El expresidente de Brasil Jair Bolsonaro, sentenciado este jueves a 27 años y 3 meses de prisión por atentar contra el orden democrático, se suma a la larga lista de exgobernantes latinoamericanos condenados o procesados penalmente.

Bolsonaro y otros siete procesados fueron condenados por delitos contra la democracia, entre ellos intento de abolición del Estado democrático de derecho, golpe de Estado, organización criminal, deterioro de patrimonio protegido y daño calificado. En el caso del exmandatario, el juez relator aplicó el agravante de liderazgo, al señalar que la Fiscalía lo identificó como “jefe” de la organización criminal que conspiró para impedir la toma de posesión de Luiz Inácio Lula da Silva tras su victoria en las elecciones de 2022.

A continuación una relación de los principales exmandatarios latinoamericanos condenados o con causas penales:

BRASIL

ARGENTINA

COLOMBIA

PERÚ

PANAMÁ

ECUADOR

EL SALVADOR

BOLIVIA

HONDURAS

GUATEMALA

EFE.

Llamado 'el Chino' a pesar de sus orígenes japoneses, el expresidente derechista Alberto Fujimori había gobernado Perú entre 1990 y 2000. Murió el miércoles 11 de septiembre de 2024 a los 86 años en Lima “después de una larga batalla contra el cáncer”, informó en X su hija y heredera política Keiko, candidata fujimorista derrotada en tres elecciones presidenciales.  

En 1990 vestido como samurai y manejando un tractor este agrimensor con anteojos que enseñaba matemáticas hizo campaña con el eslogan “Un presidente como tú”. Cuando presentó su candidatura, si era conocido como rector en la vida administrativa de las universidades, era un desconocido casi perfecto para la sociedad y la vida política partidaria peruanas.

El boom de 'El Chino'

En la elección del 8 de abril 'el Chino' quedó segundo entre varios candidatos, todos a la zaga de un vencedor que lucía invencible: el favorito de las élites blancas costeras y de la banca y los poderes y finanzas tradicionales. Fue a este ganador de la primera vuelta, el arequipeño Mario Vargas Llosa, a quien Fujimori derrotó el domingo 10 de junio con una mayoría nítida: 62,32 puntos porcentuales y 4 millones y medio de votos, más del doble de los que el candidato presidencial de Cambio 90 había obtenido en primera vuelta.

El escritor best-seller del boom de la novela latinoamericana, después Premio Nobel de Literatura y hoy académico de número de la Academia Francesa era también un novato en la vida política electoral. Vargas Llosa se había presentado con un programa político liberal y una profecía de milagros de crecimiento nacional vía medidas económicas de shock. Su rival 'el Chino' lo venció con la promesa de nunca jamás poner el pie en ese pedregoso camino neoliberal. Sin embargo, aquella vía y orientación serían después, muy pronto, desde su asunción el 28 de julio, las suyas propias. Con una decisión y voluntad todavía únicas en el último medio siglo de historia democrática sudamericana por su violencia y aun crueldad, el programa de neoliberalismo económico llevado a término sin distracciones y apelando a una represión política y policial que corregía toda desviación se volvió la marca distintiva de los años del Fujimorato y de su herencia que perdura y distingue al Perú dentro del continente .

Una década de gobierno represivo entre dos golpes (1992-2000)

La caída de Fujimori en el año 2000 pareció tan inverosímil como había parecido su ascenso electoral en 1990 y su reacomodamiento en un poder casi absoluto después del autogolpe de abril de 1992. Fue defenestrado en el año 2000 después de que un canal de televisión difundiera un video en el que se veía a su jefe de inteligencia Vladimiro Montesinos intentando sobornar a un congresista (la Constitución fujimorista de 1993, hoy vigente, había suprimido el Senado y hecho del Poder Legislativo peruano un órgano unicameral). Fujimori huyó a Japón y envió por fax su renuncia desde un hotel de Tokio. Después de cinco años en el exilio, viajó a Chile para intentar una reaparición política; en cambio, fue extraditado a Perú.

Como jefe de gobierno de una dictadura cívico-militar, Fujimori cortó la hiperinflación, combatió el desempleo y mejoró la gestión técnica de los asuntos públicos del Estado. Durante la Fujicracia la economía nacional creció y mejoró el nivel medio de vida. Hizo una cruzada, que supo hacerse ver como eficaz, contra el narcotráfico. No mostró respeto por la ley ni por la institucionalidad peruana. El 'Fujimorazo' o autogolpe del 15 de abril de 1992 fue un decreto por el cual Fujimori cerró el Congreso entonces bicameral y colocó al Poder Judicial bajo su control y custodia: un decreto presidencial que permitió al presidente gobernar a discreción por decreto.

Alberto Fujimori ganó las elecciones presidenciales de 1990 con el 62,32% de los votos. El Fujimorazo o autogolpe del 15 de abril de 1992 fue un decreto por el cual el presidente constitucional, con apoyo militar de las FFAA y aprobación de los medios, disolvió el Congreso y colocó a la Justicia bajo su custodia: un decreto que permitió al Presidente gobernar por decreto.

Fue elogiado por derrotar a las guerrillas de Sendero Luminoso y del Movimiento Revolucionario Túpac Amaru, pero todo elogio terminaba al empezar a señalarse la brutalidad de sus métodos. Las violaciones de DDDH, sistemáticas o despreocupadas, le generaron críticas mundiales y le valieron al fin una larga condena en prisión.

Fujimori había recibido un Perú en bancarrota con una hiperinflación del 7000 por ciento. El Fujishock de sangre y de lágrimas enfrentó de inmediato la alta capacidad de resistencia y baja capacidad de victoria características de los sectores populares peruanos.

Alberto Fujimori supo cómo capitalizar la caída de la inflación y la captura del líder de la organización maoísta Sendero Luminoso: Abimael Guzmán, arequipeño como su rival Vargas Llosa y como su mejor aliado el jefe de los servicios de inteligencia Montesinos. Con el auxilio y consejo de este ‘monje negro’, Fujimori convocó elecciones presidenciales en 1995, donde ganó en primera vuelta con más del 67% de los votos derrotando a su mayor adversario Javier Pérez de Cuéllar, ex secretario general de la ONU.

En diciembre de 1996 militantes del movimiento Tupac Amaru tomaron por asalto la Embajada japonesa en Lima y durante 126 días retuvieron como rehenes a 126 personas. El secuestro terminó con la operación “Chavín de Huántar” ordenada por Fujimori que liberó la sede diplomática: perdieron su vida un rehén y dos militares y murieron o fueron ejecutados 14 guerrilleros.

A pesar de que la nueva Constitución peruana que había logrado imponer en 1993 se lo vedaba, Fujimori se postuló como candidato a un tercer mandato presidencial en el año 2000. Las ganó en el balotaje del 28 de mayo con el 74,33% de los votos. Pero sólo después de que su mayor rival competitivo, que después sería su sucesor, el economista Alejandro ‘el Cholo’ Toledo, retirara su candidatura y boicoteara la segunda vuelta llamado a la oposición a ir a las urnas pero para emitir un voto impugnado.

El 28 de julio asumió Alberto Fujimori e inició su tercera presidencia al tiempo que llegaba a Lima la histórica Marcha de los Cuatro Suyos organizada por su opositor Alejandro Toledo. Una sede del Banco Nación fue incendiada, y seis de sus empleados murieron entre el humo y las llamas.

Pocos meses después explotó el escándalo de los ‘vladivideos’. Estos videos de cámara oculta eran filmados por el propio Vladimiro Montesinos para filmar la corrupción de figuras políticas, empresariales o periodísticas compradas por el Gobierno. La filtración y difusión pública de varias de estas cintas motivó la fuga al exterior de Fujimori para evitar un mandato judicial de arresto. La renuncia japonesa por fax fue rechazada por el Congreso, que votó la deposición y fin del mandato presidencial invocando la cláusula de “incapacidad mental permanente” que había introducido en el nuevo ordenamiento político y legal peruano la Constitución fujimorista de 1993.

De la huida a la extradición, la condena, la cárcel y el indulto

Se ha dicho que Fujimori es el primer expresidente elegido democráticamente en el mundo que es declarado culpable de violaciones de los derechos humanos en su propio país. Pero incluso desde la prisión siguió atrayendo el apoyo de las bases populares.

A las acusaciones de violación de los DDHH en la represión de las guerrillas de izquierda de las que fue hallado culpable y por las que fue condenado a 25 años de prisión en 2009, se había sumado otra por la cual Alberto Fujimori se vio nuevamente ante la Justicia en los últimos dos años de su vida. La de haber sometido a la esterilización forzada a al menos 1300 mujeres andinas. Sucesivos testimonios, visibilizados y oídos desde 2009 hasta hoy, son la prueba de que más de 270 mil mujeres y 22 mil varones, en su mayoría de origen indígena, habrían sufrido esterilizaciones sin su conocimiento o sin su voluntad entre los años 1996 y 2001 en las regiones serranas del Perú.

Perseguido por mandatos internacionales de captura por delitos de lesa humanidad, el arresto le llegó en Chile desde donde fue extraditado en Perú. En 2009 fue condenado a 25 años de prisión. Estaba acusado de haber dado al escuadrón de la muerte ‘Grupo Colina’ la orden de masacrar en Lima en 1991 a 25 personas sospechosas de senderismo en Barrios Altos y de haberle ordenado otra masacre en la Universidad La Cantuta al año siguiente. También en 1992 el Presidente de facto ordenó los secuestros del periodista Gustavo Gorriti y del empresario Samuel Dyer, de los que fue condenado como mandante.

A estas acusaciones se sumó otra, por las que Fujimori se vio nuevamente ante la Justicia en los últimos dos años de su vida. La de haber sometido a la esterilización forzada a al menos 1300 mujeres andinas. Sucesivos testimonios, visibilizados y oídos desde 2009 hasta hoy, son la prueba de que más de 270 mil mujeres y 22 mil varones, en su mayoría de origen indígena, habrían sufrido esterilizaciones sin su conocimiento o sin su voluntad entre los años 1996 y 2001 en las regiones serranas del Perú. 

Fujimori había solicitado en repetidas ocasiones un indulto presidencial, alegando que su salud se estaba deteriorando rápidamente en la cárcel. El 24 de diciembre de 2017, el presidente Pedro Pablo Kuczynski le concedió el indulto por razones humanitarias, solo tres días después de sobrevivir a una votación de destitución con la inesperada ayuda de los partidarios de Fujimori en el Congreso. El indulto desencadenó protestas callejeras y fue anulado al año por la Corte Suprema de Justicia. Fujimori volvió a prisión el 23 de enero de 2019.

En diciembre pasado, el Tribunal Constitucional de Perú ordenó la liberación de Fujimori, desafiando la orden de una corte internacional de que permaneciera en prisión. Algunos expertos describieron la decisión como un ejemplo del deterioro institucional de Perú.

El fujimorismo se ilusiona con el futuro

En 1974 Alberto Fujimori se casó con Susana Higuchi. Después del divorcio, su ex esposa se volvió una de las críticas más acérrimas de la Fujicracia peruana. Tuvieron cuatro hijos: Keiko Sofía, Hiro Alberto, Sachi Marcela y Kenji Gerardo. El fujimorismo dominó la política peruana mucho después de la caída de su líder en 2000. La hija mayor, Keiko, que había sido primera dama después de que sus padres se enemistaran públicamente, heredó la mayor parte de su base. Estuvo a punto de ganar la presidencia en 2011 y 2016 y fue la principal líder de la oposición del país durante varios años.

“El fujimorismo fue un régimen muy autoritario a partir de 1992, y fue también, como sabemos ahora, un régimen muy corrupto, que en conjunto fue más negativo que positivo para Perú. Contribuyó a establecer una cultura política muy polarizada y poco institucionalizada, y la sensación de que el país es casi ingobernable”, concluye el historiador Paulo Drinot, profesor del University College londinense, una evaluación y balance en The New York Times. Keiko Fujimori no concluye así su propio balance histórico post mortem: la huérfana ya está nuevamente en campaña y aspira a gobernar el Perú.

AGB

El expresidente peruano Alberto Fujimori irrumpió en la política en 1990 y, desde entonces, dividió a la sociedad de Perú. Esa división, que pervive hasta el día de hoy, separa a los que ensalzan su figura, al considerar que salvó a su país del terrorismo y el colapso económico, y los que remarcan que fue un autócrata que cometió graves violaciones a los derechos humanos.

Fujimori, de 86 años, falleció este miércoles en la casa limeña de su hija Keiko. Lo hizo en libertad tras una polémica decisión que le permitió abandonar la prisión en diciembre pasado.

Apodado “Chino” por sus rasgos orientales, a pesar de ser descendiente de japoneses, nació en 1938 y ejerció un gobierno de mano dura en Perú entre 1990 y 2000.

En la primera ocasión venció como candidato anti-establishment al escritor Mario Vargas Llosa y fue reelegido otras dos veces en medio de denuncias de fraude.

Fujimori dio el 5 de abril de 1992 un golpe de Estado con el apoyo de las Fuerzas Armadas que lo llevó a asumir todos los poderes del Estado, luego de cerrar el Congreso e intervenir el Poder Judicial y el Tribunal de Garantías Constitucionales.

Tras la presión de países y organismos internacionales como la Organización de Estados Americanos (OEA), el gobernante convocó a un Congreso Constituyente que promulgó en 1993 una nueva Constitución Política, que aún está vigente.

En 1994, se divorció de Susana Higuchi tras un conflicto familiar que incluyó la denuncia de su esposa ante el Congreso de que había sido torturada por los servicios de seguridad, y llevó a su hija mayor, Keiko, a convertirse en primera dama del país, cuando solo tenía 19 años.

Higuchi falleció en diciembre de 2021 a los 71 años, de un cáncer de pulmón que padeció durante los últimos años.

Los simpatizantes de Fujimori lo admiran por haber derrotado durante su gestión a los grupos terroristas Sendero Luminoso y MRTA, y por haber detenido la “hiperinflación” que heredó del primer gobierno de Alán García (1985-1990).

Sin embargo, durante su mandato también se cometieron graves violaciones a los derechos humanos y se gestó la mayor red de corrupción de la historia peruana, liderada por su asesor “en la sombra” Vladimiro Montesinos, quien también está preso.

Con la difusión, en septiembre de 2000, de un video en el que se veía a Montesinos entregando dinero a un congresista opositor, se vio obligado a anunciar que iba a convocar a nuevas elecciones, a las que aseguró que no se presentaría.

Dos meses después, escapó del país y renunció a la Presidencia mediante un fax enviado desde Japón, donde permaneció hasta 2005, cuando viajó a Chile, que lo extraditó a Perú en 2007.

El exgobernante cumplió su condena desde 2009 en una prisión policial de Lima adaptada exclusivamente para él y que, según sus opositores, era una “cárcel dorada” que no se comparaba a las condiciones del resto de la población penitenciaria del país y donde recibió continuamente a sus familiares y partidarios.

En esa prisión fue ganando de manera progresiva compañeros de reclusión. Durante meses la compartió con Alejandro Toledo, su principal opositor al final de su mandato, y Pedro Castillo, cuyo mensaje golpista recordó a muchos el pronunciado por Fujimori en 1992.

Durante los últimos años, “el Chino” fue operado en seis ocasiones de una dolencia precancerígena en la lengua, conocida como leucoplasia, y también afrontó problemas estomacales, vasculares, de presión arterial y pulmonares.

En 2017, el entonces presidente Pedro Pablo Kuczynski lo indultó con el argumento de que una junta médica había determinado que padecía una “enfermedad progresiva, degenerativa e incurable” y que las condiciones carcelarias implicaban grave riesgo para su vida.

Investigaciones posteriores señalaron que el indulto fue otorgado como consecuencia de un aparente acuerdo político con el hijo menor del exmandatario, el entonces legislador Kenji Fujimori, para evitar que prospere la destitución por acusaciones de corrupción contra Kuczynski, quien finalmente renunció al cargo en marzo de 2018.

La gracia presidencial fue anulada posteriormente por un juez y Fujimori debió volver a la cárcel, después de que Kuczynski dejará el cargo y Kenji fuera desaforado por el Congreso en medio de un duro enfrentamiento político con su hermana Keiko.

En octubre de 2021, fue sometido a un cateterismo en el corazón en una exclusiva clínica de Lima, para aliviar una obstrucción en una arteria, y en noviembre volvió a ser internado por complicaciones por una fibrosis pulmonar.

A esas enfermedades sumó un nuevo tumor maligno que le fue detectado en mayo pasado.

En el plano legal, la Justicia peruana confirmó en enero de 2020 que Fujimori debía ser juzgado por el “caso Pativilca”, en el que se atribuye al grupo Colina el asesinato de seis dirigentes comunales de esa localidad del norte de la región Lima.

La polémica en torno a su figura llegó a dos de sus cuatro hijos, considerados sus herederos políticos: la tres veces candidata presidencial Keiko, que es juzgada por presunto lavado de activos, y el exlegislador Kenji, condenado a 54 meses de prisión por tráfico de influencias.

En diciembre pasado la polémica rodeó su figura por última vez.

El Tribunal Constitucional ordenó su liberación, en desafío a las órdenes de la Corte Interamericana de Derechos Humanos (CorteIDH), una última muestra de la influencia sobre el poder que tuvo hasta su último minuto y también de la capacidad de dividir a una sociedad.

CRM con información de la agencia EFE

El expresidente peruano Alberto Fujimori (1990-2000) falleció este miércoles en su residencia de Lima a los 86 años, tras “una larga batalla contra el cáncer”, confirmó su hija y heredera política Keiko Fujimori.

“Después de una larga batalla contra el cáncer, nuestro padre, Alberto Fujimori acaba de partir al encuentro del Señor. Pedimos a quienes lo apreciaron nos acompañen con una oración por el eterno descanso de su alma. Gracias por tanto papá”, publicó Keiko Fujimori en la red social X, en un mensaje que firmó junto a sus hermanos Hiro, Sachie y Kenji.

Minutos antes, el abogado de Fujimori, Elio Riera, se adelantó a la familia y escribió su propia despedida al exmandatario en la red social X.

“Señor presidente, gracias por todo. Descanse en paz. Su legado perdurará en la historia”, expresó Riera, que lo representaba en un nuevo juicio oral por la matanza de Pativilca perpetrada en 1992.

“Su amistad para mí será eterna. Recordaré siempre sus palabras: logramos el objetivo. Hasta pronto mi gran amigo”, agregó el letrado.

Fujimori, quien cumplió 86 años el pasado 28 de julio, abandonó en diciembre pasado la cárcel de Lima en la que cumplía una condena de 25 años por delitos de lesa humanidad, luego de que el Tribunal Constitucional (TC) restituyera el indulto humanitario que le otorgó en 2017 el entonces gobernante Pedro Pablo Kuczynski (2016-2018).

Esa decisión fue adoptada en desafío a las órdenes de la Corte Interamericana de Derechos Humanos (CorteIDH).

En las últimas horas, sus partidarios y colaboradores más cercanos se acercaron a su domicilio a indagar sobre su estado de salud, e incluso algunas excongresistas, como Luisa Cuculiza, contaron a la prensa que Fujimori les respondió brevemente el saludo.

Asimismo, la primera vicepresidenta del Congreso peruano, la fujimorista Patricia Juárez, pidió a los peruanos: “Oren por él, por la salud del presidente Fujimori”.

En un pronunciamiento hecho a los periodistas, Juárez dijo que sus “oraciones y pensamientos están con el presidente Alberto Fujimori”, acompañada por otros integrantes de la bancada de Fuerza Popular, el partido fundado por Keiko Fujimori, hija del exmandatario.

Otro legislador de Fuerza Popular y médico personal del exgobernante, Alejandro Aguinaga, declaró, horas antes, que Fujimori estaba “luchando” en ese momento por su vida.

“El presidente está luchando (...) Vista la situación actual y como consecuencia de las informaciones (que circulan acerca de su salud) pedimos que se restrinjan las visitas y reiteramos nuestro agradecimiento (por el interés en Fujimori)”, dijo a los periodistas apostados en la puerta de la casa.

Poco después, la Presidencia de Perú expresó en un mensaje en la red social X su preocupación por la salud del exgobernante.

“Desde la Presidencia de la República expresamos nuestra preocupación por la salud del expresidente Alberto Fujimori y hacemos votos por su pronta recuperación. Extendemos a su familia, nuestra solidaridad y fuerza”, señaló. 

CRM con información de la agencia EFE

De 85 años de edad, Alberto Fujimori salió en libertad del penal de Barbadillo gracias al restablecimiento del indulto que el Tribunal Constitucional (TC) reconoció como válido. Otorgado en 2017, había sido promulgado seis años bajo el gobierno de Pedro Pablo Kuczynski. A pesar de que la Corte Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) estableció la ilegalidad de este indulto. Su hija Keiko fue derrotada tres veces como candidata presidencial y ahora se ve haciendo campaña triunfante de la mano de su padre libre y octogenario. En el último balotaje presidencial, Keiko fue vencida por su rival de Izquierda Pedro Castillo. El vencedor fue destituido por el Congreso peruano y la liberación coincide con el primer aniversario de la destitución.

Alberto Fujimori fue condenado por violaciones a los DDHH durante su gobierno que se extendió entre 1990 y 2000. Armó “escuadrones de la muerte” con bandas parapoliciales, secuestró, asesinó y desapareció a trabajadores, referentes campesinos, periodistas y opositores políticos. Además de su condena, tiene todavía abierta otras causas de lesa humanidad por las que todavía no fue condenado.

Entusiasmada por el desenlace del largo proceso que liberó a su padre de sufrir penas por su condena como genocida, Keiko ya se ve en campaña asegurando que sólo un y una Fujimori darán estabilidad al Perú, país de 6 presidentes en 6 años.

En 2017 , Fujimori estuvo cuatro meses en libertad, hasta que la CIDH declaró el indulto ilegal, instrucción que fue acatada por el entonces presidente izquierdista opositor al fujimorismo  Pedro Castillo, quien se encuentra en prisión preventiva desde hace un año también en Barbadillo.  En el momento de su salida del centro penitenciario, el expresidente llevaba puesta una mascarilla que provee oxígeno y, justo después de atravesar la puerta, abrazó a su hija Keiko, líder del partido fujimorista Fuerza Popular (FP), y a su hijo Kenji.

Desafío a la Corte Interamericana de DDHH

El mismo día 7 de diciembre, la CIDH publicó una resolución en la que requiere al Estado peruano que se abstenga de liberar al político derechista y empresario multimillonario dilecto de la constructora brasileña Odebrecht, con el fin de garantizar la justicia para las víctimas de violaciones a los DDHH. Con antelación,  la institución había instado en 2018 al país andino a garantizar la administración de justicia para las víctimas de las matanzas de Barrios Altos y La Cantuta, cometidas en 1991 y 1992, respectivamente,  por las que Fujimori fue condenado por 25 años de cárcel  como autor mediato ( con dominio de hecho), así como por los secuestros de un empresario y un periodista tras el auto golpe de Estado que dio en 1992.

El estado de derecho en crisis

Toda argumentación que busque validar el indulto aduciendo razones humanitarias por  la avanzada edad de Fujimori y su estado de salud quedan inválidas debido a la profunda crisis institucional que ensombrece desde hace tiempo el horizonte político del país. “La liberación de Alberto Fujimori forma parte de un proceso de descomposición, de debilitamiento de múltiples instituciones en el país, que tienen que ver con Estado de derecho, con administración de justicia”,  sostiene Elizabeth Salmón, profesora principal de Derecho Internacional en la Pontificia Universidad Católica del Perú.  Sus afirmaciones remiten a la reciente suspensión de la fiscal general  Patricia Benavidez debido a una investigación de tráfico de influencias.

El diagnóstico de Alfredo Serrano Mansilla,  director ejecutivo del Centro Estratégico Latinoamericano de Geopolítica (CELAG), no deja lugar a dudas ni engaño. “Es un momento de gran dificultad para la democracia, dado que hay una suerte de estafa electoral”, dice, y explica: “Estamos en una especie de dilema democrático electoral, donde se puede gobernar sin ganar las elecciones, y el fujimorismo hoy en día está gobernando en el país, con alianzas en el Poder Legislativo, un Legislativo altamente fragmentado e inestable, con una suerte de coacción permanente a la actual presidenta, Dina Boluarte, y con una cooptación del Poder Judicial”. En directa consecuencia,  el indulto que se ha llevado a cabo, incumpliendo incluso el marco de la legalidad internacional, resalta Serrano Mancilla “es el resultado de un acuerdo político que en gran en gran medida viola la esencia de las reglas electorales y democráticas”

Perú se encuentra comprometido al sistema interamericano de DDHH desde 1978, cuando aceptó la convención americana, y desde el momento en que es miembro de la OEA. El otorgamiento del indulto a Fujimori  significa que el TC, o varios de sus  miembros han desconocido  el valor jurídico de los compromisos internacionales. Al respecto, Salmón subraya  que “la Corte Interamericana ya ha establecido claramente que, para ser válido este indulto, tenía que cumplirse con algunos estándares”. Enumera, por ejemplo, el arrepentimiento del perpetrador, o consideraciones como la de si se pagó o no indemnización a las víctimas. Muy por el contrario, Fujimori no se ha arrepentido por los asesinatos por los que fue condenado. En octubre, le dijo a un juez: “yo me considero totalmente inocente”. Y añadió que su gobierno practicó una “estrategia de total respeto a los derechos humanos” .

La posición del Perú respecto al incumplimiento de lo dispuesto por la CIDH no es nueva. “Hay ciclos que se van repitiendo cada cierto tiempo, en que se pide que Perú se retire de la jurisdicción contenciosa de la Corte Interamericana” estima Salmón. Lo ocurrido funciona como un pretexto más para tratar de renunciar a la Corte interamericana y crear un espacio de impunidad.

El contexto latinoamericano

A nivel regional también se observan corrientes de este tipo, que anteponen, por ejemplo, el tema de la seguridad al de los DDHH. “Hay varios países que no ven con buenos ojos el sistema interamericano, porque indica los límites que tienen que respetar en la implementación de políticas jurídicas, de políticas públicas”, opina Salmón. “Yo creo que la Corte va a tener que saber estar a la altura de las circunstancias, y también dar una visibilidad muy importante al discurso de los derechos humanos, de la democracia”, afirma la académica.

El impacto político de hechos como la liberación de Fujimori es bien perceptible.  Otra vez en la televisión peruana se les otorga espacio a políticos de la época de Fujimori que  bien ufanos  vuelven a proclamar  que el ex dictador y autogolpista  fue quien salvó al Perú del terrorismo, el que arregló la situación económica.  Narrativas que suponen el fortalecimiento de movimientos como el fujimorista, que en su afán de regresar al poder plantean  posiciones muy alejadas de los DDHH y, además, practican el negacionismo con relación a los crímenes de lesa humanidad cuyo responsable ha quedado en libertad. .

Respecto a  las repercusiones de la decisión del TC peruano, Serrano Mansilla llama también la atención sobre el rol determinante que tienen los poderes judiciales a nivel regional. En este sentido, sentencia: “Hoy en día, deberíamos conocer los nombres y apellidos de los fiscales, porque, aunque no se presentaran a elecciones, tienen a veces mayor poder de decisión que un presidente electo democráticamente. Y esto es para repensar las democracias en la región latinoamericana”, con un claro llamado de atención sobre el rol determinante que tienen los poderes judiciales a nivel regional.

AGB

La Secesión del Sur peruano no es una idea nueva. Es antigua, pero no vieja: nunca envejeció. En los inicios de la República peruana ya independiente del dominio colonial de la Corona española en Indias, existió la Confederación Perú Boliviana (1836-1839), un esquema que unió las nacientes repúblicas de Perú y Bolivia, por un breve tiempo. Las razones que la justificaron fueron geográficas, históricas, económicas y antropológicas que se remontaban cientos de años en el tiempo, sostiene el eminente historiador peruano Jorge Basadre, en su Historia de la República del Perú, 1822-1933.  De los tres estados confederados: el Perú dividido en dos países (norperuano y surperuano) y Bolivia, “Era una confederación muy fuerte, los chilenos reconocen que mucho más importante que ganar la guerra del Pacífico fue haber derrotado en la década del 30 del siglo XIX a la confederación, porque geopolíticamente era más preocupante para ellos”, detalla el sociólogo puneño Eland Vera.

Gran levantamiento de los Andes

A principios del siglo XX, la rebelión del militar y metodista Teodomiro Gutiérrez Cuevas, conocido como Rumi Maqui, en quechua “Mano de Piedra”, nacido en Junín, cuya condición de serrano, mestizo y casi indígena destacó su coetáneo, el conocido intelectual peruano, el primero en introducir el marxismo en Perú y América Latina, José Carlos Mariátegui interesado grandemente por la rebelión bajo la lógica de la rebelión de clases y castas, entre el gamonal y el campesino, entre el descendiente del español y el serrano.

Rumi Maqui a partir de diciembre de 1915 organizó a más de diez mil campesinos en las provincias de Azángaro y Huancané, en Puno bajo la consigna de “Restaurar el Tahuantisuyo” (las cuatro regiones en que se dividía en Imperio Incaico antes de ser subyugado por los conquistadores españoles) exigiendo la devolución de las tierras a los indios de los Andes. Se llevaría a cabo el domingo de carnavales de 1916. Debido a la delación de  campesinos fieles al gamonalismo, Rumi Maqui adelantó fechas con un saldo trágico: 300 campesinos muertos y muchos detenidos los cuales fueron salvajemente torturados. Los que lograron huir fueron alcanzados y víctimas de una matanza cruenta y salvaje..

Perú, modelo para armar

En 2005, el referéndum propuesto por el gobierno de Alejandro Toledo para integrar 16 departamentos en 5 regiones, una macro región sur, obtuvo una abrumadora respuesta negativa de la ciudadanía, tan solo Arequipa votó a favor. Este proceso de descentralización preveía que la creación de macrorregiones potentes equilibraría el centralismo limeño.

El fracaso de la consulta popular es muy probable que se haya debido a la premura y menguada planificación de la propuesta. Sin embargo, no invalidó la necesidad de la descentralización y rediseño de la organización política territorial peruana asentada sobre bases asimétricas que fortalecen la desigualdad.

Un mapa abigarrado y complejo

La idea de la República Peruana del Sur no se asienta en un “pueblo” sino en “pueblos” con grupos de poder local y clases sociales enfrentadas. Elites andinas y de la selva amazónica, empresarios y jornaleros, pueblos quechuas, matchiguengas, shipibos y tantos otros.

 Las proclamas de estos días, que tienen raíces identitarias quechuas y aymaras y también regionalistas, se alimentan de la justa indignación por el ninguneo del sur desde las tesis “fraudistas”. Se han acrecentado con la destitución del ex presidente izquierdista maestro rural y campesino Pedro Castillo, el 7 de diciembre 2022  y la represión que siguió a las protestas con el saldo letal de al menos 28 vidas. El trasfondo del sentimiento de agravio es la experiencia cotidiana de exclusión social y de discriminación dentro de un orden político capturado por élites limeñas y regionales y un Estado muy desprestigiados.

El factor que motoriza la secesión no es compartido por todos. Los pueblos amazónicos en Madre de Dios, Cusco y  Junín sostienen conflictos permanentes con colonos andinos. Resienten de una apropiación étnica del poder de los centros de poder andino; entre ellos Cusco vs. Camisea, Huancayo vs. Satipo. Sin embargo, la Asociación de los Pueblos Originarios de la Selva ( AIDESEP) también  ha reclamado  el retorno del ex presidente Castillo.

Los conflictos por el control de los recursos, entre ellos de manera destacada los de las cuencas de agua, todavía dividen a pobladores de regiones vecinas. Pero también irrumpen poderes que operan de facto.

Una de las figuras que promueve en Arequipa la idea de secesión es Felipe Domínguez de antigua filiación fujimorista después partidario de Castillo, presidente del Frente de Defensa del Cono Norte de Arequipa, ex candidato sin éxito al Congreso y a la alcaldía del distrito de Cerro Colorado.  “Los limeños nos quitan el derecho a consulta popular, a nuestro presidente que hemos elegido mayoritariamente (Pedro Castillo) lo tienen secuestrado; están asesinando y los muertos son del sur, no del centro ni del norte”, afirmó en televisión el pasado 23 de diciembre. “¿Para qué pertenecemos al Perú entonces si tenemos todo, Machupicchu, gas, mineras, mar hermoso, agricultura? ¿Para qué estaríamos dando a zánganos de la ciudad de Lima?”, cuestionó Domínguez, a quien la Segunda Fiscalía Supranacional Corporativa Especializada contra la Criminalidad Organizada abrió diligencias preliminares en su contra por promover la creación de una ‘República del Sur’. Se lo acusa del delito de atentado contra la soberanía.

Una nueva nación

El proyecto secesionista, que tiene en marcha la formación de un “comité independentista”, sostiene una “nueva república” integrada por los departamentos andinos y/o amazónicos de Arequipa, Ayacucho, Apurímac, Cusco, Madre de Dios, Moquegua, Puno y Tacna. Estos nueve departamentos del Sur Grande del  Perú (de los 24 que junto a la provincia constitucional Amazonas conforman el espacio geográfico del Perú), cuentan con puertos sobre el Pacífico, recursos importantes derivados de la minería y del turismo, con fuerte presencia quechua y aymara. En el territorio del Sur Grande, zona de gran importancia geopolítica por su vecindad con Brasil, Bolivia y Chile, históricamente ha determinado la identidad del país, tanto su matriz minera como también intelectual, viven entre seis y siete de los 33 millones de habitantes del Perú.

La propuesta de esta “nueva nación” -que alcanzaría parte de Bolivia y norte de Chile- surgida en Puno, se expuso en el Primer Encuentro Macroregional del Sur  del 28 de diciembre de 2022, en Arequipa. La idea es socializarla y propiciar una suerte de referéndum donde la ciudadanía decida.

Félix Suasaca Suasaca, un líder que defiende la cuenca del río Coata, afluente del lago Titicaca,  declaró que hace tres meses se llevó a cabo una reunión donde se expuso cuántas mineras operaban en el sur del Perú y el monto que generaban de renta al Estado. Un aporte que es mayor del que se recibe. “Se entregan muchos recursos a Lima y no se ve el progreso. Planteamos que mejor nos separamos y este recurso se quede en la macrosur”, manifestó Suasaca.

Una nación en construcción, decía Martiátegui

La contradicción entre Lima “la horrible”, inventada por el poeta César Moro y revisitada en el afamado ensayo de Sebastián Salazar Bondy, versus  las provincias, especialmente las del Sur Grande queda a prueba si se tiene en cuenta que 80 % de habitantes de Lima son migrantes provincianos, habitantes de las barriadas en condiciones de pobreza.

Por el contrario, la contradicción principal es entre el modelo capitalista neoliberal, centralista, discriminador y corrupto del statu quo y las fuerzas democráticas que aún con sus contradicciones apelan al cambio. Las tendencias centrífugas y secesionistas atentan contra la integración del país tanto como las políticas de gobierno que hasta el momento rigen en Perú.

El momento de una constituyente

 La derecha rechaza cualquier cambio como si la Constitución de 1993 promulgada por el régimen pinochetista fuera la Santa Biblia. El discurso de una nueva Constitución hace ya algunos años que no es marginal, y como todo discurso tiene su momento. Formó parte de las promesas de campaña del ex presidente Castillo, quien había anunciado su propósito de convocarla en el justo momento de su caída política. Si el Sur entiende que Lima no tiene o al menos no muestra intención de desarrollar un marco de entendimiento con nuevas reglas de juego más justas para las necesidades más urgentes; si no se ofrece esa solución política, el otro camino es el de una Secesión: salirse del Perú. Desde  una perspectiva dialéctica, pasarían de unos dominantes a otros dominantes sin una real emancipación. A esta situación se inclina el Sur Grande.

Una Constituyente es la única salida antes de que sea demasiado tarde; y el gobierno podría impulsar un referéndum de entrada para que los peruanos decidan si quieren o no una nueva Constitución para el Perú presidencialista cuyo Ejecutivo y el Congreso han perdido el respeto de la gente del común, del pueblo. 

AGB

Perú estrena una nueva primera ministra, Betssy Chávez. Es el quinto gobierno de la presidencia de Pedro Castillo, tras la renuncia el jueves por la noche de Aníbal Torres, el cuarto primer ministro de su mandato. Castillo ha logrado superar un año en el poder: este político provinciano y serrano, ex docente y gremialista del magisterio, lleva 16 meses en el cargo en Lima. La comparación es importante y la duración tanto más considerable en un país que antes de la llegada del primer presidente izquierdista al poder, había visto sucederse desde 2018, y antes de la asunción de Castillo el 28 de julio de 2021, cuatro Ejecutivos caídos o colocados por el Congreso unicameral.

La renuncia del primer ministro, que ha intensificado aún más la crisis política del Perú, se produjo apenas finalizó su visita el Grupo de Alto Nivel de la OEA. Esta misión de la Organización Americana permaneció desde el 20 al 23 de noviembre en el país, a pedido del presidente Castillo quien ha denunciado un golpe de Estado en marcha

El rechazo del Congreso a votar una moción de confianza, propuesta por el presidente Castillo, para modificar una normativa a fin de convocar el referéndum sobre la conveniencia de celebrar una Convención Constituyente originó la renuncia del premier Torres. La negativa a habilitar el tratamiento de la reforma abre al Presidente la vía de disolver el Congreso unicameral de 131 bancas. Otro tanto ocurre si el Congreso desaprueba los nuevos nombramientos en el Gabinete que resulta de la recomposición obligada tras la renuncia del cuarto primer ministro, Torres. La reforma de la Constitución fujimorista de 1993, actualmente vigente, había sido una promesa y prioridad de la campaña presidencial de Castillo.

La puja del Gobierno para reformar la Constitución fujimorista vigente

El ministro renunciado Aníbal Torres había presentado el jueves 17 de noviembre ante el pleno del Congreso una “cuestión de confianza” para que se apruebe un proyecto del Ejecutivo que planteaba derogar la norma que limita los derechos de participación y control de la ciudadanía, mediante referéndum, en las reformas constitucionales. Torres, en esa oportunidad, declaró que el proyecto del Gobierno “restablece la participación política del pueblo” mediante la eliminación de los límites al referéndum que establece la Ley 31399 y, por ese motivo, plantea una “cuestión de confianza en nombre del Consejo de Ministros”. 

Torres quien había advertido que renunciaría si el Congreso no debatía el proyecto de ley sobre el referendo es el cuarto jefe de gabinete en dejar el cargo desde que Castillo asumió el poder hace 16 meses en esa oportunidad señaló que la negativa a un voto de confianza se establece cuando el pedido es “rehusado” y no expresamente “rechazado”.

El ex primer ministro, un abogado de 79 años, acompañó a Castillo desde su época de candidato a la presidencia y fue designado ministro de Justicia en el primer gabinete del Gobierno, cargo que desempeñó hasta febrero debido al nombramiento en que ha dimitido

Horas antes de que se anunciara la renuncia, el jefe del Congreso, José Williams, había anunciado que “la Mesa Directiva rechaza de plano la cuestión (del voto) de confianza” planteada por el renunciante primer ministro hace una semana. Willims alegó que esa decisión fue adoptada “por tratarse de materias prohibidas para el planteamiento de dicho tema”. Por lo tanto, sin necesidad de que se haya debatido la propuesta del gobierno en el plenario arguyendo según la ley.

La cuestión de confianza: si el Congreso dice No dos veces, el Presidente lo puede disolver

La Constitución peruana establece que, si el Congreso rechaza una “cuestión de confianza”- instrumento político que dispone el presidente o el primer ministro frente el Parlamento para pedir expreso respaldo a una medida política-, el presidente debe recomponer su gabinete de ministros. Si esto se repite en una segunda ocasión, el Ejecutivo queda habilitado para disolver el Parlamento y convocar de inmediato a nuevas elecciones legislativas.

No obstante, el asesor jurídico de mandatario, Ronald Atencio, y el ministro de Trabajo, Alejandro Salas, aseguraron que Castillo no contempla esa alternativa. “No existe la intención del presidente Castillo de disolver el Congreso, lo que se está buscando son los entendimientos políticos y la restitución del derecho de los ciudadanos”, afirmó Atencio.

La Constituyente: promesa de campaña del presidente Castillo

El presidente Castillo quiere promover una consulta sobre la Asamblea Constituyente para cambiar la Carta Magn. Una promesa de campaña cuyo cumplimiento reclama Vladimir Cedrón, el fundador del partido de izquierda  Perú Libre que promovió a Castillo a la presidencia. 

La Constitución vigente fue promulgada en 1993, bajo el gobierno de Alberto Fujimori (1990-2000), basada en  modelo neoliberal que promueve una economía de libre mercado. Convirtió a Perú en una de las economías más abiertas de la región, pero también con mayor desigualdad.

Betssy Chávez, nueva primera ministra y el próximo gabinete

Después de la aceptación de la dimisión de Torres, juramentó por el cargo vacante en la jefatura del gabinete Betssy Chávez. Del grupo parlamentario de izquierda Perú Democrático, esta abogada de 33 años tampoco es limeña: es oriunda de Tacna. Antes de ocupar el mayor cargo en el Ministerio de Cultura, fue censurada por el Congreso mientras cumplía el cargo de ministra de Trabajo y Promoción del Empleo. Chávez es la segunda mujer que ocupa el cargo en el gobierno de Castillo luego de que la docente y abogada ambientalista Mirtha Vásquez, del Frente Amplio ciudadano, estuviera al frente del Gabinete entre el 6 de octubre y el 31 enero de 2021.

“Por el respeto al estado de derecho y la restitución del equilibrio y la separación de poderes, sí juro”, declaró Chávez en una ceremonia fugaz en la que estuvo presente su predecesor Torres, a quien la flamante primera ministra nombró asesor de su despacho.  

El domingo 27 de noviembre, la primera ministra Chávez, en una entrevista en canal estatal TV Perú,  sostuvo que existe un acta del Consejo de Ministros en la que se señala que el rechazo de plano de la mesa directiva del Congreso “constituye una negación de confianza”, lo que provocó la renuncia de Torres y del gabinete. A la vez, Chávez  aclaró que no existe intención del Ejecutivo de cerrar el Legislativo: “No tenemos la intención de una segunda cuestión de confianza para cerrar el Parlamento. Estamos yendo para tender puentes de diálogo”. También manifestó que asumió en el nuevo cargo en “un momento al rojo vivo”,  un gran desafío para la premier más joven que ha tenido Perú.

AGB con información de diarios y medios

El lunes 28 de marzo, mientras en el Congreso se  debatía acerca de la moción de vacancia en contra el presidente Pedro Castillo presentada por la oposición que perdió por un voto, el Tribunal Constitucional (TC) publicó el fallo de restitución del  indulto humanitario que el expresidente Pedro Pablo Kuczynski (2016-2018)  concedió a Fujimori en 2017.

La salida del ex presidente Fujimori del penal del Barbadillo estaba prevista para pocas horas después de que el TC publicara su fallo. Sin embargo, quedó suspendida debido al  comunicado enviado por la Corte Internacional de Derechos Humanos (CIDH) cuyas decisiones son vinculantes para Perú solicitando al gobierno que se “abstenga” de  cumplir  la orden hasta que el Tribunal Supranacional se pronuncie sobre la solicitud de medidas provisionales presentada por los familiares de las víctimas del exmandatario.

“Requerir al Estado del Perú que, para garantizar el derecho de acceso a la justicia de las víctimas de los casos de Barrios Altos y La Cantuta se abstenga de ejecutar la orden del Tribunal Constitucional del Perú de disponer la libertad de Alberto Fujimori, hasta tanto este Tribunal Internacional pueda decidir sobre la solicitud de medidas provisionales”.

La notificación de la CIDH fue comunicada al Estado y a los representantes de las víctimas y posteriormente será notificada al TC y al Poder Judicial.

El viernes 1 de abril más de una veintena de organizaciones defensoras de derechos humanos de América solicitaron a CIDH que anule la sentencia del TC peruano que restituye el indulto al Fujimori

Gloria Cano, representante legal de la Asociación Pro Derechos Humanos (APRODEH), informó que  27 entidades del continente remitieron una carta al Tribunal Internacional para instarlo a invalidar la decisión del TC de disponer la libertad del exmandatario. La misiva está firmada por organizaciones de EEUU, México, Brasil, Colombia, Chile, Venezuela, Ecuador, Panamá, Argentina, Guatemala, Honduras, Nicaragua, El Salvador y República Dominicana.

El documento menciona que la Corte Interamericana, que condenó a Perú en 2001 por el caso Barrios Altos y en 2006 por el de La Cantuta, ya emitió en 2018 una resolución en la que señalaba que la ejecución de la condena forma parte del derecho de las víctimas al acceso a la justicia “ya que los beneficios pueden conllevar impunidad”.  

En aquella ocasión, el Tribunal indicó que si la cárcel agravaba la situación de salud del condenado se tenía que hacer una ponderación de la posibilidad de indulto, pero esto siempre y cuando se siguieran unos estándares, entre ellos el cumplimiento de una parte considerable de la condena y el pago de la reparación civil impuesta. 

“Estos estándares no han sido analizados en la sentencia del TC, irrespetando la resolución de la CIDH y sus interpretaciones de la Convención Americana, así como los propios del derecho” .

El miércoles pasado el presidente Castillo expresó su compromiso al presidente del Tribunal Internacional , Ricardo Pérez Manrique,  “a cumplir cabalmente con las resoluciones que la Corte pueda emitir” y manifestó  su solidaridad “con los familiares de quienes fueron víctimas de graves violaciones contra los derechos humanos en ambos luctuosos acontecimientos”. 

Prontuario de Alberto Fujimori, de presidente a presidiario

Fujimori presidió el Perú desde el 28 de julio de 1990 hasta el 21 de noviembre de 2000. El 5 de abril de 1992, exactamente treinta años atrás, dirigió  un inesperado mensaje a la nación: “... He decidido tomar las siguientes trascendentales medidas. Primero, disolver temporalmente el Congreso de la República”. Aquella noche, todo el país se paralizó por el golpe perpetrado  al orden democrático del Perú. Que fue posible gracias al apoyo de las FFAA,  la deslegitimación de la clase política tradicional, la desastrosa situación económica, el avance de la corrupción y “una sensación de indolencia y de distancia” con la ciudadanía, como consideró  el analista Eduardo Dargent.

A pesar de las tres décadas transcurridas, los peruanos “aún arrastran las consecuencias que ese autogolpe dejó” en términos económicos, políticos y derechos humanos, agregó la socióloga y analista Gelin Espinoza.

Sin embargo, el legado del golpe de Estado de 1992 es reivindicado por los seguidores de Fujimori, incluida su hija y heredera política Keiko,  para quien fue un episodio “único e irrepetible” en un momento crítico de la historia peruana.

Así como el 18 de marzo cuando se conoció la restitución del indulto a Fujimori, cientos de ciudadanos en todo el país protestaron en las calles, el aniversario del autogolpe encuentra a Lima con militares en las calles, por un toque de queda diurno decretado sorpresivamente por el presidente Castillo para contener protestas por las alzas de los precios de combustibles y alimentos.

Este martes 5 de abril, trigésimo aniversario del autogolpe fujimorista, centenares de personas se manifestaron en las calles patrulladas por el Ejército: desafiaban un toque de queda diurno decretado sorpresivamente por el presidente Pedro Castillo.

El preso más caro del país que permanece en la cárcel del Barbadillo cuenta en su haber cinco sentencias condenatorias por parte de la Justicia del Perú  posterior a  su extradición de Chile en 2007 donde residía después de haber huido a Japón cuando se destaparon los escándalos de corrupción en su contra.

Entre las condenas de Fujimori figura la usurpación de funciones. En diciembre de 2007, el Tribunal determinó que el exmandatario ordenó a un soldado suplantar la identidad de un fiscal para allanar ilegalmente la vivienda de la esposa de su entonces asesor presidencial, Vladimiro Montesinos.

En abril de 2009, fue condenado a 25 años de prisión por secuestro y homicidio con alevosía por las matanzas de Barrios Altos y La Cantuta y el secuestro del empresario Samuel Dyer y el periodista Gustavo Gorriti. Esas  matanzas son emblemáticas de las violaciones a los derechos humanos perpetradas durante su gobierno por el secuestro y asesinato de civiles por parte de Colina, un destacamento paramilitar perteneciente a las FFAA peruanas.

En 2009, Fujimori fue condenado a 7 años y medio de prisión por malversación de fondos públicos y falsedad documental en  la entrega de 15 millones de dólares de las arcas públicas a su exasesor Montesinos y a 6 años más por delitos contra la Administración pública, espionaje y cohecho.

El exmandatario también recibió una sentencia condenatoria de 6 años de cárcel por violar el Secreto de Comunicaciones y, en 2015, la Justicia lo castigó con 8 años de prisión por el desvío de fondos de las FFAA y los servicios de Inteligencia para financiar un grupo de diarios y garantizar su reelección en el año 1995.

Además, Fujimori se encuentra imputado en el juicio demanda por esterilizaciones forzadas como un método sistemático de reducción de la pobreza mediante la disminución de la tasa de natalidad que marcó la historia del Perú.

Después de decisión del TC, la Justicia ordenó que Fujimori no podrá salir del país durante 18 meses y que deberá acudir a las citaciones del juzgado periódicamente por el caso Pativilca, una matanza de seis personas que tuvo lugar en 1992 y por el que todavía se le sigue demandando.

Pese a todas las sentencias en su contra, el estado de salud de Fujimori, de 83 años, lo preservó de cumplir  con las múltiples condenas impuestas por los tribunales.  Cuando Kuczynski tramitó el indulto contra el expresidente, lo hizo esgrimiendo razones humanitarias. El TC rescató esta tesis para recuperar la medida de gracia, que se ejecutó inicialmente en 2017 pero se revocó ocho meses después. Sin embargo, la IDH considera que es necesario garantizar los derechos de las víctimas del ex presidente antes de ponerlo en libertad.

Indultos e insultos

Según una encuesta publicada por el diario La República  en estos momentos el 52% de los peruanos está en contra del indulto de Fujimori mientras que el 43% está a favor de otorgarle esta medida de gracia por razones humanitarias a la vez que acusan al tribunal internacional de tener un sesgo ideológico contra el líder histórico del fujimorismo, a quien ensalzan por considerar que salvó al país del terrorismo y el colapso económico. 

El polémico indulto se deslinda del perdón de delitos políticos que lo incluiría en las ‘amnistías’ anteriores del Perú , como la otorgada por el ex presidente  José Luis Bustamante (1945-1948) a los presos apristas   o la del expresidente  Juan Velasco Alvarado (1968-1975)  a los guerrilleros   Héctor Béjar, Hugo Blanco Galdós, Elio Portocarrero, entre otros. En este mismo sentido, en otros países de la región se buscó utilizar  acuerdos de paz  para integrar a grupos subversivos y paramilitares al sistema democrático, como en 2016 el celebrado  entre las Fuerzas Armas Revolucionarias de Colombia (FARC) y el Gobierno del presidente Juan Manuel Santos.

Por el contrario, el caso de Fujimori  se vincula con el carácter de las condenas por crímenes de lesa humanidad que se homologa con los de otros expresidentes de la región.

Golpes y autogolpes, autoamnistías y otros perdones regionales

En Argentina, el entonces presidente Carlos Menen (1989-1999) firmó en 1990 el indulto  a Rafael Videla presidente de facto y a los otros ex miembros de la  Junta Militar (1976-1981)  que habían sido  condenados en 1985 a cadena perpetua por delitos de lesa humanidad.

El indulto favoreció a cerca de 220 militares exmilitares y 70 civiles . En 2007, una resolución de la Corte Suprema de Justicia  reactivó las penas impuestas a los exmilitares por su participación el llamado Proceso de Reorganización Nacional.

Videla quien estaba bajo arresto domiciliario por otras causas, como el robo de bebés nacidos de padres detenidos y el Plan Cóndor, la operación coordinada de los gobiernos militares sudamericanos para perseguir a sus opositores. En 2010, Videla fue juzgado nuevamente y condenado a cadena perpetua por el asesinato de 31 disidentes detenidos en Córdoba.

En 2012, fue condenado a otros 50 años por el robo de niños nacidos de prisioneras en centros de detención clandestinos. Videla murió en el Penal de Marcos Paz, en 2013.

El dictador chileno Augusto Pinochet (1973-1990) en octubre de 1998 fue arrestado en Londres por orden del juez español Baltasar Garzón, que buscaba juzgarlo por crímenes de lesa humanidad apoyado en “jurisdicción universal” .Senador vitalicio en su país, estaba autoamnistiado de antemano en su patria por la Constitución de 1980 todavía vigente hasta que la Convención Constitucional en funciones redacte una nueva Ley fundamental para Chile.

El Capitán General -este título militar fantasioso o arcaizante resucitó Pinochet para sí- había viajado a Inglaterra para recibir tratamiento médico y hacer compras en librerías militares anticuarias. El Parlamento  británico resolvió que Pinochet no gozaba de inmunidad y podía ser juzgado y los tribunales de Justicia británicos aprobaron en primera instancia que fuera extraditado a España

Los temores por el estado de salud del exgeneral llevaron al gobierno laborista de Tony Blair a liberar a Pinochet por razones humanitarias. El senador vitalicio regresó a Chile en marzo de 2000, después de recibir en prisión domiciliaria inglesa la visita de la ex premier conservadora Margaret Thatcher (agradecida por el apoyo de Santiago en la guerra de Malvinas), y murió en 2006.

La restitución del indulto a Fujimori sería, como dijo en su oportunidad  Kuczynski, “voltear la página”. Una suerte de olvido selectivo. Recordar lo bueno  y negar los crímenes de lesa humanidad. No lo permitió la sociedad argentina en el polémico fallo de la Corte Suprema de Justicia que acortó la pena de un ex represor de la última dictadura argentina aplicando la ley 24.390 llamada  2 x 1  - pasados los primeros dos años de prisión preventiva sin condena, se debían computar dobles los días de detención- durante  gobierno de Mauricio Macri (2015-2019) que también rechazó el dictamen.

AGB

El pasado 17 de marzo, el Tribunal Constitucional ( TC) restituyó el indulto humanitario concedido en 2017 por el entonces presidente Pedro Pablo Kuczynski a Alberto Fujimori, su antecesor entre 1990 y 2000, debido a su avanzada edad (83 años en la actualidad). Los ecos y resonancia de esta decisión se oyeron en los gobiernos y fuerzas políticas del país y de la región como también en organismos internacionales. Serán escuchados muy especialmente, y con consecuencias muy determinantes, en el Congreso peruano, que en la tarde del lunes inició una sesión que discute una moción sobre la vacancia presidencial. El voto mayoritario de las 130 bancas del Legislativo unicameral peruano decidirá a su vez si el actual presidente Pedro Castillo continúa o no en el cargo.

El hábeas corpus fue interpuesto en 2020 por el abogado militante de Fuerza Popular  (FP) Gregorio Parco Alarcón contra la resolución de la Corte Suprema de dejar sin efecto el beneficio de la Navidad de 2017, producto de un acuerdo entre Kuczynski y Kenji Fujimori, uno de los hijos del encarcelado exmandatario y entonces miembro del Congreso unicameral. Para lograr la restitución del indulto, Alarcón  sostuvo – entre otros argumentos- que Fujimori “de 82 años, mal de salud, ya no es peligro para la sociedad” y que es como tener preso en espíritu a los héroes muertos “Túpac Amaru ll, enemigo de España” o “Francisco Bolognesi, enemigo de Chile”. 

La restitución del indulto a Fujimori, que habilita su liberación, "representa un retroceso inaceptable en la lucha del país contra la impunidad por las graves violaciones de DDHH cometidas durante su gobierno", se pronunció un grupo de expertos de la ONU.

Fujimori fue condenado en 2009 como autor mediato (con dominio del hecho) por la muerte de 25 personas en la masacre de Barrios Altos y el secuestro y asesinato de nueve estudiantes y un profesor en La Cantuta, además  por dos secuestros tras el golpe de Estado que dio en 1992. Se encuentra imputado en el juicio demanda por esterilizaciones forzadas como un método sistemático de reducción de la pobreza mediante la disminución de la tasa de natalidad que marcó la historia del Perú.  

La restitución del indulto presidencial a Fujimori que habilita su liberación , “representa un retroceso inaceptable en la lucha del país contra la impunidad por las graves violaciones de derechos humanos cometidas durante su Gobierno”, advirtió el martes un grupo de expertos de la Organización de las Naciones Unidas (ONU). 

Los representantes de la institución experta en la defensa de los derechos humanos emitieron un documento  en el que subrayaron que la decisión será “dolorosa” para las víctimas que “han esperado durante mucho tiempo que se haga justicia”, y recordaron que el indulto concedido en 2017 había sido considerado incompatible con los requerimientos legales.

“A menos que se justifique por razones claramente aceptables según el derecho interno e internacional, la anulación de los efectos de la sentencia de 25 años contra Fujimori representaría un grave golpe a la justicia y al Estado de derecho, y una violación del derecho a la justicia de las víctimas y sus familias”, aseguraron.

Los firmantes -el abogado argentino Fabián Salvioli,  relator de la ONU para la promoción de la verdad, la justicia, la reparación y las garantías de no repetición; Morris Tidball, su homólogo para la investigación de ejecuciones extrajudiciales,  y las cinco personas del Grupo de Trabajo de Naciones Unidas sobre Desapariciones Forzadas -indicaron que sólo enfermedades terminales de resolución inminente pueden dar lugar a la concesión de indultos y que éstos no pueden basarse solo en el paso del tiempo, la avanzada edad de la persona o problemas físicos y mentales derivados. 

El gobierno que preside Pedro Castillo decidió en principio acatar el fallo del TC pero aclaró que acudirá a instancias internacionales con el propósito de revertir la medida. El  primer ministro Aníbal Torres, informó el miércoles pasado en rueda de prensa que  “El Tribunal Constitucional ha dictado esa sentencia, esa sentencia se tiene que acatar y eso no quiere decir que no sea impugnada ante los tribunales internacionales”.

Torres aseguró que la actuación del Ejecutivo se dará “con estricta sujeción al marco legal, al marco constitucional y al marco convencional” y agregó  que el Gobierno buscará proteger los derechos fundamentales de personas afectadas por “gravísimos delitos”, en casos como Barrios Altos y La Cantuta, cometidos en 1991 y 1992, respectivamente, por el grupo militar encubierto Colina.

“Yo pregunto, a cualquiera de nosotros que nos ocurriera esto, ¿nos gustaría que ese hecho quede impune?, creo que no”, declaró sin desdeñar la retórica el primer ministro. 

Ante la promesa presidencial de acudir a los tribunales internacionales, el abogado, César Nakazaki, también defensor de Fujimori, pidió el martes al Gobierno que se inhiba de defender la sentencia del TC ante la Corte Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) y aseguró   que él mismo acudirá ante la corte para solicitar que se escuche  su defensa y reclamar que la justicia peruana no ha cumplido con lo que ordenó cuando en 2017 se concedió el indulto a su patrocinado.  

En medio de la creciente enfrentamiento entre fujimoristas y anti fujimoristas que domina a la sociedad peruana, la jueza Miluska Cano aceptó el pedido de un fiscal luego de la  resolución del TC del 17 de marzo - que ordenó la libertad de Fujimori quien  está a la espera de trámites legales para dejar la prisión de Barbadillo - para que se le impida de salir del país durante 18 meses mientras se lo investiga por el secuestro, tortura y asesinato de seis personas en el municipio de Pativilca, en 1992.  

A su vez, el abogado Carlos Rivera del Instituto de Defensa Legal (IDL), enfatizó que la CIDH aún no se expidió sobre el cumplimiento de la sentencia de Fujimori por los casos La Cantuta y Barrios Altos. Y la Corte – según estimó Rivera- demoraría entre dos a tres meses en pronunciarse en relación a la decisión del TC a partir de que se convoque a una audiencia de supervisión eventualmente en los primeros días de abril .

“Si Fujimori sale libre hoy, porque el TC publica su sentencia, eso nadie lo puede evitar. Pero también tengo la seguridad de que, como consecuencia de este procedimiento de supervisión ante la Corte Interamericana, Fujimori va a volver a prisión”, declaró a Andina Canal Online. 

Para que un indulto humanitario sea aceptado, excepcionalmente, es necesario que el reo haya cumplido buena parte de la condena; que haya solicitado un perdón público y expreso; que haya pagado la reparación civil; y que haya ayudado a identificar los lugares donde los desparecidos están enterrados. “La respuesta a eso es que nada de eso se ha cumplido (en el caso de Fujimori)”, sostuvo Rivera. 

Transcurrida más de una semana de que se conoció la decisión adoptada por el TC de restituir el indulto humanitario de 2017 a Fujimori, la sentencia aún no había sido publicada. A pesar de que algunos medios de comunicación informaran lo contrario. Recién dio a conocer el TC su texto al fin del día lunes, mientras el Congreso debatía la moción de vacancia contra Castillo.

AGB

A las 50 personas que festejaron el fallo frente a las puertas del Tribunal Constitucional de Perú (TC), con banderas, remeras y correspondientes carteles -entre ellos: “Fujimori Libertad” - se opusieron varios miles que expresaron su rechazo en la plaza San Martín, del centro de Lima, convocados por las redes. Manifestaciones similares en Cajamarca, Cusco y Tacna, cuyos letreros llevaban frases como “Tribunal Constitucional corrupto” o “Fujimori asesino y ladrón”.

El fujimorismo

Fujimori, el antipolítico más exitoso del subcontinente,  presidió la nación andina durante la década de los ’90. El 5 de abril de 1993, llevó a cabo el autogolpe  conocido como “Fujimarazo”. El mismo día que  instauró el “Gobierno de Emergencia y Reconstrucción Nacional” , sacó  los tanques a la calle, arrestó a los presidentes del Senado y la Cámara de Diputados, cerró el Congreso de la República y secuestró a varios ciudadanos.

La duración de su mandato, que se extendió desde el 28 de julio de 1990 hasta el 19 de noviembre del 2000, se explica en parte tanto por los éxitos relativos alcanzados en la economía, la lucha contra el terrorismo de Sendero Luminoso y el Movimiento Revolucionario Tupac Amaru (MRTA) -que protagonizó un espectacular secuestro en la residencia del embajador japonés en Lima en diciembre de 1996, y que terminó con un rescate de película más de cuatro meses después- y  la reinserción en el plano internacional;   como por la manipulación de los medios, el ataque frontal a los debilitados partidos políticos y el férreo control -con la cooperación de las  FFAA- de las instituciones democráticas del Perú.  

La difusión pública de casos de corrupción a partir de la difusión  del “vladivideo” en el que Vladimiro Montesinos– el influyente asesor presidencial conocido como “el monje negro”– aparece sobornando a un congresista para que forme parte de las filas del oficialismo,  el deterioro de la economía y la denuncia de fraude electoral favorecieron el fin del régimen.

Fujimori aprovechando un viaje oficial huyó a  Japón y envió su renuncia por fax. El gobierno peruano intentó su extradición sin éxito debido a la nacionalidad japonesa del prófugo. 

Cuando en noviembre de 2005, Fujimori viajó a Chile con el anunciado propósito de trasladarse a Perú y presentarse a las elecciones presidenciales, apenas llegó a Santiago fue detenido a petición de las autoridades peruanas, que inmediatamente presentaron la solicitud de extradición del ex gobernante, acusado de corrupción, hurto al Estado, pero también de varios delitos de lesa humanidad por la desaparición y muerte de un número no escaso de personas.

En abril del 2009, después de 15 meses de procesamiento, el juez César San Martín condenó a Fujimori -en ese momento  de 70 años- a 25 años de cárcel inculpado de delitos de lesa humanidad como autor mediato del asesinato de 25 personas, entre ellas un niño de 8 años, en la masacre de Barrios Altos -una zona popular de Lima- cuando el grupo para militar encubierto Colina irrumpió en el 840 del Jirón Huanta y disparó indiscriminadamente contra los vecinos reunidos compartiendo una pollada con el propósito de recaudar fondos para reparar el edificio donde vivían, la noche del 3 de noviembre de 1991 con el saldo de 15 muertos y varios heridos. El 18 de julio de 1992, Colina secuestró y asesinó a nueve estudiantes y un profesor de la Universidad Nacional de Educación Enrique Guzmán y Valle, conocida como La Cantuta.

El primer indulto

En la Nochebuena de 2017, Fujimori fue indultado  por el entonces presidente Pedro Pablo Kuczynski (2016-2018) quien días antes había sobrevivido a una moción de vacancia en el Congreso -por incapacidad moral debido a sus presuntos vínculos con la constructora brasileña Odebrecht- gracias a la abstención de Fuerza Popular (FP) liderado por Keiko Fujimori, hija del ex presidente y candidata tres veces a la presidencia que desde el inicio apoyó la moción porque quería una ley y no un favor presidencial, pero no así su hermano Kenji quien operó a favor de la ‘gracia’.

La protesta masiva contra la gracia presidencial de miles de peruanos que exigieron la renuncia de Kuczynski derivó en choques entre manifestantes y policías.

Los grupos de Derechos Humanos acudieron  a la Corte Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) que  en mayo de 2018 emitió una resolución en la cual asentó la no admisibilidad de un indulto humanitario en casos de delitos considerados de lesa humanidad y determinó que el Estado peruano “no ha dado cumplimiento total a la obligación de investigar, juzgar y, de ser el caso, sancionar las graves violaciones a los derechos humanos determinadas en las sentencias emitidas por la Corte Interamericana de Derechos Humanos  en los casos Barrios Altos y La Cantuta”. De manera consecuente, ordenó su revisión por la justicia  local. Cinco meses más tarde, el Juez de la Corte Suprema de Justicia  de Perú (CSJR) decidió la nulidad del indulto y Fujimori volvió a prisión después de estar en libertad durante nueve meses.

La resolución, además de indicar el carácter de transacción política del indulto, señaló una serie de irregularidades en su concesión. Entre otras, haber incluido al médico personal de Fujimori como parte de la Junta Médica Penitenciaria que debía evaluarlo; que el indulto fue procesado, evaluado y resuelto en 13 días, cuando el promedio para casos similares es superior a los dos meses; y que la Comisión de Gracias Presidenciales no constató el estado de salud de Fujimori. En palabras del juez, la resolución que concedió el indulto “no contiene debida fundamentación ni expresa una suficiente justificación en la decisión adoptada”.

A partir de entonces, el ex presidente del Perú más procesado por la justicia y uno de los ciudadanos que más le debe al estado por concepto de reparación civil- a la fecha, el monto supera los 51 millones de soles, equiparable a 13 millones de dólares- cumple su condena en el penal de Barbadillo, una prisión donde “el preso más caro de Perú” vive solo.

Mas fuerte en las palabras que en los hechos, el mensaje del presidente de izquierda Pedro Castillo respecto al indulto del golpista derechista Fujimori puede parecer, y ha parecido, suave.

Fujimori  también está imputado en la demanda  por esterilizaciones forzadas como un método sistemático de reducción de la pobreza mediante la disminución de la tasa de natalidad que marcó la historia del Perú. Cerca de las 300 mil personas que fueron esterilizadas en la sierra peruana durante su segundo período presidencial, en su mayoría no hablaban fluidamente el castellano y no pudieron dar un consentimiento informado a los procedimientos. Después de 20 años de espera, el 3 de marzo comenzó el juicio en el que se acusa como autores mediatos (con dominio del hecho) tanto  a Fujimori como sus exministros de Salud Eduardo Yong Motta, Marino Costa Bauer y Alejandro Aguinaga, actualmente congresista del partido FP y que casi por dos décadas ejerce como médico de cabecera de Fujimori condenado a 25 años por dos matanzas y dos secuestros -del periodista Gustavo Gorriti y el empresario Samuel Dyer Ampudia- y otros 8 por corrupción.  

Resurrección del fallo revocado

El jueves 17, la instancia más elevada del sistema peruano revirtió el fallo de 2008 que había dado por tierra el indulto. De los seis integrantes del TC, tres de ellos apoyaron la restitución del indulto - Ernesto Blume, José Luis Sardón y Augusto Ferrero, y otros tres su rechazo- Marianella Ledesma, Eloy Espinosa-Saldaña y Manuel Miranda.  El magistrado Augusto Ferrero -titular del cuerpo- usó su voto de desempate a favor del expresidente. Este último magistrado no está lejos de los escándalos. Precisamente en el 2019, Augusto Ferrero reconoció que tuvo una reunión con Keiko Fujimori y la bancada de FP Popular en 2017, antes de su elección como integrante de este organismo.

Aun  no se publicó el fallo para conocer las razones esgrimidas por los magistrados que sean cuales fueran agitan la opinión pública enfrentada nuevamente a fujimoristas y anti fujimoristas.  

El partido marxista Perú Libre (PL)-  que llevó al presidente Castillo al poder- en reacción al fallo planteó una reforma “general” del sistema judicial del país. "Fujimori es la expresión viva del último y sistemático terrorismo de Estado aplicado en nuestro país”, declaró PL en un escenario político donde el presidente Castillo se encuentra amenazado, también él, por una moción de vacancia.

Jo-Marie Burt, miembro principal de la Oficina de Washington sobre América Latina (WOLA) , informó que  “Las organizaciones que representan a las víctimas en Perú ya pidieron a la Corte (Interamericana) que se reúna y revise esta decisión... de hecho, presentaron la solicitud ayer”.

El viernes, la CIDH dio a conocer  el viernes pasado por su cuenta de Twitter  su “profunda preocupación” por la restitución del indulto y considera que la liberación del expresidente “afecta el derecho a la justicia de las víctimas y obstaculiza el cumplimiento de obligaciones internacionales” en los casos de las masacres de Barrios Altos y La Cantuta, por las que Fujimori fue condenado.

La Oficina de Derechos Humanos delas Naciones Unidas (ACNUDH)  expresó su rechazo al fallo y señalo que vulnera el derecho de las víctimas de los crímenes de lesa Humanidad perpetrados por Fujimori.

El abogado Carlos Rivera, defensor legal de las víctimas de La Cantuta y Barrios Altos, declaró que solicitaron la CIDH una audiencia de supervisión de cumplimiento de la sentencia contra Fujimori : “Seguramente, en los siguientes días, y ya teniendo conocimiento pleno del criterio tomado por el Tribunal Constitucional, la Corte IDH nos estará convocando [a una audiencia] en la que deberán comparecer también representantes del Estado peruano”. Rivera considera que  la decisión del TC con respecto al indulto no tiene razonabilidad jurídica, considerando los vicios que anteriormente había hallado la Corte Suprema para revocarlo. Según estima, la balanza de votos de los magistrados constitucionales se ha inclinado por una motivación política. 

No existen aún elementos para afirmar que la tibieza del presidente Castilo ante la noticia sea resultado de una negociación con la oposición en el Congreso en medio de un escenario de vacancia.

Por su parte, el abogado César Nakazaki quien presentó el amparo a favor de Fujimori sostuvo que no le cabe duda que habrá una nueva revisión por parte de la CIDH. Sin embargo, estimó que en esta ocasión, la instancia validará el estado de salud de su defendido. En cuanto a la posición del gobierno peruano, resaltó que, de acuerdo con la Constitución y el Pacto de San José, el Ejecutivo está obligado a defender actos estatales, como lo es la decisión del TC.

Keiko, lidereza de la oposición, el viernes antes de ingresar a la cárcel donde aún está su padre admitió que su apellido genera polémica pero que recibía el fallo “con profunda gratitud a Dios, porque como ustedes saben mi padre es un hombre mayor y enfermo”.

Qué puede suceder los próximos días

La resolución que motivó el rechazo político del presidente Castillo, del primer ministro Aníbal Torres quien comparó a Fuyimori con Adolfo Hitler , fue ratificada desde el punto de vista jurídico por el viceministro de Justicia, Juan Carrasco, y el ministro de Relaciones Exteriores, César Landa. Mientras que la presidenta del Poder Judicial (PJ), Elvia Barrios, pidió “no polarizar” más la situación que afronta su país.

Jurídicamente, todos los caminos parecen llegar al mismo lugar: Fujimori regresando al penal de Barbadillo y dejando sin efecto el fallo del TC. Para que así suceda existen dos vías.

Una, que el Gobierno le ahorre un trámite legal internacional al Estado peruano al marcar una postura tajante frente a este arbitrario proceso. El presidente Castillo tendría que anular por Decreto Supremo (DS) la gracia presidencial otorgada, como lo hizo el fallecido expresidente Alan García con José Crousillat en 2010. 

Julio Arbizu, abogado especialista en DDHH y lucha anticorrupción, explica este escenario. “Es perfectamente posible argumentar la necesidad del Gobierno de revocar este indulto. Lo que puede hacer el presidente es revocar este DS que le dio el indulto ilegal a Alberto Fujimori y que se afronten las consecuencias de lo que pueda pasar. Yo creo perfectamente que ese es un escenario posible”, señala. Y advierte que “el mandatario se juega su lugar en la historia con la decisión que tome y el silencio en estos casos es cómplice también”. 

El otro camino es esperar el dictamen de CIDH. Carlos Mesía, expresidente del TC, no acuerda  con la primera vía, como lo  plantea Arbizu. “El indulto, si bien es una facultad presidencial, una vez que se da, ni el propio presidente la puede cambiar. Así como los jueces: no pueden cambiar sus sentencias. El presidente no puede modificar el indulto porque este tiene la condición de cosa juzgada”. Aclaró que la CIDH sí podría determinar que el TC ha violado el pacto internacional y podría obligar al Estado peruano a regresar a Fujimori a prisión.

Hasta el momento, las palabras del Gobierno no expresan  una postura determinante. El último jueves 18, tras conocerse el fallo, el presidente Castillo publicó en su cuenta de Twitter un mensaje que no decía absolutamente nada. “La crisis institucional a la cual me referí en mi mensaje al Congreso se refleja en la última decisión del TC. Los órganos de justicia internacional a los que el Perú está adscrito y el Estado de derecho deberán cautelar el ejercicio efectivo de la justicia para el pueblo”. Nada aclara de la ilegalidad del indulto y nada de aquella familiar víctima de las esterilizaciones forzadas que tanto citó durante su campaña. 

El mensaje presidencial acaso bastante suave, sobre todo por el nivel de gravedad que implica la resolución del TC respecto al indulto. Sin embargo, no existen aún elementos para afirmar que esta tibieza sea resultado de una negociación con la oposición en medio de un escenario de vacancia.

El sábado Castillo, tomó juramento al cuestionado abogado Félix Chero Medina como nuevo ministro de Justicia y Derechos Humanos (MINJUSDH) , en reemplazo de Ángel Yldefonso, quien renunció luego de que fue interpelado el pasado miércoles por el Congreso. Mientras tanto, continúan las expresiones de rechazo a la excarcelación de Fujimori. La tarde del sábado, colectivos ciudadanos y de derechos humanos realizaron marchas de protestas en contra de la decisión del TC  en menos siete regiones del país.

AGB

El expresidente peruano Alberto Fujimori (1990-2000) saldrá en libertad en los próximos días después de que el Tribunal Constitucional (TC) emitiera un fallo este jueves que restituye la vigencia del indulto humanitario presidencial que en 2017 había beneficiado al ex mandatario derechista y auto-golpista. Había sido indultado por el entonces presidente Pedro Pablo Kuczynski. Supuestamente, el político derechista y empresario multimillonario dilecto de la constructora brasileña Odebrecht, habría negociado el perdón a cambio de votos de parlamentarios fujimoristas que evitarían, aunque finalmente no evitaron, la destitución del Ejecutivo por el Congreso unicameral peruano. para no ser destituido de su cargo.

La resolución del TC no solo le abrirá las puertas de la prisión al exmandatario. De 83 años de edad, Fujimori está condenado a 25 años de cárcel por crímenes de lesa humanidad. La sentencia ha acrecentado la polarización en un Perú por demás polarizado, y ha enfrentado nuevamente con violencia a fujimoristas y anti fujimoristas. La división ya estaba presente en el propio Tribunal, que ha aprobado la excarcelación por el voto decisivo de su presidente, Augusto Ferrero, que desempató tras un empate de tres votos a favor y tres en contra.

En las altas esferas del poder también fue recibida con indignación y rechazo, al punto que el gobierno del presidente Pedro Castillo anunció que recurrirá a organismos internacionales para intentar revertir la decisión del TC nacional, y revocar la libertad de Fujimori.

En medio de esa polémica, Fujimori puede ser excarcelado el lunes o martes próximo, cuando se concluyan los trámites judiciales y legales para acatar la resolución, según adelantó su abogado defensor, Cesar Nakazaki.

Mientras que los seguidores del exgobernante celebraron la decisión, y decenas de ellos llegaron hasta las afueras de la cárcel de Lima en la que cumple su condena, su hija mayor, Keiko Fujimori, afirmó que la medida “es de justicia” y que la familia esperará “los siguientes pasos” para que el Poder Judicial cumpla con la resolución del TC.

La tres veces candidata presidencial derrotada también dijo que no comentará por ahora “las diversas opiniones que ha escuchado” en contra de la liberación de su padre, pero aseguró que los opositores a la medida “están en su derecho”.

El voto dirimente de Ferrero decidió la nulidad de la resolución judicial que en 2018 había suspendido el indulto otorgado en 2017 a Fujimori, luego de que la votación del recurso de “habeas corpus” que solicitó esa medida quedara empatada en tres votos a favor y tres en contra.

El TC declaró fundado un recurso interpuesto por el abogado Gregorio Parco Alarcón contra la resolución de la Corte Suprema que en 2018 dejó sin efecto el indulto otorgado a Fujimori el 24 de diciembre de 2017 por el entonces presidente, Pedro Pablo Kuczynski (PPK, 2016-2018).

El antiguo indulto de 2017, revocado en 2018, y rehabilitado el jueves por el Tribunal Constitucional peruano, está bajo investigación judicial: la Fiscalía lo cree el pago del presidente Kuczynski a Kenji Fujimori a cambio de votos en el Congreso.

El Poder Judicial había anulado ese indulto por considerar que no cumplía con las exigencias legales y carecía de efectos jurídicos, por lo que Fujimori debió regresar a la prisión del cuartel policial del este de Lima en el que cumple su condena.

Actualmente, el indulto está siendo investigado por los tribunales, ya que la Fiscalía considera que fue producto de una negociación entre PPK y el hijo menor de Fujimori, Kenji, quien por entonces era congresista, para que legisladores fujimoristas votaran en contra de un pedido de destitución del entonces mandatario.

La decisión del TC también generó el rechazo de cientos de personas, que manifestaron en el centro histórico de Lima para protestar de manera pacífica, junto con familiares de las víctimas de los crímenes por las que fue sentenciado Fujimori.

“Como familiares de las víctimas del caso Cantuta, en particular, y de todos los casos de la dictadura de Alberto Fujimori, estamos indignados por esta situación que resuelve darle libertad de forma ilegal”, aseguró a la agencia española Efe la exministra de Cultura, Gisela Ortiz, quien es hermana de uno de los estudiantes secuestrados, torturados y desaparecidos en la universidad limeña La Cantuta en 1992.

En un primer momento, la resolución también motivó el rechazo político del presidente Castillo y del primer ministro Aníbal Torres, La posición fue ratificada desde el punto de vista jurídico por el viceministro de Justicia, Juan Carrasco, y el ministro de Relaciones Exteriores, César Landa.

Tras reunirse en el Palacio de Gobierno con el gobernante, Carrasco adelantó que el Ejecutivo nacional acudirá “a las vías internacionales, a la Corte Interamericana de Derechos Humanos (CorteIDH) para, a través de estos medios, revertir este fallo” 

Reconocido constitucionalista que presidió el TC entre 2006 y 2008, Landa sostuvo que la decisión “no es válida, pues va en contra de las decisiones” de la CorteIDH y, por tanto, “correspondería ser revertida” por ese tribunal.

Fujimori fue condenado como autor mediato (con dominio del hecho) de las masacres de Barrios Altos y La Cantuta, cometidas en 1991 y 1992, respectivamente, por el grupo de tareas paramilitar Colina, así como por los secuestros de un empresario y un periodista tras el auto golpe de Estado que dio en 1992.

AGB con información de diarios y agencias

Un cuarto de siglo han tenido que esperar las supervivientes de esterilizaciones forzadas en Perú para ver una luz al final del túnel. El 11 de diciembre, el juez Rafael Martínez abrió un proceso penal contra el expresidente Alberto Fujimori (1990-2000) por su presunta responsabilidad en esas prácticas realizadas a 1.317 mujeres, la mayoría campesinas sin recursos, durante su mandato.

La Justicia también ha decidido investigar por este caso a los exministros de Salud Eduardo Yong, Marino Costa y Alejandro Aguinaga —actual legislador—, como “presuntos autores mediatos del delito contra la vida, el cuerpo y la salud, lesiones graves, seguidas de muerte, en un contexto de grave violación de derechos humanos”.

Pese a la demora, las supervivientes consideran que se ha dado un gran paso en este largo proceso. Su valentía al denunciar y el esfuerzo de todos estos años empieza a dar sus frutos. 

“Una puerta nueva”

“Se ha abierto una puerta nueva porque hemos pasado del Ministerio Público al poder judicial y eso supone una luz de esperanza para las miles de víctimas, no solo para las 1.317 denunciantes de este proceso penal que se va a investigar judicialmente, sino para todas, ya que se trata de los mismos delitos”, dice a elDiario.es María Ysabel Cedano, abogada de la organización feminista peruana Estudio para la Defensa de los Derechos de la Mujer (Demus). 

El Ministerio Público, añade Cedano, “tiene otros dos expedientes más con al menos otras 2.000 personas denunciantes y tiene la posibilidad de solicitar al poder judicial que se sumen estas víctimas”.

Pero antes de que comience el proceso penal, aún queda otro paso. La Corte Suprema de Justicia de Chile tiene que aceptar la ampliación de los cargos de extradición que aprobaron en 2005, después de que Fujimori fuera detenido en un lujoso hotel de Santiago, según informa Efe.

El exmandatario se encuentra preso en Perú desde 2009, cumpliendo una condena de 25 años por violación de los derechos humanos durante su Gobierno.

El juicio podría tardar

Esta última decisión del juez Rafael Martínez tampoco significa que se vaya a celebrar un juicio contra Fujimori y sus exministros a corto plazo. El camino aún es largo.

“No estamos en un juicio, ni siquiera estamos cerca. La investigación judicial es una oportunidad para que se actúe en todas las pruebas existentes y para que se busquen nuevas”, aclara la abogada peruana. Asegura que lucharán “para que se haga justicia con las mayores penas posibles”, porque si la investigación solo concluye que se han cometido graves violaciones a los derechos humanos, sostiene, “las penas pueden ser ínfimas, y en realidad se trata de un crimen de lesa humanidad”. 

Cedano considera que los implicados deberían ser llevados a juicio por homicidio, por negligencia, por coerción y secuestro, pues “no solo se dañaron y lesionaron los cuerpos de las víctimas, sino que se violó su voluntad al no informarles adecuadamente y no permitirles decidir libremente”.

Y ese juicio podría demorarse mucho, teniendo en cuenta problemas tan arraigados en Perú como son, indica Cedano, “la corrupción en el sistema de justicia y la falta de independencia a nivel de magistrados”.

“Se tardaría menos si la presidenta del Poder Judicial, Elvira Barrios, y la fiscal de la nación, Zoraida Ávalos, crearan una fiscalía ad hoc para investigar judicialmente este caso”, dice.

Esta investigación, además, se ha intentado archivar en varias ocasiones y el proceso judicial se ha dilatado durante años. 

25 años de sufrimiento

Se estima que entre los años 1996 y 2000, bajo el segundo mandato de Fujimori, más de 300.000 mujeres y cerca de 22.000 hombres fueron esterilizados en contra de su voluntad en Perú.

Estas prácticas se llevaron a cabo en el marco del Programa de Salud Reproductiva y Planificación Familiar con el objetivo de frenar la natalidad de las personas de escasos recursos. La mayoría eran jóvenes provenientes de comunidades indígenas quechua.

Bajo engaños y amenazas del personal sanitario, la mayoría de las víctimas eran conducidas hasta lugares insalubres donde se les operaba sin anestesia general. Tras realizarles ligaduras de trompas y vasectomías irreversibles, nunca tuvieron ni cuidados postoperatorios ni seguimiento médico. Las lesiones, tanto físicas como psicológicas, aún permanecen.

“Han sido 25 años de vergüenza para la Justicia peruana, pero también para los cinco gobiernos que dieron la espalda en democracia a miles de mujeres pese a sus reclamos”, dice a elDiario.es María Esther Mogollón, asesora y portavoz de la Asociación de Mujeres Peruanas Afectadas por las Esterilizaciones Forzadas (AMPAEF).

Independientemente del color político, ninguno de los cinco presidentes que ha gobernado Perú en las últimas tres décadas —Alejandro Toledo, Alan García, Ollanta Humala, Pedro Pablo Kuczynski y Martín Vizcarra– atendió las necesidades de las miles de víctimas que fueron brutalmente esterilizadas. 

Para las mujeres indígenas, además, no poder tener hijos supone un estigma social, y muchas sufrieron el rechazo de su comunidad. La revictimización, explican, es constante.

“Una cosa fue la operación y otra lo que vino después. Han sido 25 años de sufrimiento, de limitaciones respecto a su propio trabajo comunitario, ya que la cultura andina se desarrolla en ámbitos comunitarios. Sus propias comunidades las han rechazado, muchos no han entendido la gravedad de lo que les hicieron y creen que no han querido tener hijos para no colaborar con la comunidad”, lamenta la portavoz de AMPAEF.

Las supervivientes también sufren a menudo el racismo y la discriminación, sobre todo de la sociedad limeña y actualmente más de 1.000 víctimas no disponen de abogados defensores. “Estamos preocupadas porque no tienen defensa ni suficientes recursos, y a veces es muy difícil hacerles llegar información”, dice Mogollón.

¿Y el Gobierno de Castillo?

La asesora se muestra algo más esperanzada con el Gobierno de Pedro Castillo, el ex maestro rural que asumió la presidencia de Perú el pasado mes de julio. Al menos, indica Mogollón, durante su campaña electoral se solidarizó con la lucha de las sobrevivientes de esterilizaciones forzadas e incluso explicó que dentro de su propia familia habían sufrido estas terribles prácticas.

Pero la asociación de mujeres AMPAEF ha enviado varias cartas para solicitar una reunión tanto al presidente, como al ministro de Sanidad, Hernando Cevallos, y al de Justicia, Aníbal Torres, y aún no han recibido respuesta. Las activistas han sido recibidas por la ministra de la Mujer y Poblaciones vulnerables, Anahí Durand.

Después casi tres meses de audiencias interrumpidas y postergadas, y más de 20 años de espera por parte de las víctimas para alcanzar justicia, se conoció el sábado 11 de diciembre el fallo del juez peruano Rafael Martínez que decidió el proceso penal contra el expresidente Alberto Fujimori por su presunta responsabilidad en miles de esterilizaciones forzadas durante su mandato (1990-2000). Junto a Fujimori serán juzgados los tres exministros Yong Motta, Marino Costa Bauer y Alejandro Aguinaga -actual legislador- imputados como “autores con dominio del hecho del delito contra la vida, el cuerpo y la salud, lesiones graves, seguidas de muerte en un contexto de grave violación de derechos humanos”.

Para iniciar el proceso penal se debe esperar que la Corte Suprema de Justicia de Chile amplíe su extradición – tras la captura de Fujimori en el vecino país en 2005- que no incluía el caso de las esterilizaciones forzadas. En espera la respuesta de Chile sobre la solicitud de extradición, el juez dio un plazo de 120 días para las diligencias del caso.

Fujimori, de 83 años, fue condenado por delitos de lesa humanidad en el 2009 a 25 años de prisión por su autoría mediata en el asesinato de 25 personas a cargo del grupo militar encubierto Colina, en las masacres de Barrios Altos (1991) y La Cantuta (1992). El exmandatario también tiene otras tres condenas, dos de ellas por corrupción. A pesar de la gravedad de sus delitos, es un preso privilegiado, en un amplio espacio acondicionado especialmente para él en un cuartel de la Policía en las afueras de Lima. El único detenido en esa prisión VIP, donde tiene una habitación, una salita para recibir visitas, un estudio para pintar, cocina y un pequeño huerto para sembrar.

En marzo, el fiscal Pablo Espinoza denunció a Fujimori y especificó que “el Estado había manifestado su intención de esterilizar a todos los pobres, porque no hay problemas de otros sectores sociales”. Entre los años 1996 y 2000 se organizaban varios “festivales de salud” en pueblos, en donde detrás de muestras artísticas, fuegos artificiales y comida buscaban engañar a las personas y conseguir la esterilización. “Fujimori premiaba con tres boletos de viaje a los funcionarios sanitarios que acumulaban el mayor número de esterilizaciones, pero también los amenazaban con despedirlos si no lograban los objetivos”, añadió el fiscal.

Los datos del Ministerio de Salud recogidos por la Defensoría del Pueblo testimonian que al menos 272.000 mujeres y unos 22.000 varones fueron esterilizados por medio de ligadura de trompas y vasectomías a través del Programa de Salud Reproductiva y Planificación Familiar impuesto por la administración de Fujimori. De las 8.000 víctimas inscriptas en el Registro de Víctimas de Esterilizaciones Forzadas (REVIESFO), abierto por el Ministerio de Justicia y Derechos Humanos desde 2016, tan solo 2.000 han denunciado formalmente haber sido esterilizadas forzadamente; 1.307 terminaron con lesiones graves y cinco perdieron la vida a causa de complicaciones por la intervención, una de ellas, Mamérita Mestanza, la cara más emblemática del caso.

Por dos décadas las activistas que denuncian las esterilizaciones a la fuerza se manifestaron con las faldas y piernas manchadas con tinta roja y mostrando dibujos de trompas de Falopio ensangrentadas. Presidentes de todos los espectros políticos les han dado la espalda las denunciantes, en su gran mayoría, mujeres indígenas andinas, de bajos recursos, quechua hablantes.

El actual ministro de Salud, Hernando Cevallos, denunció en 1997 a laf iscalía, junto con otros médicos, que eran obligados a operar hasta 60 mujeres por día en las campañas de esterilizaciones. El presidente Pedro Castillo también prometió justicia a las mujeres esterilizadas días antes de una ajustada segunda vuelta presidencial en junio cuando venció a Keiko Fujimori. Castillo recordó que su propia familia campesina también sufrió las esterilizaciones y comentó que “el dolor de las víctimas de las esterilizaciones forzadas es el mío”.

AGB con información de agencias

En el mes de marzo pasado - veinte años después de estos luctuosos delitos – el fiscal Pablo Espinoza presentó los cargos de manera virtual – con traducción en quechua- contra el ex presidente Alberto Fujimori y funcionarios de su gobierno basado en testimonios de 1.300 personas. Años antes, en 2014, el entonces fiscal Marco Guzmán había exculpado a Fujimori y sus exministros con el argumento,  como bien recuerda la abogada María Isabel Cedano, de la ONG Demus, de que “no hubo una política de esterilizaciones forzadas y por tanto, tampoco un crimen de lesa humanidad”.

El juez Rafael Martínez reserva su fallo para darlo a conocer aparentemente el sábado después de suspender por décima vez la audiencia, ante la incertidumbre de las víctimas, que llevan 25 años a la espera de Justicia. La audiencia en la que se evalúan los casos presentados por la Fiscalía a lo largo de 16 años de investigación comenzó el 14 de septiembre y, con suerte, culminará el próximo sábado, según lo anticipado por el magistrado. En la sesión de más de siete horas celebrada el lunes, el titular del Juzgado Penal Supraprovincial Liquidador Transitorio de la Corte Superior Nacional consideró que en las esterilizaciones forzadas hubo responsabilidad de los altos funcionarios involucrados en el caso. Según anticipó el magistrado, los médicos y las enfermeras a cargo de realizar las ligaduras de trompas no respetaron los protocolos y guías clínicas ante la obligación de cumplir las exigentes metas impuestas desde las altas direcciones, en una escala de mando que alcanzaría al entonces jefe de Estado como el máximo responsable por impulsar las esterilizaciones como un método sistemático de reducción de la pobreza mediante la disminución de la tasa de natalidad.

Fujimori lanzó el Programa Nacional de Salud Reproductiva y Planificación Familiar ( 1996-2000) y adornó su política en la Cuarta Conferencia de la Mujer de la ONU de 1995 celebrada en China. Fue el único varón, llegó con un ramo de rosas y presentó de modo “progre” cómo las mujeres peruanas iban a ser dueñas de su destino, en el marco del Perú muy católico que prohibía las esterilizaciones. En esa ocasión logró el aplauso de las feministas.

El juez Martínez reiteró que, fruto de estos hechos, se violaron derechos humanos en una estrategia de salud que causó por lo menos cinco muertes, que son las vinculadas en esta investigación, entre ellas la de María Mamérita Mestanza, campesina indígena de 33años que vivía con su esposo y sus siete hijos en la Encañada – en el Departamento de Cajamarca- la cara más emblemática de este crimen de lesa humanidad. En 1996, Mamérita, presionada por funcionarios del gobierno, se sometió a la ligadura de trompas -sin haber sido informada de los riesgos- el 27 de marzo de 1998 y falleció el 4 de abril a raíz de una infección posoperatorio sin atención médica a pesar de haberla solicitado cinco veces. El Estado peruano solo reconoció su responsabilidad en la muerte de María Mamérita después de que la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH), reclamó una investigación en octubre del 2003.

Están acusados como autores mediatos (con dominio del hecho) tanto Fujimori como sus exministros de Salud Eduardo Yong Motta, Marino Costa Bauer y Alejandro Aguinaga, actualmente congresista del partido fujimorista Fuerza Popular y que casi por dos décadas ejerce como médico de cabecera de Fujimori condenado a 25 años por dos matanzas y dos secuestros -del  periodista Gustavo Gorriti y el empresario Samuel Dyer Ampudia- y otros 8 por corrupción.  Susana Higuchi falleció este miércoles, en la festividad religiosa de la Inmaculada Concepción, como tuiteó su hija Keiko Fujimori. La primera Primera Dama de Fujimori, a dos años del primer mandato de su marido presidente, denunció por corrupción a sus cuñadas, iniciando  la separación definitiva de su cónyuge. Elegida más tarde como diputada, desde el Congreso difundió tanto pruebas de la red corrupta del gobierno de su ex esposo orquestada por su asesor Vladimiro Montesinos -conocido como “el monje negro” -como haber sido torturada  por presuntos agentes de inteligencia.

En caso de que se aceptara la acusación contra Fujimori, este no podría ser juzgado si la Justicia peruana no solicita a la Corte Suprema de Justicia de Chile la ampliación de los cargos de la extradición aprobada en 2005, después de que el ex mandatario fue detenido en el vecino país. Fujimori, de 83 años, que cumple una condena de 25 años de prisión por delitos de lesa humanidad como autor mediato del asesinato de 25 personas, entre ellas un niño de 8 años, en la masacre de Barrios Altos -una zona popular de Lima-  cuando el grupo para militar encubierto Colina irrumpió en el 840 del Jirón Huanta y disparó indiscriminadamente contra los vecinos reunidos compartiendo  una pollada con el propósito de recaudar fondos para reparar el edificio donde vivían, la noche del 3 de noviembre de 1991 con el saldo de 15 muertos y varios heridos. El 18 de julio de 1992, la Colina secuestró y asesinó a nueve estudiantes y un profesor de la Universidad Nacional de Educación Enrique Guzmán y Valle, conocida como La Cantuta.

Las esterilizaciones forzadas ocurrieron durante la aplicación del Programa de Salud Reproductiva y Planificación Familiar donde se incrementaron ostensiblemente la anticoncepción quirúrgica voluntaria (AQV), como se les denominó a las ligaduras de trompas y vasectomías.

Cerca de 300 mil personas fueron esterilizadas en la sierra peruana en el segundo período presidencial del padre de Keiko Fujimori. En su mayoría no hablaban fluidamente el castellano y no pudieron dar un consentimiento informado a los procedimientos.

Durante ese periodo fueron esterilizadas cerca de 300.000 personas, entre ellas más de 272.000 mujeres y unos 24.000 hombres, que en su gran mayoría no hablaban fluidamente el español y por lo tanto se les dificultaba la  información -si la recibían- sobre las consecuencias del procedimiento, según los reportes del Ministerio de Salud recogidos por la Defensoría del Pueblo, pero en la actualidad aún no se reconoce cuántas de ellas fueron forzadas.

Por ahora, hay algo más de 8.000 víctimas inscritas en el Registro de Víctimas de Esterilizaciones Forzadas (Reviesfo), abierto por el Ministerio de Justicia y Derechos Humanos en 2016. Poco más de 2.000 son las que han denunciado formalmente haber sido esterilizadas de manera forzosa, de las que 1.307 terminaron con lesiones graves, y de ellas cinco fallecieron a causa de las secuelas de la intervención. Las denunciantes, en su mayoría mujeres pobres, andinas, indígenas y quechua hablantes, afirman haber sido sometidas a las ligaduras de trompas sin que ellas hubiesen dado su consentimiento, bajo amenazas y coacciones o directamente sin que ellas fuesen conscientes de la intervención tras haber solicitado otro procedimiento médico.

Desde el 1 de marzo de 2021, fecha que se reanudó la Audiencia de Sustentación de Cargos contra el expresidente Alberto Fujimori, sus ex ministros de Salud y otros funcionarios, por el caso de las esterilizaciones forzadas, las víctimas  en su gran mayoría integrantes de la Asociación Nacional de Mujeres Afectadas por las Esterilizaciones Forzadas (AMPAEF),  se conectaron en línea desde sus comunidades para seguir este proceso. Empobrecidas, con afecciones de salud y dolores en todo el cuerpo, sin poder trabajar como antes, muchas de ellas suicidadas por desprecio y aborrecimiento de su propia familia y su comunidad, las mujeres dieron cuenta del horror perpetrado por el orden de estado fujimorista.

La primera en recoger sus voces fue la abogada feminista peruana, defensora de los derechos humanos Giulia Tamayo, quien destapó el escándalo en 1999 cuando aun Fujimori estaba en el poder y animó a la documentalista Rosemarie Lerner para el proyecto Quipu – iniciado en el 2014 y finalizado después de ochos meses- un documental vivo, interactivo y participativo cuyos testimonios de esta práctica eugenésica se encuentran en la Biblioteca Británica protegidos por 30 años. Fueron los primeros de una serie de memorias sobre la década de horror , acaso una de las más oscuras del Perú, cuyas víctimas sobrevivientes esperan expectantes el fallo del juez Martínez. 

Susana Higuchi, la ex primera dama de Perú que denunció actos de corrupción en el gobierno por diez años (1990-2000) de su exesposo el presidente Alberto Fujimori y madre de la excandidata Keiko Fujimori (tres veces derrotada en las presidenciales peruanas), falleció este miércoles víctima de cáncer, a los 71 años, según informó su hija en redes sociales.

“Después de una dura lucha contra el cáncer, nuestra madre, Susana Higuchi, acaba de partir al encuentro de Dios. Estuvo rodeada del amor de nosotros, sus hijos y de sus nietos, hasta el último momento”, anunció Keiko Fujimori en su cuenta de Twitter.

“La encomendamos a la Virgen de la Inmaculada Concepción hoy en su día”, añadió la excandidata, investigada actualmente por presunto lavado de activos y organización criminal.

Higuchi fue ingeniera de profesión y descendiente de japoneses en Perú, que cultivaron una fortuna en el negocio de servicios automotrices.

En 1974 se casó con el también ingeniero Alberto Fujimori y tuvieron cuatro hijos, Keiko, Hiro, Sachi y Kenji, dos de los cuales se dedicaron a la política igual que su padre.

Tras la victoria electoral de su esposo en 1990, Higuchi ocupó el cargo honorífico de primera dama, pero dos años después denunció que sus cuñadas estaban vendiendo las donaciones recibidas de Japón, lo que marcó el inicio del distanciamiento definitivo con su cónyuge.

En 1992, la Primera Dama denunció que sus cuñadas Fujimori estaban vendiendo las donaciones que Perú recibía de Japón. Esto marcó el inicio del distanciamiento definitivo de Susana Higuchi con su cónyuge.

Después de sus denuncias, Higuchi denunció haber sido torturada por presuntos agentes de Inteligencia, el servicio que estuvo bajo el mando del asesor Vladimiro Montesinos. En 1994 firmó el divorcio con Fujimori en medio de acusaciones de violencia.

A partir de entonces, Keiko Fujimori asumió el cargo de primera dama al lado de su padre. Higuchi se apartó de su hija, acusándola de haber ignorado sus denuncias.

La ex primera dama postuló al Congreso y fue elegida legisladora en el 2000 con el Frente Independiente Moralizador (FIM), la agrupación política que difundió los vladivideos, que revelaron la red de corrupción tejida en el Gobierno de Fujimori por su entonces asesor Montesinos.

Tras la caída del régimen de Fujimori (1990-2000) y su huida a Japón, Higuchi postuló nuevamente al Congreso unicameral y fue reelegida para el periodo 2001-2006 con el FIM.

En los últimos años, Higuchi se reconcilió con la mayor de sus hijos y la acompañó en algunas de las actividades proselitistas de las campañas presidenciales en las que participó.

Hace unas semanas, Keiko Fujimori informaba que su madre había sido internada de emergencia por problemas respiratorios y que se encontraba en cuidados intensivos.

Por su parte, Alberto Fujimori, condenado a 25 años de cárcel por delitos de lesa humanidad, también afronta una serie de problemas de salud que lo han llevado a ser internado en distintas clínicas en diferentes periodos. La familia del exmandatario sostenía en los últimos años que sufría de un tipo de cáncer para solicitar su excarcelación, pero este diagnóstico ha sido desechado y anuló el indulto que el expresidente Pedro Pablo Kuczynski le otorgó irregularmente en 2017.

AGB

Después de un agónico recuento de votos en la segunda vuelta electoral del 6 de junio, el candidato izquierdista Pedro Castillo logró imponerse ante la candidata de Fuerza Popular, Keiko Fujimori, por un escaso margen de menos de 45.000 votos. Después de semanas de impugnaciones y batallas legales, fue proclamado como Presidente electo por el Jurado Nacional de Elecciones. Ahora cumplió 110 días en el poder, una permanencia de la que muchas voces dudaban y contra la cual muchas fuerzas unieron fuerzas. Su candidatura presidencial representaba a Perú Libre, no como militante sino como invitado de este partido de izquierda. El líder partidario, Vladimir Cerrón, condenado a tres años y nueve meses de prisión en suspenso por negociación incompatible y aprovechamiento del cargo cuando era gobernador regional de Junín (2011-2014) quedó inhabilitado para competir en elecciones. En la primera vuelta de las presidenciales, con 18 candidatos rivales en contienda, la gran sorpresa fue la victoria de Castillo: su nombre, que sólo al final apareció en los sondeos de intención de voto, era antes prácticamente desconocido en Lima. 

Acaso su cualidad de outsider lo posicionó como un candidato posible de concitar la atención ante la fragmentación partidaria y la crisis de representatividad que sufre Perú hace ya varios años. Castillo ganó en todos los departamentos sureños y en la región andina, conocidos por votar históricamente a candidatos anti sistema, contrarios a la elite limeña. En ese momento, el país asolado por la pandemia de Covid-19, llegó a registrar el número más alto per cápita del mundo en el mes de este año. La brutal letalidad se sumó la crisis económica de una caída de 11 puntos del PBI – después de 20 años de crecimiento sostenido- con el consiguiente aumento del desempleo y la pobreza. “Yo no he vivido una situación como esta nunca; es la caída más grande de los últimos cien años, realmente dramático”, dijo ya en junio Julio Velarde, presidente del Banco Central de Reserva (BCR) desde 2006, considerado uno de los artífices del sostenido crecimiento del país en las últimas décadas.

Las elecciones se desarrollaron en medio de un pico de descontento popular producto de la crisis institucional originada a partir del proceso de vacancia contra el ex presidente Vizcarra. Su sucesor, el ex presidente Merino quien gobernó solo una semana luego de las masivas protestas en las calles de Lima y de otras ciudades, que terminaron con la muerte de dos jóvenes, fue reemplazado por Francisco Sagasti. Los períodos quinquenales resultaron gravemente trastornados: Pedro Castillo es el quinto presidente en sólo cuatro años. La causa mediata se remonta al principio del mandato de Pedro Pablo Kuczynski (2016-2018) quien en marzo de 2018 renunció para no ser destituido acusado de corrupción, en un proceso que antes les costó las cabezas a otros ex presidentes salpicados por el escándalo de Odebrecht: Alan García, (1985 a 1990 y 2006 a 2011), Alejandro Toledo (2001-2006), Ollanta Humala (2011-2016) como también a la opositora Keiko Fujimori. Al mismo tiempo, la crisis también evidenció la puesta a prueba de la representatividad de los partidos políticos, la Constitución, la pugna por el poder entre el Ejecutivo y el Congreso y los sucesivos escándalos de corrupción. Que no es nueva, Manuel González Prada en Páginas Libres (1894), sintetizó “Perú es un organismo enfermo, donde se pone el dedo, salta pus”.

En noviembre no hay milagros

Desde el mismo momento que le impusieron la banda presidencial a Castillo, los fantasmas de los ex presientes Kuczynski y Viscarra, que penan por los pasillos del Palacio de Gobierno la Casa de Pizarro, desde ahí profetizaron que al nuevo presidente, quien desistió habitarlo, sin mayorías el Congreso no le dará tregua. Oráculo cumplido. El gobierno que cuenta con 110 días de mandato es el que más cambió ministros no sólo en el país sino en toda la región.  El 6 de octubre, renunció Guido Bellido, apologista de Sendero Luminoso, nombrado primer ministro por Castillo como forma de darle poder a Cerrón en el Ejecutivo. Los continuos choques de Bellido con la oposición y la élite económica provocaron subida del tipo cambio del dólar que alcanzó un máximo histórico la primera semana de octubre, con la devaluación del sol peruano. En consecuencia, el alza de los precios de algunos insumos importados de la canasta familiar, como el gas licuado de petróleo y el pollo. La inflación se volvió otro flanco de ataque a la nueva administración. En respuesta, el Ejecutivo aprobó a fines de agosto un subsidio indirecto para que los distribuidores de gas en bombonas lo vendieran a un precio menor, y dispuso un subsidio directo de U$S 85 a 13 millones de personas en pobreza. Castillo y el ministro de Economía, Pedro Francke, en viaje a EEUU se reunieron con altas autoridades del Banco Mundial y el BID para reiterar el respeto a la propiedad y la necesidad del Perú de inversión extranjera. Horas más tarde, Bellido amenazó vía Twitter al consorcio privado Camisea, el mayor yacimiento de gas: anunció que si no aceptaba renegociar el porcentaje de regalías que paga al Estado expropiarían el gas. Castillo exigió la renuncia de Bellido e hizo otros cambios. Retiró a los ministros de Interior, Juan Carrasco, y de Educación, Juan Cadillo; y también al ministro de Cultura, Ciro Gálvez, quien causó una controversia al modificar a última hora la lista de la delegación oficial de Perú en la Feria Internacional del Libro (FIL) de Guadalajara.

En estos 110 días, hubo otros cuatro ministros cuyas declaraciones o antecedentes daban pie a la oposición para atacar al Ejecutivo. Castillo también pidió la dimisión al canciller Héctor Béjar; al ministro de Trabajo, Iber Maraví; al ministro de Interior, Luis Barranzuela, ex abogado de Cerrón y Bellido; y al ministro de Defensa, Walter Ayala. Si bien en su primer Gabinete —de 19 miembros— solo nombró a dos mujeres, Castillo hizo un mea culpa semanas después. La enmienda ocurrió al nombrar como reemplazo de Bellido a la abogada de izquierda moderada Mirtha Vásquez, defensora de derechos humanos, y expresidenta del Congreso. Además, integró a dos mujeres como ministras de Cultura, Gisela Ortiz  y de Trabajo,  Betsy Chávez, Los cambios fueron objetados por el sector cerronista de Perú Libre que arguyó  una supuesta ‘derechización’ de Castillo. Si bien el sector radical de su partido no le ofreció garantías para un gobierno mínimamente viable, sí cuenta con  bases populares en el centro y sur del país. Y estos dramáticos vaivenes no aumentaron la popularidad del presidente entre sus paisanos. Según la más reciente encuesta del Instituto de Estudios Peruanos (IEP), de finales de octubre, un 48% de ciudadanos desaprueba el desempeño de Castillo (frente a un 35% a favor) y un 75% hace lo propio con el Congreso. El diario El Comercio publicó, sobre las manifestaciones en el marco de los cien días, que integrantes de diferentes colectivos realizaron una marcha contra el Presidente al grito de “vacancia ya”. 

En Ayacucho, la región donde Castillo tuvo un encuentro masivo con sus electores al día siguiente de prestar juramento al cargo en julio, pronunció un discurso en el que ofreció una prospectiva y perspectiva de su gestión durante los primeros cien días. Si cuando asumió solo un 15% estaba vacunado, “En cien días hemos logrado vacunar a casi el 60% de la población objetivo, habiendo cuadruplicado el porcentaje”. La previsión es llegar al 80% a fin de año. “Sin ello, no será posible reencauzar la economía”, agregó. El presidente señaló que -según el Banco Central de Reserva- la economía crecerá 11.9%, este año —en 2020 pasado cayó 11 puntos porcentuales—, y que entre julio y septiembre se ocuparon 300.000 nuevos puestos de trabajo. E insistió en la propuesta que enarbola el sector más radical: la necesidad de convocar a una asamblea constituyente. No mencionó un tema candente que refiere a la despenalización del aborto, que en comparación con el resto de la región Perú tiene una legislación bastante restrictiva sobre este tema que integra la agenda de quienes promueven los derechos sexuales y reproductivos para las mujeres, derechos civiles para la población LGTB+.

Toda moderación de poco servirá para ganar la simpatía de la derecha conservadora —casi la tercera parte del Congreso— que lo ven como fruto de una elección que les robaron. La aprobación de sus iniciativas en el Parlamento y su propia sobrevivencia tendrá que recaer en las bancadas de centro, las cuales carecen de liderazgos definidos o de objetivos concretos. A la vez, el presidente generalmente elige mantenerse en silencio, lo que aumenta la incertidumbre sobre su gestión. Al ofrecer su propio balance de los primeros cien días de su gobierno, insistió en la propuesta que enarbola el sector más radical: la necesidad de convocar a una Asamblea Constituyente que redacte una nueva Constitución que sustituya a la fujimorista hoy vigente. Un terreno muy inestable e improbable para una Tempestad en los Andes como la que en 1927 anunció Luis E. Valcárcel, en su clásico libro prologado por José Carlos Mariátegui, quien profetizó un levantamiento del Perú andino profundo que cubriera todo el país. 

SS

El expresidente Alberto Fujimori, en condición de reo ausente, afronta el juicio virtual que busca esclarecer su responsabilidad por las miles de esterilizaciones forzadas que se realizaron bajo su Gobierno (1990-2000), cuyas víctimas fueron mayoritariamente mujeres, campesinas, pobres y quechuas. Además de Fujimori, también son juzgados los exministros de Salud Eduardo Yong, Marino Costa y Alejandro Aguinaga. Este último fue candidato a legislador por el partido Fuerza Popular (FP) y mantiene una relación muy cercana con Keiko Fujimori, quien es hija del principal acusado y creadora en 2009 de FP, cuyo emblema partidario es una gruesa letra K en blanco sobre fondo naranja.

El fiscal Pablo Espinoza Vázquez subrayó el lunes ante el juez Rafael Martín Martínez que todos “hicieron mucho daño con su política” al “jugar con las vidas y la salud reproductiva de las personas”. La primera presentación culminó con la exposición de varios de los dramáticos casos que obran en los expedientes, como el de la campesina Florencia Huayllas, quien tras percatarse de que la iban a esterilizar, intentó fugarse de un hospital en la región surandina de Cusco, y fue amarrada y operada, según la denuncia.

En representacion de Fujimori, quien sostiene que no debería ser procesado por este caso porque no lo incluyeron en su expediente cuando en 2007 fue extraditado de Chile, asiste a las sesiones virtuales su abogado César Nakazaki. “Este Ministerio Público formaliza denuncia penal como autores mediatos de la presunta comisión del delito contra la vida, el cuerpo y la salud; lesiones graves seguida de muerte en un contexto de graves violaciones contra los derechos humanos y por el delito de lesiones graves”, fue la acusación formalizada el lunes por el fiscal Espinoza. Culminadas las sustentantaciones de la defensa del doctor Nakazaki, el magistrado Martínez decidirá si proceder con la investigación judicial.

El expresidente, de 82 años, es el único preso en la cárcel de Ate construida expresamente para él dentro de una base policial en Lima, donde cuenta con condiciones privilegiadas respecto al resto de presos del país, pues su celda tiene tres ambientes donde recibe numerosas visitas por semana y asistencia médica permanente. Fue condenado en 2009 como autor mediato (con dominio del hecho) de los asesinatos de 25 personas, entre ellas un menor, en las matanzas de Barrios Altos (1991) y La Cantuta (1992), perpetradas por el grupo militar encubierto Colina. También por los secuestros de un empresario y un periodista durante el autogolpe de Estado de1992 cuando disolvió el Parlamento e intervino Fiscalía, Judicatura y Tribunal Constitucional. Y fue hallado responsable de malversación de fondos públicos durante el ejercicio de su gobierno.

Desde los inicios de su mandato, el gobierno fujimorista (1990-2000) sostuvo entre las prioridades de gestión reducir la tasa demográfica del Perú y apeló para a ello a discurso que defendía los derechos sexuales y reproductivos de las mujeres. De manera consecuente, 1991 fue declarado “Año de la Planificación Familiar” y se aprobó el Programa Nacional de Población 1991-1995, con la meta clara de reducir la tasa de natalidad al 2% y la tasa global de fecundidad al 3.3%.

En 1995, sobre la base de un proyecto de ley presentado por el Ejecutivo, el Congreso modificó la Ley de Política Nacional de Población incorporando la esterilización femenina y masculina como método de planificación familiar. De igual manera, en la Cuarta Conferencia Mundial de la Mujer de las Naciones Unidas en China, Fujimori manifestó que las mujeres peruanas debían ser dueñas de su destino. Estas medidas - fuertemente criticadas por la Iglesia Católica del Perú- fueron financiadas principalmente por la Agencia de los Estados Unidos para el Desarrollo Internacional (USAID) con 36 millones de dólares, y con una cantidad mucho menor por el Fondo de Población de las Naciones Unidas (UNFPA). En febrero de 1996, la propia OMS felicitó a Fujimori por su plan de control demográfico.

El entonces Ministro de Salud, Eduardo Yong Motta, inició campañas de anticoncepción quirúrgica voluntaria (AQV), y se creó una oficina dentro del despacho presidencial para implementar esas campañas en el marco del Programa Nacional de Salud Reproductiva y Planificación Familiar (PNSRPF).

Entre 1996 y 2001 (inclusive) se realizaron 272.028 ligaduras de trompas a mujeres, mientras que el número total de vasectomías realizadas a hombres fue de solo 22.004, es decir, menos del 10% del total de intervenciones quirúrgicas llevadas a cabo mujeres, según el informe Nº 69 de la Defensoría del Pueblo sobre “La aplicación de la anticoncepción quirúrgica y los derechos reproductivos II”.

​La investigación de Derechos Humanos Nada Personal llevada a cabo por la abogada y activista Giulia Tamayo,demostró que se habían fijado cuotas de esterilizaciones para los médicos. ​ Incluso se habían organizado “festivales de ligaduras de trompas” en las zonas rurales y los pueblos jóvenes.

No se posee cifras oficiales del origen étnico de las mujeres, pero sí se sabe que gran número de estas compulsivas e inconsultas intervenciones quirúrgicas se realizaron en zonas rurales y lugares alejados de las ciudades, donde el idioma mayoritariamente hablado es el quechua. Miles de mujeres esterilizadas no sabían leer ni escribir y se encontraban en situación de vulnerabilidad económica.

En la práctica, la política estuvo dirigida en su gran mayoría a mujeres indígenas. Debido a complicaciones post operatorias se registraron 19 mujeres muertas a causa de las esterilizaciones que no contaron con ninguna garantía de salud, evaluaciones pre quirúrgicas realizadas por personal no clasificado ni identificado, ni tampoco seguimiento de las pacientes con la inclusión de embarazos ectópicos (Informes de la Defensoría Nº 27 y Nº 69).

Una historia

En 2001, bajo la presidencia de Alejandro Toledo, el Congreso de la República aprobó la conformación de una subcomisión investigadora a instancias del ministro de Salud Luis Solari que entregó, en junio de 2002, el “Informe final sobre la aplicación de la Anticoncepción Quirúrgica Voluntaria (AQV) en los años 1990-2000”. Las conclusiones fueron determinantes: daños en la integridad física y psicológica de las mujeres esterilizadas, así como vulneración de la libertad individual de las personas y la reducción selectiva de los nacimientos en un grupo social determinado. Ausencia de registros de consentimiento, y responsabilidad del entonces presidente y los ministros de estado y Directores Regionales de Salud.

El documento significó el inicio de un auto reconocimiento del Estado como violador de los Derechos Humanos.

En julio de 2002, el entonces ministro de salud Fernando Carbone presentó un informe al Congreso, donde se calculaba  que entre los años 1993 y 2000, 294 000 mujeres fueron esterilizadas, mientras que a más de 18 000 hombres se les hizo la vasectomía. Una muestra sin ambages del resultado del plan del gobierno de Fuyimori , que tenía como objetivo disminuir el número de nacimientos en los sectores más pobres de la sociedad peruana, apuntando esencialmente a los indígenas de las zonas más alejadas.

El caso llegó a ser archivado hasta en cuatro oportunidades. En 2009 se realizó el primer archivamiento por prescripción. En 2011 fue reabierto, pero en 2014 durante la presidencia de Ollanta Humala, el fiscal Marco Guzmán Baca lo volvió a archivar, excluyendo de responsabilidad a Fujimori y a sus ministros por estas esterilizaciones. En 2015 la fiscal Marcelita Gutiérrez reabrió el caso, pero al año siguiente lo archivó nuevamente,

Solo una historia entre miles ilustra esta tragedia de los Andes vivida los pueblos indígenas hablantes de quechua que no fue sentida ni asumida como propia por el resto del país lo que evidencia la persistencia del racismo en la sociedad peruana,

María Mamérita Mestanza Chávez tenía 33 años, vivía en Cajamarca, estaba casada y tenía siete hijos cuando falleció ocho días después de realizarse una esterilización quirúrgica por complicaciones postoperatorias. Su esposo denunció el caso ante la Fiscalía Penal y la Fiscal Provincial de Baños del Inca acusó a cuatro personas por homicidio culposo, delito contra la vida y la salud. Pocos meses más tarde, el Fiscal Provincial de Baños del Inca archivó el caso. Sin embargo, no quedó allí porque el caso se llevó a la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH).

El 10 de octubre de 2003, el Estado peruano suscribió un Acuerdo de Solución Amistosa (ASA) con la CIDH y los familiares de María Mamérita. El Estado reconoció su responsabilidad internacional por la violación de los derechos de Mestanza Chávez reconocidos en la Convención Americana sobre Derechos Humanos y la Convención Interamericana para Prevenir, Sancionar y Erradicar la Violencia contra la Mujer. De este modo, se comprometió a “adoptar medidas de reparación material y moral por el daño sufrido e impulsar una exhaustiva investigación, tendiente a la sanción de los responsables en el fuero común”. El acuerdo también incluía adoptar políticas públicas para evitar que se repitan hechos similares en el futuro.

En noviembre de 2019, bajo el mandato de Martín Vizcarra, 7.277 las mujeres solicitaron registrarse en el Registro de Víctimas de Esterilización Forzada. Hay que decir que solo se cuenta con pocas decenas de abogados públicos disponibles para la defensa de las víctimas registradas en el REVIESFO. Y en ese mismo año 2019, el Ministerio de la Mujer no destinó presupuesto alguno para la atención de las víctimas, mientras que en muchos centros de salud donde las mujeres acuden para la atención de las complicaciones postoperatorias que aún padecen, el personal de salud que las atiende es el mismo que intervino en la implementación de las esterilizaciones forzadas masivas.

A pesar de que las víctimas de las esterilizaciones forzadas debieron esperar más de dos décadas, lograron el derecho a una política pública de reparación anteriormente alcanzado por las víctimas del Conflicto Armado Interno (CAI) por la Ley 28592 del 2005.  

La indemnización fue aprobada gracias a una campaña promovida por la excongresista indígena Tania Pariona junto a la organización feminista Estudio para la Defensa de los Derechos de la Mujer (DEMUS). Pariona y Demus ganaron la aprobación de un nuevo texto del Plan Integral de Reparaciones (PIR), un programa para víctimas del conflicto interno que enfrentó a las Fuerzas Armadas con grupos armados entre 1980 y 2000. 

Un nuevo juicio al encarcelado expresidente de Perú Alberto Fujimori (1990-2000) y otros exfuncionarios, inculpados por la esterilización forzada de miles de mujeres pobres, muchas de ellas indígenas, fue abierto este lunes, luego de la histórica decisión del gobierno de promulgar una ley que permitirá indemnizar a las miles de víctimas que fueron sometidas a esta práctica sin su consentimiento.

Fujimori y los otros inculpados, entre ellos tres exministros de Salud, “hicieron mucho daño con su política”, afirmó el fiscal Pablo Espinoza al presentar los cargos en una audiencia a distancia que contó con un traductor de lengua quechua porque algunas de las víctimas son indígenas que no dominan el español.

El fiscal afirmó que los inculpados “jugaron con las vidas y la salud reproductiva de las personas, sin importarles el daño” causado, según la agencia de noticias AFP.

Fujimori -que cumple una condena de 25 años por violaciones de derechos humanos- no participó de la audiencia pues solo está obligado a comparecer por casos incluidos en el proceso de extradición desde Chile, en septiembre de 2007.

El proceso llegó más de dos décadas después de que unas 270.000 mujeres fueran sometidos a cirugías de ligadura de las trompas de Falopio -y unos 25.000 hombres, a vasectomías- como parte del Programa Nacional de Salud Reproductiva y Planificación Familiar, un plan para reducir la natalidad en las regiones rurales y en las comunidades indígenas que Fujimori llevó a cabo en sus últimos cuatro años en el poder.

La mayoría de las víctimas eran indígenas y muchas padecieron severas secuelas físicas e incluso complicaciones derivadas de la cirugía que las llevaron a la muerte.

No se sabe con exactitud cuántas mujeres murieron por las esterilizaciones forzadas.

Las víctimas también padecieron secuelas psicológicas y muchas de ellas fueron abandonadas por sus maridos al no poder tener hijos.

El Estado peruano reconoció el mes pasado el derecho de las víctimas tras la aprobación de un nuevo texto del Plan Integral de Reparaciones (PIR), un programa para víctimas del conflicto interno que enfrentó a las fuerzas armadas con grupos irregulares entre 1980 y 2000.

La indemnización fue aprobada gracias a una campaña promovida por la excongresista indígena Tania Pariona junto a la organización feminista Estudio para la Defensa de los Derechos de la Mujer (Demus).

Entre los otros imputados figuran los exministros de Salud Alejandro Aguinaga (médico personal de Fujimori y actual candidato al Congreso por el fujimorismo), Eduardo Yong Motta y Marino Costa Bauer. Tambien hay otros dos exfuncionarios locales acusados.

En el proceso, a cargo del juez penal Rafael Martínez Vargas, Fujimori y sus colaboradores están acusados de ser “autores mediatos de daños contra la vida y la salud, lesiones graves y violaciones graves de los derechos humanos” contra mujeres quirúrgicamente esterilizadas entre 1996 y 2000.

El magistrado dijo que llevaría adelante el juicio “sin afectar los derechos fundamentales de ninguna de las partes”.

El proceso puede demorar varios meses e incluso años.

Actualmente, Fujimori, de 82 años, está cumpliendo una condena de 25 años de prisión por las masacres de Barrios Altos (1991) y La Cantuta (1992), en las que, amparándose en una supuesta “operación antiterrorista”, los militares asesinaron a una veintena de personas.

También recibió otras condenas menores por casos de corrupción, aunque en realidad solo cumple aquella pues en el Perú, en caso de tener más de una sentencia a prisión se cumple únicamente la más larga.

NB con información de la agencia Télam.

Tras décadas de impunidad, la Justicia peruana fijó para el primero de marzo la audiencia contra el expresidente Alberto Fujimori por su responsabilidad en la esterilización forzosa de miles de mujeres indígenas, uno de los episodios más oscuros de una Presidencia (1990-2000) marcada por las violaciones a los derechos humanos y el autoritarismo.

Además de Fujimori, deberán comparecer los exministros de Salud Eduardo Yong Motta, Marino Costa Bauer y Alejandro Aguinaga, según informó la agencia de noticias AFP.

Todos ellos están acusados de forzar a casi 350.000 mujeres y 25.000 hombres a someterse procesos de esterilización a través de un plan del Gobierno para reducir la natalidad en las regiones rurales y en las comunidades indígenas del país.

Bajo el Programa Nacional de Planificación Familiar se realizaron más de 272.000 ligaduras de trompas y unas 22.000 vasectomías, según datos de la Defensoría del Pueblo peruano.

La mayoría de los hombres y mujeres que fueron objeto del programa eran de origen humilde, hablantes del quechua y firmaron un consentimiento escrito en español que no entendían.

Una de ellas fue Josefina Quispe. Tenía 33 años y 5 hijos cuando fue sometida a un tratamiento de anticoncepción definitiva sin su consentimiento. Cuando despertó de la anestesia estaba tumbada en una camilla del hospital y sin entender por qué le dolía todo el cuerpo empezó a preguntar qué le habían hecho y por qué tenía una cicatriz en su abdomen, pero nadie le respondió.

Su caso es parecido al de otras cientos de miles de mujeres indígenas peruanas, como Victoria Vigo.

“Yo tenía 32 semanas de embarazo y no me sentía muy bien, así que fui a ver a mi médico. Me evaluaron y decidieron llevar a cabo una cesárea de emergencia”, recordó Vigo en diálogo con la cadena de noticias BBC. Su bebé nació con dificultades respiratorias y murió poco después.

“Había un médico tratando de consolarme diciendo: 'No te preocupes, todavía eres joven, puedes tener otro bebé'”, pero otro médico le respondió: “No puede tener más hijos. La hemos esterilizado”.

“Yo quería tener más hijos, pero esa elección me fue quitada sin mi permiso”, aseguró Vigo, quien un año después de haber sido esterilizada empezó su lucha contra las autoridades que impulsaban las esterilizaciones y, tras años de disputa legal, en 2003 cobró una compensación de 2.500 dólares.

Fue la única que recibió una compensación y está convencida de que lo consiguió porque, a diferencia de la mayoría de las personas esterilizadas en contra de su voluntad, ella es de clase media, tiene estudios y habla español.

Otro de los miles de casos es el de Mamérita Mestanza Chávez. El de ella es conocido porque fue llevado a la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH).

Chávez tenía 33 años y había dado a luz a su séptimo hijo cuando comenzó a ser acosada por las enfermeras del centro de salud al que asistía para los controles de su bebé. Le decían que si no accedía a la ligadura de trompas le pondrían multas o la encarcelarían. Así fue como la operaron sin haberle realizado estudios previos ni brindarle atención postoperatoria y murió a los ocho días de la cirugía. Dejó siete hijos huérfanos.

Fujimori había defendido su política de natalidad con el argumento de que sería un plan progresivo que ofrecía una amplia gama de métodos anticonceptivos, incluida la esterilización quirúrgica, que hasta ese momento era ilegal en Perú.

“Pero la verdad es que, en lugar de promover una variedad de métodos anticonceptivos, había objetivos, cuotas y un número de esterilizaciones que el personal de salud tenía que lograr”, explicó en una entrevista con la BBC Rosemarie Lerner, directora del proyecto Quipu, que recoge y comparte testimonios de víctimas de ese programa fujimorista.

En diálogo con la revista Nueva Sociedad, la congresista peruana Tania Pariona coincidió y afirmó que “existió una cadena de mando para la implementación de dicha política” y contó que “se ofrecía una comisión de 30 dólares por cada paciente que esterilizaban con fines de cumplir metas”.

CB con información de agencias