El Gobierno reglamentó este lunes el Régimen de Incentivo para Medianas Inversiones (RIMI), que busca potenciar las inversiones productivas de las pequeñas y medianas empresas, mediante el Decreto 242/2026 publicado en el Boletín Oficial.

En la normativa, se establecieron las pautas operativas, los sujetos beneficiarios y el catálogo de inversiones productivas que podrán acceder a importantes beneficios fiscales durante los próximos dos años.

El objetivo central del RIMI es “promover el desarrollo económico y de las cadenas de valor, desarrollar y fortalecer la competitividad de los diversos sectores económicos, incrementar las exportaciones de mercaderías y servicios y favorecer la creación de empleo”, poniendo el foco en las Micro, Pequeñas y Medianas Empresas (MiPyMEs).

El texto oficial dispone que podrán ser beneficiarios los sujetos que califiquen como MiPyMEs, incluyendo hasta la categoría de Mediana Empresa Tramo 2, debiendo contar con el certificado MiPyME vigente al inicio del ejercicio fiscal en el que realicen su primera inversión.

Las inversiones deben alcanzar el mínimo establecido por la norma: US$150 mil dólares para las micro empresas; US$600 mil para las pequeñas empresas; US$3.5 millones para las empresas medianas tramo 1 y US$9 millones para las medianas tramo 2. 

La normativa también establece que las entidades sin fines de lucro que realicen actividades productivas podrán adherirse, siempre que cumplan con los parámetros de facturación que determine la Agencia de Recaudación y Control Aduanero (ARCA).

El decreto define como “bienes muebles amortizables” a aquellos bienes nuevos, excepto automóviles, que se hubieren adquirido, elaborado, fabricado y/o importado, siempre que clasifiquen como “Bienes de Capital (BK)” o “Bienes de Informática y Telecomunicaciones (BIT)”.

Además, estipula que las obras comprendidas en el RIMI serán aquellas que se realicen dentro del plazo de vigencia del régimen y aquellas que, al 6 de marzo, posean un grado de avance inferior al 30% del monto total de inversión.

Asimismo, el RIMI establece un régimen de amortización especial, y sin monto mínimo de inversión, para aquellas inversiones realizadas por MIPyMEs cuyo objetivo sea la instalación de sistemas y/o equipos de riego, la instalación de mallas antigranizo para el sector agropecuario y las inversiones en bienes semovientes. 

Los beneficios fiscales comenzarán a regir efectivamente cuando el bien o la obra comiencen a generar ganancias gravadas. Además, para el cálculo de los montos mínimos de inversión, las facturas en pesos se convertirán a dólares utilizando el tipo de cambio comprador del Banco Nación.

El RIMI prevé mecanismos de devolución y créditos fiscales. La devolución de saldos de IVA tendrá un tope equivalente al 50% del cupo anual establecido en la Ley de Presupuesto. La asignación de estos fondos se realizará por orden de antigüedad de los saldos acumulados, garantizando prioridad a quienes llevan más tiempo esperando la compensación.

El plazo para realizar estas inversiones será de dos años, contados a partir de la entrada en vigencia de las normas complementarias que deberán dictar ARCA y las secretarías de Energía y Agricultura, Ganadería y Pesca.

Al respecto, el CEO de SDC Asesores Tributarios, Sebastián Domínguez, sostuvo que con la reglamentación “el régimen da un paso importante hacia su operatividad, aunque no está listo todavía para que las empresas adhieran formalmente”.

En este sentido, señaló que sin la normativa conjunta del organismo tributario y las áreas económicas “no hay formulario de adhesión al RIMI, no hay mecanismo para solicitar la devolución anticipada del IVA y no hay forma de acreditar el porcentaje de avance en las obras en curso”.

Además, agregó que “la facultad del Ministerio de Economía de completar la nómina de bienes comprendidos en la amortización acelerada no tiene plazo” remarcando que “en un régimen donde el tiempo disponible para invertir es limitado, esa definición es relevante que se de a la brevedad”.

Con información de la agencia Noticias Argentinas.

Un grupo de empresarios y representantes de cámaras de pequeñas y medianas empresas (PyMEs) realizará este jueves a las 11 un encuentro frente al Congreso de la Nación para exponer ante legisladores la situación que atraviesa la industria nacional y advertir sobre el impacto de la actual coyuntura económica en el sector.

La convocatoria surgió tras una reunión virtual entre referentes de distintas PyMEs, en la que se analizó la caída de la actividad económica y las dificultades que enfrentan las empresas para sostener los niveles de producción.

Durante ese intercambio también se abordaron problemas vinculados al acceso al financiamiento, el aumento de los costos productivos y las consecuencias que estas variables tienen sobre las pequeñas y medianas empresas manufactureras.

De acuerdo con las entidades organizadoras, del encuentro participarán representantes de la Cámara de la Industria del Calzado (CIC), Industriales Pymes Argentinos (IPA), Fundación Pro Tejer, la Cámara de la Industria Marroquinera Argentina (CIMA), la Cámara Argentina de la Industria del Juguete (CAIJ), la Unión Industrial de San Martín (UIGSM), la Asamblea de Pequeños y Medianos Empresarios (APYME), Empresarios Nacionales para el Desarrollo Argentino (ENAC) y la Confederación PyME Argentina, entre otras organizaciones.

En paralelo, los empresarios trabajan en la elaboración de un documento que será entregado a los legisladores y que incluirá un diagnóstico del sector junto con propuestas orientadas a preservar el entramado productivo y los puestos de trabajo industriales. “Las pymes industriales necesitamos ser escuchadas. Representamos producción, inversión y miles de puestos de trabajo en todo el país”, señalaron referentes del sector.

Con la actividad, los organizadores buscan que legisladores de distintas bancadas conozcan de primera mano el impacto de la situación económica sobre la industria y abrir un canal de diálogo institucional para discutir medidas que permitan fortalecer la producción nacional.

Con información de la agencia NA

La industria textil argentina atraviesa uno de los retrocesos más profundos dentro del entramado manufacturero, en un contexto marcado por la caída del consumo interno, la pérdida de actividad industrial y el aumento de las importaciones. El sector opera apenas al 40% de su capacidad instalada, según un informe del Centro de Estudios de Historia Económica Argentina y Latinoamericana (CEHEAL) de la Facultad de Ciencias Económicas de la Universidad de Buenos Aires. Ese nivel de utilización refleja el fuerte deterioro de la actividad en una rama industrial históricamente vinculada al mercado interno y al empleo intensivo.

El estudio señaló que los cambios más pronunciados en el mapa industrial reciente se observaron en la actividad textil, donde se registraron quiebras, cierres de empresas y retiro de firmas. Según el documento, ese proceso redujo la utilización de las plantas fabriles hasta niveles mínimos dentro de la industria nacional y dejó amplios segmentos de capacidad productiva ociosos.

La crisis se reflejó también en el empleo. Más de 11.500 puestos de trabajo registrados se perdieron en la cadena textil, indumentaria, calzado y cuero entre diciembre de 2023 y junio de 2025, según un informe de la Fundación Pro Tejer. Esa reducción implicó aproximadamente una caída cercana al 10% del empleo del sector, uno de los más intensivos en mano de obra dentro del aparato industrial argentino.

Otros relevamientos indicaron un deterioro todavía mayor. Más de 16.000 puestos laborales desaparecieron en la cadena textil desde fines de 2023, según un informe sectorial citado por la revista Forbes Argentina. La contracción impactó principalmente en pequeñas y medianas empresas vinculadas a la confección de indumentaria y en talleres que integran la cadena productiva.

El retroceso del sector también se expresó en la producción industrial. La producción textil cayó 36,7% interanual en noviembre de 2025, mientras que la contracción alcanzó 47,6% si se comparó con dos años antes, según un informe del Observatorio de la Cadena Textil e Indumentaria de la Fundación Pro Tejer. En el acumulado anual, la producción del sector registró una caída cercana al 6,4% durante 2025, lo que reflejó el deterioro sostenido de la actividad.

Ese retroceso productivo se tradujo en niveles muy bajos de utilización de la capacidad instalada. Las fábricas textiles utilizaron apenas el 32,5% de su capacidad en octubre de 2025, según datos industriales citados por el portal Infobae. Otros relevamientos sectoriales indicaron niveles aún más bajos: 29,2% de utilización en noviembre de ese mismo año, según el mismo documento citado por analistas industriales.

Los informes coinciden en que la industria textil funciona actualmente con niveles de utilización que se ubican entre el 30% y el 40% de su capacidad, lo que implica que más de la mitad del potencial productivo permanece sin utilizar en las plantas fabriles del sector.

La presión de las importaciones apareció como otro factor clave en el deterioro del sector. Las importaciones de prendas de vestir crecieron 91% en volumen, según un relevamiento del sector citado por Forbes Argentina. Ese aumento desplazó parte de la producción local en el mercado interno y redujo la actividad de las empresas que abastecen el consumo doméstico.

El impacto también se reflejó en la estructura empresarial. Más de 500 pequeñas y medianas empresas textiles cerraron durante el período reciente, según un informe sectorial citado por el diario El País en su cobertura sobre la crisis de la industria argentina. La mayoría de esas firmas dependía del mercado interno y operaba con márgenes muy ajustados, lo que las volvió particularmente vulnerables frente a la caída del consumo y la mayor competencia de productos importados.

Para los investigadores del CEHEAL, el deterioro de la industria textil forma parte de un proceso más amplio de retroceso manufacturero. El informe señaló que la combinación de recesión económica, menor inversión productiva y debilitamiento del mercado interno redujo la actividad de distintas ramas industriales, entre ellas las vinculadas a la producción textil.

En ese escenario, la elevada capacidad ociosa se convirtió en uno de los indicadores más visibles de la crisis. Más de la mitad de la capacidad productiva del sector permanece sin utilizar, una situación que impacta directamente en el empleo industrial, en la continuidad de las empresas y en la estabilidad de una cadena productiva que históricamente generó puestos de trabajo formales en la industria argentina.

JJD

La fábrica textil Hazan Silvia cerró esta semana su planta en Lanús y despidió a la totalidad de su personal, en medio de una crisis que golpea de lleno al sector. La decisión dejó en la calle a 50 trabajadores y trabajadoras, mientras el gremio denuncia maniobras empresariales para evitar el pago completo de las indemnizaciones y apunta contra el modelo económico del Gobierno: “No podemos competir con China”, resumió el dirigente Guillermo Aguilar, de la Asociación Obrera Textil (AOT).

El cierre fue resistido con una protesta frente al establecimiento, con apoyo de la CGT regional Lanús-Avellaneda, las dos CTA y las 62 Organizaciones Peronistas. A partir de esa acción, el Ministerio de Trabajo de la provincia de Buenos Aires dictó la conciliación obligatoria, que momentáneamente suspendió la medida, a la espera de una nueva audiencia esta semana.

Una historia de abandono y desindustrialización

Hazan Silvia es una empresa con más de 25 años en la actividad. Según el gremio, había recibido asistencia del Estado para sostenerse, a través del programa PREBA, exenciones de cargas sociales y créditos del Banco Provincia. Sin embargo, el dueño decidió cerrar sin agotar esas instancias. “Ganó plata durante años y ahora deja a todos los trabajadores en la calle”, reprochó Aguilar.

El delegado también alertó que la empresa ofrece arreglos por debajo de lo que marca la ley, apostando a que los empleados acepten “migajas” ante la imposibilidad de sostener un juicio prolongado. “Lo hacen para quebrar la resistencia individual”, denunció.

Un modelo económico que expulsa

El caso de Lanús no es un hecho aislado, sino parte de una ola de despidos industriales que afecta a diversas ramas y regiones. Desde que asumió Javier Milei, se destruyeron 276.000 empleos registrados y cierran 30 empresas por día, según datos del CEPA.

Solo en las últimas semanas:

En el sector textil, ya cerraron otras dos fábricas en el sur del conurbano, incluyendo una de frazadas con 20 trabajadores y otra de telas en Burzaco, con 40 despidos.

“La apertura de importaciones está destruyendo lo poco que queda de industria nacional”, advirtió Aguilar. “Esperamos que el Gobierno cambie el rumbo de la economía y se ocupe de la producción”, reclamó.

La trama común: apertura, caída de ventas y sustitución por importados

Las patronales justifican los cierres en la “falta de competitividad”, el “bajo consumo” y el “dólar planchado”, pero los sindicatos ven una política deliberada de desindustrialización. “Los empresarios viajan a China y se preparan para ensamblar en lugar de producir. El resultado es desempleo masivo”, explicó Diego Olave, dirigente de la UOM en Venado Tuerto.

El modelo de apertura comercial sin protección profundiza un deterioro que ya venía desde 2023, pero que se aceleró tras las elecciones y el cambio de gobierno. “En Pilar, Lanús, Sastre o Venado Tuerto, no son casos sueltos: es un patrón”, concluyó Olave.

Mientras se debate en el Congreso una reforma laboral que busca debilitar convenios y abaratar despidos, en las fábricas el ajuste ya está en marcha.

JJD

La reforma laboral vuelve al centro del debate político. Aunque todavía no hay un proyecto presentado formalmente, voceros del Gobierno adelantaron que la iniciativa será tratada en sesiones extraordinarias después del 10 de diciembre. Se enmarca en un paquete más amplio que incluiría reformas previsionales y fiscales. Desde el oficialismo aseguran que buscan acompañar el crecimiento con nuevas reglas. Desde la oposición y el sindicalismo, en cambio, advierten que no habrá generación de empleo sin una recuperación económica sostenida.

Una de las principales preocupaciones sindicales es la posible flexibilización de las condiciones de contratación y despido. Jorge Sola, uno de los secretarios generales de la CGT, planteó que “no se puede pensar una reforma laboral en un país en recesión” y recordó que las paritarias siguen pisadas, con aumentos limitados pese a la inflación. Según dijo, “la base de cualquier cambio debe ser el diálogo entre empleadores y trabajadores”.

El oficialismo, por su parte, insiste en que la legislación actual está “fosilizada” y no responde a las nuevas formas de trabajo. Durante el programa A dos voces, el laboralista Julián de Diego sostuvo que “hay convenios que no contemplan ni el celular” y defendió la idea de un “salario dinámico” que permita combinar básicos de convenio con premios por productividad. Este esquema, según explicó, “ya funciona en algunos sectores” y busca “salir de la cultura de la inflación para entrar en la de la eficiencia”.

Uno de los puntos que más controversia genera es el fondo de cese laboral, pensado como un sistema alternativo a las indemnizaciones. El proyecto contemplaría su financiamiento a través de reducciones impositivas. De Diego advirtió que, mal diseñado, el fondo podría convertirse en un nuevo “impuesto al trabajo”, pero destacó que se está discutiendo cómo sostenerlo sin afectar el salario ni la formalidad.

En relación con las indemnizaciones tradicionales, el Gobierno desmintió que vaya a imponer un tope, al menos para las relaciones laborales actuales. Según aclararon voceros cercanos al proyecto, el cálculo seguiría siendo un mes por año trabajado, con base en la mejor remuneración y un tope vinculado al convenio colectivo. “No se tocan los derechos adquiridos”, aseguraron desde La Libertad Avanza. Sin embargo, desde la CGT insistieron en que cualquier recorte “sería judicializado”.

Las pymes también fueron parte del eje del debate. Según datos citados en el programa, el costo laboral de un salario de $1.300.000 de bolsillo puede llegar a $2.300.000 para el empleador. La alta carga impositiva —entre impuestos nacionales, provinciales y municipales— desalienta la contratación. En ese marco, oficialistas y opositores coincidieron en la necesidad de avanzar en una reforma tributaria que alivie a los empleadores sin afectar el salario diferido (jubilación, obra social).

El sindicalismo y parte de la oposición plantearon que “la variable de ajuste es el trabajador”, ante un escenario de caída de empleo y recesión económica. Desde la CGT señalaron que en los últimos dos años se perdieron más de 250.000 puestos registrados. “Sin crecimiento no hay empleo genuino, y sin empleo no hay blanqueo posible”, resumieron.

Pese a las diferencias, hubo coincidencias en que la legislación necesita actualización, en especial para contemplar nuevas modalidades como el trabajo remoto, el multiempleo y los oficios ligados a las plataformas digitales. Pero la pregunta sigue siendo quién define esa modernización y bajo qué condiciones: una reforma sin diálogo, advirtieron desde la CGT, puede “rebotar en la justicia y generar más incertidumbre”.

JJD

La industria manufacturera profundizó su retroceso en agosto, con una caída interanual de 4,4% que afectó a 15 de las 16 divisiones del sector, según el Instituto Nacional de Estadística y Censos (Indec). Detrás del dato, hay una señal de alarma para el empleo industrial, que viene acumulando meses de deterioro.

Pese a que el acumulado de enero a agosto mostró un crecimiento interanual de 4,4%, la desaceleración de los últimos meses quedó en evidencia con una variación tendencia-ciclo negativa de 0,5%. El leve repunte desestacionalizado de 0,6% respecto a julio no alcanzó para revertir un panorama que ya se traduce en pérdida de puestos de trabajo, suspensiones y menor actividad en las plantas.

Los mayores retrocesos se dieron en ramas laborales intensivas, como productos de metal (-18%), textiles (-18,1%), calzado (-25,6%) y maquinaria y equipo (-8,9%). En estas divisiones se concentra una gran parte del empleo fabril, sobre todo en pymes que enfrentan menores ventas y crecientes costos operativos. La contracción también alcanzó a automotores (-6,2%), sector clave para las cadenas de valor regionales.

En alimentos y bebidas, que representa una proporción significativa del empleo industrial, la caída fue de 2,3% interanual. Hubo fuertes bajas en vino (-15,6%), yerba, té y café (-23,2%) y bebidas gaseosas y alcohólicas (-10,6%), mientras que solo lácteos (4,6%) y la molienda de oleaginosas (21%) mostraron alzas.

Los productos de tabaco cayeron 9,1%, y los productos químicos, 0,8%, aunque con disparidades: los farmacéuticos crecieron 5,3%, mientras que la fabricación de detergentes y jabones cayó 17,2%. La producción de neumáticos se desplomó 39,8%, afectando una rama que ya venía golpeada por conflictos sindicales y freno en la demanda.

En industrias metálicas básicas, la caída fue de 4,3%, con un descenso de 6,1% en la siderurgia. En productos minerales no metálicos, usados en la construcción, el retroceso fue de 3,4%, lo que anticipa un freno en la obra pública y privada, con consecuencias directas sobre el empleo del sector.

La única excepción fue la refinación de petróleo, que creció 4,9% interanual, apuntalada por el aumento de la producción de gasoil (10,2%) y asfaltos (49,5%). Sin embargo, se trata de una rama con bajo impacto en el empleo total de la industria.

El panorama que arroja el informe de agosto del Indec es claro: el freno industrial no solo deteriora la producción, sino que profundiza la pérdida de empleo en sectores ya castigados por la recesión. Detrás de cada porcentaje negativo, hay trabajadores despedidos, suspendidos o con sus ingresos reducidos, mientras las fábricas ajustan turnos, achican líneas y apagan máquinas.

JJD

La cantidad de trabajadores registrados en unidades productivas cayó entre noviembre de 2023 y agosto de 2025, lo que representó una pérdida de 276.624 puestos de trabajo, según reverló un informe del Centro de Economía Política Argentina (CEPA).

Esto quiere decir que desde la asunción del gobierno de Javier Milei se redujeron en un 2,81% los puestos de trabajo registrados en unidades productivas, lo que significó una pérdida de más de 432 trabajadores por día durante ese período. Así, el equema laboral pasó de 9.857.173 en noviembre de 2023 a 9.580.549 en agosto de 2025.

Pérdida de empleo por sectores

El sector más afectado en términos de pérdida de puestos de trabajo fue el de “Administración pública, defensa y seguridad social obligatoria”, con una reducción de 86.982 trabajadores en los veintiún meses del Gobierno libertario.

Le sigue el sector de “Construcción”, que perdió 76.292 puestos en el mismo período. También registraron caídas significativas los sectores de “Servicios de transporte y almacenamiento” (59.838 puestos menos), e “Industria manufacturera” (55.941 puestos menos).

“Construcción”, a su vez, fue el sector más afectado en términos relativos: cayó 16% la cantidad de trabajadores registrados entre noviembre de 2023 y agosto de 2025.

Seguido por “Servicios de transporte y almacenamiento”, con una retracción del 11,2%; y “Servicios de artísticos, culturales, deportivos y de esparcimiento” que registró una disminución del 7,1% en el mismo período.

El paper analiza la evolución de la cantidad de empeladores y trabajadores dese el triunfo de Milei en el balotage de 2023, tras haber conseguido la presidencia frente a Sergio Massa, en base a los datos disponibles al momento de su publicación.

Utiliza una metodología cuantitativa basada en la información provista por la Superintendencia de Riesgos del Trabajo (SRT), correspondiente al sistema de Seguridad Social.

Casi 30 empresas cerraron por día

Con respecto a empleadores con trabajadores registrados, en los primeros veintiún meses del gobierno de Milei disminuyeron de 512.357 a 493.193: una contracción de 19.164 empresas, es decir, casi 30 empresas por día.

El informe del CEPA refleja la “tendencia negativa en el tejido empresarial” durante noviembre 2023-agosto 2025.

“Servicio de transporte y almacenamiento” fue el más afectado, con una pérdida de 4.685 empleadores entre ese período. Otros rubros también registraron caídas significativas: “Comercio al por mayor y al por menor; reparación de vehículos automotores y motocicletas” perdió 3.510; “Servicios inmobiliarios” sufrió una caída de 2.952 empleadores; “Servicios profesionales, científicos y técnicos” de 2.053; “Industria manufacturera” de 1.974; y “Construcción” registró una reducción de 1.790 empleadores en el mismo período.

En paralelo, “Servicio de transporte y almacenamiento” es el sector -en términos relativos- que más afectado se vio, registrando una caída del 11,9% en la cantidad total de empeladores. Le siguen el sector de “Servicios de organizaciones y órganos extraterritoriales” (- 10,8%), “Servicios inmobiliarios” (-9,9%) y “Construcción” (-8,2%), entre los más golpeados.

El documento del CEPA también expone la variación de la cantidad de empleadores y trabajadores por tamaño de empresa, al observarse que compañías de hasta 500 trabajadores son las más afectadas por la gestión libertaria: 99,63% del total de los casos -equivalente a 19.094 empresas menos. Por el contrario, la cantidad de empleadores de más de 500 trabajadores explican sólo el 0,37% (70 casos).

En términos relativos, la cantidad de empleadores con más de 500 trabajadores se redujo un 3,88%, mientras que los empleadores con hasta 500 trabajadores disminuyeron un 3,74% en el período noviembre 2023-agosto 2025.

Las grandes empleadoras concentran la mayor pérdida

Si se toma en cuenta la pérdida de empleo registrado según el tamaño de las empresas, se observa que la mayor expulsión de trabajadores se concentró en las firmas de gran porte, siendo las empresas con más de 500 trabajadores representan el 68,15% de la caída total del empleo registrado (equivalente a 188.525 puestos).

En contraste, las empresas con menos de 500 empleados redujeron sus plantillas en 88.099 trabajadores, lo que representa el 31,85% del total de empleos perdidos entre noviembre de 2023 y agosto de 2025.uhO64w

Esto, en términos porcentuales, representa una reducción del 3,94% del personal en empresas con más de 500 trabajadores -de 4.782.973 a 4.594.448-, mientras que en las firmas con hasta 500 disminuyeron su dotación en un 1,74% -de 5.074.200 a 4.986.101.

Al respecto, desde CEPA indicaron que se desprende un “marcado retroceso en los indicadores clave del empleo formal, con caídas significativas tanto en la cantidad de empleadores como en el volumen de puestos de trabajo registrados”.

Después del cimbronazo electoral del domingo pasado y en un escenario económico adverso, las PyMEs —un sector que justamente genera casi la mitad del PBI bonaerense— se preparan para debatir su futuro en el 7° Congreso Industrial PyME, que se desarrollará este 10 y 11 de septiembre en el Centro Costa Salguero, en el marco de Somos Industria 2025.

La coyuntura no es alentadora: según datos recientes, en los últimos 18 meses cerraron 15.000 PyMEs, lo que equivale a unos 40 cierres por día. La caída del consumo, la apertura importadora y la pérdida de puestos de trabajo industriales han dejado al entramado productivo en una situación crítica bajo al gestión de Javier Milei. Solo en el último año se estima la pérdida de 37.000 empleos en el sector.

El encuentro, organizado por la Unión Industrial de la Provincia de Buenos Aires (UIPBA) y RedParques, será un espacio para repensar estrategias de supervivencia y crecimiento en medio de la crisis.

Entre los principales ejes figuran una exposición sobre el panorama en la producción, inflación, importaciones y competitividad, con el economista Martín Rapetti.

Pero habrá sobre todo un panel con diputados y senadores de distintos bloques, incluidos del oficialismo libertario, en el marco del horizonte del Gobierno de aumentar su caudal parlamentario en las próximas elecciones para avanzar en una reforma tributaria y reforma laboral.

Participarán Santiago Santurio (LLA), Cristian Ritondo (PRO), Karina Banfi (UCR), Pablo Juliano (Democracia para Siempre) y Nicolás Massot (Encuentro Federal), además de los senadores Wado de Pedro (UxP) y Maximiliano Abad (UCR).

La presencia de legisladores nacionales de distintos espacios busca darle densidad política a una agenda que las pymes consideran urgente. “Sin un marco estable y previsible en lo tributario y laboral, es muy difícil proyectar inversiones”, apuntaron desde la organización.

El evento incluirá también el 1° Congreso Nacional de Parques Industriales, con debates sobre infraestructura, innovación tecnológica y sustentabilidad, y la entrega del Premio a la Innovación Tecnológica Sustentable Bonaerense, que recibió más de 200 proyectos en su tercera edición.

El presidente de la Asociación de Pequeños y Medianos Empresarios (APYME), Julián Moreno, advirtió sobre el fuerte retroceso del aparato productivo nacional y el empleo formal durante el gobierno de Javier Milei.

“Se perdieron 150 mil puestos de trabajo formales en lo que va del año. Lo que estamos viendo es una transferencia brutal al trabajo precario, informal o monotributista. Vamos camino a un modelo de exclusión social”, afirmó con preocupación.

Según Moreno, la política económica actual está diseñada para eliminar la industria nacional: “Es un modelo de dólar barato y costos carísimos en dólares, que nos saca de competencia en el mundo. Las pymes exportadoras ya no pueden sostener sus ventas externas. El 11% de las que exportaban, dejaron de hacerlo. Y cuando se liberen del todo las importaciones, lo poco que queda va a estar en peligro”.

En diálogo con Radio Rivadavia, el dirigente empresario explicó que, aunque la desocupación no crece en forma dramática, hay un cambio profundo en la calidad del empleo.

“La caída de puestos no se ve tanto en el desempleo porque lo que ocurre es una migración del trabajo registrado al informal. El operario que tenía aguinaldo y vacaciones hoy reparte con la bici, con ingresos variables y sin derechos laborales”, precisó.

Sobre el rumbo general de la economía, fue tajante: “Nos están llevando a un país más injusto, primarizado, donde el Estado se sostiene con lo que produce el campo, la minería o el petróleo. Pero eso no alcanza para dar trabajo a los 22 millones de trabajadores que tiene la Argentina”.

Finalmente, Moreno alertó sobre las consecuencias sociales del rumbo elegido: “Este modelo no genera desarrollo ni empleo digno. Es un proyecto de país para pocos. Agarrémonos porque se viene una bastante dificill”.

MP con información de NA

El camino hacia la “normalización macroeconómica” que celebraron cámaras y asociaciones empresarias en una catarata de comunicados durante el fin de semana se impuso por encima de las alertas por la suba de costos de los insumos importados por parte de la industria, el recaudo del campo por la quita del dólar blend, y el nulo impacto que va a tener a corto plazo para el sector oil and gas. En diálogo con elDiarioAR, integrantes del empresariado argentino celebraron el primer día del nuevo régimen cambiario.

La Cámara de la Construcción (Camarco), la de Comercio (CAC), Medianas Empresas (CAME), el sector agropecuario con Coninagro, las principales congregaciones del círculo rojo como el G6, IDEA, Asociación de Empresaria Argentina (AEA) y Amcham— Cámara de Comercio de los Estados Unidos en Argentina—. No sucede tan seguido. Este fin de semana hubo gran cantidad de apoyos institucionales del empresariado argentino al anuncio del nuevo régimen cambiario, la salida parcial del cepo y el acuerdo número 23 en la historia con el Fondo Monetario Internacional (FMI) que hizo el Gobierno a última hora el viernes.

A diferencia de otros hechos importantes de política económica, no hay fisuras institucionales sobre el apoyo. La palabra previsibilidad fue la gran estrella: está en casi todos los comunicados como un valor buscado a través del acuerdo con el FMI y la eliminación del cepo.

Un mundo ideal

Un rasgo común a los comunicados fue la ausencia de mención a los riesgos o costos sociales que puede tener el acuerdo, como el mayor ajuste del gasto público para alcanzar la meta de superávit primario que compromete el staff report del FMI. En este sentido, CAME es la única que menciona una preocupación por un “corrimiento a precios” de la suba del tipo de cambio.

“Seguramente debería haber un impacto en la inflación, porque una devaluación provoca eso. Pero ojalá sea acotado”, menciona el presidente de CAMARCO Gustavo Weiss a elDiarioAR. “El sistema anterior era insostenible. El Gobierno no podía seguir vendiendo reservas todos los días para alimentar a un mercado ávido de dólares, que estaban baratos. Con esta corrección, y si el dólar se mantiene más o menos estable, después debería tender a bajar nuevamente”, agrega.

Natalio Grinman, presidente de la CAC, confía en que el impacto no será tan grande: “No creemos que vaya a ir más allá de los parámetros normales de movimientos de precios, porque lo cierto es que los precios estaban un poco adelantados cuando, en diciembre del 2023, proyectaban un dólar de 2500”.

El agro: entre la ilusión y la amenaza

A pesar de que el Gobierno fue aplaudido institucionalmente, muchos empresarios se permiten dudar en estricto off the record. El primer sector en alerta es el campo, al que no solamente se anunció el fin de la política del “dólar blend”, que les permitía un tipo de cambio más favorable para incentivar la liquidación de divisas; sino que fueron amenazados este lunes por el Presidente Javier Milei.

“Avísenle al campo que si tienen que liquidar que lo hagan ahora, porque en julio le vuelven las retenciones”, dijo el Presidente en declaraciones radiales.

Una fuente del sector calificó los dichos del presidente como “una señal de extorsión”, que opaca el “gran paso que se dio con los anuncios de la salida del cepo en materia de agroexportación”.

Con respecto a cómo reaccionará la venta de los productores de sus granos a la exportación, va a depender de tres razones: “La primera es que el tipo de cambio esté por encima de $1.130 porque fue el cierre del dólar blend y era el tipo de cambio que recibía el productor. En segundo lugar hay que tener en cuenta que la cosecha gruesa viene retrasada por las lluvias así que recién estamos en un 8% de levantamiento de cosecha, y no habrá un movimiento tan fuerte en los primeros días. Y el tercero es que el tipo de cambio que surja luego de la oscilación en los primeros días sea un tipo de cambio creíble y estable sobre todo estable para que eso se pueda transformar en un precio de granos para exportación o posterior procesamiento y exportación. Todas esas condiciones las vamos a ir viendo con el correr de estos días”, aseguraron fuentes del sector.

La industria espera definiciones

Desde el sector industrial la UIA solo difundió el comunicado del G6 apoyando el anuncio, pero no se encargó de realizar uno propio como sí lo hicieron otros miembros del G6 como CAMARCO o la CAC. En diálogo con este diario, varias empresas de alimentos se mostraron alerta: “Todavía estamos esperando a ver cómo impacta. Siempre que hay movimiento del dólar impacta en los costos dolarizados”, respondieron desde una importante firma del sector alimentos.

En este mismo sentido, el presidente de Industriales Pymes Argentinos (IPA) Daniel Rosato pidió al gobierno la pesificación de uno de los principales costos dolarizados de las empresas, la energía. Y sostuvo que “la industria está trabajando en el límite más bajo del punto de equilibrio, con una rentabilidad exigua, que no permite afrontar saltos significativos en los costos de producción, sin tener que trasladar a precios estos aumentos”. Y aclaró que “el mercado interno está muy poco demandado para compensar con inflación la suba de las boletas de luz y gas que llegan a las industrias”.

Oil & gas: buenas señales, poco efecto

Finalmente, el sector de oil and gas también aplaudió la medida como un paso en la dirección correcta hacia la normalización de la economía, pero reconocieron que el impacto no es significativo: “No cambia mucho la ecuación. Con la ley bases y el RIGI ya habíamos tenido muchas señales, y esto no nos impacta en el corto o mediano plazo. Lo que más nos importa ahora es el precio del petróleo a nivel internacional”, explicaron a elDiarioAR.

El apoyo empresarial marca un consenso poco habitual, y su profundidad dependerá de cómo impacten las medidas en el día a día de cada sector. Es que, al final del día, la ilusión necesita resultados.

NR/JJD

La actividad manufacturera de las pymes creció 7,3 % interanual en diciembre, pero cerró 2024 con una caída acumulada del 9,8 por ciento respecto a 2023, según informó hoy la Confederación Argentina de la Mediana Empresa (CAME).

El último mes del año todos los sectores relevados presentaron variaciones positivas en sus comparaciones interanuales, mientras que en la misma fecha de 2023 se produjo un descenso del 26,9 por ciento, en relación a 2022.

Mensualmente, la actividad de las pymes industriales registró un crecimiento del 4,3% en la medición desestacionalizada respecto a noviembre.

En cuanto a la capacidad industrial utilizada se registró un promedio del 62 %, marcando una baja de 1,1 puntos respecto a noviembre.

Los resultados surgen del Índice de Producción Industrial Pyme (IPIP) que elabora la CAME, con una muestra que alcanzó a 420 pequeñas y medianas industrias a nivel federal.

En la comparación anual, todos los rubros presentaron un alza respecto del año anterior.

En ese sentido, se destacan los rubros Madera y muebles, con un crecimiento interanual del 18,1%; seguido por Textiles e indumentaria, cuya actividad estableció en diciembre una suba del 12,4%.

En el acumulado del año, todos los sectores cerraron con valores negativos.

Con caídas de 12,3 y del 12, por ciento, Alimentos y bebidas y Químicos y plásticos, respectivamente, fueron los más afectados durante 2024.

 Análisis por sector

EM con información de NA.

Las ventas al público en los comercios pyme del país cayeron un 10% en 2024, golpeadas por la pérdida de poder adquisitivo de los consumidores. Así lo informó hoy domingo la Confederación Argentina de la Mediana Empresa (CAME).

No obsante, hubo una recuperación en diciembre pasado de un 17,7% en términos interanuales y un crecimiento de un 4,2% en comparación con el último noviembre. La desaceleración progresiva de la inflación y la recuperación de la actividad económica en el último trimestre del año ayudaron a reimpulsar las ventas de fin de año.

Según CAME, “el movimiento comercial de diciembre fue muy intenso y se mantuvo constante a lo largo de todo el mes”, incluso después de Navidad.

De todos modos, causa de la elevada inflación y el ajuste económico, el año que terminó “acumuló un descenso de 10% frente a 2023, con 10 meses en bajas interanuales y dos en alza (octubre y diciembre)”, precisó la entidad empresarial en su informe.

Solo el sector de textil e indumentaria evitó la tendencia negativa de 2024, al lograr un alza acumulada en el año del 2,9%.

El fuerte retroceso del consumo en Argentina en 2024 se dio en un contexto de alta inflación (118 % acumulado en el año, de acuerdo a cálculos de consultores privados) y de pérdida del poder de compra de los ingresos de los hogares en la mayor parte del año, en un escenario de contracción económica y severo ajuste fiscal.

EM con información de EFE.

La Junta Directiva de la Unión Industrial Argentina (UIA) advirtió que no se puede abrir el comercio internacional sin igualar las condiciones para las industrias nacionales para evitar seguir perdiendo empleos. Dijo que la carga fiscal y la falta de infraestructura son “las principales barreras contra la competencia”.

La UIA pidió avanzar en una agenda de mejora de la competitividad y desarrollo industrial del país, en paralelo a las medidas de apertura del comercio internacional. 

Durante la reunión de Junta Directiva, los representantes sectoriales y regionales analizaron el impacto de las medidas anunciadas con relación a la importación. 

Al respecto, resaltaron que la apertura al comercio internacional debe desarrollarse conjuntamente con una agenda concreta para mejorar la competitividad y bajar el costo argentino, de forma que no se resientan las cadenas de valor, la generación de empleo y la recuperación de la actividad industrial. 

Las autoridades coincidieron en que si no se resuelven los problemas de competitividad del país, desde la baja de impuestos, las mejoras en infraestructura y conectividad, la promoción de inversiones nacionales y la modernización de los regímenes laborales, avanzar solo con políticas de apertura comercial está teniendo consecuencias negativas, especialmente a las PyMEs, y también en el empleo donde se perdieron más de 30 mil puestos de trabajo industriales desde agosto del 2023.

Juicios laborales

Las autoridades también manifestaron gran preocupación por el crecimiento de la judicialización en el ámbito productivo, específicamente en casos vinculados con accidentes laborales. Según el informe, en octubre se notificaron a las ART 11.851 juicios acumulando 105.960 nuevos juicios en el año. 

De esta manera, se observa que hubo un aumento del 14,3% respecto de Octubre/23 (10.366 juicios), y un aumento del 7,6% respecto del acumulado del año 2023 (98.484 juicios). 

Por otro lado, se destacó que los índices de siniestralidad se encuentran en mínimos históricos, en gran medida gracias a los esfuerzos conjuntos de empleadores, trabajadores y el Estado para reducir los factores de riesgo, a pesar de que los litigios han subido un 25%.

Ante esta problemática, los miembros de Junta Directiva señalaron la importancia de avanzar en medidas integrales para contener el incremento de la litigiosidad y el consiguiente ajuste de las alícuotas. 

En este sentido, remarcaron la necesidad de establecer cuerpos médicos forenses a nivel provincial y nacional, un punto estipulado en la Ley 27.348, sancionada en 2017.

La creación de estos cuerpos médicos es el último elemento pendiente en la implementación de la Ley de Riesgos del Trabajo, aún sin concretarse en la mayoría de las provincias y en la justicia laboral nacional. 

“Cumplir con esta normativa es esencial para consolidar los esfuerzos del sector orientados a la mejora de las condiciones laborales, la promoción de una cultura de la prevención virtuosa y la previsibilidad en los litigios judiciales ya que el aumento de la litigiosidad viene generando un incremento de las alícuotas, lo que afecta los costos de producción”, indicó la UIA.

Galicia lanza la segunda campaña de PYMEntón, con montos de financiación que ascienden hasta $300 millones, sin necesidad de presentar balance.

Además, el banco lanza su propuesta para que las pymes puedan cuidar a sus empleados. Quienes paguen sueldos a través de Galicia pueden recibir un cashback de hasta $30 millones. También estará disponible una línea de crédito para financiar el pago de aguinaldo con excelentes tasas.

Todos aquellos comercios que elijan a Galicia y comiencen a cobrar con Nave podrán pedir su nueva terminal de cobro Nave Point sin costo de mantenimiento. De esta manera, será posible cobrar sus ventas con la comisión más baja del mercado y con acreditación inmediata. Con esta solución, el comercio podrá aceptar pagos de todas las billeteras. Además, durante el mes de noviembre, todas las pymes que pidan su nueva Nave Point, van a poder ofrecer 3 cuotas sin interés los días sábado durante el mes de diciembre. 

Contexto y financiación

Luego de un año de caídas en el consumo y un escenario desafiante, algunos indicadores apuntan a una posible recuperación. Según la CAME, el índice de confianza de los empresarios PyME se ha incrementado un 4,9%, en comparación con el mismo mes del año pasado, y viene creciendo por décimo mes consecutivo. Además, la producción industrial muestra un incremento mensual del 3,7% tras meses de caída, señalando un repunte en la actividad productiva. En este contexto de transición, donde la inflación está en descenso, las tasas de interés se vuelven más accesibles y el tipo de cambio se estabiliza, la recomposición del crédito se vuelve esencial para que las pymes aprovechen las nuevas oportunidades de crecimiento.

Financiamiento especializado

Hoy, más de un quinto de las pymes en el país confía en Galicia. El banco las acompaña con herramientas digitales y atención constante, simplificando la gestión diaria para que puedan dedicar su energía a lo más importante: hacer crecer su negocio.

Santiago García del Río, Sr. Manager Negocios y Pymes en Galicia señaló: “En Argentina, el crédito al sector privado se encuentra en un momento clave, comenzando a mostrar signos de recomposición. En Galicia, el crédito pyme ya está creciendo. En septiembre, financiamos a más de 11.000 pymes, un 25% más que el mismo mes del año pasado y un 35% más que a principio de año, consolidando a Galicia como un referente en el financiamiento de las pequeñas y medianas empresas”.

Tal como indican desde la compañía, para apoyar el crecimiento de cada empresa según su realidad, Galicia ofrece soluciones de financiamiento que se adaptan a las necesidades de cada sector. Por ejemplo, para las pymes industriales que buscan sumar empleados, diversificar productos o invertir en maquinaria, el banco cuenta con líneas de crédito a largo plazo y tasas bajas, pensadas para proyectos que requieren estabilidad en un contexto de demanda variable. “No es lo mismo un préstamo para una pyme Industrial que la necesidad de los comercios de financiarse. Es nuestra responsabilidad, desde el sector financiero, entender esas necesidades y ofrecer productos que impulsen las distintas industrias según lo que necesitan”, sostuvo García del Río.

Las ventas al público en los comercios Pyme (Pequeña y Mediana Empresa) de Argentina acumularon una caída del 15 % en los primeros nueve meses de este año, debido a la pérdida de poder adquisitivo de los consumidores a causa de la elevadísima inflación, según un informe sectorial difundido este domingo.

De acuerdo a la medición hecha por la Confederación Argentina de la Mediana Empresa (CAME), las ventas minoristas de pymes disminuyeron 5,2 % interanual en septiembre, a precios constantes, lo que confirma “una baja por tercer mes consecutivo” en los porcentajes de caída, en referencia a junio (-21,9 %), julio (-17,7 %) y agosto (-10,5 %).

En la comparación mensual, CAME también observa una desaceleración de las caídas porque las ventas retrocedieron 0,5 % en septiembre, por debajo del 1,6 % registrado el mes anterior.

“El comercio pyme volvió a tener un mes con poco movimiento, incluso hubo días con casi nula circulación de gente”, indicó el relevamiento, realizado entre el 1 y 4 de octubre, entre 1.300 comercios minoristas de Argentina.

El derrumbe del consumo se da en un escenario de fuerte ajuste económico y una alta inflación, que en agosto pasado fue de 236,7 % anual.

De mayo a agosto pasado la inflación mensual se desaceleró a un promedio de 4,2 % y los analistas esperan que en septiembre haya desacelerado a un 3.5 %.

“La estabilidad de precios permitió planificar liquidaciones muy agresivas en algunos rubros como calzado, indumentaria y textiles para el hogar, y las cuotas a largo plazo contribuyeron a que se concreten operaciones en otros ramos como electrodomésticos, electrónicos, informáticos y muebles”, indicó el informe.

En el rubro alimentos, las ventas disminuyeron 2,7 % interanual en septiembre y acumulan una caída de 18,6 % en los primeros nueve meses del año.

“Si bien el sector atraviesa una fase de contracción, los datos mensuales (suba de 0,1 %) podrían estar señalando que se encontró un piso al declive y estar más cerca del inicio de un sendero de recuperación”, afirmó CAME sobre el sector alimentos.

“Fue muy visible la pérdida de poder adquisitivo de las familias que generó cambios en la demanda del consumidor, con más peso en las segundas marcas y más búsqueda de ofertas”, explicó, y advirtió sobre la “preocupación” por las compras de los consumidores a comercios mayoristas y porque no pueden competir con las ofertas de las grandes cadenas.

EFE.

IG

Aliviado por el bálsamo de legitimidad que le regaló Alberto Fernández justo cuando empezaba a disiparse el humo inicial y a crujir la tolerancia social al ajuste, el Gobierno volvió a pararse solo en el centro del ring y a desafiar a quienes se mantienen escépticos sobre su programa económico. Quien dobló otra vez la apuesta fue Luis Caputo, con enérgicas arengas a quienes todavía “no la ven” en el mercado ―más de los que quisiera― y con nuevos endulzantes como la generosa reglamentación del blanqueo y la promesa de proyectar el próximo presupuesto sobre la base de los pagos de deuda, para que los recortes recaigan sobre los demás gastos e inversiones del Estado. 

Caputo también se animó a festejar una inflación de julio (4%) que esperaba inferior, en línea con lo que proyectaban las consultoras (3,8%). Lo hizo pese a que aumentaron tanto la inflación núcleo ―sin contar rubros estacionales ni regulados― como la mayorista, que escaló del 2,7% en junio al 3,1% el mes pasado. Un piso difícil de perforar incluso pese a la magnitud de la recesión, que volvió a llamar la atención por el desplome de las compras en supermercados y autoservicios que detectó la consultora Scentia, de un inédito 16,1% interanual en volumen.

¿Hizo bien el influencer bursátil Ramiro Marra en agradecer la campaña que lanzó Newsan para apuntalar las ventas de sus recién adquiridas marcas Pantene, Pampers y Always? ¿Habrá escuchado que el spot donde anunció que retrotrae los precios a los del verano pasado explica que lo hace “en momentos de crisis”? ¿Sabrá que nunca en la historia argentina se vendieron menos pañales que en lo que va de este 2024, aun tratándose de un producto cuya demanda suele ser poco elástica frente a los saltos de su precio?

No es para menos. Entre noviembre y julio, según el INDEC, los pañales se encarecieron un 237%. Más de cien puntos porcentuales por encima de la inflación acumulada desde que asumió Javier Milei, que trepa al 135%. El desplome de sus ventas supera pero no escapa a la tendencia del rubro higiene y cosmética, que se derrumbó un 20,9% en julio según Scentia y acumula un 12,4% en lo que va del año. Tampoco al de los productos de limpieza de ropa y hogar, que cayeron un 17,9% en el mes y 10,6% en lo que va de 2024. Son datos que no surgen de encuestas sino de los tickets de las propias cadenas, cuyas variaciones rara vez superan el 5% en volumen para arriba ni para abajo.  

La paz de los cementerios, a la que aludieron tantos pensadores después del historiador Publio Cornelio Tácito, quien reprochaba a los monarcas romanos del siglo II que “llaman paz a lo que convierten en desierto”, es la descripción más cabal de lo que ocurre entre las góndolas. Los expertos en mercadotecnia descubrieron que, en los últimos dos meses, los consumidores ya no abandonan los productos que no pueden pagar en la línea de cajas como hacían a principios de año. Se pusieron en modo “búsqueda del tesoro” y ahora solo llevan lo que ven en oferta. Son capaces de apiñarse los días de promoción con tal de ahorrar y se cuidan de no comprar nada a “precio lleno”. 

Es un fenómeno policlasista. En Jumbo, que apunta al público ABC1 y ofrece un 15% de descuento a los mayores de 60 años los miércoles, dispusieron un operativo especial para atender la demanda extraordinaria de ese día de la semana. “Parece un geriátrico, salvo por la cantidad de gente joven que se hace acompañar por un adulto mayor para aprovechar la rebaja”, contó a elDiarioAR una fuente del sector.

Con todo, la cadena de capitales chilenos (que también incluye a Disco) es la que mejor capea el temporal recesivo. Coto y Carrefour lo sufren con mayor intensidad. La peor parte se la lleva Chango Más, de Francisco De Narváez, quien sondeó discretamente a posibles compradores. Por ahora no los encontró. 

Comiéndose el capital

Es lo mismo que registran los frigoríficos, con la menor faena para el mercado interno en un siglo, o las usinas lácteas, que vieron caer la demanda de leche larga vida un 18,5% y de sachets un 12,2% en el primer semestre del año. 

La industria y la construcción, grandes motores del empleo junto con el comercio, tampoco salen del estado catatónico en que las sumió la política antiinflacionaria oficial. Se lo hizo saber a Caputo la Cámara Argentina de la Construcción, en una carta secreta donde le pidió que declare al sector en emergencia y le otorgue facilidades impositivas para evitar una quiebra masiva de empresas.  

Con la poda a cero de la obra pública ―argumentaron Gustavo Weiss y León Zakalik, presidente y secretario de la cámara respectivamente― “en los últimos meses se han perdido casi 110.000 puestos de trabajo directos” y uno más indirecto por cada uno de ellos. Pero además, aclararon, “se pone en riesgo el mantenimiento necesario de toda la infraestructura existente en nuestro país, comprometiendo la seguridad y continuidad de las actividades productivas y de las personas”. Aunque saben que difícilmente conmoverán a un mandatario que se refiere a ellos como “la cámara argentina de la corrupción”, preparan por estas horas un informe donde contabilizan las pérdidas e ineficiencias que genera haber interrumpido obras casi terminadas o con financiamiento garantizado por fuentes externas. Derivaciones imprevistas de la batalla cultural.

La conflictividad, mientras tanto, se extiende como un reguero de pólvora por el mapa productivo. Las fábricas de neumáticos están prácticamente paralizadas por el SUTNA y su personal aterrorizado ante la perspectiva de que FATE o Bridgestone cierren y se reconviertan en distribuidoras de importados. Un centenar de miembros de la Asociación de Empresarios y Empresarias Nacionales para el Desarrollo Argentino (ENAC) se manifestaron el viernes frente a la Casa Rosada en reclamo de una “emergencia Pyme” similar a la que piden los contratistas de obra pública. La huelga aceitera, interrumpida luego de una semana por la conciliación obligatoria que dictó la Secretaría de Trabajo, promete volver a frenar el despacho de granos al exterior apenas termine.  

El jefe de la Cámara de la Industria Aceitera, Gustavo Idígoras, aprovechó la huelga para redoblar la presión sobre el Gobierno para que les otorgue algún aliciente para liquidar. Las multis del sector dieron por cerrada la discusión con Caputo y esperan que vuelva al pie cuando necesite las divisas. “Vamos a ver quién liquida hasta octubre, cuando vencen los alquileres”, le transmitió por terceros. Septiembre promete ser un mes de manta corta en términos de reservas. Y con la soja en su menor valor en 4 años, 25% más barata que en enero, peor aún. 

Quinta a Fondo 

Milei sigue sosteniendo a Caputo con la misma convicción con la que defendía a varios de sus antiguos alfiles hasta pocas horas antes de eyectarlos. Los meses que vienen testearán el vínculo entre el jefe del Palacio de Hacienda y el triunvirato presidencial, que además de Milei incluye a su hermana Karina y al Peaky Blinder wannabe Santiago Caputo, su sobrino lejano cada vez más hundido en la ciénaga del espionaje y ahora en la mira telescópica de Elisa Carrió. A ‘Toto’ no solo lo atormenta la meseta inflacionaria en torno al 4% mensual y una perspectiva para el resto del año que no baja del 3,5% en ningún mes, al menos según el Relevamiento de Expectativas del Mercado (REM) del Banco Central. También le augura dolores de cabeza la ley de financiamiento universitario que logró media sanción en Diputados y que puede aprobar en el Senado otra coalición variopinta. Puede que Milei lo vete, como amenazó, pero desde su ventanal del quinto piso de Economía se oye ulular al fantasma del fugaz ministro Ricardo López Murphy. 

¿Está en condiciones el ministro de eliminar el impuesto PAIS en diciembre, como dijo que hará? En julio el tributo que se cobra sobre las importaciones, la compra de dólares y de servicios del exterior arrimó un 6,3% de la recaudación: $698.351 millones. El superávit primario (antes del pago de intereses) fue de $908.253 millones. ¿Y si la recesión sigue perforando el ingreso de tributos como el IVA, que recolectó un 12% menos en términos reales que en julio de 2023? ¿Será que anticipa a su modo que va a devaluar en diciembre para unificar el tipo de cambio? ¿O que otro ministro lo hará en su lugar?

Lo seguro es que el fin del cepo será un requisito indispensable para cualquier acuerdo con el Fondo Monetario que involucre nuevos desembolsos. Incluso si gana Donald Trump en noviembre, algo que el repunte demócrata tras la unción de Kamala Harris como candidata volvió menos probable. Ya lo dijo el cubano-americano Mauricio Claver-Carone, gestor de la excepción que hizo el organismo en 2018: Milei no es Macri. 

La trampa de Caputo, además de esa elección de final incierto, es el análisis de sostenibilidad de la deuda (DSA) que debe aprobar el staff técnico del Fondo antes de que el directorio apruebe un eventual nuevo préstamo. Con Christine Lagarde, por orden de Claver-Carone, lo firmó el entonces jefe para el Hemisferio Occidental, Alejandro Werner. Nacido en Argentina pero criado en México, Werner forzó el reglamento y diagnosticó entonces que la deuda era “sustentable, aunque con baja probabilidad”. Eyectado Werner apenas colapsó aquel programa, hoy ocupa ese lugar el chileno Rodrigo Valdés. Uno de los “econochantas” a los que Milei no se cansa de insultar.  

AB/DTC

La recesión instalada en la economía argentina golpea con más dureza al sector pyme, donde siete de cada diez empresas informan caída del consumo. Además, las pequeñas y medianas empresas creen que la crisis se profundizará en los próximos 12 meses.

Casi el 70% de las Pymes industriales están atravesando una crisis provocada por el derrumbe del consumo en el mercado interno.

La permanencia de esa crisis empieza a afectar el empleo. Los datos surgen de la encuesta realizada por Industriales Pymes Argentinos (IPA) entre sus asociados.

Casi el 80% de los industriales manufactureros se mostraron pesimistas sobre el futuro de sus negocios durante los próximos doce meses, lo cual puede agravar el panorama laboral, que ya refleja despidos en el rubro textil. El 31% de las pymes consultadas calificó de “muy mala” su situación. Y otro 38% la calificó de “mala”. Estos datos redondean casi un 70% de una delicada coyuntura.

En cuanto a las expectativas para los próximos doce meses, el 55% estimó un “peor” escenario para la actividad. Solamente un 21% aguarda que las condiciones de producción sean “mejores”.

El 62% de las pymes industriales dijo que su evolución depende de la política económica del Gobierno, que por ahora les resulta muy negativa. Otro dato que agrava el cuadro de crisis es que el 35% de las pymes evalúa despedir personal. 

El dato clave de la caída del sector es la baja de la demanda del mercado interno (70%). A eso se suma una elevada carga tributaria (48,4%).

Pero también adjudican la crisis a la “incertidumbre respecto de la política económica” (39%).

MM con información de la agencia NA.

Finalmente el polémico Régimen de Incentivo para Grandes Inversiones (RIGI), que asegura estabilidad de beneficios impositivos, cambiarios, aduaneros y regulatorios por 30 años a proyectos que superen los US$200 millones, fue aprobado en particular por una mayoría de Diputados, y no solo contó con el voto del oficialismo y sus habituales aliados, sino también de un puñado de votos peronistas de provincias andinas.

El capítulo tuvo un piso de votos de 134 votos. Lo rechazaron los radicales referenciados en Facundo Manes, pero fue aprobado por 6 legisladores de Unión por la Patria: 3 catamarqueños y 3 sanjuaninos. El lobby sobre los gobernadores había sido anticipado por elDiarioAR ayer lunes.

Desde el exministro de Desarrollo Productivo Matías Kulfas hasta la Unión Industrial Argentina (UIA) manifestaron sus apoyos a un régimen de estas características, pero advirtieron que puede dejar al margen a las pymes nacionales que pueden proveer a estas megainversiones.

La UIA, donde pesa el grupo Techint, a favor del RIGI, pero también incluye las voces de las pymes, apoyó la ley Bases, sobre todo por la reforma laboral, aunque advirtió sobre el régimen de grandes inversiones. “El RIGI podría fomentar la competencia desleal para las pymes”, advierte en un comunicado la entidad que preside Daniel Funes de Rioja.

“Si bien la UIA viene destacando la importancia de contar con un régimen para grandes inversiones, también es clave desarrollar un régimen de incentivos para PyMIs (pequeñas y medianas industrias) que fomente las inversiones del entramado local. Asimismo, la UIA había advertido a los distintos bloques parlamentarios que la actual redacción del RIGI coloca a los proveedores locales en una situación de desventaja frente a los productos importados, toda vez que la importación no paga aranceles de ningún tipo mientras que los proveedores nacionales deben cumplir con todas sus obligaciones en materia arancelaria e impositiva. Por este motivo, la UIA realizó propuestas al articulado para generar un esquema que permitan a las empresas argentinas convertirse en proveedores de calidad de los nuevos grandes proyectos”, recordó la unión que cuenta como vicepresidentes a Miguel Rodríguez, dueño de la fabricante de pinturas Sinteplast; David Uriburu, ejecutivo de Techint, coloso de la siderurgia; Adrián Kaufmann Brea, de la alimentaria Arcor; Martín Rappallini, propietario de Cerámica Alberdi; Guillermo Moretti, de una pyme de Santa Fe; Luis Tendlarz, de una textil con sedes en Catamarca y Chubut; Rodrigo Pérez Graziano, director de la automotriz Stellantis; Paula Bibini, presidenta de Industrias Frigoríficas Norte Grande; y Javier Viqueira, fundador de Adox, fabricante de de equipamiento e insumos en el sector de la salud, alimentos y agroindustria.

“Estoy conceptualmente a favor, pero encuentro algunos problemas que son muy nocivos para las pymes y la industria nacional y es fundamental que sean modificados”, opinó Kulfas por la red social X. “Estoy de acuerdo en que el país necesita un régimen de incentivo a las grandes inversiones. La inestabilidad macroeconómica que venimos padeciendo desde hace varios años, el débil crecimiento de la última década en la que el PIB per cápita cayó un 7% y la necesidad obvia de aumentar la inversión, justifican la implementación de un régimen especial”.

“El régimen tiene tres grandes capítulos. Coincido en la necesidad de dar estabilidad fiscal a los grandes proyectos de inversión, aunque el plazo propuesto es excesivo y exagerado, y también acuerdo en generar algunos incentivos tributarios, los cuales pueden ser discutibles pero me parecen desmesurados: no hay exenciones sino reducciones de alícuotas que van en línea con parámetros internacionales. Los esquemas de amortización acelerada de bienes de capital (maquinaria) son herramientas ya utilizadas en regímenes anteriores y no les veo objeciones. En materia cambiaria veo una exagerada laxitud, pero es claro que Argentina tiene que normalizar el acceso de los inversores al mercado de cambios, seguramente llevará tiempo, pero en un régimen de largo plazo eso me parece atinado”, arranca el exministro con sus reparos.

“El punto que me parece insalvable en los términos en que está escrito es el claro desincentivo al desarrollo de proveedores nacionales”, arranca Kulfas. “El RIGI está fundamentalmente orientado a la inversión en actividades primarias”, se refiere al campo, la minería y los hidrocarburos, no a la industria, la tecnología ni la economía del conocimiento.

“Las mejores experiencias internacionales y y nuestra propia historia indican que el gran desafío en las inversiones vinculadas a recursos naturales consiste en desarrollar proveedores nacionales, industriales, tecnológicos e ingeniería que permitan justamente utilizar al recurso natural como una palanca para el desarrollo productivo. El RIGI genera exactamente lo contrario. Por una parte, admite la posibilidad de importar sin ningún tipo de arancel cualquier bien de capital, repuesto y otros insumos sin aclarar que éstos deban ser nuevos o usados, con lo cual incluso se da la posibilidad de que operadores internacionales ingresen maquinaria ya utilizada generando una competencia desleal con instrumental obsoleto, es decir, donde no hay transferencia de la mejor tecnología internacional, que es uno de los objetivos que debe perseguir cualquier régimen de incentivos a las grandes inversiones”, advierte Kulfas.

“También se les permite a esos inversores revender esos bienes de capital, insumos o repuestos importados”, alerta el exfuncionario del gobierno de Alberto Fernández que renunció a su cargo por diferencias con la entonces vicepresidenta Cristina Fernández de Kirchner. “¿El objetivo es entonces promover la inversión o generar negocios a empresas comercializadoras de bienes importados libres de aranceles? El RIGI desarma toda política destinada a desarrollar proveedores, estimular el compre argentino y mejorar la competitividad de la industria y las pymes. Nuestras industrias deberán pagar aranceles de importación para ciertos insumos que no deberán afrontar quienes ingresen en este régimen, generando desincentivos groseros a la producción en el país.”

“Una vez más, chocamos contra el dogmatismo de la mirada del presidente”, apunta Kulfas a Javier Milei. “Dogmatismo que piensa que el mercado por sí sólo va a resolver todo, a pesar de las sobradas muestras que ha tenido en estos pocos meses de gobierno, tal como le ha ocurrido por ejemplo con las facturas de la medicina prepaga, primero desreguladas y poco después consideradas como una guerra contra la clase media. ”De lo que se trata no es de contraponer un mercado que puede resolver todo sin ningún tipo de obstáculo, contra un Estado que sería una organización criminal, o una organización omnipresente capaz de resolver todo. Las buenas prácticas de desarrollo buscan generar desarrollo productivo, industrial y tecnológico y empleo en todo el país. Lo contrario es una economía meramente extractiva donde pocos se favorecen. Estoy seguro de que los diputados y senadores de provincias como Santa Fe, Córdoba, Tucumán, Neuquén y muchas más entienden perfectamente de lo que estoy hablando, porque conocen la gran cantidad de productores industriales que se benefician del desarrollo del agro, la minería, el petróleo y el gas. Cuidémoslos y trabajemos para que ellos también se desarrollen y sean parte de la necesaria recuperación de la inversión productiva“, concluye el exministro.

AR/DT/MC

El Ministerio de Economía, por medio de la Secretaría de Industria y Desarrollo Productivo, actualizó los valores de ventas totales anuales que se deben tener en cuenta para categorizar a las empresas como Micro, Pequeñas y Medianas Empresas (MiPyMEs), mediante la Resolución 30/2024, publicada este miércoles en el Boletín Oficial.

El incremento dispuesto está por debajo de la inflación interanual que trepó en los últimos 12 meses al 276,2%, ya que los nuevos parámetros máximos de facturación subieron frente al aumento anterior en marzo del año pasado 164,84% para construcción; 148,29% para servicios; 181,25% para comercio; 189,38% para industria y minería; y 148,21% para el sector agropecuario.

De acuerdo a datos aportados por la cartera económica, actualmente, hay 1.758.722 de personas humanas y jurídicas que cuentan con el certificado MiPyME vigente, de las cuales 424.275 son empleadores que generaron 4.005.994 puestos de trabajo en 2023.

Desde Economía sostuvieron que “con esta renovación se garantiza que las micro, pequeñas y medianas empresas continúen con las ventajas que otorga el certificado MiPyME, entre los que se incluyen beneficios impositivos y previsionales, avales de Sociedades de Garantías Recíprocas (SGR) y otros”.

Asimismo, explicaron que “esta actualización permite que las empresas que hayan mantenido el nivel de actividad no sufran modificaciones por efecto de la inflación”, aclarando que “si bien los topes de facturación para mantener la condición de MiPyME se actualizan tomando la evolución de precios del último año, la facturación es un promedio de los últimos tres ejercicios fiscales, a moneda de cada año, por lo que a mayor inflación en el último año respecto de los anteriores, menor es la probabilidad de que una MiPyME pierda su categoría”.

Mientras el Ejecutivo desestima el perjuicio que puede ocasionar que la actualización esté por debajo de la inflación, el CEO de SDC Asesores Tributarios, Sebastián Domínguez, alertó que “se pueden presentar dos problemas para las empresas”, por un lado que aquellas firmas que solicitaron el Certificado MiPyME en marzo 2024 salgan perjudicadas “ya que para el encuadramiento se tomarán parámetros de marzo 2023 debido a que la modificación tiene efecto a partir abril 2024”, indicando que “la modificación debía haber tenido efecto a marzo 2024”.

La segunda dificultad, que plantea Domínguez, tiene que ver con que “por el sólo efecto de la inflación puede suceder que determinadas empresas queden encuadradas en una categoría más alta que la que correspondería si se actualizaran los parámetros por la misma o directamente pueden llegar a ser consideradas grandes empresas”.

Continuando en esa línea, manifestó que “esta actualización por debajo de la inflación no es un tema menor ya que las empresas pueden llegar a perder beneficios tributarios relevantes” y ejemplificó señalando que “pueden incrementarse las contribuciones patronales, puede variar el límite del cómputo del impuesto al débito y crédito como pago a cuenta del impuesto a las ganancias, puede eliminarse la posibilidad de pagar el IVA en forma diferida (IVA 90 días), puede eliminarse la posibilidad de solicitar el certificado de exclusión de regímenes de retención, percepción y pagos a cuenta del IVA en forma simplificada, pueden aplicarse tasas de interés más elevadas en planes de pago, entre otros”.

A partir de lo planteado, el estudio jurídico encabezado por Domínguez consideró que “la Resolución debe modificarse ya que, de lo contrario, se estaría recurriendo a la receta de siempre: no actualizar parámetros por el efecto de la inflación para incrementar en forma encubierta la recaudación tributaria”.

Asimismo, propuso que “los parámetros de ventas y el límite de activos se deberían actualizar en forma trimestral por la variación del IPC para reflejar el efecto pleno de la inflación, en lugar de hacerlo una sola vez al año” y agregó que “se debería incorporar una cláusula gatillo para que se adelante la actualización cuando la inflación acumulada dentro del trimestre sea del 20% o más”.

Con información de NA.

IG

La producción de la industria manufacturera pyme recortó el nivel de caída en febrero al retroceder 9,9% frente al mismo mes del año pasado a precios constantes, de acuerdo al relevamiento elaborado por la Confederación Argentina de la Mediana Empresa (CAME).

Es así que registraban el tercer mes consecutivo en que la actividad fabril cae, aunque aminoró la tasa después de haberse retraído entre 27% y 30% en diciembre y enero, respectivamente.

En cuanto a la comparación mensual, desestacionalizada, el análisis reveló que también hubo un descenso de 7,7% y la actividad cae 21,7% en el acumulado del año.

El Índice de Producción Industrial Pyme (IPIP) reflejó que las empresas operaron en febrero con 70,9% de su capacidad instalada, manteniendo los niveles de enero (70,8%).

Además, aportó que “si bien 32,7% de las industrias siguen reportando problemas para la reposición de stock, son dificultades de mucha menor escala que meses anteriores”.

Desde la entidad gremial-empresaria indicaron que “lo que más preocupó en febrero fueron las subas de costos, especialmente en servicios y combustibles” y precisaron que “las industrias consultadas manifestaron las dificultades que conlleva trasladar a precios esos incrementos en el contexto actual”.

Al mismo tiempo, indicaron que las primeras repercusiones del sector con respecto a la autorización del Gobierno para el ingreso al país sin restricciones de productos de la canasta básica producidos en el extranjero. En este sentido, CAME indicó que “hay incertidumbre por el impacto que pudiera tener la apertura de importaciones en algunos sectores”.

Cinco de los seis sectores manufactureros del segmento pyme relevados tuvieron caídas en la comparación anual, pero los más afectados fueron “Papel e Impresiones” (-24,6%) y “Químicos y Plásticos” (-23,1%).

Cómo fue el rendimiento de cada sector

-Alimentos y bebidas: el sector registró una caída de 0,3% anual a precios constantes en febrero y de 1,1% en la comparación intermensual. En los primeros dos meses del año acumula una baja de 14,6% anual. Las industrias operaron con 71,9% de su capacidad instalada.

-Indumentaria y textil: el sector creció 10,5% anual en febrero, aunque registró una caída de 2,4% frente a enero. En los primeros dos meses del año acumula una baja de 1,3% anual. Las industrias operaron con 72,6% de su capacidad instalada, 4,4 puntos por encima del mes pasado, lo que refleja el repunte en la producción.

-Maderas y muebles: en febrero el sector se retrajo 10% anual a precios constantes y 3% en la comparación intermensual. Para los primeros dos meses del año acumula una baja interanual de 24,6%. Las industrias operaron con sólo 70,2% de su capacidad instalada, 0,2 puntos por debajo de enero.

-Metálicos, Maquinarias, Equipos y Material de Transporte: el sector tuvo una contracción de 15,2% anual a precios constantes en febrero y del 4,9% en la comparación intermensual. En los primeros dos meses del año acumula una caída de 27,9% en relación con el mismo período del año pasado. Las industrias operaron al 68,9% de su capacidad instalada, casi 2 puntos por encima de enero.

-Productos químicos y plásticos: la actividad del sector se contrajo 23,1% anual en febrero, siempre a precios constantes, y 6,2% en la comparación intermensual. Con ese resultado, en los primeros dos meses del año acumula una baja de 31,2% frente al mismo período del año pasado. Durante este mes las industrias operaron con 69,9% de su capacidad instalada, casi sin cambios en relación con enero (70,6%).

-Papel, cartón, edición e impresión: el sector experimentó una marcada caída de 24,6% anual a precios constantes en febrero y acumula un descenso de 26% en el primer bimestre del año. En términos mensuales también se registró una retracción de 4,8%. Las empresas operaron con 76,3% de su capacidad instalada, 1,8 puntos más que en enero.

MB con información de agencia de Noticias Argentinas