Hogares y con un rezago metodológico de cinco meses, por lo que no refleja de manera directa los ingresos corrientes del segundo semestre ni una mejora sostenida de las condiciones laborales.

El deterioro no quedó restringido a enero. Luis Campos sostuvo en X que “la caída promedio del sector formal contra noviembre de 2023 es del 8%”, con una baja de 2,4% en el sector privado registrado y de 17,8% en el empleo público. En el mismo hilo agregó que, excluidos los primeros meses de 2024, los salarios quedaron en los niveles más bajos de las últimas dos décadas, y que frente a los picos de fines de 2017 el retroceso fue de entre 21% en el sector privado y 35% en el público. Esos valores no forman parte del informe del INDEC sobre enero, pero sí aportaron una lectura de mediano plazo sobre la profundidad del ajuste salarial que atravesó el trabajo formal.

La pérdida arrastró una tendencia que ya se había consolidado en 2025. En otra cobertura reciente, trabajAR informó que el índice de salarios del sector privado registrado acumuló entre enero y noviembre del año pasado una suba de 25,6%, mientras la inflación del mismo período llegó a 27,9%. Esa diferencia implicó una caída real de al menos 2,3 puntos porcentuales incluso en el segmento con mayor cobertura sindical y negociación colectiva. También allí se advirtió que el ajuste había sido todavía más severo en parte del empleo público y que trabajar en blanco ya no garantizó sostener el poder adquisitivo.

El impacto sobre la vida cotidiana de quienes trabajan ya apareció en conflictos concretos. A fines de enero, este medio contó que los choferes de la Línea 60 denunciaron una pérdida de casi 62% de su salario real y siguieron sin paritaria desde noviembre. En esa nota, los trabajadores advirtieron sobre la deserción de personal por los bajos ingresos y las condiciones de presión en el sector. El caso funcionó como una expresión extrema de un problema más extendido: cuando el salario corrió sistemáticamente por detrás de los precios, el deterioro dejó de ser una discusión estadística y pasó a traducirse en abandono de puestos, pluriempleo, endeudamiento y dificultad para sostener gastos básicos.

El informe de enero también mostró una brecha nítida entre el discurso oficial y la realidad del ingreso. Mientras el Gobierno empujó una agenda de reforma laboral y desregulación, los salarios formales siguieron sin recomposición. El dato oficial no mostró recuperación en el empleo privado registrado ni en el público, y volvió a ubicar a los asalariados ante una negociación desigual: paritarias con aumentos más bajos, Estado sin política general de recomposición y un sector público particularmente castigado. La suba de 2,1% en privados registrados y de 1,8% en estatales quedó por debajo del aumento del costo de vida, con alimentos encabezando la inflación de enero con 4,7%.

La discusión de fondo volvió a ser cómo se sostuvo el trabajo cuando el salario ya no alcanzó. El indicador general de enero dejó un promedio positivo en términos nominales, pero la lectura laboral fue otra: la mayoría de los trabajadores registrados volvió a perder. En el sector público, además, la contracción resultó más profunda en la comparación con noviembre de 2023, según el relevamiento de Campos. En el sector privado formal, la caída fue menor pero persistente. Y en el empleo no registrado, aun con una variación mensual superior al IPC, el propio modo de medición impidió presentar esa cifra como una mejora efectiva y actual de las condiciones de vida.

Hasta ahora no apareció ningún dato que mostrara una recomposición sostenida del salario formal. El INDEC informó otra vez una suba nominal inferior a la inflación para privados registrados y estatales, y el deterioro acumulado desde noviembre de 2023 siguió abierto.

JJD

El índice de salarios registró en enero un incremento del 2,5%, aunque volvió a ubicarse por debajo del Índice de Precios al Consumidor (IPC), que en el mismo período alcanzó el 2,9%. De este modo, los ingresos de los trabajadores no lograron acompañar el ritmo de la inflación en el inicio del año.

El dato surge del informe difundido por el Instituto Nacional de Estadísticas y Censos (Indec) y refleja una dinámica que continúa mostrando dificultades para recomponer el poder adquisitivo en el corto plazo.

El crecimiento mensual de los salarios estuvo impulsado por subas dispares entre los distintos sectores. El sector privado registrado avanzó un 2,1%, mientras que el sector público mostró un incremento menor, del 1,8%. En contraste, el sector privado no registrado evidenció una suba del 4,4%.

En este contexto, los trabajadores informales fueron los únicos que lograron superar la inflación de enero. Sin embargo, este comportamiento no alcanza a compensar la situación general, ya que el resto de los sectores se mantuvo por debajo de la evolución de los precios.

Al analizar el desempeño del sector registrado —que incluye tanto al empleo privado formal como al público— se observa una suba del 2% en el primer mes de 2026. Con este resultado, el segmento acumula cinco meses consecutivos en los que los salarios evolucionan por debajo de la inflación, una tendencia que se mantiene desde septiembre del año pasado.

Dentro de este grupo, el sector privado registrado se ubicó 0,8 puntos porcentuales por debajo del IPC, mientras que el sector público mostró una brecha aún mayor, de 1,1 puntos porcentuales. Esto evidencia una mayor pérdida relativa en los ingresos de los trabajadores estatales.

En términos interanuales, el panorama presenta un matiz diferente. El índice de salarios acumuló un incremento del 37,7%, ubicándose 5,3 puntos porcentuales por encima de la inflación, que en ese mismo lapso fue del 32,4%. Este dato sugiere una leve recuperación del salario real en la comparación anual.

No obstante, al desagregar por sectores, se advierten diferencias significativas. El sector privado registrado creció un 28,5% interanual y el sector público un 30%, ambos por debajo de la inflación. En cambio, el sector privado no registrado registró un fuerte aumento del 80,6%, lo que explica en gran parte el resultado general.

Pese a estos números, los especialistas advierten que la mejora es aún insuficiente. El economista Tomás Amerio señaló que, si bien existe una recuperación del salario real, esta todavía no logra compensar la pérdida acumulada en los últimos años, por lo que el proceso de recomposición continúa siendo parcial y desigual.

Con información de Noticias Argentinas

JIB

En los últimos años, cada vez más personas que trabajan sienten que su esfuerzo rinde menos que antes: el 83,9% afirmó que su salario no le ganó a la inflación. El dato surge del Monitor de Opinión Pública, de la consultora Zentrix, correspondiente a marzo de 2026, y expuso una percepción masiva de pérdida de ingresos reales que se tradujo en restricciones concretas en la vida cotidiana. Solo el 11,9% consideró que su salario logró superar la suba de precios, lo que dejó en evidencia un escenario donde el ingreso laboral perdió capacidad de sostener el consumo básico.

El mismo informe registró que el 56,4% de los hogares tomó deuda en los últimos seis meses, una proporción que vinculó directamente el deterioro de ingresos con la necesidad de financiamiento para sostener gastos corrientes.

El destino de ese endeudamiento reforzó ese diagnóstico. El 26,2% se endeudó para cubrir gastos cotidianos, el 19,9% para pagar tarjetas de crédito y el 18,9% para cancelar otras deudas, según el informe.

Ese patrón muestra que el crédito no funciona como herramienta de inversión o mejora patrimonial, sino como mecanismo de supervivencia ante ingresos insuficientes

El impacto de la pérdida salarial también se reflejó en la capacidad de sostener el mes. Solo el 25,7% afirmó que llegó a fin de mes, mientras que un 16% dijo que además pudo ahorrar.

En contraste, una proporción significativa de trabajadores agotó sus ingresos antes de terminar el mes:

Más de la mitad (56,3%) no logró cubrir el mes completo con sus ingresos, según el mismo relevamiento.

Este dato da cuenta del deterioro directo en la reproducción cotidiana de la vida trabajadora: el salario deja de organizar el mes completo y pasa a fragmentarse en períodos cada vez más cortos.

El endeudamiento no solo se expandió sino que además se volvió difícil de sostener. El 41,9% declaró que pagó sus deudas con alguna dificultad y el 27,8% con mucha dificultad, mientras que un 13,8% se atrasó en pagos y un 5,9% afirmó que ya no pudo pagarlas. En conjunto, el 89,4% de quienes tenían deudas enfrentó algún nivel de dificultad para afrontarlas, de acuerdo con los datos del informe.

Siete de cada 10 trabajadores sostiene que su situación económica personal no es buena

El deterioro del ingreso también se expresó en la percepción sobre la situación económica personal. El 39,5% la calificó como negativa, frente a un 28,7% positiva y un 31,8% regular, según los resultados del relevamiento (página 4).

A nivel país, la evaluación fue aún más crítica: el 59,7% consideró negativa la situación económica de la Argentina, mientras que solo el 21,1% la evaluó como positiva.

JJD

El costo de la vivienda volvió a golpear el ingreso de los trabajadores en febrero. La división Vivienda, agua, electricidad, gas y otros combustibles registró un aumento mensual de 6,8%, el mayor de todo el índice de precios al consumidor (IPC) publicado por el Indec. La suba estuvo impulsada principalmente por los incrementos en gas, electricidad y agua, junto con cambios en los esquemas de subsidios aplicados en distintas provincias.

El dato se inscribe en un escenario de inflación que continúa deteriorando el salario real. El índice general del IPC subió 2,9% en febrero, mientras que la variación acumulada en lo que va del año llegó a 5,9%, según el organismo estadístico.

Aunque el presidente Javier Milei suele destacar la desaceleración inflacionaria como uno de los principales logros de su programa económico, el primer bimestre de 2026 cerró con un aumento cercano al 6% en los precios, un nivel que sigue impactando con fuerza sobre los ingresos laborales.

El golpe más fuerte aparece en los gastos estructurales del hogar. Dentro de la división vivienda, el informe muestra que los alquileres registraron aumentos interanuales que superan el 100% en algunas regiones del país. La categoría alquiler de la vivienda alcanzó subas de hasta 101,7% interanual, según las variaciones regionales publicadas por el Indec.

Este encarecimiento de los alquileres se combina con el incremento de las tarifas de servicios públicos, que fueron uno de los motores del aumento mensual de la división vivienda. El resultado es un doble impacto sobre el presupuesto de los hogares asalariados: pagar el techo y sostener los servicios básicos demanda una proporción creciente del salario.

El peso de estos gastos fijos vuelve más visible la tensión entre precios e ingresos. La inflación no afecta de la misma manera a todos los rubros del consumo: los aumentos en alimentos, tarifas y alquileres tienen una incidencia mucho mayor en los hogares trabajadores que otros bienes o servicios menos frecuentes.

De hecho, los alimentos y bebidas no alcohólicas también registraron una suba de 3,3% en febrero, la segunda mayor variación entre las divisiones del IPC y la que tuvo mayor incidencia en la inflación mensual en la mayoría de las regiones del país.

El informe del Indec señala que esa incidencia se explicó principalmente por el aumento en carnes y derivados, un componente central de la canasta alimentaria.

El cuadro general muestra que los precios regulados volvieron a crecer por encima del promedio. Dentro de las categorías del índice, los bienes y servicios regulados —donde se incluyen tarifas de servicios públicos— registraron un incremento mensual de 4,3%, por encima de la inflación núcleo.

Este tipo de aumentos tiene un efecto directo sobre los trabajadores porque se trata de gastos difíciles de reducir o postergar: electricidad, gas, transporte o alquiler forman parte de los costos básicos para sostener la vida cotidiana.

Mientras el Gobierno insiste en que la inflación muestra señales de desaceleración respecto de los niveles registrados en años anteriores, los incrementos en vivienda, alimentos y servicios esenciales continúan erosionando el poder de compra de los salarios.

Para los hogares asalariados, el problema no es solo el nivel general de la inflación, sino qué precios suben y en qué proporción lo hacen. Cuando el encarecimiento se concentra en los gastos indispensables —comida, techo y servicios—, el impacto sobre el ingreso real se vuelve inmediato.

En ese contexto, el IPC de febrero dejó un dato claro: la vivienda encabezó los aumentos del mes con 6,8% y los alquileres ya muestran subas interanuales superiores al 100% en algunas regiones del país.

JJD

La alimentación durante la jornada laboral quedó atravesada por la restricción económica para la mayoría de los trabajadores asalariados en Argentina. Un informe del Observatorio de la Deuda Social Argentina (ODSA-UCA) reveló que el 83,5% reduce la cantidad o la calidad de los alimentos por motivos económicos, una situación que refleja el impacto directo de los ingresos sobre las condiciones materiales de la vida cotidiana.

El estudio se basó en la Encuesta Alimentación de los Trabajadores Asalariados en Argentina (2025), realizada sobre una muestra representativa de 1.171 asalariados en todo el país. El objetivo fue analizar cómo comen los trabajadores durante la jornada laboral y qué factores sociales y laborales condicionan esa práctica.

La restricción económica no solo afecta la calidad de la alimentación, sino también la frecuencia con la que se come durante el día. El informe señala que 56,2% de los trabajadores salteó comidas o eligió alimentos menos nutritivos por motivos económicos, mientras que solo 16,5% afirmó no atravesar ningún tipo de privación alimentaria.

La alimentación durante la jornada laboral tampoco está garantizada para todos. El 22,6% de los trabajadores asalariados declaró que no suele comer durante su jornada laboral, lo que equivale a casi uno de cada cuatro.

Esa situación no se distribuye de manera uniforme. La proporción de trabajadores que no come durante la jornada aumenta con la edad, y supera el 30% entre quienes tienen entre 45 y 59 años (30,4%) y entre los mayores de 60 (31,6%).

Las desigualdades territoriales también aparecen con claridad. La situación más crítica se registra en el NEA, donde el 50,1% de los trabajadores declara que no come durante la jornada laboral, el valor más alto entre todas las regiones del país.

Las condiciones laborales también inciden en estas prácticas. La falta de pausas regulares para comer afecta al 26% de los asalariados, lo que muestra que el tiempo para alimentarse no siempre está garantizado dentro de la organización del trabajo.

Las dificultades se concentran especialmente entre trabajadores de menores ingresos, empleados del sector público y personas que trabajan en lugares sin infraestructura adecuada, como comedores, heladeras o microondas.

El lugar donde se come durante la jornada también refleja las condiciones del entorno laboral. Entre quienes sí realizan alguna comida, el 41,5% lo hace en su escritorio o puesto de trabajo, mientras que el 38,9% utiliza el comedor de la empresa u organización.

Otros trabajadores recurren a alternativas menos frecuentes. El 9% come en espacios públicos como plazas o patios, el 7% lo hace en restaurantes o bares y el 3,6% en su propia casa.

La infraestructura disponible en el lugar de trabajo aparece como un factor decisivo. Contar con comedor, heladera o microondas se asocia con mejores hábitos alimentarios, mayor regularidad en las pausas para comer y menores niveles de privación alimentaria.

Estas condiciones no dependen solo de la voluntad individual de los trabajadores. El tamaño de la empresa, el sector de actividad y el nivel de ingresos influyen en la forma en que se organiza la alimentación durante la jornada laboral, lo que produce diferencias significativas entre distintos grupos de asalariados.

El informe también analiza el vínculo entre alimentación y salud. El 23,1% de los trabajadores asalariados presenta obesidad, definida como un índice de masa corporal superior a 30, una proporción que aumenta en contextos laborales menos favorables.

Los investigadores señalan que las condiciones del trabajo —los tiempos disponibles para comer, los ingresos y la infraestructura del lugar de trabajo— influyen directamente en los hábitos alimentarios y, en consecuencia, en la salud de quienes trabajan.

La mayoría de los trabajadores también manifestó interés en recibir algún tipo de aporte del empleador para cubrir los gastos de alimentación durante la jornada laboral. Según el estudio, 80,4% se mostró a favor de recibir ese tipo de beneficio, lo que refleja la centralidad que tiene el costo de la comida en el presupuesto cotidiano.

El informe concluyó que el lugar de trabajo es un espacio clave para promover mejores condiciones de alimentación y bienestar. La presencia de infraestructura adecuada y de aportes empresariales aparece asociada con mejores prácticas alimentarias y menores niveles de privación.

Las condiciones en que los trabajadores comen —o dejan de comer— durante su jornada laboral muestran cómo los ingresos, la organización del trabajo y el entorno laboral influyen directamente en la alimentación cotidiana.

JJD

El Gobierno nacional anunció que sancionará a la empresa FATE luego de constatar que no pagó los salarios correspondientes a la segunda quincena de febrero durante la vigencia de la conciliación obligatoria en el conflicto con el Sindicato Único de Trabajadores del Neumático Argentino (SUTNA).

La medida fue comunicada por el Ministerio de Capital Humano, que encabeza Sandra Pettovello. Según se explicó, la decisión se tomó por el incumplimiento de la empresa respecto del pago a los trabajadores mientras rige la instancia conciliatoria.

En paralelo, el Gobierno resolvió extender la conciliación obligatoria, cuyo vencimiento estaba previsto para el 11 de marzo de 2026, por un plazo adicional de cinco días. La prórroga busca mantener abiertas las negociaciones entre la compañía y el gremio con el objetivo de encontrar una salida al conflicto laboral.

Desde la cartera laboral detallaron que se abrió un sumario administrativo contra la firma tras verificar que no se abonaron los sueldos de la segunda mitad de febrero, situación que, según el Ejecutivo, implica una violación de la conciliación obligatoria que había sido dictada previamente.

El conflicto se da en medio de la decisión de la empresa de anunciar el cierre de su planta y el despido de más de 900 trabajadores, lo que generó una fuerte reacción del sindicato del sector.

En ese contexto, el SUTNA impulsa además un proyecto en la Legislatura de la provincia de Buenos Aires para declarar de “utilidad pública” la producción de la planta de neumáticos de FATE. La iniciativa busca garantizar la continuidad de la actividad y plantea que el gobierno bonaerense pueda hacerse cargo temporalmente de la compañía.

Mientras tanto, el presidente Javier Milei volvió a referirse al tema durante su participación en el Argentina Week en Nueva York. Desde allí cuestionó al titular del grupo Techint, Paolo Rocca, y al dueño de FATE, Javier Madanes Quintanilla, a quienes calificó como “empresarios prebendarios”.

La conciliación obligatoria es una herramienta que suspende medidas de fuerza mientras se desarrollan negociaciones entre las partes y establece obligaciones tanto para la empresa como para el sindicato. En este caso, el Gobierno sostiene que la compañía no respetó esas condiciones.

En cuanto a la sanción, el Ministerio de Capital Humano indicó que el monto de la multa dependerá de la gravedad de la falta y de la cantidad de trabajadores perjudicados. De acuerdo con el régimen general de sanciones por infracciones laborales, ratificado por la Ley 25.212, las penalidades pueden ir del 50% al 2000% del valor mensual del salario mínimo, vital y móvil por cada empleado afectado.

Con información de medios

JIB

La morosidad en los créditos de las familias alcanzó su nivel más alto en 18 años, según surge de los balances de cierre de 2025 presentados por las principales entidades bancarias privadas del país. El aumento de la falta de pago en préstamos personales y tarjetas reflejó un deterioro en la capacidad de los hogares para cumplir con sus obligaciones financieras, en un contexto marcado por la pérdida de ingresos reales y el encarecimiento del crédito.

Los documentos presentados por Grupo Supervielle, Banco Macro, BBVA y Grupo Galicia expusieron una misma tendencia: aumento de la morosidad, mayores previsiones por incobrabilidad y un impacto negativo sobre la rentabilidad del sector financiero. Ese escenario fue interpretado por las entidades como una señal de deterioro en la calidad de la cartera de préstamos a individuos.

El problema se concentró especialmente en los créditos destinados a los hogares, que durante 2025 enfrentaron una combinación de tasas de interés reales elevadas, caída de la actividad económica y pérdida del poder adquisitivo. Esa combinación redujo la capacidad de pago de los clientes a lo largo del año y se profundizó hacia el final del período.

Además, un estudio elaborado por el Banco Provincia sobre datos del Banco Central señaló que uno de cada cuatro argentinos enfrenta dificultades para cancelar sus créditos, una proporción que refleja la presión que las obligaciones financieras ejercen sobre los ingresos familiares.

El mismo informe registró un cambio significativo en el nivel de deuda de las familias. El financiamiento promedio pasó de representar el equivalente a 1,5 salarios hacia fines de 2024 a 2,5 salarios al cierre de 2025, lo que implicó que los hogares incrementaran su endeudamiento en un monto equivalente a un salario adicional durante ese período.

Ese crecimiento de la deuda coincidió con un deterioro del poder adquisitivo de los ingresos laborales. Según datos del Indec, el índice salarial del sector privado registrado acumuló una suba de 25,6% entre enero y noviembre de 2025, mientras que la inflación para el mismo período alcanzó 27,9%, lo que implicó una caída real del salario superior a dos puntos porcentuales.

La pérdida de poder de compra obligó a muchos hogares a recurrir al crédito para sostener gastos corrientes, una dinámica que elevó el nivel de endeudamiento y, posteriormente, las dificultades para cumplir con los pagos. El sistema financiero comenzó a reflejar ese deterioro en los indicadores de riesgo crediticio, especialmente en los segmentos de préstamos personales y consumo.

Frente a ese escenario, algunas entidades financieras empezaron a aplicar estrategias de refinanciación para intentar contener el aumento de la morosidad. Según relevamientos del sector, los bancos comenzaron a analizar los casos de clientes con atrasos de manera individual y a ofrecer condiciones de pago más flexibles en determinadas situaciones para evitar que las deudas se vuelvan incobrables.

Las entidades sostuvieron en sus informes que el deterioro observado durante 2025 podría moderarse en los próximos meses si mejora la situación macroeconómica y la capacidad de pago de los clientes. Sin embargo, los balances reflejaron que el impacto del aumento de la morosidad ya se trasladó a los resultados financieros de las compañías y generó preocupación en los mercados.

La reacción de los inversores no se hizo esperar. Las acciones de bancos argentinos que cotizan en Wall Street registraron caídas luego de la difusión de los balances y de las advertencias sobre el deterioro en la calidad del crédito. Para millones de trabajadores el crédito deja de ser una herramienta de financiamiento y se transforma en una deuda difícil de sostener.

JJD

La flexibilización de la ley de contratos de trabajo ya está vigente. En teoría busca bajar el costo laboral de las empresas para mejorar su eficiencia y, en el mejor de los casos, que contraten más empleados. Pero hace dos meses en este diario el historiador y ensayista Ezequiel Adamovsky se preguntaba por el costo patronal, es decir, cuánto les cuesta a las empresas sostener a sus máximos ejecutivos. Es un interrogante que se formulan las naciones a las que incluso Javier Milei suele presentar como modelo.

En países con mercados de capitales más desarrollados, donde un mayor porcentaje de la población invierte en bolsa, como Estados Unidos o España, las compañías que cotizan de manera pública deben informar cuánto cobran sus CEO y el resto de su primera plana e incluso compararlo con lo que ganan sus trabajadores promedio. De esta manera, tanto los accionistas pueden tomar conciencia de cuánto retribuyen a sus empleados de mayor rango y cotejarlo con las ganancias de la firma, pero esta información también ha alimentado sobre todo debates sociales sobre la desigualdad de ingresos entre los que más tienen, que suelen amasar cada vez más, y los que que menos tienen, que suelen constituirse en variable de ajuste para la ganancia de productividad.

“A nivel global, la remuneración promedio de un director ejecutivo o CEO se ha disparado un 50% en términos reales desde 2019 hasta alcanzar US$4,3 millonesen 2024, según datos de Oxfam”, cuenta el economista de esta ONG británico en su filial de México, Diego Merla. “Esto representa un ritmo de crecimiento 56 veces mayor que el del salario de las personas trabajadoras. Sumado a esto, es cada vez más común que los CEOs sean también ultraricos -es decir, millonarios con más de US$1.000 millones de patrimonio-, por lo que dicho aumento está directamente relacionado con el hecho de que en 2025 la concentración de la riqueza alcanzará un máximo histórico a nivel mundial. La riqueza combinada de los milmillonarios aumentó un 81% desde 2020 hasta alcanzar los US$18,3 billones. En América Latina y el Caribe la situación es aún más crítica: en el último año, la riqueza de los milmillonarios creció cerca de 39%, aproximadamente 16 veces más rápido que la economía regional. Este proceso de acumulación extrema se traduce en mayor influencia política. En Oxfam estimamos que las personas milmillonarias tienen hasta 4.000 veces más probabilidades de ocupar cargos públicos que la población común”, completa Merla su análisis.

Para analizar la cuestión, analicemos las diez empresas argentinas con mayor capitalización de mercado, es decir, las que más valen entre las que cotizan en bolsa. Como Mercado Libre está listada en la plaza tecnológica norteamericana Nasdaq, es la única de las diez que ofrece detalles de los sueldos de sus máximos ejecutivos a la Comisión de Valores de EE.UU. (SEC, por sus siglas en inglés). Su fundador y principal accionista, Marcos Galperin, que renunció al cargo de CEO el pasado 31 de diciembre para pasar al cargo de presidente ejecutivo y pensar más en el largo plazo de la empresa, cobraba por ese cargo en 2024 –último dato disponible– a razón de US$1,1 millones por mes, un 43% más que en 2023. Claro que la firma aumentó ese año 93% sus ganancias. Los accionistas no tienen de qué quejarse.

Donde surge lo más llamativo es la brecha entre el sueldo de Galperin y el empleado medio de Mercado Libre, de US$1.589 por uno, según el reporte de remuneraciones de la empresa. Los trabajadores de la compañía, con fuerte presencia en Brasil, México y la Argentina, cobran en promedio US$720 por mes, alrededor de $1 millón a la cotización actual del peso. El Estado argentino otorga beneficios impositivos por la contratación de personal de la economía del conocimiento: fueron US$83 millones en 2025. En otras empresas de EE.UU. como Amazon la brecha salarial entre CEO y trabajador promedio fue en 2024 mucho menor que en Mercado Libre, de 43 a 1, pero en otras como Starbucks resulto bastante mayor, de 6.666 por uno.

Las otras nueve grandes empresas argentinas sólo deben informar a la Comisión Nacional de Valores (CNV) el total de las remuneraciones de los directores, no cuánto cobra cada uno ni tampoco lo que ganan los CEO y otros máximos ejecutivos. Los directores tienen responsabilidad hasta penal, pero muchas veces su trabajo se limita a una reunión por mes, mientras que otros son los que llevan el día a día de las compañías. En cada firma se manejan con criterios diferentes y por eso la enorme diferencia entre los honorarios del directorio de una y otra.

En 2024 –último año como datos disponibles para la mayoría de las empresas analizadas–, YPF retribuyó en promedio a cada director con US$68.697 por mes, según el informe de remuneraciones remitido a la CNV. En su directorio están representados diversos representantes políticos del gobierno nacional y las provincias petroleras. En la actualidad, se sientan allí el presidente y CEO, Horacio Marín, pero también el jefe de Gabinete, Manuel Adorni, y su antecesor en el cargo, Guillermo Francos.

En el Grupo Financiero Galicia se informó que cada director cobra en promedio US$50.107 mensuales. Entre ellos figuran varios de sus accionistas principales, como Eduardo Escasany y Federico y Tomás Braun. En el Banco Macro, que ya reportó la remuneración de 2025, ganan US$53.355 por mes. En la cúpula se sientan varios dueños como Jorge y Constanza y Marcos Brito y Delfín Carballo, otros empresarios como los dueños de Havanna –Carlos Giovanelli y Damián Pozzoli– y exsecretarios de Finanzas de gobiernos pasados –Mario Vicens y Sebastián Palla–.

En Pampa Energía cobran US$83.103. En su directorio se ubican también sus propietarios, Marcelo, Damián y Nicolás Mindlin, pero además otras figuras como la exjefa de asesores del gobierno porteño de Horacio Rodríguez Larreta, Julia Pomares. En Telecom, que pertenece a los dueños del Grupo Clarín como los Noble Herrera y Héctor Magnetto, los directores ganan US$19.210. Entre ellos se encuentra su presidente, Carlos Moltini.

Otras firmas, en cambio, optan por relativamente menores remuneraciones a sus directores: Transportadora Gas del Sur (TGS), propiedad de Pampa, US$6.569; BBVA, la filial argentina del banco español, US$3.396; la eléctrica Central Puerto, de los Escasany, Carlos Miguens Bemberg y Guillermo Reca, US$1.427; y la siderúrgica Ternium, del grupo Techint, de Paolo Rocca, US$5.713 para 2025.

Entre los ejecutivos que más ganan en el sector privado, más allá de los CEO, están los CFO, chief financial officer, o directores de finanzas. En su informe de enero pasado, la consultora Adecco reportó que en grandes empresas del área metropolitana de Buenos Aires (AMBA) embolsaban por mes entre $16,2 millones y 19 millones, el equivalente de entonces de entre US$11.200 y 13.100. En otro relevamiento de su competidora Randstad en la misma región, los CFO de bancos y servicios financieros cobraban entre $16,4/19,4 millones, lo mismo que los de hidrocarburos y minería, tecnología y laboratorios. Los de automotrices y manufacturas, entre $15,7/19,8 millones; los de consumo masivo, cadenas comerciales y servicios, entre 14,6/18 millones, y los de transporte y logística, entre 13,9/17,1 millones.

Los sueldos de directores, gerentes generales y otros ejecutivos en las empresas aumentaron entre 29% y 36%, según cuenta la responsable de búsqueda y selección de talento de Adecco, Alejandra López. La inflación fue del 31%, mientras que el índice de salario del sector privado registrado subió sólo 28%, según el Instituto de Estadística (Indec). “En muchos casos los incrementos de las altas posiciones se ubicaron levemente por encima de la inflación proyectada, lo que demuestra que las empresas priorizan mantener la competitividad salarial en los niveles de liderazgo”, analiza López.

“Además, estos cargos suelen incluir no sólo salarios fijos sino también bonos, incentivos vinculados al desempeño y el resultado del negocio, con lo cual la remuneración puede ser aún mayor, dependiendo de la industria y del tamaño de la empresa”, apunta la ejecutiva de Adecco. Los sectores que más pagan a la alta dirección en la Argentina son los de energía y minería. En Adecco observan que las firmas buscan directores y gerentes con trayectoria y liderazgo, pero también con capacidades de adaptarse a un contexto económico cambiante y de impulsar el crecimiento en ese entorno.

Desde la mirada de Adamovsky, “los salarios y bonos exorbitantes que se llevan los CEOs y ejecutivos vienen creciendo de manera injustificable”. “Pero además de eso hay que sumar toda una cantidad de prebendas gerenciales: comisiones, oficinas lujosas, choferes, pasajes en primera, viáticos, retiros a resorts lujosos, etc., una fortuna en costos que deben soportar las empresas”, agrega. Una discusión pendiente que puede interesar a los pequeños accionistas de las empresas que cotizan en bolsa, aunque de manera más amplia a aquellos preocupados por la creciente desigualdad social.

AR/MG

A 24 horas de la apertura de sesiones, el relato presidencial sobre empleo y recuperación salarial convive con números oficiales que muestran otra escena: los sueldos registrados quedaron otra vez por debajo de los precios. En las palabras presidenciales, el trabajo apareció como herencia fallida y como promesa futura, pero no como deterioro presente del salario real.

La referencia más directa del mandatario en su discurso ante la Asamblea Legislativa fue la defensa de la Ley de Modernización Laboral, que el Presidente presentó como una norma que “viene a barrer con un delirio sancionado hace 50 años” y que, según afirmó, dejó “a la mitad de los trabajadores en el mercado informal”. Sin embargo, se trata de una ley proempresa, que fue rechazada por todo el arco sindical e inclusive cuestionada por parte del empresariado, el pyme, porque consideran que la letra choca contra principios constitucionales y podría provocar una mayor litigiosidad a la ya existente.

Milei sostuvo que los “campeones de los derechos de los trabajadores” dejaron “sin ningún tipo de derecho a la mitad de los trabajadores” y agregó que en el último gobierno anterior, el de los peronistas Alberto Fernández, Cristina Fernández de Kirchner y Sergio Massa, del extinto Frente de Todos, “el 30 % de los trabajadores formales eran pobres”. El encuadre fue retrospectivo: informalidad y pobreza laboral como resultado del modelo previo y como justificación de la reforma.

En ese mismo tramo, el Presidente cerró con una afirmación categórica: “El desempleo bajó”. También sostuvo que durante su gestión “no aumentó el desempleo”. Sin embargo, según Chequeado, esa afirmación resultó falsa. De acuerdo con los datos de la Encuesta Permanente de Hogares del Indec citados por el sitio de verificación de contenidos, la tasa de desocupación pasó del 5,7% en el tercer trimestre de 2023 al 6,6% en el tercer trimestre de 2025, último dato disponible.

El mismo análisis mostró que el desempleo subió durante el primer año de gestión (alcanzó 6,9% en 2024) y luego bajó levemente en 2025, pero el resultado global evidenció un incremento respecto del punto de partida. La afirmación presidencial, entonces, no coincidió con la evolución agregada de la tasa de desocupación.

La segunda afirmación fuerte fue sobre ingresos. “Hemos triplicado el salario en dólares”, dijo Milei en el recinto. La frase fue calificada como engañosa en otro chequeo publicado este lunes. Según ese informe, el salario promedio en dólares pasó de US$ 515 en noviembre de 2023 a US$ 1.245 en noviembre de 2025. El aumento nominal en dólares existió y fue significativo.

Sin embargo, los especialistas citados advirtieron que medir salarios en dólares no informa sobre el poder adquisitivo real frente a la inflación interna. Cuando se comparó el salario promedio con la canasta básica total —también medida en dólares— la capacidad de compra aumentó 17%, muy por debajo del incremento nominal del 141% en dólares que sugiere la frase presidencial. El salario en dólares creció; el poder de compra lo hizo en menor magnitud.

En paralelo a esa discusión, los propios datos oficiales mostraron que el salario real en pesos volvió a retroceder en 2025. Según el Indec, el índice de salarios del sector privado registrado acumuló una suba de 25,6% entre enero y noviembre de 2025, mientras que la inflación del mismo período alcanzó 27,9%. La diferencia implicó una caída real de al menos 2,3 puntos porcentuales.

En noviembre, los salarios privados registrados crecieron 2,1%, por debajo del 2,5% del IPC nacional de ese mes. El informe vinculó el retroceso con el “rezago de las negociaciones colectivas” y la falta de actualización de tramos acordados a comienzos del año.

El empleo público mostró una dinámica aún más restrictiva. El subsector público nacional registró un aumento acumulado de 19% entre enero y noviembre, claramente inferior a la inflación del período. Más del 80% de la masa salarial relevada por el Indec tuvo aumentos por debajo de los precios acumulados, según ese mismo informe.

Mientras el Presidente defendió la reforma laboral como modernización necesaria, el entramado productivo atravesó una contracción verificable. En noviembre de 2023 el sistema registraba 512.357 empleadores y 9.857.173 trabajadores; en noviembre de 2025 las cifras descendieron a 490.419 empresas y 9.566.571 trabajadores. En ese período se perdieron 21.938 empleadores y 290.602 puestos registrados. El cierre definitivo de la planta de Fate en San Fernando dejó a 1.500 trabajadores sin empleo en un día; en La Pampa, el frigorífico General Pico despidió a 194 empleados y paralizó sus plantas; en el sector textil, Hilado S.A. avanzó en concurso preventivo con alrededor de 800 trabajadores bajo incertidumbre. En el conflicto del neumático, además, 920 operarios quedaron sin tareas efectivas pese a la conciliación obligatoria, según denunció el SUTNA.

La distancia no fue solo numérica, sino también en la forma de describir el problema. En el discurso de Milei el salario apareció como consecuencia futura de la estabilidad macroeconómica. Milei explicó que el equilibrio fiscal y la política monetaria restrictiva permitirán mayor productividad, “salarios más altos y menores niveles de pobreza”. La recomposición salarial fue presentada como resultado de un proceso estructural, no como lo urgente que verdaderamente es.

Lo que no dijo: paritarias y negociación colectiva

En las 28 páginas del discurso difundido oficialmente no apareció la palabra “paritaria”. Tampoco hubo referencias explícitas a reaperturas de negociación colectiva ni a la actualización salarial en el sector público. La omisión resultó significativa si se considera que el propio informe del Indec explicó parte de la caída real por el rezago de las negociaciones colectivas.

La reforma laboral sí ocupó un lugar destacado. El Presidente la presentó como instrumento para modernizar el mercado de trabajo y adaptarlo a “la mayor transformación de la historia”. Pero no detalló en el recinto los efectos concretos sobre indemnizaciones, jornada o derechos colectivos, dimensiones que forman parte del debate legislativo en curso.

El resultado fue un mensaje donde el empleo y el salario funcionaron como argumentos de validación del rumbo económico, más que como fotografía del presente. El desempleo fue presentado como resuelto; los datos mostraron un aumento respecto de 2023. El salario en dólares fue exhibido como símbolo de recuperación; el poder adquisitivo real creció menos y en 2025 volvió a caer frente a la inflación.

Los números oficiales disponibles mostraron que el mercado de trabajo no siguió una trayectoria lineal. La desocupación resultó mayor que al inicio del mandato y el salario real registrado volvió a perder contra los precios en 2025. En ese escenario, el empleo y el ingreso funcionaron en el discurso como promesa de largo plazo, mientras los datos mostraron las necesidades del presente.

JJD

En diciembre de 2025, las ventas en supermercados mostraron una leve recuperación interanual pero con menos trabajadores en las góndolas. Según la Encuesta de Supermercados publicada por el INDEC, el índice de ventas totales a precios constantes creció 0,5% respecto al mismo mes de 2024 y acumuló una suba de 2% en el período enero-diciembre.

El dato se produjo en un contexto de retracción laboral dentro del propio sector. El personal ocupado descendió 1,4% interanual y se ubicó en 99.324 personas en diciembre. La mejora leve en cantidades vendidas no se tradujo en mayor empleo.

En términos mensuales, la serie desestacionalizada mostró un aumento de 2,7% respecto de noviembre, mientras que la serie tendencia-ciclo avanzó 0,1%. El movimiento indicó un repunte frente a la caída registrada durante buena parte de 2024, cuando el consumo masivo había retrocedido con fuerza.

En valores corrientes, las ventas totales alcanzaron $2.796.111 millones en diciembre, sumando el canal salón de ventas ($2.713.065 millones) y los canales online ($83.046 millones). El canal presencial concentró la mayor parte de la facturación, aunque el online mostró una variación interanual de 37,4%, por encima del 25,2% del salón de ventas.

El ticket promedio se ubicó en $37.244, con una suba interanual de 29,2%, mientras que las ventas por metro cuadrado alcanzaron $826.295 y crecieron 26,2% frente a diciembre de 2024. El incremento nominal del ticket se dio en un año en el que el consumo en cantidades mostró apenas un avance marginal.

El desglose por medios de pago mostró cambios en la forma de financiar las compras. Las tarjetas de crédito explicaron $1.220.497 millones de las ventas y registraron un aumento interanual de 25,2%. Las tarjetas de débito sumaron $730.107 millones (+10,3%), el efectivo $454.381 millones (+31,7%) y otros medios de pago $391.125 millones (+59,1%) .

El peso creciente de los medios distintos al efectivo y al débito reflejó un mayor uso de financiamiento y promociones, en un escenario donde los ingresos reales de los hogares continuaron tensionados.

El índice de ventas totales a precios corrientes mostró una variación interanual de 26,2% en diciembre . Sin embargo, al analizar las ventas a precios constantes —es decir, descontando el efecto inflacionario— el crecimiento fue de apenas 0,5% . La diferencia entre ambas mediciones evidenció que buena parte del aumento nominal respondió a precios y no a mayores cantidades vendidas.

Durante 2024, el sector había atravesado caídas interanuales pronunciadas en varios meses, con variaciones negativas de dos dígitos en términos reales, según la serie original publicada por el organismo. El leve saldo positivo de 2025 marcó un freno a esa tendencia pero no implicó una recomposición robusta del consumo.

El dato laboral expuso uno de los principales impactos sobre quienes trabajan en el sector. Con 99.324 personas ocupadas y una baja interanual de 1,4%, la recuperación en ventas no se tradujo en expansión de planteles. La mejora en productividad medida por ventas por metro cuadrado coexistió con menor cantidad de trabajadores.

El informe técnico no consignó aumentos en la dotación pese a la suba acumulada anual de 2,0% en ventas reales . En un sector caracterizado por alta rotación y presencia de empleo registrado, la reducción interanual implicó menos puestos formales en uno de los principales rubros del comercio minorista.

La Encuesta de Supermercados es uno de los indicadores más sensibles para medir el pulso del consumo masivo urbano. El cierre de 2025 mostró estabilidad en cantidades vendidas pero sin recomposición significativa del empleo, en un contexto en el que la evolución salarial y el poder adquisitivo condicionaron el gasto de los hogares.

El informe fue publicado el 25 de febrero de 2026 por el INDEC y consignó que los datos de 2025 son provisorios . Hasta el momento, el organismo no informó una reversión en la caída del personal ocupado.

El sector cerró el año con más facturación nominal y leve crecimiento real, pero con menos trabajadores que doce meses antes.

JJD

El cierre total de la planta de Fate en San Fernando dejó a 1.500 trabajadores en la calle y marcó un punto de inflexión en la crisis industrial. Los operarios encontraron los portones con cadenas y un operativo policial, sin aviso previo, según denunció el Sindicato Único de Trabajadores del Neumático Argentino (Sutna). La paritaria del sector llevaba 13 meses sin actualización salarial en la empresa.

La histórica fabricante nacional anunció el cese definitivo de actividades tras 70 años de producción. La dotación había sido de alrededor de 3.000 trabajadores dos años atrás y quedó reducida a más de 1.500 al momento del cierre. La empresa informó que se trató de una clausura total con liquidación de activos y pago de indemnizaciones conforme a la ley vigente, aunque no comunicó públicamente un cronograma detallado.

En paralelo al conflicto paritario, los trabajadores ya enfrentaban una pérdida de poder adquisitivo. Mientras otras empresas del sector habían adelantado aumentos a cuenta, Fate no había ofrecido anticipos y acumulaba 14 meses sin incrementos, según denunció el gremio.

El caso Fate no quedó aislado. En La Pampa, el frigorífico General Pico —creador de la hamburguesa Paty y propiedad de Ernesto “Tito” Lowenstein— despidió a 194 empleados y paralizó sus tres plantas ubicadas en Trenel, General Pico y Arata. Semanas antes había suspendido a sus 450 trabajadores.

La firma acumuló deudas por $34.000 millones, de los cuales $22.000 millones correspondieron a bancos públicos, y más de 1.000 cheques rechazados por más de $12.000 millones. También había informado que pasó de faenar 600 cabezas diarias a menos de 50, en un contexto de caída de ventas y retracción de exportaciones.

En Trenel, una localidad de 7.000 habitantes, 79 familias reclamaron el pago de indemnizaciones que, según denunciaron, no se abonaron en la fecha prevista.

El sector textil sumó otro capítulo. Hilado S.A., una de las principales compañías del grupo TN Platex, solicitó la apertura de su concurso preventivo de acreedores para afrontar compromisos financieros y preservar la continuidad operativa. La empresa, perteneciente a la familia Karagozian, atravesó un proceso de reestructuración en un contexto de caída del consumo, aumento de importaciones y elevado costo financiero.

Hilado S.A. contó con alrededor de 800 trabajadores distribuidos en La Rioja, Monte Caseros y Tucumán. En los meses previos, el grupo acumuló cierres y despidos: 190 trabajadores en la planta de Los Gutiérrez, 100 en Las Piedritas, 50 despidos y 12 contratos no renovados en La Rioja, además de 300 reducciones en Monte Caseros durante 2025.

Los casos individuales se inscribieron en una contracción más amplia del entramado productivo. Según datos de la Superintendencia de Riesgos del Trabajo, en noviembre de 2023 el sistema registraba 512.357 empleadores y 9.857.173 trabajadores. En noviembre de 2025, las cifras descendieron a 490.419 empresas y 9.566.571 trabajadores.

En ese período se produjo una caída neta de 21.938 empleadores y 290.602 trabajadores registrados. En noviembre de 2025, el cierre neto mensual fue de 892 empleadores.

La reducción del empleo formal se combinó con pérdida salarial. El índice de salarios del sector privado registrado acumuló una suba de 25,6% entre enero y noviembre de 2025, mientras la inflación alcanzó 27,9% en el mismo período. La diferencia implicó una caída real de más de dos puntos.

En ese marco, ir a trabajar también se encareció. El Poder Ejecutivo dispuso una nueva suba en los colectivos que unen la Ciudad de Buenos Aires con la provincia de Buenos Aires: el boleto mínimo pasó de $494 a $650 en febrero y se anunció otro incremento de 10% para marzo.

El cierre de Fate dejó 1.500 trabajadores sin empleo en un día. En La Pampa, 194 empleados fueron despedidos y las plantas quedaron paralizadas. En el sector textil, 800 trabajadores quedaron bajo la incertidumbre de un concurso preventivo. En dos años, el sistema perdió 290.602 puestos registrados.

Hasta el momento, ni Fate ni el frigorífico General Pico informaron públicamente fechas concretas de pago de indemnizaciones ni abrieron instancias de negociación con intervención efectiva del Estado nacional.

JJD

La paralización de tres plantas de Lácteos Verónica dejó a 600 trabajadores sin tareas y con salarios adeudados desde diciembre, en un conflicto que se profundizó durante enero y que, al 12 de febrero, continuó sin resolución. La planta de Clason, ubicada sobre la ruta 34 a unos 70 kilómetros de Rosario, interrumpió sus actividades el 10 de enero tras el corte del servicio de transporte que trasladaba a los operarios desde Totoras, San Genaro y localidades cercanas. Las plantas de Lehmann y Suardi también dejaron de producir por falta de materia prima e insumos.

Según explicó en AM 530 el delegado Marcelo Muzzio, la empresa dejó de pagar el transporte del personal, lo que obligó a los trabajadores a organizar traslados con vehículos propios y del gremio durante dos semanas. Luego, la imposibilidad de sostener ese esquema derivó en la interrupción total de tareas. En la planta de Clason trabajan 160 personas, aunque desde enero solo ingresaron entre 20 y 30 por día para tareas mínimas de resguardo.

El conflicto incluyó una propuesta empresarial de retiros voluntarios al 50% de la indemnización. De acuerdo con el delegado, parte del personal aceptó esa oferta ante la incertidumbre sobre la continuidad productiva. Sin embargo, la empresa no cumplió con los pagos comprometidos: abonó dos o tres cuotas y luego interrumpió el cronograma. Muzzio afirmó que cuando el cuerpo de delegados rechazó esa opción, el dueño reiteró la propuesta pese a los incumplimientos previos.

A la deuda por los retiros se sumó el atraso salarial general. Los trabajadores denunciaron que la empresa adeudó los sueldos de diciembre y enero, además del aguinaldo, y que la última transferencia fue de $20.000 un día y $17.000 al siguiente. Esos montos no cubrieron el salario mensual ni compensaron los meses impagos. El delegado sostuvo que la situación generó una incertidumbre total sobre la continuidad laboral y el cobro de indemnizaciones.

En paralelo, circularon versiones sobre posibles compradores interesados en las plantas. Muzzio mencionó que hubo recorridas de inversores y que se habló de empresas del sector como Saputo y Savencia, además de firmas radicadas en Córdoba. Hasta el momento, no hubo confirmación oficial sobre una operación de venta ni comunicación formal a los trabajadores. El delegado aseguró que el Ministerio de Trabajo de Santa Fe convocó al dueño a una reunión, pero que no brindó precisiones sobre el futuro de la compañía.

La ubicación de las plantas es un dato central del conflicto. Clason, Lehmann y Suardi se encuentran en una de las principales cuencas lecheras del país, con provisión de materia prima en un radio cercano. “La leche está al pie del cañón”, afirmó Muzzio, al remarcar que la empresa no dependía de traslados extensos para abastecerse. La interrupción no respondió a una falta estructural de producción primaria en la zona, sino a decisiones empresariales y a la paralización de insumos y pagos.

El conflicto se inscribió en un contexto más amplio de deterioro salarial y debate legislativo. Según datos del Indec, el índice salarial del sector privado registrado acumuló una suba de 25,6% entre enero y noviembre de 2025, frente a una inflación de 27,9% en el mismo período, lo que implicó una caída real de al menos 2,3 puntos. Más del 80% de la masa salarial relevada tuvo aumentos por debajo de la inflación acumulada, lo que impactó de manera directa en el poder adquisitivo de los trabajadores formales . En ese marco, la falta de ingresos durante dos meses profundizó la vulnerabilidad de las familias afectadas.

Además, el Gobierno impulsó en sesiones extraordinarias un proyecto de reforma laboral que incluyó cambios en indemnizaciones, período de prueba y derecho de huelga, según la cobertura de trabajAR . Los delegados de Verónica advirtieron que el escenario legislativo reforzó la incertidumbre sobre el valor de las indemnizaciones y la estabilidad futura, en un contexto donde ya se ofrecieron retiros al 50% y se incumplieron pagos.

Los trabajadores realizaron asambleas, movilizaciones locales y evaluaron cortes parciales sobre la ruta 34, aunque reconocieron las limitaciones para sostener medidas prolongadas. También analizaron la alternativa de conformar una cooperativa, tomando como antecedente la experiencia de Cotar en la región, pero señalaron que la prioridad inmediata fue garantizar el cobro de salarios adeudados o la aparición de un comprador que mantuviera las fuentes laborales.

Al cierre de esta nota, la empresa no confirmó la reanudación de actividades ni presentó un cronograma de pago de salarios e indemnizaciones. Las plantas continuaron paralizadas y los trabajadores permanecieron sin certezas sobre su continuidad laboral.

JJD