El Gobierno nacional anunció que en el año 2025 obtuvo un superávit fiscal financiero de $1,45 billones, equivalentes al 0,17% del PBI. Si nos atenemos a los números oficiales, es una leve desmejora de las cuentas públicas respecto al año anterior, pero una clara mejora en relación con los resultados que hubo entre 2009 y 2023, y un muy buen resultado en términos de solvencia fiscal, aunque no tanto como los que se obtuvieron entre 2003 y 2008, cuando se lograron superávits fiscales comparativamente mayores. 

Pero a este resultado se llega a partir de un artificio contable: se omite computar como gasto a la mayor parte de los intereses en pesos, con el argumento de que se “capitalizan”. Paso a explicar: el resultado financiero intenta mostrar variación de patrimonio financiero (activos financieros menos pasivos). Entonces, los intereses disminuyen ese patrimonio (son un “gasto”), y la amortización del capital no, porque se cancela un pasivo (una deuda) con un activo (dinero) o por otro pasivo, de igual valor. La presentación oficial se basa en que los intereses (que se reconocen como tales al inicio de la deuda), al vencimiento, se transforman mágicamente en capital, y entonces su pago se registra como amortización del capital, no como un gasto que incide en el resultado fiscal. 

Pero, en realidad, el pago de esos intereses no cancela ningún pasivo existente: disminuye el patrimonio financiero, ya que para pagarlos se usa un activo financiero o se aumenta la deuda. Con un criterio parecido, el Gobierno podría decir que, cuando paga transferencias a las que está obligado (por ejemplo, por acuerdos con provincias), está pagando capital, y entonces no es un gasto. Pero, además de ser demasiado burdo, no tendría tanto efecto, porque en este momento los intereses que se pagan son mucha más plata que las transferencias a las provincias. 

¿De cuánto estamos hablando? No se conoce con precisión. El dato que conocemos es el de “capitalización de intereses” que se publica, al explicar la variación de la deuda pública, pasado a dólares con el tipo de cambio de fin de cada mes. En el año 2025 figuran US$65.593 millones por este concepto. Reconvertidos a pesos, serían $83,8 billones, equivalentes a 9,7% del PBI. 

Pero sumar esto al déficit lo sobreestimaría, porque una parte del pago de intereses del Tesoro Nacional fueron ingresos para ANSES y otras reparticiones públicas, que integran el sector público no financiero: no aumentan la deuda con terceros. No se informa cuánto es; pero seguramente la mayor parte de los intereses “capitalizados” (registrados como si fueran amortizaciones de capital) corresponde a pagos al sector privado.

Por otra parte, es probable que una parte de los intereses “capitalizados” registrados en julio de 2025 correspondan a “Letras Fiscales de Liquidez” (LEFI) cuyo rendimiento, en parte, se devengó en el año 2024 (se emitieron en el mes de julio de ese año). Pero sería un efecto relativamente menor, menos del 10% de los $83,8 billones de intereses “capitalizados” en el año 2025. 

En conclusión: la información oficial no permite calcular el nivel exacto del déficit fiscal, pero no cabe duda de que existe, y es significativo.  

Se ha argumentado que no hay que computar la totalidad de los intereses en pesos, sino solo los que resultan de tasas de interés “reales”, que se obtienen luego de descontar la tasa de inflación (lo que llevaría a que el resultado fiscal mejora, al licuar intereses, si se acelera la inflación). Eso implicaría utilizar una contabilidad en “pesos ajustados por inflación” en lugar de la contabilidad pública tradicional, en pesos. Pero, si aceptamos que estos “pesos ajustados” son una medida de valor más relevante que los pesos sin ajustar, entonces una tasa de interés del 2% por mes, cuando la inflación es 3% por mes, sería un gasto negativo: en lugar de sumarse al déficit, se restaría (o se sumaría al superávit). Y, si tanto los intereses como la inflación viajan a la misma velocidad, entonces los intereses no son un gasto. 

Desde el punto de vista económico, tiene lógica, a condición de que se utilice el mismo criterio para todos los gastos; por ejemplo, para los intereses en dólares. Y, para que las comparaciones tengan sentido, habría que re-expresar todos los resultados financieros históricos, en función de considerar como gasto positivo sólo los intereses que aumentan la deuda expresada en pesos ajustados por inflación (asumiendo que tenemos un índice representativo de la inflación que no esté cuestionado), y como gasto negativo a los intereses que resultan de una tasa nominal inferior a la inflación.

Pero no parece que alguien esté proponiendo una transformación tal de las cuentas públicas; mientras no se haga, deberíamos utilizar las normas que se vienen usando para la contabilidad pública, pero depurándolas de desviaciones motivadas por el deseo de mostrar las cuentas mejor de lo que son. Algunos ejemplos de estas desviaciones: computar como ingresos corrientes a la transferencia de “utilidades” meramente contables del Banco Central al Tesoro (que, en realidad, son financiamiento con emisión monetaria); no registrar como gasto el pago de obra pública, diciendo que es inversión financiera; y no registrar el pago de intereses diciendo que se trata de amortización de capital (lo que se hace ahora). 

Entre el 31-12-2024 y el 31-12-2025 la deuda del Tesoro Nacional en moneda nacional pasó de $216 billones a $278,6 billones: creció en $62,6 billones. El aumento no coincide con el déficit fiscal real, por varias razones. Por ejemplo, seguramente contribuyó con el financiamiento de ese déficit la reducción (de $12,3 billones a $7,0 billones) de los depósitos del Gobierno nacional en el Banco Central, según consta en su balance. Y también la distribución de “utilidades” contables del Banco Central, por $12 billones; que provinieron, como en años anteriores, del aumento del valor de sus activos (medidos en pesos), no de absorción de pesos. 

Así, no sólo es falso que el Gobierno nacional haya tenido superávit financiero; también es falso que no haya habido emisión monetaria para financiar al sector público. Esos $12 billones, recibidos por el Tesoro Nacional en abril, inicialmente se depositaron en una cuenta en el Banco Central; pero de ahí se fueron retirando, ingresando así al circuito económico, representando poco más del 90% de los $13,2 billones de emisión monetaria que hubo en el año 2025. 

No es que no haya habido mejora en las cuentas públicas en la gestión Milei. Si tomamos la ejecución presupuestaria “base caja” (que computa sólo los gastos pagados y los ingresos percibidos) y excluimos los intereses (tanto pagados como cobrados), se pasó de un déficit equivalente a 3,7% del PIB en 2023 a superávits del 1% del PIB en 2024, y de 0,8% en 2025. Esta mejora en las cuentas fiscales se ha hecho a expensas de una disminución en el poder adquisitivo de salarios públicos y jubilaciones, en prestaciones a los discapacitados, en mantenimiento de las rutas, en recursos para enfrentar emergencias, en transferencias a provincias a las que el Gobierno nacional está obligado por convenios previos, etc. Pero, desde el punto de vista estrictamente fiscal, es una mejora. 

Lo cuestionable es que las autoridades mientan. Cuando no registran como gasto los pagos de intereses, diciendo que son amortizaciones de capital, están mintiendo, con el fin de decir que hay superávit financiero cuando no lo hay. Podrían decir que hay una reversión en el “Resultado primario” (el que no incluye los pagos de intereses), que pasó de un déficit importante a un superávit significativo. Al fin y al cabo, lo que monitorea el FMI es el Resultado Primario. Pero insisten en la mentira del superávit financiero, que es repetida por gran parte de los medios de comunicación. Probablemente sea para decir que se logró lo que se había propuesto (aunque no sea cierto). 

Pero también sirve para ocultar la desmejora en las cuentas fiscales: el Resultado Financiero del año 2025 que el Gobierno publicó (equivalente a 0,17% del PBI), es apenas inferior al de 2024 (0,30% del PBI), en parte porque los intereses “sincerados” (que, en 2025, incluyen básicamente intereses en moneda extranjera) bajaron: de 1,48% del PBI en 2024 a 1,19% en 2025. Pero los intereses “capitalizados” aumentaron significativamente: del equivalente a US$15.564 millones en 2024, a US$65.593 millones en 2025. Esto implica que las cuentas fiscales desmejoraron significativamente el año pasado, principalmente por el mayor gasto en intereses que el Gobierno disfraza de amortización del capital, mostrando así resultados fiscales falsos.  

FE/MG

El presidente Javier Milei brindó un discurso en el cierre de las Jornadas Monetarias y Bancarias 2024, organizadas por el Banco Central de la República Argentina (BCRA), que comenzaron ayer en el recientemente rebautizado “Palacio Libertad”, antiguo CCK. 

Ante una audiencia integrada por invitados nacionales e internacionales, el líder libertario volvió a repasar los temas económicos y políticos de los que suele hablar en todas sus apariciones públicas, como el fantasma de la hiperinflación del que la Argentina se habría salvado gracias a su llegada, de la función confiscatoria y corrupta del Estado y las distintas calamidades que el populismo ocasionó en el país durante los últimos cien años, además de las infaltables citas a economistas de la Escuela austríaca.

Estas fueron algunas de las frases destacadas de su discurso:

“Estábamos al borde de un colapso macroeconómico, con una inflación cuya tasa superaba en diciembre el 3700% e indicadores peores que en 2001”

“Me dan gracia los comentarios de que devalué cuando la brecha cambiaria era del 200%, las reservas negativas y teníamos deuda por miles de millones de dólares: la devaluación la hicieron ellos”.

“Cuando fue necesario preservar el equilibrio fiscal, lo hicimos, sin importar los costos políticos”

“Si le tengo que vetar a los jubilados, las universidades y lo que proponen los farsantes lo voy a hacer porque mi compromiso con el equilibrio fiscal es inclaudicable”

“La inflación es un fenómeno netamente monetario, los que sostienen otra cosa vienen fracasando desde hace 4.000 años”.

Las presencias en el ex CCK

Entre los invitados que participaron de las jornadas de ayer y hoy en el ex CCK (ahora Palacio Libertad) se destacaron funcionarios de otros países, como Gustavo Franco, ex titular del Banco Central de Brasil, y Adrián Armas, gerente de estudios económicos del Banco Central de Perú, Pablo Hernández de Cos, ex gobernador del Banco de España y Neel Kashkari, presidente de la Reserva Federal de Minneapolis y miembro del Comité Federal de Mercado Abierto de los Estados Unidos.

También estuvieron Iván Werning, profesor en el MIT de EE.UU. y hermano de Vladimir Werning, actual vice del BCRA, Gustavo Cañonero, ex vicepresidente del BCRA durante el gobierno de Macri y Rafael Di Tella, profesor en la Escuela de Negocios de Harvard.

DM

El nuevo Gobierno basó su estrategia económica en evadir una supuesta hiperinflación inminente. Según Milei, este riesgo estaba asociado al desequilibrio fiscal recibido (4,4% del PIB) y hacía necesaria una terapia de shock para encarrilar nuevamente la economía. Evadir el fogonazo de los precios que las propias autoridades anunciaban como irremediable les permitió justificar medidas drásticas de ajuste que muchos de nosotros –por el momento,  equivocados– creíamos que serían difíciles de aceptar por la sociedad. 

Para evaluar el programa en curso, debemos cuestionar la retórica del Gobierno y preguntarnos ¿estaba la economía argentina destinada a sufrir una hiperinflación? ¿cuándo ocurren estos eventos? ¿sigue habiendo riesgos de una aceleración descontrolada de los precios? ¿fueron las medidas del Gobierno las mejores decisiones para el contexto en que asumieron la gestión? Para responder a estas preguntas, analizamos las hiperinflaciones ocurridas en los últimos 50 años, sus causas y efectos.

Una hiperinflación es un fenómeno en que los precios suben exponencialmente, haciendo que el dinero pierda todas sus funciones y la moneda virtualmente desaparezca. Estos eventos ocurren cuando la sociedad no quiere mantener pesos y todos sus habitantes procuran deshacerse de ellos lo más rápido posible (ya sea comprando bienes o dólares). En general, es una convención entre economistas delimitar las hiperinflaciones como aumentos superiores al 50% mensual. Las hiperinflaciones a lo largo de la historia estuvieron fuertemente vinculadas a derrumbes del poder del Estado por conflictos bélicos, bruscos cambios políticos e institucionales o crisis de deuda soberana.

Desde 1970 se han registrado 44 episodios de hiperinflación en todo el mundo. En este artículo descartaremos los que ocurrieron en los países nacientes de la ex–Unión Soviética con la caída del muro de Berlín y analizaremos los 14 casos restantes, sucedidos en su totalidad en África y Latinoamérica. Las hiperinflaciones son procesos extremadamente dolorosos, que vale la pena evitar: aunque suelen durar alrededor de un año (11 meses en mediana, 15 en promedio), generan caídas del PIB promedio de 10%. La experiencia más grave ocurrió en Venezuela entre 2017 y 2020, donde el producto se redujo un total de 66%. 

Existe abundante literatura que apunta a los déficits fiscales elevados como una de las principales causa de las hiperinflaciones, con el banco central actuando como cómplice monetario. A su vez, estos elevados déficits generalmente se dan de forma contemporánea a escasez de reservas internacionales e incremento de la demanda de moneda extranjera. En nuestra base de datos, efectivamente, todos los casos estudiados partían de rojos fiscales que desalentaban la tenencia de moneda local. A priori, Argentina parece tildar ambos casilleros. Sin embargo, déficit fiscal y escasez de divisas son eventos que ocurren mucho más frecuentemente que las hiperinflaciones. De hecho, una diferencia fundamental entre el caso de Argentina-2023 y los eventos hiperinflacionarios está en la magnitud del déficit. El desbalance en las 14 hiperinflaciones halladas era, en promedio, de 14% del PIB (16% en mediana), 10 puntos del producto por encima del déficit argentino en 2023. Esto nos revela la notoria diferencia entre las condiciones heredadas por el actual Gobierno y las asociadas a hiperinflaciones. 

De lo anterior podríamos concluir, o al menos cuestionar, que la hiper no era algo que estuviera a la vuelta de la esquina en el caso argentino, sino que ocurre en contextos mucho más extremos. A la vez, las propias declaraciones oficiales alimentaron el aumento de precios, fogoneando una inflación que les resultaba útil por motivos financieros (la reducción del valor real de las deudas del Banco Central) y políticos (fortalecer la propuesta de ‘hacer lo necesario’ para evadir la hiper). Vale aclarar que mantener la trayectoria económica previa, aumentando el gasto público y bajando impuestos a los ricos, no era sostenible ni deseable. No obstante, el camino elegido no era el único posible.  

El ajuste está en marcha y deja en el pasado los riesgos hiperinflacionarios (a juzgar de los autores de este artículo, exagerados) y el potencial derrumbe económico asociado. Sin embargo, una consolidación fiscal tan agresiva también impacta sobre la economía. Un ajuste primario de 5,2% del PIB (el recorte anunciado) sería el mayor en Argentina desde 1977 y tiene pocos precedentes a escala global. En los últimos 40 años, entre todos los casos de países que reducen su déficit, sólo el 12% de los ajustes tiene esta magnitud o más (la mediana es de 1,4 punto del PIB), incluyendo las importantes mejorías fiscales a la salida de la pandemia.

El recorte fiscal no sólo sería atípico, sino también nocivo. Estimaciones recientes muestran que la austeridad fiscal presenta un efecto contractivo sobre el PIB, siendo este efecto más pronunciado en economías que se encontraban ya deprimidas: un ajuste fiscal equivalente a 1% del PIB resulta en una caída anual (en el promedio de los siguientes cinco años) de 0,73% cuando se aplica en contextos de crisis. Considerando este cálculo, el ajuste primario en curso implicaría un sacrificio adicional del 3,8% del PIB, con el agravante de que la devaluación del tipo de cambio oficial por sí sola tiene impactos recesivos en el corto plazo. Valores de este orden dejarían al ingreso por habitante en torno a 15% por debajo del de 2011. Además, el recorte en áreas como educación e infraestructura pública puede dificultar la recuperación económica y el crecimiento en el mediano plazo. 

Por último, el equilibrio fiscal es un prerrequisito para una estabilización exitosa, pero no es la estabilización en sí misma. El programa actual se asemeja a experiencias como la de Brasil o México en 1983 en donde el recorte del Estado sin una coordinación de la desinflación no logró terminar con la inflación crónica. No habiendo mal que por bien no venga, reducir el déficit disminuye fuertemente –si esta reducción se sostiene– la posibilidad de una hiperinflación. Sin embargo, luchar contra molinos de viento justificó un ajuste tan agresivo que promete un deterioro significativo de la economía en los próximos meses. En este sentido, es necesario cuestionar la agresividad de la estrategia del Gobierno, buscando alternativas que minimicen el impacto social y aseguren la sostenibilidad del saneamiento macroeconómico.

Joaquín Waldman es economista e investigador UBA, IELAT-UAH, CONICET. Lucas Ordoñez es becario IIEP-BAIRES, UBA. Gabriel Palazzo es doctor en economía e investigador Institute of Development Studies, University of Sussex.

DTC

El ministro de Economía, Luis Caputo, aseguró que el fracaso del Gobierno con la Ley Ómnibus “no afecta en lo más mínimo nuestro programa económico”, y además vaticinó que la inflación comenzó a bajar desde enero.

“La no aprobación en particular no afecta en lo más mínimo nuestro programa económico, nuestro compromiso de estabilizar las cuentas fiscales. No significa un gran problema para nosotros”, sostuvo el funcionario.

Según Caputo: “En enero ya llegamos al equilibro financiero. Sin ley. Entonces, no somos improvisados. Por eso retiramos el paquete fiscal del proyecto. Los números están viniendo mejor de lo que la mayoría de los analistas esperaba”.

“Creo que se le estaba dando dramatismo al tratamiento de la ley ómnibus. Y claramente sabemos que estamos luchando contra un puñado de legisladores que no quiere ningún cambio. Nosotros ya sabíamos que existía la posibilidad de que no pasara”, enfatizó el jefe del Palacio de Hacienda, en declaraciones al canal LN+.

El ministro aseguró además: “No se me va la vida en esa ley porque hay muy poco de números fiscales ahí. El mayor ajuste de las cuentas fiscales estaba por fuera del proyecto”.

No obstante, insistió que, sin la ley, “vamos a profundizar el ajuste en las partidas ya conocidas. Pero estamos abiertos al diálogo”.

Para Caputo, el proyecto que naufragó en la Cámara de Diputados busca “sacar el pie del Estado de la cabeza de la gente, busca también que se pueda desarrollar el sector privado”.

Por otra parte, el funcionario sostuvo: “Desde el Gobierno siempre dijimos que este primer semestre iba a ser muy duro. Por eso este sinceramiento de los precios se refleja inmediatamente en inflación. Pero no hay otra forma de resolver el problema”.

“La gente entiende eso y me lo dice en la calle. Entiende que este sacrificio tiene un propósito, que nos va a llevar a buen puerto. La situación va a empezar a estar mejor cuando se empiece a controlar la inflación y volvamos a crecer”, resaltó.

Puntualmente, sobre la inflación estimó que “ya está bajando. En enero va a ser del 20%, va a ser más baja en febrero y, probablemente, más baja aún en marzo”.

“Esto quiere decir que el ancla fiscal está funcionando. Creo que vamos a tener un segundo semestre mucho más calmo”, añadió.

En cuanto a las jubilaciones, el ministro afirmó: “Estamos cerca con la oposición de llegar a una fórmula (de aumento de haberes) mucho más razonable, que permita proteger a los jubilados de la inflación”.

CRM con información de la agencia NA

El vocero presidencial, Manuel Adorni, negó hoy la existencia de “una complicación” en las negociaciones con el Fondo Monetario Internacional (FMI) y aseguró que “no se corrige ninguna meta de déficit” en el acuerdo con el organismo.

Luego de citar las proyecciones que el Fondo realizara sobre la economía argentina, para la que prevé una caída de 2,8% en 2024, Adorni señaló que el Gobierno tiene previsto el eventual impacto que ello tendría en la recaudación tributaria, pero que pese a ello “el déficit cero no va a ser negociado nunca, no sólo este año”.

“Claramente estaba previsto, estaba dentro de nuestras proyecciones”, señaló en la habitual conferencia de prensa diaria en la Casa Rosada, en la que remarcó que si la recaudación no es suficiente “se van a acotar partidas y gastos hasta que efectivamente la Argentina encuentre ese equilibrio”.

El portavoz recordó el informe de Perspectivas Económicas que dio a conocer ayer el FMI, del que destacó no sólo la previsión de una caída del Producto Bruto Interno (PBI) del 2,8% para 2024, sino también “un repunte del 5% para 2025” y que el organismo “estima que la inflación va a bajar a un dígito mensual a mitad de este año”.

Asimismo, rescató que el FMI indicara que “el resultado de la baja de la inflación dependerá de la consolidación del proceso de ajuste fiscal y monetario que el Gobierno está llevando adelante”.

En ese marco, Adorni replicó comentarios que su predecesora, Gabriela Cerruti, formulara en redes sociales acerca de la caída de la actividad proyectada por el FMI y le pidió que cuente “la historia completa”, por entender que “evidentemente no está al tanto del desastre que ha dejado” el gobierno del ex presidente Alberto Fernández.

En cuanto a las gestiones en Estados Unidos del jefe de Gabinete, Nicolás Posse, reiteró que el viaje “tuvo la intención de afianzar los vínculos bilaterales y nada tiene que ver con el trasfondo del acuerdo (con el FMI)”, sobre el que dijo que “no hay novedades respecto a eso”.

“Algún medio hablaba de una complicación con el Fondo, nada de eso es cierto”, subrayó.

Al preguntársele si el impacto en la recaudación que podría tener la caída de la actividad implicaría un cambio en las metas fiscales pactadas con el organismo, Adorni puntualizó que “no se corrige ninguna meta de déficit” y reiteró que “el déficit cero no es negociable”, a lo que agregó que no lo será “nunca, no solo este año”.

“No vamos a usar la máquina de hacer billetes ni tratar de conseguir dinero prestado para gastar más de lo que tenemos”, sentenció.

Con información de agencias.

IG

El Gobierno modificó el Presupuesto Nacional de este año para aumentar el gasto en $7,65 millones, por lo cual el déficit de las cuentas públicas subió más de 37%.

La decisión se tomó a partir del DNU 436/2023, publicado este miércoles en el Boletín Oficial, a través del cual se ampliaron partidas de “diversas Jurisdicciones y Entidades del Sector Público Nacional, con el objeto de afrontar gastos impostergables para su normal funcionamiento”.

A través de 677 planillas, el Poder Ejecutivo ejecutó la octava modificación presupuestaria del año, que en este caso implica un aumento del gasto corriente y financiero de $7,65 billones.

Si se ejecutan todas las nuevas autorizaciones de gasto, el año cerrará con un déficit de $9,08 billones, monto que representa un aumento del déficit de 37,1% con relación a la pauta anterior de $6,62 billones.

Según el DNU, las áreas a las que se destinaron más recursos fueron las vinculadas con el pago de jubilaciones y pensiones, el Fondo de Incentivo Docente, el aumento de las remuneraciones en la administración pública y el servicio de la deuda, de acuerdo con el siguiente detalle:

Modificaciones Presupuestarias, una por una

Con información de NA.

IG

Las cuentas públicas registraron en junio un déficit primario de $ 611.743 millones, lo cual implica que el segundo trimestre cerró con un desvío de unos $ 700.000 millones respecto a la pauta establecida en el acuerdo con el Fondo Monetario Internacional (FMI).

Para fortalecer la recaudación debilitada por la sequía que afectó los ingresos provenientes de los tributos al campo, el Gobierno estableció un adelanto de 15% del impuesto a las empresas con facturación superior al $ 600 millones de pesos.

Según informó el ministerio de Economía, el pago de intereses de la deuda pública durante el mes pasado fue de $ 96.861 millones, con lo cual el déficit financiero trepó a $ 708.603 millones.

De esta manera se acumuló un déficit primario de $1.880.694 millones durante la primera mitad del año.

Según precisó el economista Sebastián Vitelli del estudio Romano Group, este resultado implica un incumplimiento de la meta con el FMI para el segundo trimestre de unos $ 700.000 millones.

El tamaño del desvío y las medidas que se deben tomar resultan la principal traba para cerrar la reformulación del acuerdo con el Fondo Monetario Internacional (FMI), que exige medidas más duras incompatibles con la condición de pre candidato a presidente del actual ministro de Economía, Sergio Massa.

En junio, los ingresos totales ascendieron a $2.584.204,1 millones, (+115,0%). Mientras que el gasto primario alcanzó los $3.195.946,6 millones y presentó una suba de +109,8%.

Entre enero y junio la suba de los ingresos totales alcanzó el 89,1% afectado principalmente por el impacto de la sequía en la recaudación de los tributos vinculados al comercio exterior. En el mismo periodo, el gasto primario exhibió un crecimiento de 95,5% interanual.

Economía atribuyó los desequilibrios a los efectos provocados por la sequía sobre el comercio de granos.

En ese sentido precisó que “la caída en derechos de exportación durante el primer semestre respecto a lo proyectado en el presupuesto fue de $740.000 millones”.

“De no haberse producido esta merma producto de la sequía, el déficit primario del sector público nacional acumulado al primer semestre de este año presentaría una mejora del 0,4% del PBI.

¿Un nuevo dólar para la soja?

El Fondo Monetario Internacional (FMI) informó que continúa discutiendo con funcionarios argentinos cómo mejorar las reservas y la sostenibilidad fiscal. “Nuestros equipos continúan trabajando constructivamente, en persona, con el objetivo de llegar a un acuerdo sobre la quinta revisión del programa de Argentina respaldado por el Fondo”, indicó. Señaló que “las discusiones continúan enfocadas en las políticas para fortalecer las reservas y mejorar la sostenibilidad fiscal. Continuaremos comunicándonos sobre el progreso de estas discusiones”, señaló el organismo.

En el tramo final de las negociaciones, se especula con que el ministro de Economía, Sergio Massa, lance un nuevo dólar más alto para el agro.

Además, se estima que encarecerá con un impuesto las importaciones, al tiempo que mantendría la meta fiscal en torno al 2%, 0,1 puntos mayor a la del acuerdo original.

La intención oficial es enviar señales al mercado de que buscará acumular reservas -para evitar un salto cambiario en elecciones- y mantener cierto “orden fiscal” en las cuentas públicas, según especula el mercado.

Se prevé que habrá un nuevo valor para el llamado dólar agro para las economías regionales, el girasol y el sorgo. Serían US$ 2.000 millones al 31 de julio. Para la soja, en tanto, habría que esperar, quizás, hasta agosto.

El dólar agro cuatro no sólo llevaría dólares para las alicaídas reservas del Banco Central, sino que sumaría más impuestos vía retenciones, una variable que se desplomó por el impacto de la sequía de este año.

El miércoles hubo una conversación entre Massa y Kristalina Georgieva, la directora gerente del FMI.

En un informe global, el organismo multilateral indicó que para el país en 2022 el tipo de cambio real ideal debería haber sido entre un 15% y un 20% mayor, y los instó a avanzar hacia un “régimen cambiario simplificado”.

Además, propuso la eliminación gradual y con condiciones del cepo. Justamente, en los últimos meses, en el Palacio de Hacienda advirtieron que no aceptarían una devaluación del dólar oficial por el riesgo que implica en el actual proceso inflacionario.

Por otra parte, surgieron versiones de que Massa propone un impuesto nuevo para algunos bienes importados, lo que lo ayudaría a “cuidar” los dólares del Fondo y también a mejorar las cuentas públicas.

Economía pretendía que se adelantaran todos los giros entre junio y diciembre, unos US$ 10.600 millones en dos tramos.

En algún momento, incluso, se había especulado con un adelanto de US$ 1.800 millones más de 2024. El 31 de julio hay vencimientos por US$ 2.700 millones con el FMI.

Con información de Roberto Pico y José Calero, para la agencia NA.

IG

Pablo Ceriani es un economista graduado en la Universidad Di Tella. En 2006 comenzó a asesorar al entonces diputado Héctor Recalde. Después acompañó a su hijo, Mariano Recalde, que presidió Aerolíneas Argentinas entre 2009, un año después de su reestatización, y 2015. La empresa argentina había estado en manos españolas desde su privatización en 1990, bajo el gobierno de Carlos Menem, y hasta que, en 2008, al borde de la quiebra, volvió al Estado. Ceriani fue su director financiero en la gestión del Recalde que ahora es senador. Tras la gestión de Mauricio Macri, el economista volvió a Aerolíneas Argentinas como presidente. Recibe en su despacho, en el Aeroparque Jorge Newbery.

-¿Cómo hizo para bajar el déficit al menor nivel desde la reestatización, en 2008?

-Tuvo que ver con lo que está pasando con la industria, con cómo salimos de la pandemia con tarifas muy altas en la región y en el mundo. Ganamos más en las rutas internacionales que en las domésticas. Antes era al revés. La industria no se ha podido recuperar del todo de la pandemia. Las fábricas de aviones no están produciendo la cantidad de aviones que la demanda necesita. Tampoco se está entrenando la suficiente cantidad de pilotos, de mecánicos. Hay menos aviones disponibles en el mercado para introducir en la Argentina. Las compañías brasileras están muy abocadas a su mercado interno y nosotros pudimos incrementar nuestra participación en el mercado regional. Las tarifas en 2019 eran muy bajas, no pagaban los costos. Hoy las tarifas sí están pagando los costos. El desafío para nosotros es crecer y aprovechar esas tarifas. En el crecimiento nos estamos tropezando con estos problemas que tiene la industria: falta de repuestos, demoras en las entregas de los aviones y la necesidad de entrenar gente para incorporar al sistema productivo, que no es tan fácil y genera demoras. Entonces el crecimiento que esperábamos para este año va a ocurrir durante el año, no con la rapidez que estábamos esperando.

-¿Entonces es sólo por el alza de tarifas?

-Vos tenés, por un lado, que la compañía tuvo mejoras de productividad importantes a partir de todas las cosas que hicimos, que tienen que ver con la fusión de Aerolíneas y Austral. La estructura de la compañía se redujo durante la durante la pandemia por un decrecimiento vegetativo. Pero fundamentalmente lo que tenés es que el rendimiento tarifario es mucho mayor. Por ejemplo, nosotros volamos 11,6 millones de pasajeros en 2022, contra 13 millones de pasajeros en el 2019, pero el ingreso fue mayor, fue 1.900 millones de dólares, contra 1.700 millones. Es decir, volamos millón y medio de pasajeros menos y facturamos 200 millones más gracias a las tarifas. Esto está pasando en toda la industria, que se está recuperando a un paso importante.

-¿Cómo se mejoró la productividad?

-En 2020, fusionamos Aerolíneas y Austral, dos empresas que funcionaban dentro del mismo grupo empresario. La fusión te permite eliminar estructura gerencial, te permite eficientizar procesos. Vos tenías todo el escalafón de Aerolíneas y el de Austral. Los pilotos de Austral volaban Embraer y el resto de la flota la volaba Aerolíneas. Si se nos jubilaba un piloto de Airbus 330, que volaba internacional, yo no podía tomar, subir todo el escalafón y agarrar el más alto de Austral y ponerlo abajo del de Aerolíneas. Tenía que venir un piloto de la calle. Con el personal de cabina era lo mismo. Las líneas de producción de mantenimiento, que es lo que te permite disponer aviones de manera más rápida para ponerlo a facturar, funcionaba de una manera mucho menos eficiente. Los mecánicos Aerolíneas no tocaban los aviones de Austral y viceversa. También se redujeron las postas de descanso en el exterior en 2021: vos hoy tenés la tripulación de Aerolíneas que sale hoy a la noche a Madrid, llega mañana a las cinco de la tarde a Barajas, se va al hotel, duerme y al otro día se sube al avión y a las siete de la tarde sale de Barajas para Buenos Aires. Eso antes no funcionaba así. Eran tiempos de descanso más prolongados. También eran más viáticos, más hotel, menos productividad de las tripulaciones.

-¿Cuánto se redujo el plantel por cuestiones vegetativas?

-Llegamos a tener 11.300 empleados. Ahora estamos recuperando porque con el aumento de la operación estamos empezando a tomar gente. Antes de la pandemia teníamos 12.000. Ahora estaríamos en 11.800.

-¿Cómo los sindicatos aceptaron estas mejoras de productividad?

-Fue fruto de una negociación, producto de la concientización por parte de los trabajadores, de que había una crisis muy complicada. En general, el resto de las compañías lo que hizo fue reducir la planta de personal en forma drástica. Era una situación bastante complicada, casi terminal, en la industria durante la pandemia.

-Los pilotos se resistían más...

-Fue una negociación en la cual lo que nosotros asegurábamos era la continuidad de la compañía, la expansión de la compañía. Para crecer y tener una compañía que se sostenga era necesario hacer cambios que se dieron en toda la industria, actualizaciones necesarias porque la propia operación va cambiando a medida que va cambiando la tecnología. Hubo un proceso de negociación intenso, pero no tuvimos ni un día de medida de fuerza.

-Subieron las tarifas, pero también los combustibles por la guerra de Ucrania...

-Aumentaron los costos de los combustibles y los costos en general empezaron un proceso de recuperación en dólares, pero fue más que compensado por la mejora en los rendimientos tarifarios y también por la mejora en los coeficientes de ocupación.

-En los vuelos internacionales, si uno compara la tarifa de Aerolíneas con las competidoras, están más o menos parejos, incluso son más baratos a Madrid...

-Ahí hay una promoción para fomentar el turismo receptivo.

-¿Pero por qué en vuelos internos ustedes son más caros que JetSmart y Flybondi?

-El modelo de negocios de ambas es low cost. ¿Eso qué quiere decir? Que ellos siempre se van a ubicar por abajo de las tarifas de Aerolíneas. Si yo bajo, ellos van a bajar también porque tiene una estrategia de tener tarifas más bajas. ¿Por qué? Porque el servicio que dan es peor. Nosotros tenemos catering a bordo, ellos no tienen ejecutiva, con nosotros sumás millas. Pero cuando te vas acercando a la fecha del viaje, nosotros tenemos topes en las tarifas que ellos no tienen. Entonces puede pasar, sobre todo en las fechas más complicadas como Semana Santa, que las tarifas nuestras disponibles son a veces más accesibles. Hay tener en cuenta que la tarifa que ellos publican no es comparable con la de Aerolíneas porque tenés que pagar adicionalmente por el asiento, por la valija, la posibilidad de cambiar. Cuando vos agregás todos los costos adicionales que las low cost tienen a un ticket básico versus el ticket de Aerolíneas, que ya tiene incluido en el precio todos esos adicionales, ahí muchas veces los tickets de las low cost son más caros. Aun así, en muchos casos las tarifas nuestras están en niveles comparables. ¿Por qué pasa esto? Por esta cuestión de que la demanda supera la oferta. Eso hace que las tarifas de las low cost se muevan a estar muy parecidas a las de Aerolíneas.

-¿Y la diferencia de tarifa tiene que ver con que Flybondi y JetSmart nada más vuelan donde es rentable, mientras ustedes subsidian esos destinos no rentables con los rentables?

-La respuesta es sí y no. Se subsidian, obviamente, los destinos menos rentables con los más rentables porque el dinero que ganás en un lado lo gastás en el otro. Pero no es algo que hacemos en forma deliberada. Las aerolíneas son tomadoras de precios, no tienen capacidad como para fijarlos. Los precios dependen mucho de la demanda. Las low cost tienen una estrategia de tener muchos asientos y poner mucha capacidad en una ruta, lo cual hace que las tarifas sean más bajas, y nosotros tenemos menos asientos porque tenemos un producto más dirigido a las necesidades del cliente y no tan masivo.

-¿Cuántos destinos Aerolíneas cubre sola, sin competencia, en Argentina?

-Son 22 de los 38.

-O sea que, si no tuviéramos Aerolíneas, ¿nadie volaría o sí?

Algunos capaz que sí, pero no es una decisión fácil. En junio inauguramos la 39, que es Reconquista, vía Rosario. Además, tenemos entre 45 y 48 tramos, porque hay ciudades del interior que se conectan entre sí. De esos 45 o 48 tramos, sólo vuela la competencia todo el año en seis. El planteo que hace la parte más radicalizada de la oposición de bajar la palanca y que, casi como por arte de magia, vengan otras compañías y asegurar la colectividad argentina es desconocer el estado de la industria a nivel global. Hoy la principal tensión de las compañías aéreas no pasa por el precio, pasa por la cantidad de aviones. No conseguís una compañía que diga traje 20 aviones para operar y garantizar cabotaje. Nos ha pasado eso. Íbamos a tener tres 737 más en este segundo semestre y nos los pasaron para el año que viene. Los otros necesitan en general un nivel de demanda alto para llenar los aviones. Los otros levantan destinos fuera de temporada, como Ushuaia o Puerto Madryn.

-¿Por qué Aerolíneas todavía sirve una gaseosa y un snack en vuelos domésticos en vez de venderlo, como sus competidoras o empresas similares en otras partes del mundo?

-Las aerolíneas que dan el tipo de producto que da Aerolíneas como Air France, Iberia, Delta, American Airlines y demás dan servicio a bordo, no lo cobran, con lo cual sería un retroceso en el nivel de servicio que da Aerolíneas dejar de darlo.

-Pero Iberia cubre, por ejemplo, Madrid-Málaga con su low cost Air Nostrum y te cobran por el servicio...

-Las distancias son cortitas, pero si volás por Lufthansa, British o Air France tenés un servicio bueno.

-La oposición critica el presunto exceso de pilotos por avión de Aerolíneas, en comparación con otras empresas.

Depende con qué tipo de compañías te comparas. Si es con low cost, seguramente tenemos más pilotos por avión porque tienen un solo tipo de avión que normalmente son de fuselaje angosto, que tienen menos requerimientos de tripulación. Si lo comparas con otras compañías, tenemos una proporción de pilotos que es más o menos razonable. De todas maneras, los niveles de productividad todavía no son los niveles prepandemia. Eso lo vamos a conseguir recién durante este año. Pero la cantidad de pilotos por avión ha bajado de todas maneras por el decrecimiento vegetativo y la fusión.

-¿Este año se va a llegar al déficit cero en Aerolíneas o no?

-Va a depender de la capacidad que tengamos de recuperar esos niveles de productividad y de qué pasa con la demanda. Pero la proyección nuestra es que, en el segundo semestre del año, que es cuando vamos a tener toda la flota volando, tener niveles de productividad bastante competitivos.

-¿Qué son los niveles de productividad?

-Que las horas voladas por piloto por mes sean las que queremos. Hoy no llegamos, porque todavía nuestra propia flota no la estamos volando a un 100%.

-¿Por qué?

-Porque durante la pandemia se acumuló una mochila de mantenimiento que no pudimos hacer. Venía de antes. El gobierno de Macri desinvirtió en todo lo que tiene que ver con el mantenimiento gracias a que teníamos una flota muy joven. Yo creo que en parte porque el plan de ellos era achicar la compañía. Después nos cayó la pandemia y la gente no podía ir a trabajar. Se generó una mochila de chequeos que se fueron acumulando y que los estamos levantando ahora. Recién en el segundo semestre de este año vamos a estar en régimen y entonces vamos a tener la flota plenamente ocupada. Nunca volás toda la flota porque siempre tenés aviones en chequeo, pero nosotros tendríamos que estar volando un 90% de la flota y estamos volando un 80%. Después el break even point (punto de equilibrio) depende de un montón de factores. No es solamente la productividad, sino precio del combustible, niveles de tarifa, de cómo está el cambio, la demanda, el tipo de cambio. Nosotros en términos presupuestarios terminamos el 2022 con una ejecución presupuestaria de 67%. Teníamos 78.000 millones de pesos aprobados por el presupuesto 2022 actualizado, de los cuales recibimos 47.000 millones. En 2023 recibimos 3.000 millones en enero y 3.000 millones en febrero correspondientes al presupuesto del año pasado, con lo cual estamos en un 75% de ejecución presupuestaria de 2022 y en 0% de ejecución del presupuesto 2023 prácticamente terminando mayo.

-Cuando decimos que el año pasado fue el de menos déficit de Aerolíneas desde la reestatización no significa necesariamente que sea el año con menos aportes del Estado, ¿no?

-No, ellos tuvieron menos subsidios en 2017 y 18. Ellos se endeudaron mucho con proveedores. En 2018, ellos recibieron 299 millones de dólares del Estado nacional, pero tuvieron 552 millones de déficit.

-Y en 2019 subieron los subsidios de vuelta... Para 2023, ¿su perspectiva es que la empresa no pierda y que no necesite aportes del Estado tampoco?

-No, seguramente algún tipo de pérdida vamos a tener. Tuvimos el año pasado 247 millones de dólares de pérdida y este año podemos reducirlo bastante, con lo cual vamos a estar bien.

-¿Y en aportes del Estado?

-Financieramente estamos bien. El Tesoro está muy mal, con lo cual sé que no nos van a mandar plata. Y estos son los peores meses del año. Si pasamos abril, mayo y junio, que son los peores meses del año, ya sé que empieza a levantar la recaudación por el tema de la temporada alta de invierno y ya se empieza a vender el verano...

-Hay quienes quieren cerrar Aerolíneas, privatizarla o entregarla a los gremios, sin subsidios, y hay quienes defienden que no importa que pierdan plata porque cumple una función estructural, ¿usted sostiene esta postura?

-Yo creo que la importancia de Aerolíneas tiene que ver con la función que cumple y el servicio que da, hay que balancear el costo con el servicio que presta. El déficit no puede ser un objetivo en sí mismo. No sé cuál es el objetivo de Aerolíneas de no tener déficit. ¿Cierro todas las rutas, la transformo en una low cost que vuela solamente a donde le conviene? Para eso, no tengamos una aerolínea del Estado. La aerolínea estatal es necesaria para conectar a los argentinos. Se paga a un costo razonable y es eficiente en términos de que sea al menor costo posible. Más de la mitad de los destinos donde volamos no tienen otra compañía y quedarían totalmente desconectados. Tenemos un país inmenso y esta es una discusión que tiene sentido solamente en el AMBA (área metropolitana de Buenos Aires), en las provincias no tiene ningún sentido. Las ciudades para desarrollarse necesitan tener conectividad aérea. La provincia que tiene el problema de la conectividad te dice “¿cuánta plata tengo que poner para tener más vuelos?”. Se vio en la pandemia, cuando las compañías parecía que iban a quebrar porque no tenían ingreso. Todos los estados nacionales pusieron 200.000 millones de dólares. Es un servicio no solamente esencial, sino estratégico. Es un planteo ridículo no asumirlo. La clave es cómo hacerlo de la mejor manera posible, de la manera más eficiente posible. Ese es el trabajo que estamos haciendo. Pero no tiene ningún sentido decir que hay que eliminar el déficit, como si eliminarlo fuera el objetivo. Para eso, no tendríamos nada. El objetivo es tener un desarrollo armónico en el país.

-Desde la oposición muchas veces se dice que el problema es que la empresa está tomada por los sindicatos...

-Eso es no tener conocimiento de lo que significa una línea aérea en el nivel de complejidad y las necesidades de recursos que tiene la operación.

-¿El déficit de Aerolíneas dónde está hoy: en esos destinos donde vuela sola, de donde compite con Flybondi y JetSmart o de los vuelos internacionales?

-No tenemos pérdida en ninguno de los mercados. Son mercados que generan plata, pero no generan la suficiente como para pagar la estructura de costos de la compañía. El tema es la estructura, no la ruta en sí. Algunas rutas son menos rentables: las de ciudades que se conectan entre sí sin pasar por Buenos Aires. Y las rutas tienen sus temporadas. Algunas como, por ejemplo, Mar del Plata son rentables en temporada alta, pero en temporada baja son menos rentables. Pero además hay un rol estratégico de la compañía no solamente para conectar a los argentinos sino por el turismo receptivo. En la próxima temporada de invierno, que arranca en un mes y medio, vas a tener siete ciudades de Argentina, Buenos Aires más seis del interior, conectadas con vuelo directo desde San Pablo. Salta, Córdoba, Mendoza, San Martín de los Andes, Bariloche y Ushuaia. No hay compañía en el mundo que venga y que ponga semejante estructura logística para traer gente.

-¿Cómo está la flota de Aerolíneas?

-Cuando se reestatizó eran una flota totalmente obsoleta. Hubo que hacer un proceso de renovación muy fuerte de la flota de Marsans, se renovó al 100%. La flota son todos aviones y modelos nuevos. Ahora lo que estamos trabajando es fundamentalmente los (Boeing) 737. Ya estamos incorporando el modelo 737 Max, que es el modelo nuevo. Entraron en 2022 dos Max y estamos tratando de entrar tres por año por lo menos en los próximos tres años. Estamos trabajando con Embraer para ir al modelo nuevo que se llama E2, que es más eficiente y es un poquito más grande. En lo que son aviones grandes, el (Airbus) 330 200 es el que usamos nosotros. En esta gestión dejamos de utilizar los 340. Ahora estamos viendo un pasaje al nuevo modelo, que tiene un consumo más eficiente de combustible y es un poco más grande. La gran novedad en términos de flota es que incorporamos dos 737 800 exclusivamente para carga. Aerolíneas, después de 17 años, vuelve a tener aviones y servicio de carga, son nuevos ingresos que ayudan a mejorar de la compañía.

-¿Qué promedio de antigüedad tiene la flota?

-Hoy es 9,86 años.

-¿Y la competencia de cabotaje?

-JetSmart seguro cinco años, capaz que menos. Y Flybondi del año 2000 para acá. Ahora creo que mejoraron un poquito con aviones de 12, 13 años.

-El riesgo de las low cost es que a veces te suspende el vuelo y volás otro día...

-Hoy transportamos 36.171 pasajeros, 340 vuelos. 100% cumplimiento. Tenemos niveles de puntualidad por encima del 80%. Aparte, cuando cancelamos que cancelamos poquito, ubicamos el pasajero en el mismo día o al día siguiente.

-En la oposición hay quienes quieren privatizar Aerolíneas, cerrarla o dársela a los sindicatos y que se arreglen. ¿Qué opina?

-Son tres formas distintas de decir cerrar Aerolíneas. Una es cerrarla directamente y la otra es privatizarla, pero no vas a tener ningún comprador y va a terminar cerrando. Dársela a trabajadores sin ningún tipo de asistencia va a terminar cerrando también. Eso implicaría dejar desconectado al país y eso es insostenible. Es necesario el servicio desde el punto de vista social, para mantener el sistema de salud, para mantener este país funcionando, tenés un montón de traslado de funcionarios, de gente de lo que sea, de gendarmes, de médicos. El país no aguanta ni una semana sin servicio aéreo.

-¿Por qué dice que nadie la querría comprar?

-Porque tiene un déficit operativo que tenés que financiar y nadie te va a agarrar una compañía sin que le soluciones ese problema. Normalmente, cuando se privatizó YPF, lo que hicieron es el ajuste antes de la privatización. ¿Quién va a hundir un flujo de fondo negativo?

-Sí, nadie quiere comprar una compañía para echar, los echan primero y después la venden.

Claro. Aparte, un achicamiento de la compañía es costoso. Son un montón de indemnizaciones que tienen que pagar y después tenés que reducir la operación. Tenés que devolver los aviones que volaban a los destinos no rentables. Esos son contratos de largo plazo que los tenés que pagar de una. Entonces la plata que tenés que poner son cinco o seis veces el déficit operativo.

AR

La guerra en Ucrania provocó un déficit de US$4.940 millones en la balanza comercial de la Argentina, por la suba de los precios internacionales.

Así se desprende de un informe que difundió el Ministerio de Economía, que puntualizó que ese impacto se atribuye a un “shock general” de precios internacionales del sector agropecuario (con aumentos de 9,4% en la soja; 33,7% en trigo y 17,8% en maíz) y sobre el precio de los combustibles (gas de Bolivia, 114%; GNL, 233% y gasoil, 85%).

Además, se observó un aumento del valor de las importaciones de combustibles en US$3.757 millones, en relación a los US$1.999 millones proyectado a precios preguerra.

En relación con el complejo agroexportador, se evidenciaron exportaciones netas por un total de US$617 millones adicionales a lo proyectado antes del conflicto bélico, mientras que el costo de los fletes para exportación sufrió un aumento de US$1.800 millones en relación a las estimaciones anteriores a la guerra, de acuerdo con la información oficial.

Economía detalló que durante el invierno de 2022, el saldo energético fue “significativamente negativo”, ya que el aumento en el precio de los principales commodities implicó un requerimiento mayor de divisas para la importación de combustibles, entre ellos los utilizados para el abastecimiento energético durante el año pasado.

Como referencia, el precio del crudo Brent tuvo un marcado ajuste desde diciembre del 2021 hasta su pico en junio de 2022, pasando de US$74 a US$123 por barril, con un incremento del 66%.

El informe puntualizó además que si los precios se mantuvieran como el promedio mensual para 2021, las importaciones de combustibles alcanzarían los US$9.033 millones; en cambio, con el aumento de precios correspondiente a 2022, las proyecciones indican que esas importaciones sumarían US$13.279 millones.

“La diferencia de US$4.246 millones implica un importante efecto negativo sobre la balanza comercial argentina, elevando los requerimientos de dólares para llevar a cabo estas importaciones”, advirtió Economía.

Con relación al impacto fiscal por tener que pagar los combustibles más caros, se estimó que las transferencias en concepto de subsidios asciendan para este año a los $1.799.286 millones.

En el mercado de gas, los subsidios hubieran ascendido a los $290.425 millones: $135.239 millones para la estatal IEASA por la importación de GNL y gas desde Bolivia y $76.978 millones bajo la órbita del Plan Gas.

La proyección de subsidios al gas para 2022 es de $372.65 millones, con respecto al escenario con precios de 2021.

En el escenario actual, proyectando los subsidios hasta fines de 2022, se estima una erogación de $1.270.943 millones para el mercado eléctrico: esto supone que la guerra generó un incrementó en las transferencias a la administradora CAMMESA de $350.578, de acuerdo con el documento oficial.

De esta manera, el aumento de precios de los commodities debido al conflicto bélico redundará en un crecimiento de los subsidios de $587.934 millones, calculó Economía.

En cuanto al impacto en los precios de los fertilizantes, se estimó que la Argentina importa el 70% de ese producto, de manera que asumiendo una importación para 2022 igual a la realizada para el periodo 2020-2021, y manteniendo los precios vigentes durante el primer semestre de 2022, las importaciones ascenderían a US$4.400 millones durante todo el año pasado.

Eso representando un incremento de 93% respecto a las importaciones del 2021.

Por último, Economía detalló que como producto de la salida de la pandemia y la guerra entre Rusia y Ucrania se ha incrementado el costo de los fletes marítimos para el periodo 2021-2022.

La Bolsa de Comercio de Rosario estimó un aumento en los costos para exportar la cosecha cercano al 62% respecto a la campaña 2020-2021, que representa un aumento de US$1.800 millones.

Respecto a las importaciones, esa entidad proyectó un costo adicional de US$1.217 millones para las importaciones de 2022.

Con información de NA.

IG

El secretario de Programación Económica, Gabriel Rubinstein, afirmó que el Gobierno cumple con “la baja permanente del déficit fiscal”, uno de los principales objetivos macroeconómicos que fijó el ministro de Economía, Sergio Massa, al asumir la gestión.

En la misma línea, Rubinstein señaló que a partir de las medidas adoptadas por el titular del Palacio de Haciendo lograron llevar al “2,5 el déficit” y agregó: “Reafirmamos la meta de lograr un déficit de 1,9% para 2023”.

“Reafirmamos la meta de lograr un déficit de 1,9% para 2023. Aunque estemos lejos del objetivo de superávit fiscal primario, estamos allanando el camino para que en 2024 se pueda construir sobre los logros de 2023”, precisó el funcionario nacional en una columna para Infobae.

También se refirió a la gestión de la deuda en pesos, un punto en el que recibió duras críticas opositoras durante la semana pasada: “Mantener el ratio deuda/PBI en 12% supone un esfuerzo fiscal del orden del 0,2% del PBI, lo cual, a nuestro juicio, es bien sostenible”.

Además, Rubinstein resaltó la capacidad de gestión que tienen desde el Ministerio de Economía y que continúan trabajando para mejorar la situación fiscal, las cuentas externas, acumulando reservas (a pesar de la sequía).

En ese sentido, el viceministro de Massa puntualizó en la sostenibilidad de la actividad económica. “Trabajamos para mejorar lo más que se pueda y en el menor tiempo posible”, concluyó.

Por otra parte, aseguró que “esta vez, los acuerdos de precios no buscan `suplantar` una buena macro (como cuando se emite mucho dinero y se busca vía represión compensarla), sino que buscan adecuar una dinámica inercial muy nociva a los fundamentos macroeconómicos”.

“La ampliación de acuerdos de 30.000 a 50.000 productos, varios sectores más incluidos, mejores herramientas de monitoreo (nuevo software desarrollado por Amazon y Arnet), un sendero mensual más bajo (de 4,0% a 3,2%), esperamos permitan mejores resultados globales, especialmente desde marzo. Asimismo, esperamos que la baja de inflación permita este año, un aumento de los salarios reales”, concluyó.

CRM con información de la agencia NA

La Argentina posee una menor proporción del déficit total de su Producto Bruto Interno (PBI) en comparación del promedio de las economías emergentes y de ingresos medios, según el Fondo Monetario Internacional (FMI). El nuevo informe de monitoreo fiscal, publicado en el marco de las reuniones anuales del organismo y del Banco Mundial, añadió que el país tiene una “presión fiscal” menor que las principales potencias.

El FMI estima que el déficit total del país, es decir primario y financiero, sea del 3,5% del PBI para el 2022 y de 3,3% en 2023, lo cual significa una caída frente al 4,3% de 2021. Para este año, la cifra es menor al promedio de todos los países emergentes (6,2%), al igual que la media de los países latinoamericanos (4,2%) y de los países emergentes que forman parte del G20 (7,3%). También es menor frente al promedio de economías avanzadas (3,8%) donde países como Estados Unidos, Francia, España, Reino Unido e Italia poseen un déficit proyectado de entre 4% y 5,7%.

En cuanto al déficit primario, que excluye los intereses de la deuda pública, se prevé que se reduzca frente al pico de 6,2% de 2020 (año de la crisis por la pandemia de Coronavirus) y del 2,5% del 2021, a 1,9% para este año, 1,4% en 2023, 0,5% en 2024. Finalmente, se estima un superávit primario de 0,5% en 2025, el cual llegaría al 2% en 2027.

Estas cifras son más bajas que las metas acordadas firmadas entre el Gobierno y el FMI en marzo pasado, el cual estipula un déficit primario de 2,5% en 2022, 1,9% en 2023, 0,9% para 2024 y 0% para 2025. Tal como en el caso del déficit total, el primario previsto para 2022 y 2023 es menor que el promedio de economías emergentes (4,3% para 2022 y 3,3% para 2023) y avanzadas (2,4% y 2,3%).

Recaudación, “presión fiscal” y gasto público

Por otra parte, el FMI difundió estimaciones respecto de la recaudación, conocida como “presión fiscal”, y del gasto público. Se espera que la recaudación de la Argentina caiga de 33,5% del PBI al 33% este año, número el cual se reducirá a 32,3% en 2023, para luego repuntar nuevamente en años posteriores.

Esta proporción es superior al promedio de todos los emergentes para el 2022 (25,1%), pero es similar a los países emergentes europeos (33,6%), latinoamericanos (27,9%) y a Estados Unidos (33,4%) y Brasil (31,8%). Además, la presión fiscal es menor al promedio de las economías avanzadas (37,4%), y al de la Eurozona (46,9%) con países como España, Italia, Alemania y Francia llegando al 44%, 48,6%, 46,4% y 53,3%, respectivamente.

En tanto, el FMI estima para este año un gasto público del 36,6% del PBI para Argentina (1,3 puntos menos que en 2022) y del 35,6% en 2023. En este caso, la cifra es ligeramente mayor al promedio de los emergentes (31,2%) y menor al de las economías avanzadas (41%, alcanzando el 50,7% en la Eurozona) para este año.

Deuda bruta de la Argentina

Según el FMI, la deuda bruta del país será de 76% del PBI en el 2022, cifra menor respecto al 102,8% de 2020 y al 80,9% de 2021, así como la registrada en 2018 (85,2%) y 2019 (88,8%), durante los últimos dos años del gobierno de Mauricio Macri y Cambiemos. En su informe, el FMI destacó que “la mayoría de los gobiernos se encuentra enfrentando una mayor presión en sus finanzas públicas, ya afectadas por la pandemia”.

La suba de la inflación global, la debilidad de las divisas y el salto en las tasas de interés derivó en una escalada del endeudamiento, cuyo promedio mundial se estima que será del 91% del PBI, 7,5 puntos más que los niveles previos a la pandemia.

Esto afecta especialmente a los países de bajos ingresos, donde el 60% de ellos se encuentra en situaciones de “sobreendeudamiento”. La delicada situación en materia fiscal se vio agravada por las medidas que varios gobiernos tuvieron que realizar, frente a la suba de los precios alimenticios y energéticos, como recortes de impuestos, transferencia de recursos y subsidios.

En este marco, el organismo recomienda que la asistencia sea segmentada hacia los más vulnerables, como puede ser a través de descuentos para el uso básico en las facturas de servicios públicos familias de bajos o medianos ingresos. Al mismo tiempo, desaconsejó que los gobiernos “limiten los aumentos de precios mediante controles de precios, subsidios o recortes de impuestos”, ya que “terminan siendo costosos y, en definitiva, inefectivos”.

LC con información de agencia Télam

El ministro de Economía, Sergio Massa, adelantó vía Twitter lo que serán los puntos salientes de la semana que comienza. Su agenda se enfoca en medidas que contribuyan a ajustar el gasto, algo en lo que comprometerá a todas las carteras del Gobierno y que espera lograr vía reducción de subsidios a las tarifas, pero también habrá un anuncio destinado a compensar los ingresos de los jubilados. 

Mañana martes se reunirá con los responsables de administración de cada ministerio para “darles la programación hasta fin de año y conozcan las prioridades de inversión y los techos de gasto”. Es una de las decisiones que colabora al objetivo de cerrar el año con un déficit fiscal del 2,5% anual, uno de los mayores desafíos de su gestión. 

Según estimaciones privadas, si Massa siguiera gastando al ritmo que lo venía haciendo el ex ministro Martín Guzmán el déficit sería de 3,5% del PBI. Es decir, que para cumplir con esa meta –cristalizada en el acuerdo con el FMI– necesita recortar un punto porcentual del PBI, $800.000 millones aproximadamente. 

De todos modos, el concepto de “techos presupuestarios” no es algo novedoso. Se ponen en juego cada año, al momento de definir el presupuesto. En el procedimiento habitual Economía le comunica a cada ministerio cuál es su techo de gasto, que es analizado por cada cartera, que propone luego un “sobretecho” para llegar en la negociación al número final. 

El miércoles se anunciará el porcentaje de aumento de jubilaciones, derivado de la fórmula de movilidad. Según las primeras estimaciones, estará entre el 15% y el 16% para el trimestre septiembre-diciembre y dejará una vez más a los jubilados retrasados contra la inflación. El haber mínimo bruto, que actualmente es de $37.500, subiría en torno de los $43.300; apenas el 40% de una canasta básica familiar. En lo que va del año, y hasta diciembre (mes en el que está pautado el aumento siguiente), acumularía una suba que no llega al 50%. 

Por eso Massa ya anticipó que se otorgará un “acompañamiento adicional”, que será financiado con una mayor recaudación por anticipo de Ganancias decidida por AFIP para las empresas de “alta rentabilidad”. “No va a afectar el orden de nuestras cuentas”, dijo el ministro. La pregunta es a qué cantidad de jubilados alcanzará y si será, como lo fueron los refuerzos anteriores, solo para quienes cobren la mínima o un poco más; para la base de la pirámide. 

El jueves se conocerán más detalles sobre la eliminación de subsidios a las tarifas que se pondrá en marcha en los próximos meses. A la segmentación que diseñó Guzmán, basada en los ingresos, Massa le sumó otra por consumo, lo que extiende el universo de personas que van a tener menos subsidios. 

Según anticipó, en electricidad el tope de consumo subsidiado será de 400 kwh; un límite bastante generoso dado que, de acuerdo con datos oficiales, el 80% de los hogares consume menos que eso, sobre todo en el interior. 

Algunas autoridades del norte, de todos modos, piden que se tomen en cuenta dos situaciones. Provincias como Corrientes, Misiones, Chaco y Formosa tiene muy baja incidencia de la red de gas, lo que lleva a un mayor consumo eléctrico. Además, piden que, así como se reconocen las “zonas frías” a la hora de tomar decisiones sobre el gas, se reconozcan “zonas calientes” donde el uso del aire acondicionado o ventiladores es más necesario. 

Massa anticipó que el tope de subsidio tendrá, en cada caso, un “criterio federal con comprensión climática” y que la segmentación entrará en vigencia “por sector y zona”. Solo dio precisiones sobre la entrada en vigencia de la segmentación del agua: el 1° de septiembre. Malena Galmarini, presidenta de AYSA, será su aliada en esa tarea.

Todos los detalles los debería dar el jueves a las 17.00 la nueva secretaria de Energía, Flavia Rayón. Según anticipó el ministro, una vez que se aplique la segmentación en electricidad, gas y agua, el Estado se ahorrará $500.000 millones al año en subsidios. 

El jueves también se conocerá el índice de inflación de julio, que se anticipa que estará cerca del 8%. De ser así, marcaría el pico más alto del año y podría repetirse un nivel semejante en agosto. A partir de ese momento, el Gobierno espera que el dato comience a bajar para estabilizarse en torno al 4% o 5% mensual. 

DT

La balanza comercial registró en junio un déficit de 115 millones de dólares, el primer saldo negativo desde diciembre de 2020 a la fecha, informó hoy el Instituto Nacional de Estadística y Censos (Indec).

El déficit verificado en el sexto mes del corriente año estuvo explicado esencialmente por los aumentos en las compras de gas natural licuado y gasoil, por 422 millones de dólares en ambos casos; gas natural en estado gaseoso, por 117 millones de dólares; y fosfato monoamónico, por 106 millones de dólares), entre otras subas.

En junio, las exportaciones sumaron US$ 8.432 millones, con un incremento del 20% interanual, mientras que las importaciones fueron por US$ 8.547millones, con un alza del 44% respecto a igual mes de 2021.

El Indec dio cuenta que si hubiesen prevalecido los precios de junio del año paso, el saldo comercial habría arrojado un superávit de US$ 224 millones de dólares.

Esto último se explica en que índice de precios de las exportaciones aumentó 20,7%, por debajo de los valores de los productos importados, que subieron 26,4%.

En este marco, el resultado del intercambio comercial a lo largo del primer semestre del año marcó un saldo positivo de US$ 3.093 millones, frente a los US$ 6.774 millones de enero-junio del 2021.

Entre los factores que impactaron en el resultado del sexto mes del año, según el informe del Indec, se ubicó también el valor unitario del flete internacional, de US$ 107,3 por tonelada, lo que resultó 48,4% superior al de igual período de 2021 (US$ 72,3 ) y 94,7% mayor que el de junio de 2020 (US$ 55,1).

En junio, las cantidades de productos primarios vendidos cayeron 12,3% en términos interanuales, lo que fue parcialmente compensado por un aumento del 15,4% en los precios, con lo que este rubro sumó un total de US$ 2.049 millones.

Por su parte, las exportaciones de Manufacturas de Origen Agropecuario registraron una suba de 3,7% en lo que respecta a las cantidades vendidas, con precios 21% más elevados que doce meses atrás, lo que dejó una facturación total de US% 3.474 millones.

En tanto, el volumen de los envíos de Manufacturas de Origen Industrial subió 4%, con precios 12% superiores a los del año pasado, lo que determinó un ingreso de divisas de US$ 2.183 millones

Un rubro en el que se observó un aumento en las cantidades vendidas con mayor fuerza, del orden del 11%, fue en Combustible y Energía, con precios 69% mayores que en junio de 2021, con una facturación total de US$ 727 millones

Por el contrario, la importación de Combustibles y Lubricantes marcó un aumento de 19% en las cantidades con valores 118% mayores que en junio de 2021, lo que determinó pagos por US$ 1.953 millones, un monto equivalente a más del doble que el registrado el año pasado.

En lo que respecta a los principales socios comerciales, el informe del Indec detalló que Brasil sigue siendo el principal actor, con exportaciones por US$1.240 millones e importaciones por US$1.693 millones, con un saldo negativo de US$453 millones.

En segundo lugar se ubicó EEUU, con exportaciones por US$734 millones e importaciones por US$1.539 millones, con un déficit de uS$966 millones.

Las ventas a China, por su parte, sumaron US$613 millones y las compras US$1.579 millones, con un saldo negativo de US$966 millones.

Los dos principales saldos positivos se dieron en el intercambio comercial con la India y con Chile, que marcaron en junio superávits de US$385 millones y US$287 millones, respectivamente.

DA

El presidente Alberto Fernández aseguró este lunes que la intención del Gobierno es “dar una señal clara” a los mercados para que entiendan que “la Argentina está dispuesta a controlar el gasto público” y que el dólar “tiene un valor adecuado”, al referirse a las medidas presentadas más temprano por la ministra de Economía, Silvina Batakis, que recibieron críticas y apoyos de diferentes actores sociales.

“Que todos los mercados entiendan que Argentina está dispuesta a hacer lo que dijo la ministra: a controlar el gasto público, seguir en el camino de controlar del déficit fiscal, paulatinamente, para que no se convierta en un ajuste que dañe a la gente, y dar una señal clara que estamos seguros de que el dólar que estamos proponiendo para las exportaciones tiene un valor adecuado y no nos vamos a mover de esa celda”, remarcó Fernández al encabezar una recorrida por obras públicas en la localidad bonaerense de Berazategui.

Por otra parte, destacó que la economía nacional sigue creciendo de la mano de la obra pública, a la que calificó de “dinamizadora”.

“Estamos en 450 mil (puestos de trabajo en el sector); eso es un récord de trabajadores de la construcción y nos pone muy contentos que haya sido la obra pública la que haya motorizado esto. Hay 5 mil obras públicas en todo el país, como esta (por los trabajos de repavimentación en Berazategui), llevando trabajo y bienestar a todos los pueblos del país”, insistió el Presidente en referencia al Programa Ejes de Conectividad Urbana. Y en esa línea, subrayó: “Creemos en la obra pública como dinamizadora de la economía y del trabajo”.

Por último, durante la recorrida por el sur del conurbano recordó que el sábado pasado el Estado entregó la vivienda número 50 mil, mientras avanza en la construcción de 120 mil restantes.

Fernández puso en marcha en el partido bonaerense de Berazategui los trabajos de repavimentación de la Avenida 7, obra 5.000 del Gobierno nacional.

“El objetivo nuestro es llegar rápidamente a los 500.000 puestos de trabajo registrado en el sector de la construcción. Estamos en alrededor de 450.000, ya eso es un récord en la historia argentina”, aseguró el mandatario, acompañado por el intendente Juan José Mussi y el ministro de Obras Públicas, Gabriel Katopodis.

Fernández recorrió este lunes los trabajos de pavimentación y mejoramiento urbano de 4,3 kilómetros de la Avenida 7, entre Ruta Provincial Nº 36 y Diagonal Lisandro de la Torre, obra que cuenta con una inversión de 467 millones de pesos.

“La obra pública siempre es mejor condición de vida para la gente, en este caso una avenida iluminada, transitable, con veredas, con refugios. En otros casos sirven para mejorar la vida de la economía argentina, porque son caminos que unen pueblos y que facilitan que la producción llegue a los puertos de salida, o a los lugares donde se consumen”, reflexionó el Jefe de Estado.

Por su parte, el ministro Katopodis afirmó que la obra pública en Argentina “es un motor” que permitió “construir hospitales, arrancar en un momento muy difícil” como fue la pandemia, y “que en este contexto mundial tan delicado vuelve a ser la palanca con la que vamos a sostener la economía”.

Los trabajos de repavimentación de la Avenida 7 en Berazategui forman parte del Programa Ejes de Conectividad Urbana que contempla acualmente 215 obras y 137 proyectos, por una inversión plurianual estimada de 118.419 millones de pesos.

El intendente Mussi aseguró que este tipo de obras “mejoran la calidad de vida de los ciudadanos y generan empleo, dos cosas que son muy importantes”.

Se trata de la obra número 5.000 de la cartera nacional, trabajos que se encuentran distribuidos en todo el país, y a los que se suman 979 proyectos.

La ejecución de este plan de infraestructura impactó en el avance de la generación de empleo en el sector de la construcción, que actualmente superó los 450.000 puestos de trabajo registrados y se encamina a alcanzar los 500.000, número récord desde hace más de 10 años.

Con información de agencias.

IG

Las cuentas del Estado nacional cerraron febrero con un déficit primario de $76.283 millones y uno financiero de $136.898 millones, informó hoy la Secretaria de Hacienda. El desequilibrio fue cuatro veces más respecto a los $ 18.857 millones que se registraron en igual mes del año pasado. Cuando se suman los pagos de intereses de deuda, el déficit financiero asciende a $ 136.899 millones, más del doble con relación a los 64.136 de febrero de 2021.

El desequilibrio de febrero es producto de aumentos de los gastos del 70% en forma interanual (18 puntos más que la inflación) y de ingresos que avanzaron 61,5%. El Ministerio de Economía aclaró además que exceptuando los gastos COVID de 2021, el aumento del es de 74%, destacando como “positiva” la expansión por haber sido producto de “medidas de inclusión y contención social”.

Cabe recordar que en febrero la inflación fue de 4,7%, incremento que directamente afecta a los sectores de menores recursos.

Los incrementos de gasto se concentraron en “subsidios económicos” (78,4%) y “prestaciones sociales” (68,5%).

Economía señaló que las transferencias corrientes alcanzaron los $327.784 millones (+85,5%) y aquellas correspondientes al sector privado presentaron un crecimiento de $124.690,2 millones (+92,8%).  

Los ingresos totales del Sector Público Nacional (SPN) ascendieron a $846.031 millones; los ingresos tributarios crecieron 58,8% i.a impulsados principalmente por IVA, con un alza del 66,6%; Créditos y Débitos, 122,8%; y los ingresos asociados a la Seguridad Social, 63,9%.

De esta manera, al primer bimestre del año acumuló un déficit primario de $92.982 millones y un déficit financiero de $287.563 millones.

El acuerdo con el Fondo Monetario Internacional para renegociar unos US$ 44.500 millones contempla que el déficit fiscal debe bajar este año a 2,5% del PBI, desde el 3% que cerró en 2021, y retroceder a 1,9% en 2023.

DA

“¿Guzmán es el del Frente de Todos o el de Cambiemos?”, bromea un economista, consultado por los resultados fiscales de mayo, mes en el que el Ministerio de Economía registró un balance primario superavitario de $25.714 millones. Ya en julio, transcurrida la primera mitad del año el ministro Martín Guzmán cerró con las cuentas ordenadas y una caída de 64% del déficit respecto del mismo período del año anterior, y casi que tuvo que disimular su conducta: por más estratégico que sea, el ajuste nunca es bien recibido y menos al interior de su propia fuerza política. Sobre todo porque gran parte del resultado se explica por una caída real del gasto del 40,8% en programas sociales en la comparación con los primeros seis meses de 2020, del 9,6% en las jubilaciones y del 5% en los salarios públicos, según datos de la Oficina del Presupuesto del Congreso (OPC). 

Sin embargo, todo indica que el escenario no se podrá —ni se querrá— mantener en en la segunda mitad del año. “Lo que pasó en el primer trimestre no es extrapolable al segundo; la película fiscal va a ser distinta”, anticipó Martín Vauthier, economista de Anker Latinoamérica. A los factores económicos que indefectiblemente alterarán el escenario se suma el elemento político. Recomponer parte del gasto que se ajustó durante la primera parte del año será parte central de la estrategia de cara a las elecciones legislativas.  

Guzmán tiene claro que para alcanzar algún acuerdo con el FMI y recuperar algo de la confianza sí o sí se necesita respetar la restricción presupuestaria, pero todo eso choca con la realidad del factor político y las elecciones.

Diego Martínez Burzaco — Economista. Inviu

La reducción del déficit primario, que fue de $473.102 millones en el primer semestre, se explica simultáneamente por una caída real en el gasto y un incremento en las distintas categorías de ingresos. Por el lado de los ingresos contribuyó una recaudación extraordinaria vía retenciones por la exportación de soja y maíz a valores récord y también sumó el llamado “impuesto a la riqueza”, que fue determinante para que mayo cerrara con números positivos. También mejoró la recaudación vinculada a la reactivación de la actividad tras el parate forzado por la pandemia. 

Como ingreso extraordinario, para el segundo semestre solo se cuentan los Derechos Especiales de Giro (DEG) que se espera que envíe el Fondo Monetario Internacional a fines de agosto. El resto de los elementos se topará con un límite: pasó la temporada de cosecha, el grueso del aporte a la riqueza ya fue recaudado y, según apunta la economista de C&T Asesores María Castiglioni, la mejora intermensual de la actividad comenzó a ralentizarse después del pico de enero.

Además, se espera que se modere la inflación, cuya disparada también colaboró a la consolidación fiscal: hizo que los ingresos crecieran al tiempo que se licuaban gastos como las jubilaciones y otras prestaciones sociales, que se ajustan con retraso. En efecto, los jubilados aparecen en la primera línea de ajuste. A pesar de los dos aumentos determinados por la ley de movilidad y los dos pagos extraordinarios, el poder de compra de los que cobran el haber mínimo registró una caída real de 13,6%.

Para el segundo semestre esperamos un push electoral que, entre bonos a jubilados, refuerzos de asignaciones y ampliaciones a programas ya existentes podría sumar un punto del PBI.

Lorena Giorgio — economista jefa de Equilibra.

De acuerdo con los datos de la OPC, el gasto en programas sociales se redujo 40,8% en la comparación de este primer semestre con el primero de 2020, debido a que las transferencias destinadas a la emergencia sanitaria fueron inferiores, fundamentalmente por la eliminación del Ingreso Familiar de Emergencia (IFE) y la Asistencia de Emergencia Trabajo y Producción (ATP).  Frente a la masividad de esas políticas, no alcanzó para mover el amperímetro el aumento de los montos destinados a la Tarjeta Alimentar y el programa Potenciar Trabajo.

En plena carrera electoral se espera que los cambios más relevantes se vean por el lado de los gastos. La promesa del Gobierno es que los ingresos de las familias crecerán en términos reales, para lo que habilitó la reapertura de las discusiones salariales, convalidó paritarias por encima del 40% y adelantó las cuotas de recomposición del Salario Mínimo Vital y Móvil, que tiene impacto en el monto de prestaciones sociales. Castiglioni también anticipó aumento de transferencias a provincias y una mayor inversión en subsidios al sector de electricidad y gas, como contracara al virtual congelamiento de las tarifas.

“Para el segundo semestre esperamos un push electoral que, entre bonos a jubilados, refuerzos de asignaciones y ampliaciones a programas ya existentes podría sumar un punto del PBI”, consideró Lorena Giorgio, economista jefa de Equilibra. Para que estas decisiones tengan impacto es fundamental que la inflación mensual se desacelere y perfore el piso de 3%. Según la economista, todo eso sumaría para la segunda mitad del año un déficit primario de 3 puntos del PBI, que se va a financiar mayormente con emisión del Banco Central.

Es esperable encontrarse con un rol moderadamente expansivo de la política fiscal. Se enfrenta un escenario donde se necesitan menos pesos que el año pasado y hay más recursos para administrar las tensiones cambiarias.

Nicolás Segal — Economista. ITE

Los analistas coinciden en que aun pisando el acelerador en el gasto es difícil que se llegue a generar el déficit presupuestado oficialmente para el año, de 4,2%. Es una rareza conceptual: aunque se esfuerce, el Gobierno no alcanzará a gastar lo suficiente como para marcar el rojo anticipado. “Es un número que se puso en otro contexto, sin prever algunos de los factores que terminaron impactando, y probablemente pensando más en el discurso de la política que en una proyección vinculada a la consistencia macroeconómica”, consideró Vauthier. Ya en 2020 en el presupuesto se anticipó un déficit de 8,3%, que terminó en 6,5%. 

“La política va a ver que tiene margen, al menos desde lo legal, para poner plata en el bolsillo de la gente. Pero eso tiene un límite, porque cuanto más alto el déficit más estresado está el programa financiero y más tensiones se ponen sobre el mercado de cambio”, agregó Vauthier. 

La meta de déficit se puso en otro contexto y probablemente pensando más en el discurso de la política que en una proyección vinculada a la consistencia macroeconómica

Martín Vauthier, Anker Latinoamérica

“Hay intereses contrapuestos dentro de la alianza gobernante. Guzmán tiene claro que para alcanzar algún acuerdo con el Fondo Monetario Internacional y recuperar algo de la confianza en el peso y la Argentina sí o sí se necesita respetar la restricción presupuestaria, pero todo eso choca con la realidad del factor político y las elecciones”, sumó Diego Martínez Burzaco, de Inviu.  

Para Nicolás Segal, economista del Instituto de Trabajo y Economía (ITE), la buena marcha de la campaña de vacunación puede generar una dinámica virtuosa, extendiendo la mejora en la actividad y la recaudación y haciendo menos necesarias erogaciones extraordinarias. “Es esperable encontrarse con un rol moderadamente expansivo de la política fiscal, que si bien requerirá en parte del financiamiento monetario, se enfrenta un escenario donde se necesitan menos pesos que el año pasado y hay más recursos para administrar las tensiones cambiarias —apuntó—. El Banco Central pudo acumular reservas, cancelar pasivos en dólares y se renegociaron vencimientos públicos y privados”.

DTC

Si se consideran los $80.234 millones que ingresaron a las arcas del Estado en concepto del “aporte solidario a las grandes fortunas”, en mayo el Ministerio de Economía registró un balance primario superavitario de $25.714 millones, ayudado también por la suba de los precios de los bienes exportables. Es el segundo mes de 2021 con saldo a favor y contribuye a construir el mejor dato del período enero-mayo desde el inicio de la serie comparable, con la excepción de 2019. Si bien es una buena noticia, alienta también un cuestionamiento interno al ministro de economía, Martín Guzmán, que en un año signado por la pandemia y los salarios reales por el piso, se muestra más cauteloso con el gasto de lo que le exige su propio presupuesto. 

“Con los $25.714 millones de superávit quedamos con un muy buen resultado fiscal acumulado en los primeros cinco meses del año, de entre 0,1% y 0,2% del PBI de déficit primario total, que sería para esta altura del año el mejor registro desde que hay datos compatibles, desde 2016, con la excepción de 2019, año en que pesó el FMI y la exigencia de tener un equilibrio primario”, detalló Joaquín Waldman, analista de Ecolatina. 

Aun con el aporte cobrado a los contribuyentes con bienes por más de $200 millones, el resultado financiero (que incluye intereses de deuda) es deficitario en $64.618 millones. De todos modos, se trata del mejor registro para el período enero-mayo desde el inicio de la serie, porque si bien en 2019 hubo superávit primario hubo pagos de intereses mucho mayor. 

Al 31 de mayo se recaudaron $148.505 millones en concepto del aporte extraordinario cobrado a los contribuyentes con bienes por más de $200 millones. En función de la normativa bancaria y contable del sector público, $80.234 millones se registraron en el mes de mayo y el resto se acreditará en junio. Si no se considerara este concepto, el saldo de la balanza habría sido distinto: un déficit primario de $54.881 millones y financiero de $306.058 millones.

“Lo que nos muestran estos datos es que hay un nivel muy grande de cautela en el Ministerio de Economía, que leyó que el año pasado una gran expansión fiscal y monetaria afectó a las brechas cambiarias; elevó los dólares paralelos y elevó las tensiones cambiarias, que terminaron repercutiendo sobre la inflación”, analizó Waldman. Este año, lejos de hacer un gasto desmedido, el Gobierno “está acotando mucho los programas por Covid, haciéndolos más focalizados en los sectores que más los necesitan, con la intención de requerir menos financiamiento por emisión y poder balancear las cuentas públicas”.

En cuanto a las erogaciones, el gasto primario registró en mayo una suba de 18,3% interanual (es decir, por debajo de la inflación del período), que sin embargo asciende a alrededor de 48,1% si se excluye el “gasto Covid” correspondiente a mayo de 2020, cuando había un cese prácticamente total de la actividad económica debido al aislamiento obligatorio. Si se hace ese ajuste entonces sí se ve “una expansión en línea con el incremento de precios del período”, según informó el Gobierno. 

Es difícil pensar que en un año electoral, con el salario real en niveles muy bajos y con la pandemia también golpeando, la política convalide que el déficit fiscal se ubique muy por debajo de lo que está autorizado incluso en el presupuesto.

Martín Vauthier, Eco Go

Por otro lado, los ingresos tributarios crecieron 99,2% de manera interanual, mientras que los derechos de exportación registraron una suba de 275,8%, impulsados por el sostenimiento de los términos de intercambio favorables (la soja tocó un valor récord de US$602 la tonelada en mayo) y acumulan una recaudación en el año de 0,9% del PBI. 

Tal como se ve, el equilibrio está siendo ayudado por una serie de factores externos: suba de precios de la soja y los commodities en general, que le proveen más ingresos vía retenciones, y una inflación mayor a la esperada que achica el peso en términos reales de muchas líneas de gasto, como jubilaciones y pensiones. También impacta un crecimiento de la actividad mayor al planificado en el presupuesto, lo que da una mano en términos de recaudación 

Por otro lado, hay factores articulados dentro del ministerio de Guzmán: al aporte a las grandes fortunas, modificaciones en Ganancias y medidas de alivio frente a la pandemia más acotadas. “También se está cambiando la forma de financiamiento del déficit —continúa Waldman—. El financiamiento del Tesoro tuvo un giro mucho más hacia tomar deuda local en pesos que hacía la emisión monetaria. Es decir, hubo más financiamiento neto del mercado que de adelantos transitorios y giro de utilidades por parte del Banco Central”. 

Según el analista, esto le permite un mayor margen de acción al Tesoro frente a un recrudecimiento de la situación sanitaria, en el que podría recurrir nuevamente a la emisión o esquemas de auxilio más amplios como el IFE o el ATP. “Quizás se está guardando esas herramientas en caso de necesitarlas”, especuló.  

“Más allá de la dinámica de ingresos favorable por el salto inflacionario y el precio de los granos hay una reducción de más de 10 puntos en términos reales en la comparación interanual en el gasto social, dentro del cual están los componentes que ajustan por movilidad y una reducción a las transferencias a provincias que caen más de 40 puntos una vez descontada la inflación en el año. El gasto en subsidios apenas crece y la obra pública que iba a ser la protagonista si bien está acelerando no llega a compensar el ajuste en el resto de las partidas”, interpretó Guido Lorenzo, director de la consultora LCG. 

Para el analista, las decisiones están siendo limitadas por dos posibles razones: por la disponibilidad de financiamiento o por prudencia. “Si la explicación es la segunda, se entiende que haya cuestionamientos dentro de la coalición en una economía que no logra despegar. Es difícil 'encender' la economía como prometía el Jefe de Estado en campaña con esta política fiscal”, apuntó. 

¿Es posible sostener los buenos resultados de la balanza en los próximos meses? Según los cálculos de Martín Vauthier, director de Anker Latinoamérica si se proyectara el déficit en función de los nuevos ingresos extraordinarios y la fórmula de movilidad vigente aparece una inercia fiscal con un déficit de 3% del PBI, un dato que es menor al proyectado en el Presupuesto, donde se incorporó una estimación de déficit del 4,2%. “Es difícil pensar que en un año electoral, con el salario real en niveles muy bajos y con la pandemia también golpeando, la política convalide que el déficit fiscal se ubique muy por debajo de lo que está autorizado incluso en el presupuesto. Con lo cual, es probable que en estos meses veamos el intento de acercar el resultado fiscal a por lo menos un intermedio entre la inercia del 3% y el número autorizado”, apuntó. 

DT

Ocurrió a fines de mayo, antes de que el ministro de Economía, Martín Guzmán, y el gobernador bonaerense, Axel Kicillof, escenificaran con una foto de principios de junio la tregua entre ambas visiones económicas disímiles aunque no contrapuestas dentro del Frente de Todos. Fue una reunión en el Senado citada por Cristina Fernández de Kirchner. Comparecieron ambos, pero también los ministros de Desarrollo Productivo, Matías Kulfas, de Agricultura, Luis Basterra, y de Producción bonaerense, Augusto Costa, y la secretaria de Comercio Interior, Paula Español. La vicepresidenta los zarandeó a todos, elevó el tono de voz, pero el que más cobró fue Guzmán. El ministro defendió su estrategia para conseguir dólares con exportaciones, a Cristina Kirchner le pareció bien, pero le advirtió que “la gente debe morfar”. Acababa de comenzar el cepo parcial a la exportación de carne vacuna por 30 días, que vence hoy. Ella le reprochó que hubiese elaborado un presupuesto sin prever el impacto económico de la segunda ola del Covid-19 y que pisara tanto el gasto. Volvió a reivindicar su gobierno. 

A partir de entonces se fueron aflojando las tensiones. Para no ser menos, Alberto Fernández reunió a los pocos días a todo el gabinete económico en Olivos. Guzmán y Kicillof no sólo se fotografiaron juntos sino que también han comenzando a telefonearse en forma permanente. Igual persisten lo que ellos definen como “fricciones naturales” o “diferencias de grado” en una experiencia inédita para el peronismo al gobernar en coalición y sin un líder que controle todo. Ahora es tiempo de unidad para ganar un proceso electoral que arranca en septiembre con las primarias. Para más adelante quedarán las peleas de fondo, aunque las opiniones se dividen sobre ellas. Hay albertistas que temen que la vicepresidenta ya le haya “picado el boleto” al ministro de Economía, mientras que hay cristinistas que lo descartan: “La tarea de Guzmán no está resuelta, debe reestructurar la deuda con el FMI y reestablecer la relación con el mundo financiero, pensar que Cristina no quiere eso es subestimarla, lo que pasa es que ella plantea una posición más dura sobre las condiciones del acuerdo y la defensa del interés nacional”. Pero hay dirigentes más extremos dentro del Frente de Todos, como los que firmaron el 25 de mayo contra el pago de la deuda y hoy por la reestatización de la hidrovía, que opinan que el ministro tiene el boleto picado no por la vicepresidenta sino por “una situación social que esta coalición no se banca”. Entre los firmantes de esas proclamas están los economistas Fernanda Vallejos, Claudio Lozano, Guillermo Wierzba, Felisa Miceli y Roberto Feletti, el jefe de la Central de Trabajadores de la Argentina (CTA) de los Argentinos, Hugo Yasky, y el de la Corriente Clasista y Combativa (CCC), Juan Carlos Alderete.

Guzmán y Kicillof mantienen coincidencias básicas en contra de una devaluación, de una apertura del cepo cambiario o de una estrategia de endeudamiento, y eso los separa de lo que fue la experiencia de Cambiemos. También están a favor de impuestos altos para financiar un gasto público alto, tal como dejó claro el ministro el pasado miércoles ante grandes empresarios que se quejaron de los tributos pero le aplaudieron la moderación en un almuerzo del Consejo Interamericano de Comercio y Producción (Cicyp), que preside Daniel Funes de Rioja. Ese mismo discurso del jefe del Palacio de Hacienda reiteró las “diferencias de grado” que mantiene con el último ministro de Economía de CFK. Esas discrepancias tienen que ver con cuánto el Estado puede gastar de cara a la recuperación socioeconómica previa a los comicios y en qué medida eso impactará o no en una disparada de los dólares paralelos.

El ministro insiste una y otra vez que el problema no radica en las erogaciones sino en cómo se financian y considera que si las costea con una emisión monetaria mayor a la ya existente, inversores individuales y empresas saldrán corriendo detrás del dólar, como hicieron en octubre pasado, cuando el blue llegó a $ 195, el Bolsa a 169 y el contado con liquidación (CCL) a 181. En las huestes de Guzmán consideran que no hay que complacer al mercado financiero con un ajuste del gasto sino elevarlo por encima de la inflación para desactivar protestas sociales y alentar el consumo interno, pero “tampoco irse de mambo” porque consideran que la emisión monetaria “tiene un límite” y los inversores se van ir al dólar aunque se los reprima con más controles. Es decir, creen que si no pueden comprarlo por la vía legal en la Bolsa o el CCL, recurrirán al informal. Guzmán busca el balance entre ambas tensiones. Quiere revertir el recorte real (ajustado por inflación) que le aplicó a principios de año a salarios públicos y jubilaciones y acelerar las obras públicas, más por su efecto económico que por el impacto mediático de funcionario cortando cintas en campaña. No por nada Kicillof y el ministro de Obras Públicas, Gabriel Katopodis, están inaugurando tramos de rutas ampliadas o mejoradas. Guzmán discute cuando le piden subsidios indiscriminados, como los de la energía, en los que terminó cediendo, o un nuevo Ingreso Familiar de Emergencia (IFE), que denegó para concentrar la ayuda social en programas más focalizados.

Kicillof está de acuerdo con la sostenibilidad fiscal a la que apunta Guzmán, pero considera que en el contexto actual no se puede sobrecumplir la meta de ahorro primario (antes del pago de la deuda) del 4,5% del PBI. Entonces deben aprovecharse los ingresos extra del aporte solidario de las grandes fortunas y la recaudación tributaria por la inflación mayor a la prevista y por la supersoja, cuya tonelada cayó de los US$ 602 en las últimas dos semanas pero después de que terminara lo grueso de la cosecha y aún se mantiene en niveles relativamente altos (512). El gobernador no ve una relación tan directa entre un mayor gasto y una presión sobre el dólar y considera que en tal caso deben ecualizar ambas variables. Celebra que el Banco Central haya logrado recuperar US$ 7.000 millones de reservas líquidas gracias a la soja y cree que entre eso e intervenciones en los mercados del dólar bolsa y el CCL se pueden aplacar eventuales tensiones cambiarias típicas de los periodos preelectorales. Aunque le pide más gasto al ministro, reconoce que hay que manejarse con prudencia para evitar una disparada del dólar en plena campaña. “Si se nos va el dólar, cagamos”, admiten en La Plata.

En el Central, que conduce Miguel Pesce, especulan con que poderosos actores económicos intenten sembrar inestabilidad con compras de divisas y remarcaciones de precios en los próximos meses para evitar que el Frente de Todos se quede con la mayoría absoluta de la Cámara de Diputados en las elecciones de noviembre. En la City descreen de las conspiraciones de pocas manos manejando el mercado: “Hay grandes fondos de afuera que aún siguen y se podrían ir, como Pimco o Templeton, pero no veo a nadie con capacidad por sí solo de generar una corrida cambiaria o de precios. Lo que sí es que se van a financiar campañas”. En tiempos de pandemia deberán untarse con alcohol en gel los valijeros de unos y otros que buscan bolsos cargados de efectivo y los trasladan a departamentos misteriosos que funcionan como centros de distribución para el proselitismo.

Por fuera de las diferencias de grado entre Guzmán y Kicillof, hay posiciones rupturistas en el Frente de Todos, como las de quienes firmaron la proclama contra el pago de la deuda al Club de París -que vence a fines de julio- y al Fondo Monetario Internacional. Son los mismos que plantean que, en lugar de amoldar la política fiscal a las expectativas del mercado, hay que reprimirlas. ¿Cómo? Con mayor control de la liquidación de las divisas de exportación y de la justificación de la salida de dólares para operaciones comerciales y financieras, transparentando e interviniendo en los mercados del dólar bolsa y el CCL para evitar especulaciones contra la política gubernamental, y con una reforma de la ley penal cambiaria. 

También hay posiciones más pro mercado en la coalición gobernante, como la de Sergio Massa, que esta semana viajó a Estados Unidos con su asesor en política exterior Gustavo Martínez Pandiani y la diputada Laura Russo. El presidente de la Cámara de Diputados se reunió con los jefes de las comisiones de Relaciones Exteriores de ambos recintos del Capitolio, el senador Bob Menéndez y el representante Gregory Meeks, y se adjudica haber sido la llave para que Guzmán recibiera el miércoles la llamada del subsecretario del Tesoro norteamericano, Wally Adeyemo. Massa considera que el abaratamiento de la soja aumenta la necesidad de al menos un compromiso de un acuerdo poselectoral con el FMI que destrabe la negociación con el Club de París. Pero fuentes empresariales de Estados Unidos niegan relevancia al viaje de Massa, advierten que Adeyemo reclamó un plan económico “sólido” y apuntan a que al gobierno de Joe Biden le molestó la abstención argentina en la Organización de Estados Americanos (OEA) en la votación sobre la violación a los derechos humanos en Nicaragua.

En la industria aceitera también prevén que el campo vuelva a retener granos en los silobolsas no sólo porque pasó la cosecha gruesa y el agricultor debe estirarse hasta la fina (la de trigo, en diciembre) sino por el menor valor de la oleaginosa y por las especulaciones electorales que sobrevendrán. En tanto, el gobernador de la provincia donde votan cuatro de cada diez argentinos considera que la campaña dependerá de la vacunación -factor que en Chile no influyó a favor de la derecha gobernante- y de una recuperación de la economía y de los ingresos de los trabajadores. Esta semana se instauró una nueva pauta salarial del 45%: fue lo que consiguieron los Moyano para los Camioneros, lo que concedió la camporista Fernanda Raverta a sus empleados de la Administración Nacional de la Seguridad Social (Anses) y lo que logró Víctor Santa María reabriendo la paritaria de los encargados de edificios. Ya no va más el 32% con el que soñaba Guzmán. Igual para que el 45% le gane a la inflación habrá que trabajar. Por ahora el índice de precios al consumidor (IPC) acumula 48% en el año, nivel que consultoras y bancos vaticinan que se mantendrá hasta fines de 2021, según el relevamiento de la firma FocusEconomics. Para 2022, los analistas del mercado pronostican un descenso al 39%, pero Empiria Consultores, del ex ministro de Hacienda macrista Hernán Lacunza, anticipa un 53%, similar a la cifra con la que él se despidió del gobierno, pero en este caso por los atrasos cambiario y tarifario que ha impuesto en estos meses el Frente de Todos. 

Igual, en el Central reconocen que la depreciación del peso retomará su ritmo similar a la inflación una vez que se esta se calme, pero sin caer en movimientos bruscos. En el gabinete económico califican de “sensible” la baja de la inflación mensual del 4,1% en abril al 3,3% en mayo y aguardan un 2,9% o un 3% en junio. Defienden que lo fiscal y lo monetario están alineados, pero atacan la ambición de los empresarios que remarcan: “Sobreestiman sus problemas y subestiman su rol en la inflación”. Los funcionarios pronostican una merma de la inflación para los próximos meses por el acuerdo de la carne vacuna que se anunciará este martes, por la contracara de la caída de precios de las materias primas (se abaratan el maíz, que alimenta al ganado, y el trigo, que comen los argentinos) y la mejora en los controles de precios. En la City coinciden en que el IPC se irá desacelerando por el ancla cambiaria, el impacto rezagado de la moderación de la expansión monetaria de 2020 y porque ya pasaron los aumentos regulados, como los de la energía y la medicina prepaga -que recurrió a la Justicia por las cuotas y comparte el temor de sindicalistas de la CGT por la reforma sanitaria que plantea el Gobierno-. Pero en el mundillo financiero porteño alertan contra lo que ellos consideran “excesos”: les parece bien que aumenten los salarios, pero no tanto como para que los empresarios reaccionen remarcando precios; y admiten un mayor gasto sin impulsar el dólar paralelo, siempre y cuando se sigue financiando con los bancos en el mercado local de deuda y sin recurrir a la maquinita de hacer billetes. Diferencias de grado, como diría Kicillof.

AR

En 1966, Michel Foucault publicó Las palabras y las cosas. En este libro, el autor francés explica que, en la modernidad, la relación entre las palabras y las cosas no está fija, sino que es contingente, que cambia según el contexto de enunciación. De esta manera, muchas veces las “palabras” desbordan a las “cosas”, las formas exceden a los contenidos, y los significantes pueden alterar el orden del mundo material y concreto.

En el último tiempo, mirando los discursos y los números de la economía argentina se verifica algo de esto: las palabras van por un carril y las cosas por otro.

En los primeros cuatro meses del 2021, el déficit fiscal primario -aquel que no incluye el pago de intereses de la deuda- fue de 0,2% del PBI, ubicándose muy por debajo del nivel de 2020 (-1,4%) y en línea con el porcentaje de 2018 (-0,3%). Sin embargo, producto de la pelea en torno al recorte de subsidios y el consecuente ajuste de tarifas, entre otras cosas, pareciera que estamos ante un gobierno súper-gastador. En cambio, al analizar los números se verifica una austeridad mayor.

En el mismo sentido, entre enero y mayo, la emisión monetaria representó solo 0,4% del PBI. Lejos del 3,2% acumulado en igual período del año pasado, este valor se asemeja demasiado al 0,4% de 2018 y hasta se ubica por debajo del 0,6% emitido en los primeros cinco meses de 2016 y 2017. Por lo tanto, podemos afirmar que no estamos frente a un gobierno que le está dando “a la maquinita” -en parte, porque ya lo hizo el año pasado-, pero que a veces se expresara como si lo hiciera.

En tercera instancia, aparece la cuestión cambiaria. A principios de 2021, el ministro de economía hablaba de atrasar al dólar como política antiinflacionaria para el año electoral, repitiendo la dinámica de, por ejemplo, 2013 y 2015. Si bien es cierto que el tipo de cambio viene subiendo menos que los precios -por caso, entre febrero y mayo el dólar oficial avanzará menos de 6%, muy por debajo de una inflación que lo duplicará-, los niveles de competitividad cambiaria son muy distintos a los del segundo gobierno de Cristina Fernández de Kirchner.

En 2013 y 2015, descontando la inflación, el dólar oficial estaba más barato que en la convertibilidad. En cambio, en la actualidad, luego de los saltos de 2018 y 2019 y de un 2020 en donde se preservó la competitividad, el tipo de cambio está un 50% más caro que entonces. En consecuencia, aun cuando la política sea parecida, los puntos de partida no lo son, de modo que el espacio para atrasar es mayor.

A priori, esta disociación entre las palabras y las cosas podría pensarse como una estrategia político-electoral. En pos de presentarse como una alternativa opuesta a la gestión Cambiemos, el Frente de Todos “oculta” los puntos de continuidad, para así evitar una pérdida potencial de votos. Sin embargo, dado que estamos en medio de una negociación con el FMI, y que las reservas netas -verdadero poder de fuego del Banco Central para contener al dólar oficial en el mediano plazo- están en niveles críticos más allá de la mejora estacional de abril y mayo, este doble juego tiene un efecto real.

Además de mirar los números, el FMI, y también los mercados financieros, toman en cuenta las intenciones. En este sentido, las recientes cartas de una parte del oficialismo que demandan una política fiscal más expansiva parecen más propios de una oposición con voluntad de entorpecer las negociaciones que de una parte del mismo gobierno que quiere ayudar. Aunque resulte paradójico, mirando los valores precedentes, el Palacio de Hacienda y el FMI están más cerca de lo que parece. El “ajuste” real que podría exigir el Fondo excede largamente al “ajuste” discursivo que demandará.

Antes de cerrar es importante remarcar que la discusión no es simplemente austeridad fiscal contra política expansiva, sino, que, también, entran en el juego las expectativas de devaluación. Tal como se verificó el año pasado, si la oferta de pesos supera a su demanda, casi inevitablemente aumentan las tensiones cambiarias. En este sentido, y a diferencia del 2020, al momento no hay reservas para responder ante una mayor demanda de dólares. Por lo tanto, no solo hay que pensar la austeridad fiscal como una estrategia para lograr un eventual acuerdo con el FMI, que más temprano o más tarde llegará, sino también como una herramienta para evitar un nuevo exceso de pesos que, esta vez sí, dispare al dólar.

Las palabras y las cosas están escindidas, y así como el mundo real configura al mundo simbólico, el mundo discursivo también incide y determina al mundo material. En 2021, la mayor parte de las políticas del Palacio de Hacienda tienen un objetivo claro: priorizar la estabilidad fiscal, buscando atenuar las expectativas de devaluación. Resta ahora alinear a los significantes; de lo contrario, el camino se hará, innecesariamente, más largo y complicado.

MR

El presidente Alberto Fernández anunció esta mañana que los beneficiarios de la asignación universal por hijo (AUH), la universal por embarazo (AUE) y las asignaciones familiares para monotributistas de las categorías más bajas recibirán un extra de $ 15.000 para afrontar los próximos 15 días de restricciones de actividades en el área metropolitana de Buenos Aires (AMBA). En principio, la ayuda se circunscribirá sólo al AMBA y apunta a las familias más vulnerables -no a individuos en particular-, a las que identificaron con facilidad y rapidez por las bases de datos de la Administración Nacional de la Seguridad Social (Anses), según un integrante del gabinete económico. La jefa de Anses, Fernanda Raverta, lo detallará esta tarde. Lo difícil es financiar el nuevo auxilio, que se insumirá entre $ 40.000/42.000 millones, según calculó Jorge Neyro, de la consultora ACM.

El fuerte aumento interanual del 72% de la recaudación tributaria en marzo pasado, gracias al impacto del alza de las materias primas y la comparación con el primer mes de la cuarentena de 2020, ayuda algo a costear la ayuda, pero resulta insuficiente. La clave está en las colocaciones de deuda del Tesoro, como la prevista para hoy, en la que no se descarta un alza de tasa de interés para absorber más pesos, según dos otras fuentes del gabinete económico. “Y lo que no pueda financiarse con colocación de deuda, se financiará con emisión monetaria”, aclaran.

Los economistas ortodoxos vinculan la inflación a la impresión de billetes, pero en el equipo económico consideran que esta es sólo una de las causas del alza de precio, pero “no necesariamente la más importante”. Además, prevén que “toda la emisión monetaria excedente se absorberá, como se hizo el año pasado”.

Entre los analistas que más aciertan en sus pronósticos relevados por el Banco Central, también responden cómo se financiará la nueva ayuda social. “Con algo menos de otros gastos, más déficit, más emisión de bonos, más emisión de pesos”, contestó Gabriel Rubinstein. Su colega Neyro opinó: “Si no toman más deuda en el mercado para cubrir la nueva ayuda, tendrán que emitir”. Hernán Hirsch, de FyE Consult, también pronostica más impresión de billetes.

“El presupuesto no contemplaba la ayuda, pero tampoco contemplaba que la inflación fuera 40% o más, y eso te genera más recursos”, destacó María Castiglioni, de C&T Asesores Económicos. “Así que creo que lo financiarán con eso. Por otro lado hay que ver qué pasa con el déficit: si termina siendo del 4,5% del PBI, en términos nominales también va a ser más plata, con lo cual habrá más presión de emisión monetaria. En el corto plazo están logrando colocar deuda en pesos, también el Central está absorbiendo parte de esa emisión, pero esto te genera una carga enorme de intereses, un problema grave en el no tan largo plazo”, añadió Castiglioni.

AR