En un contexto de desaceleración inflacionaria y de recomposición gradual de los ingresos, las pretensiones salariales de los trabajadores argentinos volvieron a registrar incrementos durante junio de 2026. 

Los datos permiten observar cuánto dinero consideran necesario quienes buscan empleo o evalúan cambiar de trabajo en los distintos sectores de la economía.

El salario bruto promedio pretendido en Argentina se ubica actualmente en torno a los $1.780.000 mensuales, una cifra que continúa creciendo, aunque a un ritmo inferior al de meses anteriores. A nivel regional, además, el país encabeza el ranking de remuneraciones pretendidas con un promedio equivalente a u$s 1.292 al tipo de cambio oficial.

El relevamiento muestra que las mayores expectativas salariales siguen concentrándose en posiciones jerárquicas y en actividades vinculadas a la energía, la minería y las ingenierías, sectores que mantienen una elevada demanda de perfiles especializados y ofrecen remuneraciones por encima de la media del mercado.

Por el contrario, los rubros asociados a atención al cliente, gastronomía, turismo y tareas administrativas de menor complejidad continúan ubicándose entre los que registran los salarios pretendidos más bajos, aunque también evidenciaron mejoras respecto de los meses anteriores.

Las cifras del sitio Bumeran funcionan como una referencia de mercado para empresas y trabajadores, ya que reflejan cuánto dinero solicitan quienes se postulan a nuevas oportunidades laborales en un escenario económico que todavía busca consolidar la recuperación del poder adquisitivo.

Los sueldos que piden los trabajadores argentinos en junio de 2026

Entre los sectores con mejores perspectivas salariales se destacan Gerencia y Dirección General, que supera los $2,8 millones mensuales, y Minería, Petróleo y Gas, que se mantiene por encima de los $2,5 millones impulsado por la actividad energética. En el otro extremo aparecen Atención al Cliente, Call Center y Telemarketing, con poco más de $1 millón, seguido por Secretarias y Recepción y Oficios y Otros, que continúan entre las áreas con menores pretensiones salariales del mercado laboral argentino.

Con información de NA.

Tras semanas de negociaciones y un clima de creciente tensión en el sistema universitario, el Gobierno nacional y el Consejo Interuniversitario Nacional (CIN) alcanzaron un acuerdo para actualizar los salarios de docentes y no docentes y garantizar recursos para el funcionamiento de las universidades públicas.

El entendimiento contempla una recomposición salarial del 24,33% en dos tramos y fue respaldado por los gremios del sector, aunque no implica el cierre definitivo del conflicto entre las universidades y la Casa Rosada.

De acuerdo con lo acordado, los trabajadores universitarios recibirán un aumento del 21,33% en julio y otro 3% en octubre. La mejora salarial incluye siete puntos correspondientes a 2024, 12,33 puntos de 2025 y una compensación por la pérdida de poder adquisitivo acumulada hasta mayo de este año.

Además de la cuestión salarial, las conversaciones permitieron avanzar sobre otros reclamos planteados por las universidades. Entre ellos, un incremento del 50% en el Programa de Becas Estratégicas Manuel Belgrano y una partida extraordinaria de 50 mil millones de pesos destinada a hospitales universitarios, un pedido impulsado especialmente por la Universidad de Buenos Aires (UBA).

En el oficialismo interpretaron el acuerdo como una señal de éxito de su estrategia negociadora. Cerca del Gobierno sostienen que lograron mantener la disciplina fiscal sin modificar sustancialmente la oferta que habían llevado a la mesa de diálogo y destacan que los rectores terminaron aceptando una propuesta que semanas atrás consideraban insuficiente.

Sin embargo, el acuerdo no desactiva todos los frentes de conflicto. Las autoridades universitarias confirmaron que continuarán con las acciones judiciales para exigir el cumplimiento de la Ley de Financiamiento Universitario, una norma que fue vetada por el presidente Javier Milei y cuya validez se encuentra actualmente bajo análisis de la Corte Suprema de Justicia.

Desde el sector sindical también valoraron el resultado de la negociación, aunque remarcaron que el proceso de recuperación salarial está lejos de concluir.

La Federación de Docentes de las Universidades (FEDUN) destacó que el entendimiento llegó luego de “dos años y medio de lucha y cuatro marchas federales” y consideró que representa un avance en el reclamo que mantienen desde el inicio de la gestión libertaria.

“Logramos que el Gobierno convoque a paritarias y presente una propuesta para empezar a recomponer el salario perdido desde que Milei es presidente”, señaló la organización en un comunicado.

No obstante, la federación advirtió que el objetivo sigue siendo recuperar la totalidad del poder adquisitivo perdido en los últimos años y sostuvo que las medidas de reclamo continuarán mientras persista esa brecha.

De este modo, aunque el acuerdo descomprime la situación financiera de las universidades y evita nuevas medidas de fuerza en lo inmediato, la discusión de fondo sobre el financiamiento del sistema universitario público permanece abierta y tendrá uno de sus capítulos decisivos en la Corte Suprema.

Con información de la agencia NA

A principios del año pasado, el Gobierno festejó que el consumo de bienes durables repuntaba, como el de autos, entre la concreción de compras postergadas de un tiempo pasado en que faltaba oferta importada, la reaparición del crédito y una merma de la inflación que mejoraba el salario. Pero en la segunda mitad de 2025 le echó la culpa al llamado “riesgo kuka” de la suba de las tasas de interés de los préstamos y el alza de precios, y su consiguiente impacto en los sueldos. Pasadas las elecciones, y ante el aumento de la morosidad crediticia, el financiamiento sigue caro y las remuneraciones tampoco se recuperaron. ¿Consecuencias? Varias, pero una de ellas es el derrape ya no sólo de la producción nacional sino también de las ventas de automóviles y pickup ups, incluidas las extranjeras, en mayo y la consolidación de una baja en los primeros cinco meses de 2026.

La fabricación local ya venía cayendo con Milei, mientras crecían los importados, sobre todo los chinos como BYD, BAIC o Chery. Pero la novedad del mes pasado fue que se derrumbaron 25,6% interanual las ventas totales de vehículos, tanto nacionales como extranjeros, según la Asociación de Concesionarios (Acara). Ya no zafa nadie. Los patentamientos de autos retrocedieron 26%, pero también lo hicieron en la misma medida (-26,7%) los comerciales livianos, es decir, las pick ups y los utilitarios. Y eso que el campo, la minería, Vaca Muerta y el comercio electrónico, usuarios de las camionetas, están creciendo.

En una de las principales fabricantes de pick ups explican que la demanda de los sectores productivos continúa firme, pero lo que hizo caer la comercialización fue la menor compra en las ciudades. “Cayó la venta para uso particular”, detallan. Es decir, si las usás para hacer pinta, mejor esperá otro momento mejor. Ahora, no hay plata en el bolsillo ni crédito, todavía caro y escaso, pese a la baja reciente de tasas y por motivo de que las financieras y los bancos tienen el foco en sanear la cartera morosa, no en otorgar nuevos préstamos. Salarios bajos y créditos caros explican el fenómeno, según reconocen en concesionarias. Pero hasta los camiones pesados disminuyeron aunque menos que los otros segmentos, el 14,5%.

“El mercado se paró porque está pensando: hay incertidumbre de nuevos modelos, nuevas tecnologías, en la financiación, si bajan las tasas”, quiso ser más diplomático el presidente de Acara, Sebastián Beato, en Mdz Radio. Su hipótesis es que la población está esperando a que vuelva en algún momento un crédito barato, pero también duda qué comprar en un mercado donde irrumpe un aluvión de autos importados que antes no se ofrecían y se desconocían, muchos de ellos con sistemas eléctrico o híbrido que tampoco estaban disponibles hasta que este gobierno abrió la economía.

“Junio va a levantar un poco, pero 2026 no va a ser como 2025, calculamos un 8% abajo”, pronostica Beato. En los primeros cinco meses de este año, el patentamientos de autos cae 8,7%; el de comerciales livianos, 13,9% y el de pesados, 4,5%. El total del mercado merma 9,7%. “2026 calculábamos que iba ser un año meseta. Si bajan las tasas, aumentará la financiación. El que tiene dólares, quizás espera a que suba para venderlos y comprar un auto. Tenemos un sobrestock de tres meses en las concesionarias y hay presión para bajar los precios (N. de la R.: esa expectativa de abaratamiento también demora la decisión de compra). No quiero ser alarmista sobre la pérdida del poder adquisitivo”, prefirió evitar una definición sobre el impacto de los ingresos deteriorados en las ventas.

En mayo, todos a la baja

En mayo casi todas las marcas de coches y comerciales livianos despistaron, incluidas las líderes Toyota, Volkswagen y Fiat. Entre las pocas excepciones figuraron Mercedes-Benz, entre el lujo y el nuevo impulso al utilitario Sprinter que le dio el nuevo dueño de la fábrica local, Prestige Auto -propiedad de Pablo Peralta como accionista mayoritario, Daniel Herrero y Alfonso Prat-Gay como minoritarios-; los importados de las BYD, BAIC, Chery, Haval, Changan, Jetour y Foton, la surcoreana Hyundai, las japonesas Honda y Suzuki y las alemanas Audi y BMW. La alta gama sigue ganando en la Argentina, no sólo los autos asiáticos eléctricos e híbridos que entran sin arancel en la Argentina, mientras las fábricas locales apenas están invirtiendo en comenzar a fabricarlos.

Entre los camiones pesados también redujeron en mayo ventas casi todas las marcas, incluidas las que más venden, Mercedes-Benz, Iveco y Scania. Sólo mejoraron la sueca Volvo y Foton, entre otras. Es decir, tampoco anduvieron bien aquellos que le venden a las grandes industrias extractivas.

El derrape en ventas impacta en la producción: en una torta que se achica, la porción de lo nacional ya se venía empequeñeciendo. El mes pasado, la industria argentina produjo 21,5% que un año atrás y acumula una merma del 19,3% en lo que va de 2026. El retroceso se debe claramente al mercado interno porque la exportación apenas se achicó 4,2% en mayo y 2,1% en los primeros cinco meses del año. El 64% de lo enviado al exterior va a Brasil –donde los vehículos chinos avanzan–, seguido por América Central, con el 12,9%, y Perú, con el 7,8%. El mes pasado se exportaron 17.800 utilitarios y 7.300 autos. La Argentina se ha especializado con éxito en pick ups, apuntando a una Latinoamérica productora de materias primas, aunque no a todas las empresas les fue tan bien como a la japonesa Toyota con Hilux y a la estadounidense Ford con la Ranger.

Hay marcas que dejaron de producir en la Argentina este año: en Córdoba, la japonesa Nissan, que antes hacía una pick up, y en El Palomar la francesa Citroën, del grupo europeo Stellantis. Este conglomerado también fabrica Fiat en su planta cordobesa y Peugeot en esa localidad bonaerense, incluidos los primeros modelos híbridos argentinos, pero esta última fábrica está ahora paralizada por un mes por la menor demanda. En la provincia mediterránea elaborará dos nuevas camionetas, una Fiat y otra RAM, ambas con versiones híbridas pero con el modelo CKD (Completely Knocked Down, completamente desmontado), que consiste en que acá se ensamblan casi todos componentes importados, en este caso de China. Es decir, poco trabajo para las fábricas autopartistas locales.

El avancese de los híbridos

Otras automotrices discontinuaron modelos mientras invierten para futuros lanzamientos: son los casos de la alemana Volkswagen, que dejó de armar la Taos en Pacheco, y la francesa Renault, que ya no hace la Sandero ni el Logan ni la camioneta Alaskan en Córdoba. Ambas planean empezar a producir pick ups. En el primer caso será un CKD chino. En el de Renault, en cambio, tendrá más partes locales e incluirá una versión híbrida.

La norteamericana General Motors (GM) sobrevive cerca de Rosario. Toyota y Ford planean versiones híbridas de sus pick ups en Zárate y Pacheco, respectivamente. Mercedes- Benz Buses y Camiones inauguró el mes pasado una planta en Zárate que había anunciado en el gobierno anterior, mientras Prestige Auto opera en La Matanza la fábrica que vendió la compañía alemana en 2025. Se espera que la argentina Corven, fabricante de motos, arme acá los primeros modelos chinos, los Chery y los Foton. Otras pymes locales llevan años elaborando sus eléctricos: Sero Electric en Castelar, Volt Motors en Córdoba y Tito (Coradir) en San Luis. Pero ahora enfrentan la dura competencia asiática. Las autopartistas también cierran: diez en la era Milei. Otras 52 habían bajado las persianas de 2010 a 2023.

La discontinuidad de fábricas, modelos y autopartes locales obedece siempre a motivos particulares de las estrategias de cada empresa, pero también existen factores argentinos para las tomas de decisiones que evidencian un retroceso de la industria automotriz local en general. Son decisiones que se tomaron años antes, es decir, a partir de la experiencia del gobierno anterior. Si bien el peronismo tenía un discurso pro industrial, era muy difícil producir porque estaban restringidas las importaciones, faltaban piezas para ensamblar, se incumplían compromisos de exportación, falta certidumbre de largo plazo y por eso se minimizaban inversiones. La japonesa Honda dejó en 2020 de producir autos en la Argentina y ahora sólo hace motos.

Con los libertarios hay más estabilidad macroeconómica, libre importación de partes pero también de productos terminados, bajan algunos impuestos, pero no hay política industrial como en Brasil, se bajan tanto los aranceles a la importación que al final de cuentas a las multinacionales les conviene destinar su capacidad ociosa de sus fábricas en otros países a vender importados en la Argentina, en lugar de producir acá. Juegan en contra los tributos que pesan sobre la producción, así como un tipo de cambio que si se sigue atrasando a largo plazo encarece cada vez más lo que se elabora localmente. Los cambios de reglas con cada gobierno que llega no ayudan a planificar. Así es el análisis de al menos dos fuentes productivas criollas.

AR/MG

Las empresas ya están habilitadas para pagar la primera cuota del aguinaldo correspondiente al primer semestre de 2026. El beneficio alcanza a millones de trabajadores en relación de dependencia y, de acuerdo con la legislación vigente, debe abonarse antes de que termine junio.

Según establece la Ley de Contrato de Trabajo, el Sueldo Anual Complementario (SAC) debe depositarse hasta el 30 de junio. Sin embargo, la normativa contempla una prórroga de hasta cuatro días hábiles, por lo que algunas compañías podrían acreditar el pago durante los primeros días de julio sin incurrir en incumplimiento.

El aguinaldo se paga en dos cuotas al año y equivale al 50% de la mayor remuneración mensual percibida por el trabajador durante cada semestre. Para calcular el monto correspondiente a junio se toma como referencia el salario más alto cobrado entre enero y junio de 2026.

En ese cálculo se incluyen todos los conceptos remunerativos que figuran en el recibo de sueldo, como el salario básico, las horas extras, las comisiones, los adicionales y otros suplementos salariales.

Por ejemplo, si el ingreso más alto percibido durante el semestre fue de un millón de pesos, el aguinaldo será de 500.000 pesos.

En el caso de quienes no trabajaron durante todo el período semestral, el SAC se liquida de manera proporcional al tiempo efectivamente trabajado.

La obligación de pagar el aguinaldo alcanza a todos los empleadores con personal en relación de dependencia. Si el depósito no se realiza una vez vencidos los plazos legales, el trabajador puede iniciar el correspondiente reclamo, ya que se trata de un derecho laboral garantizado por ley.

El beneficio también corresponde a jubilados y pensionados. En esos casos, la ANSES abonará el aguinaldo de manera automática junto con los haberes de junio, sin necesidad de realizar ningún trámite adicional.

Según informó el organismo previsional, el monto se calculará tomando el 50% del haber mensual más alto percibido entre enero y junio de este año. Los pagos se efectuarán de acuerdo con el cronograma habitual, organizado según la terminación del DNI.

Con información de la agencia NA

El 87% de los trabajadores argentinos afirma que su salario es insuficiente para cubrir las necesidades básicas y 7 de cada 10 sostiene que el ingreso no dura más de dos semanas, según reveló un informe del portal de empleo Bumeran.

La elevada proporción de argentinos que consideran que no es suficiente su sueldo para afrontar los gastos diarios, ubica al país en uno de los niveles más críticos de la región, siendo superado únicamente por Panamá (92%) y Ecuador (90%).

En este marco, el estudio puntualizó sobre la velocidad con la que se esfuman los ingresos. El 73% de los empleados argentinos admite que su sueldo no sobrevive más de 14 días.

En cuánto tiempo se consumen los salarios:

La estructura del gasto mensual refleja dónde está el mayor foco de presión financiera. El alquiler se consolidó como el gasto principal para el 44% de los trabajadores, seguido por la alimentación (27%) y el pago de deudas (16%). Esta tendencia se repite en países vecinos como Chile, donde el alquiler domina los gastos con un 57%.

La imposibilidad de ahorro es prácticamente total, ya que 9 de cada 10 trabajadores no pueden guardar dinero, principalmente porque el salario resulta insuficiente (54%) o por el peso de deudas previas (19%).

En este contexto, el informe advierte que el endeudamiento sigue creciendo, al precisar que el 77% de los argentinos reconoce tener algún tipo de deuda, cinco puntos porcentuales más que en 2025.

Federico Barni, CEO de Bumeran, sostuvo que “la desaceleración de la inflación no implica automáticamente una recuperación del salario real” al afirmar que “hoy el desafío ya no pasa solamente por ‘ganarle a la inflación’, sino por reconstruir capacidad de consumo y previsibilidad”.

Para los trabajadores, la prioridad ante un eventual aumento salarial es mayoritariamente para pagar deudas (46%), mientras que un 22% podría considerar el ahorro como destino prioritario, un 15% priorizaría alimentación y recreación, y apenas un 13% lo destinaría a inversiones.

Con información de NA.

Los trabajadores cerraron marzo con una nueva señal de deterioro en sus ingresos. El índice de salarios que mide el Indec aumentó 3,4% respecto de febrero y acumuló una suba de 8,6% en el primer trimestre, pero la inflación del mismo período fue de 9,4%. La comparación deja otra vez a los ingresos por debajo de los precios y confirma que el poder adquisitivo sigue en retroceso durante el tercer año de gobierno de Javier Milei.

El dato mensual parece empatar con el IPC de marzo, que también fue de 3,4%, pero el promedio oculta diferencias fuertes entre trabajadores. El índice de salarios combina el sector registrado —público y privado— con el sector privado no registrado, medido a través de una encuesta que llega con rezago. Esa composición empuja el indicador total hacia arriba, aunque el núcleo del empleo formal volvió a quedar por debajo de la inflación.

El sector registrado subió 3% en marzo. Dentro de ese grupo, los salarios del sector privado registrado aumentaron apenas 2,1%, contra una inflación mensual de 3,4%. Para los trabajadores del sector privado formal, marzo implicó una caída real de 1,3%, según el cálculo difundido por el economista Hernán Letcher a partir de los datos del Indec. Ese desempeño extendió una racha de siete meses consecutivos de pérdida real de los salarios registrados.

El sector público tuvo una mejora nominal de 5% en marzo y le ganó al IPC del mes. Esa suba permitió recortar parte del deterioro reciente, pero no modificó el cuadro acumulado. Luis Campos, especialista de la CTA, remarcó que los salarios públicos todavía están 17% por debajo de noviembre de 2023. El repunte mensual de los estatales parte de un piso salarial muy deteriorado, luego de más de dos años de ajuste sobre los ingresos del empleo público.

La foto del sector formal muestra el impacto con más claridad. Según Campos, el salario real del sector privado registrado ya está casi 5% por debajo de noviembre de 2023, mientras que el sector público acumula una pérdida de 17%. En promedio, los salarios registrados —públicos y privados— están 9,2% abajo de aquel mes. Esa caída alcanza a trabajadores con recibo de sueldo, aportes y paritarias, el segmento que suele tener más herramientas para defender ingresos.

En el primer trimestre, el índice total de salarios aumentó 8,6%, 0,8 punto por debajo de la inflación acumulada. El sector privado registrado subió 5,9%, el sector público 9,4% y el total registrado 7%. El sector privado no registrado mostró un alza acumulada de 14,3%, pero ese componente surge de información relevada con demora y no permite leer en tiempo real la situación de los trabajadores informales. El dato que no tiene rezago, el del empleo registrado, volvió a perder contra los precios.

La pérdida salarial convive con una canasta de gastos básicos cada vez más pesada. En marzo, una familia tipo necesitó $1.434.464 para no caer bajo la línea de pobreza y $658.011 para cubrir la canasta alimentaria. La canasta básica total acumuló una suba de 9,6% en el primer trimestre, también por encima del índice salarial general. Para quienes dependen de un sueldo, esa diferencia se traduce en menos margen para pagar alimentos, transporte, servicios, alquileres, educación o medicamentos.

El IPC de marzo tuvo subas en rubros que pesan en la vida cotidiana. Alimentos y bebidas no alcohólicas aumentaron 3,4% y tuvieron la mayor incidencia en el índice general. Transporte subió 4,1%, los precios regulados avanzaron 5,1% y Educación trepó 12,1%. El problema salarial se agrava porque muchos de esos gastos no se pueden postergar. La comida, el boleto, las tarifas y la escuela absorben una parte creciente del ingreso mensual.

La comparación con noviembre de 2023 resume el recorrido del poder adquisitivo bajo Milei. Los privados registrados están casi 5% abajo, los públicos 17% abajo y el promedio formal 9,2% abajo. La mejora parcial de algunos sectores en marzo no alcanza para revertir el recorte acumulado. El salario público del mes mejora frente al IPC, pero sigue lejos del nivel previo al cambio de gobierno; el privado registrado pierde en el mes y agranda su caída real.

El Gobierno suele presentar la desaceleración de la inflación como una mejora para los hogares, pero los datos salariales muestran otra cosa: cuando los precios suben menos pero los ingresos suben todavía menos, el resultado sigue siendo pérdida de poder de compra. En marzo, el salario privado registrado volvió a quedar atrás del IPC y el promedio trimestral del índice salarial quedó por debajo de la inflación. La baja de la velocidad de los precios no recompone por sí sola los ingresos perdidos.

El saldo para los trabajadores es concreto. El salario promedio del Indec no recuperó lo que perdió en el trimestre, el empleo registrado acumuló otra caída real y los trabajadores formales siguen por debajo del nivel que tenían al inicio del gobierno de Javier Milei. Marzo dejó una mejora estadística para algunos componentes, pero no una recomposición del poder adquisitivo. El dato de cierre es el más directo: los salarios registrados están 9,2% por debajo de noviembre de 2023 y la inflación del trimestre volvió a ganarle al índice salarial total.

JJD

Los trabajadores tuvieron en abril un alivio estadístico, pero no necesariamente un alivio en el bolsillo. La inflación mensual bajó a 2,6%, según el Indec, aunque los precios que más condicionan la vida cotidiana volvieron a moverse por encima del promedio: transporte aumentó 4,4%, educación 4,2%, comunicación 4,1% y vivienda, agua, electricidad, gas y otros combustibles 3,5%. El dato central aparece en la composición de los aumentos: los gastos fijos y los servicios regulados siguieron presionando sobre ingresos que vienen rezagados.

El Índice de Precios al Consumidor acumuló 12,3% en los primeros cuatro meses de 2026 y registró una suba interanual de 32,4%. La desaceleración frente al 3,4% de marzo recorta la velocidad del aumento general, pero no alcanza para traducirse de manera automática en una mejora del poder de compra.

Los precios regulados fueron el grupo que más subió en abril: 4,7%, casi el doble que el nivel general. El Indec atribuyó esa suba al aumento de transporte y electricidad. Detrás quedó el IPC núcleo (indicador que reúne el resto de los precios del IPC, sin los regulados ni los bienes y servicios con comportamiento estacional), con 2,3%, impulsado por alquiler de la vivienda y gastos conexos y por restaurantes y comidas fuera del hogar. Los estacionales no tuvieron variación: las subas de indumentaria por el cambio de temporada fueron compensadas por caídas en turismo y frutas.

La división con mayor aumento mensual fue transporte, con 4,4%, por la suba de combustibles. Le siguió educación, con 4,2%. Comunicación, que incluye servicios de telefonía e internet, aumentó 4,1%. Vivienda, agua, electricidad, gas y otros combustibles avanzó 3,5%, por encima del nivel general. En el otro extremo quedaron alimentos y bebidas no alcohólicas, con 1,5%, y recreación y cultura, con 1%.

La diferencia importa para los trabajadores porque transporte, vivienda, comunicación y educación son gastos que no se ajustan con la misma facilidad que otros consumos. El boleto, el combustible, el alquiler, la luz, el gas, internet o las cuotas educativas no funcionan como consumos postergables para millones de hogares. Cuando esos precios suben más que el promedio, el salario pierde margen aunque la inflación general muestre una baja mensual.

El informe también muestra una presión mayor de los servicios sobre los hogares. En abril, bienes y servicios subieron 2,5% y 2,6%, respectivamente, pero la diferencia se amplía al mirar períodos más largos. En los primeros cuatro meses del año, los bienes acumularon un aumento de 11,1%, mientras los servicios llegaron a 14,6%. En la comparación interanual, los bienes aumentaron 27,4% y los servicios 43,1%. La inflación de servicios corre por encima de la de bienes y golpea sobre gastos que forman parte de la vida cotidiana de los hogares asalariados.

Ese recorrido aparece también en las divisiones acumuladas del año. Educación subió 19% entre diciembre y abril; vivienda, agua, electricidad, gas y otros combustibles, 18,1%; alimentos y bebidas no alcohólicas, 13,5%; comunicación, 13%; y transporte, 12,9%. Todos esos rubros quedaron por encima del 12,3% acumulado por el nivel general o muy cerca de ese umbral. Para una familia trabajadora, esa combinación implica que la baja del índice mensual convive con aumentos persistentes en gastos que ordenan el presupuesto.

El impacto tuvo diferencias regionales. El Gran Buenos Aires registró la inflación mensual más alta, con 2,8%. Le siguieron Noreste, con 2,7%, y Patagonia, con 2,6%. El Indec señaló que las divisiones con mayor incidencia mensual fueron alimentos y bebidas no alcohólicas en Noreste, Noroeste y Pampeana; vivienda, agua, electricidad, gas y otros combustibles en GBA, por el aumento de alquileres y electricidad; y transporte en Cuyo y Patagonia.

La presión sobre vivienda retoma una tendencia que ya venía deteriorando los ingresos. Un informe del Centro RA de la Facultad de Ciencias Económicas de la UBA mostró que los alquileres aumentaron 423% desde diciembre de 2023, más del doble que la inflación acumulada de ese período, cercana al 209%. El mismo relevamiento indicó que el gas natural subió 766%, la electricidad 370% y el agua 366%. El gasto habitacional se convirtió en uno de los principales canales de pérdida de poder adquisitivo para los hogares trabajadores.

La misma investigación ubicó a comunicaciones, educación y transporte entre los rubros que más crecieron desde el inicio del gobierno de Javier Milei: comunicación acumuló una suba de 321%, educación 279% y transporte 255%. Abril vuelve a mostrar esos mismos rubros por encima del promedio mensual. La baja del IPC general no modifica, por sí misma, el peso que tienen esos precios dentro del ingreso de quienes alquilan, viajan para trabajar, pagan servicios públicos o sostienen conectividad para estudiar y trabajar.

JJD

El primer plenario del Frente de Sindicatos Unidos (FreSU), con más de 1.6000 delegados, resolvió esta tarde, en el Día Internacional de las y los Trabajadores, “seguir dando pelea en las calles y en todos los espacios que sea necesario para defender el conjunto de las y los trabajadores”, reivindicó el derecho a huelga como “herramienta esencial” para defender los derechos laborales y definió que “el salario digno y la distribución de la riqueza” son el primer punto del Programa Unidad, Lucha y Rebeldía para Recuperar la Patria. “Reivindicamos el derecho al trabajo y a un salario mínimo vital y móvil según su definición en el Artículo 14 bis de la Constitución Nacional y el Artículo 116 de la Ley de Contrato de Trabajo, esto es, que asegure a los trabajadores en su jornada legal de trabajo una vida digna, mediante la satisfacción de las 9 necesidades allí contempladas: alimentación adecuada, vivienda digna, educación, vestuario, asistencia sanitaria, transporte, esparcimiento, vacaciones y previsión”, señalaron en el programa, que fue votado a mano alzada durante el acto de cierre, y precisaron que el valor de ese salario debería ser $2,8 millones para un trabajador sin cargas de familia. En la actualidad es de $357.000.

Al cierre del Plenario, el secretario general de la Unión Obrera Metalúgica (UOM), Abel Furlán, afirmó: “Nunca más de aquí hacia el futuro, las y los trabajadores vamos a andar en tinieblas. Tenemos claro el programa, tenemos claro que es lo que tenemos que defender para nosotros, para nuestras familias y para nuestra patria”. “Mientras el Gobierno y los empresarios se reúnen en el Hotel Llao Llao para entregar el país, nosotros nos reunimos en esta contracumbre para defender la soberanía y a los trabajadores”, se refirió a la cita de hombres de negocios con el ministro de Economía, Luis Caputo. Incluso Furlán definió la reunión porteña del FreSU como “contracumbre” del Foro Llao Llao.

“Vamos a recorrer distintas provincias para fundar el FreSU en todo el país para que los trabajadores tengan un lugar donde expresarse”, prometió el metalúrgico. “Eso nos va a permitir empezar a construir ese camino que necesitamos para desembocar en un plan de lucha y en una huelga para decir basta, porque los trabajadores somos los que generamos la riqueza de nuestro país”, agregó Furlán.

El secretario general de la Asociación de Trabajadores del Estado (ATE), Rodolfo Aguiar, dijo que “hay una sola manera de derrotar la reforma laboral, de enterrarla para siempre, es no cumpliéndola en los lugares de trabajo”. “Llamemos a la desobediencia: que nadie pida permiso para hacer una asamblea. Le avisamos al Gobierno y a los patrones, pero sobre todo a las y los trabajadores: hoy iniciamos el camino por la recuperación salarial y no vamos a parar hasta que no nos devuelvan hasta el último peso que nos quitaron.”

El secretario general de la Federación Aceitera y Desmotadora, Daniel Yofra, señaló: “Los compañeros vinieron a buscar una respuesta a la problemática que hoy tiene el movimiento obrero y se la van a llevar: este frente sindical se constituyó y se sigue fortaleciendo pensando en la lucha. Luchar contra este gobierno, contra las patronales y contra la burocracia sindical que nos quiera venir a frenar”. Así fue que apuntó contra la CGT, que por ahora ha basado su estrategia contra la flexibilización laboral en recursos judiciales. Yofra llamó a “prender fuego el país con huelgas” para conseguir mejorar la calidad de vida de los trabajadores.

Del acto de cierre participó también el secretario general de La Fraternidad, Omar Maturano, que recibió la solidaridad del FreSU ante la sanción impuesta por la Secretaría de Trabajo contra el sindicato de maquinistas ferroviarios. “La multa millonaria aplicada por ejercer el derecho de huelga no es una medida administrativa: es un acto de persecución y disciplinamiento contra todo el movimiento obrero. El Gobierno pretende castigar a quienes paran, organizan y reclaman. Pretende instalar el miedo como límite a la acción sindical. No lo vamos a aceptar”, subrayó el FreSU en un comunicado. La multa ocurrió la misma semana en que la revista Noticias reveló que el patrimonio de Maturano creció con propiedades en el exterior, casas, departamentos y autos de alta gama, todos registrados a nombre de su esposa, Fernanda Selva.

“Convocamos a fortalecer la unidad, ampliar el FreSU, multiplicar la organización desde los lugares de trabajo y construir un plan de acción sostenido. Reivindicamos el derecho a la protesta, la huelga y todas las formas legítimas de lucha colectiva como herramientas esenciales para defender al pueblo trabajador”, afirmaron los delegados en el programa. “Reafirmamos una convicción histórica: los sindicatos no somos un obstáculo para salir de la crisis. Somos, en cambio, una herramienta de defensa colectiva, de organización democrática y de transformación social”, subrayó el FreSU en la introducción del programa de este frente conformado por más de 140 organizaciones de las tres centrales obreras entre las que se encuentran UOM, ATE, la Federación Aceitera y Desmotadora, los Aeronáuticos de Pablo Biró, Docentes Universitarios, los Encargados de Edificios de Víctor Santa María, Portuarios, Papeleros, Molineros, Gráficos, Metrodelegados, Curtidores, Visitadores médicos y la Asociación de Personal Jerárquico del Gas. El FreSU también tiene diálogo con otros gremios como el Sindicato de Prensa de Buenos Aires, que viene reclamando por los bajos salarios de todos y cada uno de los diarios.

Precisamente, el pasado lunes se celebró una asamblea de toda la prensa escrita reunida en Sipreba.“ Nuevamente, la aceleración de la inflación del primer trimestre de 2026 de casi el 10%, y que volverá a ser alta en abril, degradó la capacidad de compra de nuestros ingresos”, se advirtió. “Y todas las empresas, grandes, medianas o chicas, incluso los medios que son líderes en lectores, siguen sin dar respuestas acordes al momento que nos toca vivir. Por resolución del plenario, se definió realizar con asambleas, reuniones por sectores y recorridas para hacer escuchar nuestro reclamo salarial y que los medios del sector se dispongan a subir las escalas salariales y atender a la deuda histórica que afrontan con periodistas y trabajadores/as de prensa”, se promovió. El salario básico neto de convenio es de $586.000, algunos diarios lo pagan y otros tampoco superan el $1 millón, menos que $1.100.000 de la paritaria con más empleados, la de comercio.

AR

Los trabajadores llegan al Día del Trabajador con un reclamo que une salario, derechos laborales y costo de vida. La CGT lanzó hace unas semanas la convocatoria a una movilización en Plaza de Mayo para hoy poniendo a los ingresos de las personas, cada vez más hundidos, en el centro de la protesta y un destinatario visible: el gobierno de Javier Milei.

La central obrera pidió marchar con una bandera argentina a partir de las 15 con la consigna “traé tu bandera argentina”.

La marcha coloca al trabajo registrado, el salario justo y los derechos laborales en el centro de la escena sindical. En la convocatoria, la CGT sostiene: “Somos quienes, con nuestra fuerza de trabajo, ponemos en marcha en cada rincón del país el motor de la Argentina”. También afirma que “el salario es dignidad y no variable de ajuste”. La frase ordena el sentido político de la movilización: el conflicto no gira sólo alrededor de una ley o de una disputa judicial, sino de cuánto vale el trabajo en una economía donde los ingresos pierden contra precios que siguen altos.

La central obrera llega a Plaza de Mayo después de una semana con novedades judiciales para la reforma laboral. La Sala IV de la Cámara Contencioso Administrativo Federal concedió el pedido del Gobierno para que la causa iniciada por la CGT contra la ley pase del fuero laboral al Contencioso Administrativo. Desde la CGT preparan una apelación y sostienen que el conflicto de competencia puede terminar en la Corte Suprema.

Ese expediente define más que un trámite entre fueros. La discusión judicial alcanza la vigencia de la reforma laboral impulsada por Milei. El 30 de marzo, la CGT obtuvo una cautelar que suspendió 82 artículos de la ley hasta que se resolviera su constitucionalidad. Luego, el Gobierno apeló y consiguió dejar sin efecto esa suspensión, aunque la cuestión de fondo sigue sin resolución.

Para la CGT, el fuero laboral debe intervenir porque la reforma modifica relaciones entre empleadores y trabajadores. El Gobierno sostiene que corresponde el Contencioso Administrativo porque la demanda cuestiona una decisión del Estado. La disputa por el tribunal que debe resolver el caso se suma al rechazo sindical a una reforma que toca condiciones de contratación, organización del trabajo y derechos acumulados en convenios y leyes laborales.

La movilización también se monta sobre datos económicos que golpean a los hogares asalariados. En marzo, la inflación fue de 3,4% y acumuló 9,4% en tres meses. En el mismo período, la canasta básica total superó $1,4 millones para una familia tipo. Ese dato marca la distancia entre el costo mínimo de vida y los ingresos de muchos hogares que dependen de un salario.

El consumo muestra la misma tensión sobre el bolsillo. Un informe citado por elDiarioAR registró una caída interanual de 2,6% en marzo, una suba mensual de 0,7% y una baja acumulada de 2% en el primer trimestre de 2026. Cuando el consumo cae, el salario deja de ordenar la vida cotidiana y pasa a administrar recortes.

Los gastos fijos refuerzan ese deterioro. Un informe del Centro RA de la Facultad de Ciencias Económicas de la UBA mostró que los alquileres subieron 423% desde diciembre de 2023, más del doble que el índice general de precios, que avanzó 209%. La suba de vivienda, gas, electricidad y agua achica el margen disponible para alimentación, transporte, salud y educación.

La crianza agrega otra presión sobre los hogares trabajadores. Según datos del Indec citados por elDiarioAR, el costo de criar a un hijo superó los $676.000 en marzo y volvió a subir en todos los tramos de edad. El componente de cuidado fue el más alto. Para una familia con hijos, el salario debe cubrir comida, alquiler, servicios y tareas de cuidado cada vez más caras.

La CGT busca leer esos datos desde una consigna laboral. “Trabajo digno, con derechos, salario justo y sin ajuste a los trabajadores”, escribió la central obrera en la convocatoria difundida para la marcha. La elección de Plaza de Mayo le da al reclamo un destinatario directo: el Gobierno nacional y su política económica. Cuánto alcanza el salario frente a una canasta básica de más de $1,4 millones, alquileres que crecieron 423% desde diciembre de 2023 y un costo de crianza que ya supera los $676.000.

JJD

La dinámica económica actual, a primera vista, parece contradictoria: la economía crece, pero la mayoría de la gente vive cada vez peor. La actividad repunta, pero el empleo cae, los salarios pierden poder adquisitivo y las familias tienen más dificultades para llegar a fin de mes. 

Lejos de ser algo raro o transitorio, este desacople entre los indicadores macroeconómicos y la percepción cotidiana expresa un patrón de funcionamiento cada vez más estructural.

La explicación principal radica en la reconfiguración productiva que impulsa el actual modelo económico: apreciación cambiaria, apertura comercial indiscriminada, reducción del gasto público y una presión sostenida para bajar los salarios. Este esquema castiga especialmente a los sectores dependientes del mercado interno, mientras que los que logran expandirse son aquellos que cuentan con ventajas comparativas naturales, como el agro, la minería y el petróleo.

Entre 2023 y 2025, el PBI creció un 3%. Sin embargo, ese avance se concentró casi exclusivamente en el sector agropecuario (impulsado por la recuperación tras la histórica sequía), con aportes más acotados de la minería y la intermediación financiera. Si se excluye al agro, el resto de la economía prácticamente no creció en relación con 2023.

El impacto sobre el empleo es directo. Mientras los sectores “perdedores” (industria, comercio y construcción) explican cerca del 45% del empleo privado formal, los sectores “ganadores” (agro, minería e intermediación financiera) representan menos del 9%. Pero incluso dentro de estos últimos se registran caídas en la cantidad de puestos de trabajo en los últimos dos años.

Desde noviembre de 2023 se destruyeron 283.000 empleos asalariados formales (206.000 en el sector privado y 77.000 en el público) y cerraron más de 24.000 empresas con trabajadores registrados. La creación de aproximadamente 158.000 monotributistas no alcanza a compensar esa pérdida y, en muchos casos, refleja un proceso de creciente precarización laboral.

En definitiva, la primarización de la estructura productiva genera un desacople entre la evolución de la actividad y el empleo. El año 2025 se convirtió en el primero del que se tenga registro en el que la economía creció (4,4%) mientras el empleo cayó (–0,5%). 

Más allá del arrastre estadístico, el problema de fondo es que los sectores más dinámicos no tienen capacidad para absorber el empleo que se destruye en las actividades más afectadas por el esquema económico vigente. El resultado es un patrón de crecimiento que, por su propia composición, tiende a generar mayores niveles de desempleo estructural y de informalidad.

Al aumento del desempleo se suma el deterioro de ingresos. Desde noviembre de 2023 los salarios de trabajadores registrados cayeron un -7,9% (-2,3% en el sector privado y -17,9% en el público). Dicha caída se da sobre salarios que ya se encontraban sumamente deprimidos tras la caída de los años 2018 y 2019, que no se recuperó en los años siguientes. Así los salarios de trabajadores se ubican un 28,6% por debajo de agosto de 2017 (-23,3% en el sector privado y -37,7% en el público). 

Además, estos datos están subestimados: la medición oficial de la inflación sigue usando una canasta de consumo de hace más de dos décadas (del año 2004), poco representativa de lo que hoy gastan los hogares argentinos. Si usamos la nueva canasta relevada en 2017, la caída del salario real de los trabajadores del sector privado pasa del 2,3% al 8,6% y para los trabajadoras/es del sector público empeora del 17,9% al 23,2%. 

Por eso las familias deben desprenderse de ahorros o tomar deuda para llegar a fin de mes. La mora en el crédito bancario llegó al 11,2% en febrero, multiplicándose más de cuatro veces en poco más de un año y alcanzando su mayor nivel desde 2004. 

Una oportunidad histórica: ¿extractivismo o desarrollo?

El proceso de desindustrialización no es nuevo y, de hecho, forma parte de una tendencia global que también afecta a países desarrollados. Sin embargo, la caída reciente en Argentina es particularmente intensa. La participación de la industria en el PBI se encuentra en mínimos de las últimas décadas y la utilización de la capacidad instalada permanece en niveles muy bajos, incluso por debajo de los registrados durante la pandemia.

El impacto de este proceso excede el mercado laboral. La industria sigue siendo un sector estratégico por múltiples razones: sus rendimientos crecientes a escala, la generación de encadenamientos productivos, el dinamismo de su frontera tecnológica (concentra buena parte de la innovación), su capacidad para generar y ahorrar divisas (clave en una economía bimonetaria como la argentina) y su rol en la estructuración territorial de los centros urbanos, entre otros.

Este diagnóstico cobra aún más relevancia en un contexto global que abre una ventana de oportunidad excepcional para la Argentina. El mundo avanza en un proceso de transición energética que demanda los recursos que nuestro país posee en abundancia. A las reservas de gas y petróleo se suman condiciones privilegiadas para el desarrollo de energías renovables (solar, eólica, hidroeléctrica, etc.) en todo el país. A esto se agrega una ventaja menos frecuente: una trayectoria consolidada en el desarrollo nuclear, con capacidades propias para diseñar reactores, producir combustible y exportar tecnología. En un mundo que busca diversificar su matriz energética, estos activos adquieren un valor estratégico.

El potencial no se agota en la energía. Argentina también cuenta con recursos minerales estratégicos para la economía del siglo XXI: litio, cobre, oro, plata y tierras raras, fundamentales para baterías, electromovilidad, electrónica y tecnologías avanzadas. 

La pregunta central es qué hacer con esa dotación de recursos. Existen dos caminos posibles. Uno es utilizar estos recursos como plataforma para el desarrollo, promoviendo encadenamientos productivos, agregando valor local y fortaleciendo capacidades tecnológicas. El otro es consolidar un modelo extractivo, en el que la explotación queda en manos de grandes empresas multinacionales con escasa articulación con el resto de la economía. 

La experiencia histórica es clara. Todos los países hoy desarrollados tomaron el primer camino e impulsaron su industrialización mediante políticas activas: protección comercial inteligente, subsidios focalizados, inversión pública en infraestructura y en tecnología. En definitiva, llevaron adelante una planificación estratégica que puso objetivos claros y bien coordinados con el sector privado. Solo una vez alcanzado el desarrollo promovieron e impusieron la apertura y el libre mercado como regla general. 

Esta conducta de los países ya desarrollados fue conceptualizada como “patear la escalera”: utilizar herramientas de desarrollo y luego limitar la capacidad de otros países de aplicar esas mismas medidas. Sin embargo, en los últimos años ese paradigma comenzó a resquebrajarse. El ascenso de China como potencia industrial y tecnológica obligó a las economías avanzadas a volver a aplicar las medidas intervencionistas del pasado, pasando por encima de los organismos internacionales que ellos mismos habían creado para prohibir esas políticas, como la Organización Mundial del Comercio (OMC).

Esto también implica una ventana de oportunidad para países como la Argentina, porque los espacios para proteger e impulsar sectores estratégicos son mayores que en el pasado. Pero el país va totalmente a contramano del mundo. Mientras los países centrales (o algunos de la región como Brasil) vuelven a implementar aranceles, subsidios y programas de inversión en ciencia y tecnología para reconstruir capacidades productivas, la Argentina se abre de manera indiscriminada al comercio exterior, paraliza la inversión en infraestructura, desfinancia el sistema científico tecnológico, desmantela los programas de incentivo productivo e industrial y avanza en un proceso de privatización y/o apertura al capital privado (en muchos casos extranjero) de empresas públicas en sectores estratégicos, como Nucleoeléctrica (energía nuclear), Enarsa (energía), Yacimientos Carboníferos Río Turbio (carbón), AySA (servicios públicos de agua y saneamiento), IMPSA (ingeniería energética y metalúrgica), entre otras. 

El Régimen de Incentivo a las Grandes Inversiones (RIGI) es, quizás, la expresión más clara del abandono de impulsar un plan de desarrollo autónomo. Argentina necesita de la inversión extranjera directa (IED) como complemento para potenciar los sectores en los que tiene alto potencial, pero no en la forma en que la promueve el RIGI. El régimen otorga excesivos beneficios impositivos y facilidades cambiarias, con escasos requerimientos de integración productiva local, transferencia tecnológica o generación de empleo de calidad.

Por el momento, hay proyectos aprobados por unos USD 16.000 millones y otros USD 17.000 millones se encuentran en evaluación, en su inmensa mayoría vinculados a la minería y la energía. Las inversiones que lleguen en el marco de este régimen tendrán, previsiblemente, un marcado perfil extractivista sin siquiera garantizar el alivio en materia de divisas. 

En el plano comercial, las empresas adheridas al RIGI cuentan con un régimen cambiario especial que les permite flexibilizar la obligación de liquidar divisas provenientes de exportaciones, al tiempo que pueden importar bienes vinculados a sus proyectos con arancel cero. En el plano financiero, disponen de amplias facilidades para acceder al mercado de cambios. En este marco, el ingreso inicial de divisas asociado a las inversiones podría verse, en el tiempo, compensado por la remisión de utilidades y la salida de capitales sin fines específicos. A esto se suma la posibilidad de recurrir a tribunales arbitrales internacionales, como el CIADI, para dirimir controversias con el Estado, lo que limita los márgenes de acción de la política económica y traslada eventuales disputas fuera del ámbito judicial local.

Como señalaba Aldo Ferrer, “cada país tiene la globalización que se merece”, en función de cómo responde a sus desafíos y oportunidades. Argentina enfrenta hoy una disyuntiva clara. Cuenta con recursos, capacidades y una ventana de oportunidad para impulsar el desarrollo. Pero también corre el riesgo de profundizar un patrón de especialización basado en la exportación de recursos naturales, con escaso impacto en el empleo y en las condiciones de vida de la población.

La disociación entre crecimiento económico y bienestar social, al igual que la dependencia externa, tenderán a profundizarse si se mantiene este rumbo. Aún estamos a tiempo de corregirlo: tomar las riendas de nuestro propio destino y aprovechar los recursos disponibles para impulsar un salto productivo que no solo haga crecer la economía, sino que mejore efectivamente la vida de la mayoría.

El autor es economista. Miembro del Grupo Paternal. 

AR

El consumo de los hogares volvió a mostrar en marzo las señales de fragilidad que caracterizan a la política económica del tándem Javier Milei-Luis Caputo. El Índice de Consumo Privado (ICP-UP) registró una caída interanual del 2,6%, pese a una leve recuperación mensual del 0,7%, en un contexto marcado por el deterioro del ingreso real de los trabajadores.

El dato confirmó que la mejora mensual no alcanzó para revertir la tendencia de fondo: en el primer trimestre del año, el consumo acumuló una contracción del 2% respecto del mismo período de 2025. La evolución del indicador reflejó un escenario en el que los hogares ajustaron gastos ante la pérdida de poder adquisitivo, incluso en segmentos con empleo formal.

El ICP-UP, elaborado por la Universidad de Palermo como indicador anticipado del consumo, mostró además que el nivel de marzo se ubicó por debajo del registrado un año atrás, aunque todavía por encima de los valores observados entre 2018 y 2024. Esta combinación evidenció una recuperación incompleta, con un piso más alto que en crisis previas pero sin capacidad de sostener el consumo frente a la inflación.

El comportamiento de los salarios formales durante 2025 ya había anticipado este deterioro. Según datos del Indec, el índice de salarios del sector privado registrado aumentó 25,6% entre enero y noviembre, mientras que la inflación alcanzó 27,9% en el mismo período. Esa diferencia implicó una caída real de al menos 2,3 puntos porcentuales, incluso en el segmento con mayor cobertura sindical.

La pérdida de poder adquisitivo limitó la capacidad de consumo cotidiano y obligó a ajustar gastos básicos, una tendencia de la que el ICP-UP dio cuenta, por su caída interanual. La desaceleración de los aumentos salariales y el rezago de las paritarias profundizaron ese escenario.

Carne, motos y restaurantes: el consumo se movió a distintas velocidades

Los datos sectoriales mostraron además una evolución desigual dentro del consumo. Según el informe, distintos rubros avanzaron a velocidades diferentes, lo que evidenció una recomposición fragmentada y sin tracción generalizada.

Esa heterogeneidad aparece con claridad al desagregar los rubros de consumo. Mientras algunos indicadores mostraron leves mejoras, otros continuaron en caída o estancados. En los bienes durables, el comportamiento fue dispar: el patentamiento de autos se mantuvo prácticamente sin variación interanual en marzo (0,3%), luego de meses en baja, mientras que las ventas de motos crecieron 55,4% en el mismo período.

En el consumo masivo, en cambio, predominó la caída. El ajuste impactó directamente en alimentos básicos, con una baja interanual del 9,8% en el consumo de carne vacuna y del 4,6% en carne aviar en febrero, mientras que la venta de combustible se mantuvo sin cambios respecto del año anterior. Estos datos reflejaron un recorte en gastos esenciales de los hogares.

Los servicios vinculados al esparcimiento también mostraron comportamientos divergentes. La recuperación fue parcial y segmentada: los restaurantes tradicionales registraron una suba interanual de 1,4% en febrero, pero las ventas asociadas a espectáculos y entretenimiento en centros de compra cayeron 10,6% interanual.

En los bienes semidurables, el comportamiento volvió a ser mixto. Las ventas de indumentaria en shoppings crecieron 4% interanual y las de jugueterías 5,4%, mientras que los artículos deportivos no lograron sostener la recuperación y registraron una leve caída del 0,5%.

En paralelo, el indicador mensual mostró que la suba del 0,7% en marzo permitió recuperar niveles similares a los de octubre de 2025, luego de varios meses de caídas desde mediados del año anterior. Sin embargo, ese rebote no alcanzó para modificar la tendencia descendente en la comparación anual.

El deterioro del consumo también se vinculó con conflictos laborales y pérdida de ingresos en sectores específicos. En el transporte, por ejemplo, los choferes de la línea 60 denunciaron una pérdida del 61,87% del poder adquisitivo en dos años, con salarios que quedaron congelados frente a una inflación acumulada del 259,34%. Este tipo de situaciones mostró cómo la caída del ingreso impactó de manera directa en la capacidad de gasto de los trabajadores.

La relación entre salario y consumo volvió a quedar expuesta como el principal factor de la dinámica económica cotidiana. Sin recomposición sostenida de ingresos, la recuperación mensual del consumo quedó limitada a movimientos puntuales, sin consolidarse en una tendencia estable.

El informe de la Universidad de Palermo señaló que el ICP-UP se construyó a partir de múltiples indicadores de alta frecuencia, lo que permitió captar de manera anticipada los cambios en el comportamiento de los hogares. En ese marco, la persistencia de variaciones interanuales negativas reforzó la idea de un consumo condicionado por restricciones estructurales.

La evolución reciente mostró que la mejora mensual no respondió a una expansión del ingreso real, sino a ajustes puntuales tras meses de caída, lo que limitó su sostenibilidad. Sin cambios en la capacidad de compra de los salarios, el consumo continua atado a un escenario de recuperación débil o, al menos por ahora, impalpable.

JJD

Flybondi informó a su personal que no depositó los salarios correspondientes a marzo, en un escenario de incertidumbre laboral que se profundizó después de que la compañía impulsó un programa de retiros voluntarios. La comunicación llegó de manera directa a cada empleado y atribuyó la demora a “problemas administrativos”, sin precisar una fecha de pago.

La empresa envió un mensaje interno dirigido a los trabajadores —a quienes denomina “flybondiers”— en el que reconoció la situación. “Desde ya lamentamos la demora que se produjo y queremos llevar tranquilidad sobre esto”, señaló el escrito firmado por el “Equipo de Personas”. En la misma comunicación agregó: “Estamos 100% abocados a resolverlo a la brevedad y poder confirmarles el día de pago”.

El aviso llegó pocos días después de otro mensaje corporativo que había encendido las alarmas dentro de la aerolínea. Dos semanas antes, la compañía había comunicado a su personal la apertura de un plan de retiros voluntarios y había advertido que evaluaba “determinaciones drásticas” frente a su situación operativa.

Según reportó el medio especializado InfoGremiales, la empresa presentó el esquema de retiros en una reunión por Zoom con los trabajadores, en la que se detalló un cronograma breve para adherir al programa. La iniciativa se produjo en medio de tensiones internas y de un clima de presión para aceptar la desvinculación voluntaria, según reconstruyó ese portal sindical.

La aerolínea ya había anunciado semanas atrás un plan de retiros voluntarios dirigido a la totalidad de sus empleados, es decir 1.500 trabajadores, en el marco de un proceso de reorganización empresarial.

La compañía aérea privada explicó entonces que el programa formaba parte de un “rediseño organizacional” orientado a mejorar su eficiencia operativa. En ese contexto, ofreció condiciones de salida para quienes aceptaran desvincularse.

El conflicto salarial, por lo tanto, se produjo en un escenario de ajuste interno que ya había afectado a los trabajadores de la aerolínea. La demora en el pago de los sueldos sumó un nuevo factor de incertidumbre laboral para una plantilla que días antes había recibido propuestas de retiro.

Crisis del empleo y deterioro salarial

La situación en Flybondi se inscribe en un contexto más amplio de crisis laboral que atraviesa distintos sectores de la economía argentina. En los dos primeros años del gobierno de Javier Milei se perdieron 300.000 puestos de trabajo y desaparecieron 21.938 empresas desde noviembre de 2023, en un escenario marcado por cierres industriales y despidos en múltiples actividades.

Uno de los casos más resonantes fue el cierre de la histórica fábrica de neumáticos Fate en San Fernando, que dejó a 1.500 trabajadores sin empleo después de 86 años de actividad industrial.

La crisis también alcanzó a otros sectores productivos. El frigorífico General Pico despidió 194 empleados y paralizó sus plantas, mientras que empresas textiles comenzaron a enfrentar reestructuraciones o procesos judiciales para ordenar sus deudas.

En paralelo, compañías históricas enfrentaron interrupciones productivas o conflictos laborales. La lechera Lácteos Verónica, por ejemplo, detuvo operaciones en una de sus plantas y dejó a 700 trabajadores en un escenario de incertidumbre laboral, con denuncias de vaciamiento y deudas salariales.

En ese marco, el índice salarial del sector privado registrado subió 25,6% entre enero y noviembre de 2025, mientras que la inflación alcanzó 27,9% en el mismo período, lo que implicó una caída del salario real superior a dos puntos. Y en el primer bimestre de 2026 la inflación volvió a salirse de las manos, al registrar casi un 6%, según el Indec, mientras consultoras privadas esperan otro 3% para marzo.

El deterioro salarial y la pérdida de puestos de trabajo son dos caras de un mismo proceso. En distintos sectores productivos, trabajadores enfrentan simultáneamente paritarias demoradas, suspensiones, planes de retiros o cierres empresariales. La demora en el pago de salarios en Flybondi se sumó a la cadena de tensiones laborales que atraviesan distintas actividades.

JJD

Marcos Galperin, fundador de Mercado Libre y creador de su billetera digital Mercado Pago, es uno de los empresarios argentinos que más afinidad ha mostrado con la agenda económica del presidente Javier Milei. Pero a juzgar por los niveles de morosidad que presenta su compañía, no le estaría yendo muy bien.

Mercado Pago registró un salto en su nivel de morosidad y mostró una señal del deterioro de la capacidad de pago de trabajadores y familias en la Argentina.

Según datos públicos de la Central de Deudores (CENDEU), el ratio de irregularidad de la billetera virtual subió de 5,5% en enero de 2025 a 14,7% en enero de 2026. El movimiento siguió la tendencia general del sistema financiero, pero mostró con claridad que el problema ya no quedó limitado a los bancos tradicionales: también alcanzó a las plataformas digitales que en los últimos años expandieron su negocio de crédito al consumo.

El dato de Mercado Pago apareció en un escenario más amplio de fuerte empeoramiento del endeudamiento de los hogares. El último Informe sobre Bancos del Banco Central mostró que la mora en créditos a familias pasó de 2,67% a 10,6% en un año, el nivel más alto en casi dos décadas.

En el mismo corte, la morosidad general del financiamiento al sector privado llegó a 6,4%. Dentro de las líneas más sensibles para el consumo cotidiano, los préstamos personales marcaron 13,2% y las tarjetas de crédito, 11%. En las entidades no bancarias y billeteras virtuales, la irregularidad se acercó al 25%, por encima del nivel informado para Mercado Pago.

El impacto de ese deterioro recayó sobre quienes viven de su ingreso mensual y debieron sostener gastos corrientes con financiamiento. La propia cobertura sobre el salto de la mora de Mercado Pago señaló que el deterioro de la capacidad de pago golpeó “con fuerza sobre las familias”.

La empresa sostuvo ante Infobae que su cartera estuvo concentrada en personas físicas y defendió que su tasa de irregularidad quedó “en línea con la de los principales bancos privados del país” y por debajo del promedio de las entidades no bancarias, al que ubicó en 23,9%. Pero incluso en esa comparación favorable, el 14,7% mostró un empeoramiento fuerte en apenas doce meses.

La suba de la mora no se explicó sólo por el crecimiento del crédito, sino también por el retroceso del ingreso real. En una nota publicada por trabajAR a fines de enero, se mostró que el índice de salarios del sector privado registrado acumuló una suba de 25,6% entre enero y noviembre de 2025, mientras la inflación para ese mismo período alcanzó 27,9%. Esa diferencia implicó una caída real de al menos 2,3 puntos porcentuales en los trabajadores formales. El mismo artículo advirtió que más del 80% de la masa salarial relevada por el Indec quedó por debajo de la inflación acumulada hasta noviembre.

Ese cruce entre deuda más cara y salarios debilitados apareció también en las explicaciones de economistas y bancos. Según una cobertura de marzo sobre el endeudamiento de los hogares, la consultora LCG vinculó el aumento de la morosidad con tasas de interés activas elevadas y con un contexto de “salarios estancados o en retroceso”. En ese informe, la tasa nominal anual promedio de los préstamos personales en febrero se ubicó en 69%. Otra nota de abril sobre la preocupación bancaria resumió el diagnóstico en dos motores: “tasas altas y salarios golpeados”.

La mora expresó que una parte creciente de los hogares no logró sostener el pago de cuotas de préstamos, tarjetas o financiamiento de consumo con ingresos corrientes. En un mercado laboral con salarios formales rezagados y con expansión del pluriempleo, el crédito funciona cada vez más como un recurso para cubrir gastos y no como una herramienta excepcional. En ese marco, que Mercado Pago —una de las puertas de entrada más extendidas al financiamiento digital— mostrara una irregularidad de 14,7% resultó menos una anomalía empresaria que un síntoma del ajuste sobre los ingresos laborales.

El Gobierno reconoció las dificultades, aunque buscó relativizarlas. En marzo, Luis Caputo afirmó que era fundamental “seguir bajando la inflación, que bajen las tasas y que los bancos den plazos para que la gente se vaya acomodando”. En esa misma intervención, sostuvo que las dificultades “se va[n] a ir acomodando” y que no era un asunto “problemático a futuro”. Hasta ahora, sin embargo, los datos públicos del Banco Central mostraron un empeoramiento persistente de la mora de los hogares y un traslado directo de esa presión a bancos, fintech y billeteras virtuales.

Lo que expuso Mercado Pago fue el límite del relato de normalización financiera cuando el salario no alcanza. La mora de su cartera casi se triplicó en un año, mientras la de los hogares se cuadruplicó y los salarios registrados volvieron a perder contra los precios.

Galperín, que durante más de dos décadas fue CEO de la compañía y hoy mantiene un rol de conducción estratégica, ha expresado en distintas ocasiones su respaldo a las ideas de liberalización económica impulsadas por el gobierno de La Libertad Avanza, e inclusive manifestó coincidencias con el enfoque confrontativo de Milei frente a sectores políticos y mediáticos. Su posición lo ubica entre los referentes del empresariado tecnológico que miran con buenos ojos el rumbo económico del Gobierno, en contraste con el vínculo más tenso que la compañía mantuvo en otros períodos con administraciones de perfil más intervencionista.

Pero los números de su propia billetera virtual sugieren que, más allá de las afinidades ideológicas, la economía real, la de la clase trabajadora, está bajo una presión cada vez más tenaz: si el crédito se usa para sobrevivir y no para consumir, ¿hasta dónde puede crecer el negocio?

JJD

Abril empezó y no es tan bello como cantaban con entusiasmo Fito Páez y Luis Alberto Spinetta, en una canción hermosa y simple, y con un videoclip luminoso que ambos compartieron con Dolores Fonzi, la musa inspiradora del rosarino al componerla e incluirla en su disco Naturaleza Sangre (2003). Este abril, por el contrario, y como cada mes desde hace por lo menos tres años y medio, es otro de malaria en la economía libertaria; malaria para los trabajadores que son, básicamente, víctimas del modelo.

El mes que empezó vuelve a traer aumentos en servicios esenciales que afectan directamente el ingreso disponible de quienes trabajan. El transporte público, las cuotas de medicina prepaga, la electricidad y el agua comienzan el mes con nuevas actualizaciones tarifarias en el Área Metropolitana de Buenos Aires (AMBA), en un escenario en el que los salarios no paran de perder contra la inflación.

El calendario cambia, las cuentas también

El transporte público registró uno de los incrementos más inmediatos. El boleto mínimo de colectivo en la provincia de Buenos Aires pasa de $832,57 a $873,37 para los viajes de hasta 3 kilómetros con tarjeta SUBE registrada, según el nuevo cuadro tarifario que comenzó a regir en abril.

La actualización siguió el mecanismo que aplicó la provincia: el índice de precios al consumidor (IPC) de febrero más un 2% adicional. Con esa fórmula, los valores de los distintos tramos también aumentaron: $972,93 para viajes de 3 a 6 kilómetros, $1.047,14 entre 6 y 12 kilómetros, $1.122,90 entre 12 y 27 kilómetros y $1.197,39 para trayectos más largos.

En la Ciudad de Buenos Aires también se aplicó una suba. El pasaje mínimo de colectivo quedó en $715,26, con aumentos escalonados según la distancia del recorrido.

El impacto es directo sobre los trabajadores que utilizan el transporte público para ir y volver del empleo. En muchos casos, el gasto en movilidad es un componente fijo del ingreso mensual y se ajusta de manera más frecuente que las paritarias o los salarios. El ajuste data de por lo menos la gestión de Sergio Massa al frente del Ministerio de Economía y se acentuó con ferocidad al asumir en el poder el tándem de economistas Javier Milei-Luis Caputo.

La presión sobre el transporte se agravó además por una decisión del sector empresario. Las cámaras del autotransporte que representan alrededor del 85% de las líneas de colectivos del AMBA informaron que reducirán la frecuencia del servicio debido al aumento del precio del gasoil y a la falta de actualización de los costos reconocidos por el Estado.

En un comunicado conjunto, las entidades empresarias señalaron que el incremento del combustible y la ausencia de una compensación oficial los colocó en una situación en la que consideran imposible sostener los niveles habituales de prestación. La medida comenzó a regir el 1° de abril y podría afectar los tiempos de espera de los usuarios.

La reducción de frecuencias implica más tiempo de viaje y mayor incertidumbre para quienes dependen del colectivo para llegar al trabajo, en un contexto en el que los costos de movilidad ya venían aumentando de manera sostenida.

Los aumentos de abril también alcanzaron al sistema de salud privado. Las empresas de medicina prepaga comunicaron actualizaciones en sus cuotas de hasta el 2,9%, en línea con la inflación registrada en febrero. Esa suba impactó además en los copagos que deben abonar los afiliados por consultas y prácticas médicas.

Las tarifas de servicios públicos también se modificaron. Las distribuidoras eléctricas Edenor y Edesur aplicaron nuevos cuadros tarifarios. En el área de Edesur, por ejemplo, los hogares de ingresos altos (Nivel 1) comenzaron a pagar un cargo fijo de $1.393,73 para consumos de hasta 150 kWh y un cargo variable de $115,29 por kWh, según el esquema informado para abril.

En el caso de Edenor, el cargo fijo inicial quedó en $1.414,93, con un cargo variable de $115,28 por kWh. Los usuarios con subsidios mantienen valores más bajos dentro de los límites establecidos por el esquema de segmentación tarifaria.

El agua también registró un ajuste. La empresa AySA aplicó el último tramo del aumento del 4% que había comenzado a implementarse a principios de año.

El efecto combinado de estas subas se produce en un contexto en el que el ingreso de los trabajadores sigue deteriorándose frente a los precios. Los datos oficiales del INDEC mostraron que el índice de salarios aumentó 2,5% en enero, mientras que la inflación del mismo mes fue de 2,9%, lo que implicó una nueva pérdida del poder de compra.

La situación se repitió especialmente entre los trabajadores registrados. En ese segmento, el sector privado subió 2,1% y el público 1,8%, ambos por debajo del IPC del mes.

El deterioro del ingreso también aparece en relevamientos sobre la percepción de los trabajadores. Un estudio citado en coberturas recientes registró que el 83,9% de los trabajadores afirmó que su salario no le gana a la inflación, mientras que el 56,4% de los hogares tomó deuda en los últimos seis meses para cubrir gastos básicos.

“Dios Santo que bello abril”, dice el estribillo de la canción. Pero en muchos hogares el mes empezó con una escena más terrenal: el calendario nuevo y una pila de facturas esperando turno sobre la mesa.

JJD

La Cámara Argentina de Comercio y Servicios (CAC), la Confederación Argentina de la Mediana Empresa (CAME), la Unión de Entidades Comerciales Argentinas (UDECA) y la Federación Argentina de Empleados de Comercio y Servicios (FAECyS) firmaron un nuevo acuerdo paritario para la actividad mercantil, con una suba salarial del 5%. 

Las partes pactaron un incremento del 5% sobre las escalas de las remuneraciones básicas del convenio colectivo de trabajo 130/75, tomando como base los valores correspondientes al mes de marzo de 2026, con más las sumas no remunerativas vigentes a esa fecha.

La mejora tendrá carácter remunerativo y no acumulativo, y se abonará en tres tramos: 2% a partir del mes de abril de 2026; 1,5% desde mayo de 2026 y el 1,5% restante a partir de junio de 2026.

Además, se acordó el pago de una suma fija no remunerativa de 120.000 pesos, que se adicionará a la suma no remunerativa que ya se viene abonando y que continuará manteniendo igual carácter en los recibos de los empleados de comercio.

Lo pactado tendrá vigencia desde el 1° de abril de 2026 y alcanzará a todo el personal comprendido en el CCT 130/75.

En el entendimiento se aclaró que los incrementos establecidos en este acuerdo no serán vinculantes para las negociaciones salariales que se celebren en el ámbito de la ciudad de Río Grande, provincia de Tierra del Fuego, sin perjuicio de que las sumas resultantes de los incrementos convenidos constituyan el mínimo convencional vigente a partir de la homologación.

El comunicado completo

La Federación Argentina de Empleados de Comercio y Servicios (FAECYS), junto a la Cámara Argentina de Comercio (CAC), la Confederación Argentina de la Mediana Empresa (CAME) y la Unión de Entidades Comerciales (UDECA), un nuevo acuerdo paritario que regirá para los meses de abril, mayo y junio de 2026.

El entendimiento contempla un incremento del 5%, distribuido de forma escalonada de la siguiente manera: un 2% en abril, un 1,5% en mayo y un 1,5% en junio. Asimismo, se estableció el pago de un bono extraordinario de $120.000 para los trabajadores de todas las categorías.

El convenio mantiene la dinámica de monitoreo constante sobre la situación económica para garantizar que el poder adquisitivo no quede rezagado frente a la evolución de los precios en este primer semestre del año.

Al respecto, el secretario general de FAECYS, Armando Cavalieri, señaló: “Este acuerdo es el resultado de un diálogo maduro y responsable. Somos plenamente conscientes de la difícil situación que atraviesa la economía y que impacta directamente tanto en el bolsillo de los trabajadores como en la operatividad de las pymes y los comercios de cercanía”.

A eso agregó: “Acompañamos la realidad actual de las empresas y los pequeños comercios para preservar las fuentes de trabajo, sin dejar de proteger el ingreso de nuestra familia mercantil. Nos brinda la previsibilidad necesaria para transitar estos meses con certidumbre jurídica”.

Firmas:

El salario volvió a perder contra los precios en enero y el dato oficial confirmó que la mejora nominal no alcanzó para recomponer el poder de compra de quienes trabajan. Según el INDEC, el índice de salarios subió 2,5% respecto de diciembre de 2025, pero la inflación del mismo mes fue de 2,9%. Dentro del promedio general, el sector privado registrado aumentó 2,1%, el sector público 1,8% y el sector privado no registrado 4,4%. La foto mensual dejó así un nuevo retroceso para la mayor parte del empleo formal, en un contexto en el que los convenios corrieron detrás de los precios y el ingreso siguió sin recuperar lo perdido desde el cambio de gobierno.

La caída golpeó sobre todo a los trabajadores registrados, porque fueron justamente los dos segmentos formales los que quedaron por debajo del IPC. El dato del sector privado no registrado fue el único que superó la inflación de enero, pero esa mejora no puede leerse de manera lineal como una recuperación del empleo informal. En una nota previa de trabajAR, basada en la serie del INDEC, elDiarioAR ya había señalado que ese componente se calcula con promedios trimestrales móviles de la Encuesta Permanente de Hogares y con un rezago metodológico de cinco meses, por lo que no refleja de manera directa los ingresos corrientes del segundo semestre ni una mejora sostenida de las condiciones laborales.

El deterioro no quedó restringido a enero. Luis Campos sostuvo en X que “la caída promedio del sector formal contra noviembre de 2023 es del 8%”, con una baja de 2,4% en el sector privado registrado y de 17,8% en el empleo público. En el mismo hilo agregó que, excluidos los primeros meses de 2024, los salarios quedaron en los niveles más bajos de las últimas dos décadas, y que frente a los picos de fines de 2017 el retroceso fue de entre 21% en el sector privado y 35% en el público. Esos valores no forman parte del informe del INDEC sobre enero, pero sí aportaron una lectura de mediano plazo sobre la profundidad del ajuste salarial que atravesó el trabajo formal.

La pérdida arrastró una tendencia que ya se había consolidado en 2025. En otra cobertura reciente, trabajAR informó que el índice de salarios del sector privado registrado acumuló entre enero y noviembre del año pasado una suba de 25,6%, mientras la inflación del mismo período llegó a 27,9%. Esa diferencia implicó una caída real de al menos 2,3 puntos porcentuales incluso en el segmento con mayor cobertura sindical y negociación colectiva. También allí se advirtió que el ajuste había sido todavía más severo en parte del empleo público y que trabajar en blanco ya no garantizó sostener el poder adquisitivo.

El impacto sobre la vida cotidiana de quienes trabajan ya apareció en conflictos concretos. A fines de enero, este medio contó que los choferes de la Línea 60 denunciaron una pérdida de casi 62% de su salario real y siguieron sin paritaria desde noviembre. En esa nota, los trabajadores advirtieron sobre la deserción de personal por los bajos ingresos y las condiciones de presión en el sector. El caso funcionó como una expresión extrema de un problema más extendido: cuando el salario corrió sistemáticamente por detrás de los precios, el deterioro dejó de ser una discusión estadística y pasó a traducirse en abandono de puestos, pluriempleo, endeudamiento y dificultad para sostener gastos básicos.

El informe de enero también mostró una brecha nítida entre el discurso oficial y la realidad del ingreso. Mientras el Gobierno empujó una agenda de reforma laboral y desregulación, los salarios formales siguieron sin recomposición. El dato oficial no mostró recuperación en el empleo privado registrado ni en el público, y volvió a ubicar a los asalariados ante una negociación desigual: paritarias con aumentos más bajos, Estado sin política general de recomposición y un sector público particularmente castigado. La suba de 2,1% en privados registrados y de 1,8% en estatales quedó por debajo del aumento del costo de vida, con alimentos encabezando la inflación de enero con 4,7%.

La discusión de fondo volvió a ser cómo se sostuvo el trabajo cuando el salario ya no alcanzó. El indicador general de enero dejó un promedio positivo en términos nominales, pero la lectura laboral fue otra: la mayoría de los trabajadores registrados volvió a perder. En el sector público, además, la contracción resultó más profunda en la comparación con noviembre de 2023, según el relevamiento de Campos. En el sector privado formal, la caída fue menor pero persistente. Y en el empleo no registrado, aun con una variación mensual superior al IPC, el propio modo de medición impidió presentar esa cifra como una mejora efectiva y actual de las condiciones de vida.

Hasta ahora no apareció ningún dato que mostrara una recomposición sostenida del salario formal. El INDEC informó otra vez una suba nominal inferior a la inflación para privados registrados y estatales, y el deterioro acumulado desde noviembre de 2023 siguió abierto.

JJD

El índice de salarios registró en enero un incremento del 2,5%, aunque volvió a ubicarse por debajo del Índice de Precios al Consumidor (IPC), que en el mismo período alcanzó el 2,9%. De este modo, los ingresos de los trabajadores no lograron acompañar el ritmo de la inflación en el inicio del año.

El dato surge del informe difundido por el Instituto Nacional de Estadísticas y Censos (Indec) y refleja una dinámica que continúa mostrando dificultades para recomponer el poder adquisitivo en el corto plazo.

El crecimiento mensual de los salarios estuvo impulsado por subas dispares entre los distintos sectores. El sector privado registrado avanzó un 2,1%, mientras que el sector público mostró un incremento menor, del 1,8%. En contraste, el sector privado no registrado evidenció una suba del 4,4%.

En este contexto, los trabajadores informales fueron los únicos que lograron superar la inflación de enero. Sin embargo, este comportamiento no alcanza a compensar la situación general, ya que el resto de los sectores se mantuvo por debajo de la evolución de los precios.

Al analizar el desempeño del sector registrado —que incluye tanto al empleo privado formal como al público— se observa una suba del 2% en el primer mes de 2026. Con este resultado, el segmento acumula cinco meses consecutivos en los que los salarios evolucionan por debajo de la inflación, una tendencia que se mantiene desde septiembre del año pasado.

Dentro de este grupo, el sector privado registrado se ubicó 0,8 puntos porcentuales por debajo del IPC, mientras que el sector público mostró una brecha aún mayor, de 1,1 puntos porcentuales. Esto evidencia una mayor pérdida relativa en los ingresos de los trabajadores estatales.

En términos interanuales, el panorama presenta un matiz diferente. El índice de salarios acumuló un incremento del 37,7%, ubicándose 5,3 puntos porcentuales por encima de la inflación, que en ese mismo lapso fue del 32,4%. Este dato sugiere una leve recuperación del salario real en la comparación anual.

No obstante, al desagregar por sectores, se advierten diferencias significativas. El sector privado registrado creció un 28,5% interanual y el sector público un 30%, ambos por debajo de la inflación. En cambio, el sector privado no registrado registró un fuerte aumento del 80,6%, lo que explica en gran parte el resultado general.

Pese a estos números, los especialistas advierten que la mejora es aún insuficiente. El economista Tomás Amerio señaló que, si bien existe una recuperación del salario real, esta todavía no logra compensar la pérdida acumulada en los últimos años, por lo que el proceso de recomposición continúa siendo parcial y desigual.

Con información de Noticias Argentinas

JIB

En los últimos años, cada vez más personas que trabajan sienten que su esfuerzo rinde menos que antes: el 83,9% afirmó que su salario no le ganó a la inflación. El dato surge del Monitor de Opinión Pública, de la consultora Zentrix, correspondiente a marzo de 2026, y expuso una percepción masiva de pérdida de ingresos reales que se tradujo en restricciones concretas en la vida cotidiana. Solo el 11,9% consideró que su salario logró superar la suba de precios, lo que dejó en evidencia un escenario donde el ingreso laboral perdió capacidad de sostener el consumo básico.

El mismo informe registró que el 56,4% de los hogares tomó deuda en los últimos seis meses, una proporción que vinculó directamente el deterioro de ingresos con la necesidad de financiamiento para sostener gastos corrientes.

El destino de ese endeudamiento reforzó ese diagnóstico. El 26,2% se endeudó para cubrir gastos cotidianos, el 19,9% para pagar tarjetas de crédito y el 18,9% para cancelar otras deudas, según el informe.

Ese patrón muestra que el crédito no funciona como herramienta de inversión o mejora patrimonial, sino como mecanismo de supervivencia ante ingresos insuficientes

El impacto de la pérdida salarial también se reflejó en la capacidad de sostener el mes. Solo el 25,7% afirmó que llegó a fin de mes, mientras que un 16% dijo que además pudo ahorrar.

En contraste, una proporción significativa de trabajadores agotó sus ingresos antes de terminar el mes:

Más de la mitad (56,3%) no logró cubrir el mes completo con sus ingresos, según el mismo relevamiento.

Este dato da cuenta del deterioro directo en la reproducción cotidiana de la vida trabajadora: el salario deja de organizar el mes completo y pasa a fragmentarse en períodos cada vez más cortos.

El endeudamiento no solo se expandió sino que además se volvió difícil de sostener. El 41,9% declaró que pagó sus deudas con alguna dificultad y el 27,8% con mucha dificultad, mientras que un 13,8% se atrasó en pagos y un 5,9% afirmó que ya no pudo pagarlas. En conjunto, el 89,4% de quienes tenían deudas enfrentó algún nivel de dificultad para afrontarlas, de acuerdo con los datos del informe.

Siete de cada 10 trabajadores sostiene que su situación económica personal no es buena

El deterioro del ingreso también se expresó en la percepción sobre la situación económica personal. El 39,5% la calificó como negativa, frente a un 28,7% positiva y un 31,8% regular, según los resultados del relevamiento (página 4).

A nivel país, la evaluación fue aún más crítica: el 59,7% consideró negativa la situación económica de la Argentina, mientras que solo el 21,1% la evaluó como positiva.

JJD

El costo de la vivienda volvió a golpear el ingreso de los trabajadores en febrero. La división Vivienda, agua, electricidad, gas y otros combustibles registró un aumento mensual de 6,8%, el mayor de todo el índice de precios al consumidor (IPC) publicado por el Indec. La suba estuvo impulsada principalmente por los incrementos en gas, electricidad y agua, junto con cambios en los esquemas de subsidios aplicados en distintas provincias.

El dato se inscribe en un escenario de inflación que continúa deteriorando el salario real. El índice general del IPC subió 2,9% en febrero, mientras que la variación acumulada en lo que va del año llegó a 5,9%, según el organismo estadístico.

Aunque el presidente Javier Milei suele destacar la desaceleración inflacionaria como uno de los principales logros de su programa económico, el primer bimestre de 2026 cerró con un aumento cercano al 6% en los precios, un nivel que sigue impactando con fuerza sobre los ingresos laborales.

El golpe más fuerte aparece en los gastos estructurales del hogar. Dentro de la división vivienda, el informe muestra que los alquileres registraron aumentos interanuales que superan el 100% en algunas regiones del país. La categoría alquiler de la vivienda alcanzó subas de hasta 101,7% interanual, según las variaciones regionales publicadas por el Indec.

Este encarecimiento de los alquileres se combina con el incremento de las tarifas de servicios públicos, que fueron uno de los motores del aumento mensual de la división vivienda. El resultado es un doble impacto sobre el presupuesto de los hogares asalariados: pagar el techo y sostener los servicios básicos demanda una proporción creciente del salario.

El peso de estos gastos fijos vuelve más visible la tensión entre precios e ingresos. La inflación no afecta de la misma manera a todos los rubros del consumo: los aumentos en alimentos, tarifas y alquileres tienen una incidencia mucho mayor en los hogares trabajadores que otros bienes o servicios menos frecuentes.

De hecho, los alimentos y bebidas no alcohólicas también registraron una suba de 3,3% en febrero, la segunda mayor variación entre las divisiones del IPC y la que tuvo mayor incidencia en la inflación mensual en la mayoría de las regiones del país.

El informe del Indec señala que esa incidencia se explicó principalmente por el aumento en carnes y derivados, un componente central de la canasta alimentaria.

El cuadro general muestra que los precios regulados volvieron a crecer por encima del promedio. Dentro de las categorías del índice, los bienes y servicios regulados —donde se incluyen tarifas de servicios públicos— registraron un incremento mensual de 4,3%, por encima de la inflación núcleo.

Este tipo de aumentos tiene un efecto directo sobre los trabajadores porque se trata de gastos difíciles de reducir o postergar: electricidad, gas, transporte o alquiler forman parte de los costos básicos para sostener la vida cotidiana.

Mientras el Gobierno insiste en que la inflación muestra señales de desaceleración respecto de los niveles registrados en años anteriores, los incrementos en vivienda, alimentos y servicios esenciales continúan erosionando el poder de compra de los salarios.

Para los hogares asalariados, el problema no es solo el nivel general de la inflación, sino qué precios suben y en qué proporción lo hacen. Cuando el encarecimiento se concentra en los gastos indispensables —comida, techo y servicios—, el impacto sobre el ingreso real se vuelve inmediato.

En ese contexto, el IPC de febrero dejó un dato claro: la vivienda encabezó los aumentos del mes con 6,8% y los alquileres ya muestran subas interanuales superiores al 100% en algunas regiones del país.

JJD

La alimentación durante la jornada laboral quedó atravesada por la restricción económica para la mayoría de los trabajadores asalariados en Argentina. Un informe del Observatorio de la Deuda Social Argentina (ODSA-UCA) reveló que el 83,5% reduce la cantidad o la calidad de los alimentos por motivos económicos, una situación que refleja el impacto directo de los ingresos sobre las condiciones materiales de la vida cotidiana.

El estudio se basó en la Encuesta Alimentación de los Trabajadores Asalariados en Argentina (2025), realizada sobre una muestra representativa de 1.171 asalariados en todo el país. El objetivo fue analizar cómo comen los trabajadores durante la jornada laboral y qué factores sociales y laborales condicionan esa práctica.

La restricción económica no solo afecta la calidad de la alimentación, sino también la frecuencia con la que se come durante el día. El informe señala que 56,2% de los trabajadores salteó comidas o eligió alimentos menos nutritivos por motivos económicos, mientras que solo 16,5% afirmó no atravesar ningún tipo de privación alimentaria.

La alimentación durante la jornada laboral tampoco está garantizada para todos. El 22,6% de los trabajadores asalariados declaró que no suele comer durante su jornada laboral, lo que equivale a casi uno de cada cuatro.

Esa situación no se distribuye de manera uniforme. La proporción de trabajadores que no come durante la jornada aumenta con la edad, y supera el 30% entre quienes tienen entre 45 y 59 años (30,4%) y entre los mayores de 60 (31,6%).

Las desigualdades territoriales también aparecen con claridad. La situación más crítica se registra en el NEA, donde el 50,1% de los trabajadores declara que no come durante la jornada laboral, el valor más alto entre todas las regiones del país.

Las condiciones laborales también inciden en estas prácticas. La falta de pausas regulares para comer afecta al 26% de los asalariados, lo que muestra que el tiempo para alimentarse no siempre está garantizado dentro de la organización del trabajo.

Las dificultades se concentran especialmente entre trabajadores de menores ingresos, empleados del sector público y personas que trabajan en lugares sin infraestructura adecuada, como comedores, heladeras o microondas.

El lugar donde se come durante la jornada también refleja las condiciones del entorno laboral. Entre quienes sí realizan alguna comida, el 41,5% lo hace en su escritorio o puesto de trabajo, mientras que el 38,9% utiliza el comedor de la empresa u organización.

Otros trabajadores recurren a alternativas menos frecuentes. El 9% come en espacios públicos como plazas o patios, el 7% lo hace en restaurantes o bares y el 3,6% en su propia casa.

La infraestructura disponible en el lugar de trabajo aparece como un factor decisivo. Contar con comedor, heladera o microondas se asocia con mejores hábitos alimentarios, mayor regularidad en las pausas para comer y menores niveles de privación alimentaria.

Estas condiciones no dependen solo de la voluntad individual de los trabajadores. El tamaño de la empresa, el sector de actividad y el nivel de ingresos influyen en la forma en que se organiza la alimentación durante la jornada laboral, lo que produce diferencias significativas entre distintos grupos de asalariados.

El informe también analiza el vínculo entre alimentación y salud. El 23,1% de los trabajadores asalariados presenta obesidad, definida como un índice de masa corporal superior a 30, una proporción que aumenta en contextos laborales menos favorables.

Los investigadores señalan que las condiciones del trabajo —los tiempos disponibles para comer, los ingresos y la infraestructura del lugar de trabajo— influyen directamente en los hábitos alimentarios y, en consecuencia, en la salud de quienes trabajan.

La mayoría de los trabajadores también manifestó interés en recibir algún tipo de aporte del empleador para cubrir los gastos de alimentación durante la jornada laboral. Según el estudio, 80,4% se mostró a favor de recibir ese tipo de beneficio, lo que refleja la centralidad que tiene el costo de la comida en el presupuesto cotidiano.

El informe concluyó que el lugar de trabajo es un espacio clave para promover mejores condiciones de alimentación y bienestar. La presencia de infraestructura adecuada y de aportes empresariales aparece asociada con mejores prácticas alimentarias y menores niveles de privación.

Las condiciones en que los trabajadores comen —o dejan de comer— durante su jornada laboral muestran cómo los ingresos, la organización del trabajo y el entorno laboral influyen directamente en la alimentación cotidiana.

JJD