El triunfo arrollador del peronismo en Formosa le allanó el camino a Gildo Insfrán para continuar al frente del poder local: tendrá la mayoría para reformar la constitución local y esquivar el límite que le impuso la Corte Suprema de Justicia cuando el año pasado declaró inconstitucional la reelección indefinida en la provincia. La clave de la nueva carta magna que el gobernador impulsa está en que el inicio de la nueva cuenta sobre los mandatos sea a partir de 2027; es decir, que no se tengan en cuenta los 30 años que lleva como mandamás local.

Insfrán asumió por primera vez en diciembre de 1995 pero está en el centro del poder local desde mucho antes, ya que entre 1987 y 1995 fue vicegobernador de Vicente Joga. La sombra de Insfrán se extiende tanto en el tiempo que para cualquier joven formoseño de 30 años fue el único gobernador que tuvo la provincia. Incluso sería el gobernador con mayor tiempo en el poder en toda Latinoamérica.

Con María Graciela de la Rosa como primera candidata, el oficialismo formoseño sacó el 67% de los votos. Quedó muy atrás el senador nacional Francisco Paoltroni, libertario pero distanciado de Javier Milei, que cosechó 20 puntos. Si bien el máximo tribunal le puso un límite al fallar en diciembre del año pasado, aclaró que tenía que ser la propia provincia la que corrija la cláusula reeleccionista mediante su propio sistema de reforma constituyente.

Es lo que empezará a discutirse de ahora en más en el ámbito de la Convención Constituyente dominada por el gildismo. El cuerpo deliberativo funcionará en el edificio de la Legislatura provincial y estará integrado por 30 convencionales. Cuentan con dos meses para redactar una nueva Constitución, con un mes más de prórroga.

El fallo que en su momento firmaron Horacio Rossati, Carlos Rosenkratz, Ricardo Lorenzetti y Juan Carlos Maqueda olió a acuerdo político, porque si bien fue muy crítico, le dejó una luz al final del túnel a Insfrán, que va por su octavo mandato y podría llegar a diez. La oposición más dura del radicalismo y de Paoltroni llegaron a pedir hasta la intervención provincial.

La medida judicial tenía otra trama detrás: en diciembre pasado aún estaba en juego como miembro de la Corte la candidatura de Ariel Lijo, juez federal que en tiempos del kirchnerismo pateó para la justicia provincial la causa de la consultora The Old Fund –en la que estaba involucrado Amado Boudou por la venta de Ciccone– que le había cobrado a Formosa una comisión por el canje de la deuda pública local por $312,9 millones.

Cuando Lijo expuso ante el Senado como candidato a la Corte, el senador Paoltroni indagó a Lijo sobre porqué se desligó de esa causa, enviándola a la Justicia provincial –supuestamente dominada por Insfrán–. “Yo cumplí con una orden de la Corte de enviársela al juez federal con asiento en Formosa porque el federalismo también incluye a la justicia federal. La especulación sobre cómo el gobernador o la provincia cómo iba a tratar la cuestión es una especulación que no me corresponde a mí hacer”, respondió Lijo en la Cámara alta.

“Si entraba Lijo, la sentencia cambiaba”, aventuró en su momento el diputado radical Fernando Carbajal. Finalmente la bancada peronista –que no por nada tiene entre sus espadas al formoseño José Mayans– terminó bajándole el pulgar al pliego de Lijo para la Corte. Ahora Unión por la Patria en el Senado es el que impulsa una reforma para ampliar el número de bancas de la Corte Suprema.

Los proyectos en debate proponen la ampliación de cinco a siete, nueve y hasta quince ministros de la Corte. Si bien el debate está abierto desde hace tiempo, se aceleró en las últimas semanas como una jugada política de Cristina Kirchner para horadar a Rosatti, quien impulsó la condena en su contra. La movida tiene, según pudo saber elDiarioAR, cierto acuerdo con el senador salteño Juan Carlos Romero, que es peronista pero dialoga con los libertarios. Anoche la expresidenta habló con Insfrán para “felicitarlo por el excelente resultado del peronismo en la elección de Convencionales Constituyentes y de legisladores provinciales”.

MC

Ni la emergencia social ni el desgaste nacional del peronismo frenaron el avance arrollador del Partido Justicialista en Formosa. En las elecciones legislativas y para convencionales constituyentes celebradas este domingo, el espacio que lidera el gobernador Gildo Insfrán se imponía con una ventaja abrumadora: alcanzaba el 68,40% de los votos para diputados provinciales y el 68,12% para convencionales.

El PJ llevó como cabezas de lista para la Legislatura a Rodrigo Vera y Agustín Samaniego, dos nombres clave en el esquema político oficialista. Para la Convención Constituyente, la primera en la lista fue María Graciela de la Rosa, referente histórica del peronismo formoseño.

La oposición quedó muy relegada. El Frente Amplio Formoseño, integrado por la UCR, el PRO, el MID, Nuevo País y otros sellos menores, reunió el 20,74% de los votos en la contienda legislativa y el 12,35% en la de convencionales. Su boleta estuvo encabezada por Agustina Villaggi para diputada y Francisco Paoltroni para convencional, actual senador nacional.

Por su parte, La Libertad Avanza apenas superó el 10% para diputados y el 6,90% para convencionales, lo que representa un retroceso respecto a los resultados de 2023. El partido libertario postuló a Esteban Gabriel López Tozzi para legislador y a Atilio Basualdo y Emilio Grippaldi como convencionales.

La magnitud de la victoria peronista no sólo reafirma el control de la Legislatura, sino que garantiza una posición dominante en la reforma constitucional que se avecina. La elección de convencionales constituyentes fue clave: determinará qué cambios podrá hacer el oficialismo en la carta magna provincial.

La jornada electoral confirmó que, pese a los sismos políticos nacionales, el esquema de poder de Insfrán se mantiene intacto y con capacidad de renovarse a través de nuevos cuadros políticos.

JJD, con información de NA.

La disputa por la Convención Constituyente en Formosa escaló este fin de semana con una fuerte denuncia de la alianza opositora Formosa Avanza contra el gobernador Gildo Insfrán y el Tribunal Electoral de la provincia. El abogado y candidato Juan Montoya acusó a ambos de ejecutar “maniobras delictivas y fraudulentas” para “alterar el resultado” de las elecciones.

“El fraude empezó mucho antes”, advirtió Montoya, quien detalló un entramado de prácticas clientelares, financiamiento público de campañas oficialistas y restricciones a la fiscalización. También cuestionó la aplicación de la Ley de Lemas para distribuir las bancas de la Convención, a la que calificó como “el engendro más tramposo y desvirtuante de la voluntad popular”.

En declaraciones a medios locales, el referente opositor señaló que el Tribunal Electoral es ilegítimo, ya que sus integrantes fueron “puestos a dedo por Insfrán”. Recordó que ni fueron nominados por el Consejo de la Magistratura ni aprobados por la Legislatura provincial. Como ejemplo, mencionó que el presidente del organismo, Claudio Moreno, fue apoderado del PJ, y que la exdiputada Sandra Moreno responde al oficialismo.

Montoya, que ganó relevancia provincial tras haber impulsado el fallo de la Corte Suprema que frenó la reelección indefinida del gobernador, advirtió que si se aplica la Ley de Lemas tal como pretende el oficialismo, se desatará “un escándalo institucional de proporciones”. Aseguró que la oposición ya prepara presentaciones ante los fueros federales y la Corte Suprema de Justicia de la Nación.

Entre las maniobras que configuran un proceso “viciado de nulidad”, denunció el uso sistemático de fondos públicos para actos de campaña disfrazados de inauguraciones y la instalación de municipalidades paralelas con fines propagandísticos.

A las críticas de Formosa Avanza se sumó el partido Nuevo País, integrante del Frente Amplio Formoseño, que denunció una resolución “arbitraria” dictada 12 horas antes del comicio, la cual restringe las funciones de los fiscales opositores. En declaraciones televisivas, calificaron la medida como “un intento de favorecer al oficialismo” y afirmaron que “altera las reglas del proceso democrático”.

Esa resolución del Tribunal Electoral Permanente fue calificada por la oposición como “una norma de último momento que carece de sustento legal, vulnera garantías mínimas del proceso electoral y habilita maniobras fraudulentas”.

En medio de un clima de tensión creciente, el proceso electoral para la reforma constitucional en Formosa promete derivar en una nueva batalla judicial y política que, de acuerdo con la oposición, pone en juego la calidad institucional de la provincia.

JJD, con información de NA.

Formosa elige este domingo 30 convencionales constituyentes, 15 diputados provinciales titulares, 8 suplentes y nuevas autoridades municipales. Pero más allá de los números, la elección tiene un eje decisivo: el futuro político del gobernador Gildo Insfrán, un caudillo del peronismo, cercano a Cristina Fernández de Kirchner, que lleva tres décadas en el poder y enfrenta por primera vez un límite impuesto por la Corte Suprema a su reelección indefinida.

La reforma constitucional, que deben discutir los 30 convencionales que resulten electos, fue habilitada tras el fallo de diciembre del máximo tribunal que declaró inconstitucional el artículo que le permitió a Insfrán ser reelegido sin tope. El oficialismo busca que la nueva carta magna incluya una cláusula transitoria que “reinicie” el conteo de mandatos y le permita postularse en 2027 como si fuera su primera vez.

Lo mismo hizo otro peronista-kirchnerista, José Alperovich, hace 20 años: Tucumán no permitía la reelección del gobernador y él impulsó una reforma de la Constitución provincial, con Juan Manzur como presidente de la convención, para habilitarla, pero se incluyó una cláusula transitoria mediante la cual no se contó su primer mandato, de 2003 a 2007, y entonces tras ser reelegido en 2007 y en 2011 estuvo 12 años en el poder de esa provincia del NOA.

¿Qué se vota?

¿Cómo se vota? Bajo el sistema de Ley de Lemas, vigente desde 1987. Cada alianza o partido se presenta con un lema general, y dentro de él, con múltiples listas internas o sublemas. Los votos de todos los sublemas se suman al lema, y gana la lista más votada dentro del lema ganador.

¿Quiénes son los principales candidatos?

¿Qué quiere el oficialismo?

Insfrán quiere conservar el control de la Convención Constituyente. Para eso, apuesta a ganar la mayoría con una lista unificada y decenas de sublemas en los concejos para movilizar el voto territorial. Durante el cierre de campaña, inauguró obras, entregó ambulancias y habilitó un hospital, acompañado por miles de militantes. “Ojalá que el domingo el señor nos regale un día peronista”, dijo entre aplausos.

¿Qué propone la oposición?

El objetivo común: evitar que Insfrán logre la mayoría de convencionales. Paoltroni y Neme, aunque divididos, buscan alcanzar al menos 14 bancas para bloquear cualquier intento de reelección. “Si entre todos sumamos 14, Gildo está listo”, dijo Paoltroni. La oposición denunció agresiones, uso del aparato estatal y un despliegue millonario de cartelería oficialista.

¿Qué se espera?

Una elección marcada por el ausentismo y por la sombra del fallo de la Corte Suprema, que sacudió el tablero político de la provincia. La apuesta oficialista es conservar su hegemonía. La oposición, aun fragmentada, ve en esta elección una posibilidad inédita de ponerle un freno al poder de Insfrán.

JJD/MT

El PJ reunirá este martes en un congreso partidario “virtual” a sus diferentes grupos, en medio de un clima de desazón por las derrotas en las provincias de Salta, Jujuy, San Luis y Chaco y por el resultado del frente encabezado por Leandro Santoro en las elecciones porteñas, en las que triunfó el libertario Manuel Adorni.

El encuentro fue convocado por el presidente del congreso partidario y gobernador de Formosa, Gildo Insfrán, quien citó desde las 17 a los diferentes sectores del justicialismo a una reunión que se llevará a cabo de manera virtual.

De la cita no participará la expresidenta y titular del espacio, Cristina Kirchner.

La orden del día del encuentro vía Zoom establece que se tratará “la comisión de poderes; aprobación de estados contables ejercicio 2024; intervención del PJ en distritos Jujuy, Salta y Misiones, e informe de normalización PJ distrito Corrientes”, según la convocatoria a la que tuvo acceso esta agencia.

Además de Fernández de Kirchner, tampoco será de la partida el gobernador de La Pampa, Sergio Ziliotto, mientras que estaba en duda la presencia de los gobernadores de La Rioja, Ricardo Quintela; de Catamarca, Raúl Jalil; de Tucumán, Osvaldo Jaldo, y de Buenos Aires, Axel Kicillof.

Como jefa del PJ, Fernández de Kirchner enfrenta el desafío de unificar una estrategia electoral debido a que las diferencias entrelos distintos sectores del partido dificultan la construcción de una propuesta única para enfrentar al presidente Javier Milei y recuperar terreno político.

MM con información de la agencia NA.

El gobernador de Formosa, Gildo Insfrán, provincia que gobierna desde 1995, rechazó el fallo de la Corte Suprema Nacional que declaró inconstitucional su reelección indefinida: “Ningún porteño nos va a indicar quién va a ser nuestro representante”. 

“Ayer algunos se pusieron contentos porque la Corte Suprema sacó un fallo, me alegro, pero nosotros en octubre sacamos la necesidad de la reforma de nuestra Constitución y con orgullo vengo a decirles que, una vez más, defendimos los intereses de cada uno de nosotros”, dijo Insfrán.

En esa línea, profundizó: “Ningún porteño nos va a indicar quién va a ser nuestro representante, el pueblo de Formosa va a elegir. A pesar de que ellos (la oposición) desearían que ese fallo diga: 'fulano de la oposición tiene que ser el gobernador de Formosa'”. 

No obstante, dijo que cumplirá el fallo: “Puedo estar de acuerdo o no con el fallo, pero de que tenemos que cumplir, vamos a cumplir. Es un tiro de gracia al federalismo. No es algo delegado a la Nación. No se olviden: las provincias son preexistentes a la Nación”.

El jueves pasado, el tribunal falló en favor del amparo presentado por el frente “Confederación Frente Amplio Formoseño” y los jueces Horacio Rosatti, Juan Carlos Maqueda y Ricardo Lorenzetti acordaron en que la cláusula impugnada (aprobada en 2003) dejó explícita una ambigüedad sobre permitir o no las reelecciones de forma ilimitadas. 

De esa manera, se veía afectada la alternancia en el Poder Ejecutivo provincial y en la división de poderes, para mantener el sistema democrático con un correcto funcionamiento.

Rosatti, Maqueda y Lorenzetti aseguraron que las provincias “deben ajustarse a los límites de la Constitución Nacional” y argumentaron que la reelección ilimitada “fomenta la personalización del poder, debilitando el sistema de frenos y contrapesos, y otorgando ventajas inadecuadas en contiendas electorales”.

Por su parte, el juez Carlos Rosenkrantz manifestó que este tipo de prácticas electorales “erosiona” la representación de los gobernantes y puede derivar en “prácticas autoritarias”; asimismo aseveró que Insfrán completará su mandato sin problemas.

En definitiva, el fallo establece que Formosa deberá modificar su Constitución mediante los “procedimientos previstos en su normativa”, para ponerle freno a las reelecciones indefinidas, marcando un precedente “en la relación entre federalismo y los principios fundamentales del orden republicano”.

En Formosa parece haberse incorporado en el paisaje urbano un elemento creado por la política: grandes carteles de Gildo Insfrán por doquier, tanto en la ciudad capital como en cada uno de los 37 municipios del distrito, fruto de una propaganda de autobombo oficialista ininterrumpida desde 1995. “Eso es la reelección indefinida”, sentencia en diálogo telefónico con elDiarioAR el diputado nacional Fernando Carbajal (bloque Democracia). No es un día cualquiera en la provincia: la Corte Suprema de Justicia dictaminó este jueves un freno al poder absoluto del gobernador peronista, que ocupa el cargo de manera interrumpida hace casi 30 años.

“Gildo, el eterno”, lo catalogó un artículo de Ivan Jacobsohn publicado este año en la escuela de Política y Gobierno de la Universidad de San Martín, una frase que pondera el significado del mandatario en el mapa federal de la Argentina. “Insfrán es el mandatario con mayor tiempo en una gobernación de forma consecutiva desde el retorno de la democracia”, señala el texto y las fechas le dan la razón: si bien asumió por primera vez en diciembre de 1995, el formoseño orbita en el centro del poder local desde mucho antes, ya que entre 1987 y 1995 fue vicegobernador de Vicente Joga. La sombra de Insfrán se extiende tanto en el tiempo que para cualquier joven formoseño de 30 años fue el único gobernador que tuvo la provincia. Incluso sería el gobernador con mayor tiempo en el poder en toda Latinoamérica.

“El tío Gildo”, como se conoce a Insfrán en su pago chico, nació el 19 de enero de 1951 y estudió veterinaria en la Universidad Nacional del Nordeste, en Corrientes. Tuvo un paso como militante del Partido Comunista Revolucionario (PCR) pero encontró su vocación política en el PJ. Se afilió con decisión: hasta la reciente llegada de Cristina Kirchner al frente del peronismo nacional, el formoseño comandó la estructura formal del partido, siendo su titular del Congreso nacional. Un alfil suyo, Armando Cabrera, fue el cabecilla de la Junta Electoral que definió que la interna quedara para la ex mandataria, sin disputar elecciones con el gobernador de La Rioja, Ricardo Quintela.

En la provincia hay una versión de porqué Insfrán tiene tanto peso en la estructura del PJ, pese a que Formosa representa apenas el 1,36% de los electores de todo el país: poco más de 480 mil personas estuvieron habilitadas para votar en las elecciones pasadas. “Formosa es el lugar ideal para afanar. Desde acá se banca toda la estructura del PJ nacional”, afirmó el legislador radical. elDiarioAR intentó contactar a dirigentes peronistas de la provincias pero no tuvo respuesta.

El punto de quiebre para el ascenso de Insfrán en el poder fue en 1999, año en que buscó su tercer mandato consecutivo. “Traicionó” –dicen las crónicas locales– a su antecesor Joga y forzó a que la Justicia local lo habilite a un nuevo cargo. Con la Legislatura provincial cerrada “por fumigación” y cierta conmoción social que activó un duro operativo represivo, Insfrán consiguió frenar una avanzada opositora ante el Supremo Tribunal de Justicia (STJ). “Feudal, sátrapa, tirano, dictador”, recuerda Jacobsohn en su texto como algunos de los calificativos que se utilizan para referirse al aún gobernador.

Si Insfrán se reconoce en la provincia como el “poder absoluto” –las obras públicas llevan su marca y en cada comisaría hay una foto suya, por caso–, hay datos que muestran otro costado de su gestión. Según el último informe del Indec, conocido en septiembre pasado, Formosa es la provincia donde más creció la incidencia de la pobreza: saltó casi 40 puntos entre el primer semestre de 2023 y el mismo periodo de 2024: del 29,7% al 67,6%.

A la distancia, el nombre de Insfrán trascendió por episodios escandalosos. Uno fue por las fuertes restricciones que activó durante la pandemia del Covid-19, a partir de los centros de aislamiento y la férrea prohibición para ingresar a la provincia. Pero varios años antes, quedó vinculado a las sospechas de corrupción que tuvieron en el centro al entonces vicepresidente Amado Boudou.

Según reveló La Nación en septiembre de 2012, fue con Formosa la primera operación comercial que hizo la consultora de Alejandro Vandenbroele, supuesto testaferro de Boudou para adquirir la imprenta Ciccone Calcográfica. The Old Fund, como se llamaba esa firma, cobró una comisión por el canje de la deuda pública por $312,9 millones que la provincia arrastraba con el Estado nacional.

Aquel caso que parece perdido en las sombras tiene un giro inesperado en la actualidad, porque el juez de esa causa fue Ariel Lijo, quien ahora es propuesto por Javier Milei como reemplazo de Juan Carlos Maqueda en la Corte Suprema. Justamente Maqueda fue de los cuatro magistrados que firmó este jueves la sentencia contra Insfrán. Cuando expuso ante el Senado, el formoseño Francisco Paoltroni indagó a Lijo sobre porqué se desligó de esa causa, enviándola a la Justicia provincial –supuestamente dominada por Insfrán–. 

“Yo cumplí con una orden de la Corte de enviársela al juez federal con asiento en Formosa porque el federalismo también incluye a la justicia federal. La especulación sobre cómo el gobernador o la provincia cómo iba a tratar la cuestión es una especulación que no me corresponde a mi hacer”, respondió Lijo en la Cámara alta. 

“Si entraba Lijo, la sentencia de hoy cambiaba”, aventuró el radical Carbajal. La bancada peronista –que no por nada tiene entre sus espadas al formoseño José Mayans– ya habilitó el pliego de Lijo para la Corte, pero la falta de un acuerdo macro con Milei para incorporar a una mujer en el máximo tribunal tiene frenada la conversación. La reciente sentencia podría tener consecuencias indirectas en esa trama.

La Corte podría haber fallado sobre Formosa el año pasado, pero sugestivamente evitó hacerlo en un año electoral y, con esa actitud, permitió que Insfrán se presentara a un nuevo cargo provincial. Ahora hay una incógnita sobre cómo se resolvería la inconstitucionalidad, porque el planteo original por el que se expidió el máximo tribunal viene de antes de la última elección que ganó el gobernador. El ambiguo artículo 152 de la Constitución local que permite la reelección fue introducido en 2003. “Tenemos un mandatario ilegítimo”, señalaron en la UCR, donde piden su renuncia, jugada que parece difícil que se concrete. 

Otra alternativa –también extrema– sería la intervención de la provincia desde la Nación. Aunque la pidió el libertario Paoltroni, sería una medida temeraria para Milei, que igualmente siempre consideró a Insfrán el mayor ejemplo de “la casta”. El argumento legal sería que, como el fallo de la Corte tiene que acatarse de manera inmediata, pero el Congreso está de receso, solo queda que el Ejecutivo tome las riendas de la situación. 

Lo más probable, sin embargo, es que Insfrán busque salir del laberinto por arriba: terminar su mandato en 2027 y, en el mientras tanto, habilitar una reforma constitucional que establezca claramente que solo puede haber dos mandatos electorales continuados. Por algo ya en octubre la Legislatura local aprobó una primera iniciativa para modificar la Constitución local.

De hecho en su fallo unánime de este jueves, la Corte aclaró que ahora es la propia provincia la que debe corregir la cláusula reeleccionista mediante su propio sistema de reforma constituyente. Esa salida intermedia tiene olor a acuerdo político. La trampa ahí sería que, una vez establecidas las nuevas reglas de juego, Insfrán establezca que un potencial mandato a comenzar en 2027 sería recién “el primero” con la nueva carta magna. En voz del diputado radical, Insfrán “no se va a querer ir tan fácil”.

MC

La Corte Suprema de Justicia tomó una decisión que podría generar un temblor político a nivel federal: declaró este jueves la inconstitucionalidad de las reelecciones indefinidas en Formosa, provincia gobernada por el peronista Gildo Insfran desde 1995.

El máximo tribunal se pronunció puntuamente sobre el artículo 152 de la carta magna provincial que habilita que un mismo mandatario pueda ser elegido sin necesidad de alternancia entre periodos. Es lo que le permitió al dirigente del PJ -aliado de Cristina Kirchner- ocupar el cargo por casi treinta años: lleva ocho períodos consecutivos en el poder local.

El amparo que precedió al fallo fue presentado por el frente “Confederación Frente Amplio Formoseño” y los jueces Horacio Rosatti, Juan Carlos Maqueda y Ricardo Lorenzetti acordaron en que la cláusula impugnada (aprobada localmente en 2003) dejó explícita una ambigüedad sobre permitir o no las reelecciones de forma ilimitadas.

De esa manera, se veía afectada la alternancia en el Poder Ejecutivo provincial y en la división de poderes para mantener el sistema democrático con un correcto funcionamiento, entendieron los supremos. Rosatti, Maqueda y Lorenzetti aseguraron que las provincias “deben ajustarse a los límites de la Constitución Nacional”, que establece periodos de cuatro años y solo con una reelección inmediata. Argumentaron que la reelección ilimitada “fomenta la personalización del poder, debilitando el sistema de frenos y contrapesos, y otorgando ventajas inadecuadas en contiendas electorales”.

Por su parte, el juez Carlos Rosenkrantz manifestó que este tipo de prácticas electorales “erosiona” la representación de los gobernantes y puede derivar en “prácticas autoritarias”; asimismo aseveró que Insfrán completará su mandato sin problemas. Su actual periodo de gobierno termina en 2027.

En definitiva, el fallo establece que Formosa deberá modificar su Constitución mediante los “procedimientos previstos en su normativa”, para ponerle freno a las reelecciones indefinidas, marcando un precedente “en la relación entre federalismo y los principios fundamentales del orden republicano”.

Una de las primeras repercusiones surgió desde el oficialismo libertario. El senador por Formosa Francisco Paoltroni, que está referenciado en Javier Milei pero fue expulsado del bloque de La Libertad Avanza, expresó en sus redes sociales: “El fallo de la Corte Suprema es un triunfo de la democracia, el federalismo y de todos los formoseños. Se terminaron las reelecciones indefinidas, la concentración de poder, los atropellos y este modelo de pobreza de Insfrán que tanto daño le hizo a Formosa”.

También desde el radicalismo ponderaron el fallo de la Corte. “Gildo Insfrán no podrá ser candidato en las próximas elecciones. El gobernador perdió legitimidad en el ejercicio del cargo. Debe renunciar y debe efectuarse un nuevo llamado a elecciones. Si no lo hace, la provincia va a tener que ser intervenida por el Gobierno federal”, advirtió el diputado nacional del bloque Democracia Fernando Carbajal.

El fallo no tiene solo un carácter que podría ser histórico a partir del freno al poder de Insfrán en su provincia, sino que también es una de las últimas sentencias de la Corte Suprema con cuatro votos, ya que el próximo 29 de diciembre el juez Maqueda se jubila al cumplir 75 años. Aunque tuvieron argumentos distintos, el voto de los magistrados fue unánime.

Con información de agencia NA

MC

La investigación por posible lavado de dinero contra el jefe del bloque de Diputados del PRO, Cristian Ritondo, se coló en la sesión del Senado para tratar la expulsión del senador Edgardo Kueider, peronista de Entre Ríos que es aliado de La Libertad Avanza, por haber sido detenido in fraganti en Paraguay trasladando cientos de miles de dólares en efectivo sin declarar.

Fiel a su estilo, campechano y duro, el jefe del interbloque Unión por la Patria, José Mayans, resaltó que Ritondo —de origen peronista y ahora jefe del bloque macrista de la Cámara baja— y Kueider, como presidente de la comisión de Asuntos Constitucionales, iban a ser los encargados de defender, en cada cámara, el proyecto de ley de Ficha Limpia.

Esta iniciativa, que finalmente no reunió el apoyo necesario para debatirse en el recinto de Diputados y avanzar hasta su sanción en el Senado, establece que las personas condenadas por delitos de corrupción no podrán ser candidatas a cargos públicos en elecciones.

Mayans empezó diciendo que Kueider y su colega correntino Carlos “Camau” Espínola —otro peronista que no responde a un gobernador del PJ y que también se fue del justicialismo dominado por Cristina Fernández de Kirchner— forman parte de una “banda” que armó el gobierno de Javier Milei, junto a otros legisladores de las dos cámaras del Congreso, para conseguir votos.

“La comisión de Asuntos Constitucionales le entregaron a esa bandita. Estuvo acá hablando de la Boleta Única, para luchar contra la corrupción. Ese senador (por Kueider) iba a ser la persona que, como presidente de la comisión de Asuntos Constitucionales, iba a defender Ficha Limpia, pero se fue de turismo a la noche y lo encontraron y ya sabemos todo lo que pasó”, dijo Mayans, un histórico legislador por Formosa (asumió en su banca en 2001) y que responde a Fernández de Kirchner y al caudillo peronista Gildo Insfrán.

“Allá —continuó Mayans, en alusión a la Cámara de Diputados— el que tenía que hablar de Ficha Limpia era Ritondo. Imagínense ustedes: los dos que iban a defender Ficha Limpia: Ritondo y Kueider. ¡Ritondo y Kueider!”.

Contra Vidal y Macri

Mayans dijo que Ritondo “era ministro de Seguridad de la diputada” María Eugenia Vidal, que está siendo investigada por la compra en 2019, aún siendo gobernadora de la Provincia de Buenos Aires, de un departamento en Recoleta, Capital Federal, valuado en medio millón de dólares, tras lo cual declaró un patrimonio de $95.000.

Señaló que “la diputada [Elisa] Carrió lo denunció [a Ritondo] por vínculos con el narcotráfico” y que el jefe de Ritondo es Mauricio Macri, “experto en offshores, experto en contrabando, experto en evasión”.

“Y Macri propone Ficha Limpia...”, señaló el senador por Formosa. Fue el anteúltimo discurso de la caliente sesión por la expulsión de Kueider, en la que la causa contra Ritondo, que surgió de una investigación de elDiarioAR, finalmente formó parte del debate, como prometía.

El Procurador general de la Nación, Eduardo Casal, dictaminó hoy la inconstitucionalidada del artículo 132 de la Constitución de Formosa que habilita la reelección indefinida del gobernador. La resolución representa un golpe al mandatario formoseño Gildo Insfrán, quien detenta el poder en dicha provincia del noreste argentino desde 1995, hace 29 años.

De todos modos, la palabra final la tendrá la Corte Suprema de Justicia, que estaba esperando el dictamen de Casal para poder pronunciarse sobre la constitucionalidad del mencionado artículo de la norma. Anticipándose a un fallo de la Corte en contra de la reelección, Insfrán convocó a una reforma constitucional en su provincia para amortiguar el efecto de la decisión judicial.

“Cabe concluir que el sistema republicano consagrado en la Constitución Nacional y que las provincias se han obligado a respetar implica la limitación del poder”, argumentó Casal en el dictamen. Según expresó el funcionario judicial, “las múltiples reelecciones sucesivas -potencialmente indefinidas- conspiran contra la finalidad propia del Estado de Derecho, pues dado el modo de funcionamiento de nuestras instituciones, la perpetuación en el poder erosiona el principio de separación de poderes”.

En ese sentido, concluyó que el artículo 132° de la Constitución de Formosa, que permite la reelección indefinida, “se aparta de la necesaria periodicidad y renovación del mandato de las autoridades allí previstas, lo que resulta violatorio de lo dispuesto por el artículo 5° de la Constitución Nacional”.

Casal desestimó el argumento de la párte demandada respecto a que “los legisladores, en el gobierno federal y en el de Formosa, carecen de limitación temporal en materia de reelegibilidad, y que los jueces son casi vitalicios, pues pueden permanecer en sus cargos 45 años seguidos desde la edad de 30 años a los 75, con posibilidad de ”renombramiento“ indefinido”. 

“A mi modo de ver, la comparación que presenta la demandada no resulta idónea para justificar la constitucionalidad de la reelección indefinida del Poder Ejecutivo provincial, pues soslaya las características propias de ese poder que lo diferencian de los restantes”, indicó el Procurador general. 

Por su lado, subrayó que “el carácter unipersonal del Poder Ejecutivo contrasta con los múltiples integrantes que componen el Poder Legislativo y el Poder Judicial”. 

“También son diferentes las funciones y atribuciones que ostenta cada rama del Gobierno, y entre las notas distintivas de aquél se encuentran la potestad de administrar los fondos de la renta pública que hace recaudar; de proponer y nombrar a los magistrados del Poder Judicial; de ser el jefe supremo de las Fuerzas Armadas (en el caso del Poder Ejecutivo nacional) y de las de seguridad que tiene bajo su jurisdicción; de indultar o conmutar penas; entre otras no menos importantes”, enumeró.

De esta forma, Casal sostuvo que “el conjunto de facultades que se encuentran en cabeza de la persona que ocupa el Poder Ejecutivo justifica un diferente tratamiento en cuanto al tiempo en que aquélla puede permanecer en el ejercicio de esas funciones, así como respecto de la posibilidad de ser reelegido (y del número de veces que esto puede suceder), en comparación con los integrantes de los otros tres poderes del Estado”. 

En tanto, marcó diferencias entre la naturaleza del Poder Ejecutivo y el Legislativo, dado que este último, en virtud de su “carácter colegiado”, lleva a “alcanzar determinadas mayorías para lograr la sanción de las leyes (las cuales, a su vez, pueden ser vetadas por el Poder Ejecutivo)”.

“En cuanto a los magistrados del Poder Judicial, el fundamento de la garantía de inamovilidad en sus cargos mientras dure su buena conducta (y, en su caso, hasta alcanzar la edad límite fijada para su permanencia) constituye la forma de asegurar el ejercicio independiente e imparcial de su función, de modo de impedir que su permanencia en el cargo esté condicionada a la exclusiva voluntad discrecional de otros poderes”, remarcó.

“Resulta evidente a esta altura del análisis que el argumento que la demandada opone con base en la comparación con los otros poderes del estado en cuanto a su periodicidad y renovación no constituye fundamento atendible de su pretensión, desde que no atiende a la naturaleza de las funciones del ejecutivo y a su carácter unipersonal”, concluyó Casal.

Con información de la agencia NA

El senador José Mayans fue el encargado de advertirle a Javier Milei que el peronismo volteará los pliegos de Ariel Lijo y Manuel García-Mansilla a la Corte Suprema si decide nombrarlos en comisión por decreto. “No hay juez de la Corte sin acuerdo del Senado”, es el título de la carta que el formoseño le entregó en nombre de Unión por la Patria (UP) al jefe de Gabinete, Guillermo Francos, bajo la amenaza de pedir la destitución de ambos en caso de que los libertarios busquen imponerlos.

Mayans, jefe del interbloque de Unión por la Patria (UP), es un hombre con dos lealtades: responde a su jefe político, el gobernador Gildo insfrán, y también a Cristina Fernández de Kirchner, a quien secunda en el PJ Nacional. El formoseño se convirtió en un planta permanente de la Cámara alta, donde renueva su banca desde 2001. Antes, entre 1987 y 2001, fue diputado provincial. Durante todos esos años fue hábil para tejer vínculos con distintos sectores, siendo hoy un clásico exponente de la “casta” que tanto desprecia Milei. 

La presión por la Corte 

El apoyo de la senadora Lucía Corpacci al dictamen de Lijo se interpretó inicialmente como un aval tácito de Cristina para que el bloque se mueva en la misma dirección. Sin embargo, cuando pasaron las horas, la jugada entró en un territorio gris. Mayans fue el encargado de clarificarla: “Fue un acto de decir que estamos dispuestos a conversar; no están los dos tercios, queremos un acuerdo y poner uno nuestro. Hicimos un gesto”.

Desde que ingresó el pliego de Lijo, el formoseño tuvo algunos movimientos ambiguos. Hace unos meses se atrevió a coquetear con Victoria Villarruel y no descartó un juicio político a Milei, con el argumento de que el Presidente está para el “psiquiátrico”. Esa misma semana recibió un reto de Cristina: “Pericia psiquiátrica a los que dicen que Villarruel es peronista”, escribió en X la expresidenta sin nombrarlo. Mayans se dio por aludido: “A los que pusieron a Alberto Fernández, ¿los mandamos también al psiquiátrico?”, dijo en una entrevista. Fue un cruce duro, que desde el Instituto Patria buscaron acallar con una reunión reservada entre Mayans y sus pares cristinistas Juliana Di Tullio y Anabel Fernández Sagasti. Fue efectiva, porque desde ese día cerraron filas. 

En ese entonces, la interpretación de algunos peronistas fue que —además del desacuerdo frente a un eventual juicio político a Milei— Cristina quiso ordenar al bloque en la previa a la discusión por la Corte Suprema, cuando es sabido que algunos gobernadores peronistas —entre los que podría contarse a Insfrán y el catamarqueño Raúl Jalil— no verían con malos ojos la postulación de Lijo. El senador formoseño Francisco Paoltroni, echado de LLA por sus cruces con Santiago Caputo, fue el primero en oponerse a la postulación de Lijo contra la voluntad de Milei: apunta contra el juez por haber excluido a Insfrán de la investigación en la causa Ciccone, por la cual el ex vicepresidente Amado Boudou terminó preso. 

La intención del kirchnerismo fue mantener en reserva su posición respecto a Lijo, tensar la cuerda y poder negociar. En ese sentido, el bloque estaría dispuesto a acompañar el pliego del juez a cambio de reemplazar a García-Mansilla —un magistrado conservador, afín a las ideas libertarias— por una mujer más cercana a Cristina; el nombre que suena es el de la santafesina María de los Ángeles Sacnun.  

Si Milei no avanza con los nombramientos de los jueces en comisión, los senadores de UP tendrán la llave de la votación en la que se definirían los pliegos. El oficialismo necesita contar con dos tercios del recinto (48 votos de los 72) para poder nombrar a los jueces, por lo que requiere —como mínimo— el visto bueno de ocho de los 33 miembros de la bancada de Mayans. De lograr mantener unidos a los suyos, Mayans volverá a ser protagonista: tendrá la capacidad de bloquear cualquier pliego. 

Los zigzagueos 

Con el histrionismo que lo caracteriza, Mayans tuvo duros cuestionamientos al Presidente. En una de sus intervenciones más citadas lo chicaneó por desconocer el sentido de la película Terminator, luego de que Milei se comparara a sí mismo con el personaje protagonizado por Arnold Schwarzenegger. “Cuéntenle a este chico que no terminan bien los Terminator”, se rió y le aclaró que “Terminator era el depravado de la película”. Sus críticas no suelen ser igual de lapidarias respecto al resto de los funcionarios del Ejecutivo, sobre todo luego de sus chichoneos con Villarruel, a quien describió como más “próxima” al peronismo que al Presidente. 

Mayans estampó su firma y lleva la voz cantante en la nota donde le anticipan a Milei su “inmediato rechazo del pliego de Acuerdo de cualquier persona que acepte ser designado como juez o jueza de la Corte Suprema de Justicia de la Nación ‘en comisión’”. No tuvo la misma postura en 2016, cuando votó a favor de los pliegos de Carlos Rosenkrantz y Horacio Rosatti, a quienes inicialmente Mauricio Macri había nombrado por decreto. Aquel procedimiento nunca llegó a completarse, porque luego hubo un acuerdo político y ambos recibieron el voto positivo de la Cámara alta.

El objetivo de Cristina, además de negociar el segundo nombre para la Corte, será también incorporar a la negociación los juzgados vacantes, la Procuración y la Defensoría. Hasta ahora logró su propósito: el interbloque de Mayans puso al Gobierno ante una encrucijada. Aunque digan lo contrario, tarde o temprano deberán negociar con UP para conseguir los votos necesarios para nombrar a los jueces.

La Cámara de Diputados de Formosa aprobó este jueves un proyecto de ley que declara la necesidad de una reforma completa de la Constitución de Formosa y generó una fuerte polémica en torno a la figura del gobernador Gildo Insfrán, quien lleva más de 25 años en el cargo. La Corte Suprema emitió una resolución recientemente advirtiendo al gobernador y podría seguir con la jurisprudencia que se aplicó en otras provincias. 

Con veinte votos a favor de legisladores oficialistas y diez en contra de bloques opositores, el proyecto fue aprobado y en un plazo de doce meses, la provincia deberá convocar a elecciones de convencionales constituyentes para reformular su Constitución.

Posturas encontradas en torno a la reforma

La reforma impulsada por Insfrán se procesó de manera exprés. La diputada Agostina Villaggi, de la Unión Cívica Radical (UCR), criticó la iniciativa, argumentando que el propósito subyacente es afianzar el poder del gobernador, eludiendo así posibles fallos judiciales en contra de la reelección indefinida.

“Desde la UCR venimos pidiendo una reforma constitucional que limite la reelección de cargos ejecutivos en la provincia, algo que permitiría evitar que un mismo funcionario se mantenga en el poder sin límites”, señaló Villaggi. Para la legisladora, la iniciativa aprobada no responde a una demanda de renovación democrática, sino a la intención de sortear un posible fallo de la Corte Suprema que podría declarar inconstitucional la reelección indefinida en Formosa.

Reformas sin consenso

El tratamiento del proyecto también ha sido motivo de reclamo por parte de la oposición, que acusa al oficialismo de avanzar sin diálogo. Según Villaggi, la oposición estaba dispuesta a apoyar una reforma basada en el consenso, que involucrara a todos los sectores políticos y sociales, con un enfoque en mejorar las condiciones de la provincia. En lugar de eso, indicó, el gobierno ha promovido un proyecto cerrado, en el que, según afirmó, el único objetivo es consolidar la posición de Insfrán.

Para la oposición, este proyecto representa un intento de instaurar un sistema con características “totalitarias y monárquicas”. En palabras de Villaggi, desde 2003, Formosa se ha convertido en una “tiranía” debido al modelo de reelección indefinida, que ha permitido a Insfrán mantenerse en el poder durante más de dos décadas.

La Corte Suprema, un factor de peso en la disputa

Villaggi expresó que la aprobación de la reforma no evita que la Corte Suprema de Justicia de la Nación se pronuncie sobre la constitucionalidad de la reelección indefinida en Formosa, lo que plantea un freno potencial a las aspiraciones del oficialismo de perpetuar a Insfrán en el cargo. De acuerdo con la diputada, si la Corte emite un fallo en contra de la reelección indefinida, el proyecto reformista perdería su razón de ser. “Este gobierno pretende evadir la Constitución Nacional y la justicia, pero no lo vamos a permitir”, sostuvo.

Paoltroni rechazó la reforma y exigió la intervención de Formosa

El senador Francisco Paoltroni del bloque Libertad, Trabajo y Progreso, hasta hace poco de La Libertad Avanza, rechazó la reforma de la Constitución de Formosa que impulsa el gobernador Gildo Insfrán, y exigió que el Poder Ejecutivo intervenga la provincia. 

En un mensaje dirigido al presidente Javier Milei, el legislador planteó que “la reforma de la Constitución en Formosa viola la garantía de la forma republicana de gobierno”, por lo que pidió cumplir con artículo 6 de la Constitución Nacional y restablecer “los principios democráticos y la alternancia de poder”.

“Es momento de hacer lugar al artículo 6 de la Constitución Nacional y se intervenga la provincia para restablecer el respeto a los principios democráticos y la alternancia en el poder”, sostuvo, y agregó: “No podemos seguir permitiendo que se consolide un régimen que atenta contra los derechos de los formoseños”.

El formoseño difundió un video en el que el actual mandatario, en calidad de candidato, vaticinaba su triunfo electoral y se lo dedicaba al peronista Infrán, quien lleva más de 25 años en el cargo, además, aseguraba que la provincia sería intervenida ya que se le impedía a la Justicia actuar. Promesa que finalmente no sucedió. 

Con información de agencias.

IG

La Corte Suprema de Justicia le dio 60 días de plazo al gobernador de Formosa, Gildo Insfrán, y también a la fiscal de Estado de la provincia, Stella Maris Zabala, para que formulen un descargo sobre la reelección indefinida del mandatario.

“Por disposición del Tribunal, córrase traslado de la demanda a la Provincia de Formosa por el plazo de sesenta (60) días (arg. artículos 319, 322 y 338 del Código Procesal Civil y Comercial de la Nación). A los fines de su comunicación al señor Gobernador y a la señora Fiscal de Estado en los términos del artículo 341 del código adjetivo, líbrese oficio al señor juez federal en turno de la ciudad de Formosa. Notifíquese a la parte actora por Secretaría”, señala la disposición dada a conocer este jueves.

En mayo del año pasado, el Frente Amplio Formoseño había presentó ante la Corte Suprema de Justicia de la Nación un amparo solicitando la inconstitucionalidad del artículo 132 de la Constitución Provincial, que establece que “el Gobernador y el Vicegobernador durarán cuatro años en el ejercicio de sus cargos, y podrán ser reelectos”.

En tanto, dos semanas atrás, el senador de La Libertad Avanza por Formosa Francisco Paoltroni había pedido al juez de la Corte, Ricardo Lorenzetti, que resolviera estos recursos sobre Insfrán. El año pasado, la Corte había declarado la inconstitucionalidad de la reelección por más de dos mandatos en San Juan, Río Negro y Tucumán.

Ahora, la Corte tiene tres recursos sobre la reelección de Insfrán: uno presentado por la Confederación del Frente Amplio Formoseño, otro por Paoltroni con el auspicio del constitucionalista Daniel Sabsay y otro del diputado opositor y ex juez formoseño Fernando Carbajal.

Insfrán gobierna Formosa desde fines de 1995 y desde entonces fue reelecto en ocho oportunidades, lo cual está avalado por la Constitución de la provincia. Ahora, la Corte Suprema deberá determinar si la carta magna provincial colisiona con la nacional en los principios referidos a la alternancia en el poder. 

MM con información de la agencia NA.

Descolocados. Incómodos. Sin respuestas. Desde el escenario, Axel Kicillof jugaba con la botellita de agua a medio tomar. Andrés Cuervo Larroque, su ministro y armador, le susurraba cosas al oído. “¿Desde cuándo los peronistas pedimos permiso? Vamos a abrir esa comisión a las patadas si hace falta”, lanzaba Sergio Berni, y todas las miradas iban al gobernador de la provincia de Buenos Aires, uno de los artífices de la obligada mesa de transición que el partido armó a las apuras para el engorroso camino de encontrar un líder.

Inesperado para muchos, la irrupción de Berni en el congreso del PJ en el club Ferro dejó la sensación flotando de un preacuerdo con Máximo Kirchner, a quien iban apuntados, en la previa, todos los dardos en el generalizado reclamo de terminar con el dedo del Instituto Patria.

 “Juega mal”, fue la primera reacción de los allegados al gobernador que vieron detrás de las filosas palabras del exministro de Seguridad un mensaje del propio Máximo, ausente este viernes del debate, no de la rosca.

El PJ se reunió para postergar cualquier definición partidaria. Sí, por falta de acuerdo. Aprobado por parte del consejo del partido, vía zoom, el miércoles pasado, el pedido de licencia de Alberto Fernández, no se llegó a un entendimiento por la firma y la pulseada se concentró en las horas previas al comienzo del congreso en quién tendría la lapicera sin uso que dejaba el expresidente.

Por orden legal le correspondía a la primera vicepresidenta, de los cinco que tiene ese órgano, que es Cristina Alvarez Rodríguez. Pero el sector que responde a Máximo hizo todo lo posible por bloquear que la ministra del gabinete de Kicillof, otro de los vices, quedara en ese lugar. Primero propusieron a Lucía Corpacci, pero ella misma se corrió; después llegó la opción de Juan Manzur. Según cuentan quienes participaron de esas reuniones, temprano en la mañana, ante la negativa del gobernador bonaerense de aceptar la imposición, se optó por un todos: en un hecho más que insólito para un partido que se ufana de la verticalidad, quedaron los cinco, incluida Analía Rach Quiroga, para firmar.

Sin poder disimular las diferencias, la vida interna del peronismo está cruzada hoy por la disputa de Máximo contra Kicillof. “El único que le habla a la sociedad es Axel, el resto no tiene votos”, lo defiende uno de sus hombres de confianza. El dirá que está acostumbrado al debate. “Tengo mucha asamblea yo, no te olvides”, dice cuando deja el escenario, como al pasar, para minimizar los roces, mientras le piden fotos.

Kicillof está en el centro de un peronismo que busca líder, entre quienes pretenden que él asuma ese rol y quiénes lo psicoanalizan de por qué hasta ahora no lo hace. De todas maneras, la novedad que aporta la trabajosa reorganización del PJ es la presencia marcada del gobernador bonaerense. “En otros tiempos ni hubiera participado”, advierte un peronista de la mesa chica del partido.

Detrás de Axel se tejen todo tipo de análisis. “No hará nada que no quiera Crisitina, no la va a enfrentar”, rezongan los que lo quieren ver aún más activo. Uno de los que más lo promueve es el intendente de Avellaneda, Jorge Ferraressi. Su presencia en Ferro se esperaba con expectativa por sus últimas declaraciones contra Máximo Kirchner. Llegó casi corriendo, se metió en el microestadio, y apenas habían pasado 15 minutos del comienzo del congreso, se fue, protestando porque nada cambiaría.

“¿Desde cuándo el peronismo le tiene miedo a una elección interna, compañeros? O será que el negocio será seguir perdiendo y sentarse entre 3 o 4 a repartirse el poder?”, insistía Berni, adentro. “La puta madre, nos hacemos todos los pelotudos. Tenemos diputados que han levantado la mano traicionando los intereses de la patria cuando aprobaron el acuerdo con el FMI. Saquémonos las caretas. El peronismo se subleva ante las injusticias, no ante el llamado a la rebelión fiscal, eso es una pelotudez”, pegaba duro.

En el escenario ya estaban incómodos. Allí se sentó el presidente del congreso, Gildo Insfrán, que daba la palabra. A su lado estaban los cinco vicepresidentes del consejo y el resto de los integrantes de la mesa chica.

Abajo se colocó un micrófono para las expresiones libres. Antes de Berni, rompió la parsimonia Alberto Rodríguez Saá, para reclamar por su vieja disputa de cuando intentó comandar el partido. Dijo que era una mesa de funcionarios. Y que se debía llamar a elecciones internas cuanto antes. Aplausos. Cuando terminó con su catarata de críticas, aclaró. “Lo he dicho con bronca porque me fogonearon”.

Después le tocó el turno a Fernando Gray —sobre quien estaban puestas las miradas por su pelea contra Máximo—, que insistió en pedirle la renuncia al partido en la provincia de Buenos Aires. Tomó el guante Fernanda Raverta que junto a Eduardo Wado de Pedro, estaban en el escenario, como autoridades, para defender a Máximo. La exdirectora de la Anses levantó la voz y el dedo. “Pido respeto hacia las fuerzas que integramos el peronismo. El peronismo tiene que dejar de señalar”. Buscaba con la mirada al intendente de Esteban Echeverría, que para entonces ya se había ido.

El camino hacia la reorganización terminó sin decisiones. Sólo se anunció la creación de una comisión de acción política, salida elegante ante la falta de acuerdos. Pero se evitó definir la integración. No hay una síntesis hoy en los distintos sectores que deberían conformarla. Posiblemente, será de un número cercano a 30. Un estado asambleario. Allí deberían estar representados todos los sectores: gobernadores, movimiento obrero, movimientos sociales, bloques parlamentarios, con la idea de abrir esa mesa para incorporar a los díscolos que se fueron, hoy una ilusión. Para fin de año, deberían estar en condiciones de hacer la elección de autoridades. Todos los sectores no cristinistas piensan en una interna. Los cristinistas no opinan.

En ese todos contra todos, el peronismo demostró que sigue unido, pero desorganizado.

MV/JJD

A cuatro meses de la derrota electoral en el balotaje, el Partido Justicialista se reunirá hoy en Ferrocarril Oeste para resolver la salida de Alberto Fernández de la presidencia y empezar a delinear los pasos hacia una nueva conducción definitiva, que le permita reagruparse para volver al ruedo de la disputa política.

La idea en esta primera reunión del Congreso partidario encabezado por el gobernador de Formosa, Gildo Insfrán, a la que fueron invitados casi 900 congresales a la sede deportiva del barrio de Caballito, sería avanzar en la conformación de una mesa de acción política y definir una conducción provisoria, hasta que se elija un nuevo titular definitivo para los años que siguen.

Para encabezar esta transición del PJ suenan los nombres de la senadora catamarqueña Lucía Corpacci y de la jefa de asesoras del Gobierno bonaerense, Cristina Álvarez Rodríguez.

Los gobernadores tendrán un rol central en la definición de las estructuras partidarias y tendrán la lapicera para llenar los casilleros de la nómina con la que el PJ iniciará su nueva etapa.

Después de la dolorosa derrota con la que se perdió el Gobierno nacional, el peronismo necesita reinventarse y recuperar la moral para encarar la necesaria reconstrucción.

Cerrar filas y evitar una diáspora a partir de las negociaciones que los gobernadores llevan adelante con el Gobierno nacional. Esos son las primeras metas. Después vendrá la definición de la conducción definitiva, la parte programática y la convocatoria a otros partidos políticos de Unión por la Patria, con miras al 2025.

Un dato no menor es que para este encuentro en Ferro se está discutiendo la idea de invitar a actores políticos que en los últimos años se alejaron del Partido Justicialista nacional como el salteño Juan Manuel Urtubey, el ex secretario de Comercio Guillermo Moreno, el gobernador cordobés Martín Llaryora y el diputado Miguel Pichetto.

Para este encuentro se está discutiendo invitar a actores políticos que en los últimos años se alejaron del PJ, como Juan Manuel Urtubey, Guillermo Moreno, Martín Llaryora y Miguel Pichetto.

Un sector importante del peronismo visualiza en el gobernador bonaerense, Axel Kicillof, como el máximo estandarte de la resistencia al Gobierno de La Libertad Avanza y promueve su encumbramiento en el PJ.

Sin embargo, según aclaran en su entorno, el mandatario kirchnerista quiere dedicar el 100% de su tiempo a la gestión y no está interesado en desviarse de ese eje asumiendo funciones partidarias que a las que no va a poder abocarse cabalmente.

La aprensión de Kicillof por la vida partidaria es similar a la que mostraba Cristina Kirchner cuando era presidenta. Al gobernador nunca le interesó demasiado lo que sucediera en ese plano y ni siquiera controla el PJ bonaerense, a manos de Máximo Kirchner, quien enfrenta permanentes resistencias internas.

El miércoles por la noche se realizó una reunión para organizar el congreso partidario a la que asistieron Corpacci, Álvarez Rodríguez, Juan Manzur, Ricardo Quintela, Victoria Tolosa Paz, Eduardo “Wado” de Pedro, Santiago Cafiero y Juan Olmos.

Por la vía virtual se sumaron Kicillof y referentes sindicales como Hugo Yasky, Pablo Moyano y Héctor Daer.

Con información de NA.

JJD

Alberto Fernández ya no tenía margen. Desde diciembre había quedado flotando en el aire el pedido para que diera un paso al costado como presidente del partido Justicialista, un operativo que iniciaron desde sus declamados detractores internos, hasta sus propios allegados. El se resistía. Pero la decisión de su salida estaba tomada: faltaba el cómo. El peronismo aceleró los tiempos y resolvió una licencia, que será aprobada el 22 de marzo próximo y con ese acto formal se activará un nuevo mecanismo para intentar el cambio de piel que el partido necesita tras la derrota a manos de Javier Milei.

En la formalidad, que pesa y mucho en este tiempo, a la aprobación de la licencia le seguirá la conformación de una comisión de acción política que tendrá la tarea de organizar la elección interna. Alberto Fernández tenía mandato hasta abril de 2025. Todavía lo tiene, pero licenciado. Una renuncia podría haber dejado el campo fértil para una denuncia y posterior intervención judicial, que ya vivió el PJ durante el gobierno de Mauricio Macri, y por lo tanto, era primordial dejar los papeles al día. El recuerdo todavía está fresco: en 2018 la jueza María Romilda Servini dispuso la intervención con Luis Barrionuevo a la cabeza, que incluyó que el entonces presidente José Luis Gioja se atrincherara, llegara la policía y tuviera su minuto de fama Hugo, el cerrajero del barrio que debió hacer un cambio de cerradura del ingreso de Matheu 130 para los nuevos moradores.

Con ese antecedente, que no es el único, el PJ está obligado a legitimarse y mantener las formas. Más allá de la nula ascendencia de Alberto Fernández en el partido y la baja consideración de la mayoría de sus compañeros, menos aún en medio de las denuncias en su contra por las contrataciones de seguros, hay movimientos externos que empezaban a llamar la atención. El intendente de Esteban Echeverría, Fernando Gray, el primero que activó el reclamo para que renunciara Alberto Fernández a nivel nacional y Máximo Kirchner a nivel provincial, suma fotos a su álbum político como su reciente encuentro con el gobernador de Córdoba, Martín Llaryora. Fue hace dos semanas, en Córdoba, y ambos hablaron de la reconstrucción peronista sin imposición. Un paso en falso en la formalidad partidaria podría dejarlos a tiro de denuncia.

Los tiempos se aceleraron para el peronismo, noqueado aún por la derrota y sin conducción. Lejos está de encontrar una síntesis, tampoco parece ser ésta la etapa del surgimiento de los liderazgos, pero activar el partido tiene hoy la finalidad de evitar contratiempos judiciales que una renuncia lisa y llana de Fernández podría haber generado. Su versión es que su salida fue su exclusiva decisión, imposibilitado de hacerse cargo del partido por sus compromisos externos. De México volverá a la Argentina, donde estará unos días para irse la semana próxima, primero a Bolivia y después nuevamente a España.

A partir de ahora las decisiones quedarán concentradas en el presidente del congreso nacional del partido, el gobernador de Formosa, Gildo Insfrán, que fue quien firmó la convocatoria a sesión para marzo y decirle adiós al ex presidente. Lleva sin dudas la voz contante hoy en Matheu 130, que se reabrió hace apenas dos jueves para la primera reunión del año, convocada por los vicepresidentes, apenas un día antes de que Alberto Fernández volviera al país y le llovieran las denuncias judiciales. ¿Coincidencias del calendario?

Ese día se reunieron los vices del partido, Axel Kicillof, Lucía Corpacci, Cristina Alvarez Rodríguez, Juan Manzur; los secretarios Eduardo Wado de Pedro y Santiago Cafiero; los apoderados, Juan Manuel Olmos y Patricia García Blanco; además de Insfrán y el gobernador de La Rioja, Ricardo Quintela; también estuvo Gioja.

Flaco de gobernadores, el peronismo tiene rota su armadura política para resistir tras la pérdida de poder provincial derivada de las derrotas en Chaco, San Juan, San Luis, Santa Cruz, Santa Fe, Entre Ríos y Chubut. Una merma histórica que lo deja con bajo poder territorial más allá de la provincia de Buenos Aires.

Ahora, dicen en el partido, el objetivo es reactivarlo para evitar cualquier traspié judicial y trabajar en la apertura a otros espacios. Es la tarea que más le cuesta al peronismo, imposibilitado de sumar. “Hasta el 25 de mayo no podemos juntar un voto”, reconoce un diputado sobre el llamado al diálogo que hizo Milei y que mantendrá entretenidos a los gobernadores y dirigentes más cercanos a la Casa Rosada. Está claro que en los próximos días ganará las luces la agenda de los “amigables” y el PJ deberá volver a la sombra.

Acordada ya la salida de Alberto Fernández, la otra incógnita es el rol de Cristina Kirchner. “Ella va a trabajar para mantener su capital político”, refuerza una fuente del partido, que reconoce que la ex presidenta también se vio obligada a acelerar los tiempos de aparición, con su carta de 33 páginas. “No se puede llegar a fin de año con este desorden”, se anticipa un dirigente de la provincia de Buenos Aires. El único eje claro hoy en el partido es mantener la unidad.

En la renovación sin nadie nuevo, el camino a 2025 debería ser, sin excepción, con lista de unidad. Por ahora sólo parece una expresión de deseos de un partido que busca, antes que un líder, volver a tener pulso cardíaco.    

MV/MG

El día que el expresidente Alberto Fernández sumó otra imputación por el caso de los seguros, se conoció que pidió licencia como presidente del Partido Justicialista. Esta tarde, el fiscal federal Ramiro González lo imputó a partir de una denuncia de la ministra de Capital Humano, Sandra Pettovello, según la cual en el otorgamiento de créditos desde la ANSES se contrataron pólizas de seguros a través de Nación Seguros pagando comisiones “indebidas”. Además había sido denunciado por la abogada Silvina Martínez.

En este contexto, desde el Partido Justicialista comunicaron: “En el marco de un escenario de gravedad social e institucional que atraviesa nuestro país como consecuencia de las políticas de ajuste ejercidas por el actual gobierno, el presidente del Congreso Nacional del Partido Justicialista, compañero Gildo Insfrán, convocará para el próximo 22 de marzo del corriente año a sesión ordinaria del órgano partidario”.

Al respecto precisaron que “dentro del temario del Congreso se encuentra una convocatoria amplia a todos los sectores: trabajadores, gremiales, feministas, juventudes, productivos, sociales y todos aquellos y aquellas que se sienten parte del movimiento nacional y popular, a los fines de tratar su reorganización” y que “en ese sentido se someterá a consideración la conformación de una comisión de acción política, tratar la solicitud de licencia presentada por el compañero Presidente del Consejo Nacional del partido y asuntos administrativos de rigor”.

MM.

El domingo 5 de octubre de 1975 Montoneros irrumpió en el Regimiento de Infantería 29 de Monte, en Formosa. Fue parte de un operativo guerrillero que incluyó secuestrar un avión de línea y tomar el aeropuerto El Pucú. El saldo del ataque al cuartel fue la muerte de diez soldados, un sargento, un subteniente del Ejército y un agente de la policía provincial. También murieron 13 montoneros. El episodio causó conmoción nacional y marcó a fuego el proceso del golpe de Estado que devendría casi seis meses después: el lunes 6, Jorge Rafael Videla visitó el regimiento e Ítalo Luder –que era presidente interino porque Isabel Perón estaba de licencia– decidió incorporar a las Fuerzas Armadas al Consejo de Seguridad Interior. “Las fotos de los soldados muertos en defensa del deber generaron temor y rechazo hacia Montoneros. Fue una condena unánime”, concluyen Marcelo Larraquy y Roberto Caballero en su emblemático libro Galimberti.

Aquel hecho del que este jueves se cumplen 48 años se metió de lleno en la campaña electoral, profundizando el revival histórico con los años ‘70 que parece haber acaparado gran parte de la discusión pública hacia la Casa Rosada, sobre todo desde que Javier Milei reivindicó abiertamente la dictadura en el debate presidencial del domingo pasado. Se trata de un episodio que atraviesa a todo el arco político, desde el kirchnerismo hasta la oposición, tanto de Juntos por el Cambio como los libertarios. Y genera polémica porque en los últimos diez años hubo un zigzagueo que involucró al Congreso y al Ejecutivo para indemnizar a los familiares de las víctimas.

Este jueves se cruzaron por el recuerdo a los soldados formoseños Patricia Bullrich y la candidata a vice libertaria, Victoria Villarruel. “Me comprometo a llevar adelante el primer día de mi gobierno las medidas necesarias para indemnizar a las víctimas militares y civiles”, anunció Bullrich en su cuenta de X, en un mensaje que tituló “Un acto de Justicia”. Su anuncio fue respaldado por Juntos por el Cambio, sobre todo por el senador nacional Luis Naidenoff y el diputado Ricardo Buryaile, ambos oriundos de Formosa y de extracción radical.

La candidata de JxC justificó su promesa en las “demoras inexplicables en las que incurrió este gobierno”.  “Nosotros vamos a poner luz sobre la historia, reconociendo sin discriminar”, concluyó Bullrich, reforzando su línea argumentativa sobre el pasado, que abona la llamada “teoría de los dos demonios”.

La ex ministra de Mauricio Macri buscó ganarle de mano a Villarruel, que minutos después también difundió un mensaje en las redes sociales. La diputada de La Libertad Avanza sí mencionó a Montoneros y alimentó la línea reaccionaria marcada por Milei: “Quiero abrazar a las familias de las 13 víctimas del terrorismo asesinadas por Montoneros, a los heridos y al pueblo formoseño que hoy además de este hecho aberrante conmemoran el Día del Soldado Formoseño”, expresó Villarruel, que dijo luchar por “Verdad, Justicia y Reparación!”, un oximorón de la histórica bandera de Verdad, Memoria y Justicia de los organismos de derechos humanos.

Incluso el gobernador Gildo Insfrán –acérrimo kirchnerista– realizó su habitual homenaje al “Día del Héroe Formoseño”. Su recuerdo fue menos grandilocuente: organizó su acto de rigor de todos los años con un posteo de la Plazoleta 5 de octubre de Formosa, donde constan los nombres de los 13 soldados y policías “caídos en defensa de la patria”. “Brindamos nuestro homenaje a nuestros héroes, que dieron ejemplo de entrega y lealtad en el cumplimiento de su deber. El Pueblo no los olvidará jamás. ¡En Formosa no se rinde nadie!”, expresó el gobernador que el 10 de diciembre comenzará su octavo mandato.

La polémica por las indemnizaciones

La nueva polémica enmarcada en los ‘70 entre Bullrich y Villarruel tiene como trasfondo el zigzagueo desde el Estado sobre cierta reparación material a los soldados y policías muertos en Formosa. “No tiene nada que ver con Milei”, contestaron a elDiarioAR desde JxC, donde aseguraron que la promesa de Bullrich de este jueves responde a un reclamo histórico de la oposición. Incluso la candidata ya lo había adelantado en su visita a Formosa semanas atrás. 

Lo que Bullrich omitió en su posteo de hoy fue que Macri tampoco avanzó lo suficiente durante su mandato para otorgar ese reconocimiento. En octubre de 2019, casi al borde del final de su mandato, el entonces presidente anunció el otorgamiento de “un subsidio extraordinario a los familiares de los fallecidos”, utilizando la misma fórmula que reciben los familiares de las víctimas del terrorismo de Estado. Firmó para ello un Decreto de Necesidad y Urgencia.

En aquel acto –que fue en Capital Federal y no en Formosa, terruño de Insfrán– Macri dijo que su gesto era “una deuda como sociedad” porque durante mucho tiempo “el Estado guardó silencio frente a las víctimas, un silencio que duele”. También denunció que los trece montoneros muertos durante el ataque al regimiento fueron incluidos por Néstor Kirchner en la lista de la CONADEP, por lo que sus familiares “recibieron la indemnización correspondiente”.

Pero su gesto quedó en letra muerta, porque el DNU no hacía efectivo el resarcimiento de manera inmediata, sino que lo incluía en el Presupuesto 2020, para que se hiciera cargo la siguiente administración. Al llegar al poder el 10 de diciembre de 2019, Alberto Fernández nunca avanzó: Jorge Taiana, ministro de Defensa, se excusó en que el reconocimiento tenía que ser a través de una ley, y no de un decreto presidencial, según supo elDiarioAR.

La iniciativa legislativa tampoco avanzó más allá de Diputados, luego de que la presentara por primera vez el radical Buryaile en 2010. La Cámara baja le dio media sanción en 2014 –con el voto incluido de Bullrich, que era legisladora–, pero el proyecto fue modificado por el Senado por la mayoría peronista y luego quedó a merced de los tiempos y voluntades parlamentarios. 

“Nosotros le insistimos a Macri, pero no avanzó más que con el DNU. Lo firmó para que se aplique luego de su gobierno. No sé porqué no lo hizo efectivo de inmediato”, dijo a este medio una espada legislativa de JxC. La última presentación parlamentaria la hizo también Buryaile, con fecha el 15 de noviembre de 2022, con cierto respaldo incluso del Frente de Todos, supo elDiarioAR.

La libertaria Villarruel nunca firmó un proyecto legislativo para ese reconocimiento. Pero sus huestes también trataron de sacarle provecho hoy a la polémica: “Gracias a Villarruel que este tema ahora todos lo quieren abrazar”, cuestionó a Bullrich el consultor en estrategia digital de Milei, Fernando Cerimedo, en su X. 

Tampoco Insfrán, más allá de su homenaje anual a los “héroes formoseños” avanzó en una reparación material por parte del gobierno provincial. Ayer, el defensor del Pueblo de Formosa, José Leonardo Gialluca –quien llegó a defender públicamente la reelección indefinida del mandatario local–, le envió una nota al Congreso en la víspera del 48° aniversario del ataque al regimiento. En la demanda, a la que tuvo acceso elDiarioAR, le exige tanto a Cristina Fernández de Kirchner –titular del Senado–, como a Cecilia Moreau –de Diputados–, que en el Presupuesto 2024 “se reserven las partidas presupuestarias necesarias y suficientes para dar cumplimiento al DNU Nº 829/19”, aquel firmado por Macri.

En la nota, que no menciona ni a Montoneros ni “guerrilleros”, apunta Gialluca: “Lamentablemente han pasado más de diez administraciones nacionales a lo largo de 48 años del ataque al RIM 29 de Formosa y nadie ha tenido hasta hoy la suficiente voluntad política de hacer realidad una digna reparación económica”. 

MC/MG

El candidato a vicegobernador bonaerense por La Libertad Avanza, Francisco Oneto, denunció hoy a los gobernadores de Formosa, Gildo Insfrán, y Buenos Aires, Axel Kicillof, por intimidación pública. Ambos dirigentes habían advertido que, ante una eventual victoria opositora, se daría un derramamiento de sangre.

“Ello configura el delito de intimidación pública previsto y reprimido en el artículo 211 del Código Penal. En ese sentido, afirmar que, si gana un partido político distinto al que gobierno se producirán eventos sangrientos, es un medio idóneo para infundir temor público”, explicó Oneto, quien es abogado penalista.

El mandatario formoseño, en un reciente acto, sostuvo que los programas de gobierno de la oposición implican violencia. “Todo lo que ellos dicen que quieren aplicar en el pueblo argentino va a ser con derramamiento de sangre, porque es insostenible”, aseguró. En la misma línea, su par bonaerense, el sábado pasado, ratificó que “la derecha” está dispuesta a “asesinar gente”.

En este marco, el candidato a vicegobernador de la provincia de Buenos Aires denunció que se trata de un intento de perjudicar electoralmente a los partidos no oficialistas. “La intención de las declaraciones es restar de modo ilegítimo votos a candidatos de partidos distintos del que gobierna, lo que es un atentado contra la libertad de elección de un sistema democrático”, afirmó.

En los últimos días, la oposición no sólo recibió críticas de estos dos referentes kirchneristas, sino también del precandidato a Presidente y actual ministro de Economía, Sergio Massa. “Me gustaría que haya sinceridad en la dupla Bullrich-Milei a la hora de plantear ajuste con represión. Que les digan a los trabajadores de Aerolíneas Argentinas que van a cerrarla o que van a privatizar AySA”, disparó el funcionario del gobierno de Alberto Fernández.

La respuesta de los dos implicados no tardó en llegar: la ex ministra de Seguridad le recomendó que, en lugar de criticarla, se dedique a resolver la inflación del 120%; mientras que Milei especificó quiénes serán los destinatarios de su plan de estabilización. “Hoy Sergio Massa pidió que seamos claros sobre a quienes vamos a realizar el ajuste propuesto. Le digo, por si no le quedó claro, que si soy presidente el ajuste recaerá sobre las partidas que roban los políticos. Massa simboliza a la casta política. Es el emblema de lo que no queremos”, dijo el economista.

En ese marco, confirmó que privatizaría YPF, AySA y Aerolíneas Argentinas para evitar que los políticos continúen robando de las cajas y partidas correspondientes a dichas empresas. Además, apuntó directamente contra el titular del Palacio de Hacienda: “Massa es el rey de la casta. Es la garantía de que todo siga igual. Es el político argento por definición. Aliado de los empresaurios, los sindicatos, los bancos, los medios y todos los que se benefician de este sistema empobrecedor”, concluyó.

Con información de agencias.

El gobernador de Formosa, Gildo Insfrán, consolidaba este lunes su poder en Formosa al imponerse con el 71,1% de los votos en las elecciones a gobernador del domingo último, con el 98,58% de las mesas escrutadas

De esta manera, el mandatario alcanza con esta victoria su octavo mandato consecutivo al frente del Poder Ejecutivo.

En segundo lugar se ubica la Confederación Frente Amplio Formoseño, referenciada en Juntos por el Cambio (JxC) y principal fuerza opositora, que con la candidatura de Fernando Carbajal lograba 20.40%, según los resultados del escrutinio provisorio.

El partido Libertad, Trabajo y Progreso, que proponía al empresario agropecuario Francisco Paoltroni, cosechaba el 8.06%

En tanto que el Partido Obrero, con la boleta compuesta por Fabián Servin y Rafael Martínez, sumaba el 0.38%.

La participación electoral fue del 74,86% del padrón, según los datos oficiales.

En la disputa por la intendencia de Formosa, el actual intendente Jorge Jofré retenía la comuna con el 29,52% secundado por su contrincante interno y diputado nacional Ramiro Fernández Patri con el 21.75%

En tercer lugar, con 15.79% se ubicaba la diputada provincial de Nuevo País Gabriela Neme, quien buscaba la intendencia por el Frente Amplio Formoseño.

Por la mañana, cuando concurrió a votar en la Escuela de Frontera N° 6 de Laguna Blanca, Insfrán había rechazado los cuestionamientos de la oposición al afirmar que “la alternancia en Formosa la decide el pueblo”.

Al ser consultado sobre su permanencia en el poder, el gobernador peronista había respondido: “Pregúntenle al pueblo”.

En ese sentido, había indicado que permanecerá en el cargo “hasta que el pueblo diga” y, al referirse al mote de feudo que le asignan dirigentes opositores, había subrayado: “Capital Federal es un feudo donde los inquilinos son los vasallos”.

Pasadas las 22, integrantes del Gobierno nacional felicitaron al gobernador formoseño por el “contundente y merecido” triunfo y enviaron sus saludos a través de redes sociales.

El presidente Alberto Fernández tildó de “merecido” al resultado electoral y destacó el “compromiso inquebrantable con garantizar el bienestar de las y los formoseños” por parte del mandatario provincial.

“¡Merecido triunfo, Gildo Insfrán! Siempre has tenido un compromiso inquebrantable con garantizar el bienestar de las y los formoseños. Con ese compromiso, seguiremos trabajando unidos por el desarrollo igualitario de Formosa y de nuestro Norte Grande. ¡Felicitaciones!”, tuiteó el jefe de Estado.

“Felicitaciones, Gildo Insfrán, por el enorme apoyo de tu provincia y tu elección como gobernador. Trabajemos juntos por lo que falta”, publicó en su cuenta de Twitter el ministro de Economía y precandidato presidencial, Sergio Massa.

Con información de NA.

IG