La guerra entre el presidente Javier Milei y el Grupo Clarín, propiedad de Felipe y Marcela Noble Herrera y Héctor Magnetto, está declarada. Como aquella que enfrentó a los Kirchner con conglomerado que con el gobierno de Mauricio Macri se hizo de Telecom. El conflicto estalló a partir de que Telecom comprara Telefónica de Argentina al grupo español cuyo 10% está en manos estatales de ese país europeo. El Gobierno suspendió la operación, Clarín reaccionó primero con tapas favorables a Milei, pero en las últimas semanas comenzaron a inclinarse en su contra. Y el Presidente lo advirtió en plena campaña porteña, una elección en la que se enfrenta a Macri.

Este martes, en el cierre del congreso anual del Instituto Argentino de Ejecutivos de Finanzas (IAEF), Milei recordó primero que en 2002 “los amigos de Clarín, [el entonces presidente Eduardo] Duhalde y [su entonces aliado Raúl] Alfonsin terminaron estafando a los argentinos por US$30.000 millones”, en referencia a la pesificación de deudas en dólares tras la salida de la convertibilidad (régimen cambiario por el que un peso equivalía a un dólar). “Se imaginan que después me como las tapas que me como del gran pasquín argentino”, agregó luego el jefe de Estado, parafraseando al lema del diario, “el gran diario argentino”.

Después rememoró que en aquel 2002 Clarín promovió una ley de bienes culturales para proteger su industria y modificó la norma de concursos preventivos para que se homologaran los acuerdos con el 51% de los acreedores, en lugar del 66%. “Son extorsionadores y corruptos con sus tapas”, atacó quien antes defendía los monopolios, pero ahora critica la fusión de Telecom y Telefónica, de alto impacto en la telefonía celular, pero con el argumento de que es un negocio con alta influencia política, según asesores libertarios.

También la ligaron los economistas. Al igual que minutos antes había dicho el ministro de Economía, Luis Caputo, el Presidente prometió que en un año la inflación “colapsará”, lo que significa que desaparecerá, y repitió que la receta económica aplicada por ellos era inédita en la Argentina. “No lo viste nunca: equilibrio fiscal sin emisión monetaria y tipo de cambio flotante. Es grave que se le pase a los pelotudos de los economistas”, disparó ante una platea de ejecutivos de finanzas, que incluye a sus colegas por él insultados. Ya no son sólo los políticos y los periodistas quienes son criticados por el máximo mandatario.

Caputo reiteró que nunca en 120 años había habido superávit fiscal sin default. Es cierto. También se preguntó por qué el Banco Central debería comprar dólares ahora que el tipo de cambio no está en la banda mínima de flotación pactada con el Fondo Monetario Internacional (FMI), de $1.000. “No hay intervenir porque te militan la corrida”, explicó. Y atribuyó el aún elevado índice de riesgo país, de 678 puntos, que impide al país endeudarse en el exterior, a dos factores: el “track record”, es decir, el historial de cesaciones de pago de la Argentina, y el “riesgo de que vuelva el kirchnerismo”.

Milei dijo que los que piden una devaluación reclaman una medida “antipopular” porque empobrecería a la población. Y él se jactó de bajar la pobreza, aunque no recordó que primero la subió y después la redujo al nivel heredado del gobierno anterior. Tampoco lo hizo el público financiero que lo aplaudió cuando él dijo que “los desalmados liberales” habían reducido el porcentaje de pobres.

“¿Cómo hablan de atraso cambiario sin hay libre flotación cambiaria?”, se preguntó el presidente, sin tomar en cuenta las medidas que su gobierno adopta para favorecer una apreciación real del peso que advirtieron los mismos empresarios que expusieron en el IAEF. “Aún hay inflación porque hay rezago. La bestia anterior emitió 13 puntos del PBI en un año”, justificó Milei.

“Cuando terminemos con el money overhang (exceso de dinero), vamos a ir muy rápido al piso de la banda cambiaria y puede que velocidad sea muy rápida y puede llevar a muchas empresas a la quiebra”, admitió. “Necesitamos una estructura contractual deflacionaria, pero tenemos una estructura contractual no preparada. Por eso, ¿cómo hacemos para monetizar la economia sin emitir dinero?”, se preguntó y su respuesta es la dolarización endógena, es decir, que la gente que tiene dólares ahorrados los gaste.

El Presidente descartó el “modelo de puja distributiva” que eleva sueldos y después precios, en un intento por justificar su pauta salarial del 1% que impide una recuperación de los bolsillos de los trabajadores. También desestimó un anclaje del tipo de cambio y pronosticó que el dólar seguirá cayendo.

“Hicimos el ajuste fiscal más grande humanidad en un tiempo corto y bajamos tasa de inflación del 17.000% al 10%”, deliró con cifras que él elucubra a su manera, pero no tiene relación con el 211% anual de 2023 y el 55% actual. “Se reían del pedo de buzo, pero ahora hay burbujas por todos lados”, defendió, siempre soez el mandatario, en alusión a la fuerte recuperación de la economía respecto de un año atrás, aunque los últimos indicadores de diversos sectores muestran que el repunte se enfrenta a incipientes bajas en relación al inicio de 2025.

AR/JJD

Telecom Argentina deberá esperar seis meses para avanzar en la fusión con la filial local del grupo español Telefónica, mientras el gobierno de Javier Milei avanza en la evaluación sobre la posible configuración de un monopolio en el sector.

Fuentes de Telecom confirmaron este martes a EFE que la empresa ya fue notificada formalmente de la decisión del Gobierno argentino de suspender en forma preventiva los efectos de la compra de Telefónica por parte de Telecom, concretada el pasado 24 de febrero.

La resolución ordena a Telecom abstenerse por el plazo de seis meses o hasta que las autoridades se expidan sobre si autorizan o no la operación -lo que suceda primero- de realizar cualquier tipo de acto jurídico, societario y/o comercial que implique directa o indirectamente la integración o consolidación con Telefónica Móviles Argentina.

La medida, adoptada el pasado viernes por la Secretaría de Industria y Comercio por recomendación de la Comisión Nacional de Defensa de la Competencia (CNDC), incluye cualquier iniciativa que implique unificar o integrar los equipos que forman parte de las dos empresas así como cualquier intercambio de información “competitivamente sensible”, como precios y estrategias de precios, costes y márgenes, planes de negocios y estrategias comerciales y datos sobre clientes, proveedores y planes de inversión.

La resolución, comunicada el último viernes por la Oficina del Presidente y avalada por la CNDC explica que la fusión habría derivado en una participación de mercado del 61% en telefonía móvil, 69% en telefonía fija y hasta 80% en internet residencial en algunas regiones del país. La operación, valuada en US$1.245 millones, ya había sido cerrada por ambas compañías el 24 de febrero. También ordena a las empresas a respetar los convenios para el uso recíproco de infraestructura que hubieran firmado entre sí.

Para el Grupo Clarín, que controla Telecom Argentina, la fusión era una estrategia defensiva frente al ingreso de grandes jugadores globales como Starlink (Elon Musk), Amazon o América Móvil, y apuntaba a consolidar infraestructura y ampliar la cobertura ante una competencia creciente. Pero para el Gobierno, la fusión generaba un “riesgo de monopolio” que habilitó una inusual intervención del Estado en un sector donde Milei había prometido desregulación y “libertad de mercado”.

La decisión del Gobierno se dio, además, tras la denuncia de Telecentro ante la CNDC, donde alertó que la fusión viola la Ley de Defensa de la Competencia (27.442) y ubica al grupo fusionado con participaciones dominantes: 79% en telefonía fija, 61% en móvil, 48% en banda ancha y 42% en TV paga.

En tanto, para Martín Becerra, especialista en medios y telecomunicaciones, la operación convertía al grupo en un “gigante sin precedentes” del sector infocomunicacional. Según el Global Media and Internet Research Project, sumando los ingresos de Telecom y Telefónica, el conglomerado controlaría más del 55% de la facturación total del sector, que en 2023 superó los US$8.100 millones.

Concentración en el mercado

Telecom Argentina, que tiene como principales accionistas a Cablevisión Holding (empresa controlada por el grupo Clarín) y al fondo Fintech Telecom (controlado por el empresario mexicano David Martínez), compró a Telefónica su filial en Argentina por US$1.245 millones.

Telecom y Telefónica dominan el mercado argentino de las telecomunicaciones desde que en 1989 el entonces gobierno de Carlos Menem privatizó la empresa estatal de telefonía y dividió en dos regiones al país para otorgar los servicios a estas dos empresas.

Al suspender en forma preventiva los efectos de la adquisición, el Gobierno de Milei alegó que la fusión de ambas compañías incrementaría en forma significativa su participación en el mercado.

Según el Ejecutivo, la participación resultante de la operación implicaría una concentración del 61% en el mercado de telefonía móvil y del 69% en telefonía fija, mientras que en los servicios de internet residencial la concentración podría llegar al 80% en algunas zonas del país.

En una nota remitida este martes a la Bolsa de Buenos Aires, Telecom dijo que, aún desde antes del dictado de la suspensión, las dos empresas “se encuentran operando como sociedades y negocios independientes”.

En tanto, fuentes de Telefónica en Argentina consultadas por EFE señalaron que de momento la compañía no hará comentarios sobre la suspensión.

Evaluación en marcha

Más allá de esta medida preventiva, tanto la CNDC como el Ente Nacional de Comunicaciones (Enacom), el regulador de las telecomunicaciones en Argentina, prosiguen con el proceso de evaluación de la operación y la posible configuración de un monopolio en uno o más segmentos del mercado.

El Gobierno puede autorizar la operación, condicionarla al cumplimiento de ciertas condiciones o denegar su autorización.

Fuentes oficiales indicaron este martes a EFE que, en el caso que se detecte una posición dominante, se puede “forzar a ceder o a vender activos a un precio ventajoso a sus competidores, sobre todo en telefonía móvil”.

Las acciones de Telecom Argentina retrocedían este martes un 3,8% en la Bolsa de Buenos Aires.

Con información de Natalia Kidd, para la agencia EFE.

IG

El gobierno de Javier Milei suspendió este viernes los efectos de la compra de Telefónica de Argentina por parte de Telecom. El argumento oficial es la prevención de una concentración excesiva en el mercado de las telecomunicaciones. Sin embargo, el trasfondo es más complejo: el conglomerado que controla Telecom es el Grupo Clarín, y la operación convertía a su filial en el actor dominante en los principales servicios del sector, en un contexto de creciente tensión entre Milei y la mayor corporación mediática del país.

La medida fue comunicada por la Oficina del Presidente y avalada por la Comisión Nacional de Defensa de la Competencia. Según el comunicado, la fusión habría derivado en una participación de mercado del 61% en telefonía móvil, 69% en telefonía fija y hasta 80% en internet residencial en algunas regiones del país. La operación, valuada en US$1.245 millones, ya había sido cerrada por ambas compañías el 24 de febrero.

Para Clarín, la fusión era una estrategia defensiva frente al ingreso de grandes jugadores globales como Starlink (Elon Musk), Amazon o América Móvil, y apuntaba a consolidar infraestructura y ampliar la cobertura ante una competencia creciente. Pero para el Gobierno, la fusión generaba un “riesgo de monopolio” que habilitó una inusual intervención del Estado en un sector donde Milei había prometido desregulación y “libertad de mercado”.

Monopolio bajo sospecha

El conflicto no es nuevo. Desde hace meses, el Presidente viene mostrando hostilidad creciente hacia Clarín, con críticas explícitas a sus periodistas y medidas fiscales contra el sector. El caso de Telecom no es la excepción. A pesar de que el discurso libertario rechaza los controles estatales, esta vez Milei decidió marcarle el límite al holding de Héctor Magnetto, con quien la relación atraviesa su momento más tenso.

La decisión del Gobierno se da, además, tras la denuncia de Telecentro ante la CNDC, donde alertó que la fusión viola la Ley de Defensa de la Competencia (27.442) y ubica al grupo fusionado con participaciones dominantes: 79% en telefonía fija, 61% en móvil, 48% en banda ancha y 42% en TV paga.

El Ente Nacional de Comunicaciones (Enacom) también deberá intervenir. Paradójicamente, fue intervenido por decreto por el propio Milei con el fin de “desburocratizar y liberalizar el sector”. Hoy, esas herramientas de control que el gobierno concentró en el Ejecutivo son las mismas con las que pone freno a la mayor operación empresarial del año.

Desde el Gobierno destacan que la medida “resguarda los derechos de los usuarios y consumidores” y preserva la “libre concurrencia en el mercado”. Pero en la práctica, se trata de un bloqueo directo a una nueva consolidación del Grupo Clarín, que venía de lograr históricas fusiones durante los gobiernos de Néstor Kirchner y Mauricio Macri: primero con Multicanal-Cablevisión, luego con Telecom-Cablevisión.

Para Martín Becerra, especialista en medios y telecomunicaciones, la operación convertía al grupo en un “gigante sin precedentes” del sector infocomunicacional. Según el Global Media and Internet Research Project, sumando los ingresos de Telecom y Telefónica, el conglomerado controlaría más del 55% de la facturación total del sector, que en 2023 superó los US$8.100 millones.

El contraste con la prédica libertaria de Milei es notorio. “El monopolio es malo si lo impone el Estado”, dijo en el pasado, defendiendo la concentración privada. Pero en este caso, la línea se cruza. Clarín es Clarín. Y Milei parece dispuesto a dar la batalla.

JJD

Telecentro presentó una denuncia formal ante la Comisión Nacional de Defensa de la Competencia (CNDC) contra Telecom por la reciente adquisición de Telefónica Argentina, argumentando que la operación genera concentración económica y un monopolio ilegal.

Según la empresa, esta fusión le otorgaría a Telecom el control dominante en varios servicios de telecomunicaciones, afectando la competencia y perjudicando el interés económico general.

Los argumentos de Telecentro

Según estimaciones de Telecentro, la nueva estructura de mercado quedaría conformada de la siguiente manera:

Datos clave de la concentración resultante

El pedido de Telecentro a la CNDC

Telecentro solicitó que la CNDC investigue a fondo todos los detalles de la operación y determine si esta concentración vulnera las leyes de defensa de la competencia, impactando negativamente a los usuarios y limitando las opciones del mercado de telecomunicaciones en Argentina.

Con información de agencias.

IG

En medio de las advertencias del Gobierno sobre un posible riesgo de monopolio en telecomunicaciones, Telecom Argentina informó en las últimas horas que realizó ante la Comisión Nacional de Defensa de la Competencia (CNDC) y el Ente Nacional de Comunicaciones (Enacom) “las presentaciones de información requeridas en el proceso de adquisición de Telefónica Móviles Argentina, en cumplimiento de la normativa vigente”.

A través de un comunicado, la empresa del Grupo Clarín sostuvo que esta adquisición “refuerza su estrategia de inversión y crecimiento en el país, brindando una red más robusta, federal y homogénea, que permitirá mejorar la oferta de servicios de alta calidad y velocidad para clientes tanto residenciales como corporativos, favoreciendo el desarrollo de sectores clave de la economía”.

Asimismo, aseguran que la operación “se da en un contexto de consolidación global de la industria de telecomunicaciones, marcado por la irrupción de nuevas tecnologías y actores trasnacionales, el crecimiento exponencial de la demanda de capacidad de red y el uso intensivo de infraestructura por parte de grandes plataformas digitales”.

Telefónica Hispanoamérica anunció el pasado 24 de febrero la venta de su filial en Argentina a Telecom, en una operación valuada en US$1.245 millones. La empresa española justificó la decisión como parte de su estrategia de reducir exposición en la región y generar valor para sus accionistas.

La transacción, que se firmó y cerró en el mismo día, deja a Telecom con un dominio significativo del mercado de telecomunicaciones en nuestro país. Ante esta situación, el gobierno de Javier Milei emitió un comunicado advirtiendo que investigará la operación a través del Ente Nacional de Comunicaciones (ENACOM) y la Comisión Nacional de Defensa de la Competencia (CNDC).

El jefe de Gabinete, Guillermo Francos, se pronunció horas después del anuncio formal sobre la adquisición de Telefónica Argentina por parte de Telecom, empresa controlada por el Grupo Clarín y afirmó que el Gobierno analizará si la operación genera una situación de monopolio.

“Es un acuerdo entre privados, entre Telefónica y Telecom. Sin embargo, el Gobierno, a través de los organismos correspondientes, evaluará si esto crea una posición dominante y tomará una decisión en consecuencia”, explicó Francos.

El funcionario destacó que la transacción aún se encuentra en fase de “exposición pública” y que el Ejecutivo será el encargado de determinar su aprobación o rechazo. “Estamos en la etapa de exposición pública, y ahora el Gobierno intervendrá según lo que le corresponda”, agregó.

La compra ha generado preocupación en el Gobierno, ya que el Grupo Clarín ya controla Personal y Flow, compañías líderes en telefonía móvil, internet y televisión. De aprobarse la fusión, la empresa pasaría a dominar más de dos tercios del mercado, lo que podría afectar la competencia.

El Ente Nacional de Comunicaciones (ENACOM) y la Comisión Nacional de Defensa de la Competencia (CNDC) serán los organismos responsables de evaluar el impacto de la operación y determinar si cumple con la normativa vigente o representa un riesgo para la libre competencia.

La preocupación en la Casa Rosada

Desde la Casa Rosada alertaron que la compra podría generar una concentración del 70% del mercado en manos de una sola empresa, lo que “iría en contra de la libre competencia” y atentaría contra la lucha del Gobierno por reducir la inflación. Además, el Ejecutivo remarcó que Telecom creció gracias a “décadas de beneficios estatales”, una línea de argumentación que Milei ha usado recurrentemente contra empresas que, a su juicio, se vieron favorecidas por el intervencionismo estatal.

La composición accionaria de Telecom es en un 40% del Grupo Clarín; otro 40%, de Fintech Telecom LLC, y el restante 20%, de acciones públicas en la Bolsa.

La reacción del oficialismo marca un giro en su postura de desregulación del mercado, al menos en este sector. Mientras Milei eliminó regulaciones en múltiples áreas, el comunicado sugiere que en telecomunicaciones el Ejecutivo está dispuesto a intervenir. No es un dato menor que la inflación del rubro comunicaciones cayó en enero a 2,3%, luego de un 15,6% en diciembre de 2023, según el propio Gobierno.

La venta de Telefónica marca el fin de una era para la empresa española, que había llegado al país con la privatización de Entel en los años ‘90. La firma mantendrá presencia en otros mercados de la región, pero Argentina deja de ser parte de su portafolio.

El desenlace de la operación dependerá ahora de la evaluación de los organismos de control, en un contexto en el que la administración de Milei busca equilibrar su prédica ultraliberal con la necesidad de evitar que una mayor concentración derive en aumentos de precios y menor competencia en un servicio esencial.

Comunicación oficial a la CNV

Telecom Argentina le comunicó la operación formalmente a la Comisión Nacional de Valores (CNV), confirmando la adquisición del 99,9996% de las acciones de Telefónica Móviles Argentina por US$1.245 millones. La empresa señala que esta operación le permitirá continuar con el desarrollo de la infraestructura digital en el país, potenciando la banda ancha fija y móvil, expandiendo la fibra óptica y acelerando el despliegue del 5G.  

Para financiar la compra, Telecom obtuvo dos préstamos por US$1.170 millones: uno sindicado otorgado por BBVA, Deutsche Bank y Banco Santander, y otro bilateral del Industrial and Commercial Bank of China (ICBC) en Argentina. La operación será revisada por las autoridades regulatorias, en línea con la advertencia del Gobierno sobre la posible conformación de un monopolio en el sector.

El jefe de Gabinete, Guillermo Francos, se pronunció este lunes sobre la adquisición de Telefónica Argentina por parte de Telecom, empresa controlada por el Grupo Clarín. Según afirmó, el Gobierno analizará si la operación genera una situación de monopolio.

“Es un acuerdo entre privados, entre Telefónica y Telecom. Sin embargo, el Gobierno, a través de los organismos correspondientes, evaluará si esto crea una posición dominante y tomará una decisión en consecuencia”, explicó Francos en una entrevista con A24.

El funcionario destacó que la transacción aún se encuentra en fase de “exposición pública” y que el Ejecutivo será el encargado de determinar su aprobación o rechazo. “Estamos en la etapa de exposición pública, y ahora el Gobierno intervendrá según lo que le corresponda”, agregó.

La compra ha generado preocupación en el Gobierno, ya que el Grupo Clarín ya controla Personal y Flow, compañías líderes en telefonía móvil, internet y televisión. De aprobarse la fusión, la empresa pasaría a dominar más de dos tercios del mercado, lo que podría afectar la competencia.

El Ente Nacional de Comunicaciones (ENACOM) y la Comisión Nacional de Defensa de la Competencia (CNDC) serán los organismos responsables de evaluar el impacto de la operación y determinar si cumple con la normativa vigente o representa un riesgo para la libre competencia.

MM con información de la agencia NA.

Con la compra de Telefónica de Argentina por parte de Telecom, controlada por los accionistas del Grupo Clarín, emerge un gigante sin precedentes en el sector infocomunicacional. Si bien hace meses había fuego cruzado entre el entorno de Javier Milei y el conglomerado de Héctor Magnetto, el hecho consumado sacudió a la Casa Rosada, que reaccionó en caliente con un comunicado que denuncia que la operación podría dejar “el 70% de los servicios de telecomunicaciones en un solo grupo económico, lo que generaría un monopolio”, que el Gobierno alega que quiere evitar. En este caso parece que el mercado no se regula solo.

Desde Madrid, Telefónica dio por cerrada la operación en US$1.245 millones: “La firma y cierre de la transacción ha tenido lugar simultáneamente en el día de hoy”, sentenció. La sucursal argentina integra Telefónica Hispanoamérica, división que la casa matriz intenta vender desde hace años para afrontar el pasivo del grupo y focalizar sus inversiones en activos más redituables.

Sería ilógico que Telecom haya avanzado con el pago por Telefónica sin garantías de validación oficial. Pero, en una nueva jornada de frenética actividad en X, el presidente Milei amplificó críticas a esta concentración y anunció una evaluación rigurosa por parte de dos oficinas estatales que deben intervenir: el ente de las comunicaciones ENaCom y la Comisión Nacional de Defensa de la Competencia (CNDC). Para Clarín y Telefónica el asunto está concluido; para Milei, no.

Lo irónico es que Milei decretó una mayor relajación de las normas que autorizaban a controlar la distorsión del sector de las telecomunicaciones cuando se detecta que la concentración excesiva produce “poder significativo de mercado”. De todas formas, aún recortadas en sus objetivos, tanto la Ley 27.078 de Telecomunicaciones y TIC -sancionada en 2014 por el Congreso-, como la de Defensa de la Competencia, habilitan la injerencia de organismos estatales hoy dirigidos por delegados del Presidente.

La venta de Telefónica involucra los mercados de comunicaciones móviles, conectividad a Internet, telefonía fija y tv de pago. En total, esos sectores facturaron más de US$8.100 millones en 2023. Sumadas, Telecom y Telefónica controlan más del 55% de esos ingresos. Su principal competidor es Claro (América Móvil), que opera fundamentalmente en el segmento móvil, del que es líder en usuarios y en ventas. Sus servicios fijos de conectividad y tv paga, aunque en franca expansión, por ahora no le hacen sombra a la concentración de fuerzas de Telecom y Telefónica.

Tomando en cuenta el ejercicio de 2023 (los balances 2024 aún no están disponibles), la participación conjunta de Telecom y Telefónica oscila entre el 40% y el 80% de los mercados de telecomunicaciones y TIC en el país. Los datos reunidos por el equipo argentino del Global Media and Internet Research Project muestran que, a nivel nacional, Telecom y Telefónica superan el 60% de lo que recaudan las comunicaciones móviles, el 45,3% de la conectividad fija a Internet, el 79% del servicio básico de telefonía y el 41% de la tv de pago (donde Telefónica, a través de Movistar, cuenta con una participación de sólo el 4%). Por supuesto, hay provincias donde la incidencia de ambas compañías es mayor y hay casos donde puede hablarse, sin eufemismos, de monopolio.

A su vez, la adquisición de Telefónica de Argentina comprende recursos estratégicos, como las bandas de espectro asignadas para servicios móviles, una extensa red de infraestructura física, personal y hasta posesiones inmobiliarias. Fuentes cercanas a Claro, de Carlos Slim, insistían en que la capacidad operativa de su empresa quedará dañada, al tener atribución sobre una porción menor del espectro asignado a móviles, mientras que la suma de Telecom y Telefónica excede con creces los límites establecidos por la regulación vigente. Slim también estaba interesado en comprar Telefónica de Argentina y fue uno de los financiadores de la campaña electoral de Milei.

Los accionistas del Grupo Clarín acreditan una dilatada experiencia en materia de concentraciones, ya que han protagonizado los tres principales movimientos de consolidación del mercado infocomunicacional en este siglo con gobiernos de distinto signo. En 2007 lograron que el expresidente Néstor Kirchner autorice la fusión entre Multicanal y Cablevisión, del fondo Fintech propiedad de David Martínez, desde entonces socio minoritario de Magnetto. Eran tiempos de romance entre el kirchnerismo y el grupo, antes de la asunción de Cristina Fernández, en cuyos gobiernos se desataría un enfrentamiento todavía activo. Diez años más tarde de aquella fusión, Mauricio Macri facilitó la unión de Cablevisión con Telecom (cuyo control ejercía, curiosamente, Martínez), nuevamente en beneficio del Grupo Clarín.

Cada una de esas concentraciones fue, en su momento, la mayor de la historia argentina del sector. Hoy, con la obtención de Telefónica, revalidan su título de “campeones nacionales” capaces de aventajar en el modesto mercado local a potentes competidores de despliegue hemisférico, como lo fue en su momento Telefónica y como lo es América Móvil. Por supuesto, la expansión de Clarín no hubiese sido posible sin haber conquistado, previamente, el predominio de los medios de comunicación.

La concentración de poder de Clarín molesta a Milei. Aunque defiende a los monopolios privados en sus viajes internacionales a foros de la ultraderecha (“el monopolio es malo cuando es un monopolio impuesto por el Estado, no cuando hay un solo oferente. Cuando hay un solo oferente, de hecho, lo dice el propio Mises: enójense con el resto de los empresarios que no están ofreciendo el producto, no con el único que está ofreciéndolo”, dijo en julio pasado en la República Checa), desde hace meses que muestra fastidio con Clarín.

En octubre, el vocero presidencial, Manuel Adorni, denunció que una auditoría del ENaCom (intervenido por Milei) detectó serias fallas en el cobro de aportes al Fondo de Servicio Universal (FSU) por parte de Telecom y Telefónica, mientras que anunciaba una licitación 5G con la idea de “desconcentrar” el mercado, donde sugirió que las principales operadoras tenían conductas anticompetitivas. También dijo que iban a eliminar la exención del IVA a empresas periodísticas. En simultáneo, Milei aprovechaba una de las amenas charlas con animadores del propio Grupo Clarín en TN para descargar su cólera contra Marcelo Bonelli, quien es la voz editorial en temas económicos de Magnetto.

Política y negocios vuelven a cruzarse en una nueva jugada osada del Grupo Clarín, que provoca a un presidente que parece excitado ante el desafío de bloquearla. Los titanes están en el ring.

Fuentes del Grupo Clarín, propietario de Telecom Argentina, que este lunes anunció la compra de Telefónica Argentina, dijeron a elDiarioAR que la operación servirá para que la empresa “pueda recuperar infraestructura, posicionamiento, tecnología y ser competitiva”; indicaron que Telecom y Telefónica en nuestro país “son complementarias en áreas geográficas, con lo cual en muchos casos ni va a cambiar el market share (la participación del mercado)”, y resaltaron que el conglomerado de medios, de esta manera, se “prepara para competir con los grandes que están desembarcando, o sea Elon Musk, que tiene pisada en toda la Argentina, y en realidad en todo el mundo, además de Amazon y DirecTV”.

“[La operación] tiene mucha racionalidad”, resaltaron, en diálogo con este medio. 

“De hecho, si uno observa el valor de capitalización de las dos compañías, esto se puede apreciar fácilmente: el de Telecom alcanza los US$7.300 millones y el de Telefónica es de alrededor de US$1.000 millones. Cuando uno mira algunos de los competidores que se mantienen o acaban de ingresar al mercado argentino, esos valores de capitalización son elecuentes: AMX, la dueña de Claro, alcanza los US$87.000 millones. Y Starlink, la promocionada oficialmente prestadora de servicios de banda ancha y comunicaciones móviles de Elon Musk, alcanza los US$350.000 millones”, remarcaron.

Telefónica de Argentina Sociedad Anónima (TASA), indicaron, “desde hace cinco años que está en venta y su casa matriz, con vocación de salir de la Argentina”. “Como expuso la semana pasada la publicación especializada regional DPL News, los 'planes de abandono de Telefónica de América Latina exponen la difícil sostenibilidad del sector'”.

En la Argentina, señaron las fuentes de Telecom a elDiarioAR, “ya hubo dos antecedentes de adquisiciones y fusiones en este sector que fueron parecidas y terminaron mejorando la infraestructura y los servicios”.

En relación con el comunicado del gobierno de Javier Milei, señalaron que “esta adquisición se va a presentar a los organismos reguladores, como indica la normativa” y que “lo que se busca es un proceso de capitalización, inversión y modernización de la compañía”.

Remarcaron que “el Gobierno se ha manifestado reiteradamente a favor del ingreso de operadores extranjeros de telecomunicaciones y también de la necesidad de inversión privada en infraestructura, por lo que una inversión directa de US$1300 millones, más inversiones anuales de cientos de millones en la misma moneda, para tener las redes de conectividad más modernas de la región, en beneficio de usuarios y empresas, sin duda es algo favorable”.

“Gran parte de la estrategia oficial es la atracción de compañías tecnológicas, de IA y de software para que inviertan en el país. Esta operación generará una externalidad positiva para el país sin gastar fondos públicos”, vaticinaron.

JJD

Telefónica Hispanoamérica anunció la venta de su filial en Argentina a Telecom, del Grupo Clarín, en una operación valuada en US$1.245 millones. La empresa española justificó la decisión como parte de su estrategia de reducir exposición en la región y generar valor para sus accionistas.

La transacción, que se firmó y cerró en el mismo día, deja a Telecom con un dominio significativo del mercado de telecomunicaciones en nuestro país. Ante esta situación, el gobierno de Javier Milei emitió un comunicado advirtiendo que investigará la operación a través del Ente Nacional de Comunicaciones (ENACOM) y la Comisión Nacional de Defensa de la Competencia (CNDC).

Desde la Casa Rosada alertaron que la compra podría generar una concentración del 70% del mercado en manos de una sola empresa, lo que “iría en contra de la libre competencia” y atentaría contra la lucha del Gobierno por reducir la inflación. Además, el Ejecutivo remarcó que Telecom creció gracias a “décadas de beneficios estatales”, una línea de argumentación que Milei ha usado recurrentemente contra empresas que, a su juicio, se vieron favorecidas por el intervencionismo estatal.

La composición accionaria de Telecom es en un 40% del Grupo Clarín; otro 40%, de Fintech Telecom LLC, y el restante 20%, de acciones públicas en la Bolsa.

La reacción del oficialismo marca un giro en su postura de desregulación del mercado, al menos en este sector. Mientras Milei eliminó regulaciones en múltiples áreas, el comunicado sugiere que en telecomunicaciones el Ejecutivo está dispuesto a intervenir. No es un dato menor que la inflación del rubro comunicaciones cayó en enero a 2,3%, luego de un 15,6% en diciembre de 2023, según el propio Gobierno.

La venta de Telefónica marca el fin de una era para la empresa española, que había llegado al país con la privatización de Entel en los años ‘90. La firma mantendrá presencia en otros mercados de la región, pero Argentina deja de ser parte de su portafolio.

El desenlace de la operación dependerá ahora de la evaluación de los organismos de control, en un contexto en el que la administración de Milei busca equilibrar su prédica ultraliberal con la necesidad de evitar que una mayor concentración derive en aumentos de precios y menor competencia en un servicio esencial.

Comunicación oficial a la CNV

Telecom Argentina le comunicó la operación formalmente a la Comisión Nacional de Valores (CNV), confirmando la adquisición del 99,9996% de las acciones de Telefónica Móviles Argentina por US$1.245 millones. La empresa señala que esta operación le permitirá continuar con el desarrollo de la infraestructura digital en el país, potenciando la banda ancha fija y móvil, expandiendo la fibra óptica y acelerando el despliegue del 5G.  

Para financiar la compra, Telecom obtuvo dos préstamos por US$1.170 millones: uno sindicado otorgado por BBVA, Deutsche Bank y Banco Santander, y otro bilateral del Industrial and Commercial Bank of China (ICBC) en Argentina. La operación será revisada por las autoridades regulatorias, en línea con la advertencia del Gobierno sobre la posible conformación de un monopolio en el sector.

JJD

Telecom realizó el evento de inauguración del primer cluster de conectividad en la ruralidad que alcanza parte de la zona núcleo de los partidos de Pergamino y Rojas en la provincia de Buenos Aires. Es el primer proyecto colaborativo con socios estratégicos de la cadena de valor del sector agroindustrial y municipios para el desarrollo de una zona de cobertura continua en la ruralidad.

Esto se dio en el marco de su plan estratégico del impulso del ecosistema Agtech, en el sector agrícola y ganadero, mediante el despliegue de ocho nuevos sitios. Con esta nueva infraestructura se brinda una zona de cobertura continua en los partidos de Pergamino y Rojas, cubriendo una extensión de más de 500 mil hectáreas.

Con la instalación de estos ocho sitios adicionales a la capacidad actual, Telecom está llegando a más de 134.000 personas. Con este proyecto se continuarán resolviendo los desafíos sociales y productivos a las más de 21 localidades que están alcanzadas por este proyecto; llegando a 228 establecimientos educativos, 28 centros de salud, 213 km de rutas nacionales, 194 km de rutas provinciales y 3600 kms de caminos rurales, donde los vecinos que circulen por ellos tendrán conexión a internet.

De la inauguración oficial participaron Fernando Feytes, Head of IoT de Telecom Argentina, junto a el intendente del Partido de Pergamino, Javier Martínez y el intendente del Partido de Rojas, Román Bouvier. Además, estuvieron presentes ejecutivos de las diferentes empresas y aportantes, que son parte del desarrollo colaborativo de Telecom.

Javier Martínez dijo: “Queremos agradecer a quienes se animaron, a quienes tomaron la posta de llevar esto adelante. Nosotros que creemos mucho en el interior productivo, que creemos que la salida de nuestro país tiene que ver con la fortaleza del interior productivo, dándole mayor participación, mayor capacidad, mayor visión y que la conectividad llegue a este anillo digital, tiene que ver con la tecnología del agro. Con la inteligencia artificial aplicable al agro, sí, pero con la formación, con la educación, con las escuelas rurales con los hijos de los puesteros o los mismos puesteros que queremos que tengan en el campo los mismos beneficios que tienen los que viven en las grandes ciudades”. Además, agregó: “Queremos agradecer a Telecom, porque creo que para ustedes también ha sido un desafío, un desafío interno para toda la estructura de nuestro municipio, porque nosotros acá somos facilitadores y somos colaboradores al proyecto del cluster”.

Por su parte, Roman Bouvier señaló: “Quiero agradecerle a Telecom por esta iniciativa, pero también a cada una de las empresas. Nosotros también tenemos una deuda para trabajar con el campo, pero acá quiero hablar de la solidaridad que tuvieron las empresas de nuestro distrito para no ser egoístas y colaborar. En este caso fuimos facilitadores y articuladores del proyecto. Las mismas empresas que son parte de nuestro distrito también vinieron a aportar tecnología. Y lejos de ser egoístas, van a compartir con cada paraje del distrito, con cada campo que se pueda conectar a la red, y van a aportar a la producción”. Además, destacó: “Y es lo que necesitamos cada vez más como país, articularnos entre los distintos niveles del Estado, con cada uno de los empresarios, con cada uno de los productores y con una empresa como Telecom liderando esto. Estado, empresas, municipios, productores, y a este país lo vamos a sacar adelante si trabajamos juntos”.

En tanto, Fernando Freytes afirmó: “Es muy importante para nosotros poder unir en esta propuesta el apoyo público y privado. Empezamos hace dos años a trabajar muy cercanos al agro, nos propusimos que teníamos que conectar el núcleo productivo del país con todo lo que eso significa, pensando en términos también de extensión territorial. Decidimos estratégicamente iniciar con las primeras 500 mil hectáreas entre los distritos de Pergamino y Rojas. Logramos articular entre todos los actores involucrados, socios estratégicos, empresas y distritos y hoy estamos muy contentos de haber hecho realidad este proyecto, cumplir con la primera etapa de conectar el campo y a partir de ahí ir por el siguiente paso”.

El ecosistema AgTech aceleró su crecimiento en los últimos años y es hoy una apuesta fuerte para el desarrollo económico local. El trabajo es conjunto con las empresas interesadas en la región y los municipios, de ahí el nombre de cluster colaborativos. Las empresas que forman parte del cluster colaborativo son: AGCO, Allaria Agro, Bayer, Case IH, Chacra Servicios, CNH, Corteva, Crucianelli, Banco Galicia, Gear, New Holland, Strix, Rizobacter y RUS Seguros.

En el Mes de la Educación Financiera, Personal Pay, la billetera virtual de Telecom Argentina, presenta su programa Saber de Guita. Desarrollado para ofrecer información clara, práctica y accesible sobre manejo del dinero, el programa tiene el propósito de dar a conocer diversas herramientas para mejorar su administración y promover una relación más consciente y eficiente de las personas con sus finanzas cotidianas. 

Entre las iniciativas que propone Saber de Guita, se destacan:

Roberto Nobile, CEO de Telecom Argentina, y Gabriel Blasi, CFO, junto con otros ejecutivos de la compañía, encabezaron la celebración del 30° aniversario del inicio de la cotización de la empresa en la Bolsa de Nueva York. Este aniversario simboliza un momento crucial para Telecom, ya que exhibe la salud financiera de la compañía, así como la confianza de sus inversores, en un entorno altamente competitivo y en constante evolución.

Telecom ha venido transformando su core tradicional de negocios telco para convertirse en un hub digital al incorporar soluciones basadas en conectividad, entretenimiento, ciberseguridad, Fintech e IoT. Estas soluciones hoy trascienden las fronteras de la Argentina para proyectarse hacia toda la región, e impulsan nuevos paradigmas de negocio en el marco de iniciativas globales como Open Gateway. La compañía ha sostenido un plan de inversiones, superior a los US$ 6.000 millones en los últimos siete años, destinado a la modernización de su infraestructura, eje de su transformación digital. Para 2024, se prevé una inversión de aproximadamente US$ 500 millones adicionales.

Roberto Nobile, CEO de Telecom Argentina, declaró: “Celebrar 30 años de cotización en la Bolsa de Nueva York es un orgullo inmenso y un reconocimiento al liderazgo de Telecom. Este logro no habría sido posible sin el compromiso de nuestros colaboradores, la confianza de nuestros clientes y el respaldo continuo de nuestros inversores. Miramos al futuro para consolidarnos como un hub digital en la región, con servicios innovadores. Estar en la NYSE nos otorga la visibilidad global necesaria para seguir potenciando nuestra estrategia”.

Por su parte, Gabriel Blasi, CFO de Telecom Argentina, expresó: “Acceder a una base global de inversores nos abre las puertas a capitales internacionales, imprescindibles para el desarrollo de nuestros servicios. La solidez y transparencia de nuestra gestión financiera es altamente valorada por quienes confían en la visión a largo plazo de la compañía.”

Con esta acción Telecom se convierte en la primera empresa del ecosistema TIC en Argentina en incorporar un packaging sustentable para el envío de productos como celulares, auriculares, parlantes y accesorios. De esta manera, el casi millón de paquetes al año serán embalados con un envoltorio más amigable con el planeta.

Andreani lanzó una primera bolsa de e-commerce, que cuenta con un 70% de plástico recuperado fabricado con PCR (plástico reciclado posconsumo) minimizando el impacto en el ambiente y generando una experiencia positiva en sus clientes y destinatarios finales. La bolsa cuenta con el sello Inti-Ecoplas, la primera certificación de Argentina y Latinoamérica que avala productos fabricados con plástico reciclado como marca registrada, asegurando los siguientes puntos:

●    Certifica que el producto contiene plástico reciclado, en una fracción o en su totalidad, con una proporción mínima de 15% y que, a su vez, es reciclable permitiendo que vuelva a ingresar en el circuito de recuperación.

●    Forma parte de una nueva economía circular, en la que se reaprovechan los residuos plásticos, se generan menos desperdicios, menos emisiones y más empleo.

●    Es una oportunidad para el compromiso ambiental de las empresas que utilizan plástico reciclado y para las personas que los adquieren.

Al mismo tiempo, Andreani está encabezando la descarbonización progresiva de sus operaciones mediante una visión circular para insumos y residuos, además de compensar parte de las emisiones que generan todos los envíos en el segmento pyme y de pequeños consumidores a través de Fundación Banco de Bosques. A estas estrategias de mitigación, se suma el modelo de gestión de emisiones y huella de carbono diseñado por la compañía, que permite tomar decisiones de recambio de tecnología en base a la eficiencia energética.

Telecom, en los últimos años, recicló 2.700 toneladas de residuos, recuperó más del 80% de los módems y decodificadores devueltos por los clientes, y donó más de 2.200 unidades de equipamiento tecnológico a más de 60 organizaciones de todo el país. Además, fue la primera empresa tecnológica en adherir a la Red de Economía Circular del GCBA y cuenta con más de 50 edificios con campaña de separación en origen de residuos sólidos urbanos en diferentes lugares del país.

En la misma línea, este año incorporó tarjetas SIM carbono neutrales y producidas con material 100% reciclado; hito que representa un paso más hacia el recambio con vistas a la eSIM, chips 100% virtuales disponibles en teléfonos de alta gama que prescinden de un anclaje físico y son el próximo paso en la evolución hacia una gestión sustentable integral en lo que refiere a comercialización de líneas móviles

En un fallo que se conoció este lunes, la justicia resolvió la nulidad del Decreto de Necesidad y Urgencia que consideraba a las telecomunicaciones como servicio público esencial. La decisión fue tomada la jueza a cargo del  Juzgado Contencioso Administrativo Federal N° 8, Cecilia De Negre, quien falló a favor de la empresa Telecom que había calificado como “inconstitucional” el DNU del año 2020 y pedía “fijar libremente los precios”.

Para la jueza, el Poder Ejecutivo no puede determinar la calificación de un servicio como público por medio de un decreto y que en ese sentido se requiere la sanción de una ley del Congreso. “Al disponer que la actividad prestada sea sustraída del sector privado, se limitan derechos fundamentales, que solo puede ser dispuesta mediante la sanción de una ley; ya que tiene una naturaleza expropiatoria de derechos adquiridos protegidos por la garantía del art. 17 de la C.N.; es que la declaración de una actividad económica como servicio público, implica someterla a un régimen especial de sujeción jurídica, que exige el dictado de una ley formal emitida por el Congreso; técnica conocida como publicatio”, sostuvo De Negre.

Por medio del decreto 690/2020, del 22 de agosto de 2020, el gobierno de Alberto Fernández declaró como servicios públicos esenciales a los servicios de las Tecnologías de la Información y las Comunicaciones (TIC) y el acceso a las redes de telecomunicaciones para y entre licenciatarios y licenciatarias de servicios TIC, reincorporando el carácter de servicio público de competencia como artículo 15 de la Ley N° 24.078 de Tecnologías de la Información y las Comunicaciones.

La decisión fue tomada en medio de la pandemia por coronavirus como una medida para garantizar las comunicaciones durante el aislamiento y el acceso a la educación que en aquel momento era virtual. Así lo anunció el Presidente en su cuenta de X (entonces Twitter), quien además aseguró que las tarifas se mantendrían congeladas hasta el 31 de diciembre: “De esta manera estamos recuperando herramientas regulatorias que el gobierno anterior quitó al Estado. El derecho de los usuarios y consumidores es un derecho constitucionalmente reconocido. En lo sucesivo, no podrá haber ningún aumento sin la previa aprobación del Estado”, había dicho Fernández.

Pero el 7 de abril, Telecom presentó una demanda contra el Ejecutivo Nacional y el Ente Nacional de Comunicaciones (ENACOM), para que se declare la nulidad del decreto y las resoluciones del organismo. El Estado contestó alegando que “los servicios Tics son servicio público esencial y estratégico del siglo XXI; debiendo satisfacer las notas típicas de continuidad, regularidad, igualdad, generalidad, obligatoriedad, universalidad y accesibilidad”.

Ahora, la jueza De Negre falló a favor de la empresa y cuestión el carácter permanente de la medida: “Fue la situación de emergencia sanitaria, en el marco de la pandemia del COVID-19, la que justificó otorgar medidas de protección y acceso a los servicios Tic y asegurar el derecho a la educación. Sin embargo, tal como ya se puso de resalto, no se estableció que su duración sería hasta la finalización de la pandemia, sino que las medidas se establecieron con carácter permanente. Ello afecta el principio de razonabilidad al establecer una discordancia entre el fin de la norma y los medios empleados”:

Para la jueza, el Estado contaba con otros medios para establecer tarifas que garantizaran el acceso a las telecomunicaciones durante la pandemia. “No deben olvidarse las facultades del Estado Nacional para intervenir frente a prácticas abusivas”, señaló y concluye que el “DNU incurre en una desviación de poder frente al fin declarado de garantizar la educación pública y la conectividad de los habitantes en el contexto de pandemia”.

Telecom, la empresa de los dueños del Grupo Clarín y dueña de la marca Personal, y la mexicana Claro se comprometieron hoy a invertir US$350 millones para adquirir lotes de 100 megahertz (MHz) de especto radioeléctrico para ofrecer la tecnología de Internet celular 5G, que aumenta la velocidad y la cantidad de contenido que se transmite ahora por las redes 3G y 4G. Su rival española Telefónica, propietaria de Movistar, presentó una oferta de US$175 millones por 50 MHz.

Así finalizó la licitación de espectro de 5G y ahora las tres empresas tienen 21 días para desembolsar ese dinero. Eso sí, pueden pagar en pesos al tipo de cambio oficial, con lo que es muy probable que no entren divisas nuevas para reforzar las alicaídas reservas del Banco Central. Sin embargo, serán recursos económicos que le vendrán bien al ministro de Economía y candidato presidencial, Sergio Massa, para apuntarla la meta de déficit fiscal comprometida con el Fondo Monetario Internacional (FMI), del 1,9% del PBI. Pero el aspirante a la Casa Rosada anunció las inversiones con una consigna que va más allá de la acuciante coyuntura por falta de fondos que “los ciudadanos tengan Internet y celulares más rápidos y más baratos”. Lo del menor precio tiene que ver con el anhelado efecto de la competencia.

En un acto oficial que inevitablemente se mezcla con la campaña del ministro candidato, Massa señaló el desafío que supone desplegar el 5G en el territorio del octavo país más extenso del planeta. Además de las mayores velocidad y contenidos para los ciudadanos, el funcionario destacó que esta licitación es una “oportunidad de ingresos para el Estado en momentos complejos por la peor sequía de historia”. Se trata de ingresos de US$825 en total a cambio del “uso de un bien público”, que es el espectro.

“Es importante para las metas fiscales. Es importante para valorar el bien público. Es importante por la confianza del sector privado cuando dominaba la incertidumbre política. Quiero hacer un agradecimiento a las tres compañías que han licitado”, le hizo un guiño a la firma del Grupo Clarín -con la que siempre mantuvo una buena relación pese al enfrentamiento del kirchnerismo con esa corporación-, la empresa de América Móvil -la del multimillonario mexicano Carlos Slim- y la de Telefónica -cuya partida de la Argentina nunca se concretó hasta ahora pese a los rumores de posibles compradores de su filial-.

Massa opinó que esta licitación sirve para despegarse “de la disputa electoral y mirar el largo plazo” y para “poder avanzar en inversiones de magnitud”, dado que el desembolso es sólo para comprar espectro, pero ahora las compañías deberán invertir en infraestructura para traerla a la Argentina y desplegarla aquí. Entre los principales proveedores de la tecnología 5G están las chinas Huawei y ZTE, que EE.UU pedía vetar por razones de seguridad nacional, pero que finalmente podrán proveer a Telefónica, Claro y Telecom. De hecho, las firmas de los dueños de Clarín (Héctor Magnetto, Felipe y Marcela Noble Herrera, José Aranda y Lucio Pagliaro) y la de Slim ya operan con Huawei en la Argentina. Otros proveedores son la sueca Ericsson y la finlandesa Nokia, mientras que la norteamericana Cisco ofrece parte de los equipos dentro de una opción tecnológica llamada Open RAN.

“La competencia por la tecnología es clave para los ciudadanos”, celebró Massa. “La competencia por el precio del servicio es uno de los valores más importantes”, agregó, antes de advertir que el mercado tampoco soluciona todo, como plantea su rival del balotaje, Javier Milei. “Que con el Estado sigamos haciendo inversiones en sectores donde por oferta y demanda no alcanza para desarrollar infraestructura. No todo depende del mercado, quedarían ciudadanos abandonados a la buena de dios. Es clave seguir con la inversión del Enacom (Ente Nacional de Comunicaciones) en barrios populares, con Arsat en lugares donde por volumen de mercado a ninguna empresa le interesa abrir competencia o aumentar inversiones.”

Pese a que Telecom, Telefónica y Claro habían renegado contra la licitación del 5G, negociaron con el Enacom cambios en las condiciones y finalmente presentaron primero las ofertas técnicas y hoy las económicas. Sólo quedaba la duda de si la empresa española iba a ofertar por 50 o 100 MHz. En un principio, Telefónica y su asociación con pymes y cooperativas Infraestructura Digital Argentina (IDA) había llegado a presentar un recursos de amparo primero en la ciudad de Buenos Aires, sin éxito, y después en Mendoza, con fallo favorable, contra la licitación porque se negaba a pagar por el espectro y a que el Estado reservara parte de él para la firma estatal Arsat, según fuentes oficiales. Después se sentó a negociar y terminó consiguiendo que se pueda ofertar por 50 MHz, en lugar de la exigencia inicial de hacerlo sólo por 100. Otros asuntos que se negociaron fueron la condición inicial de depositar el dinero en dólares, que al final se pudo desembolsar en pesos, y la facilitación de las importaciones para traer equipos del exterior. Claro que no es lo mismo poner US$350 millones que su equivalente en moneda nacional al tipo de cambio oficial.

En lo que no cedió el Gobierno fue en que algo debían abonar por el espectro -otros países no lo requieren-, la reserva de espectro para Arsat y en la exigencia de que cuando el 50% de la clientela haya migrado a 5G los operadores tengan la obligación de ofrecer una prestación básica universal (PBU), a un precio rebajado para alcanzar a toda la población sin importar su nivel económico. Pese a la amistad de Massa con EE.UU y su funcionario de Seguridad Nacional, Juan González, el ministro candidato no cedió a la presión contra Huawei -prohibida en la superpotencia y en numerosas potencias occidentales- y estableció la llamada neutralidad tecnológica. Es decir que los tres operadores podrán contratar a quien sea, ya sea a la firma china o a la tecnología Open RAN, donde participan compañías estadounidenses. Pronto comenzará una mesa de diálogo entre el Gobierno y las cooperativas y las pymes que proveen Internet en pequeñas localidades para sumarlas al 5G.

“Las operadoras no querían la licitación, especulaban con la que la hiciera el próximo gobierno, se pelearon todo el tiempo con nosotros y entre ellas, pero entraron”, comentan en los despachos oficiales. “Clarín jugó a fondo en la campaña con (Patricia) Bullrich, hasta le hizo guiños a Milei, a diferencia de La Nación, pero ahora se dan cuenta de que necesitar estar en un país medianamente estable”, explican. “La presión de Estados Unidos tampoco funcionó porque acá Clarín y Claro usan Huawei”, agregan.

“El avance de esta nueva tecnología implicará potenciar la continuidad del despliegue de 4G y la llegada de Movistar Fibra a los hogares, para que todos los clientes se vean beneficiados de igual manera”, informó Telefónica. “Hay que recordar que Movistar ya es 5G hace más de un año, cuando desarrolló el primer laboratorio 5G, con autorización del Enacom, para que el ecosistema emprendedor, entre otros actores, pudiera desafiar sus proyectos bajo esta tecnología; permitiéndoles realizar los ajustes necesarios y así lograr escalabilidad en el menor tiempo posible. De esta manera, una vez más, como desde hace 33 años, la compañía apuesta al crecimiento del país impulsando la evolución tecnológica y desarrollando productos y servicios que aceleren la digitalización de ámbitos públicos, el sector privado y de la sociedad en general”, completa la operadora española, que llegó a la Argentina cuando se privatizó el servicio.

“Celebramos que se haya concretado un paso muy importante para la evolución de la industria TIC (tecnologías de la información y la comunicación) en la Argentina, con el compromiso desde Telecom de seguir invirtiendo en servicios innovadores para nuestros clientes y para el país”, informó la empresa de los dueños de Clarín. “5G ya es una realidad en nuestras redes de Personal porque nos veníamos preparando para este momento. Con la asignación se irá extendiendo el encendido progresivamente”, agregó la firma.

AR/DTC

La Secretaría de Comercio sancionó a la empresa Telecom con una multa de $155 millones por haber incurrido entre los años 2017 y 2021 en “prácticas anticompetitivas” en el mercado de televisión paga. La empresa anunció a la Bolsa de Valores que apelará la sanción, que fue publicada y notificada el 11 de enero pasado.

La sanción se basa en la investigación realizada por la Comisión de Defensa de la Competencia que comenzó en el año 2018 ante la denuncia de la empresa AMX (Claro).

La multa, refiere a que Telecom y Artear (Arte Radiotelevisivo Argentino) “a través del abuso de su facultad exclusiva de fijar discrecionalmente montos de abonados mínimos, en forma discriminatoria y desproporcionada, ha restringido y distorsionado la competencia en el mercado de televisión paga en particular y cuádruple play en general”.

Agrega que esto ocurrió “en los aglomerados urbanos de AMBA, ciudad de Córdoba y ciudad de Rosario, desde diciembre de 2017 y hasta julio de 2021, limitando la cantidad de oferentes del servicio de TV paga, afectando la libre elección del consumidor final, en perjuicio del interés económico general”.

El cuádruple play es el conjunto de servicios de comunicaciones (internet, tv paga, telefonía fija y móvil) y Telecom se convirtió en la primera empresa que podía ofrecer los cuatro servicios desde que la gestión del Gobierno de Mauricio Macri aprobara a Telecom la compra de Cablevisión.

En los considerandos de la resolución se señala que “al limitar el ingreso de un competidor en el mercado de televisión paga, a la vez que se elevan artificialmente los costos de éste, se limita la capacidad del entrante de competir vía precios respecto a los de la empresa que detenta la posición dominante en el mercado aguas abajo y que la teoría indica que, a una menor competencia, mayores serán los precios de los servicios con el consiguiente perjuicio para los consumidores y para el interés económico general”.

Así también que “la práctica anticompetitiva endilgada a las firmas Telecom Argentina S.A. y Arte Radiotelevisivo Argentino S.A., resulta perjudicial para la libre competencia, para el consumidor y para el interés económico general”.

También agrega que “este perjuicio se produce principalmente en el mercado de televisión paga y adicionalmente tiene efectos sobre el mercado convergente de cuádruple play en el cual Telecom Argentina S.A. goza de predominancia, siendo AMX Argentina S.A. y Telefónica de Argentina S.A. los nuevos ingresantes y únicos competidores al momento de la conducta analizada”.

DA

El Ente Nacional de Comunicaciones (Enacom) autorizó este lunes un alza de la tarifa de telefonía, Internet y TV paga del 9,5% el mes próximo y de otro 9,5% en julio, lo que significa un 19% acumulado. Se suma al 9,8% que había autorizado para las pymes, incluidas las cooperativas, con menos de 100.000 abonados en enero, por lo que ellas totalizarán a julio un 31,6%. Pero las grandes empresas del sector, amparadas por fallos judiciales, desconocen la facultad del Estado de regular las tarifas, que había sido establecida por un decreto de necesidad y urgencia (DNU) en 2020, y por eso remarcan según sus propios criterios.

Por ejemplo, la española Telefónica Movistar aplicó un 16% en febrero y anunció otro 12,6% para mayo, con lo que acumulará un 30,6% en los primeros cinco meses del año, más que el 9,5% aprobado para las grandes o del 20,2% que regirá acumulado para las pymes. Telecom Personal (propiedad de los dueños del Grupo Clarín) aumentó 25% en lo que va del año, mientras que la mexicana Claro apostó por ahora por mantener los precios sin cambios. Pero en 2021, Claro los subió 45%; Personal, 49% y Movistar, 44%, por encima del 21% que el Gobierno había autorizado o del 43% que les había aprobado a las pymes. También Telecentro, de Alberto Pierri, y DirecTV, ahora en manos de los Werthein, remarcaron por encima de lo permitido, amparados también en sentencias.

El DNU 690/2020 reguló el sector, pero fallos de primera y segunda instancia pusieron en tela de juicio la facultad del Gobierno de fijar tarifas. Ahora se espera que la Corte Suprema se expida para determinar quién tiene razón: si las empresas o el Gobierno, en cuyo caso las compañías deberían devolver lo cobrado en exceso a los usuarios. Por ahora, no se ha cristalizado el intento de acordar una solución por fuera de los tribunales. Mientras, las pymes se atienen al DNU en parte porque dependen del Estado para que les subvencione el mejoramiento de su infraestructura y porque rivalizan con las grandes por el precio mayorista que les cobran para usar sus redes.

En el primer trimestre de 2022, el rubro comunicaciones se encareció 12,8%, menos que la inflación (16,1%), según el Instituto Nacional de Estadística y Censos (Indec). En 2021, subió 35,8%, por debajo del 50,9% de los precios en general. Los valores son clave para un sector que necesita de inversiones para mantener y mejorar el servicio, pero que a la vez deben ser accesibles para permitir el acceso de la población a la conectividad requerida para el trabajo y la educación en el mundo actual.

AR

Alberto Fernández no fue el primer presidente en visitar las instalaciones del gigante tecnológico Huawei en Beijing. Antes que él, ya lo había hecho Mauricio Macri en 2016, durante una recorrida en la que estuvo acompañado por su primer ministro de Economía Alfonso Prat Gay y su secretario de Asuntos Estratégicos Fulvio Pompeo. También Cristina Fernández de Kirchner fue invitada durante su último viaje en 2015 pero la entonces presidenta -que ya había tenido varios contactos con las autoridades máximas de la empresa- decidió enviar a su ex ministro de Economía Axel Kicillof en su lugar. La compañía de capitales chinos tiene la costumbre de invitar a cada uno de los mandatarios argentinos que viaja a su país. Sin embargo, Fernández lo hizo en un momento especial, cuando el gobierno nacional se apresta a lanzar la licitación para el espectro del 5G y la disputa geopolítica entre China y Estados Unidos vuelve a calentar motores. 

Huawei es líder en un rubro en el que no tiene competencia de gigantes de origen norteamericano. Sólo los finlandeses de Nokia y los suecos de Ericsson están en capacidad de disputarle el podio. Mientras la firma que recibe acusaciones de demócratas y republicanos por igual corre con ventaja, las grandes operadoras que actúan en Argentina -Telecom, Telefónica y Claro- están pendientes de la decisión que hoy se amasa entre la jefatura de Gabinete, el Enacom y la secretaría de Innovación Pública. 

Escoltado por la mayor parte de la comitiva que lo acompañó, incluidos Kicillof y la gobernadora de Río Negro Arabela Carreras, el presidente argentino recorrió el Centro Tecnológico de la firma en Beijing. Se reunió de manera presencial con el CEO de Argentina, Steven Chen Shiqing, y con el director regional de la empresa. Pero además tuvo un largo contacto por videoconferencia con el presidente y fundador del emporio, Ren Zhengfei, del que poco trascendió. El magnate chino estaba acompañado por su actual esposa, Su Wei, que hoy también oficia como ceo de la empresa. Según pudo saber elDiarioAR de fuentes del gobierno nacional, Fernández le pidió a Zhengfei que la incorporara a la conversación. Huawei, por su parte, se dedicó a mostrarle sus avances a la misión argentina: data centers, inteligencia artificial, energías alternativas y la potencialidad del 5G en otros lugares del mundo: realidad aumentada, realidad virtual y coches inteligentes que tienen en su interior equipamiento electrónico de los chinos.

Debilidad por Argentina

Quienes lo trataron en alguno de sus viajes al país sostienen que Zhengfei, el ingeniero de 77 años que hoy conduce la compañía número 1 a nivel global en el desarrollo de 5G, tiene una debilidad por Argentina. Vino en más de una oportunidad y estuvo en Casa Rosada por lo menos dos veces: en 2013 con CFK y en 2017 con Macri. Sin embargo, la última de sus excursiones, a finales de 2018, no terminó bien. Había desembarcado en Bariloche para participar de una reunión anual de la empresa y se enteró de la noticia que marcó un viraje radical en su vida y en el de su compañía: la detención de su hija Meng Wanzhou en Canadá acusada de fraude bancario en medio de una batalla política y diplomática a escala global.

Directora financiera de la compañía y con el cargo de vicepresidenta, Meng estaba por esas horas a punto de viajar a la Argentina. Con su detención, la frágil tregua que Donald Trump y Xi Jinping pretendieron actuar en Buenos Aires durante la cumbre del G20 organizada por Macri se esfumó en cuestión de segundos. 

Ex soldado del Ejército de Liberación Nacional reconvertido en líder de una firma global, Zhengfei se vio obligado a hacer un viraje fenomenal y abandonar el perfil bajo para salir a defender sus intereses. Conocido por haber dado apenas dos entrevistas a lo largo de tres décadas, decidió dar 1.500 en los últimos dos años. Aunque la exposición política no le sirve, dicen quienes entienden su juego, menos le rinde hacer silencio ante las acusaciones de Estados Unidos. 

Huawei está instalada en Argentina desde 2001, tiene alrededor de 500 empleados y es líder absoluto en la carrera global por el 5G. Cuenta con el mayor número de patentes aprobadas y es proveedora de infraestructura y hardware de la mayor parte de las empresas del sector instaladas en Argentina. Su director de Relaciones Institucionales es Juan Bonora.

Magnetto habla en mandarin

Según admiten en el Gobierno, Enacom apuesta a lanzar este año la licitación de las frecuencias para el 5G. Aunque los optimistas hablan de un plazo de seis meses, los escépticos dicen que todo depende del acuerdo con el Fondo Monetario Internacional y del rumbo de la economía. Nada es inminente. En diciembre pasado, Enacom, Jefatura de Gabinete y la secretaría de Innovación definieron cuáles son las bandas y diseñaron un reglamento, pero antes de licitar deben liberar las bandas que hoy están ocupadas y no tienen un uso específico. En un plazo todavía de lo más incierto, las empresas e instituciones que las utilizan en la actualidad deberán migrar hacia otras frecuencias. Después, el titular del Enacom, Claudio Ambrosini, tiene que establecer un valor para las frecuencias de acuerdo a los precios internacionales y a un modelo de negocios, que puede seguir los criterios de Chile o de Brasil, dos de los países que licitaron el 5G el año pasado en base a distintos objetivos: en el primero de los casos, sin grandes obligaciones de despliegue y con el propósito de recaudar en dólares lo máximo posible por el espectro; en el segundo, con un costo más bajo por la frecuencia y la condición de fijar mayores obligaciones de despliegue para los operadores. 

Recién entonces, las telcos que dominan el mercado local entrarán a la licitación para comprar frecuencias y deberán decidir a quién comprarle los equipos en función de la experiencia, los servicios y los precios de los proveedores como Huawei. La compañía que visitó Fernández hace dos semanas creció en parte gracias a una campaña agresiva de precios baratos pero en los últimos tiempos, confiada por su preeminencia en la carrera tecnológica, decidió ir elevando la cotización de sus diseños: tecnologías inalámbricas móviles, radioenlaces, centrales. Lleva dos décadas de relación con las firmas del sector: empezó vendiendo equipos de redes y en 2014 se asoció con Telecom y Telefónica para entrar en la carrera del 4G. 

Los dos grandes jugadores que nacieron de las privatizaciones de los años noventa tienen tecnología Huawei. Nadie, sin embargo, cuenta con el nivel de afinidad que tiene el holding que domina Héctor Magnetto en asociación con el mexicano David Martínez. Obligado y en función de sus propios intereses, el Grupo Clarín no puede, al menos en este punto, acompañar la cruzada de sinofobia en la que están empeñados los tanques de la comunicación con los que suele coincidir en asuntos domésticos. Al contrario. 

Aunque eligieron como principal proveedor a los suecos de Ericsson, los españoles de Telefónica también tienen equipamiento de los chinos. Tanto que en la visita de Fernández los directivos de Huawei mostraron imágenes de la radiobase que instaló Telefónica en el Aconcagua, con tecnología de la casa. A la inversa, Telecom contrató a Nokia en el noreste del país. Claro es el único que no le compra a Huawei en Argentina porque America Mobile definió que en el sur de Latinoamérica trabaja con Nokia. En el norte, lo hace con Ericsson y en el centro del continente, desde Brasil a Colombia, lo hace con Huawei.

La pelea global y el Presidente

Fernández todavía no había asumido la presidencia cuando se topó por primera vez con el disgusto de Estados Unidos con respecto a Huawei. En noviembre de 2019, el presidente electo viajó a México y se reunió con el entonces encargado de asuntos del Hemisferio Occidental Maurice Claver Carone, el viejo halcón republicano Elliot Abrams y el empresario argentino Gustavo Cinosi, actual asesor de Luis Almagro en la OEA. En plena tensión entre Trump y China, el secretario de Estado republicano Mike Pompeo denunciaba las “prácticas depredadoras” de Beijing. 

Uno de los enviados de Trump le pidió a Fernández que no permita que Huawei se apodere del mercado del 5G en la Argentina. La respuesta del futuro presidente, según dicen, fue algo irónica. “Ok ¿y qué empresa de Estados Unidos puede encargarse del tema?”, preguntó. La tecnología 5G es uno de los aspectos más desiguales de la carrera entre las dos superpotencias. En la industria sostienen que la quinta generación de telefonía móvil no fue un invento de China sino una estandarización global única en la que participaron países, fabricantes del mundo y los más grande operadores a nivel mundial. 

Sin embargo, Estados Unidos no cuenta con un fabricante de este tipo de tecnología, viene muy retrasado con respecto al desarrollo de equipos de Huawei y suele contratar a Nokia y a Ericsson como proveedores. Los defensores de la compañía china -los hay en el Gobierno y también en la calle Tacuarí- coinciden en que esa es la razón principal por la que se instaló el debate sobre el 5G. Nada de eso había sucedido, afirman, cuando se patentaron el 3G y el 4G. 

Con roles invertidos, los habituales defensores del libre mercado le piden al Estado que intervenga y los chinos profesan la libre competencia. Fuentes de la industria le dijeron a elDiarioAR que la estrategia de Huawei es esperar a que el Gobierno licite las frecuencias para imponer su peso en la carrera de mercado. En la compañía de capitales chinos solo esperan que el Presidente no haga caso a las tempranas e insistentes recomendaciones de Estados Unidos en la materia. Los detractores de la firma denunciada por Washington sostienen que, si el gobierno no pone objeciones de ningún tipo, “está jugando para Huawei”. Al contrario, quienes suelen contratar sus servicios afirman que lo irregular sería que el Estado le impida competir a la empresa del magnate Zhengfei o dicte una norma que bloquee su ingreso al mercado. Falta poco para saber quién tiene razón.

DG

Antes de que se dirima la batalla entre Estados Unidos y China por quién provee a la Argentina de tecnología de telefonía celular 5G, se desarrolla otra pelea pero interna. La guerra por la declaración de Internet como servicio público.

“Vamos a hacer de Internet un servicio público para que no nos estafen y roben con las tarifas”, clamó Alberto Fernández el pasado día 9 en un discurso en un acto por la Semana de las Juventudes. En realidad, en 2020 el Presidente determinó por decreto de necesidad y urgencia (DNU) que no sólo Internet sino todas las telecomunicaciones, incluida las telefonías fija y móvil, y la TV paga sean servicio público y que el Estado pueda regular las tarifas que las operadoras les cobran a los clientes. Pero este año la Justicia de la ciudad de Buenos Aires y la provincia de Córdoba aceptaron medidas cautelares presentadas por empresas y una cámara sectorial para suspender la vigencia de ese DNU 690/20 y evitar que el Gobierno se meta con los precios. 

En el Frente de Todos se muestran unidos en defensa del decreto y dispuestos a seguir litigando hasta la Corte Suprema. Sin embargo, en el sector esperan alguna negociación tras las elecciones de noviembre próximo. En el oficialismo, detrás de la unidad preleectoral se esconden tres posiciones: el massismo más atento a los reclamos de las empresas y encarnado en la figura del presidente del Ente Nacional de Comunicaciones (Enacom), Claudio Ambrosini; el propio Fernández, que pasó de sus buenas migas en el pasado con el Grupo Clarín (sus dueños, Héctor Magnetto, Marcela y Felipe Noble Herrera, José Aranda y Lucio Pagliaro, controlan Telecom) a enfrentársele desde el DNU 690 y a intervenir a través del jefe de Gabinete, Santiago Cafiero, y su secretaria de Innovación Pública, Micaela Sánchez Malcolm; y el cristinismo, enemigo íntimo de la corporación de la corneta y al que responde el vicepresidente del Enacom, Gustavo López, que tampoco es tan radical como los reguladores de medios del gobierno de Cristina Fernández de Kirchner, Gabriel Mariotto y Martín Sabbatella. En las empresas opinan que el oficialismo no tiene claro cómo resolver el conflicto. Pese a que por ahora no negocian una solución fuera de los tribunales, ambas partes mantienen un diálogo respetuoso.

Las tarifas

Telecom fue la primera en objetar el decreto, pero todas las demás firmas del sector, desde grandes a pymes, desde telefónicas a cableras, que habitualmente difieren en sus intereses, comparten el rechazo a la regulación. Aunque Telecom y otras competidoras critican la declaración de servicio público en sí y otras consideran que eso puede ser objeto de debate, en lo que todas las empresas coinciden es en el repudio a que el Estado determine las tarifas. 

En el Gobierno sostienen que la declaración de servicio público implica que se trata de un derecho humano, alegan que Internet es necesario para las acciones de la vida cotidiana, que no puede depender del mercado sino que hay que garantizarlo con una regulación de precios y con una prestación básica universal (PBU) con un valor mínimo para que nadie quede excluido. Aseguran que están dispuestos a distinguir entre tarifas de empresas grandes y pymes porque estas últimas les deben pagar a las primeras por usar sus redes. Defienden la regulación de precios porque “el mercado argentino es muy oligopólico porque hay tres empresas de telefonía celular y cinco que concentran el 80% de la facturación de todo el sector, con trabas que impiden competir de igual a igual, como la que en la ciudad de Buenos Aires obliga a unos a soterrar los cables pero permite a otros, como Telecom, mantenerlos por vía aérea”. “Servicio público significa que tenga regularidad, continuidad, obligatoriedad y cobertura universal”, defiende el concepto el experto Martín Becerra, asesor de Sánchez Malcolm.

En las empresas reconocen que otros países también han declarado Internet como servicio público pero advierten que en ninguno de ellos existe una regulación de precios. En Colombia, donde una ley declaró el servicio como tal, sí existe una PBU, como en la Argentina, pero el Estado no se mete con el resto de los precios. En casi todo el mundo los precios minoristas se fijan por la competencia y no aumentan tanto en términos nominales porque la inflación en general es baja. 

En varias empresas aseguran que, pese a los fallos a favor, continúa el escenario de incertidumbre regulatoria y eso dificulta la inversión. En el Gobierno admiten que la falta de certeza en el marco jurídico “no beneficia a nadie”.

En las naciones donde Internet está declarado como servicio público se busca con ese concepto liberar de trabas al despliegue de la red, sus cables y sus antenas; subsidiar el acceso en zonas no rentables, como en Finlandia y Noruega; y obligar a los operadores a suministrarlo sin cortes. En países como Canadá o Israel, Internet se declaró derecho fundamental o básico, lo cual no es sinónimo de servicio público. Pero no hay otros países que controlen los precios minoristas, dada la imposibilidad del Estado de revisar toda la cadena de costos de las operadoras. En cambio, sí están los que regulan los valores mayoristas para evitar el abuso de posición dominante de antiguos monopolios nacionales, como sucede en España, Canadá o Reino Unido.

En algunas compañías admiten que pueda declararse el servicio público, pero sin regulación de precios. “¿Internet es un derecho humano o una herramienta para acceder a derechos?”, se preguntan. En otras reniegan del concepto bajo el argumento de que no se trata un negocio monopólico que el Estado otorga al sector privado y argumentan que sin ese rótulo también se podría asegurar el acceso en los barrios populares y en las zonas remotas de baja densidad de población en el octavo país más extenso del planeta. “Poner muchas antenas donde hay mucha población es muy caro, pero las telefónicas aportan un 1% de su facturación a un fondo de servicio universal y con eso podrías llegar a todas partes. De hecho, hoy en día se conectan zonas remotas y barrios populares con ese fondo”, razonan en una operadora. En el Gobierno advierten de que las empresas incumplen con parte del aporte. De un modo u otro, el fondo parece insuficiente. En una operadora se justifican diciendo que les vandalizan antenas de telefonía celular en villas. Pero también hay barrios donde organizaciones sociales como el Movimiento Popular La Dignidad han puesto, con subsidios del Enacom, modems comunitarios para que los chicos sigan las clases virtuales en pandemia.

Las demandas

En las empresas reconocen que si la Argentina tuviera una inflación baja, el debate resultaría menos intenso. Pero no es el caso. En 2020, el índice de precios al consumidor (IPC) llegó al 36%, pero el rubro telecomunicaciones subió sólo 7% porque desde que comenzó la pandemia y hasta fin de año rigió un congelamiento dispuesto por el Gobierno. 

En diciembre pasado, el Enacom acordó con las empresas un alza del 5% para enero. En febrero pactó un 7,5% y otro 2% para marzo. Pero los consensos se acabaron en el segundo trimestre y el Gobierno sólo concedió un 5% en julio. Pero desde mayo pasado prosperaron las demandas judiciales que las empresas habían iniciado contra el DNU 690 entre fines del año pasado y principios de este. Telecom fue la primera en conseguir un fallo a favor, en la ciudad Buenos Aires y en segunda instancia, después de una sentencia inicial en contra. Los dueños de Clarín alegaron que el decreto vulnera el derecho a la propiedad privada y la regulación por la que el Estado entregó espectro radioeléctrico para un negocio de telefonía móvil en el que antes regía la libertad de precios. Después fue aceptada otra cautelar en Córdoba a pedido de la Asociación Argentina de Televisión por Cable, que mantiene una alianza con la Cámara de Informática y Comunicaciones de la República Argentina (Cicomra), donde están nucleadas Telefónica y Claro. Esos fallos permitieron a todas las compañías del sector aumentar los precios a la par de la inflación en lo que va de 2021. En siete meses del año, las telecomunicaciones se encarecieron 28%, apenas por debajo del 29% acumulado del IPC. “Son las únicas tarifas que el Gobierno no pudo controlar, mientras la nafta la aumentó 28% porque está YPF”, atacan en una empresa de telecomunicaciones.

Las firmas del sector sostienen que elevaron los valores en un equilibrio entre la deteriorada capacidad de pago de los clientes y el incremento de costos como la electricidad. Incluso le propusieron al Gobierno una fórmula de actualización que determinara que la mitad del ajuste dependiera del índice salarial. Alegan que ofrecen paquetes de telefonía celular y banda ancha fija similares a la PBU dispuesta por el Gobierno, pero a menor precio y con más megas. Claro que las redes de Internet hogareña no llegan a barrios populares y zonas remotas. En las empresas agregan que sus precios están parejos con el resto de Latinoamérica y que hasta ahora no impidieron el incremento de los usuarios. 

En algunas empresas están de acuerdo con la PBU, pero advierten de que resulta más fácil en telefonía móvil que en banda ancha fija, donde la expansión de la red a barrios populares o zonas remotas requeriría de inversiones adicionales. Incluso llegan a admitir que se regulen los precios en las ciudades o pueblos donde hay monopolios. 

“El problema no es la declaración de servicio público sino la regulación de precios”, opina el consultor Enrique Carrier. “Podrías tener una tarifa social, pero deberías evaluar caso por caso para determinar precios. Toda esta discusión es porque tenés mucha inflación y pisás tarifas para controlarla. También podrías regular sin declarar servicio público. Ser servicio público no te garantiza universalidad, sino que esta tiene que ver con la situación macroeconómica y la pobreza de un país. Las empresas no van a invertir si no saben cuánto cobrar y cómo recuperan la inversión. Si el Gobierno va al choque, puede dejar la penetración del servicio peor que antes”, concluye Carrier. Su colega Becerra admite que la declaración de servicio público no garantiza de por sí la universalidad, pero obliga al Estado a exigir que los prestadores expandan el servicio. 

En la Argentina, el 95% de la población tiene acceso a telefonía celular, que incluye banda ancha, pero el 60% la paga con tarjeta prepaga y varias veces en el mes carece de ingresos para llenarla.

Servicio público e inversión

En la Argentina, el 95% de la población tiene acceso a telefonía celular, que incluye banda ancha, pero el 60% la paga con tarjeta prepaga y varias veces en el mes carece de ingresos para llenarla. No hay que olvidar que la pobreza afecta al 42% de los argentinos. El móvil supera en penetración a otros servicios públicos como el agua potable, las cloacas o el gas natural y se encuentra apenas por debajo de la electricidad. Mientras, el 70% de los hogares cuenta con Internet fija. Queda afuera el 30% más pobre.

El DNU 690 estableció que los operadores elevan propuestas de aumentos de precios de acuerdo con sus costos, la inversión necesaria para mantener y ampliar el servicio y una rentabilidad “razonable” y es el Enacom el que las aprueba, modifica o rechaza, pero en las compañías sostienen que en los hechos la autoridad fija las tarifas según su propio parecer y sin tener en cuenta las particularidades de cada una. Se quejan de que el Enacom no tiene en consideración el IPC sino que invoca la capacidad de pago de los usuarios. Lo acusan de guiarse por un criterio político, no técnico ni ajustado al propio DNU. Argumentan el número fijado por el Gobierno no les alcanza para mantener las inversiones en un sector clave para la población en general y para negocios del futuro como los de la economía del conocimiento o para el futuro salto de la tecnología 4G a la 5G. Observan que les sucede lo mismo que a la electricidad y el gas, con tarifas pisadas, pero sin los subsidios que sostienen esas energías. 

El móvil supera en penetración a otros servicios públicos como el agua potable, las cloacas o el gas natural y se encuentra apenas por debajo de la electricidad.

Las empresas ponen como ejemplo a Telecom, que hace públicos sus balances porque cotiza en bolsa, a diferencia de sus competidores. La firma perdió en 2020 $ 5.715 millones y en el primer semestre de 2021, $1.672 millones. Sus dueños atribuyen el rojo a la regulación, pero también a la crisis pandémica. Sin embargo, Becerra señala que Telecom invirtió en enero-marzo de este año US$ 430 millones, más que en el mismo periodo de 2019, con lo que relativizan el argumento de que la regulación de precios afecte la infraestructura. La empresa justifica que con los aumentos de 2021 ha recuperado el flujo de caja e invierte los montos para los que sigue consiguiendo financiación en el mercado.

“Es falso que la categorización de servicio público desestimule la inversión”, opina Becerra. Recuerda que en 2014 el kirchnerismo aprobó la ley de Argentina Digital, que declaró el servicio como tal, y en 2015 “lo invertido por Telefónica, Telecom y Claro fue superior a los años siguientes”. La declaración de servicio público de aquella ley fue derogada por un DNU del arranque del gobierno de Mauricio Macri en diciembre de 2015. En el Gobierno recuerdan que los desembolsos en infraestructura continuaron igualmente altos en 2016 y 2017 por la expansión de la red 4G que había licitado el kirchnerismo, pero se frenó desde 2018 por la crisis derivada de la devaluación del peso. “Obviamente que no habría inversión si se congelaran las tarifas, pero sólo se congelaron en 2020”, alegan.

En varias empresas, en cambio, aseguran que, pese a los fallos a favor, continúa el escenario de incertidumbre regulatoria y eso les dificulta la inversión. En el Gobierno admiten que la falta de certeza en el marco jurídico “no beneficia a nadie, ni a los inversores ni a los consumidores”.

Fernández retomó esta discusión el 9 de agosto en plena campaña electoral y en un discurso ante jóvenes, usuarios intensivos de la banda ancha fija y móvil. Internet es un gasto clave para la clase media, pero también para la popular. En algunas empresas se indignaron: “Nos trató de estafadores. Puede que le hablara a la Justicia, a Clarín, no fue del todo elaborado, tiene bronca de haber querido hacer algo y no haber podido hacerlo”. En redes sociales se replicaron memes de opositores advirtiendo que el país se empeorará la calidad de Internet si se declara el servicio público, mientras el jefe de Gobierno porteño, Horacio Rodríguez Larreta, y el precandidato a diputado Facundo Manes aprovecharon para repudiar el DNU 690. Pero en las empresas admiten que “el futuro no es Entel”, la antigua telefónica estatal que demoraba años en instalar líneas fijas. “Ahora sí o sí necesitás mantener la red, lo que está en duda es la inversión para ampliarla”, sostienen. Mientras, un saliente senador oficialista, Alfredo Luenzo, desempolvó un proyecto para declarar por ley el servicio público de Internet.

AR

El pasado lunes, el director para el Hemisferio Occidental del Consejo de Seguridad Nacional de Estados Unidos, Juan González, mencionó nueve veces a la empresa de tecnología de telecomunicaciones china Huawei en la conferencia de prensa para explicar el reciente viaje de su jefe, Jake Sullivan, a la Argentina y Brasil. No sólo el anterior presidente norteamericano, Donald Trump, estuvo obsesionado con sancionar a Huawei con el argumento de que ponía en juego la seguridad de su país. También lo está su sucesor, Joe Biden. Ahora está en juego el negocio del futuro de la telefonía celular, la Internet de las cosas (interconexión digital de los objetos cotidianos, como la programación a distancia del lavarropas, por ejemplo) y las ciudades inteligentes (que usan tecnología para resolver cuestiones urbanas): la tecnología 5G, o de quinta generación.

La prensa brasileña le preguntó a González por el diálogo con su presidente, Jair Bolsonaro: “Hablamos sobre 5G y seguimos teniendo preocupaciones sobre el papel potencial de Huawei en la infraestructura de telecomunicaciones de Brasil. Tanto Brasil como la Argentina están preparándose para realizar importantes inversiones en su infraestructura digital. Todo el mundo habla de 5G, pero no sólo se trata de redes de telecomunicaciones 5G sino también de servicios de datos en la nube y redes de cable de fibra óptica. El impacto potencial en el desarrollo y la prosperidad económica de estas inversiones puede ser transformador para estos países. Y nuestro mensaje fue que queremos que tengan éxito en esas ambiciones. Y que para hacerlo necesitan una infraestructura digital que sea segura, resistente, rentable y que fomente nuevos jugadores nacionales de un modo en que las tecnologías Open RAN prometen hacerlo y que Huawei y otros proveedores no”. RAN es la sigla en inglés de Red de Acceso por Radio. Open RAN es una tecnología 5G que permite la combinación de infraestructuras de distintos proveedores y no de uno solo, como ofrece la compañía china. A la carrera por la quinta generación llegaron tarde las empresas norteamericanas: está dominada por Huawei, su compatriota ZTE, la finlandesa Nokia y la sueca Ericsson. Pero la norteamericana Cisco y otras firmas pueden participar de parte del negocio proveyendo antenas, routers y otros equipos si se adopta la Open RAN.

A la carrera por la quinta generación llegaron tarde las empresas norteamericanas: está dominada por Huawei, su compatriota ZTE, la finlandesa Nokia y la sueca Ericsson.

La Argentina y Brasil “tienen la oportunidad de crear empresas de tecnología nacional innovadoras que respalden las implementaciones de Open RAN no sólo para el mercado nacional sino también para exportar en la región y más allá”, dijo en tono vendedor González, asesor clave de Biden para Latinoamérica. Se refería a proveedores industriales y de software. “Las implementaciones de 5G atraerán clientes de miles de millones de dólares de inversión en todo el mundo durante los próximos años”, agregó.

“Entonces, ya saben, también subrayamos un punto importante que realmente no se ha cubierto lo suficiente: Huawei se enfrenta a grandes desafíos en su cadena de suministro de semiconductores y dejará a los clientes internacionales, francamente, secos al no cumplir con sus compromisos, ya que prioriza el despliegue nacional de 5G de China o, en el mejor de los casos, al ofrecer equipos deficientes e ineficientes en términos de energía que serán mucho más costosos de operar que los de la competencia”, continuó el funcionario estadounidense. “Por tanto, las autoridades nacionales, los operadores de telecomunicaciones y sus accionistas deben tener esto en cuenta. Y acordamos tener diálogos técnicos y estratégicos de seguimiento que analicen tanto los desafíos de ciberseguridad como las importantes oportunidades que tenemos a mano. Por lo tanto, creo que si los países adoptan a Huawei en América Latina deben reconocer que Huawei se enfrentará a una escasez de chips y dejará, nuevamente, a los consumidores secos, y eso podría detener el despliegue de lo que va a ser una tecnología muy importante para los países de la región”, disparó González. Lo curioso es que la empresa china sufrió carencia de chips por las sanciones que le impuso Trump y que continúan con Biden. Pero Huawei ya se las ha ingeniado para normalizar su abastecimiento de chips. Eso sí, Trump le arruinó el negocio de los teléfonos celulares: no los dejó vender más en Estados Unidos ni incluir las apps de Google, por lo que ha retrocedido fuerte en mercados como el de España. En cambio, en la Argentina fue la crisis económica local la que llevó a que sus teléfonos fueran retirados de la oferta.

La tecnología

La tecnología de los celulares fue evolucionando para ofrecer más cantidad y velocidad de datos transportados: del 1G al 2G, 3G y 4G, también llamado LTE. El 5G aumentará la rapidez de la comunicación entre 10 y 20 veces e incluso puede llegar a 100, dependiendo de la configuración del operador. Si en la actualidad en un kilómetro cuadrado pueden conectarse 10.000 aparatos, con el 5G podrán activarse un millón. Por algo, uno de los primeros servicios que se ofrecería a los clientes es la conexión en estadios, donde por ahora la cobertura falla en eventos masivos de música o deporte. También se reducirá la latencia, que es la demora en la llegada de una señal: se acotará a un milisegundo, lo que resultará clave para el manejo de autos autónomos y el resto de la Internet de las cosas. Aquí usamos los verbos en futuro, pero ya unos 70 países están desplegando desde hace dos años más de 150 redes 5G -más de la mitad, de Huawei- aunque de manera acotada a determinadas ciudades donde la alta densidad de consumidores de alto poder adquisitivo aseguren rentabilidad. No por nada Latinoamérica marcha tan lento en la adopción de la nueva generación.

¿De cuánta inversión estamos hablando? Por nombrar países con población similar a la Argentina, aunque con menor territorio, España y Colombia calculan alrededor de US$ 5.000 millones en una primera etapa. Son inversiones que deben hacer las empresas, no los estados. Y son las compañías las que deben elegir qué proveedor tendrán. La mayoría de las telefónicas en el mundo es privada, hay pocas estatales.

El 5G aumentará la rapidez de la comunicación entre 10 y 20 veces e incluso puede llegar a 100. Si en la actualidad en un kilómetro cuadrado pueden conectarse 10.000 aparatos, con el 5G podrán activarse un millón.

Sin embargo, hay gobiernos como los de Estados Unidos, Reino Unido, Alemania, Japón, Australia, Suecia y Canadá que han adoptado normas que por cuestiones de seguridad nacional o competencia bloquearon a la china Huawei como proveedor. Ericsson y Nokia, felices. La excusa radica en que no se debería entregar la infraestructura de telecomunicaciones de un país, incluida la Internet de las cosas y asuntos como el alumbrado público de una ciudad, a manos de una empresa con una vidriosa relación entre su fundador, Ren Zhengfei, y el Estado chino. Huawei asegura que Ren dejó su propiedad en manos de los propios empleados, pero Occidente sospecha y la hija del magnate y ejecutiva de la empresa, Meng Wanzhou, lleva tres años bajo arresto domiciliario en Canadá a la espera de un juicio de extradición a Estados Unidos, donde se la acusa de fraude bancario y conspiración para hacer negocios en Irán.

En tiempos de Trump, Bolsonaro se había alineado con su cruzada anti Huawei, pero con el cambio de gobierno y la tensión con Biden el presidente brasileño ha vuelto a tejer buenas relaciones con China, gran comprador de las materias primas latinoamericanas y fuerte proveedor de financiamiento a obras públicas de la región. No por nada es ahora Estados Unidos el que ofrece créditos para que los gobiernos elijan la tecnología Open RAN, de modo de competirle al gigante asiático con sus mismas armas de seducción de países emergentes.

En tiempos de Trump, Bolsonaro se había alineado con su cruzada anti Huawei, pero con el cambio de gobierno y la tensión con Biden el presidente brasileño ha vuelto a tejer buenas relaciones con China, gran comprador de las materias primas de la región.

Se requieren fuertes inversiones en dólares para clientes que cobran en pesos devaluados, en el caso de la Argentina. Los operadores en el país, Telecom Personal (dominada por los accionistas de Clarín, como Héctor Magnetto y los hermanos Noble Herrera), la española Telefónica Movistar y la mexicana Claro (la marca de América Móvil, de Carlos Slim), están analizando cómo vender servicios 5G a sus clientes. Por ahora, actualizan sus redes 4G y mejoran sus redes de fibra óptica para prepararse para el 5G. Telecom compró ya diez radiobases de 5G: cinco a Nokia y las instaló en Rosario y otras tantas a Huawei y las puso en Buenos Aires. Por eso es que sus clientes pueden detectar la señal 5G en sus celulares cuando andan por el teatro Colón, pero el primer servicio comercial 5G del país, que se lanzó en febrero pasado, está lejos de ser lo que será porque opera en un espectro compartido con el 4G, sin la velocidad y la latencia de la nueva generación. Parece que Magnetto no teme fallas de provisión de China. Tampoco Slim. Claro Argentina hizo pruebas con Huawei en 2019, antes de que la crisis económica se profundizara con la pandemia. En cambio, los españoles, de fuerte presencia en Alemania y Reino Unido, eligieron ensayar con los suecos de Ericsson, también hace dos años.

¿La prédica de Estados Unidos contra Huawei podría llevar a que el gobierno argentino impulse una norma de seguridad nacional como la que aplicaron varias potencias para bloquear a la firma china? Poco probable. Ningún país latinoamericano lo ha hecho.

¿La prédica de Estados Unidos contra Huawei podría llevar a que el gobierno argentino impulse una norma de seguridad nacional como la que aplicaron varias potencias para bloquear a la firma china? Poco probable. Ningún país latinoamericano lo ha hecho. Los abogados de Huawei en la Argentina, donde está desde hace 20 años y tiene 500 empleados, sostienen que sería inconstitucional. Pero no sólo eso. “No es fácil que la Argentina bloquee a China, dado que es un socio comercial clave”, opina el consultor de telecomunicaciones Enrique Carrier. El gigante asiático, comprador de soja pero también de carne vacuna, es junto con Brasil uno de los dos principales destinos de las exportaciones argentinas. “Pero Estados Unidos pide una prueba de amor cuando la Argentina está negociando la deuda”, advierte Carrier. Es que el país del Norte es el principal accionista del Fondo Monetario Internacional (FMI), al que el gobierno de Alberto Fernández deberá devolver en 2022 casi la mitad del megapréstamo contraído por el de Mauricio Macri, a menos que se arribe a un acuerdo que dosifique los pagos a lo largo de diez años.

El Estado deberá licitar espectro entre los operadores para que desplieguen la nueva tecnología y en las condiciones del pliego podría determinar que se use la Open RAN, que dejaría fuera a Huawei y abriría la puerta a Cisco sin tener que invocar la seguridad nacional. Pero los abogados de Huawei consideran que eso requeriría de un cambio regulatorio. Además, si la estatal Arsat, dueña de la red federal de fibra óptica, se lanzara a ofrecer telefonía celular, también debería elegir proveedor de 5G. Por lo pronto, tras las declaraciones de González, el embajador argentino en Washington, Jorge Argüello, de buena relación con el gobierno de Biden, ha aclarado que el país “no aceptará imposiciones de nadie”. La guerra geopolítica entre Estados Unidos y China incluye un negocio que va más allá de la adicción al “celu” y atañe a toda la vida futura de las personas y las ciudades.

AR